La Silla Rota. 06 de diciembre de 2022.

Militantes de los partidos políticos de oposición, que ocuparon puestos en el poder legislativo o en los gobiernos, buscan actualmente a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)con el propósito de formar alianzas y proyectar una imagen ciudadana frente a la población.

Están realmente preocupados por el rechazo popular a sus partidos debido a la absoluta ausencia de democracia en su operación, sus fallidas gestiones en el poder, así como probados niveles de corrupción y enriquecimiento de muchos de sus miembros.

Todos los partidos han sido temerosos y a veces antagónicos de las OSC. Durante décadas, cualquier organización que surgiera en el país era cooptada o destruida por el PRI. A partir del cambio democrático del 2000, los partidos mantuvieron un cierto nivel de prudencia frente a ellas.

En el sexenio de Vicente Fox varios líderes de las organizaciones se incorporaron a puestos a su gobierno. Impulsaron un medio ambiente público más amigable para el desarrollo de las OSC.

Esa prudencia se terminó con el actual gobierno. Las OSC han sido colocadas por el presidente como parte de las élites, del conservadurismo y de la intermediación corrupta; calificativos que hace extensivos a todo tipo de organizaciones, no sólo a las OSC.

Tengo treinta años de participar en organizaciones de la sociedad civil y de analizarlas. Inicié mi participación en organizaciones en lucha por la democracia invitada por Miguel Basáñez al Acuerdo Nacional por la Democracia, ACUDE. Era una organización integrada por intelectuales que habían desertado de sus partidos político, provenían de la administración pública   o de la academia. Fueron mis compañeros José Agustín Ortiz Pinchetti, Amalia García, Demetrio Sodi, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jaime González Graff, Rubén Aguilar, Bernardo Bátiz, José Antonio Crespo, entre otros. Nuestro interés era liberar de manos de la Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones para posibilitar un cambio democrático en procesos electorales organizados en forma autónoma por la ciudadanía.

En 1994, ya como presidente de ACUDE junto con otras seis organizaciones civiles, convocadas por Sergio Aguayo, creamos Alianza Cívica.

En la historia de las OSC mexicanas la experiencia de Alianza Cívica ha sido la única donde junto con cientos de organización civiles depusieron sus agendas y se integraron en un gran movimiento ciudadano. El propósito era observar las elecciones presidenciales de 1994 en todo el país y avanzar hacia el cambio democrático.

Ahora bien, el ámbito de las OSC en México es crecientemente heterogéneo. Sus campos de acción se han ido diversificando y ampliando. Además de preocupaciones auténticas para motivar su constitución y un innegable aporte de trabajo voluntario – ante la gran ausencia de una cultura de filantropía y participación de la ciudadanía mexicana – fueron cayendo en dependencia del crecientemente escaso financiamiento externo.

En México fuera de un disminuido fondo de inversión que hasta este gobierno operaba el desparecido Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), los gobiernos de los distintos partidos se han negado a considerar la asignación de recursos públicos para financiar las importantes tareas que llevan a cabo las OSC. Estas defienden derechos de grupos discriminados, trabajan directamente con las comunidades, protegen los recursos comunes y colocan en la agenda pública temas que surgen de los dolores que padece la población y que el gobierno no alcanza a percibir, y menos a atender.

Las OSC generalmente están integradas por muy pocas personas, no representan, ni pretenden hacerlo, a grandes grupos de población. Defienden agendas de los derechos y atiende a personas maltratadas, victimizadas, discriminadas o excluidas.

En las dos últimas décadas con la participación de jóvenes con altas calificaciones académicas, algunas se han constituido en observadores de la gestión de los gobiernos y a veces son financiadas por el sector privado.

Cubren todo el espectro político desde las más intransigentes en el reconocimiento de derechos humanos hasta las que promueven todos los derechos incluidos en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales. Se originan en la diversidad social y económica. Lamentablemente son muy pocas comparativamente con lo que ocurre en países como Chile, Brasil o Estados Unidos.

Pretender lavar la cara de los partidos políticos o de sus candidatos mediante alianzas con OSC y pensar que eso será atractivo para la ciudadanía, corrobora el enorme desconocimiento que los políticos profesionales tienen sobre la sociedad civil organizada a la que ellos mismos han obstaculizado durante décadas.

Me da mucho gusto estar nuevamente en una de las magnificas reuniones promovidas por la FECHAC con las organizaciones de la sociedad civil o del Tercer Sector de Chihuahua como algunos prefieren denominar a este conjunto de ciudadanos y ciudadanas que se organizan en diversas modalidades y con distintos propósitos para incidir en la vida pública del país sin aspirar a acceder al poder político y sin fines de lucro.

Personalmente pienso que referirse al tercer sector no es una denominación que aplica a la tradición constitucional mexicana donde se plantea la existencia de tres sectores: el público, el privado y el social, estando este último constituido no sólo por ONGs e instituciones de asistencia privada sino fundamentalmente por comunidades, ejidos, sindicatos, cooperativas, asociaciones de profesionistas, gremios, etc.

Al utilizar el término Tercer Sector se desconsidera la enorme tradición mexicana de organización colectiva que viene desde la época prehispánica y que lamentablemente ha sido tan afectada y combatida en las últimas décadas de individualismo dominante.

Pienso que la denominación de Tercer Sector viene más de la tradición sajona donde las representaciones colectivas de trabajadores, agricultores, profesionistas, artesanos, grupos indígenas y colectivos de diversa índole que promueven y defienden los derechos de sus propios integrantes nunca han tenido una presencia importante. Esta presencia y poder son ampliamente superados por la presencia, el poder y los recursos económicos del sector de la filantropía que es de alguna manera, la cara de responsabilidad social del sector privado.

Ahora bien, me pidieron que compartiera con ustedes algunas reflexiones sobre la colectividad ¿el principal reto del sector social?

Si uno busca en el diccionario el significado de colectividad se refiere al conjunto de personas que persiguen un objetivo común o al conjunto de individuos agrupados que comparten los mismos intereses, ideales o que se reúnen para un fin.

Cuando se plantea a la colectividad como posible reto del sector social quisiera traducirlo como una preocupación sobre la construcción un sentido de conjunto, de pertenencia a un grupo, a una comunidad, a un Estado o como la búsqueda de objetivos y fines compartidos que nos brinden el sentido de pertenecer a una colectividad. Esto puede tenerse por afiliación u origen al practicar una religión, pertenecer a un grupo étnico o a una nacionalidad que vive en otro país: la colectividad española en México o la colectividad judía en Argentina. Tiene cierto sentido de automaticidad, simplemente se es parte de esa colectividad y la pertenencia a la misma no demanda de mayor esfuerzo excepto el de aceptar ser parte. Hay ciertamente muchas personas que conscientemente rechazan ser parte de sus colectividades de adscripción originaria.

Pero pienso que el problema que nos preocupa se relaciona más bien con la pérdida en los últimos 30 años de un sentido de pertenencia a una colectividad con la que compartimos ciertos ideales y objetivos comunes, tenemos normas de conducta y convivencia y referencias culturales compartidas y de manera muy importante, contamos con mecanismos de control y sanción para aquellos que no respetan las normas consensuadas por la colectividad y que por lo tanto serán excluidos o castigados como ejemplo para que otros no rompan esas reglas y que la trasgresión no se vuelva a repetir.

La colectividad o la comunidad dispone de cuatro agentes socializadores de los seres humanos que introducen o incorporan a las personas a los objetivos comunes, a los referentes culturales y a las normas de convivencia y de algún modo, les transmiten el papel que deberán jugar en esa colectividad por su sexo, edad y condición socioeconómica. Los cuatro agentes socializadores que contribuyen a la construcción social de los seres humanos son las familias, la escuela, los grupos de amigos y los medios de comunicación, mismos que se supone deberían actuar de manera compatible con los valores y las normas colectivamente compartidos.

Este proceso de socialización o de inclusión de las personas a su colectividad debería tener como propósito último alcanzar una vida buena para todos los integrantes de la misma e impedir que el conflicto destruya los lazos sociales que unen a los integrantes de la colectividad.

