Introducción

Este texto busca plantear algunos interrogantes desde una perspectiva social sobre la posibilidad de instaurar en México un Estado de Derecho que funcione y responda a las diversas expectativas que tienen las personas y grupos económicos, sociales, políticos y culturales que demandan su establecimiento y que sostienen que con ello se atendería la crisis de Estado y de derechos humanos que experimenta el país. No son solo los nacionales quienes así lo piensan sino también los intereses externos como los potenciales inversionistas, diversos organismos internacionales entre ellos los responsables de dar seguimiento a los tratados y convenios internacionales de los que México hace parte o las organizaciones civiles internacionales preocupadas por lo que ocurre en nuestro país.

Se revisan someramente el significado y los requisitos que debería cumplir un Estado de Derecho de acuerdo a algunos marcos teóricos, para pasar a destacar algunos de los obstáculos estructurales que parecerían erigirse para la instauración del mismo en México, así como otros de naturaleza instrumental que se han hecho evidentes en los esfuerzos que se han llevado a cabo en las últimas décadas y que han estado encaminados a ese propósito.

Finalmente se sugieren algunos aspectos críticos para lograr avanzar en el futuro.

1. Expectativas respecto de la instauración del Estado de Derecho en México

El tema  del Estado de Derecho surge recurrentemente como una solución necesaria y urgente para dar seguridad y proteger la libertad, los derechos, la integridad, la vida y la propiedad de las personas, empresas, organizaciones, comunidades, así como para alcanzar una vida digna y la paz. Sin embargo, en una sociedad de mercado, desigual, multicultural y con la persistencia de gobiernos autoritarios en los distintos niveles, las expectativas de los distintos grupos que integran la sociedad nacional varían en muchos sentidos.

Pedro Salazar señala que “Por eso, cuando escuchamos voces que claman la necesidad de instaurar/lograr/consolidar un Estado de Derecho en nuestro país, tal vez, están diciendo muchas cosas. Para algunos la idea evoca el ideal de un Estado jurídico estructurado en clave autoritaria que busca imponer el orden, conservar el statu quo y proteger los privilegios de la clase dominante a toda costa. Para otros puede tratarse de un ideal sustancialmente distinto que aspira a la existencia de reglas mínimas para coordinar la convivencia entre personas libres que solo excepcionalmente tienen que lidiar con una autoridad limitada. Para algunos más, el ideal se inspira en una entidad estatal con poderes limitados pero con amplias facultades para distribuir los recursos económicos con la finalidad de promover un orden social libre pero, sobre todo, justo y equitativo. Y la lista de posibilidades es mucho más amplia. Por lo mismo creo que los llamados para consolidar un “Estado de Derecho” en el país no dicen mucho. (Pedro Salazar, Brújula Ciudadana 63)

Continúa Pedro Salazar especulando sobre este concepto polisémico “Algunos asociarán la idea con un modelo de autoridad implacable inspirada en la lógica de la tolerancia cero; otros imaginarán un estado mínimo y eficaz que recurre excepcionalmente a la violencia y; otros querrán un estado –como se decía antes- liberal, democrático y social de derecho.  (Pedro Salazar, Brújula Ciudadana 63)

Desde esa perspectiva parecería interesante intentar examinar cuáles serían las demandas que distintos estratos socioeconómicos de población estarían formulando ante la instauración de un Estado de Derecho.

Las personas en niveles socioeconómicos altos y sus empresas esperarían el apego a las leyes que protegen sus privilegios y que refieren principalmente al mantenimiento y a la posibilidad de heredar su riqueza en general y sus propiedades en particular, es decir una legislación fiscal y sobre derechos de propiedad que no las afecte. Asimismo una legislación económica que les permite continuar con los procesos de acumulación de riqueza e ingresos de que gozan como son las que permiten las elevadas concentraciones de mercados en pocas manos tales como los monopolios en los medios de comunicación, en la industria farmacéutica, en la explotación minera, en la construcción de infraestructura, como ejemplos o las que les permiten eludir el pago de altos impuestos. En los últimos años también se interesan por una mayor seguridad y una mejor aplicación de la justicia frente a los estragos de la violencia que comparten con otros grupos y que los ha convertido en víctimas de secuestros, extorsiones e incluso, expropiación de sus propiedades. Su reciente inquietud por la promoción de un Estado de Derecho deviene del constante aumento de los porcentajes que deben pagar a funcionarios y servidores públicos para poder ser beneficiarios de las licitaciones y contratos de gobierno.  Estos grupos poblacionales viven al interior del castillo o bajo  capelos construidos por la protección que les brindan las autoridades. Sin embargo lentamente están siendo alcanzados por la inseguridad, la violencia y una corrupción creciente y preferirían un Estado con tolerancia cero a las trasgresiones a las leyes en materia de seguridad.

