Con el fin de intentar hacer un examen somero de los medios que actualmente utilizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas para incidir en las políticas públicas y en su gestión parto del reconocimiento de la gran diversidad que caracteriza a las OSC en México. Si bien por definición son grupos organizados de personas con algún fin relacionado al beneficio colectivo y sin fines de lucro, las grandes diferencias socioeconómicas que caracterizan la desigualdad en México también se observan en este sector de la sociedad. Hay organizaciones civiles que derivan de promociones y fondos de empresas como son las grandes fundaciones que generalmente financian a su vez a otras organizaciones; hay un creciente número de organizaciones promovidas por partidos y organizaciones políticas e incluso por instituciones de gobierno; otras son creadas y financiadas con fondos de iglesias o de organizaciones internacionales que promueven determinadas agendas en todo el mundo. Pero cuando uno piensa en OSC generalmente, se considera que hay dos grandes grupos:

1. Aquellas que se han ido formando históricamente para brindar asistencia privada a los grupos de población que experimentan alguna vulnerabilidad como son personas y familias pobres, personas con alguna discapacidad, población callejera, indigentes, huérfanos, personas afectadas por VIH/Sida, entre otros. Se financian con recursos de la asistencia privada y crecientemente con recursos públicos al estárseles transfiriendo funciones de prestación de servicios que anteriormente eran brindados por instituciones públicas (guarderías, escuelas, cuidado de adultos mayores, etc.) Por su número y por el volumen de recursos que manejan son las más en el mundo de lo que ahora se llama sociedad civil.
2. Organizaciones que promueven una agenda de defensa de derechos humanos o de los derechos de algunos grupos de población afectados por situaciones adversas o desconsiderados en las agendas de gobierno. Son organizaciones que hacen incidencia en políticas públicas y que también reflejan intereses de diversos sectores socioenómicos. Por ejemplo, la agenda relacionada con la seguridad pública de creciente importancia en los últimos ocho a diez años, es encabezada en su mayor parte por víctimas provenientes de grupos de altos ingresos y sólo más recientemente, a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han venido emergiendo víctimas organizadas de otros estratos socioeconómicos. Una parte importante de las organizaciones de incidencia están conformadas por activistas civiles de estratos medios, que son profesionistas, académicos, comunicadores, personas de iglesias, exfuncionarios públicos y exmilitantes en partidos políticos que encuentran en las OSC un espacio de mayor libertad y autonomía para promover agendas de política pública relacionada con la defensa de intereses colectivos.

La división anterior refiere más bien a la materia principal de trabajo de las OSC y no significa que el primer grupo no realice también algunas acciones de incidencia en política pública, por ejemplo en la formulación de legislación relacionada con el grupo de población que atiende: ni que el segundo grupo lleve a cabo la prestación de algún servicio como es la investigación, la contraloría social, la observación y vigilancia de servicios públicos, el apoyo a grupos de población vulnerables como son las poblaciones migrantes, o las mujeres sujetas de violencia, etc.

Ahora bien, al entrar en la materia objeto de esta ponencia inicio señalando algunas tendencias generales que se observan en el país y que impactan el nivel de desarrollo y la capacidad de incidencia de las organizaciones mexicanas. Mi mirada parte de la experiencia desde una organización[1] cuyo propósito es incidir en política pública en varios ámbitos: la promoción de la democracia, la participación y el diálogo social, la promoción del desarrollo social y de los derechos económicos sociales y culturales y la incidencia en particular, en política social.