La realidad que estamos viviendo donde han aflorado distintas violencias y la conflictividad social está a flor de piel nos indica que algo o varias cosas sucedieron que se rompieron los mecanismos de reproducción social y de socialización de los seres humanos o a lo mejor de contención de los conflictos, que operaron durante varios años en México y permitieron que tuviéramos un país en paz.

Pensemos juntos que ocurrió que esa relativa tranquilidad que existió en el país durante varias décadas, que periódicamente era alterada por el afloramiento de conflictos estructurales como fueron el movimiento estudiantil del 68 o el de ferrocarrileros, el de médicos o los de maestros, actualmente muestre la presencia permanente de conflictos y de violencias que diariamente lastiman la vida, la integridad y el patrimonio de millones de personas.

Me permitiría sugerir algunas cuestiones y me gustaría que pudiéramos conversarlas, modificarlas o enriquecerlas con el fin de qué podamos llegar a algún consenso sobre qué nos ha ocurrido en los últimos 30 años.

1. Pongo en primer lugar la prevalencia de la enorme desigualdad en el país con el ingrediente nuevo de que ahora las poblaciones pobres y ricas comparten el espacio urbano y se encuentran cotidianamente en los espacios públicos: calles y centros comerciales. En tanto que las zonas de vivienda, los servicios escolares, los de salud, los de transporte y de esparcimiento están socialmente segmentados y ya no constituyen espacios de encuentro y de convivencia. Anteriormente la pobreza se concentraba en las zonas rurales y la mayor riqueza en las ciudades. Los excesos de riqueza y de pobreza son observables todos los días entre aquellos que sirven y los que son servidos en los distintos servicios de alimentación, de salud, en los comercios y mercados, en el transporte.

De acuerdo a la percepción de la población captada en la Encuesta Nacional de Discriminación es que la mayor discriminación se origina en las diferencias socioeconómicas lo que significa que las poblaciones pobres se sienten maltratadas por serlo, ya que discriminación es igual a mal trato. Dentro de ello quisiera destacar la criminalización de los jóvenes de los estratos más pobres de la población que son maltratados por los cuerpos de seguridad simplemente por su apariencia y a su vez, son abusados por los grupos criminales.

Las políticas de gobierno en los últimos treinta años han profundizado la desigualdad al alentar la segmentación de los servicios sociales propiciando la pérdida de calidad de los bienes y servicios públicos para justificar el surgimiento de servicios sociales privados, especialmente en materia de salud y de educación. Servicios públicos pobres o ausentes para las poblaciones pobres y servicios sociales privados caros para las poblaciones ricas y de ingresos medios.

La desigualdad atenta contra la construcción de un proyecto de país compartido, contra la construcción de colectividad o comunidad con intereses y objetivos comunes, contra la cohesión social y contra la restitución del tejido social. Ello porque se sabe que una parte importante de la riqueza concentrada en 400 familias en México proviene de la corrupción, de la apropiación de bienes y riqueza pública con la transferencia de empresas públicas a monopolios privados, con la especulación de la tierra y financiera, con el fraude en la venta de viviendas de mala calidad y sobrevaluadas y los créditos hipotecarios recientemente denunciado, con al abuso del poder y de los recursos públicos, con la explotación irracional del subsuelo sin pago a la nación, con el cobro de tarifas altas por servicios de telefonía, telecomunicaciones y bancarios. Es decir, no provienen del ahorro, del trabajo honesto, de la creación de riqueza y de empleos sino de la extracción de recursos e ingresos de los pocos a los muchos con la anuencia de nuestros gobiernos y la participación de una proporción alta de nuestros políticos.

Entre tanto, 60 millones de personas, más de la mitad de la población total viven en la pobreza y de ellas 23 millones en la pobreza extrema.

2. En segundo lugar me referiría a la destrucción o deterioro de los mecanismos históricos de inclusión social en nuestro país. Se trata de la ausencia fundamentalmente de la creación de suficientes oportunidades de trabajo y de generación de remuneraciones dignas y al aumento de las oportunidades de educación de calidad para las mayores cohortes de jóvenes en la historia demográfica de México.

Llevamos treinta años con un crecimiento económico endeble que tiene como consecuencia una generación de empleos formales muy precaria y un deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo derivadas de la venta de fuerza de trabajo, que es la principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias mexicanas. Las nuevas generaciones de infancia y juventud nacidas a partir de la década de los años ochentas, han crecido en hogares con ingresos insuficientes y en la pobreza y no han tenido las oportunidades para ser incluidos a la sociedad como seres humanos productivos ante la falta de fuentes de trabajo.

Tampoco han podido incorporarse a la comunidad a través de las escuelas pues 50 por ciento de los egresados de escuelas primarias no continúan la secundaria y los niveles de deserción escolar son elevados por ausencia de oferta suficiente de escuelas de los niveles medio superior y superior, por el alto costo que aún siendo servicios públicos le significa a las familias enviar a sus hijos a las escuelas y porque un mayor nivel de escolaridad no se traduce en encontrar trabajo o trabajo digno.

La mayoría de las escuelas han perdido su función de socialización positiva de los seres humanos, de mecanismos de incorporación a las normas y valores de la colectividad y de lugares de encuentro de los diferentes. Frecuentemente observamos situación de abuso, acoso y bullying, altos riesgos en los entornos escolares, irresponsabilidad de algunos maestros, deterioro de la infraestructura y poca pertinencia de los programas y contenidos escolares respecto de lo que los niños, niñas y jóvenes viven en la cotidianeidad.

El peyorativo nombre de “ninis” asignado a los jóvenes que ni trabajan, ni estudian desconoce que no lo hacen porque la sociedad no les brinda oportunidades de desarrollo como seres humanos dignos.

3. En tercer lugar mencionaría un profundo cambio cultural originado en la dominancia de la ideología del mercado durante las últimas tres década. La alta ponderación del individualismo como camino al éxito medido este en términos de acceso a bienes materiales de alto costo ha trastocado la valoración de la vida en colectivos, sean familias, comunidades, organizaciones de distinto tipo, empresas colectivas.

El individuo trabajador, ahorrador, altamente competitivo y sin escrúpulos o el hábil en los negocios de cualquier tipo legales e ilegales que viste muy bien es dueños de casas, coches, relojes, aviones, yates y mujeres se ha convertido en el modelo a seguir; establece el estándar para muchos jóvenes y quienes lo miran como inalcanzable se hunden en el desanimo, el inmediatismo, la droga, la vida en constante peligro y los deportes extremos, la delincuencia deshumanizada e incluso el suicidio. El goce inmediato y la vida sin sentido. El no futuro.

4. Un cuarto elemento que ha contribuido a la destrucción del sentido de colectividad es la reducción y desestructuración de la administración pública y de los poderes del Estado en México en los tres niveles: municipio, estados y federación.

Podemos considerar a los poderes del Estado democrático moderno como al conjunto de instituciones y personas a las que la colectividad o la sociedad les encomienda gobernar al colectivo, realizar las consultas y construir los consensos para definir fines y objetivos compartidos, los planes y políticas públicas que se pondrán en práctica y una vez decididas ponerlas en práctica, las leyes y normas que regirán las relaciones sociales y económicas, la provisión de bienes y servicios públicos, la garantía de la seguridad pública y nacional, la administración e impartición de justicia, las relaciones con el exterior y la administración del patrimonio de la nación, entre otras funciones.

Es decir, los poderes del Estado están mandatados por el pueblo mediante la Constitución para llevar a cabo las actividades que nos permiten vivir en paz y en forma ordenada y que tienen que ser encomendadas a algún ente operado por personas para el beneficio colectivo.

Sin embargo, la ideología dominante en el país y en el mundo occidental desde finales del siglo pasado conlleva la idea de que entre menos Estado y más mercado es mejor. Que el Estado coarta la libertad de las personas y que la racionalidad de los mercados y de la libre competencia pone límites a las actuaciones individuales y permiten la convivencia.

Somos testigos de las consecuencias del extremismo en este sentido practicado por el Tea Party en Estados Unidos que tiene en paro a 800 mil trabajadores del Gobierno Federal y al mundo entero al borde de un colapso financiero al no autorizarse la elevación del nivel de endeudamiento autorizado a dicho gobierno.