Para los sectores medios de la población sobre cuyas espaldas recae buena parte del sostenimiento del Estado,  una preocupación creciente y de larga data son la corrupción, impunidad, patrimonialismo, abuso del poder y colusión con empresas y crimen organizado que se observa en los funcionarios y servidores públicos de todos los niveles de gobierno y en los  poderes ejecutivos, judiciales y legislativos federal y estatales; el enorme presupuesto que se llevan los partidos políticos y el costo de las elecciones y todo aquello que significa que los recursos que mayormente aporta este sector de población al erario mediante el pago de impuestos, se conviertan en ingresos ilícitos de otros o sean gastados para acceder o mantenerse en el poder y no se traduzca en beneficios sociales. Como consumidores les preocupa la poca protección que tienen frente a la impunidad y abuso con que opera el sistema financiero mexicano especialmente en relación con el funcionamiento de las tarjetas de crédito; el monto y el cambio constante en las tarifas, así como las arbitrariedades de los que operan los servicios públicos (teléfonos, luz, agua, combustibles), y de los impuestos prediales; la indefensión frente a los precios y calidad de los bienes y servicios que adquiere en el mercado; la elevación constante de los precios de los seguros médicos, de automóvil y de sus propiedades; los cambios incontrolables en el uso del suelo de sus entornos de vida, el creciente congestionamiento vial y la falta de opciones de transporte público. Su dificultad de acceso a información veraz y creíble de lo que acontece en el país por la ausencia de libertad de expresión y por el control de los medios de comunicación por los gobiernos y el crimen organizado. Los robos y asaltos a sus viviendas, a sus vehículos y personas que derivan de la delincuencia común también los afectan. Las desapariciones forzadas y las pérdidas de vidas inocentes o el viacrucis por el que transitan las víctimas indirectas del crimen organizado y de la violación a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, forman parte también de su desesperación ante la ausencia de un Estado de Derecho en el país.

Dentro de estos sectores medios, los pequeños y medianos empresarios padecen los abusos de los inspectores; los altos pagos por la seguridad social, el INFONAVIT y los impuestos; la competencia de empresarios que operan en el sector informal de la economía y que evaden los impuestos y el pago de prestaciones laborales y que les hacen competencia con mercancías robadas o de contrabando de otros países que muchas veces se tramitan por la vía de las actividades informales; el robo de mercancías, el cobro de piso, la expropiación de sus propiedades, equipo, maquinaria, ganado y los secuestros por parte del crimen organizado. Padecen de una economía que no crece, no genera empleos, no genera ingresos, no desarrolla mercado interno por que por Ley y en estricto apego a ella, el Banco de México sólo se ocupa de que la inflación no aumente.

Los sectores de población en estratos medios populares comparten la preocupación por el pésimo desempeño de la economía, la política de control de los salarios mínimos legales y por tanto, los bajísimos salarios que reciben  por su trabajo; o si operan en actividades informales la necesidad de hacer pagos a los líderes del comercio ambulante, a los inspectores de calle y al crimen organizado; la carencia de opciones de empleo, ingresos y educación para sus hijos adolescentes y jóvenes; el deterioro de la calidad de los servicios públicos de salud y educación y el alto costo de los servicios sociales privados; los precios que deben pagar por las viviendas de interés social que adquieren y que con frecuencia son muy pequeñas, están muy alejadas de sus lugares de trabajo y de las escuelas y que además son de mala calidad; la insuficiencia, la deficiencias, los riesgos de seguridad y el alto costo que les representa el transporte público; la violación a sus derechos humanos por funcionarios y servidores públicos de los sistemas de seguridad y justicia y el maltrato por parte de aquellos que operan las ventanillas de los servicios de gobierno.

