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Las mujeres en el activismo cívico y sus agendas.

Mujeres, Participación Ciudadana

En mi presentación deseo proporcionar un panorama a vuelo de pájaro de la participación de las mujeres en tres ámbitos de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las agendas que en esos ámbitos están reivindicando. Se trata de su participación en la búsqueda de la igualdad sustantiva de género, en la consecución de la democracia, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana y finalmente, su participación en la promoción del desarrollo social y comunitario.

Introducción

Varios filósofos y psicoanalistas sostienen que toda relación humana implica una relación de poder entre una persona que subordina y otra que es subordinada. Es el llamado poder sobre otros u otras, el poder que se ejerce de manera autoritario dado que se trata del control y la imposición de una o un grupo de personas sobre el pensamiento, las creencias, la conducta, las libertades, el nivel de bienestar, el trabajo, los ingresos, el cuerpo y la sexualidad, las posesiones y muchos otros aspectos de la vida de otras personas.

Las mujeres representan el grupo humano más grande que a lo largo de la historia de la humanidad han sido objeto de subordinación, sometimiento, discriminación, violencia y de una profunda y la mayoría de las veces oculta, injusticia. Han sido históricamente excluidas del ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos como seres humanos. Actualmente la condición de la mayoría de las mujeres del mundo continúa siendo de una profunda sujeción, a pesar de los avances logrados por las mujeres de los países ricos de occidente y las pertenecientes a los grupos de ingresos medios y altos y elevados niveles de educación.

Una de las mayores revoluciones del siglo XX fue el ingreso de de las mujeres a la vida pública y su acceso a una serie de libertades así como el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la condición de pobreza e ignorancia en la que viven la mayoría de las mujeres del mundo, así como el control de los varones sobre la institucionalidad religiosa y sobre el poder político, económico y del conocimiento continúan siendo obstáculos para el avance de la condición y posición de las mujeres.

En la práctica, en la vida cotidiana, miles de millones de mujeres siguen siendo discriminadas, maltratadas, excluidas, invisibilisadas, violentadas incluyendo la muerte o el llamado feminicidio por su condición de mujer.

Pero además, las mujeres han aprendido que ninguno de los logros alcanzados en materia de emancipación son irreversibles, y que existen épocas en la historia de los pueblos en donde se ha retrocedido para volver a condiciones que restringen sus derechos y libertades. Son ejemplificativos los casos de Irán a la salida del Shah Reza Pahlevi en 1979, así como de otros países musulmanes como Sudán donde el poder político ha pasado a manos de los sectores más conservadores del islamismo. Pero también tenemos experiencias más cercanas como fue la casi desaparición de la política de planificación familiar y por tanto, del acceso a medios de control natal para las mujeres en los gobiernos panistas y el reconocimiento de la vida desde la concepción, en las constituciones de varios estados mexicanos. Ese último retroceso ha condenado a varias mujeres a la cárcel con juicios similares a los que se practicaban en la época de la Inquisición en donde se exageran los castigos. Los feminicidios son también muestra de un retroceso propiciado por los altos niveles de violencia social en que vivimos y que permite a los varones ejercer el poder de la muerte sobre las mujeres.

La circularidad de la historia es vivida y experimentada constantemente por las mujeres. Así aquellas mujeres del sur del país que escaparon del sometimiento ejercido por sus familias y comunidades hacia las utopías falsas de las ciudades maquiladoras para trabajar y tener ingresos, fueron nuevamente sometidas pero esta vez por las plantas maquiladoras y el machismo dominante en la cultura del norte que conduce a muchas de ellas a la muerte o a la esclavitud de la trata y el trabajo sexual.

Es en razón del reconocimiento de que las relaciones de género son relaciones de poder y que la emancipación de la mujer pasa por el control de su propio cuerpo y del ejercicio libre de su sexualidad que esos dos temas son ejes centrales de los movimientos de mujeres: el acceso al poder y el reconocimiento y realización plena de sus derechos sexuales y reproductivos.

El acceso al poder

En el eje de acceso al poder los movimientos y organizaciones de mujeres introducen otros conceptos de poder como son el poder para lograr objetivos comunes a partir de un liderazgo, el poder compartido con otras mujeres para superar condiciones adversas y el empoderamiento personal como medio para remontar situaciones de violencia, injusticia, discriminación o exclusión en la vida cotidiana.

Es así que los temas seleccionados para esta mesa de diálogo se relacionan con las reivindicaciones del movimiento feminista de acceso al poder.

Desde mi óptica, las mujeres en la academia han optado por introducirse en el mundo de la generación y difusión del conocimiento para tener voz y reconocimiento en primer lugar, pero también para influir en el curso de la historia y de la humanidad y poder cambiar las condiciones de injusticia y discriminación en que viven miles de millones de seres humanos y algunas en particular, mejorar la situación de las mujeres.

Por su parte las mujeres que aspiran y participan en el poder público presentan a veces una dualidad de objetivos: el de alcanzar prestigio, reconocimiento y poder personal y/o el de ser agentes de cambio social y mejorar las condiciones en que viven las mujeres. Lamentablemente en este ámbito suele ocurrir que algunas se mimetizan a los modelos del poder subordinador, controlador y autoritario de los hombres y en ocasiones en el que el afán por alcanzarlo, aceptan ser utilizadas por los varones para contener los avances en las libertades y derechos de las mujeres o bien, por no perder su posición política evitan ser calificadas como feministas y no defienden la mayor igualdad de género.

 El tercer ámbito de participación en lo público

Un tercer ámbito de acceso al poder por parte de las mujeres se presenta en las organizaciones sociales y civiles. Este grupo escogió el camino del activismo cívico y la participación en el espacio público pero fuera de las instituciones políticas. Ello en parte debido a los obstáculos que estas instituciones presentan para el ingreso y la libre participación, o bien porque defienden intereses y grupos específicos y porque tiene un control cupular masculino. Los partidos políticos en México son de las instituciones más impermeables y resistentes a la igualdad de género. Un ejemplo, acaba de ocurrir al habérsele conculcado el derecho de acceder a la presidencia de la Cámara de Diputados a Aleida Alavez, una mujer que por detentar la vicepresidencia en dicha Cámara le correspondía presidirla. El machismo que domina a las cúpulas del Pan, del PRI y del PRD logró relegarla.

La participación de las mujeres en las llamadas organizaciones de la sociedad civil es amplia y destacada aún cuando este sector también es afectado por la presencia conspicua de liderazgos masculinos, que operan con modelos de subordinación semejantes a los del ámbito político y académico.

Destacaría tres ámbitos en donde organizaciones de mujeres o encabezadas por mujeres han realizado aportes importantes para el cambio social:

  • La agenda de igualdad de género
  • La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana
  • Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

La agenda de igualdad de género

La sociedad civil es el espacio donde las mujeres han podido organizarse y participar en defensa de sus derechos y libertades e influir en las decisiones de legislación y políticas públicas que tomen en cuenta sus intereses. Desde los años sesenta empezaron a surgir organizaciones ciudadanas de mujeres fuera del control del partido en el poder y con una influencia y apoyo importante de movimientos y organizaciones feministas de otros países. De manera destacada Argentina y Estados Unidos.

Se trata de organizaciones donde confluyen académicas con activistas cívicas y con frecuencia logran alianzas con mujeres que participan en espacios políticos como son las legisladoras, cuando coinciden en puntos de la agenda feminista.

Para Alma Rosa Sánchez, la presencia organizada de las mujeres en los últimos quince años del siglo XX significó la reivindicación del derecho a la diferencia, a construir una identidad femenina como sujeto político que crítica el ejercicio del poder. (SÁNCHEZ, 2004, p.88).

 

Considera que el movimiento amplio de mujeres (MAM) se construyó a partir de cinco sectores, que plantearon su participación en dos planos, en la lucha por democracia y en la defensa de derechos para las mujeres. Estos cinco sectores serían:

  1. a) El movimiento feminista; constituido principalmente por académicas, periodistas, escritoras, políticas, mujeres de clase media.
  2. b) El movimiento urbano popular; con demandas materiales, servicios, vivienda, agua, drenaje, educación, entre otros, sector marginal urbano.
  3. c) El movimiento de campesinas e indígenas; reclamos sobre acceso a crédito, propiedad, tecnología y capacitación.
  4. d) El movimiento de trabajadoras asalariadas; ampliación de mercado de trabajo, mejoras salariales, denuncias de hostigamiento sexual, entre otras, y;
  5. e) Mujeres militantes de partidos políticos y funcionarias; aquí se asumen como feministas y denuncian las condiciones desiguales de participación de la mujer en México (SÁNCHEZ, 2004, p.90-91).

En ese sentido, la agenda del movimiento amplio de mujeres ha ido modificándose a través de los años. Iniciaron y lograron amplios resultados en ir eliminando los obstáculos que impedían a las mujeres participar en los beneficios del desarrollo y en la mejoría de su bienestar como fue el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a los créditos y fondos económicos y a la alimentación. Con la política poblacional de los años setenta lograron avanzar en algunos de sus derechos reproductivos al incorporarse una política de planificación demográfica.

En la actualidad se concentran en cinco aspectos fundamentales:

  • la erradicación de la violencia contra las mujeres,
  • la eliminación del maltrato y la discriminación, es decir la igualdad sustantiva,
  • el mayor acceso a posiciones de toma de decisión en los ámbitos público y privado,
  • la promoción del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y
  • la conciliación entre trabajo y vida familiar.

La persistencia del machismo, el recrudecimiento debido a la cultura dominante y ampliamente difundida de los grupos criminales, así como la utilización de las mujeres como objetos de trata y explotación, determina que la lucha contra la violencia contra las mujeres en lugar de ir ganando terreno se está perdiendo. Jóvenes que viven en situaciones de pobreza y sin esperanza de salir de la misma, aceptan convertirse en objeto de uso y abuso por parte de los varones frente al espejismo y la riqueza del poder criminal. Ven su vínculo con delincuentes como una forma de salir de sus condiciones de miseria.

Igualmente, la persistencia de desigualdad y maltrato en los ámbitos laborales y en las oportunidades de desarrollo, en la procuración e impartición de justicia, así como los efectos diferenciados por sexo de la ola de violencia que agobia al país determina que varias organizaciones de mujeres, e incluso varias de las organizaciones de derechos humanos hayan tomado la defensa de casos de mujeres víctimas llevándolos incluso a las instancias internacionales para exigir justicia y reparación del daño.

Si bien es mayor el número de víctimas masculinas directas que caen en esa ola de violencia, el número de mujeres víctimas indirectas es creciente debido a la muerte o desaparición de sus parejas o de sus hijos, a la pérdida del patrimonio familiar y al desplazamiento de sus hogares y lugares de origen.

El mayor acceso a posiciones de toma de decisiones ha tenido avances esencialmente en razón de la introducción de acciones afirmativas para la integración de los congresos, sin embargo no es tan evidente en las ramas del ejecutivo y del poder judicial, ni en ámbitos del sector privado y la academia. La mayor resistencia se observa en las instituciones religiosas que además se constituyen en las que mayores obstáculos ponen al avance de los derechos y las libertades de las mujeres.