El Consenso de Washington surgido a principios de la década de los años ochenta y que resume los postulados de la ideología de extremismos como el del Tea Party, planteaba la necesidad de llevar a cabo tres procesos: a) la reducción del tamaño del Estado, b) el traslado de funciones del mismo y de la propiedad de las empresas públicas al sector privado y c) la descentralización de varias funciones hacia los gobiernos subnacionales.

Tres consecuencias en México de la aplicación al pie de la letra de esos postulados del Consenso de Washington:

Por cuanto a la reducción del tamaño del Estado hemos visto el deterioro de los servicios sociales públicos en su calidad y en su disponibilidad en varios sentidos: a) no se le ha dado mantenimiento adecuado a la infraestructura social en salud y educación que se construyó durante los años en que la economía mexicana tenía altas tasas de crecimiento; b) no se ha construido suficiente nueva infraestructura adecuada a la estructura demográfica del país donde desde al menos hace una década existe un amplio volumen de jóvenes, tampoco la creación de infraestructura social y urbana acompaña a la redistribución de la población en el territorio nacional, ni a lo ocurrido en el crecimiento horizontal expansivo de las ciudades el resultado es que los nuevas colonias carecen de infraestructura social guarderías, escuelas, transporte, centros de salud suficientes y adecuadas; c) tampoco se atendieron en las tres décadas pasadas las nuevas necesidades de servicios sociales acordes a la nueva complejidad social y a los cambios en las familias y en la población (estancias infantiles, centros de día y asilos para adultos mayores, atención de adicciones, de violencia, de víctimas y de salud mental comunitaria, espacios de esparcimiento, etc.). Es decir durante las últimas tres décadas, no se mantuvo la infraestructura social que ya se tenía, no aumentó ésta de acuerdo a las necesidades y no se adecuó a las nuevas realidades y complejidades sociales. Los salarios y la plantilla de los servidores públicos responsables de la provisión de servicios públicos sociales se deterioró en relación con el crecimiento de la demanda de servicios y se perdió la dignidad del servicio público. Finalmente los modelos de atención y los contenidos de los programas nos se actualizan con la velocidad necesaria frente a las nuevas complejidades y a la diversidad sociales.

Respecto al traslado de funciones del Estado y de la propiedad de las empresas públicas al sector privado sólo basta con tres ejemplos:

El traslado de los bienes y del servicio telefónico provocó que un monopolio público se mantuviera como un monopolio privado produciendo con sus ganancias y su dominancia en el mercado en varios campos vinculados a esos servicios originales de telefonía haya creado al hombre más rico del Mundo, el Sr. Carlos Slim, Los beneficios para la población mexicana ha sido el pago de tarifas muy elevadas y la obtención de servicios muy mediocres. Los altos costos por recluso, consecuencia de la traslación de la operación de los reclusorios al sector privado recientemente denunciados o el reuso de equipos de diálisis en servicios subrogados del Seguro Social con los altos riesgos de infección que ello conlleva, la pésima calidad de las viviendas de desarrollos realizados por desarrolladoras privadas con recursos públicos muestran que el problema actualmente no es si se trata de lo público o de lo privado sino de ética y responsabilidad social relacionada con la avaricia y la ambición de lucro personal.

Finalmente el resultado de la descentralización de funciones del gobierno federal a los Estados y a los municipios sin los debidos contrapesos y controles y desarrollo de capacidades de los gobiernos subnacionales nos han llevado a niveles de endeudamiento de los gobiernos estatales jamás vistos en la historia del país, a la desviación de los recursos de los Estados para la construcción de instalaciones de salud relacionadas con el seguro popular, a la enorme corrupción en la compra descentralizada de medicamentos y a la creación de empresas y asociaciones civiles simuladas para apropiarse de los contratos y recursos del Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) como algunos ejemplos.

5. Finalmente apuntaría a un quinto aspecto que contribuye a la destrucción del sentido de colectividad: la enorme corrupción y la impunidad que actualmente forma parte de la cultura nacional. Hay un desapego bastante generalizado a la legalidad pues no es exclusivo de los servidores públicos. La presencia misma de un enorme sector informal de la economía, donde se ocupa el 60 por ciento de la población se fundamenta en el incumplimiento de leyes y normas: no se paga impuestos, no se respetan las condiciones de trabajo y se pagan bajos salarios, se evade el pago de la seguridad social, no hay apego a la regulación sanitaria de los servicios, una parte muy grande de la mercancía que se tramita a través del comercio informal proviene del contrabando y la piratería, los consumidores no pueden reclamar y no tienen garantías, etc. Es decir, el sector informal opera al margen de todas las leyes y normas que regulan las actividades económicas en el país.

La ausencia de ética en las relaciones económicas y sociales en México y en la gestión de la cosa pública provoca desconfianza entre las personas y entre los ciudadanos y los servidores públicos. Sin confianza no es posible construir colectividad y el conflicto aflora permanentemente.

Hasta aquí los cinco aspectos que desde mi opinión nos están impidiendo construir comunidad y desarrollar el tejido social:

1. Desigualdad
2. Deterioro de los mecanismos de inclusión social: empleo, salario digno y educación
3. Predominio de la ideología del mercado libre
4. Reducción y desestructuración de la administración pública y la corrupción de los poderes del Estado
5. Corrupción, impunidad y desapego a la cultura de la legalidad

Segunda parte

¿Qué podemos hacer el relativamente pequeño sector de organizaciones de la sociedad civil frente a los procesos que han desestructurado a nuestra colectividad?

Primero: Reconocer nuestro tamaño, nuestra diversidad, nuestras debilidades y nuestras fortalezas e instrumentos de actuación para influir en un cambio de la situación descrita y tratar de reconstruir un proyecto compartido de país en el que todos formemos parte y podamos contribuir.

Las organizaciones que actualmente tenemos una Clave Única de Identificación (CLUNI) en el registro de la Secretaría de Desarrollo Social somos alrededor de 23 mil y las que dentro de éstas tienen registro de donatarias son 7 mil. Es decir, frente a la envergadura de los problemas los ciudadanos organizados en OSC somos un número pequeño. Además varias que tiene registro son realmente organismos paraestatales como el Comité Olímpico Nacional.

De acuerdo a la encuesta reciente de CEMEFI sobre el voluntariado hay una participación amplia de ciudadanos en organizaciones de tipo deportivo, escolares o religiosas.

Sabemos que somos muy diversas que la mayoría realizan labores de asistencia social, otras se dedican al desarrollo y a realizar intervenciones en comunidad, otras más a la defensa de los derechos humanos y de agendas de políticas de determinados grupos de población y de personas, otras hacemos investigación y desarrollamos observatorios para la incidencia en políticas, un sector se ubica en la defensa del medio ambiente.

Nuestros intereses están dispersos y excepcionalmente logramos articularnos y encontrar objetivos comunes y construir consensos, nuestras coaliciones y redes tienden a ser precarias y poco duraderas. Enfrentamos conflictos de liderazgos y protagonismos, competimos por recursos y frente a las relaciones con los poderes públicos, diferimos en nuestras bases ideológicas, no tenemos una cultura democrática en nuestro funcionamiento, no nos apegamos a la legislación laboral, muchas veces no sabemos dialogar y negociar en buena lid y preferimos acusar, señalar y marcar con un cierto dejo de soberbia y sin evidencias sustentadas, algunas violentan principio éticos para sobrevivir, etc.

Nuestras fortalezas son que aún con nuestras debilidades contamos con un capital ético reconocido, con algunas excepciones, tenemos líderes de opinión y generamos agenda pública, tenemos capacidad de convocatoria nacional e internacional, desarrollamos innovación social, realizamos pedagogía y sensibilizamos a otros sobre nuevas temáticas e introducimos nuevos marcos de comprensión de la realidad. A veces logramos hacer una labor de intermediaciones entre los grupos sociales con los que trabajamos y los círculos del poder político y económico.