Los sectores pobres de los cuales poco más de 20 millones de personas de acuerdo a las cifras recientes de CONEVAL[1] no obtienen siquiera ingresos suficientes para adquirir una canasta alimentaria y sufren la ausencia de una Estado Social de Derecho en su propia pobreza: no tienen trabajo o si lo tienen es precario, los ingresos que reciben, crecientemente integrados por programas públicos de transferencias de ingreso, no les alcanzan para llevar una vida digna. Una proporción creciente vive en las ciudades y otra en comunidades muy alejadas de los centros donde se dispone de servicios públicos de salud y de educación; habitan viviendas precarias y presentan déficits en alimentación, salud y educación. No acceden a la seguridad social. Forman parte de las clientelas de los partidos políticos que los utilizan electoralmente para ganar posiciones de poder. No gozan de libertad, ni tienen acceso a la justicia. Los jóvenes hombres de estos estratos de población son capturados u optan por integrarse al crimen organizado que los utiliza como ejércitos para sus guerras o se incorporan a las filas del ejército o como maestros rurales; otros junto con las mujeres jóvenes migran a las ciudades o al exterior para prestar en su mayoría servicios personales de trabajo del hogar, aseo y limpieza, cargadores,  trabajos de la construcción o como peones agrícolas en otros estados en donde no cuentan con protección laboral, trabajan horas prolongadas, reciben bajas remuneraciones y experimentan altos riesgos de trabajo.

Los pueblos originarios buscan la defensa de la posesión y el usufructo de sus recursos naturales frente a los intereses del crimen organizado y de las empresas nacionales y transnacionales de minería, turismo, energías alternativas, producción de productos de exportación y extracción de otros recursos naturales. Defienden sus usos y costumbres y sus propios sistemas de seguridad y justicia.

Los migrantes nacionales y de otros países que transitan por México esperan una legislación y un Estado que proteja sus derechos humanos, especialmente su vida, su integridad y su dignidad.

De lo expuesto las expectativas varían grandemente entre un grupo y otro de población sobre lo que sería necesario asegurar al desarrollar el Estado de Derecho. En algunos casos sus expectativas se contraponen. Es posible encontrar algunos aspectos compartidos como son:

• El acceso a una justicia expedita y la igualdad frente a la ley,
• la superación de la corrupción, de la impunidad y de la privatización de los recursos públicos,
• la regulación y el establecimiento de límites a las empresas que funcionan en los mercados y que abusan de los consumidores y usuarios de sus servicios,
• el mejoramiento en la disponibilidad y calidad de servicios público sociales y el control y protección de los usuarios cuando estos son proporcionados por empresas privadas u organizaciones civiles.
• la protección frente al crimen organizado y la delincuencia común

Desde la perspectiva de los derechos humanos tenemos un Estado que no cumple con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos de todos y todas. No es un Estado de Derecho posiblemente para ninguno de los grupos de población mencionados, pues aún para los estratos con mayores ingresos es un Estado que falla en sus obligaciones de proteger y brindar seguridad, aunque respete y proteja sus privilegios económicos y sociales y les facilita en su caso, el acceso a la justicia.

Para los otros grupos el Estado Mexicano falla tanto en garantizar las libertades fundamentales como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Antonella Attili concluye “Tenemos un Estado débil e ineficaz, incluso en sus funciones fundamentales de garante exclusivo de la seguridad en distintas vertientes. Es un Estado ineficiente en la administración pública, con instituciones (públicas) de diverso tipo marcadas por el anquilosamiento burocrático y la corrupción; ineficaz en el cumplimiento de sus funciones (seguridad, justicia, educación, salud) y, asimismo, en la afirmación de una política hacendaria (fiscal) nacional adecuada para el desempeño de sus políticas públicas. Tenemos un Estado de derecho que todavía en ciernes y necesitado de las urgentes reformas políticas estructurales –llamadas de segunda y tercera generación-, para que, junto con los derechos políticos vigentes, sea capaz de hacer efectivos también los derechos civiles (seguridad, justicia) y sociales (salud, educación)”. (Democracia y Estado de derecho en México. Entre pasado y porvenir).

2. Conceptualización de Estado de derecho.

Después de la revisión anterior parecería necesario tener una definición de Estado de derecho lo más comprensiva posible y que no sólo destaque la garantía a las libertades, la vida, la integridad y la propiedad de los individuos como ocurrió en su origen cuando se trataba de proteger a estos frente a los gobiernos absolutistas. Es necesario que la definición incluya la protección de los derechos colectivo, considerados a veces como derechos prestacionales que atienden a condiciones fundamentales para lograr una vida digna como son los relativos al trabajo y del trabajo, a la seguridad social, a la educación, a los niveles más altos de salud, a la vivienda digna, al agua, entre otros.