Posiblemente el tema más difícil por la resistencia de las iglesias y de los sectores moralmente conservadores que existen en todas las ideologías políticas, incluso en las de izquierda, es el del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Refiere esencialmente a la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y que la maternidad o la cancelación del goce de su sexualidad les sea impuesta por su cultura y por instituciones que deciden qué pueden y qué no pueden hacer, pero que además las sancionan duramente cuando trasgreden las normas sociales impuestas.

Finalmente, dentro de la agenda feminista se ha venido incorporando paulatinamente la demanda de armonización entre vida familiar y vida de trabajo y la exigencia de que se distribuyan equitativamente las responsabilidades de la vida familiar entre sexos y generaciones y se tengan políticas y programas públicos de apoyo a las familias. También incluye la necesidad de modificar las condiciones de trabajo para reconocer que ya no son trabajadores hombres de disponibilidad total los que participan en las actividades económicas sino que es creciente la participación de mujeres y que tanto hombres como mujeres tienen que cumplir responsabilidades y disfrutar de la vida familiar.

La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana

Varias de las organizaciones en lucha por los derechos de las mujeres se integraron a las actividades y a las importantes redes que se constituyeron en todo el país en la década de los años noventa para promover el cambio político y la instalación de una democracia en el país. Formaron grupos de observación electoral en sus estados y realizaron campañas para la promoción del voto libre y secreto.

Las mujeres que se integraron a los liderazgos de las organizaciones y redes como el Movimiento Ciudadano por la Democracia y Alianza Cívica en 1994, provenían de organizaciones de base de la iglesia católica progresista, de los llamados grupos eclesiales de base, quienes por su trabajo en las comunidades rurales y en la colonias proletarias se percataban del nivel de deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de la población y habían hecho un compromiso con los pobres. Optaron por el cambio político por la vía pacífica.

Esta matriz católica progresista fue también el origen de la mayor parte de las organizaciones en defensa de los derechos humanos que empezaron a surgir en México en la década de los años setenta, cuando el Vaticano decidió atacar a la Teología de la Liberación en América Latina y muchos hombres que veían en la iglesia un espacio para realizar su compromiso con los pobres tuvieron que refugiarse en otros espacios. Es la razón de que en este ámbito de trabajo de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos, el número de participantes y los liderazgos son mayormente hombres.

En los años más recientes el ingreso de mujeres a las organizaciones de defensa de derechos humanos tiene su origen en el aumento de opciones de formación académica en la materia, tanto a nivel nacional como en otros países. Actualmente en México hay un importante número de mujeres con diplomados, maestrías y doctorados en derechos humanos aunque todavía no acceden a los puestos de mayor nivel en las instituciones ni en las organizaciones ubicadas en este campo; siguen siendo varones los jefes.

El creciente número de activistas cívicos, organizaciones y redes que trabajan por la paz y la no violencia, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y promueven la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, comparte sus orígenes y de alguna manera derivan de esa misma matriz. En estas organizaciones la participación y el liderazgo de mujeres son más frecuentes.

Otras instancias de participación de mujeres en el campo de la lucha por la democracia, en su integración a los consejos estatales y distritales del anterior IFE y en los órganos electorales estatales. La selección de los integrantes de los organismos públicos locales electorales que se está llevando a cabo en el INE ya prevé una equidad en la participación, es decir %0% hombres y 50% mujeres.

La experiencia señala también que en los funcionarios de casilla los días de la jornada electoral son en una proporción más alta mujeres que hombres.

Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

El trabajo de base en comunidades pobres, indígenas, rurales y en zonas marginadas urbanas y la creación de organizaciones para luchar por el acceso a programas sociales de vivienda, abasto, caminos, servicios urbanos, programas de transferencias monetarias, ha sido un espacio importante de participación y construcción de liderazgos femeninos.

La formación en este trabajo comunitario de base y la apertura de espacios de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas facilitó que en la última década de los noventa del siglo pasado y en la primera de este siglo las organizaciones sociales y civiles empezaran a hacer incidencia en política pública esencialmente social.

Se trata de organizaciones que fueron introduciendo en la agenda pública la necesidad de desarrollar políticas y programas dirigidos a grupos poblacionales específicos como la infancia, la juventud, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población callejera, la población con orientación sexual diversa.

En otra vertiente son las que han luchado por el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, al nivel más alto de salud, a la educación y a la cultura, a trabajo y a condiciones dignas de trabajo, lo que ahora constituyen la agenda ciudadana por los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA.

En estas materias así como en otras agendas de la sociedad civil como son las de seguridad pública y ciudadana, las de migración, las relacionadas con adicciones y víctimas y de manera destacada e histórica, las organizaciones que realizan actividades de asistencia social, las mujeres tienen liderazgos reconocidos y una amplia participación.

El espacio del activismo cívico ofrece muchas oportunidades de desarrollo y de compromiso social para las mujeres. Es un ámbito donde se produce innovación social, se forman personas frente a los nuevos riegos sociales, se desarrollan novedosos modelos de intervención social, se construye ciudadanía y liderazgos y se promueve la participación ciudadana.

Las mujeres hemos contribuido grandemente al desarrollo de un espacio de responsabilidad social que no pasa necesariamente por los gobiernos, ni por el mercado y que busca responder con mayor flexibilidad y oportunidad a las profundas transformaciones que están modificando la vida y el bienestar de las personas.

Entender el papel de la sociedad civil y de las organizaciones que la forman y crear sinergias con ellas por parte de las instituciones del Estado y las empresas en lugar de combatirlas o suplantarlas, abriría una opción fundamental para la mayor participación ciudadana en el ámbito público y para un acercamiento del sistema político con la ciudadanía. Abonaría a la democracia y a un desarrollo compartido y menos desigual.

 

1994 un año agitado para el activismo cívico

Democracia, Participación Ciudadana

1994 fue un año particularmente importante y agitado para el activismo cívico en México que empezaba a hacerse más visible y articulado en esa década, tanto mediante el surgimiento de nuevas organizaciones civiles como de movimientos y movilizaciones y a través de lapromoción de agendas comunes.

Una primera e importante manifestación de este nuevo fenómeno social fue el movimiento civil generado a raíz del levantamiento zapatista del 1° de enero de 1994. Participaron organizaciones ciudadanas de todo el país para impedir una respuesta militar violenta del gobierno en contra del levantamiento indígena, inicialmente pronunciándose en los medios de comunicación en contra de ese tipo de respuesta y después organizando el 12 de enero en Chiapas un cerco civil entre el ejército y las fuerzas rebeldes del zapatismo con la participación de miles de personas de orígenes muy diversos. Ciudadanos independientes y organizaciones civiles continuaron brindando un acompañamiento a la rebelión indígena en todo el proceso de diálogo con el gobierno, en la difusión pública amplia de la situación en la zona evitando un cerco de silencio, así como en la construcción de las nuevas formas de gobierno que adoptaron los grupos indígenas.

Una segunda expresión del activismo cívico que afloró en 1994 se dio en torno la agenda por el cambio democrático que se concreto con la creación de Alianza Cívica a partirdel acuerdo y articulación de siete organizaciones con perfiles ideológicos distintos. La red inicial realizó una amplia convocatoria a organizaciones en todo el país algunas de las cuales ya estaban trabajando en articuladas como Convergencia de Organismos Civiles y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. La movilización civil generada a partir de Alianza Cívica esencialmente para llevar a cabo un amplio y organizado proceso de observación de las elecciones federales de ese año, permitió la participación de miles de ciudadanos de todas las edades, de todos los orígenes sociales, niveles académicos y especialidadescuyas vidas quedaron marcadas por esa experiencia y que han continuado promoviendo la participación ciudadana en muy diversos ámbitos.

Como integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica decidí participar en 1994 en dos procesos para contribuir al cambio democrático y a la lucha por la reivindicación de los derechos civiles, políticos y sociales de la población. Por una parte, me tocó encabezar la brigada de integrantes de Alianza Cívica que acudió a observar la realización de las elecciones en la zona zapatista a petición expresa del EZLN y por otra, acepté la invitación para participar en el grupo técnico que daría seguimiento a la auditoría del Padrón Electoral que la Secretaría de Gobernación y en particular el Dr. Jorge Carpizo como Secretario de esta, decidió organizar.

No tengo conocimientos estadísticos o en informática comparables con los de los otros integrantes del Grupo Técnico, pero tenía la experiencia de haber montado y participado en algunos sistemas de producción de información estadística como los Censos de Población de 1960 y 1970, el inicio de la actual Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación y de una de las primeras encuestas de ingreso gasto realizadas en México en 1963.

Además por mi participación previa en experiencias ciudadanas de observación electoral,mi contribución al grupo técnico consistió en aportar información sobre las dudas que las organizaciones civiles tenían en torno a la calidad del padrón y de las listas de electores. Varios amigos de las OSC se habían formado haciendo revisiones cuidadosas de las listas de electores y conocían dónde estaban los problemas. De manera que aporté al grupo la histórica suspicacia de los ciudadanos sobre la calidad del Padrón Electoral y algunas sugerencias sobre metodologías de verificación por medio de ejercicios en campo o comparativos de archivos electrónicos.

Recuerdo que parte de la diversión de participar en este ejercicio consistía precisamente en tratar de sorprender a los equipos técnicos del Registro Federal de Electores solicitándoles de manera sorpresiva pruebas que desarrollábamos sin darles tiempo para realizar manipulaciones previas a fin de obtener buenos resultados.

Personalmente, quedé convencida de que el Gobierno realmente se había hecho el propósito de lograr un Padrón Electoral creíble y confiable y otorgar a partir de éste credenciales de muy difícil falsificacióna los ciudadanos. Como todo lo que ha pasado en materia de organización de elecciones en México, finalmente se había logrado remontar a un costo altísimo la tradicional desconfianza en uno de los instrumentos más importantes en los procesos electorales.

Es de reconocerse el trabajo realizado por los funcionarios del RFE que acometieron la enorme tarea de meter orden y dar credibilidad a las listas de electores a principios de la década de los noventa. La elección de 1994 fue la primera en contar con un Padrón Electoral confiable, habiendo tenidos partidos políticos amplio acceso al proceso y a los listados resultantes para realizar ellos mismos verificaciones.

Intervención de Clara Jusidman en la presentación del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México.

Ciudadanía, Democracia

 

Museo Interactivo de Economía

Agradezco al Instituto Nacional Electoral y al Dr. Lorenzo Córdova la invitación para participar en la presentación de este importante y valioso trabajo sobre la calidad de la ciudadanía en México. Entiendo que estoy en este presídium en representación de aquellas personas que han intentado ejercer una ciudadanía autónoma, comprometida y organizada a lo largo de varios años. Ello con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad donde la institucionalidad democrática verdaderamente permita que como ciudadanos y ciudadanas nos sintamos representados, escuchados y respetados y contemos con medios para exigir la rendición de cuentas y en su caso la reparación de daños por omisiones del Estado en el respeto, protección y promoción de nuestros derechos humanos.

