En los últimos días han abundado los debates sobre si los niveles de pobreza y desigualdad disminuyeron entre 2018 y 2022, si lo hicieron ¿en cuánto? y, en su caso, ¿por qué?  

Para unos la reducción de los índices de pobreza por ingresos de 49.9%   a 43.5% es decir, de 61.8 a 56.1 millones de personas, así como de pobreza extrema de 14.0 % a 12.1% que bajó 17.3 a 15.5 millones de personas (CONEVAL) son prueba de que las políticas del gobierno de la 4T han sido un éxito, a pesar de la pandemia vivida.

Señalan que los buenos resultados, son producto de los aumentos en los salarios mínimos y las políticas laborales, incluyendo la reducción del outsourcing; los programas de transferencias monetarias directas, en particular la pensión para adultos mayores, y los proyectos de inversión en el Sureste del país: Dos Bocas, Tren Maya y el Transístmico que generan empleo e ingresos en estados pobres.

Los críticos señalan que los programas de transferencias monetarias directas tienen un impacto muy pequeño en la reducción de la pobreza medida por ingresos (menos del 2%).

Reconocen que si ésta se mide por carencias de acceso a derechos, se observa una pequeña disminución en los índices de pobreza total pero ninguna en los de pobreza extrema.  Por ejemplo, en la medición de la pobreza multidimensional se encuentra un incremento de 16.2% a 39.1% de las personas con carencia de acceso a los servicios de salud lo que significa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas entre 2018 y 2022. Se señala que esto se debe al fracaso de la transición del Seguro Popular a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Además, con datos de la OCDE, muestran que el por ciento del Producto Interno Bruto dedicado a la política social no ha variado y que está muy por debajo del que se observa en otros países como son Costa Rica, Chile o Colombia. Además, que la proporción del gasto social dirigido a las transferencias monetarias directas ha aumentado en contra de la que se destina a los servicios públicos sociales como son los de salud y educación.

Es indudable que los aumentos a los salarios mínimos han mejorado de manera importante, al menos en 20 %, los ingresos de las familias que viven fundamentalmente de la venta de su fuerza de trabajo y que se encuentran en los estratos más bajos de ingreso. Fue ese aumento lo que permitió reducir las carencias en materia de alimentación pues esta necesidad se cubre comprando alimentos en el mercado privado. No existen programas públicos de provisión de alimentos, ni tampoco de control de precios de alimentos. Posiblemente también permitió el mayor gasto de las familias en medicamentos y en servicios de salud privados.

El problema es que el gobierno no tiene la capacidad ni el interés, de vigilar la calidad,  los precios, ni el tipo de productos y servicios que ofrecen los mercados privados a la población como son los alimentos ultra-procesados o los servicios de médicos de las farmacias.

Es el camino neoliberal a una privatización del bienestar, como ya ocurrió con la producción de viviendas: en lugar de ser un derecho ahora es una mercancía.