Mariella Saettone nos recuerda que “Desde el punto de vista de la filosofía política, el Estado de derecho surge en el contexto de la teoría política y económica del liberalismo, que sienta el principio de la libertad individual, reafirmando como premisa fundamental la autonomía del individuo”. (El estado de derecho y los derechos económicos sociales y culturales de la persona humana).

Continúa señalando que “Desde la perspectiva individual, la persona humana obtuvo especialmente el respeto a sus derechos civiles y políticos lo que determinaba fundamentalmente para el Estado la obligación de no interferir en el goce de estos derechos, configurando así lo que la doctrina ha llamado “libertad negativa#, en el sentido de que el Estado tiene la obligación de no hacer”. ( Mariella Saettone)

“El concepto de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) se refiere por lo tanto a un nuevo relacionamiento del Estado con la persona humana, en tanto éste en su carácter de institución instrumental al servicio de la misma, se obliga a hacer y a destinar recursos para la realización progresiva de estos derechos que hacen al pleno desarrollo de la persona humana. Aparece así el concepto de libertad positiva, “libertad para”, lo que complementa perfectamente el concepto de libertad negativa, propia de los derechos civiles y políticos”. (Mariella Saettone).

Algunos autores consideran que aún para la realización de los derechos civiles y políticos el Estado no sólo tiene que dejar de hacer sino que tiene que invertir recursos y desarrollar capacidades como son las instituciones y sistemas electorales, las capacidades de investigación de violaciones a los derechos civiles y la operación de un complejo y extenso sistema de justicia.

Las fallas en el funcionamiento del Estado de Derecho con frecuencia se originan en el insuficiente desarrollo de capacidades estatales y de inversión para que las personas sean atendidas y servidas con igualdad y equidad.

Ahora bien Naciones Unidas[2] define Estado de derecho en los siguientes términos:

Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que

• se promulgan públicamente,
• se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.

Asimismo sugiere se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de

• primacía de la ley,
• igualdad ante la ley,
• rendición de cuentas ante la ley,
• equidad en la aplicación de la ley,
• separación de poderes,
• participación en la adopción de decisiones,
• legalidad,
• no arbitrariedad, y
• transparencia y proceso legal

Elías Díaz en su libro Estado de Derecho y Sociedad Democrática, citado por Sergio R. Márquez Rábago[3], ubica los elementos necesarios al Estado de Derecho como sigue:

1. Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general.
2. División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
3. Legalidad de la Administración: actuación según ley y suficiente control judicial
4. Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico formal.”.

De acuerdo con el Índice del Estado de Derecho publicado anualmente por proyecto mundial de justicia (The World Justice Project)[4], un Estado de Derecho es aquel en el cual se respetan los siguientes cuatro principios:

1. El gobierno en su conjunto y sus funcionarios son públicamente responsables ante la ley;
2. El proceso a través del cual las leyes son aprobadas, administradas, e implementadas es accesible, justo, y eficiente;
3. Las leyes son claras, públicas, estables, y justas, y protegen derechos fundamentales tales como la seguridad de los ciudadanos y la defensa de su propiedad;
4. El acceso a la justicia es garantizado por representantes e instancias jurídicas que son competentes, independientes, éticas, suficientes en número, que tienen recursos suficientes, y que reflejan las características de las comunidades que sirven.

A partir de las tres definiciones anteriores interesaría destacar cómo se construye, cómo opera y a quién aplica el Estado de Derecho.

¿Cómo se construye?

Un postulado fundamental es que el proceso a través del cual las leyes son aprobadas, administradas, e implementadas es accesible, justo, y eficiente. Existe participación en la adopción de decisiones. Las leyes son claras, públicas, estables y justas, y protegen derechos y libertades fundamentales. Por lo que se acepta el imperio de la ley como expresión de la voluntad general[5].

Hay una división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Existe una independencia entre estos y cada quien ejerce sus funciones con autonomía y con apego a la ley.

¿Cómo opera?

Legalidad de la Administración: actuación según ley y suficiente control judicial

El acceso a la justicia es garantizado por representantes e instancias jurídicas que son competentes, independientes, éticas, suficientes en número, que tienen recursos suficientes y  reflejan las características de las comunidades que sirven.