Los resultados obtenidos en esta encuesta de gran tamaño, así como del ejercicio de consulta a líderes comunitarios y sociales permiten niveles geográficos de representación muy valiosos que seguramente conducirán a análisis detallados sobre la calidad de la ciudadanía en cada uno de los estados y regiones incluidos. Al estudiarse los resultados en contextos más específicos será posible entender mejor los procesos que conducen a niveles diferenciados de calidad ciudadana y que en este primer ejercicio de análisis más global parecen vislumbrarse como hipótesis. Corroborar si la calidad de la ciudadanía realmente cambia con la alternancia de partidos en los gobiernos, con un mejor desempeño de la institucionalidad en materia de contrapesos y controles al desempeño de los poderes: como sería el funcionamiento autónomo de comisiones de derechos humanos y de transparencia y rendición de cuentas, la presencia de un mayor número de organizaciones ciudadanas y de mayor capital social, una clara libertad de expresión y de prensa y una mayor autonomía del poder legislativo y del judicial, entre otros.

Quisiera hacer tres reflexiones motivadas por la lectura del texto que analiza los resultados y que fue preparado por seis destacados investigadores.

En la evolución del significado de Estado de Derecho que actualmente comprende como lo señala el texto comentado, la realización de los derechos civiles y políticos, en congruencia con las bases de lo planteado por T.H. Marshall, sería de esperar que en la concepción de Estado de Derecho se fueran incorporando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ampliaran los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de esos derechos. La firma en el Senado de la República del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales daría una clara señal del interés de uno de los poderes del Estado por aportar a la construcción de ciudadanía social.

Es claro que la participación ciudadana requiere de tiempo pero mucho más de seguridad al menos en tres sentidos: a) una seguridad económica y social que no pueda ser vulnerada en represalia por la participación y que hace directamente al tema de ciudadanía socia; b) que la participación se dé en un marco de respeto a las leyes tanto por parte del ciudadano como de las autoridades de manera que no se adopten medidas extralegales para inhibirla o castigarla y c) que algún resultado por pequeño que este sea, se logre con la participación, al menos por ejemplo, la escucha interesada y la consideración de los argumentos esgrimidos por parte de los servidores públicos y de los representantes electos.

Como se señala en alguno de los capítulos del texto la falta de resultados a la participación de los ciudadanos y ciudadanas y el creciente alejamiento de las élites económicas y políticas respecto de los intereses y las demandas de los ciudadanos, está induciendo cada vez más a prácticas de participación llamadas disruptivas: toma de calles y espacios públicos, de edificios, quema de transportes, destrucción de instalaciones privadas como son los comercios en las marchas. Muchos sentimos que hay un agotamiento de los medios de participación y protesta legales por ineptitud y desinterés de los partidos políticos, de los gobiernos y de los poderes legislativos y judiciales y que ello empuja a formas cada vez más violentas de protesta. Sin embargo, habría que señalar que con frecuencia, esas formas violentas son auspiciadas e incluso financiadas por políticos en pugna como recientemente ocurrió en el informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o con la presencia de los llamados “anarquistas” en las marchas de la Ciudad de México. Es decir las disputas entre políticos y grupos políticos se están dirimiendo no en las urnas, sino en los espacios de participación ciudadana y con las herramientas de protesta e incidencia de ésta.

A pesar de los avances en la institucionalidad democrática muchos sentimos que ejercemos una ciudadanía truncada, constantemente frustrada, de muy baja calidad y crecientemente despojada de los medios legales y pacíficos e incluso de los medios disruptivos, para ser escuchados e incidir en las decisiones que adoptan las élites económicas y políticas en nuestro país, mismos que mantienen y recrean la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la exclusión y alientan la profunda desconfianza. Yo diría que nos sentimos permanentemente abusados por esas élites que utilizan los recursos del presupuesto y su poder para seguir enriqueciéndose, empoderándose, generando legislación y tomando decisiones que profundizan el abuso y la subordinación de la mayoría de la población del país. Que la creatividad ciudadana para participar es frecuentemente capturada y utilizada para las disputas por el poder y no para consolidar una sociedad democrática.

Muchas gracias.

Rendición de Cuentas

Democracia, Participación Ciudadana

 

4 de mayo OPAM

Posiblemente uno de los pocos avances importantes en la arquitectura del Estado Mexicano después de doce años del cambio del partido en el poder y del tránsito hacia un régimen democrático, ha sido la incorporación de normas, instituciones y procedimientos para que los ciudadanos accedamos a la información pública y para que exista transparencia en la gestión pública.

La creación de organismos especializados en esas materias en los diversos niveles de gobierno ha permitido que los ciudadanos podamos pedir y obtener información sobre la forma en que se concretan las responsabilidades y funciones asignadas a las instituciones públicas y el modo en que se utiliza el presupuesto y los recursos públicos. Sin embargo, este avance disperso y fragmentado y a veces abusado, para el escándalo mediático, no satisface la necesidad de los ciudadanos de exigibilidad a los representantes que eligió para el manejo de las instituciones del Estado, para que les rindan cuentas sobre la forma en que han cumplido sus mandatos y han usado los recursos públicos y el presupuesto.

Ello ha impedido que la población cuente con elementos ciertos, claros y confiables para que pueda recompensarlos o castigarlos por la misma vía electoral o en su caso, mediante procesos administrativos o penales. La difusión fragmentada o trunca de abusos cometidos por varios servidores públicos con los recursos de todos, es causa eficiente de la desilusión que expresan los mexicanos con la democracia.

Según Latin-barómetro la confianza de los mexicanos en la democracia ha venido disminuyendo. El 36 por ciento declara que da lo mismo un gobierno autoritario que uno democrático y el 14 de plano prefiere un gobierno autoritario, es decir el 50%. Para América Latina el promedio es que el 58% prefiere la democracia y en México sólo el 40% de la población. Sólo Guatemala está por debajo de ese nivel

Es decir, si bien como parte del avance democrático y la mayor libertad de prensa la población tiene más información sobre los desvíos del presupuesto y el uso patrimonialista de los recursos públicos, muy pocas veces, conoce cual es el curso seguido por los procesos para castigar ese abuso y restituir los bienes o dineros mal-habidos.

En el imaginario colectivo se acrecienta la idea de que todos los políticos y los servidores públicos son corruptos y que además, esto ocurre con total impunidad. Es frecuente escuchar la idea que los que pagan son los servidores públicos de menor jerarquía en tanto que los funcionarios públicos de primer nivel continúan enriqueciéndose utilizando para beneficio propio su puesto o al menos con enormes salarios y prestaciones que se autodefinen, como los famosos casos de varias presidencias municipales.

Considero que dos consecuencia de lo anterior son: en primer lugar la normalización de la cultura de la corrupción en donde se piensa que si las élites políticas y económicas se aprovechan de los recursos públicos sin consecuencias se justifica que todos lo podemos hacer; en segundo lugar, propicia la aceptación de regímenes autoritarios en los cuales todas las decisiones y acciones sobre el uso de los recursos públicos son secretas, y no se publicitan y ni de lejos, existen mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, sin embargo se da idea de que todo funciona tersamente.

De este modo, en la medida que no tengamos avances sustantivos en la rendición de cuentas los riesgos de retorno a sistemas autoritarios están en la puerta de la casa.

 

 

 

 

El papel de la ciudadanía en el cambio político en México

Ciudadanía, Democracia

 

Economista por la UNAM. Trabajó por 20 años en el gobierno federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral. Fue Subsecretaria de Planeación y Desarrollo Pesquero. Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia) y participó en la creación de Alianza Cívica y de Causa Ciudadana. Asimismo, integró el Comité Técnico para la Auditoría del Padrón Electoral en 1994 y dirigió el Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995. Encabezó la Secretaría de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000. Participa en el Comité Conciudadano para la Observación Electoral y en el Espacio Social para el Diálogo Estratégico. Formó parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Es autora de diversos libros y ensayos en los temas de desarrollo y política sociales, derechos económicos, sociales y culturales, desigualdad social, prevención social de las violencias y desarrollo de la sociedad civil, entre otros. Actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C., miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y de la Junta de Gobierno y de la Asamblea del CONAPRED.

 

En este texto al hablar de ciudadanía estaremos refiriéndonos a aquel sector de activistas cívicos que no formaban parte de partido político alguno y que decidieron impulsar la instauración de un régimen democrático en el país después de setenta años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.

Tres acontecimientos en materia electoral de los años ochenta marcan el surgimiento de un activismo ciudadano en materia política fuera del ámbito partidario: el “fraude patriótico” perpetrado en el Estado de Chihuahua en 1986, la lucha del Frente Cívico Potosino encabezada por el doctor Salvador Nava y la “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988 utilizada para otorgarle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.

En esa década se abandonó el nacionalismo revolucionario y la responsabilidad social del Estado y se impuso un proyecto de economía abierta de mercado con el debilitamiento del rol del Estado y la conclusión del pacto entre gobierno, empresarios y sindicatos que permitió cierta estabilidad y la distribución de beneficios del crecimiento con el sector obrero.

Por su parte, el embate desde el Vaticano a la “Iglesia mexicana” y a la teología de la liberación fue determinante para el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y del trabajo comunitario en el territorio. Empieza también la emergencia de un amplio movimiento de mujeres en defensa de sus derechos, así como de grupos de ambientalistas. El sismo de 1985 determinó el surgimiento de solidaridades vecinales y civiles para enfrentar la destrucción generada. A nivel internacional se impone el Consenso de Washington y se derrumba el Muro de Berlín. Se impulsan la democracia liberal.

Es decir, se empieza a desquebrajar el partido único desde dentro, se termina con la ideología que lo mantuvo en el poder por varias décadas y emerge una ciudadanía organizada, activa y autónoma que empieza a defender agendas especializadas o de grupos de población. El sindicalismo oficial pierde fuerza y surgen un sindicalismo democrático y disidencias y nuevas alianzas dentro de los partidos y de las organizaciones políticas. Hay un cambio de época y aparecen nuevos actores en la arena pública.

Para muchos de estos nuevos actores era clara la necesidad de modificar los términos, los procedimientos y las instituciones en materia electoral para acabar con los repetidos fraudes y simulaciones y dar mayor confianza y certeza a los procesos electorales y a la representación. Muchos pensábamos que con procesos e instituciones electorales autónomas, confiables y profesionales, lograríamos tener gobernantes que respondieran a los intereses de la población, de modo que se fueran incorporando en la legislación, en las políticas de gobierno y en las instituciones las agendas de derechos que estaban surgiendo. Esto permitiría a su vez contiendas electorales equitativas. La idea ingenua era lograr gobiernos representativos que subordinaran sus actuaciones a los intereses de sus gobernados.

 

 

Las primeras acciones de la ciudadanía en lucha por la democracia

Después del emblemático ejemplo del doctor Salvado Nava en su larga lucha, la primera participación de ciudadanos independientes organizados para el cambio político se dio en la observación de la jornada electoral en elecciones estatales y municipales. Grupos de ciudadanos se colocaban en las afueras de las casillas electorales a observar la forma en que ocurría la votación.

Se trataba de inhibir mediante la presencia de observadores una diversidad de modalidades del fraude electoral comunes en todo el país durante décadas como el acarreo de votantes, el condicionamiento del voto, las urnas embarazadas, los tacos de votos, el robo de urnas y de boletas, los ratones locos, la presencia de personajes que inhibían el voto libre y muchas otras artimañas que se utilizaban para inducir y cambiar los resultados.