1. Empezaría señalando que la administración de gobierno que termina no ha tenido una gestión verdaderamente interesada en avanzar en una democracia participativa que reconozca la diversidad y complejidad de la sociedad civil mexicana, propicie un ambiente adecuado con políticas activas para fomentar el asociacionismo y la construcción de una ciudadanía moderna y empoderada, ni aliente espacios de diálogo y construcción de consensos en materia de desarrollo del amplio espectro de las políticas públicas. Desde mi óptica, comparada con la primera administración de gobierno panista, me parece que el saldo es un retroceso en la consolidación de una sociedad civil organizada.
2. Sin embargo se observa un crecimiento del número de organizaciones que han obtenido su CLUNI[2] pues esta es necesaria para acceder a distintos programas y recursos del Gobierno Federal en ámbitos donde se están trasladando responsabilidades públicas a supuestas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo supongo que otras instituciones como partidos y organizaciones políticas, empresas, sindicatos, universidades, movimientos entre otros, han encontrado en la creación de fundaciones y asociaciones civiles alguna ventaja para la obtención y procesamiento de recursos o para la evasión de impuestos. Es decir, desde mi personal percepción y sin evidencias más que dispersas, considero que han surgido organizaciones de la sociedad civil simuladas y subordinadas a otros intereses.
3. También se observa un cambio en los temas de las agendas que promueven las organizaciones civiles tanto por razones lógicas como sería la transformación social por la situación que vivimos que hace surgir asuntos de mayor interés, como son las agendas de seguridad pública, protección y defensa de víctimas o bien, en razón de las prioridades marcadas por las financiadoras internacionales como son los temas de migración, indígenas, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. En cambio temas con déficits históricos como democracia, derechos de las mujeres, derechos de la infancia, derechos humanos en general, y medio ambiente han venido enfrentado una creciente escases de apoyo en recursos, además de un deterioro en los espacios de diálogo en políticas con el Poder Ejecutivo Federal, moviéndose en algunos casos en consecuencia hacia una mayor interlocución con los poderes legislativos federal y locales.
4. El desmantelamiento del Estado mexicano iniciado hace 30 años por la ideología neoliberal que ha dominado a la administración pública federal, sin que se haya desarrollado una nueva estatalidad más acorde con un país supuestamente democrático, ha tenido como consecuencia crecientes vacíos en el desarrollo de políticas públicas necesarias y una destrucción de herramientas del Estado para poner en práctica esas políticas públicas. Simplemente observemos lo que actualmente ocurre en el sector agroalimentario, incluyendo el pesquero y el de comercialización de alimentos frente a una crisis de precios y de oferta de algunos productos fundamentales.
5. La distribución de responsabilidades para la convivencia social entre Estado, mercado y sociedad ha llevado a una preeminencia del mercado, a una disminución del Estado y a la asignación de nuevas responsabilidades a una sociedad poco organizada. Esto se traduce en un vaciamiento de políticas públicas en las cuales se debería estar incidiendo en razón del interés colectivo; pues resulta que en realidad no hay interlocutor público o éste ya no cuenta con herramientas para poner en práctica los acuerdos alcanzados en los espacios de interlocución dado que su sector se ha dejado a merced del mercado o está dedicado a proteger y alentar a las empresas privadas (casos de los sectores de telecomunicaciones, de energía, del medio ambiente, inmobiliario). En México y a nivel mundial es notable lo que está ocurriendo con el sector financiero y la crisis internacionales a que nos ha llevado la desregulación total de estos servicios.
6. Una precaria luz se observa en el camino futuro y se refiere al cambio en los términos de relación entre la sociedad y los candidatos de los partidos políticos que se pudo observar en los procesos electorales recientes. Por primera vez los candidatos tuvieron que seguir un guión que les fue marcado por instituciones y organizaciones de la sociedad teniendo que asistir a eventos y a lugares donde anteriormente jamás habrían acudido como son universidades, espacios de comunicadores autónomos y reuniones de organizaciones civiles. Se vieron obligados por la competencia electoral, a definir posición frente a una serie de preguntas que les fueron formuladas por diversas instancias de la sociedad y se tuvieron que salir de la agenda rígida que solían marcarles sus jefes de campaña. ¿Significará esto en el futuro próximo el reconocimiento de nuevos términos de relación en el desarrollo de planes y programas y de políticas públicas del nuevo gobierno con una interlocución más amplia con la ciudadanía?

Ahora bien, en el contexto descrito qué ha ocurrido con la incidencia en políticas públicas de la sociedad civil en los últimos años, qué estrategias se han utilizado para obligar al Estado Mexicano a reaccionar y adoptar posiciones frente al desatre de violencia que estamos viviendo.

