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El enfoque de derechos humanos en la política social y en la Cruzada contra el Hambre

La importante reforma constitucional del 10 de junio de 2011 amplía el reconocimiento de los derechos humanos y señala obligaciones para el Estado en la elaboración e implementación de las políticas públicas. Eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, adopta el principio pro persona y reconoce que todas las autoridades del país tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Se adoptan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para la aplicación de los derechos humanos, entre otros aspectos destacados.

Los derechos humanos son un conjunto de garantías jurídicas universales que hacen a la dignidad humana y que protegen a los individuos y a los grupos, contra acciones y omisiones con las libertades y los derechos fundamentales. Los derechos y libertades reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos son producto de una larga historia de luchas sociales derivadas de repetidas injusticias y afectaciones a la dignidad humana. Los que se encuentran reconocidos en esos instrumentos internacionales son resultado de negociaciones a lo largo casi 70 años entre países con una diversidad de regímenes sociales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge en 1948 como un acuerdo entre países para generar precisamente un marco normativo de las relaciones entre el Estado y las personas con el propósito de que no se volvieran a repetir los atroces abusos cometidos por regímenes autoritarios tanto capitalistas como socialistas que utilizaron la fuerza del Estado para limitar las libertades, truncar las vidas, despojar de sus identidades y de sus propiedades y desarraigar a millones de seres humanos a lo largo del Siglo XX. Por lo tanto es el Estado el obligado y la población la titular de los derechos humanos.

Además la violación a los derechos humanos realizada por terceros como pueden ser las empresas nacionales y extranjeras, los delincuentes y el crimen organizado, las organizaciones sociales, las iglesias, entre otros actores no estatales se consideran responsabilidad del Estado quien tiene la obligación de “proteger” a las personas de la comisión de abusos y daños por parte de terceros. Desde la perspectiva de esta obligación de protección el Estado Mexicano debe por ejemplo asegurar la calidad, la inocuidad, la disponibilidad, la accesibilidad económica y física y la adecuación cultural de los alimentos que las empresas que producen, procesan y distribuyen alimentos ofrecen a toda la población del país.

Pero también el marco normativo de los derechos humanos establece que el Estado tiene la obligación de “respetar” lo que significa no interferir con su disfrute; es decir, el Estado y sus agentes deben abstenerse de interferir en la realización de los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, no pueden despojar o apoyar el despojo de los recursos de distinto tipo que las personas utilizan para atender sus derechos por sí mismas: por ejemplo, producir sus propios alimentos, acceder al agua, al bosque, al mar, gozar de una vivienda, acceder a medios para allegarse información, etc. Desde esta perspectiva el Estado está claramente violando los derechos humanos de las poblaciones que habitan y viven de las costas, cuando promueve y autoriza la instalación de escaleras naúticas o de desarrollos turísticos que destruyen o afectan los recursos de pesca, o los derechos humanos de las poblaciones serranas cuando realiza concesiones de explotación minera que propician y alientan la expulsión de la comunidades originarias y contaminan y destruyen el medio ambiente o cuando no interviene ante la entrada del exterior de alimentos legales o ilegales que provocan caídas intencionadas de los precios para los productores locales.

Por último el Estado tiene la obligación de satisfacer, facilitar, proveer o tomar medidas que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez que una persona (o grupo) no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí misma con los recursos a su disposición. Esta obligación es la que delimita en qué casos el Estado debe proveer directamente los bienes y servicios que hacen directamente a la realización de los derechos humanos de las personas o promover actividades de terceros para lograr esa provisión y es sólo para aquellas personas que no cuentan con los medios para realizar sus derechos humanos por razones ajenas a su voluntad. Por ejemplo, no es que el Estado daba construir directamente y proveer de vivienda a todas las familias que las necesitan pero si debe promover las acciones necesarias para que el acceso a estas sea posible y asegurar que sean viviendas adecuadas y dignas en los términos definidos y acordados en las instancias internacionales.

Desde la perspectiva de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se puede considerar que la Cruzada contra el Hambre estaría enfocada a cumplir con esta tercera obligación y refiere a satisfacer los requerimientos de alimentación de las poblaciones en pobreza con carencia alimentaria y que se estimó en poco más de 7 millones de personas en el 2010. La Cruzada lo hace por la vía de propiciar el acceso y la disponibilidad de alimentos directamente a esas poblaciones, mediante apoyos monetarios como Oportunidades o la tarjeta Sin Hambre, la entrega directa de alimentos gratuitos o subsidiados por la vía de los comedores comunitarios y de las escuelas de tiempo completo, las tiendas Diconsa y el programa de Liconsa o bien indirectamente, al plantearse como objetivo: “aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas” para lo cual estará tomando medidas que permitan a esos pequeños agricultores contar con recursos suficientes para enfrentar sus requerimientos de vida, entre ellos los alimentos, además de propiciar con estas acciones un aumento en la oferta interna de estos.