Los observadores ciudadanos eran muchas veces acosados y amenazados por lo que se fue generando una solidaridad entre organizaciones en todo el país de manera que empezaron a sumarse ciudadanos de otros estados, observadores nacionales e incluso internacionales y representantes de medios de comunicación fundamentalmente internacionales.

En esta primera etapa se empezó a integrar un movimiento ciudadano por la democracia compuesto por activistas de muy diversas causas y organizaciones, en varios casos las iniciativas y la participación provenían principalmente de organizaciones de mujeres, en otros de las organizaciones eclesiales de base y de defensa de los pueblos y de derechos humanos. La lucha por la democracia hizo que las agendas principales de esas organizaciones pasaran a segundo plano.

Había un hartazgo por el autoritarismo, por la injusticia social, por la inexistencia de canales de participación y expresión autónoma, por el combate a las organizaciones independientes, por los abusos del poder, la corrupción y la impunidad y por la violación de derechos humanos y en el fondo, por la persistente desigualdad y subordinación de amplios sectores de la población. En la instauración de una democracia se colocaba la solución a muchos de esos problemas al mejorar la representación y abrir la participación y el diálogo y al permitir la libertad de expresión.

 

 

La consolidación del activismo democrático

Por esos años de finales de los ochenta, se crearon instituciones privadas, grupos y organizaciones de académicos, periodistas y editorialistas, empresarios, líderes sindicales y sociales que empezaron a reflexionar y debatir sobre la transición democrática en México, a poner el tema en la arena pública y a gestar diversas iniciativas de acción dirigidas a abrir los espacios, elaborar propuestas de cambio legislativo e institucional y promover consultas ciudadanas. Destaco tres de estas organizaciones: la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), formada por destacados defensores de derechos humanos, que desarrolló metodologías para vigilar la imparcialidad de los medios de comunicación; el Acuerdo Nacional para la Democracia (ACUDE), formado por intelectuales de línea progresista, y el Consejo por la Democracia (CD), un grupo de empresarios e intelectuales de línea conservadora.

En 1992 se formó el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD)1, una iniciativa que logró articular a muchos grupos de ciudadanos en todo el país interesados en lograr una transición a la democracia como necesidad para alcanzar la justicia social. El MCD fue la red que permitió el apoyo a varios procesos de observación electoral en los estados y empezó a articularse con organizaciones de observación de otros países. En la red y en el consejo del MCD había una participación destacada de personajes y organizaciones del catolicismo progresista.

ACUDE por su parte promovió y participó en varias iniciativas innovadoras para el cambio democrático como fueron el Plebiscito de la Ciudad de México en 1993, la integración de una de las primeras agendas ciudadanas (los 20 Compromisos por la Democracia), la organización de una primera cumbre de organizaciones ciudadanas y la creación del Grupo San Ángel: varios de sus integrantes colaboraron en la Reforma Electoral de 1996 donde finalmente se logró la “cudadanización” del Instituto Federal Electoral.

Las iniciativas de observación electoral en los estados, las actividades del MCD, los proyectos promovidos desde ACUDE y la AMDH y la incorporación de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (Convergencia), donde participaban muchas de las organizaciones locales, permitieron lograr dos cuestiones muy importantes en esta etapa: primero un trabajo colaborativo de confianza entre grupos de personalidades e intelectuales destacados en el ámbito nacional con liderazgos y activistas de organizaciones que trabajaban en el territorio, y en segundo lugar el desarrollo de metodologías innovadoras que se compartían y difundían y que sentaron precedente para posteriores trabajos de la sociedad civil organizada.

Podríamos decir que la consolidación de toda esta energía, experiencia y conocimiento se conjuntó en la creación de la Alianza Cívica en 1994 derivada de un acuerdo entre siete organizaciones de muy distinto perfil ideológico, pero que confluían en su interés por la democracia. De acuerdo a Sergio Aguayo2 para la jornada electoral del 2 de agosto de 1994 se movilizaron 40 mil ciudadanos para hacer una observación muestral y 450 observadores internacionales. Todo el aprendizaje previo se aplicó en esta excepcional experiencia y se realizaron muchas innovaciones.

 

La contribución ciudadana después de 1994

En tan breve espacio sólo es posible enlistar las vertientes que ha seguido la participación ciudadana en el cambio político en México después de la intensidad que alcanzó entre 1988 y 1994, pues ese año alcanzó el punto más alto de una curva que ha venido declinando en razón de que las expectativas colocadas en el cambio democrático no se han cumplido. La injusticia social, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la subordinación de la mayoría de la población se han profundizado, ahora acompañadas además por la creciente violencia y la sistemática violación de los derechos humanos de miles de personas.

Las vertientes de participación ciudadana para el cambio político después de 1994 han sido las siguientes:

  1. La participación en las distintas reformas electorales que se dieron a partir de ese año, en particular en la reforma electoral de 1996. Después de un avance importante en la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, con la reciente creación del Instituto Nacional Electoral y las últimas decisiones de su Consejo General, se observan una regresión en la materia y un creciente control de los partidos sobre el Instituto y su Consejo.
  2. La participación en los consejos ciudadanos del IFE. Desde la elección de los primeros consejos ciudadanos electorales a nivel estatal y distrital en 1997, después en 2004 y en 2011 se logró que en la mayoría de los consejos al menos estén presentes dos ciudadanos autónomos. Sin embargo, se detecta una creciente desilusión, cansancio y desinterés para continuar participando en esos espacios.
  3. La participación en los procesos de observación electoral que se promueven con el fondo de recursos público a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cada tres años en las elecciones federales. En esta vertiente se ha observado un avance en las materias que son objeto de observación ciudadana, más allá de la vigilancia de la jornada electoral. Por ejemplo, el Comité Conciudadano para la Observación Electoral, una red nacional de organizaciones y ciudadanos que se ha articulado en los últimos tres comicios federales, ha observado los procesos de capacitación y selección de los funcionarios de casilla, el desempeño de los consejos distritales y general del IFE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, así como la calidad democrática de los partidos políticos. Sin embargo, en esta materia también se registra un hartazgo ciudadano ante las regresiones que se observan en la autonomía de las instituciones electorales.
  4. La formulación y presentación de agendas ciudadanas a los candidatos de los partidos políticos con anticipación a la realización de los comicios, para lograr su cumplimiento una vez elegidos. Durante cada proceso electoral federal desde 1997, algunas organizaciones procuran realizar coaliciones amplias para estructurar agendas de cambios legislativos, institucionales y presupuestales para la atención de problemáticas diversas detectadas en materia de desigualdad, pobreza, discriminación, destrucción ambiental, derechos humanos. Cuando las elecciones son muy competidas, estas organizaciones logran ser escuchadas y comprometer a los candidatos y, posteriormente, se dedican a dar seguimiento al cumplimiento de esos compromisos.
  5. La promoción de la reforma legal para la democratización de los medios de comunicación y para acotar la intervención interesada de éstos en los procesos electorales. Desde el año 2000 el movimiento ciudadano ha venido pugnando con mayor intensidad por la democratización de los medios de comunicación masiva, el fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios y los derechos de las audiencias como una de las reformas necesarias apara avanzar en democracia. La Ley de Telecomunicaciones recientemente aprobada no avanza en ninguno de esos temas y el poder de los medios se consolida e influye crecientemente en la conformación de las nuevas administraciones y congresos.

Posiblemente una de las grandes fallas del movimiento ciudadano por la democracia de los últimos 25 años fue el no haber construido y promovido un proyecto integrado de Reforma del Estado. Se pensó que con el cambio de partido en el poder en el año 2000 los nuevos gobernantes se encargarían de realizar las modificaciones necesarias para pasar de una democracia representativa a una democracia participativa; que se ampliarían los espacios de participación ciudadana y que un nuevo proyecto nacional sería construido. La violenta realidad que vivimos muestra una creciente separación entre el proyecto de país de las élites políticas y económicas respecto de las necesidades e intereses de la mayoría donde al menos la mitad de los mexicanos viven en situaciones de pobreza.

 

 

1 Rosales, Luz (2010), “El movimiento ciudadano por la democracia en México: logros, enseñanzas y perspectiva”, en Oxford University Press and Community Development Journal.

2 Aguayo, Sergio (2001), “Alianza Cívica ‘nace para vigilar un proceso electoral, adquiere una autoridad moral impresionante, como para calificar un proceso electoral y la gente cree lo que dice. Lo que no le cree al gobierno, a Alianza Cívica sí le cree’”.

 

Desafíos y oportunidades en el escenario político 2012

Democracia, Electoral

México entra al 2012 experimentando varias crisis y cambios complejos. Una primera crisis refiere a los niveles alcanzados de violencia que si bien son más agudos en ciertos municipios, parecerían estarse extendiendo en la medida que el Estado enfrenta a los grandes cárteles del crimen organizado y estos se fragmentan y dispersan por otros territorios y se dedican a extraer recursos a la población local, por medio de diferentes delitos. La afectación a la población civil de la guerra contra el narcotráfico en un contexto de impunidad e incapacidad de las instituciones de seguridad y justicia, será cada vez mayor.

Una segunda crisis deriva del precario desempeño económico de México, donde el crecimiento, la generación de empleos y los endebles mecanismos de distribución del ingreso y la riqueza han derivado en mayor empobrecimiento, un aumento en la desigualdad y un mayor deterioro del tejido social.

Una tercera crisis se relaciona con el cambio climático donde medio país se encuentra en situación de sequía, otra mitad con inundaciones repetidas anualmente, la presencia de fuertes heladas y un cambio en los patrones del tiempo que rigen las vocaciones de cultivos en el territorio. Además de los daños directos en el patrimonio de las familias y en la infraestructura económica, social y cultural, la pérdida de cosechas pone al país en riesgos de una crisis de hambre, misma que en algunas ciudades ya está ocurriendo por la destrucción de fuentes de trabajo y actividades económicas.

Una cuarta crisis se observa en la gestión de los poderes del Estado en los tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. La inadecuación de la arquitectura política e institucional de los gobiernos municipales dificulta cada vez más la gobernanza a ese nivel y conlleva la captura de territorios completos por mafias de distinto tipo, desde las criminales, hasta los caciques locales y los nuevos poderes fácticos como son las empresas inmobiliarias, turísticas y las mineras. Los gobiernos estatales y el federal tampoco están exentos de su captura por intereses privados, personales o de grupo, que se han apropiado de los presupuestos, de las instituciones, los recursos y el patrimonio público. La corrupción y la impunidad cubren con su manto al país en general.

Finalmente, estamos viviendo un cambio tecnológico que está modificando profundamente conductas y formas de relacionamiento social, modos de acceso al conocimiento y a la información, incluso formas de realizar el trabajo y las actividades económicas. Este cambio presenta oportunidades de acceso a recursos de información, de entretenimiento, de educación y a la formación de redes y relaciones sociales, pero también significa riesgos como la manipulación de la vida privada, la imposición de modelos aspiracionales y una serie de delitos cibernéticos que apenas empezamos intuir.