1. Obviamente la agenda de la sociedad civil ha estado marcada por algunos temas centrales, a saber, la seguridad pública, la transparencia y rendición de cuentas, las migraciones, las víctimas y las violaciones a derechos humanos. Se observan graves retrocesos en los derechos de las mujeres y la creciente criminalización de los jóvenes. Esta situación ha alentado el surgimiento de nuevas organizaciones de víctimas y de varias interesadas en la política de seguridad pública que han sido invitadas por el Ejecutivo Federal a los diálogos en materia de la política de seguridad pública, han sido beneficiadas con recursos públicos y han asumido funciones de observación o veeduría de algunos procesos dentro de las instituciones de gobierno que conforman ese sector.

Las relaciones, muchas veces personales, con algunos funcionarios de la seguridad pública han permitido el desarrollo de propuestas y proyectos de la sociedad civil en el campo de esa política generando en algunos casos innovaciones interesantes y un mayor involucramiento de la sociedad en el tema de las violencias y la delincuencia. Asimismo varias organizaciones han promovido un cambio de paradigma en la política de seguridad pública a fin de incorporar un intervención mayor en materia de prevención social de las violencias mediante la realización de diagnósticos, planes, la creación de observatorios y de consejos, el trabajo con mujeres y jóvenes y la formación de investigadores y profesionales que puedan apoyar los trabajos de prevención. Otras más se han opuesto con firmeza a una Ley de Seguridad Nacional que militariza la seguridad pública y confunde las funciones de la milicia y las policías civiles. Promueven una visión de seguridad ciudadana y humana.