En la revisión de los principios de los derechos humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte, surgen otras obligaciones para el Estado mexicano además de las tres fundamentales mencionadas las de respetar, proteger y garantizar y son las siguientes:

  • Tutelar sin discriminación todos los derechos
  • Tomar todas las medidas apropiadas para hacer efectivos los derechos dentro de su territorio.
  • Por la diversidad de regímenes sociales se deja en libertad a cada país sobre el tipo de medidas que adoptará pero se señala que deberán demostrar que las medidas tomadas son las más apropiadas para alcanzar la realización efectiva de los derechos.
  • Lograr progresivamente la satisfacción de los derechos establecidos, entendiendo por progresividad la obligación de hacerlo de manera inmediata y continua;
  • Asegurar niveles mínimos de satisfacción de los derechos, lo que le obliga a definir estándares a partir de los cuales se irá avanzando en la protección universal de los derechos
  • Destinar (y acreditarlo) el máximo de recursos disponibles a cumplir con el objetivo de satisfacer plenamente los derechos;
  • No dar marcha atrás en los niveles de realización alcanzados; en periodos de crisis o ajustes estructurales y cuando no es posible mantener esos niveles por causas de fuerza mayor como catástrofes naturales o humanas dar una explicación sustentada de ello;
  • En periodos de crisis, priorizar la protección de los miembros más vulnerables de la sociedad;
  • Establecer vías judiciales para llevar ante los tribunales las posibles violaciones a los derechos señalados; es lo que refiere a la creación de procedimientos y normas para hacer exigibles y justiciables los derechos.

Ahora bien, desde la perspectiva de INCIDE Social[1], “aterrizar el discurso de los derechos humanos, requiere de la construcción de un marco de políticas que: considere transversalmente sus principios; traduzca las garantías legales en instituciones públicas, políticas públicas y acciones de gobierno; y que éstas hagan realizables cada uno de los derechos para todas las personas. Es así que surge la discusión acerca de lo que significa la “perspectiva o enfoque” de los derechos humanos, a partir del cual se busca articular el acuerdo internacional ético en torno a la defensa de la dignidad humana con el desarrollo de políticas, estrategias y programas para la realización de cada derecho”.

“La literatura acerca de la estructura del enfoque, establece un proceso causal imbricado, que parte de la identificación de principios que dan sentido filosófico, normativo y operativo, cada uno de los cuales deviene en una serie de atributos mínimos indispensables. Una revisión reciente de la discusión internacional, permite establecer un consenso que señala como fundamentales los principios de: a) Universalidad, es decir reconocimiento general de las personas como titulares; b) Igualdad y no discriminación, entendida como la prohibición de distinciones entre personas por su sexo, raza, condición social, opinión o ideología; c) Exigibilidad y justiciabililidad, que consiste en la capacidad personal y existencia de mecanismos institucionales que hagan posible la demanda (vinculante o no) frente a la realización de los derechos; d) Participación, consistente en la posibilidad para todas las personas de intervenir en la toma de decisiones públicas y; e) Integralidad, que refiere a la vinculación que existe entre los derechos y la necesidad de articular mecanismos para su realización. Estos principios, provienen del marco jurídico internacional y para su incorporación en las políticas públicas, se desdoblan en una serie de atributos cuya instrumentación contribuye directamente a la construcción de ciudadanía, creando un “nuevo campo de poder social” (Cunill 2006) (PNUD,2012) (Abramovich, 2006).

“La revisión de la literatura permitió sistematizar un conjunto de 23 atributos para los cinco principios identificados como fundamentales, como muestra la tabla 1.

 

Universalidad Reconocimiento del marco normativo de DD. HH.
Territorialidad
Exigibilidad y justiciabilidad Responsabildiad
Quejas y denuncias
Reparación del daño
Integralidad Realización complementaria
Coordinación y articulación
Intergubernamentalidad
Igualdad y no discriminación Igualdad de oportunidades
Igualdad de género
Justicia distributiva
Respeto a la diversidad
Participación Pluralidad y diversidad
Inclusión
Empoderamiento
Intersectorialidad
Transparencia
Rendición de cuentas
Efectividad Cumplimiento de objetivos
Sustentabilidad
Realización progresiva
Máximo uso de recursos disponibles
Indicadores y puntos de referencia

Tabla 1. Principios y atributos

 

Este conjunto de principios y atributos, constituyen el mapa de características que deberán considerarse para la transversalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y, de manera particular, en la política social”

“Las siguientes tablas muestran una síntesis de los componentes que, mínimamente, deberían establecerse desde el Programa General de Desarrollo para su incorporación en las políticas públicas.

La primera tabla muestra las características que deben contener las políticas para la realización de los derechos sociales. La segunda muestra los componentes mínimos que, una vez incorporados al actuar institucional, permitirán a las personas contar con capacidades para poder hacer exigibles y justiciables sus derechos frente a las autoridades.