Ante estas realidades del sector de organizaciones civiles considero que ante la difícil y compleja realidad nacional deberíamos mejorar nuestras posibilidades de acercamiento y diálogo con el fin de encontrar objetivos comunes y promoverlos fortaleciendo nuestras propias redes y coaliciones con otros actores sociales.

Promover la democracia, la capacidad de escucharnos y generar confianza a partir del reconocimiento de nuestra diversidad permitiría ir avanzando en la construcción de un futuro compartido y en la superación de las brechas sociales, económicas y culturales que nos separan.

Superar y ser conscientes de nuestras prácticas discriminatorias que generan y profundizan el resentimiento de los sujetos a discriminación o reconocer aquellas acciones que contribuyen a profundizar la desigualdad como es pagar malos salarios, no cumplir con la legislación laboral, abusar en el cobro de nuestros servicios, no contratar a cierto tipo de personas: mujeres, indígenas, población LGTB, migrantes; no brindar nuestros servicios y apoyo a esos grupos, etc.

Es decir, hacer un profundo examen de la forma en que nosotros mismos o nuestras organizaciones contribuimos a las situaciones y procesos señalados en la primera parte de esta plática y encontrar las estrategias para abonar en su superación.

Desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado varias organizaciones de ciudadanos y ciudadanas independientes, acompañadas por intelectuales desilusionados de su militancia en diversos partidos decidieron iniciar una lucha por la democracia en el país. El llamado fraude patriótico en Chihuahua y los resultados de los procesos electorales en San Luis Potosí donde participó el Dr. Salvador Nava, así como de la muy cuestionada elección presidencial de 1988, dejaron clara la necesidad de rescatar la organización de las elecciones de manos de los gobiernos.

Lo que se ha llamado la democracia electoral se consideraba como un paso necesario para alcanzar una democracia participativa en donde la diversidad social estuviera adecuadamente representada en las estructuras del poder y se colocara el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales y corporativos.

La década de los ochenta fue una década pérdida para el desarrollo del país y marcó el cambio hacia un proyecto económico neoliberal que afectó profundamente el bienestar de la población y cambió de manera autoritaria y sin una propuesta alternativa esperanzadora, el proyecto de país que se venía construyendo desde mediados del siglo XX.

En este contexto se inicia una amplia participación de una incipiente sociedad civil organizada con miras en un principio a evitar la repetición de los fraudes electorales, posteriormente a realizar una reforma profunda de la institucionalidad electoral, para finalmente conducir a procesos electorales equitativos donde los votos de los ciudadanas “contaran y se contaran bien”. Era en el fondo una lucha por rescatar los derechos políticos de la población mexicana.

Se puede formular así una periodización de la participación ciudadana en la consecución de una democracia electoral o de procesos electorales confiables, transparentes, equitativos, pacíficos y certeros al nivel federal. La primera etapa buscó atacar los ámbitos e instrumentos de la organización de elecciones respecto de los cuales existía mayor desconfianza de la población: la calidad del padrón electoral y de la jornada electoral. La segunda etapa se centró en apoyar y promover la ciudadanización de las instituciones responsables de organizar las elecciones y ampliar la participación de ciudadanos independientes en la organización y realización de las mismas. La tercera etapa tiene tres componentes, por una parte defender los avances logrados y evitar retrocesos, ampliar los ámbitos de la observación ciudadana al desempeño y participación de los distintos actores involucrados y procurar reducir el costo de las elecciones.

La primera etapa inicia con grupos de ciudadanos que sin mayores instrumentos y metodología deciden observar la jornada electoral desde fuera de las casillas para denunciar acarreo de votantes, llenado y robo de urnas, propaganda de los partidos el día de las elecciones, condicionamiento de programas sociales, etc. Se realiza con la participación de organizaciones con agendas diversas pero interesadas en lograr un cambio. Es animada por el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) que se constituye en una red de organizaciones con un fuerte contenido de activistas provenientes de organizaciones eclesiales de base en todo el territorio nacional. Los observadores del MCD acuden de distintas zonas del país a observar las elecciones estatales e incluso logran convocar a observadores s de otros países. Se inicia asimismo un esfuerzo por revisar y cuestionar públicamente la calidad de la lista de electores y los medios de comprobación para votar.

En la segunda etapa, se introducen a partir de la experiencia acumulada elementos de profesionalización de los procesos de observación electoral y se logra una gran coalición de organizaciones, académicos, y líderes de opinión que conforman Alianza Cívica en 1994. Constituida originalmente por acuerdo de siete organizaciones que contribuyen con activistas distribuidos en todo el territorio, recursos tecnológicos importantes, expertos e intelectuales de la política y voceros en los medios de comunicación, Alianza Cívica logra llevar a cabo un amplio ejercicio de observación en las elecciones federales de ese año. Esta incluyó la revisión y cuestionamiento del padrón electoral, la observación de acciones de compra y coacción y el uso de recursos públicos en apoyo a candidatos, la observación de la jornada electoral con instrumentos de captación homogéneos que después permitieron contabilizar las anomalías observadas, así como un conteo rápido y la participación de observadores internacionales en todo el país.

Surgieron entonces otras organizaciones de observadores de carácter nacional como las animadas por la COPARMEX, el SNTE y la ANCIFEM esencialmente abocadas a vigilar la jornada electoral.

Como resultado de la amplia movilización ciudadana del 1994 y del interés de algunos funcionarios públicos se realizan en ese periodo varias acciones que otorgan confianza en el padrón electoral y consolidan el uso de una credencial para votar con diversos dispositivos de seguridad, se establecen mecanismos de participación de los partidos políticos en la organización de las elecciones y lo más importante, se realiza una reforma electoral que sustrae del control del Gobierno Federal la organización de las elecciones y la confía a concejos electorales ciudadanos, a saber: el general, 32 consejos locales y 300 consejos distritales.

La nueva estructura de los consejos electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) se convierte en el pilar de la participación ciudadana en la organización de las elecciones y permite ir difundiendo y mejorando la capacidad de los ciudadanos no partidistas para hacerse cargo de la organización de los procesos electorales.

Los procesos electorales del 2003, 2006 y del 2009 llevaron a las organizaciones de observadores a ampliar las materias objeto de su trabajo ante la evidencia de una creciente captura de las instituciones electorales por los partidos políticos y las distorsiones a la competencia electoral introducida por la poderosa presencia del duopolio de los medios de comunicación electrónica.

Por la preocupación derivada de la composición fuertemente partidista del Consejo General del IFE en 2003, un grupo de organizaciones, académicos y expertos electorales constituyeron una red de observación denominada Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE). Esta red amplió los campos de observación ciudadana e incluyó en el 2006 el seguimiento y análisis de los procesos de selección y capacitación de funcionarios de casilla, la metodología del conteo rápido, la intervención de diversos actores en las campañas políticas y el recuento de votos realizado por el Poder Judicial ante el conflicto derivado de los resultados de la elección presidencial. En el 2009, nuevamente dio seguimiento a la selección y capacitación de funcionarios de casilla, al montaje de la red de monitoreo de medios del IFE y evaluó el apego a los Principios de Brandemburgo de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial y del propio Consejo General de IFE.

En ambos procesos se llevó a cabo un proyecto denominado Congreso con Rostro cuyo propósito es observar la calidad democrática de los métodos de selección de candidatos seguida por los partidos políticos, así como poner a disposición de los ciudadanos información curricular de los candidatos a diputaciones de mayoría con el fin de que los electores pudieran realizar un voto informado y razonado. La idea subyacente es obligar a los partidos a explicar cómo y por qué eligen a sus candidatos y a dar a la ciudadanía información sobre ellos.

Como resultado de sus trabajos el CCOE aportó en el 2006 una propuesta de reforma electoral centrada en la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, que fue tomada en cuenta para la reforma electoral del 2007.

Para el proceso electoral en curso el CCOE ha considerado necesario centrar su observación en una evaluación objetiva del apego de los partidos políticos a la legalidad y de la calidad democrática de su cultura y prácticas. Al tener estos por ley el monopolio de la representación ciudadana resulta fundamental hacer una evaluación del acceso de los ciudadanos a los partidos políticos, del respeto a los derechos de sus militantes, del grado de transparencia en el manejo de sus recursos y de la congruencia entre sus documentos básicos y sus campañas políticas. La mira es derivar en nuevas disposiciones en el COFIPE o proponer una Ley de Partidos Políticos que los obligue a rendir cuentas, apegarse a la legalidad y a respetar los derechos políticos de los ciudadanos y de sus militantes.