Primacía de la ley bajo los principios de Igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en su aplicación, no arbitrariedad y existe transparencia y proceso legal

Se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios  internacionales de derechos humanos.

¿A quién aplica?

Todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a la ley.

El gobierno en su conjunto y sus funcionarios son públicamente responsables ante la ley

Si se utiliza el desglose anterior de los componentes del Estado de Derecho para examinar lo que ocurre en México y en sus diversos territorios, se observa un grave déficit en la mayoría de ellos. Por ejemplo, no existe una real separación de poderes y aunque se ha avanzado en ello al nivel federal, recientemente, con la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y con las últimas elecciones plagadas de irregularidades, se observa nuevamente un retroceso. El Poder Ejecutivo busca recuperar el pleno control sobre los Poderes Legislativo y  Judicial.

Al nivel de los Gobiernos Estatales la situación se agrava pues en la mayoría de ellos la promulgación de leyes se hace de acuerdo a los intereses del Ejecutivo y de los poderes de hecho; por su parte los poderes judiciales locales se encuentran sometidos a los designios de los gobernadores.

Incluso los diversos órganos autónomos de Estado que se fueron creando para generar mayores contrapesos y para regular a los agentes que intervienen en materias específicas como son derechos humanos, elecciones, transparencia y acceso a la información, libertad de expresión, competencia, entre otros, no llegan a constituirse como tales ni al nivel Federal y mucho menos estatal. Estos se encuentran capturados por los partidos políticos, por los poderes ejecutivos o por los agentes a quienes deben regular.

Esta condición básica de los poderes del Estado provoca que no exista igualdad ante la Ley, ni equidad en su aplicación, que predomine la arbitrariedad y la falta de transparencia y de rendición de cuentas en los procesos legales. La legalidad es una ilusión y los primeros en corromper las leyes son los funcionarios y servidores públicos que al hacerlo obtienen beneficios privados y poder. Determina una situación de subordinación de las personas a redes de intermediación para poder realizar sus derechos como lo analiza Gisela Zaremberg en ……………

Los representantes e instancias jurídicas que aplican la ley no son en su mayoría  competentes, ni independientes, ni éticas, dado que con frecuencia resuelven de acuerdo a las instrucciones que reciben de sus superiores o de  los intereses que protegen. Tampoco son suficientes en número y se encuentran alejadas de las poblaciones que son más vulneradas por actos ilegales, abusos, subordinación, despojo y violación de sus derechos. Tampoco tienen recursos suficientes, ni  reflejan las características de las comunidades que sirven. 

3. Obstáculos para la instauración de un Estado de Derecho

A continuación se señalan algunos obstáculos que dificultan la instauración de un Estado de Derecho en México.

En primer lugar destacaría la persistente desigualdad combinada con discriminación y exclusión. La desigualdad económica combinada con la discriminación de género, étnica, religiosa, de orientación sexual, de origen nacional entre otras, conlleva a la desigualdad social que se traduce en condiciones diferenciadas de acceso a la realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población. También significa desigualdad de agencia para exigir al Estado la realización de esos derechos, para participar efectivamente en las deliberaciones que conducen a la promulgación de leyes y en la definición de políticas y programas públicos y  termina en  falta de igualdad frente a la ley y de equidad en su aplicación. Existen grupos de población totalmente excluidos de las deliberaciones públicas que son sometidos a decisiones que no tienen en cuenta sus intereses o inclusive se contraponen a estos como sería el caso de las concesiones mineras de casi la mitad del subsuelo mexicano que tanta molestia han generado en las comunidades que viven en los territorios concesionados.

El tamaño, la diversidad de la población y su dispersión en el territorio se erigen como otro obstáculo para la instauración de un Estado de Derecho. Combinada con la desigualdad y las limitaciones en el acceso libre y oportuno a información, se dificultan grandemente las posibilidades de participación, establecimiento de diálogos y construcción de consensos que la democracia electoral y la elección de representantes para los poderes legislativos por sus enormes fallas, no acaba por resolver. Las leyes se formulan al margen de las mayorías y minorías, no son traducidas para hacerlas accesibles a la población y menos son ampliamente publicitadas. Se habla popularmente de que las leyes se formulan para ser violadas,  sería más correcto decidir que se formulan para ser usadas sólo por aquellos que las tienen que aplicar, o porque las conocen por que intervinieron en su desarrollo y que derivan beneficios de las mismas.