Ante tal panorama, la pregunta respecto del año electoral que viviremos, es si las y los políticos que finalmente se convertirán en candidatos y candidatos, así como los partidos políticos que los postularán, están a la altura de los retos que enfrenta México. Considero que lamentablemente no es así, pues teniendo en cuenta los desempeños previos en funciones de gobierno o legislativa de algunas y algunos de las y los políticos que parecerían estar accediendo a esas candidaturas, la escases de hombres y mujeres de Estado es preocupante.

A qué me refiero con el calificativo de mujeres y hombres de Estado: se trata de aquellos y aquellas que tienen un claro sentido de la importancia del papel y responsabilidades del Estado en una sociedad tan compleja, desigual y rota como la mexicana, que conocen a las instituciones del Estado y que tienen una clara visión de cómo reformarlas, pero fundamentalmente, que colocan como prioridad el bienestar colectivo por encima de sus intereses personales y de grupo. Son aquellos y aquellas cuyo objetivo al acceder al poder radica en la posibilidad de generar efectos positivos en beneficio de su comunidad y de su país.

Pero que además, en las circunstancias de polarización que seguramente se agudizarán en el curso del proceso electoral, entiendan y promuevan con autenticidad y compromiso, un gran pacto nacional para desarrollar y aplicar un Proyecto Nacional encaminado a enfrentar las mencionadas crisis y realizar una profunda reforma de Estado, definiendo una trayectoria compartida y sustentable de desarrollo del país para los próximos 40 años.

Los institutos políticos también han perdido su capacidad de cumplir y sostener por medio de sus gobiernos y legisladores, sus proyectos de país sustentados en sus principios y valores. Varios se han convertido en agencias de colocación de políticos y políticas en el gran negocio del poder público o son franquicias al servicio de los poderes fácticos.

Lamentablemente, la profunda desigualdad social y ahora el creciente miedo ante la violencia, la inseguridad y la impunidad, dificultan la construcción de coaliciones ciudadanas amplias que puedan revertir la situación y que obliguen a los partidos políticos a elegir hombres y mujeres de Estado para las candidaturas. Obligarlos al menos, a que mediante sus portales y otros medios, pongan a disposición del electorado toda la información necesaria para mostrar quiénes son sus candidatos y candidatas, por qué los eligieron, cómo los eligieron y cuáles son sus cualidades y méritos probados.

Experiencias previas de observación electoral como las de Congreso con Rostro, han mostrado que los procesos de selección de candidaturas por los partidos son poco democráticos y más corporativos y que varios de los partidos ni siquiera cuentan con información curricular de los candidatos y candidatas que postulan.

Menos aún existen las coaliciones ciudadanas que obliguen a los partidos políticos a generar un gran pacto nacional para apoyar un proyecto de país que tome en cuenta los retos y amenazas que enfrentamos y aproveche las oportunidades y fortalezas para sacarnos del abismo en el que estamos cayendo.

Por lo expuesto, las elecciones del 2012 no auguran el cambio profundo y urgente que el país está requiriendo. Esperemos que al menos, no sean un impulso más hacia el abismo y la mayor fragmentación social.

 

 

 

El activismo cívico en el ámbito de lo político-electoral.

Democracia, Electoral

Agradezco la invitación de la Dra. María Isabel Monroy   y del Dr. Tomás Calvillo para participar en este coloquio en memoria del natalicio del Dr. Salvador Nava a quien no tuve el gusto de conocer personalmente pero a quien aprecié a través de muchos de mis amigos y amigas del movimiento democrático de los años noventa. Para todos Don Salvador era un referente importante y las huellas de su compromiso ciudadano y ético quedaron plasmadas en varias organizaciones e iniciativas de esa década y en la formación de varios actores destacados de las reformas a la legislación e institucionalidad electoral.

Participé en el Consejo del Movimiento Ciudadano por la Democracia el MCD, una red de organizaciones civiles en todo el país creada por iniciativa de la familia Nava y que jugó un papel importante en el desarrollo de la observación ciudadana de las elecciones que dio inició gracias al Dr. Nava. El MCD también jugó un importante rol en 1994 en la contención del enfrentamiento entre las fuerzas armadas y el EZLN, convocando a la construcción de un cerco ciudadano de protección en torno a la zona zapatista, a diez días de la insurrección.

Mi iniciación en el mundo del activismo cívico lo tuve en la observación de la elección en Yucatán en el año de 1991 acompañando a Luis y Patricia Nava. Ellos me salvaron de un posible atropellamiento por una camioneta blanca del Gobierno del Estadoque en ese momento estaba en manos de Cervera Pacheco. La camioneta blanca pasaba constantemente amedrentándonos durante toda la jornada pues en esos años,la observación de elecciones no estaba legalizada ylos gobiernos del PRI nos veían como intrusos.

Tuvo el privilegio de pasar por todo el proceso de formación del activismo ciudadano en lucha por la democracia que floreció en los años noventa a partir de la semilla sembrada por el Dr. Nava. Participé en varias iniciativas de ese movimiento: en la presidencia de ACUDE, en la creación de Alianza Cívica, en los 20 Compromisos por la Democracia, en el Grupo San Angel, en los Compromisos por la Nación y en Causa Ciudadana APN. Dejé de hacerlo hasta el año 2012 cuando desde INCIDE Social A.C. la organización civil de la que formo parte, convocamos a la integración de la tercera y última ronda del Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE). Se trata de una redde personasy organizaciones de varios estadosdel país que en 2005 y 2006 realizó una observación de los procesos de selección y capacitación de los funcionarios de casilla, en 2007 hizo una Propuesta Ciudadana de reforma electoral, en 2009 llevó a cabo una evaluación de la independencia del Consejo del Instituto Federal Electoral y del apego del Tribunal Federal Electoral a los principios de Brandemburgo.

En 2012 analizamos la calidad democrática de los partidos políticos desde varias dimensiones: su transparencia y rendición de cuentas, la promoción de la igualdad y no discriminación y sus procedimientos de selección de sus candidaturas para puestos de elección popular y de sus consejos y comités nacionales y locales.

Entrando en la materia de esta conversación, en esas últimas investigaciones del CCOE, que realiza lo que yo calificaría como observación electoral de segunda generación, donde más que la jornada estudiamos a los actores institucionales que intervienen en los proceso electorales, comprobamosentre otras varias cosas: la baja calidad democrática de todos los institutos políticos; la inconsistencia entre su discurso democrático, su marco normativo, sus procedimientos y sus prácticas; la total desconsideración de los derechos de sus propios militantes; la concentración del poder y de los recursos en sus cúpulas; la simulación discursiva de sus postulados de inclusión e igualdad y la inaccesibilidad para el ingreso de los ciudadanos a sus filas.

Las reformas democrático-electorales, por las que tantos luchamos como movimiento ciudadano amplio desde el gran fraude en las elecciones federales de 1988, fueron de amplio beneficio para los llamados partidos políticos de oposiciónal abrírseles la posibilidad de acceder al poder político y a los recursos que este significa, sin cambiar la cultura política de control cupular y profundamente corrupta. La gran bolsa de recursos y poder en lugar de quedarse en manos de una mafia única, ahora se distribuye esencialmente entre tres mafias.

El movimiento democrático ciudadano no consiguió por la vía pacífica, la transformación estructural de la violencia que domina los procesos electorales en México. Sólo se ampliaron las élites políticas para dar cabida a miembros de los partidos de oposición cuyas conductas corruptas e impunes son similares a las del viejo partido de estado. La vinculación entre élites económicas, políticas e incluso del crimen organizado, es cada vez más estrecha y son quienes deciden el destino del país. Un ejemplo reciente fue el Pacto por México donde las cúpulas de los partidos políticos decidieron las reformas estructurales que requería nuestro país y las élites económicas se han encargado de cabildearlas y de difundir sus supuestas bondades entre la población.

La distancia de esas élites con respecto de los sectores subordinadoses cada vez mayor y las prácticas clientelares, con los enormes recursos públicos y privados que reciben los partidos políticos, continúan vigentes y cada vez más sofisticadas.

Si bien en los años noventa logramos incorporar en la legislación varias instancias públicas de deliberación como son los consejos de políticas públicas;y a lo largo de los últimos 25 años, se han venido creando diversos órganos “autónomos”para hacer contrapeso a los poderes del Estado y surgieron una gran cantidad de organizaciones civiles en diversos temas, la participación ciudadana y el diálogo en políticas públicas y en última instancia, el debate sobre el proyecto nacional han sido realmente inexistentes o en el mejor de los casos, absolutas simulaciones.

Pienso que varias personas que nos incorporamos a la lucha por la democracia en México buscamos una forma pacífica -no violenta- para alcanzar la justicia, la igualdad y la libertad. Escogimos como primer paso la transformación de los procesos e instituciones electorales pensando que con elecciones limpias, creíbles y transparentes tendríamos una mejor representación de la pluralidad ideológica y de la diversidad nacional en las instancias del Estado y que por la vía dela participación ciudadana y el diálogo democrático lograríamos revertir las violencias estructurales que aquejan alpaís. Por ello, promovimos la creación de las mencionadas instancias de deliberación en políticas públicas y los consejos ciudadanos de los órganos autónomos, pugnamos por el desarrollo de legislación en materia de participación ciudadana. Ejemplos recientes son la aprobación de la iniciativa ciudadana, las candidaturas ciudadanas y la consulta popular, figuras que aunque han sido aprobadas en la legislación, los partidos políticos se han encargado de obstaculizar en su puesta en práctica con requisitos verdaderamente inalcanzables.

De manera central buscamos la posibilidad de abrir el diálogo social, es decir, la posibilidad de escucha y reconocimiento entre los diversos y las diferencias para la construcción de consensos que nos llevaran a un desempeño de la sociedad mexicana que se centrara más en la consecución del bienestar y la calidad de vida de la población que en el crecimiento, la eficiencia y la productividad.

Creo que cometimos el error de no tener una clara propuesta de reforma del Estado una vez que se diera la alternancia en el poder federal. Las mesas que en la materia se abrieron a principios del siglo XXI en la Secretaría de Gobernación en ese momento a cargo de Santiago Creel, -un personaje que supuestamente se había beneficiado del movimiento democrático nacional al acceder como consejero ciudadano al nuevo IFE- fueron un fracaso. Las organizaciones de la sociedad civil no teníamos una agenda clara de reforma excepto en algunos temas como la democratización de los medios de comunicación. Además las autoridades políticas fueron incapaces de conducir los procesos de diálogo en las mesas de Reforma del Estado hasta que estas desaparecieron, sin mayores avances.

Como en muchas otras acciones de la sociedad civil, nos fijamos un objetivo y pensamos que al lograrlo todo lo demás ocurrirá de forma automática. Desde ese momento empezamos a perder lo logrado y si bien tuvimos un breve periodo de elecciones confiables, los doce años de gobiernos panistas fueron de transición de gobiernos autoritarios y corruptos del PRI a gobiernos autoritarios y corruptos de los tres grandes partidos en alianza con las élites económicas y el crimen orgnizado.