Este recuento de algunas experiencias de observación de elecciones sólo toca de manera muy escueta y superficial los muy diversos espacios que tienen los ciudadanos para contribuir al desarrollo de elecciones confiables y evitar retrocesos indeseables. La masa de ciudadanos expertos en procesos electorales se ha ido ampliando y ese sólo hecho es una buena noticia.

Claro reflejo de la pluralidad y la diversidad que caracteriza a la sociedad mexicana las organizaciones de la sociedad civil (OSC) representan una gama de posiciones frente a la problemática social y a las políticas que se ponen en práctica para atenderla.

Aún cuando comparativamente con otros países de América Latina y con respecto al tamaño de la población total de México, el número de OSC es muy reducido, sostienen y promueven agendas diversas en lo social, así como en lo económico, lo político y lo cultural.

Tan sólo 19.5 mil organizaciones cuentan con Clave Única de Identificación (CLUNI) en el registro oficial que lleva la Secretaría de Desarrollo Social. Se concentran en unas pocas entidades federativas, observándose una lamentable ausencia en muchas comunidades del país. Ello como consecuencia de una larga historia de oposición gubernamental a la organización autónoma de los ciudadanos, así como por la persistencia de un autoritarismo político en gran parte del territorio nacional.

Los temas de mayor controversia entre las OSC son los referidos a las familias, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población con orientación sexual diversa. Asimismo, se diferencian por cuanto a que tipo de problemáticas sociales les son más importantes y cuáles son sus propuestas de políticas de gobierno para superarlas.

Un grupo importante de OCS se preocupa por los grupos en pobreza, especialmente en pobreza extrema, y por las personas en condiciones de vulnerabilidad por discapacidad, vejez, indigencia, abandono, entre otras causas y proponen medidas preferentemente individualizadas de asistencia social para atenderlas. Sostienen que si es posible son los propios individuos quienes por su esfuerzo deben superar sus condiciones de pobreza. Responden a una posición relacionada con experiencias de acciones de beneficencia privada. Son organizaciones que en general, están de acuerdo y buscan participar en la privatización de los servicios sociales públicos como los de cuidado infantil, la atención a personas con discapacidad, pero también los de educación y salud.

En una posición distinta otro grupo de organizaciones reclaman igualdad, no discriminación y justicia y enarbolan el marco de los derechos humanos para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas al ser parte de diversos instrumentos internacionales en la materia. Promueven la realización de los derechos humanos tanto civiles y políticos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos de los pueblos y comunidades. Algunas postulan la provisión universal de la protección social mediante servicios del Estado, particularmente en los campos de salud, seguridad social y educación; otras defienden un piso básico de servicios sociales para toda la población en pobreza que para algunos puede o no ser provisto directamente por el Estado.

Es decir, entre estas posiciones contrapuestas existen demandas coincidentes y una gama de combinaciones. Sin embargo, es de reconocerse que son las OSC las que tienen una visión más actualizada de los problemas sociales que aquejan al país, entienden la complejidad creciente de lo social y son las que colocan en el debate público los nuevos riesgos sociales y proponen posibles vías de atención a los mismos. Ello en razón de que están más cerca de la población y del territorio, hablan con las personas y detectan con mayor facilidad los problemas emergentes.

En cambio, el alejamiento de las agencias públicas sociales federales, así como de los partidos políticos de lo que ocurre en el territorio y en la cotidianeidad de la vida de las personas y las comunidades, les dificulta actualizarse por lo que se mantienen en una visión puramente sectorial de lo social, ampliada solamente para incluir los programas de combate a la pobreza y las agendas de algunos grupos de población, en consonancia con la tendencia de las agencias internacionales.

A la visión sectorial de la política social (educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, infraestructura básica) las OSC han sumado los temas de discriminación, desigualdad y exclusión que se traducen en trato desigual o mal trato, brechas y conflictos crecientes entre los ricos y los pobres y marginación de amplios sectores de la infancia y la juventud de su derecho al desarrollo y a una vida digna.

De este modo, desde la última década del siglo XX junto con varios movimientos sociales, las OSC agregaron a la cuestión social la dimensión de género, generación y condición étnica, física y mental (infancia y adolescencia, juventud, adultos mayores, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y con orientación sexual diversa) y más recientemente han visibilizado las condiciones en que viven las poblaciones migrantes, las víctimas de las violencias, las poblaciones desplazadas, las personas sujetas a trata y explotación y la juventud de bajos recursos.

Algunos de los temas más generales de las agendas sociales que parecen concitar mayor interés en la actualidad en el mundo de las OSC, seleccionados de varias agendas recientes[1] son los siguientes:

En lo general:

1. Incorporar el enfoque de derechos humanos en la política social, y garantizar el apego del Estado al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
2. Articulación conceptual y operativa entre política económica y política social.
3. Hacer efectiva la participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales y especiales y en los planes de los gobiernos estatales y municipales.
4. Ampliar los mecanismos concretos de participación en la gestión: presupuestos participativos; programación, evaluación y control
5. Fortalecer las instancias y mecanismos de participación ya existentes (consejos ciudadanos, comités de beneficiarios, foros de consulta, solicitudes de información, entre otros) y publicitar y transparentar la selección de los “representantes ciudadanos” en las instancias públicas de deliberación.
6. Crear un ambiente propicio para el desarrollo de la participación y organización libre y autónoma de la población y el apoyo a las OSC ya constituidas, que incluya entre otros aspectos, facilitación de trámites de registro, aumento, transparencia y equidad en la distribución de los recursos públicos destinados al apoyo de las organizaciones, facilidades en el ámbito fiscal, apoyo a la profesionalización y a la protección social de los participantes en OSC.
7. Definir un programa de educación para la paz y derechos humanos que incluya su incorporación en la educación básica y en la media superior.

En lo sectorial:

8. Avanzar en la creación de un sistema de protección social que garantice el acceso universal y sostenible de la población a servicios de salud, alimentación, educación y seguridad social de calidad.
9. La recuperación del Estado de sus obligaciones y atribuciones constitucionales en materia del control de la educación pública, asegurando una educación de calidad para todos desde la preescolar y hasta la universidad, conforme a estándares internacionales, y promoviendo una ciudadanía activa.
10. Garantizar el respeto al estado laico, buscando que la educación mantenga este carácter, en el marco de respeto a los derechos humanos
11. Aumentar la escolaridad y el número efectivo de horas con los recursos necesarios y con programas atractivos y adecuados al interés de los estudiantes. Dentro de ello ampliar el número de escuelas de tiempo completo enriqueciendo las actividades que se ofrecen para el mejor desarrollo de la población escolar.
12. Desarrollar y aplicar diversas estrategias para asegurar la calidad de los profesores y maestros y la dignificación de la función docente.
13. Impulsar una educación que permita a la población hacerse de las competencias necesarias para una inserción exitosa en el mundo contemporáneo.
14. Desarrollar una política de Estado enfocada a garantizar la seguridad alimentaria asociada a la seguridad nutricional que contemple acciones en toda la cadena alimentaria.
15. Formular y aplicar programas de prevención social de las violencias en el territorio que fortalezcan el tejido social, los factores de contención social, la resiliencia comunitaria, de las familias y las personas e incluyan acciones en materia de desarrollo urbano y vivienda, educación, salud física y mental, deporte, cultura y recreación, impartición y procuración de justicia, cultura de la legalidad y recuperación de espacios públicos con actividades para el empoderamiento, la participación y la organización ciudadana.
16. Establecer un Fondo para Emergencias Sociales para realizar intervenciones sociales y económicas acordes a los requerimientos emergentes en comunidades afectadas por desastres humanos (violencia, desempleo, hambre). y que permita remontar la inflexibilidad derivada de las reglas de operación de los programas sociales.