Estándar mínimo DESCA
 Dimensiones / Atributos Derechos sociales
 Alimentación  Salud  Educación  Vivienda  Seguridad social Nivel de vida adecuado
  

1.Accesibilidad

•     Ampliación progresiva de cobertura (acceso institucional)

•     Favorecimiento del acceso geográfico a bienes y servicios

•     Mejoramiento de las condiciones de acceso físico a servicios públicos

•     Mejoramiento de las condiciones económicas para el acceso a servicios y bienes asociados con los derechos

 2.Disponibilidad •     Igualación de la magnitud de recursos financieros y físicos (inter e intra institucional e inter e intra espacial)

•     Ampliación progresiva de la oferta (infraestructura, recursos financieros y físicos)

•     Aprovechamiento eficiente de los servicios públicos por parte de la población

•     Monitoreo de la disponibilidad y suficiencia de servicios

 3.Calidad •     Homogeneizar la calidad en servicios (inter e intra institucional e inter e intra espacial)

•     Revaloración los servicios públicos por parte de los usuarios

•     Monitoreo de la calidad

•     Creación y cumplimiento de estándares

 4.Aceptabilidad •      Reconocimiento de programas, servicios y bienes públicos como derechos

•      Eliminación de la discriminación

•      Respeto a la diversidad y prácticas culturales

•      Igualación del uso de servicios entre diferentes grupos sociales

 5.Justiciabilidad •     Introducción de mecanismos institucionales para la exigencia de los derechos sociales

•     Incorporación de mecanismos para la justicia de los derechos sociales

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar mínimo Institucional
 Dimensiones / Atributos   
  

 

1.Transparencia y Acceso a la información

•     Medidas para asegurar los atributos de la información: accesibilidad, aceptabilidad, pertinencia, oportunidad.

•     Medidas para que los usuarios de las políticas sean objetivo de la publicación de información.

•     Medidas sobre un nivel básico y periódico de difusión de información «relevante». Esto es de la información sintética de los resultados de la política instrumentada, los recursos utilizados, tendencias y perspectivas

•     Medidas de monitoreo sobre el uso, capacidades y barreras existentes en el uso efectivo de la información.

•     Acciones de capacitación sobre el uso y explotación de la información

 

  

2.Participación

•     Mecanismos de presentación de quejas y propuestas de mejora de los derechohabientes

•     Incorporación de los derechohabientes en el monitoreo de las políticas públicas.

•     Incorporación de los usuarios/derechohabientes en la evaluación de las acciones o programas de la política social.

•     Creación de capacidades y   estímulo en materia de participación

 

  

 

3.Contraloría Social

•     Medidas para el aseguramiento de la «integralidad» de la contraloría social, esto es, la contraloría social como eje de las políticas públicas.

•     Acciones de estímulo y fomento de la contraloría social en la provisión de los servicios social y los programas sociales.

•     Medidas de incorporación de los productos (sugerencias) derivados de los ejercicios de contraloría social para la mejora de la política pública.

•     Medidas para la incorporación de OSC y especialistas externos en la evaluación de la política pública.

 

  

 

4.Educación Cívica

•     Medidas para reforzar el rol de la educación cívica como elemento integrador de las capacidades ciudadanas respecto a los espacios de interacción socio-estatal.

•     Medidas para la integración de los diferentes componentes de la educación cívica en la política pública. Uso de la política social como plataforma para la educación cívica.

•     Medidas para la generación de capacidades para la maximización de los avances en los otros mínimos de operación de la política pública (transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, etc)

•     Medidas para la incorporación de la educación cívica y ética en la estrategia de profesionalización de la administración pública, particularmente de los sectores relacionados con la política social y educativa

 

 

 

El enfoque de DDHH como cambio cultural

Operacionalizar o poner en práctica el enfoque de derechos humanos plasmado en el Artículo primero constitucional en las políticas públicas requiere efectuar un profundo cambio cultural en la forma de concebir y llevar a cabo esas políticas, así como los programas y la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de legislación, la creación de institucionalidad, la impartición de justica y la asignación y aplicación de los presupuestos, pero esencialmente exige de un cambio en los términos de relación entre los servidores públicos y los usuarios de bienes y servicios gubernamentales.

Demanda en primer lugar de un reconocimiento, de una aceptación por parte de los servidores públicos de que en el ejercicio de sus funciones estatales ellos son los obligados en respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población que vive y transita por nuestro territorio y que es la población la titular de esos derechos, misma que debe disponer de mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables.

El reto consiste entonces en adecuar al enfoque de derechos humanos las normas, los procesos y las prácticas del servicio público a todos los niveles de gobierno y fundamentar las acciones educativas a partir de esas adecuaciones.