Los partidos políticos y su disputa por el poder y por el acceso a los recursos que el mismo significa, se convierten en un obstáculo para la revisión colectiva de las normas que deberían regir la  convivencia; generan y diseminan el conflicto político al nivel de comunidades e incluso familiar y atenta contra la solidaridad, el tejido social y  la paz.

La enorme y compleja infraestructura física, social y económica desarrollada a lo largo de varias décadas en México constituye una expresión concreta, presente, visible y difícilmente reversible de violaciones sostenidas a la ley, de omisiones legales y de la corrupción, captura e impunidad de los poderes del Estado en todo el territorio nacional. Las ciudades han tenido un fuerte crecimiento en el mayor de los desórdenes sin planeación ni regulación alguna, sin respetar usos de suelo,  invadiendo zonas de riesgo y reservas ecológicas, con mafias apoderadas del comercio ambulante, del autotransporte público y de los desarrollos inmobiliarios. Son un ejemplo en términos físico y materiales de la ilegalidad que permea la vida de la población. Más del 80 por ciento de la población en México vive en zonas urbanas y su gestión se ha salido de las posibilidades de sus gobiernos.

La ilegalidad ha sido la base del desarrollo de muchas ciudades en México, de numerosas actividades económicas ahora agrupadas en el sector informal de la economía, del surgimiento de establecimientos que hacen una oferta de sustancias y actividades prohibidas y  origen de la riqueza de varias personas y familias.

Así las ciudades de la frontera norte se fundaron a partir de permitir en su territorio la realización de una serie de actividades que estaban prohibidas en Estados Unidos, particularmente la venta de alcohol en la época de la prohibición derivada la Ley Volstead. Son ciudades que crecieron rápidamente como espacios francos, donde lo no legal era la normalidad. Tijuana y Ciudad Juárez permitieron el juego y las apuestas, la prostitución y el consumo de alcohol; Matamoros se caracterizó por permitir el contrabando de productos traídos sin control; lo que marcó a Mexicali fue la producción y consumo de drogas desde principios del siglo XX.[6] Posteriormente se incorporaron los abortos ilegales y los matrimonios y divorcios al vapor y en años más recientes el tráfico de armas, drogas, órganos y la trata de personas.

Las actividades en el sector informal de la economía surgieron en los años setenta frente a la incapacidad de desarrollo de la industria de absorber en ocupaciones protegidas por ley, a todos los trabajadores  que migraron a las urbes como resultado de la crisis del campo. Eran actividades que ofrecían servicios de bajo costo a la población obrera realizadas en su mayoría por trabajadores por cuenta propia y sus familias y que su establecimiento requería de muy bajo capital y poca capacitación. Eran de algún modo actividades lícitas. El desarrollo posterior de este sector hasta llevarlo a ocupar al menos el 60 por ciento de la población trabajadora del país incorporó actividades subterráneas de empresas formales para evitar el cumplimiento de la ley y la venta de productos pirata, de contrabando y robados o cuya fecha de utilización ha expirado. Es decir, es un sector cuyo fundamento se encuentra en la operación fuera de la ley y que proporciona las bases de la subsistencia de millones de familias mexicanas. Contribuye fuertemente a generar una cultura de la ilegalidad considerada como normal.

El surgimiento de establecimientos que ofrecen productos y servicios prohibidos que son un factor precursor de las violencias y la delincuencia es un ámbito en crecimiento en todas las ciudades del país y su presencia significa la violación de disposiciones legales y la corrupción y connivencia de autoridades locales. La proliferación de casinos y establecimientos de juego, de antros, bares y cantinas donde se vende alcohol y se tiene acceso a drogas, la tolerancia a loterías y apuestas como la “bolita” en Mérida, la operación de lugares clandestinos donde se obliga a la prostitución de mujeres y niñas son muestra de un creciente relajamiento del Estado de Derecho precario que se tenía en el país

La descentralización del poder y los poderes locales. Desigualdad en la naturaleza de los gobiernos locales, de sus capacidades reales de gobierno, de su captura por intereses de hecho (empresarios, caciques locales y crimen organizado)