Para grupos de población:

17. Desarrollar un programa nacional hacia y desde las poblaciones jóvenes que incluya entre otros aspectos: atención psicosocial integral; formación, educación y desarrollo de habilidades para el trabajo; una defensoría de jóvenes; programas y servicios de salud sexual y reproductiva amigables; ampliación de espacios públicos para los jóvenes; protección y atención frente a las adicciones y la ampliación de oportunidades de educación, empleo e ingresos
18. Formular una estrategia y un programa específico para el desarrollo de la infancia y la creación de un sistema de protección de los derechos del niño que incluya: una instancia rectora para formular y evaluar las políticas públicas en los tres niveles: federal, estatal y municipal; una instancia de procuración de los derechos del niño y un mecanismo para el monitoreo de los Derechos del Niño.
19. Proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros y sus familias, así como de sus defensores y adecuar la legislación y las instituciones relacionadas con su protección y atención.
20. La socialización, discusión, actualización y promoción del “Programa Nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres” con una participación sustantiva de organizaciones de la sociedad civil, a la luz del marco jurídico internacional.
21. Homologar causales en la legislación estatal para garantizar el acceso al aborto legal con base en el estándar más alto del país.
22. Aumentar las capacidades del Estado y los presupuestos dirigidos a erradicar, investigar y castigar los feminicidios, las violaciones, desapariciones y la explotación de mujeres y niñas.
23. Desarrollar políticas, programas y legislación para armonizar las tareas productivas y reproductivas y una distribución equitativa de estas funciones entre sexos, generaciones y entre las familias, el mercado y el Estado.
24. Garantizar el cumplimiento del convenio 189 de la Organización Internacional del trabajo en el que se reconocen los derechos de las comunidades originarias, así como la implementación de una política pública transversal en materia de derechos y desarrollo Indígena de acuerdo a los estándares internacionales y con la participación de los pueblos y comunidades.
25. Instrumentar una estrategia nacional para elaborar políticas públicas para la inclusión y reconocimiento de la comunidad LGBTTTI y para garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdad y sin discriminación.

Las anteriores son sólo una muestra de las promociones que defienden en materia social las OSC. En la mayoría de los casos tienen propuestas legislativas, institucionales y presupuestales concretas para ponerlas en práctica.

[1] Se consultaron varias trabajos que resumen propuestas de las OSC y diversas agendas del movimiento feminista, del grupo México a Debate, de las mesas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de la Cumbre Ciudadana y del Espacio Social de Diálogo Estratégico.

Bajar presentación: Relaciones entre el nuevo gobierno federal y las OSC

Agradezco la invitación de la Maestra Berta Helena de Buen para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la participación social en nuestro país ante la coyuntura política que estamos viviendo, as{i como plantear algunos retos. Lo hago desde la perspectiva de una activista cívica más que desde una mirada académica y parto reconociendo mi poca información sobre el movimiento ambientalista en México en razón de las muy escasas oportunidades que he tenido de interactuar con activistas del mismo.

Nos encontramos frente a un escenario donde seguramente se concretará el retorno al control del Estado Mexicano -o de lo que queda de él- por el Partido Revolucionario Institucional. Por las decisiones recientes sobre los coordinadores de las bancadas del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, asignadas respectivamente a Emilio Gamboa y a Manlio Fabio Beltrones, parece que no se tratará de un PRI renovado o reformado, sino nuevamente de un PRI patrimonialista, vinculado a grupos de interés, alejado de las demandas colectivas, simulador y totalmente desinteresado e incluso opuesto, a la participación ciudadana en el espacio público.

Es decir, podemos augurar tiempos más difíciles para la participación ciudadana y para el desarrollo del asociacionismo en el país si lo vemos desde la perspectiva de un Estado que estuviera interesado en promover y fomentar la participación creando un ambiente propicio para el desarrollo y empoderamiento de la ciudadanía, de la participación y del asociacionismo mediante la eliminación de trabas, la expedición de leyes, la creación de fondos, el establecimiento de espacios institucionales de participación que verdaderamente funcionen e incidan en las decisiones y el desarrollo de capacidades del Estado y de servidores públicos que sepan trabajar esquemas participativos.

Es decir, desde mi experiencia personal no veo en el futuro próximo la posibilidad de contar con la tan necesaria voluntad política para avanzar hacia una democracia participativa.

Los logros

En ese sentido, van a ser ya cuatro décadas en que diversos movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y un amplio número de activistas cívicos que desde la academia, los mismos partidos políticos o desde la administración pública y los medios de comunicación hemos venido luchando por que las voces, las demandas y los intereses de la diversidad social que caracteriza a nuestro país sean escuchados y debatidos en el espacio público. Hemos buscado que mediante el diálogo y la construcción de consensos, facilitando la expresión de la diversidad social en forma incluyente, podamos avanzar hacia una sociedad justa, igualitaria y respetuosa de la dignidad de todas las personas.

En los años setenta fueron los movimientos de derechos humanos, de mujeres y de ambientalistas, a los que posteriormente se sumaron el movimiento indígena y las organizaciones temáticas que surgieron en todo el territorio nacional, los que unieron sus esfuerzos en torno a un reclamo por avanzar en la democracia y superar la dominancia de un partido de Estado que llevaba 70 años en el poder. Ese partido se fue transformando en el curso de los años, abandonado las causas de la Revolución Mexicana para abrazar y promover los intereses del mercado.

La década de los noventa fue una etapa de importantes logros en materia de participación ciudadana. Por la presión de las iniciativas del amplio movimiento ciudadano en lucha por la democracia fue posible lograr modificaciones sustantivas en la legislación e institucionalidad electoral, como fue el rescatar del control del partido en el poder la organización de las elecciones, promoviendo la creación de un IFE ciudadano. Se avanzó también en el establecimiento de órganos autónomos de Estado en todo el territorio en materia de derechos humanos y electorales y se incluyeron en la legislación diversas instancias de participación social para el desarrollo de políticas públicas (consejos consultivos, comisiones, contralorías sociales, buzones de quejas).

En el primer lustro del siglo XXI continuaron los avances mediante la expedición de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil después de más de 10 años de cabildeo para su aprobación; las leyes y los institutos de acceso a la información, la definición de fondos y de comités de dictaminación participativos para apoyar proyectos de la sociedad civil, la creación del CONAPRED con una Asamblea ciudadana y de institutos especializados en la atención de grupos que históricamente han estado sujetos a la discriminación (mujeres, indígenas, personas con discapacidad) con la participación de representantes de la sociedad civil en sus consejos. De manera muy importante, se logró la apertura al escrutinio internacional del desempeño de nuestro país en materia de derechos humanos y el inicio de la elaboración participativa de diagnósticos y planes nacionales y estatales de derechos humanos.

En este sentido, en torno a la recepción y apoyo a las visitas de los relatores de los Sistemas Internacional y Interamericano de derechos humanos y en la preparación de los informes sombra para los mecanismos de seguimiento de esos sistemas se lleva a cabo una amplia participación de expertos y de organizaciones de la sociedad civil. Esta participación se constituye en una herramienta fundamental de incidencia de los ciudadanos en las conductas e intervenciones del Estado mexicano que incumple sus obligaciones y vulnera los derechos fundamentales.

En años más recientes esta incidencia se ha acompañado de otro instrumento ciudadano de reclamo al Estado: el litigio estratégico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como son los casos de Radilla y el Campo algodonero que han obligado al Gobierno a desarrollar una serie de protocolos para el debido proceso, la reparación del daño, la no repetición y el acceso a la justicia. En el mismo sentido se legisló sobre acciones y amparos colectivos importantes innovaciones para enfrentar abusos de gobiernos y empresas sobre los bienes comunes y los intereses colectivos.

Posiblemente el avance más importante en la historia reciente de nuestro país, también producto de una incidencia de la sociedad civil, derivada de una alianza entre expertos académicos y organizaciones, es la reforma constitucional en materia de derechos humanos que amplía el marco de protección de las personas a todos los derechos humanos considerados en los instrumentos internacionales en la materia, otorgándoles a dichos instrumentos igual jerarquía que nuestra Constitución.