Es obvio que los gobiernos del PAN no estuvieron a la altura del gran cambio que significó la elección del 2000 y aceleraron la profunda desestructuración del Estado Mexicano que se inició desde la década de los años ochenta del siglo pasado. No supieron y seguramente no quisieron tampoco   por su ideología en favor del mercado, desarrollar una institucionalidad estatal democrática. Tiraron el agua con todo y niño como popularmente se diría.

El modelo económico vigente es una violencia estructural que hemos padecido por más de treinta años que ha permanecido inmune a los cambios políticos. La desigualdad, la pobreza, y la exclusión de millones de jóvenes de la posibilidad de alcanzar una vida digna, están en el fondo de nuestro fracaso democrático. No es posible avanzar en la ciudadanía política y civil si no están sustentadas en la ciudadanía social. Las generaciones del llamado “bono demográfico” se han incorporado a una sociedad que no les ofrece perspectiva alguna de futuro.

Como movimiento democrático ciudadano seguramente creímos que tendríamos ciudadanos activos e involucrados de manera independiente y autónoma en los procesos electorales si resolvíamos la cuestión electoral y que después participarían en la definición de políticas públicas y en la construcción de un nuevo proyecto nacional. Desarrollamos una utopía falsa que no se sustenta por las profundas relaciones subordinadas que caracterizan a las sociedades desiguales y racistas como la nuestra y por la creciente apatía y desconfianza de la población hacia las instituciones.

Tuvimos algunos logros como es el avance de la presencia de mujeres en los espacios de poder; la misma alternancia política en los gobiernos de distintos niveles; la incorporación de los derechos humanos en el debate público y en la Constitución, así como la posibilidad de escrutinio internacional de los gobiernos en esa materia; algunos avances en legislación e institucionalidad para proteger los derechos de varios grupos de población como la infancia, la juventud, las mujeres, la población LGTTTB, etc.;legislación e instituciones para la transparencia el acceso a la información y la rendición de cuentas; posiblemente una mayor libertad de expresión (que actualmente está volviendo a ser conculcada mediante las viejas prácticas del PRI), aunque no avanzamos en la democratización de los medios de comunicación, aspecto que algunos consideramos fundamental para alcanzar la efectiva democratización de país.

Pero también aparecieron otros demonios como es la violencia criminal y el surgimiento con ello y con el tipo de política del estado adoptado en materia de seguridad, de una nueva problemática social profunda: el fantasma de la violencia crónica con miles de víctimas que resultaron de la guerra iniciada por el Gobierno de Calderón: desaparecidos, asesinados, huérfanos y viudas, desplazados, personas con discapacidad, personas empobrecidas y una herida muy profunda por la incapacidad del Estado Mexicano para asegurar acceso a la verdad, a la justicia y la reparación del daño.

Tenemos ahora la evidencia de que estamos frente a una debilidad del Estado Mexicano que en mucho deriva del modelo de economía de mercado que mencionaba yo antes. El postulado de más mercado y menos Estado nos ha conducido a esta situación de indefensión frente a la violencia criminal y a la violencia económica provocada por los intereses de las empresas globales.

Así a las violencias estructurales históricas se han sumado violencias de nuevo cuño, que tal vez siempre existieron pero se encontraban sumergidas o eran relativamente controladas por el Estado Mexicano.

La pregunta entonces es cómo frente a este panorama de violencias históricas estructurales y de nuevas violencias, con un estado debilitado y profundamente corrupto y unas élites económicas y políticas también corruptas e impunes, podemos utilizar estrategias de activismo cívico.

Veo dos situaciones que nos dificultan las posibilidades de un activismo cívico exitoso: no encuentro la materia, el tema que provocaría la unificación de los ciudadanos activos y organizados actualmente y la incorporación de nuevos ciudadanos a la participación activa. También observo el agotamiento de la herramientas utilizadas en las luchas ciudadanas.

Respecto de las causas que generaron algún tipo de confluencia: las reformas electorales, la reforma del Estado, las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas para atacar la corrupción y la impunidad, la democratización de los medios de comunicación, los derechos de las mujeres y más recientemente los derechos de las víctimas y los derechos de los jóvenes, ni siquiera la gravedad de la situación de la violencia que estamos viviendo, logran despertar una conciencia ciudadana amplia dispuesta a provocar un urgente y necesario cambio en la vida política, social y económica del país a través de prácticas de activismo cívico.

Respecto de los instrumentos o herramientas de protesta y propuesta ciudadana pienso que las elites políticas y económicas se encuentran vacunadas y el cinismo y la codicia que las domina las hace inmunes. Las marchas, los plantones, el cierre de vías de circulación, los desplegados, las denuncias públicas mediante los medios de comunicación masiva, incluso el escrutinio y el reclamo internacional ya no funcionan. La calidad moral de las élites políticas y económicas es tan baja y tan compartida que se encubren y perdonan entre sí, negociando en el legislativo y mediante los poderes judiciales de manera que la impunidad es un hecho cotidiano y una bofetada constante en la cara de la población. Un ejemplo emblemático de ello es el encubrimiento creciente de la red de prostitución operada por Cuauhtémoc Gutiérrez el líder del PRI en el D.F. Al PRI nacional y al Presidente Peña Nieto no le conviene ese desprestigio cuando la intención es recuperar el control del D.F. y hay líderes de otros partidos que participan en negocios similares.

Un camino nuevo de protesta y movilización se plantea mediante el uso de las redes sociales y por la vía de la judicialización de los reclamos. Sin embargo, esta último sólo es posible si se cuenta con jueces imparciales y autónomos, cosa que también está en entredicho por la deplorable actuación de varios de ellos protegiendo casinos, empresas inmobiliarias y muchos negocios ilícitos.

Parecería que en realidad la única vía que actualmente brinda alguna esperanza es la recomposición de lo político, lo social y lo económico desde la base territorial, desde lo local, reconstruyendo la confianza, la solidaridad y una paz activa.

San Luis Potosí, 20 de mayo de 2014.

Comentario a las ponencias presentadas en el Seminario Un Balance de las Elecciones de 2012. Revista Desacatos

Democracia, Electoral

INCIDE Social A.C.

Las ponencias presentadas en el Seminario Un Balance de las Elecciones de 2012 que se publican en este número de la revista fueron formuladas por un grupo de académicos y especialistas que desde hace varios años dan seguimiento a las elecciones en el país, pero que además han realizado un activismo cívico y editorial comprometido con la democracia en el país. Los textos muestran con claridad sus preocupaciones centrales y ayudan a entender mejor la complejidad subyacente en los procesos electorales y en las relaciones de los diversos actores participantes.

La evaluación de los ciudadanos respecto de la calidad del proceso electoral federal 2011-2012 difiere ampliamente. Como lo señala Alberto Aziz en su texto la percepción de un sector importante de la población es que la contienda no fue equitativa y estuvo plagada de intervenciones interesadas y de violaciones a la legislación frente a las cuales la institucionalidad electoral no fue capaz de dar certidumbre y confianza. Algunos estudiosos del tema perciben crecientes dificultades para desarrollar reglas y herramientas que permitan contener y sancionar esas intervenciones ilegales y violaciones pues se realizan en espacios privados con total opacidad y con la complicidad característica de los niveles de corrupción e impunidad que padecemos.

No obstante la diferencia de 3.3 millones de votos, 6.62%, entre el primer y segundo lugar para la Presidencia de la República y de la participación del 63.3 % de la lista nominal de electores -siete puntos porcentuales por encima de la registrada en 2006- muchas personas, no sólo las que apoyaron a los candidatos perdedores, quedaron con la percepción de que la contienda fue desigual. Además consideran que esa desigualdad se fue construyendo desde antes de que iniciara formalmente el proceso electoral en octubre del 2011.

No existe un consenso sobre lo ocurrido aun cuando los procesos básicos de organización y calificación de la elección se cumplieron con apego a la norma. Se instalaron las más de 143 mil casillas en todo el país y se integraron debidamente las mesas de funcionarios electorales, se efectuó una distribución apegada a la Ley de los tiempos en medios, y se realizó un monitoreo adecuado de los mismos con los límites que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se realizaron los debates previstos entre los candidatos, se efectuó un amplio recuento de votos (54.8%) mediante un trabajo intensivo y comprometido de los consejos distritales en un plazo muy corto, los procedimientos para tener cifras oportunas de los resultados como el conteo rápido y el PREP se llevaron a cabo sin problemas, se resolvieron múltiples procedimientos especiales sancionadores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal calificó y declaró válida la elección y otorgó las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, etc. etc. etc.

Sin embargo, el control de varios de los factores intervinientes que desde la óptica de muchas personas no permiten considerarla como una elección equitativa está fuera de las atribuciones, posibilidades y tiempos de intervención de la institucionalidad electoral actual. En cada elección los partidos políticos ponen en práctica viejas estrategias como es el clientelismo o la recepción encubierta de recursos privados para desequilibrar la contienda y surgen nuevas modalidades como fue en esta ocasión, la construcción mediática de candidatos con mucha anticipación o el uso de las encuestas como propaganda. Como lo señala claramente Alberto Aziz en su texto y Ana Saiz lo menciona de algún modo, se trata de un ciclo en donde mediante reformas a la legislación electoral se busca prevenir la repetición de situaciones que desequilibraron la contienda electoral previa, se fortalecen los instrumentos y la institucionalidad, pero en cada nueva elección aparecen nuevas modalidades para obtener ventajas y se tiene que entrar de nuevo a reformar la legislación electoral. José Antonio Crespo considera que esa búsqueda de los partidos políticos y candidatos para obtener ventajas sobre sus competidores forma parte de los procesos democráticos y que se observa también en muchos otros países.

Aziz por su parte señala que cada elección se pone en disputa el modelo de reglas electorales con las que se compite. Se trata dice, de ciclos complicados que inician por elecciones que no terminan por resolverse en las instancias institucionales y que generan conflictos y luego llegan reformas para modificar las reglas y corregir los excesos y vacíos legales.

Si bien es cierto, que estos ciclos repetidos de elecciones-reforma legislativa- adecuación de las instituciones, han contribuido a una mejoría sostenida de las reglas, procedimientos e instrumentos para lograr elecciones competidas, equitativas y confiables es evidente que la organización de elecciones en México es cada vez más costosa tanto por los recursos legales como los ilegales que se utilizan y que muchas de las dificultades que se observan en los procesos electorales tienen que ver más con el contexto general del país. En este sentido el país enfrenta una corrupción generalizada, ausencia del imperio de la Ley, creciente captura de espacios del Estado y de territorios por poderes de hecho, dentro de ello destacadamente el crimen organizado, opacidad en el uso de recursos públicos especialmente por los gobiernos locales y persistencia de omisiones importantes de legislación en materia de telecomunicaciones, partidos políticos y lavado de dinero, por ejemplo. Es decir, en tal contexto deberíamos apreciar que el proceso electoral reciente pudo llevarse a cabo y fue posible realizarlo sin tropiezos graves en materia de violencia. finalmente como señala Aziz la elección fue legal pero no legítima entendida esta como la apropiación social de los procesos; sostiene que los procesos electorales llevan a un distanciamiento entre legalidad y legitimidad. En su artículo analiza las situaciones que afectaron la calidad y la legitimidad del proceso electoral reciente analizando varias paradojas.