La desestructuración de capacidades de ejercicio de gobierno y la desigualdad  en poder, en recursos, en infraestructura y en recursos humanos y tecnológicos

“El difícil proceso de consolidación de la democracia mexicana debe hacer un ajuste de cuentas con: a) unas elites que desoyen las críticas a su actuar político y los reclamos de susperar la política efectista y sensacionalista prevaleciente; b) la corrupción y la irresponsabilidad pública; c) muestras de supervivencia entre las diversas fuerzas políticas del autoritarismo, del caudillismo, así como con una política apoyada en el clientelismo; d) el clima hostil y de degeneración política para la actuación de las nuevas instituciones del sistema político mexicano; e) la persistencia cultural de la ilegalidad y la falta de cultura cívica; f) ,medios de comunicación irresponsables”. (Antonella Atilli)

Qué hacer?

«El actual déficit de arraigo de la credibilidad institucional subraya las ingentes labores por realizar (dese el fortalecimiento institucional a las reformas oportunas, así como la labor informativa y formativa de los ciudadanos)” (Atilli) .

“La mexicana, como toda democracia, es una forma de gobierno y un conjunto de normas para organizar la formación de la voluntad política de una sociedad; puede garantizarnos formas pluralistas incluyentes, pacíficas, así como que el ejercicio de poderes públicos se someta a controles y asuma responsabilidades legales y políticas. El que llegue a tener los contenidos y la calidad deseados depende, en primer lugar, de la acción de los políticos, de sus decisiones y de las políticas concretas que produzcan. También depende de que la sociedad (ciudadanos, instituciones públicas, medios de comunicación, intelectuales, élites de poder) sea capaz de exigírselo” (Atilli).

Separación de poderes

Parece importante, para continuar con la transición democrática y la reforma del Estado, pensar en independizar más los poderes, con lo cual quedarían como pendientes a resolver:

1. Desarrollo y formulación de legislación que permita avanzar hacia una democracia participativa en donde las figuras de consulta popular, plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato se incorporen a la legislación de manera clara y plena y se facilite su realización eliminando los requisitos complejos y costosos.
2. Buscar una nueva forma de designación de los Ministros de la SCJN, sin participación del Ejecutivo Federal.
3. Nueva forma de designación de las autoridades y consejos de los órganos constitucionales autónomos sin intervención de los Poderes.
4. Independencia Presupuestal del poder Judicial, Poder Legislativo, y órganos constitucionales autónomos, asignando recursos fijos del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin intervención del Ejecutivo Federal” Sergio R. Márquez Rábago Estado de derecho en México
5. Mejor distribución y acceso a instancias de procuración, administración e impartición de justicia en el territorio; mayor proximidad con la población y hacer más accesibles y accesibles los procesos de denuncia.
6. Traducción de la legislación a formatos y a un lenguaje más accesible a la población para hacerla claras y públicas.
7. Facilitar las consultas públicas relativas a leyes que se encuentran en proceso de ser promulgadas para recabar la opinión de la población.
8. Revisar la composición y operación de los Consejos de la Judicatura de manera que se constituya en un mecanismo efectivo y autónomo de control del desempeño de los funcionarios de los poderes judiciales, facilitando además la presentación de quejas.
9. Revisar los recursos (fideicomisos) que se allegan los poderes judiciales por diversos pagos que reciben de la población y que en ocasiones terminan aplicándose para beneficio de los funcionarios y servidores públicos de los Poderes Judiciales.

[1] Consejo nacional de Evaluación de la Política Social. Medición de la pobreza en México. Resumen ejecutivo 2015.

[2] Naciones Unidas Consejo de Seguridad (2004), El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. S/2004/616 pár. 6)

[3] Sergio R. Márquez Rábago. Estado de derecho en México

[4] http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf consultado el 27 de enero de 2015

[5] “El Estado de Derecho se compone no solo por instituciones estatales sino que requiere que la sociedad civil organizada y no organizada participe de la deliberación sobre las cosas públicas, las cosas que nos conciernen y afectan -para bien y para mal- a todos. No solo eso, para que exista un verdadero Estado de Derecho se requiere una agenda social que se refleje en los hechos y en la vida de todas las personas” (Pedro Salazar, Brújula Ciudadana 63)

[6] INCIDE Social (2015)  Resumen sobre los factores precursores, de riesgo, detonantes y de contención de las violencias en varios municipios de México. Investigación en curso.