Asimismo los intentos hasta ahora poco fructíferos y que aún enfrentan enormes obstáculos, de reforma al sistema de justicia penal para transitar hacia los juicios orales públicos y abiertos a las miradas de todos, tendrá efectos trascendentes en el debido proceso y en extraer de la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción a la procuración, impartición y administración de la justicia en México.

Aún con los avances señalados en la institucionalidad participativa de los últimos doce años, podemos constatar retrocesos y una falta de voluntad política para avanzar en aspectos más estructurales a fin de instaurar una democracia participativa en nuestro país. Estos retrocesos y estas omisiones nos tienen atrapados en un Estado desmantelado por la ideología neoliberal dominante, y como consecuencia de la falta de concreción de una reforma del Estado que avance en una nueva estatalidad y en una nueva gobernanza fundadas en relaciones más equilibrada entre Estado, sociedad y mercado y entre los distintos niveles de gobierno. La actual alianza entre Estado y mercado relegando la participación social, produce enormes ganancias a las élites políticas y económicas y acrecienta la desigualdad y la violencia.

Los pendientes

Mencionaré a continuación sólo algunos aspectos en los que no hemos logrado avanzar para alcanzar una democracia participativa, mismos que han estado en la agenda de la sociedad civil desde hace varios años y que siguen siendo retos importantes:

1. La democratización de los medios de comunicación masiva. Es una demanda reiterada por varios años por académicos y expertos, varios de ellos congregados en la AMEDI[1] y retomada recientemente por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y por el Movimiento Yo Soy 132. Se reconoce que los partidos políticos, la clase política y los funcionarios y servidores públicos están sometidos a los designios de los consorcios televisivos quienes tienen además directamente tomadas posiciones en el poder legislativo, la ahora llamada “telebancada” y en los aparatos de gobierno que deberían regularlos, a fin de defender sus intereses particulares; obstaculizan y socaban la autonomía de los órganos electorales, amenazando y corrompiendo a consejeros y a partidos y corrompen al sistema de justicia. Además imponen cultura y visiones del mundo, generan modelos aspiracionales inalcanzables para las mayorías excluidas y conculcan la libertad de expresión y el derecho a la información al impedir la presencia de otras voces.
2. La universalización de las ciudadanías civiles, políticas y sociales y el cumplimiento del Estado de sus obligaciones en la materia, garantizado el respeto de los derechos humanos de todas las personas y el acceso a niveles básicos de protección en todos los derechos económicos, sociales y culturales, razón de lucha del amplio Movimiento de Derechos Humanos. Se reconoce que la posibilidad de instaurar una democracia participativa pasa necesariamente por reducir la profunda desigualdad social, económica y cultural que afecta a millones de mexicanos y los coloca como sectores subordinados, excluidos y discriminados. Las personas deben dejar de ser considerados como beneficiarios de los programas sociales para convertirse en sujetos de derechos: debe trascenderse su visión como clientelas de los partidos políticos para ser miembros de derecho de estos y combatirse las estrategias culturales comerciales que construyen consumidores adictos y no personas dignas.
3. La incorporación de figuras de democracia directa en la legislación. Si bien la recientemente aprobada, extemporánea e incompleta reforma política introduce figuras como la consulta y la iniciativa populares y las candidaturas independientes no incluyó la reelección, ni la revocación de mandato, ni la eliminación del fuero, tres figuras que aumentan el poder ciudadano para controlar la gestión gubernamental. Tampoco consideró el referéndum y el plebiscito. Materias todas ellas -junto con la defensa de la calidad ciudadana del IFE y de sacar a los medios de comunicación de las contiendas electorales- de las luchas que lleva a cabo el amplio Movimiento en Lucha por la Democracia. Habrá que estar muy atentos a la legislación que regule las figuras de democracia directa aprobadas pues su ejercicio efectivo puede hacerse imposible por los requisitos que se impongan o bien, ser aprovechadas por las élites económicas y sociales para promover sus intereses y ganar más espacios de poder.
4. La instauración de mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas que sean efectivos y prevean sanciones que realmente sirvan para combatir la corrupción, el lavado de dinero y la colusión de intereses entre los funcionarios públicos, los legisladores, los jueces y los poderes de hecho, entre ellos los grupos delincuenciales, y que nos han llevado a niveles de impunidad verdaderamente alarmantes. La autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión de la naturaleza y ubicación de la Secretaría de la Función Pública, así como la autonomía de la Procuración de Justicia son tres asuntos que atañen a este ámbito de las demandas ciudadanas. Esta agenda es actualmente promovida por la Red de Rendición de Cuentas (RRC) formada por cerca de 60 instituciones, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
5. Una reforma municipal urgente que extienda los periodos de gobierno, redistribuya recursos y atribuciones y eleve capacidades de gestión y de participación e interlocución de las autoridades municipales con los ciudadanos en el territorio. La consecución de una participación amplia de ciudadanos de distintos niveles socioeconómicos en el espacio público y no sólo de las clases medias educadas, radica en la posibilidad de desarrollar instancias participativas cercanas a sus domicilios y a sus problemáticas de vida concretas. Uno de los mayores obstáculos para lograr una participación más amplia de la ciudadanía es la escasez de tiempo de que disponen muchas personas para poder dedicarlo a actividades de beneficio colectivo. Ello ante el agobio de la pobreza y la falta de empoderamiento para dialogar en términos de igualdad frente a autoridades que históricamente los han subordinado. Los municipios y las delegaciones deberían desarrollar áreas especializadas y calificadas de participación ciudadana y tener proyectos muy claros donde ésta pudiera concretarse como es la decisión sobre determinadas obras, el seguimiento de las mismas y la seguridad de su puesta en operación. La creación de presupuestos participativos, de consejos de salud y de gestión de las ciudades, son ejemplos que en Brasil han sido modelos muy exitosos de participación ciudadana
6. La revisión de las formas de elección de los integrantes de los tres poderes y de los órganos autónomos de Estado: Esta revisión incluye desde la forma como se designa a los secretarios de gobierno del poder ejecutivo y a los responsables de las pocas empresas públicas que aún quedan, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial, a los Consejeros Generales del IFE, a los Presidentes e integrantes de los consejos de los órganos autónomos y a los candidatos de los partidos a las legislaturas federal y locales, a las gobernaturas y a las presidencias municipales. En ninguno de estos ejemplos hay participación ciudadana y es el Presidente de la República sólo o en combinación con el Senado, la Cámara de Diputados, el Consejo de la Judicatura o las cúpulas de los partidos políticos los que deciden quiénes ocuparán esas importantes posiciones para la gobernabilidad democrática.
7. La revisión, transparencia y apertura a la participación amplia de las formas de elección de los representantes ciudadanos en los consejos, comisiones, juntas de gobierno y otras instancias participativas en donde se toman decisiones, se definen políticas públicas, se discute legislación y regulaciones, entre otros temas. En un examen realizado en el 2011 a 257 leyes vigentes en el ámbito federal y 131 reglas de operación, se encontraron 163 instancias en donde participan actores gubernamentales y no gubernamentales en consejos consultivos, órganos de dictaminación y selección de proyectos y algunas juntas de gobierno[2] En la mayoría de esos casos los representantes no gubernamentales son designados o elegidos por los propios funcionarios encargados del ámbito gubernamental donde operan esas instancias, recayendo la elección en personas que son funcionales al proyecto y a la visión del funcionario que los elige y que de esta manera pasan a legitimar decisiones tomadas exclusivamente por los actores gubernamentales y a simular la participación ciudadana.

Son estas sólo algunas de las demandas del movimiento ciudadano relativas a cambiar los términos de relación entre estado y sociedad con el propósito de avanzar en una democracia participativa y lograr que las decisiones de gobierno tengan en cuenta los intereses colectivos y dejen de promover y proteger los intereses particulares de poderosos consorcios económicos. Ejemplos de uso discrecional de decisiones de Estado para beneficiar a privados han sido las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo Federal para consolidar el poder de los dos consorcios televisivos y que se suman a la vergonzosa acción del Poder Legislativo Federal que aprobó en 2005 la Ley Televisa y ha incumplido las instrucciones de la Suprema Corte para modificarla en razón de la inconstitucionalidad de varios de sus artículos.