2. La afectación a la vida, la libertad y a la integridad de miles de personas que transitan por el país ha determinado que las organizaciones que trabajan con población migrante se vuelvan centrales y busquen influir en la política migratoria de México por ejemplo en las leyes y reglamentos que recogen la política mexicana en materia de migraciones; además muchas proveen directamente apoyo y protección a las personas de otros países que se ven en la necesidad de llegar o transitar por nuestro país. Para articularse y ser más eficaces en su actuación han formado una importante red nacional con vínculos con organizaciones de otros países.
3. El aumento a las violaciones en materia de derechos humanos por la delincuencia organizada y por las fuerzas del Estado condujeron al fortalecimiento y ampliación de una red de expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil para elevar una sustantiva propuesta de modificaciones a la Constitución Mexicana a fin de incorporar los derechos humanos como eje fundamental de la misma, reconociéndole igual jerarquía que ésta a los instrumentos internacionales firmados por nuestro país. Esta promoción terminó exitosamente en el 2010. Asimismo, las organizaciones de derechos humanos han venido utilizando los informes sombra que se preparan para su presentación a las instancias de seguimiento del desempeño de los países en el cumplimiento de esos instrumentos internacionales, así como la presencia de relatores especializados tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para obligar a un diálogo con diversas instancias del gobierno mexicano sobre las violaciones a los derechos humanos. Un tercer instrumento utilizado por la comunidad de organizaciones de derechos humanos ha sido el litigio estratégico ante instancias internacionales y cuyos exitosos resultados han llevado al reconocimiento por parte del Estado Mexicano de violaciones a derechos humanos de personas específicas, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición mediante el desarrollo de una serie de protocolos e instrumentos para asegurar el debido proceso, la investigación adecuada de los casos, la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones, entre otros temas.
4. Debido al reconocimiento de que la corrupción y la impunidad son dos factores que subyacen en la creciente violencia y desarrollo de la delincuencia organizada y en la colusión entre servidores públicos, empresarios y delincuentes; de la extendida práctica del patrimonialismo en el ejercicio del poder público en el país, así como para defender y avanzar en la autonomía de los organismos de transparencia, acceso a la información, auditoría y rendición de cuentas se creó la red de expertos, académicos, comunicadores y organizaciones civiles e instituciones para la rendición de cuentas (RRD). Esta red construyó una agenda de propuestas que fue presentada a los candidatos; además está formando profesionales muy reconocidos en la materia que permanentemente realizan denuncias y exhiben en los medios de comunicación los déficits que impiden el avance hacia un verdadero y efectivo combate a la corrupción y a la impunidad. Así, evidenciar los abusos en los presupuestos públicos, el manejo discrecional de programas y el gran volumen de recursos destinados a la comunicación social de los gobiernos son ejemplos emblemáticos del tipo de denuncias que realizan las organizaciones participantes en la Red. En esta misma vertiente pudieran ubicarse las organizaciones que han impulsado los juicios orales y cambios necesarios en el sistema de procuración, administración e impartición de justicia.
5. Otro campo de trabajo de las organizaciones civiles se relaciona con una insistente y justificada demanda por la democratización de los medios de comunicación como requerimiento inherente al avance en materia democrática. La democracia es una falacia si las voces de la diversidad no cuentan con espacios en los medios, si la población no puede acceder a información completa y analizada desde diversos enfoques y puntos de vista, si no se alienta la producción nacional de contenidos, entre otros aspectos. Sin embargo, en esta agenda civil podemos concluir que en esta administración se dieron decisiones que aumentaron la concentración del sector de telecomunicaciones en sólo dos consorcios, apoyando el enorme daño cultural difícilmente reversible que ello provoca e impidiendo el avance democrático del país. Ni el legislativo, ni el ejecutivo han acompañado la agenda de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI), de la Coalición por la democratización de los medios de comunicación, ni ahora tampoco la demanda del Movimiento #YoSoy132. Esta situación ha conducido a protestas frente a las instalaciones de las televisoras y de la Secretarías involucradas en las decisiones y recientemente, a un amparo de la AMEDI por la autorización de la fusión de dos empresas de servicios de telefonía en manos de los dos consorcios televisivos.
6. La incorporación de representantes ciudadanos independientes de los partidos políticos en las direcciones y consejos de los órganos autónomos de Estado como son las Comisiones de Derechos Humanos y los Institutos Electorales federal y estatales, así como de los institutos de acceso a la información y las diversas instituciones de auditoría y contraloría de la función pública ha sido otra estrategia seguida por las OSC mexicanas a fin de rescatar el contrapeso que esos órganos pueden representar para los abusos de poder y para la apropiación privada de los recursos públicos. La creación de órganos autónomos de Estado fue en una cierta etapa de la transición a la democracia una estrategia promovida y apoyada por la sociedad civil. Sin embargo la captura de esos órganos por los propietarios en turno de los gobiernos federal y estatales ha conducido a la anulación de su utilidad en defensa de los intereses colectivos y de las personas. Diversas redes de OSC están pendientes del cambio de funcionarios y consejeros de los órganos autónomos y participan en la propuesta y promoción de candidatos ciudadanos.
7. Ante la ausencia, deficiente funcionamiento o cancelación en la actual administración federal de espacios de diálogo sobre la gran diversidad de políticas públicas, muchas OSC nos hemos volcado a la investigación para sustentar nuestras agendas; a la creación de observatorios ciudadanos para dar seguimiento a diversos programas, políticas e instituciones, a incidir en la legislación local y federal o a buscar funcionarios sensibles y democráticos en los niveles locales para desarrollar programas y políticas que pudieran sentar precedentes e introducir innovaciones. Otras han tenido que dedicarse a defender los avances que ya se habían alcanzado ante la presencia de una ola conservadora y neoliberal que busca retroceder en derechos reconocidos, por ejemplo, recluir nuevamente a las mujeres y a los jóvenes en sus casas, promover valores que ni ellos mismos practican y dejar lo público en las manos del mercado y de la supuestamente eficiente y pulcra iniciativa privada.

Sirvan estos siete ejemplos para hacer un breve recuento de las agendas y las herramientas que está siendo promovidas y utilizadas por la sociedad civil mexicana para incidir en las políticas públicas. En conclusión, en materia de incidencia se han buscado caminos alternativos ante la ausencia de acciones y políticas de gobierno, la ignorancia de muchos servidores públicos actuales sobre la importancia y el desarrollo histórico del asociacionismo en México o la cerrazón y el miedo que privó en muchas áreas y funcionarios para establecer un diálogo constructivo con las OSC. Como podemos observar en materia de herramientas el espectro se ha ampliado para incluir el litigio estratégico, los foros internacionales, los amparos, los observatorios, la investigación, la denuncia y la visibilizacion pública de las omisiones o faltas, por ejemplo.