La hipótesis que manejamos desde INCIDE Social es que en la medida que se adecuen las normas, los procesos y las prácticas que atañen al trabajo específico que realizan los servidores públicos y dentro de ello se establezcan las sanciones a que estarán sujetos si no acatan esa normas específicas, respetan los procesos y realizan las prácticas como han sido definidas, las posibilidades de modificar las conductas de los servidores públicos para que adopten una perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de su función se hace más factible. Es decir, hay que trabajar trajes a la medida de las distintas funciones que realizan los servidores públicos mismos que tendrán que usar hasta que se logre el cambio y que es esencialmente un cambio de actitud y de trato hacia los usuarios de los bienes y servicios públicos. Algo parecido a la imposición de acciones afirmativas.

Se trata entonces de clarificarle al servidor público cómo debe cambiar su actuación para que se encuentre apegada al marco de los derechos humanos y cumpla su papel como sujeto de obligaciones.

Por muchos años el Estado ha definido planes y programas de desarrollo, ha desarrollado legislación, ha creado instituciones pero estos se encuentran tan lejanos de los servidores públicos que tiene que ponerlos en práctica que las inercias derivadas de modalidades de gestión pública anteriores permanecen inalteradas. Ya no digamos el alejamiento y desconocimiento de esos instrumentos de política pública por parte de los habitantes del país.

El Estado no hace un esfuerzo suficiente de traducción y acercamiento de los planes y programas, reformas estructurales, legislación u oferta de servicios institucionales a la práctica concreta de los servidores públicos y al entendimiento y el posible aprovechamiento por la población.

La propuesta consiste en revisar las normas, los procesos y las prácticas de la administración pública desde el enfoque de derechos humanos y a partir de ello educar a los servidores públicos y a la población usuaria o titular de derechos del significado concreto que en su quehacer o en su beneficio tiene el haber realizado el importante cambio al Artículo primero de nuestra constitución para incorporar los derechos humanos y sustituir el enfoque de garantías individuales.

 

 

[1] INCIDE Social Alfonso Celestino, Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. El ¿Cómo? Del “decidamos juntos. Nueva generación de instituciones para el bienestar

Justicia educativa y grupos vulnerables

 

Agradezco al Observatorio Ciudadano de la Educación la invitación a participar en este evento de la Cátedra Pablo Latapí Sarre. Conocí y aprecié al Dr. Latapí desde los años 70 cuando un pequeño grupo discutíamos sobre la vinculación entre formación profesional y mercado de trabajo, entre ellos se encontraba también el Dr. Carlos Muñoz Izquierdo y el Dr. Manuel Ulloa. En El Colegio de México intentábamos aplicar en esa época bajo la dirección de Don Victor Urquidi, otro excepcional mexicano, la metodología del Proyecto Mediterráneo para proyectar las necesidades de egresados del sistema de educación superior de acuerdo al comportamiento esperado de la economía y de sus sectores de actividad.

Al entrar en materia y pensando en aquellos años cuando como política social se buscaba ampliar la oferta de servicios públicos a la población como los de salud o los de educación, se asumía la existencia de una población homogénea a la que había que atender. Los servicios tenían que ser iguales para todos. Solamente los programas de asistencia alimentaria se dirigían a la infancia de manera específica (la distribución de leche subsidiada y los desayunos escolares) y los de seguridad social protegían a los trabajadores de lo que ahora llamamos sector formal de la economía, pero teniendo la meta de incorporar a todo mundo al empleo formal y a la protección de la seguridad social.

También había un claro sesgo androcéntrico en toda la política social pues fue precisamente en esa misma década cuando el movimiento feminista tomó como su principal demanda el acceso de las mujeres al desarrollo, significando con ello el acceso a la educación, a servicios de salud pertinentes a su condición genérica y también el acceso a la tierra, al crédito, al empleo, entre otros.

Como parte de la política social, la política de asistencia social se dirigía a los grupos con mayores vulnerabilidades: los niños y niñas de la calle, los indigentes, los hijos e hijas de familias sumamente pobres o de reclusos, algunos grupos de población con discapacidades como los de discapacidad visual y parálisis cerebral, todo ello con un gran apoyo de recursos e instituciones de asistencia privadas.

Desde mi experiencia, el tema de la diversidad social no fue considerado en la agenda pública sino hasta finales de la década de los noventa cuando el movimiento de mujeres introdujo la teoría del género y empezó a demandar la creación de instituciones responsables de la igualdad de género y a promover lo que se llama “trasversalizar” el enfoque respectivo. La enorme aportación que hizo el movimiento de mujeres fue introducir que la desigualdad de género deviene de una asimetría de poder donde culturalmente se asume que el sexo femenino está subordinado al masculino. Esta misma desigualdad de poder podría extenderse a muchos de los grupos considerados sujetos a discriminación como son los grupos pobres, las poblaciones indígenas, las trabajadoras del hogar, por ejemplo.