Lo que parece evidente en varios de los textos de los autores de este número de Desacatos es que los cambios legales e institucionales y los procesos electorales mismos se alejan cada vez más de los intereses de los ciudadanos y de la protección, respeto y garantía de sus derechos políticos. Ana Saiz lo destaca al señalar cómo la reforma política del 2007-2008 disminuyó y acotó las posibilidades de intervención de los consejeros electorales ciudadanos al limitar su participación en comisiones del Instituto Federal Electoral (IFE) y permitiendo la participación de los partidos políticos en las mismas; quitándoles también la unidad de fiscalización de su control directo al otorgarle autonomía técnica y de gestión o al designar el Congreso al Contralor Interno del Instituto, y también sometiendo a los consejeros locales y distritales a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Desde mi óptica los consejeros ciudadanos a varios niveles de la estructura, además deben ahora destinar una gran cantidad de tiempo para dirimir los conflictos entre los partidos y los candidatos al tener que resolver los llamados Procedimientos Especiales Sancionadores en detrimento del tiempo que destinan a participar y dar seguimiento a la organización de las elecciones en todo el territorio nacional.

Si anteriormente eran pocos los consejeros electorales del Consejo General que recorrían el país y los distritos electorales para constatar lo que efectivamente estaba sucediendo en el terreno, el agobio que ahora tuvieron para resolver los conflictos entre partidos políticos y confrontar la presión ejercida sobre ellos por representantes de los medios de comunicación, los alejo más del contacto con toda la estructura ciudadana y profesional del IFE que es la que realmente organiza todo el proceso. Esto a la larga se convierte en un problema de pérdida de integración y sentido de cuerpo de los ciudadanos y funcionarios electorales con respecto a la institución, pues en muchas ocasiones tienen que afrontar circunstancias muy difíciles e incluso riesgosas ante amenazas de los representantes de los partidos políticos y de los poderes de hecho locales, así como conflictos entre los propios consejeros ciudadanos y los miembros del servicio profesional electoral.

En el mismo sentido sobre la creciente desvinculación de la legislación electoral con la protección de los derechos de los ciudadanos Ana Saiz en su artículo realiza un análisis detallado y con varios ejemplos para probar que las disposiciones incluidas en la mencionada Reforma Electoral respecto al recuento de votos, asunto nodal en el conflicto postelectoral del 2006, no se hicieron para darle seguridad a los ciudadanos de que sus votos se contaron y se contaron bien. Nuevamente se trata de disposiciones para que los partidos políticos y los candidatos puedan controvertir los resultados de casillas específicas o para obligar a recuentos en donde una vez ratificados los resultados originales, proceden a buscar la eliminación de casillas argumentando deficiencias con el propósito último de cambiar los resultados de las votaciones, ello a costa de invalidar votos de los ciudadanos.

Es decir, los procesos electorales están cada día más secuestrados por las cúpulas de los partidos políticos y las élites económicas y sociales pues son estos actores quienes se distribuyen las candidaturas al Congreso y a los poderes ejecutivos, ejercen presión y con frecuencia intervienen en las decisiones de las instituciones electorales y se esfuerzan por inducir el voto mediante presiones.

Los ciudadanos en cambio, poco o nada participan en la selección de los candidatos de los partidos, ni aun siendo miembros activos de estos y no tienen derecho a conocer los curriculum de esos candidatos a fin de ejercer un voto informado, como lo han mostrado las investigaciones realizadas por el Comité Conciudadano para la Observación Electoral[1]. Además padecen las campañas electorales con incontables espots y no se atiende su exigencia por un mayor número de debates para conocer las posturas de los candidatos. Aquellos ciudadanos que tienen posiciones subordinadas por cuanto a su trabajo o a sus ingresos son sujetos de presión para decidir por quién votar. Todos enfrentan el riesgo de que sus votos sean invalidados por las disputas entre partidos o candidatos y terminan siendo gobernados y representados por integrantes de las élites y de los poderes de hecho, que se encargan de gobernar y legislar colocando sus intereses particulares por sobre los colectivos.

El hartazgo que tal situación ha venido generando en la población fue retomado por los jóvenes universitarios del movimiento #YoSoy132. El artículo de Jorge Alonso expone con claridad y detalle las razones del surgimiento del Movimiento, el contenido y el origen de sus demandas, su expansión y articulación en todo el territorio y con otros movimientos sociales, sus formas alternativas de organización, sus mecanismos pacíficos, lúdicos y creativos de protesta y las estrategias para enfrentar la represión. A pesar de ser un movimiento de jóvenes rechazan centralmente las formas de hacer política y ejercer el poder de las administraciones priistas y por lo tanto, enfocaron su protesta contra el candidato presidencial de ese partido y contra los consorcios televisivos que obstaculizan la democratización de los medios de comunicación es decir lo que Jesús Cantú llama la pluralidad interna y externa de medios.

La falta de equidad en la contienda electoral

Ahora bien, cuatro parecen ser las razones esgrimidas para considerar que no fue una elección equitativa: primero la estrategia y los recursos puestos en práctica desde el 2006 por los consorcios televisivos para colocar en el imaginario de los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de toda la colectividad de que sólo había un candidato viable para ser presidente, es decir, la construcción mediática de un candidato; en segundo lugar una cantidad tal de recursos destinados por los partidos y sus aliados a las campañas políticas que se rebasaron los límites establecidos por ley y dentro de ello, la incorporación de recursos provenientes de fuentes privadas y de gobiernos locales en apoyo a las campañas; en tercer lugar, prácticas compartidas por todos los partidos de compra de votos e inducción de votantes y finalmente, el papel jugado por las empresas encuestadoras que más que informar contribuyeron a orientar los votos.

Las evidencias aportadas a las instituciones electorales sobre diversos incidentes registrados durante el proceso y detectados por los mismos consejeros distritales del IFE, por los observadores ciudadanos nacionales e internacionales, por los diversos partidos y por jóvenes del Movimiento #YoSoy132 no fueron lo suficientemente contundentes como para conducir a una anulación del proceso. Así lo declaró el Tribunal Electoral del Poder Judicial al emitir su dictamen sobre las impugnaciones y quejas recibidas en torno a la calidad y legalidad de la elección.

Varios miembros del Movimiento #Yo Soy132 decidieron convertirse tardíamente en observadores después de comprobar que sus protestas en contra de las mentiras, la simulación y la corrupción de los medios de comunicación y de los poderes fácticos no cambiarían el triunfo del candidato impulsado por estos.

Entre varios ciudadanos quedó la percepción de que si bien, todos los partidos incurrieron en faltas de apego a la Ley y en el clientelismo, las instituciones electorales no hicieron lo suficiente para profundizar en la investigación de los incidentes que les fueron informados mediante quejas y denuncias, ni actuaron de oficio ante la sospecha de falta de equidad en la contienda, por el interés y la prisa por declarar válida la elección.

Tres de los textos incluidos en este número de la Revista hacen referencia a algunos   aspectos que generaron la percepción difundida sobre falta de equidad en la contienda y contribuyen con información, argumentos y dudas.

El texto de Jesús Cantú al analizar la información sobre los candidatos presidenciales difundida por los dos noticieros más vistos de TELEVISA y TV Azteca y en tres periódicos de circulación nacional: El Universal, La Jornada y Reforma concluye que la igualdad política en la competencia electoral fue vulnerada por la intervención de los consorcios televisivos en favor de una candidato desde antes de iniciarse el proceso electoral. Al revisar el número de notas, su duración, su tono y su distribución en el tiempo, durante tres periodos desde el 1 de abril de 2011 hasta el 1 de julio del 2012 concluye que en la televisión no existe ni pluralismo interno ni externo y que seguramente tienen una gran influencia en la orientación del voto por el elevado porcentaje de mexicanos que se informan principalmente por este medio. De acuerdo a la ENCUP[2] 2012 se trata del 76% de los mexicanos. Respecto de los medios escritos observados concluye que si bien no existe pluralismo interno, si se encuentra pluralismo externo al favorecer cada uno de ellos en mayor o menor medida, a un candidato o a un partido. Sin embargo, de acuerdo a la misma Encuesta solamente el 5.4% de la población tiene ese medio como su principal fuente de información. Con los datos que sustentan el análisis de este autor, aunque limitada a pocos medios de comunicación de gran influencia, existe evidencia de que la balanza llegó cargada a las elecciones en razón de la estrategia de los medios de comunicación, principalmente las televisoras, de colocar a Enrique Peña Nieto como el candidato presidencial que triunfaría.

Por su parte, José Antonio Crespo en un minucioso análisis y con una acuciosa argumentación sustentada en el análisis de información busca mostrar el por qué la izquierda no logra llegar al poder. Desmenuza varias de las impugnaciones presentadas por el Movimiento Ciudadano con miras a la anulación de la elección. Señala las inconsistencias en las posiciones sostenidas en diferentes momentos por el Movimiento Ciudadano y principalmente por su candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Así mientras en un momento de la campaña alienta AMLO a los electores a aceptar los regalos y beneficios que les son ofrecidos a cambio de su voto, uno de los principales puntos de su demanda ante las instituciones electorales se relaciona con la compra e inducción del voto.

Crespo descarta con datos sobre la intención del voto y sobre la posición de los electores frente a los diferentes candidatos, la posibilidad de que la diferencia de más de tres millones de votos entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto tenga su origen en una gran operación de compra de votos y en otras estrategias para alterar la voluntad de los electores. Muestra como el candidato de la izquierda llegó a la contienda con mayor rechazo de los electores (negativos) que apoyos (positivos) y cómo estaba obligado a remontar el alejamiento de los electores independientes que habían votado por él en la elección del 2006. Sostiene que muchos de ellos dejaron de apoyarlo por sus actos posteriores a la elección y por su desconocimiento de la institucionalidad, aún cuando los partidos de izquierda habían participado en su desarrollo.

Crespo cuestiona la estrategia de campaña de AMLO y en general de la izquierda, que se dirige fundamentalmente a sus votantes duros y aleja a los votantes independientes más mesurados, menos radicales y menos anuentes al conflicto y también más volátiles. Está convencido de que la única manera de que la izquierda llegue al poder radica en que sus estrategias de campaña logren suficientes votos de los electores independientes en niveles tales que les permita superar la desventaja proporcional que tienen en materia de votantes duros, comparativamente con los otros dos partidos. Para este autor lo ocurrido en la elección del 2012 respecto de la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar se relaciona con una mala estrategia política de los partidos de izquierda, más que con el peso que pudieron tener las anomalías registradas y denunciadas por el Movimiento Ciudadano.

La pregunta que cabría hacerse es si es posible pensar en elecciones equitativas, igualitarias y transparentes en México, donde se permita a los ciudadanos elegir de manera libre e informada y asegurar que su voto será respetado, dada la profunda desigualdad existente en el país, el déficit de ciudadanía social y civil que padecen millones de mexicanos, el grado de concentración del poder económico y de los medios electrónicos de comunicación, la presencia de conspicuos poderes de hecho que se han colocado por encima y han capturado a los partidos y a los políticos, el manejo cupular y la ausencia de vida y prácticas democráticas en los partidos políticos y en varias organizaciones sociales y la presencia de corrupción diseminada y compartida.