Cambios en los términos de relación entre empresas del mercado y la sociedad

La cada vez más evidente colusión entre los grupos que detentan los poderes del Estado y las empresas del mercado en contra de los intereses colectivos parece indicarnos la urgencia de desarrollar herramientas de la sociedad civil para presionar e incidir en las políticas y decisiones de las empresas del mercado, afectando fundamentalmente sus ganancias, que es donde más les duele. Personalmente tengo enormes dudas sobre la autodeterminación de compromisos de responsabilidad social empresarial, que más bien parecen curitas para aliviar profundas heridas causadas en el tejido social por la avaricia y la irresponsabilidad de muchos empresarios.

Si bienvarios pensamos que es al Estado a quien corresponde regular las actividades de los particulares que afectan a otros particulares -la obligación de proteger prescrita en los instrumentos internacionales de derechos humanos- y es por ello que buscamos incidir con nuestras acciones fundamentalmente en el Estado, la realidad nos demuestra que los grupos que controlan al Estado Mexicano tienen más interés en acrecentar su poder y su patrimonio aliándose y compartiendo las ganancias con los poderes fácticos o de hecho.

Esta triste realidad nos conduce a la necesidad de fortalecer las agendas y las acciones que se encaminan a cambiar los términos de relación entre sociedad y mercado. Ello sin dejar de insistir en las necesarias reformas al Estado para avanzar en una democracia participativa.

En esta línea de reflexión me refiero a apoyar y desarrollar más ampliamente acciones que pongan un freno a los abusos de los grandes consorcios económicos nacionales y extranjeros. En este amplio campo de acción de la sociedad civil incluyendo movimientos sociales y organizaciones civiles ubico las agendas del movimiento indígena y de los pueblos en defensa de la tierra, del subsuelo y del agua y en general de los recursos comunes; los movimientos vecinales y de colonias en contra de los cambios en el uso del suelo y de construcciones, vialidades y desarrollos urbanos que modifican su entorno; o al movimiento ambientalista en contra de la apropiación privada de las costas para la construcción de marinas y grandes desarrollos turísticos excluyentes de la población local; o de la ocupación de zonas agrícolas de alta productividad para desarrollar biocombustibles o para instalar centros comerciales o unidades habitacionales de infame calidad para la vida humana; o de la apropiación del territorio y de los gobiernos locales por los grupos delincuenciales; incluyo aquí a las organizaciones de deudores de la banca y de consumidores de servicios públicos. Es decir, innumerables batallas que están ocurriendo en el territorio, muchas de ellas aisladas y con muy pocas herramientas que efectivamente frenen esta mercantilización masiva de la vida, de los seres humanos y de los recursos del mundo.

Lamentablemente no tenemos un Estado ni capaz, ni interesado por frenar o acotar las actividades de las compañías mineras, de las empresas inmobiliarias, de los grandes consorcios de comercialización de bienes básicos, de las empresas agroalimentarias, de los servicios financieros, etc. Se trata más bien de gobiernos que ven el desarrollo de estas empresas como un símbolo del desarrollo y modernidad, que privatizan servicios públicos y sociales, como el manejo del agua, la distribución de energía, los servicios de telecomunicaciones, la educación, la salud, las carreteras, las calles y avenidas, el manejo de nuestras pensiones y que tienen como meta el convertirnos a todos en consumidores, en clientes y en sujetos de crédito.

Que prefieren rescatar a los corruptos y abusivos servicios financieros que proteger a los usuarios de estos. Por ejemplo, los logros en materia de vivienda no se miden por el número de viviendas dignas que se han construido y se encuentran habitadas, sino por el número de créditos hipotecarios que se han otorgado.

El triunfo en fin del mercado, de los negocios por sobre el interés en la cohesión social, la calidad y la dignidad de la vida humana.

¿Cómo enfrentar desde la participación ciudadana los abusos que se cometen en el mercado? Cómo frenar la ambición y la destrucción de tejido social y de comunidad de los poderosos consorcios económicos? Cómo evitar la subordinación, la exclusión y el abuso de la población por medio de altas tarifas, precios e intereses, de la creación de adicciones mediante la publicidad, de la invasión de espacios con esa publicidad, de la definición de leyes que protegen sus intereses utilizando a sus propios legisladores? del despojo de propiedades y recursos mediante expropiaciones y juicios tramposos? Del abuso de recursos culturales valiosos como son los sitios arqueológicos, que pasan a ser privatizados o destruidos para levantar grandes centros comerciales o parques industriales?

Es posiblemente en el campo de la modificación de las relaciones entre sociedad y mercado donde estaremos enfrentando mayores obstáculos para lograr un democracia participativa y será necesaria la subordinación de los intereses privados a los intereses colectivos compartidos y que en el contexto de la globalización, nos permitirían tener una mejor sociedad: más cohesionada, menos desigual, más justa.

Entiendo que uno de los debates principales en el sector ambiental el relativo al cambio climático, está cruzado por los intereses de las empresas explotadoras y productoras de combustibles fósiles y de las empresas de agrocombustibles y de energías alternativas o que la defensa de la biodiversidad de los mares y costas enfrenta los intereses del turismo, de los agronegocios, de la acuacultura y de la pesca irresponsable.

Es por ello que enfatizamos desde el principio de esta reflexión la necesidad de una gobernanza democrática que reformule las relaciones desiguales entre Estado, mercado y sociedad.

Algunos consideramos que un aspecto central es defender nuestro derecho al Estado como lo señalaba O’Donell, es decir un Estado que se compadezca e interese por el bienestar colectivo, por la inclusión de todos y todas a los beneficios del desarrollo, por moderar la riqueza y erradicar la pobreza, por vigilar el respeto a leyes construidas con la participación y aceptación de todos para reglamentar la vida en común, que modere los conflictos y construya diálogos y consensos y fundamentalmente que cumpla sus obligaciones en materia de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de todos los que viven y transitan por el territorio nacional.

Retos en el corto plazo

En el corto plazo y ante la próxima entrada de la nueva administración Federal, como ciudadanos interesados en la cosa pública considero que hay tres asuntos muy importantes que demandan de la participación de la sociedad y de sus organizaciones y movimientos:

En primer lugar la discusión sobre la estrategia de seguridad pública que adoptará la nueva administración y la incorporación de un enfoque de seguridad ciudadana.

En segundo lugar presionar para que el Gobierno Federal lleve a cabo una convocatoria auténtica, amplia y ordenada de la sociedad para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo que deberá “elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República”; así también lograr la más amplia participación en la elaboración de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales de acuerdo a los prescrito en la Ley de Planeación[3]

En tercer lugar la construcción de una Estrategia Nacional para enfrentar la Emergencia Alimentaria que ya se está presentando por el aumento de los precios internacionales de los alimentos y que elevará el número de personas y familias mexicanas en situaciones de pobreza extrema, si no se toman medidas urgentes y se les protege.

A modo de cierre

Lamentablemente, el crecimiento y extensión de la violencia delincuencial y la opción del Gobierno federal por enfrentarla mediante la fuerza y la militarización de la seguridad pública ha incrementado las violaciones a los derechos humanos afectando la vida, la integridad, las propiedades y la dignidad de miles de personas mediante asesinatos, secuestros, extorsiones, tortura, desaparición forzada, violaciones.

Esta violencia y el miedo que genera se convierten en un serio obstáculo para la participación ciudadana y para la creación de organizaciones, pues despierta desconfianza, inhibe a las personas para encontrarse en el espacio público y por lo tanto provoca aislamiento y fragmenta aún más el tejido social.

Por ello la importancia por llevar a cabo a la brevedad posible un amplio debate en materia de seguridad pública, pues por el camino que vamos nos estamos alejando cada vez más de la construcción de una democracia participativa.

[1] Asociación Mexicana por el derecho a la Información.

[2] Hevia, Vergara-Lope y Avila (2011)

[3] La Ley de Planeación señala en su Artículo 4 como responsabilidad del Ejecutivo Federal ¨conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales¨ aspecto que después se desarrolla en su Capítulo Tercero.