Las varias Conferencias de Naciones Unidas de esa misma década Cairo, Copenhague, Río, Viena, etc.) contribuyeron a colocar también en la agenda pública a la infancia y en los textos de las plataformas o documentos resultantes de las mismas se empezó a introducir una larga lista de grupos de personas sujetas a discriminación por que había la percepción de que si se mencionaba a cada grupo eso lo visibilizaría frente al mundo y aquellas organizaciones que defendían la agenda respectiva tendrían un referente para promoverla. Así ocurrió en la Conferencia de Beijing y es frecuente que al mencionarse a las mujeres que serían sujetas de algún derecho o atención se enlistasen a las refugiadas, las migrantes, las indígenas, las desplazadas, etc.

El levantamiento zapatista de 1994 después de siglos de exclusión y subordinación de los pueblos originarios, nos hace tomar conciencia de lo profundamente discriminatoria que es la sociedad mexicana y las negociaciones entre las sociedad blanca y mestiza termina por no entender la causa indígena y por incumplir los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que de algún modo significaban salirse del modelo liberal que domina nuestra legislación, fundamentado en la propiedad privada y las libertades y derechos individuales.

Pero el tema de la diversidad social en México tuvo realmente su reconocimiento en el campo de las políticas públicas hasta los primeros años de este siglo cuando en 2001 se incorporó en el Art. 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos el derecho a la no discriminación, en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en 2004 se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como órgano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. Asimismo se avanzó en legislación y desarrollo de institucionalidad desde la perspectiva de los derechos para los adultos mayores, las personas con discapacidad, la población indígena e incluso para las mujeres.

La inclusión de los derechos humanos en la Constitución apenas el año pasado y la plena comprensión del significado de la discriminación como la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población en razón del sexo, raza, creencia religiosa o política, nacionalidad, situación social, orientación sexual, edad y condición de discapacidad son temas de naturaleza cultural profunda que tomará varias décadas y muchos esfuerzos y recursos para verdaderamente lograr introducirlos en las relaciones sociales de las personas. No basta con plasmarlos en leyes pues se trata de modificar formas de trato y de relación entre las personas muy arraigadas.

La pregunta entonces es cuáles son las posibilidades de contribución de las escuelas en particular y de la educación en general a este cambio cultural en las relaciones sociales de los diferentes. ¿Qué tan factible es hablar de justicia educativa?

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) encontramos que de cada 10 personas los asuntos que provocan división entre las que viven en un mismo lugar: 6 piensan que es la riqueza, 4.7 los partidos políticos y 3.9 las ideas políticas y 4.4 consideran que es la educación. Las causales que obtuvieron los niveles más bajos son la religión (3.6), la etnia (2.9) y las personas que llegan de fuera (2.7).

Es decir, la riqueza, el conflicto político y la educación son los tres factores que la población consideró que provocan mayor división entre las personas.

En esa misma encuesta las población reconoce como los grupos a los que menos se les respeta sus derechos a las personas homosexuales, indígenas, migrantes y a las que trabajan en los hogares.

Como resultado de tendencias macrosociales diversos estudios muestran una segmentación creciente por niveles socioeconómicos en la asistencia escolar: los sectores de ingresos medios y altos acuden a escuelas particulares y los sectores de ingresos más bajos utilizan las escuelas públicas. Incluso frente a las crisis económicas los sectores medios que tienen que sacar a sus hijos de las escuelas particulares por los elevados costos tienen una sensación de pérdida de estatus y ello ha llevado al gobierno federal a encontrar diferentes maneras de subsidiar a las familias que utilizan la educación privada.

Asimismo, al interior de la educación pública la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los servicios educativos profundizan la desigualdad de acuerdo al grado de vulnerabilidad social de los grupos de población. Es decir, la accesibilidad económica y física, la disponibilidad de infraestructura educativa y la calidad de las instalaciones, equipamiento, personal docente, materiales educativos, etc. es inversa al grado de marginación y exclusión social de los estudiantes. Comparativamente las escuelas rurales y las de zonas urbanas marginadas respecto de las urbanas y aquellas que atienden población indígena respecto de las que se ocupan de población mestiza y blanca están más alejadas, sus instalaciones se encuentran deterioradas, su calidad es más deficiente, tienen grupos más grandes o más pequeños pero multigrado y el personal docente presenta más ausencias y deficiencias. Posiblemente las escuelas inclusivas son más escasas en las zonas de menor nivel socioeconómico.

Es decir, la educación en México en lugar de integrar e igualar oportunidades entre los diversos, acrecienta la desigualdad y profundiza las distancias sociales.

Tal vez si la política educativa fuera exactamente al revés: que las mejores instalaciones, los mejores maestros, las retribuciones más altas, el mejor equipamiento, el mayor gasto per cápita, la investigación educativa de mayor calidad estuvieran destinados a las poblaciones excluidas, de bajo nivel socioeconómico, en zonas rurales e indígenas sería posible que la justicia educativa abonara a una mayor justicia social.