Tres situaciones marcaron la elección pasada: el retorno del PRI al poder después de doce años de gobiernos panistas de baja calidad democrática y elevados niveles de corrupción, el surgimiento espontáneo del movimiento de jóvenes universitarios #Yo soy 132 y la profunda crisis del PAN, después de haber estado en el poder.

Considero que otra situación que se constató es la captura de los procesos electorales por las cúpulas de los partidos políticos y por los poderes de hecho situación que fue ampliamente denunciada por el Movimiento #YoSoy132. Ni los militantes de los partidos políticos, mucho menos las y los ciudadanos tuvieron intervención en la postulación de candidatos, ni a la presidencia de la República ni al Congreso; un número creciente de legisladores elegidos son representantes de intereses particulares de grupos económicos, de fracciones partidarias y seguramente, incluso del crimen organizado. Las elecciones tienen cada vez menos que ver con la vida y decisión de las personas y son usadas para legitimar decisiones previamente tomadas por las élites para preservar sus intereses.

Difícilmente lograremos elecciones en las que confluya la legalidad y la legitimidad en un entorno tan poco propicio. Es cada vez más claro que no basta hacer cambios a la legislación e instituciones electorales para corregir vacíos y excesos cometidos en la elección previa. Ese modelo se ha agotado y resulta altamente costoso. Es necesario entrar a una revisión profunda de la institucionalidad en la que operan actualmente todos los agentes interesados en el acceso al poder incluyendo al menos la legislación que regula la vida de los partidos políticos, las actividades políticas y de cabildeo de las empresas, las organizaciones y los gobiernos, las leyes relativas a la participación y organización ciudadana, las relacionadas con el crimen organizado, con las telecomunicaciones y los servicios financieros en el país.

Un aspecto central es rescatar la institucionalidad electoral en todo el país y ponerla en manos de ciudadanos y ciudadanas independientes que puedan realizar una función de arbitraje profesional, equilibrada y equitativa; asimismo separar la atención a la de conflictividad entre los contendientes de la organización de los procesos a fin de garantizar igualdad en las contiendas. La creación de un Instituto Nacional de Elecciones como fue propuesto por el Comité Conciudadano en 2007[3] parecería una vía interesante para abatir además el costo de los procesos electorales.

 

[1] Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C. (2006) Por un Congreso con rostro. ¿Qué representan los que quieren representarnos?, México,D.F.; Comité Conciudadano para la Observación Electoral/INCIDE Social (2011), Observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009. Consejo General del IFE y Tribunal Electoral del Poder Judicial pág. 119 y 158, México D.F.

[2] Encuesta Nacional de Cultura Política

[3] Comité Conciudadano para la Reforma Electoral/INCIDE Social A.C. (2007) Propuesta Ciudadana para la reforma Electoral, México, D.F.

Comentario de Clara Jusidman a los textos de Alonso y Azis

Democracia, Electoral

 

Al leer los textos de Alonso y Alberto Azis, el primero que habla de las etapas del proceso seguido en el surgimiento del Movimiento #132 y el segundo de ocho paradojas electorales se me vino a la mente otra forma de mirar los contextos externos e internos del proceso electoral reciente y del propio Movimiento de jóvenes universitarios a partir de las tensiones que parecen reflejarse en los textos expuestos.

En un ambiente general en el país de ausencia de imperio de la Ley, avaricia y creciente corrupción de las élites, debilitamiento y desestructuración del Estado e incluso, captura del mismo en algunos territorios: ¿Por qué podríamos haber esperado que las instituciones y los agentes que participan en los procesos electorales, destacadamente los partidos políticos, podrían haber actuado en favor del interés general y no de sus intereses particulares?

¿Cómo era posible que las instituciones electorales pudieran haber brindado confianza y certeza a los ciudadanos sobre la calidad del proceso electoral?

Sólo teniendo fuerzas sociales de observación y vigilancia lo suficientemente poderosas se hubiera logrado darle un giro a lo sucedido e impedir lo que finalmente ocurrió.

¿Y qué ocurrió? Que elegimos a un candidato a la Presidencia proveniente del viejo partido autoritario, que a su vez ejerció una gubernatura autoritaria y nada respetuosa de los derechos humanos de la población y que detrás del mismo está el expresidente Carlos Salinas y Pedro Aspe que siguen actuando para profundizar las reformas neoliberales que no lograron completar. Que además tenemos un congreso tomado por los consorcios televisivos (al menos 25 posiciones) y por otros grupos económicos poderosos como son las empresas mineras, que ya mostraron su rostro cambiando la minuta de la Reforma Laboral y que seguramente irán apareciendo los de las empresas farmacéuticas, alimentarias, de energía, turísticas, etc. Que el seudo-Partido Verde Ecologista consiguió un mayor número de posiciones en el congreso.

En cambio, las oposiciones de derecha y de izquierda se han fragmentado, desdibujado y han entrado en situaciones críticas. Contamos con muy pocas organizaciones civiles, desigualmente distribuidas en el territorio nacional, crecientemente debilitadas por la escasez de fondos y agobiadas por la catástrofe humana que nos deja el gobierno de Calderón.

Ahora bien, en los doce años de administraciones panistas ocurrió un cambio significativo en los términos de relación entre poder político y poder económico, incluyendo de manera destacada a los consorcios televisivos. En la actualidad las relaciones de subordinación están invertidas y la clase política está sometida a los intereses de las élites económicas, incluso ha sido penetrada por miembros de esas élites o por sus leales empleados que llegan al Congreso. Basten los ejemplos de Ninfa Salinas o del Senador Mendoza.

Pero el proyecto más ambicioso en este proceso de toma del poder político fue la construcción de un candidato presidencial por TELEVISA, empresa que desde el inicio de la gubernatura de Peña Nieto se hizo cargo de televisión mexiquense, de la organización y difusión de sus informes y de toda su campaña en medios para construir y posicionar su imagen.

Este argumento de telenovela no pudo ser modificado por la compleja y detallada institucionalidad electoral, ni por el notable cambio en los términos de relación entre los candidatos y los ciudadanos organizados que obligó a los primeros a dejar el blindaje de su rígida estructura de campaña para salir a encontrarse y enfrentar el escrutinio y las agendas de los grupos ciudadanos. Dentro de esto último el Movimiento #YoSoy 132 jugó un papel destacado: cuestionó lo que representaba Peña Nieto, obligó a los candidatos a tener un debate abierto y menos estructurado al cual Peña no asistió y enfrentó el poder de las televisoras exigiendo la democratización de los medios de comunicación electrónica como su principal punto de agenda.

Dada la debilidad de la sociedad civil mexicana lo mejor que nos pudo haber pasado es el surgimiento de un movimiento de jóvenes universitarios que en términos pacíficos, lúdicos, festivos y de encuentro de la diversidad nos muestran el desastre social y político que les estamos heredando. La esperanza ahora es que logren sostener su movimiento, que puedan superar la invisibilización de que son objeto por parte de los poderes mediáticos, que logren comunicarse con los sectores mayoritarios de la población y que vayan teniendo resultados para cambiar la situación del país.

Aquí es donde quisiera entrar a las tensiones que yo observo en el Movimiento #YoSoy132 a partir de los textos presentados:

  1. ¿Cómo organizarse de manera que se mantenga una amplia participación en todo el territorio y un funcionamiento democrático del movimiento sin caer en el asambleismo? Son las asambleas locales, estatales y/o las regionales las que confluyen en la Asamblea General Interuniversitaria o hay un esquema escalonado donde los representantes de las locales, forman las estatales y los de las estatales las regionales y finalmente estos son los que llegan a la Asamblea General, como lo señala Alonso en su trabajo?
  2. ¿Cómo articularse con otros movimientos sociales y populares y con organizaciones sociales y civiles, sin ser absorbidos por las agendas de estos, ni imponer su propia agenda?
  3. ¿Cómo superar la desconfianza al riesgo de ser utilizados, cooptados o subsimidos a proyectos de otros o de los grupos poderosos?¿Cómo blindarse a los riesgos de cooptación, división y destrucción?
  4. ¿Cómo ser humildes y superar lo que a veces pudiese parecer soberbia y autosuficiencia en los diálogos con los otros y saber aprovechar los avances que existen sobre temas del interés del Movimiento?
  5. ¿Cuáles son los temas de agenda que el Movimiento está dispuesto a asumir o a agregar a su propia agenda?
  6. La tensión entre el activismo de corto plazo para mantener la visibilidad y el activismo estratégico que vaya sumando actividades para el logro de metas predefinidas.

Hay cuatro cosas que destaca el documento de Jorge que han logrado: uno impedir los protagonismos que se vuelven altamente riesgosos para la permanencia del Movimiento (ejemplo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad) y obligar a la circulación flexible de voceros; dos haber encontrado la forma de registrar consensos y disensos; tres mantenerse como un movimiento pacífico, apartidista, autónomo y cuatro haber logrado el encuentro entre universidades públicas y privadas.

 

Por cuanto al proceso electoral las tensiones que me parece se destacan son:

  1. La percepción generalizada y compartida de que algo estuvo mal como es la compra de votos y los elevados gastos de campaña frente a la debilidad y a veces falta de atribuciones legales y herramientas para evidenciarlo y combatirlo por parte de las instituciones electorales.
  2. La posición del IFE que se refleja en la respuesta al Informe Final de la Misión de Expertos de la UE que señala que “el Instituto Federal electoral manifiesta que trabaja bajo el principio de estricta legalidad, ceñido a la letra de las disposiciones normativas, de tal manera que los actores, partidos y candidatos, adquieren confianza en el proceso porque tienen la certeza de que la autoridad sigue un riguroso camino de cumplimiento previsto con toda anticipación en la ley, de manera constante y coherente, sin desviaciones, y bajo la permanente vigilancia y participación de los partidos políticos”. Al final los ciudadanos y sus derechos políticos no importan, no importa su percepción de que la competencia no fue equitativa y que los jugadores y los árbitros sólo trabajan para ellos mismos. No importa finalmente la democracia, sino cumplir con la Ley escrita por los equipos en competencia.
  3. La tensión en la aplicación de las nuevas disposiciones previstas en las últimas reformas electorales y las nuevas tretas y mecanismos que desarrollan los partidos para mantener la falta de equidad en las contiendas. Las reformas tapan los agujeros de los procesos electorales anteriores y los partidos se dedican a crear nuevos agujeros.
  4. La tensión al interior de cuerpos colegiados donde existe corrupción y cooptación de algunos de sus miembros y el acoso permanente de los dueños de los medios de comunicación y de los partidos políticos.
  5. La tensión entre las instituciones electorales.
  6. La tensión entre dar certeza mediante decisiones rápidas pero poco informadas o tardar las decisiones, generar incertidumbre temporal, pero llegar a decisiones más informadas y más equitativas.

Al final toda la organización del proceso electoral estuvo bien, especialmente teniendo en cuenta la violencia presente en muchas zonas del territorio. Sin embargo la percepción por una parte importante de la población es que la contienda no fue equitativa y estuvo plagada de intervenciones interesadas frente a las cuales la institucionalidad electoral no fue capaz de dar certidumbre y confianza.