Es decir, que en el contexto de desigualdad socioeconómica y territorial que vive México la educación profundiza la desigualdad. La trayectoria que ha seguido la política educativa en los últimos años a pesar de los compromisos que se externan verbalmente, no parece revertir eses resultado.

Otra perspectiva del tema es el papel que juega o puede jugar la escuela como ámbito socializador de los seres humanos. Considerada junto con las familias, los grupos de pares y los medios de comunicación como uno de los espacios de relaciones sociales donde se construyen y desarrollan los seres humanos, la escuela tiene un papel fundamental si logra encontrar modelos educativos que aprovechen la confluencia de personas diversas en las aulas para superar el desconocimiento, los miedos, los prejuicios que surgen o se portan respecto de las personas diferentes.

“La escuela actúa como dispositivo de reproducción cultural de la conducta ciudadana. Junto con los conocimientos transmite un sistema de lealtades, la competencia, la creatividad la solidaridad o su ausencia, el autoritarismo y las jerarquías, como forma natural de las relaciones sociales” (Cecilia Lipszyc)

Los estudiantes llegan al ámbito escolar con las cargas que han recibido en sus familias respecto a la percepción que tienen de sí mismos frente al grupo familiar y frente a otros grupos, pero es la escuela la que realmente coloca por primera vez al niño o niña frente a los otros y al final refuerza o contrasta y puede modificar las percepciones y los aprendizajes sobre las relaciones con otros adquiridas en casa, así como la ubicación de su propia persona frente al grupo de diversos. La idea que han adquirido los niños y niñas de quienes son sus iguales y quiénes son los otros puede ser modificada con modelos educativos inclusivos que pongan en sintonía las distintas herramientas de las escuelas desde las instalaciones, los docentes, los equipamientos, el modelo educativo, la organización escolar de manera tal que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades de participar y se integren en las actividades escolares y se cuente con mecanismos de solución pacífica de conflictos.

Tiene que haber una acción planeada e intencionada para lograr la integración y el respeto de los diferentes. Incluso es necesario que la escuela desarrolle en los estudiantes capacidades para enfrentar situaciones en otros ámbitos socializadores que refuerzan actitudes discriminatorias como son los medios de comunicación o los grupos de pares, particularmente en la etapa juvenil donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y una manera de lograrlo es diferenciándose de los otros. Es decir la construcción de resilencia frente a la agenda oculta de discriminación en los medios de comunicación y en las relaciones con los amigos.

En la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia aplicada en escuelas públicas de Nivel Superior entre jóvenes de 15 a 19 años de subsistemas federales, estatales y autónomos encontró que es en el bachillerato donde los niveles de intolerancia a la diversidad son altos: 54% de los jóvenes manifestaron que no les gustaría tener como compañero en la escuela a enfermos de SIDA; otro 52.8% señalo que les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1% desaprueba trabajar con personas con discapacidad; 38.3% con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; mientras que el 35.1% con jóvenes que tengan una religión distinta.

Los elevados niveles de acoso y maltrato entre pares que se observa actualmente en las escuelas son causados y a la vez son causa de la violencia que se está viviendo en el país. Parecería estarse naturalizando la violencia como una forma de relacionarse y provoca que las personas que participan en la vida escolar tiendan a autoprotegerse limitándose a llevar a cabo las funciones que les son prescritas formalmente como alumnos, docentes y directivos. Los profesores prefieren no involucrarse en la vida personal y en los conflictos que viven los estudiantes dado que ya no bastan las buenas intenciones y no cuentan con las herramientas para hacerlo de manera segura y profesional.

Lamentablemente no estamos viviendo contextos económicos, sociales y culturales que faciliten el desarrollo de las escuelas inclusivas y de la justicia educativa.

 

Comentarios de Clara Jusidman Rapoport al Cuaderno de Transparencia Núm. 19 del IFAI.

El acceso a la información en la sociedad de consumo: de la comida chatarra a los productos milagro. Autor: Alejandro Calvillo UNNA

El Cuaderno de Transparencia que hoy se presenta, elaborado por Alejandro Calvillo Unna es un texto muy claro, bien estructurado y de una gran calidad didáctica que introduce al lector en los vericuetos y alianzas bajo las que operan las grandes empresas de alimentos industrializados y las comercializadoras de productos milagro en nuestro país. Muestra asimismo las insuficiencias, omisiones y complicidades de las autoridades que conllevan al sistemático engaño hacia los consumidores, vulnerando su derechos al nivel más alto de salud y a la información.

El autor describe de manera clara y contundente como la actuación de estos agentes económicos provoca efectos nocivos en la salud de los mexicanos e induce grandes cambios en la cultura alimentaria nacional que se inician con un condicionamiento y desarrollo de hábitos, preferencias e incluso adicciones, en la infancia mediante la publicidad tramposa que utiliza premios y regalos y crea vínculos afectivos de los niños con las marcas mediante el uso de personajes reales y ficticios.

No es gratuito señala Calvillo que nuestro país ocupe el primer lugar mundial en materia de obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer -y yo agregaría el creciente número de alergias- están relacionadas con el consumo de alimentos procesados con elevados contenidos de azucares libres, sal, grasa saturadas y ácidos grasos de tipo trans.

El texto adopta como eje conductor de su exposición el derecho a la información de los consumidores en México e incluye una gran cantidad de ejemplos concretos tanto del país como de otros lugares y de organismos internacionales involucrados en la salud y la alimentación.

En ese propósito se analiza la importancia de la disponibilidad de información mediante el etiquetado de los productos para que las personas tomen decisiones adecuadas; el desarrollo de legislación y de normas para que los productores tengan información sobre los parámetros a los que deberán apegar sus procesos de producción y su publicidad, supuestamente para evitar daño a las personas e informarlas adecuadamente; aborda también el importante campo de la publicidad tomado como un importante mecanismo de divulgación de información.

Destaca el uso distorsionado y obscuro de información que hacen los productores en etiquetas y publicidad para inducir al consumo de alimentos procesados y de productos milagro y la insuficiencia de la legislación y de las autoridades regulatorias para modificar conductas reiteradas que claramente atentan contra el bienestar de las personas. Muestra como legislación “sin dientes” por lo bajo de sus multas, permite esas conductas violatorias reiteradas y al fin, la burla a las autoridades y a la población.

Podríamos decir que el autor prueba como la disponibilidad de información sobre los productos procesados que comemos a diario es no sólo insuficiente e inaccesible, sino incluso mentirosa, atribuyendo a los productos promocionados beneficios al consumidor que nunca se demuestran. Utiliza para ello los ejemplos de los jugos y de los panes integrales, dos productos que se publicitan y se han incorporado a los hábitos alimentarios como saludables y convenientes, siendo que en realidad están llenos de azúcares y de harinas refinadas y resultan altamente riesgosos. El caso de las margarinas que son el mejor ejemplo de los ácidos grasos de tipo trans, representa otro de los grandes mitos sobre alimentos saludables mencionados por el autor. No se digan los productos milagro a través de cuya venta Genoma Lab una empresa mexicana, ya está vendiendo abalorios en 14 países.

El texto publicado por el IFAI es un testimonio muy bien sustentado sobre los trágicos resultados en la salud de los mexicanos de la reforma neoliberal de Estado iniciada a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Esta reforma se confrontó en los ochenta con las instituciones y programas construidos durante la vigencia en nuestro país del inconcluso Estado de Bienestar, protagónico y proveedor. Se consolidó en la década de los noventa con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y fue asumida y profundizada por los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.

Desde la mirada que nos ofrece el autor sobre el acceso a la información en la sociedad de consumo con énfasis en alimentos procesados y en productos milagro se puede documentar lo que ha venido ocurriendo en muchos otros sectores de la economía real del país y las consecuencias de las reformas neoliberales en el bienestar de la población.

Queda clara la forma como se han venido articulando la alianza entre los intereses económicos de las grandes empresas de alimentos procesados y comercializadoras de productos milagro con las empresas televisoras y de publicidad, donde el Estado incluyendo al Congreso, a las autoridades de economía y en menor medida a las de salud y educación han sido en el mejor de los casos omisas y complacientes, pero con mayor frecuencia cómplices, en tanto que los ciudadanos hemos mostrado una sistemática incapacidad para organizarnos y ejercer nuestro poder como consumidores.

La avidez y la codicia insaciables de los grandes intereses económicos se juntan con la irresponsabilidad, corrupción e ineficacia de muchos servidores públicos y legisladores, frente a la pasividad y el desinterés de la población.

La crisis de obesidad, sobrepeso y agregaría malnutrición, que hoy enfrentamos y que de acuerdo al Dr. Calvillo tiene a las autoridades de salud en una situación crítica que se prevé empeore en los próximos años, es una ejemplo de lo que podríamos llamar violencia estructural construida y ejercida por las élites económicas y políticas del país a lo largo de muchas décadas en una sociedad profundamente desigual, donde incluso las asimetrías entre productores se hacen evidentes.

Sin estridencias el Cuaderno de transparencia que hoy presentamos muestra con gran claridad los mecanismos y procesos mediante los cuales a través de la información, las grandes empresas de alimentos procesados y las comercializadoras de productos milagro colocan el interés de la ganancia por encima de la salud de las personas y como el Estado ha sido anuente a esta situación.

El ejemplo que relata el autor sobre la Ley Federal de Metrología y Normalización promulgada en 1992 en el Gobierno de Carlos Salinas en los años previos a la firma del TLC y la institucionalidad que derivó de su instrumentación, es emblemático de esto que estoy denominando la reforma neoliberal de Estado. En síntesis condujo a que los regulados fueran los que definieran los términos de la regulación, es decir, la iglesia en manos de Lutero.

En la década previa la Secretaría de Comercio y recuerdo muy bien a la entonces directora de normas, Consuelo Sáez, desarrolló un enorme esfuerzo para meter orden en el desarrollo de normas técnicas para la regulación de la producción, procesamiento y comercialización de diversos productos industriales. Me tocó participar como directora del desparecido Instituto Nacional del Consumidor.

El esfuerzo que estaba haciendo Consuelo era tratar por una parte, de acabar con las asimetrías en el desarrollo de normas debida a la presencia en los comités respectivos de representantes de las grandes empresas trasnacionales. Estos representantes estaban más interesados en introducir estándares de producción en las normas que llevaran a la salida del mercado de sus competidores nacionales medianos y pequeños.

El esfuerzo desde la Secretaria de Comercio trataba también de recuperar el protagonismo y la responsabilidad del Estado como ente regulador y promover con ello la protección de los consumidores. Fue la época en que se introdujeron las normas ISO-9000.

Este enorme esfuerzo fue tirado por la borda cuando tres de los cuatro jinetes de la apocalipsis neoliberal: Carlos Salinas, Pedro Aspe y José Córdova, lograron apoderarse de la presidencia de la República y bajo el pretexto de la negociación del TLC se empeñaron con éxito en destruir, desarticular y reducir a su mínima expresión al Estado mexicano y dentro de ello, sus ya de por si precarias capacidades y responsabilidades de regulación de las relaciones entre lo que ahora se llama actores no estatales. Estas intervenciones de regulación eran consideradas por esos personajes como hasta la fecha ocurre, obstáculos para la libertad de los mercados cuya mano invisible se encargaría de poner todas las cosas en su lugar.

De este modo se revirtieron los esfuerzos en materia de normatividad de la década de los ochenta y los comités correspondientes fueron entregados a los grandes intereses económicos que siempre han obstaculizado todo esfuerzo por meterlos en cintura y moderar sus enormes ganancias, ejerciendo el cohecho, las amenazas y las represalias a los servidores públicos,

Aura bien, el autor concentra su análisis sobre el acceso a la información en un tramo de la cadena alimentaria, fundamentalmente el de procesamiento o industrialización de alimentos; posiblemente la opacidad informativa es aún mayor en otros tramos de la misma cadena donde hasta la fecha no hemos desarrollado suficientemente las obligaciones y las modalidades para que los productores y los comerciantes nos alleguen información a los consumidores.

Así muchos de los que consideraríamos alimentos naturales, no procesados, están siendo producidos con la intervención de sustancias y procesos fisicoquímicos que provocan alteraciones en su calidad y contenido. Desde la aplicación de la ingeniería genética en la producción de semillas transgénicas, pasando por la utilización de fertilizantes y agroquímicos, hormonas, antibióticos, colorantes y alimentos industrializados para producir granos, frutas, vegetales, carnes y pescados, los métodos naturales de cultivo y producción de alimentos han sido sustituidos por modelos industriales de producción masiva y controlada que alteran a veces, muy fuertemente, la calidad y naturaleza del producto final.

Hasta la fecha no he visto una etiqueta en un pollo extrañamente amarillo que me explique que le dieron de comer, que medicamentos le aplicaron y como lo estresaron para que tuviera ese tamaño y ese color. Ni tampoco encuentro que en los empaques de barbero o de blanco del Nilo me aclaren qué alimentos les dieron al ser cultivados y que medicamentos pusieron en los estanques. Pero sería aún mejor si me informaran de los riesgos que corro como consumidor vía la ingesta indirecta de hormonas, antibióticos, colorantes, plaguicidas, etc.

Otras cajas negras respecto de la información que recibimos como consumidores, son los tramos de distribución y comercialización de alimentos y el de elaboración y venta de alimentos preparados. Pensamos inocentemente que o los productores y comercializadores son lo suficiente inteligentes como para no envenenarnos de manera rápida, aunque lo hacen de manera lenta y sostenida, o que las autoridades regulatorias agroalimentarias y sanitarias funcionan eficientemente evitando riesgos para la población.

Para terminar reconozco y agradezco al IFAI y al Dr. Calvillo el esfuerzo que hacen en este Cuaderno de transparencia número 19 al proporcionarnos elementos sobre un ámbito tan importante del derecho a la información como es el que se relaciona con aquello que ingerimos todos los días.

Les agradezco también la invitación porque me hizo recordar los tiempos en que como funcionaria pública me dediqué a construir institucionalidad y desarrollar capacidades en lo público para lograr una mejor protección de los derechos de los consumidores en nuestro país, particularmente en materia de alimentos. He sido testigo a lo largo de los años de la destrucción de políticas, programas e instituciones relacionadas con la alimentación de los mexicanos considerada ésta no como una dádiva derivada de programas asistenciales sino como uno de nuestros derechos humanos.