Personalmente no veo avances en la creación de un ambiente propicio para el florecimiento del asociacionismo en México que apoye el desarrollo de una sociedad democrática y ayude a reconstruir cohesión y tejido social. Por el contrario, veo retrocesos y enormes riesgos ante la violencia, la desigualdad urbana y el desencanto con la democracia por parte de una importante proporción de la población mexicana.

Muchas gracias.

[1] Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE social A.C.

[2] Clave de registro ante el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) para accedera apoyos y recursos públicos.

Quisiera agradecer al Embajador Astié en primer lugar, el haberme invitado a ser una de las personas que presentaran su muy interesante e ilustrativo libro; en segundo lugar, por haber escrito y publicado el texto para lo que entiendo es su interés principal, de sensibilizar a la sociedad civil mexicana de la importancia del cabildeo para promover lo que el autor llama “bien común”, bienestar colectivo o la protección de los intereses de las mayorías por encima de los intereses especiales, de los grupos de interés o poderes fácticos y de las grandes corporaciones y en tercer lugar, por aportar evidencias históricas concretas en distintos contextos de cómo esos intereses especiales logran pervertir y usar en su beneficio, herramientas o instrumentos desarrollados para estar al servicio de la democracia.

Conocí al autor como alto funcionario del servicio exterior en la embajada de México en Estados Unidos cuando Gustavo Petriccioli era embajador. Para entonces yo era Subsecretaria de Pesca en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Corrían los años 1989 a 1991 que marcaban el inicio de la preparación de la gran estrategia de cabildeo por parte de la tecnocracia conservadora gobernante en México, para lograr la aprobación del TELECAN.

Contra la corriente marcada por Salinas de hacer todo lo posible por congraciarse con el gobierno de Bush padre, el equipo de la Secretaría de Pesca que encabezaba María de los Ángeles Moreno, trataba de presentar argumentos sustentados en evidencia científica a fin de defender el derecho de la flota pesquera de atún mexicana para pescar atún aleta amarilla en la zona económica exclusiva del Pacífico Oriental, frente a la costa de nuestro país. Las grandes empacadoras de atún de capital norteamericano que operaban desde Tailandia, después de años de haber explotado con sus propias flotas el recurso en el Pacifico frente a las costas de los países de América Latina y haber capturado miles de delfines en sus redes atuneras, habían armado una estrategia amplia de cabildeo para impedir el acceso del atún embasado en enlatadoras mexicanas al mercado de Estados Unidos. El argumento de las empacadoras y la utilización de organizaciones y congresistas seudoambientalistas como Earth Island y Barbara Boxer de California, consistía en que la flota mexicana estaba capturando delfines en acompañamiento a la pesca de atún y que por lo tanto se tenía que aplicar un embargo al comercio de México de ese producto, si no se cumplían las disposiciones de tasas de mortalidad de diversas especies de delfines, previstas en legislación norteamericana, que esas mismas empacadoras habían cabildeado en el Congreso de Estados Unidos.

Así que de manera colateral, luchando contra el embajador de no grata memoria John Dimitri Negroponte, contra la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) que con sede en Costa Rica pero controlada por Estados Unidos fijaba las cuotas que se autorizaban a las flotas que operaban en el Pacífico Oriental, pero fundamentalmente, sin el apoyo de los doctores en el gobierno de Salinas, me tocó atestiguar la forma como el Gobierno de México fue destinando enormes recursos para contratar empresas de lobbysmo y relaciones públicas como Burson Marsteller para tramitar la aprobación del TELECAN muy bien relatada en el capítulo 4 el texto que hoy se presenta. Esta inició tratando de convencer al público norteamericano de que México estaba llevando a cabo una buena campaña contra las drogas y merecía recibir una buena evaluación de los autodesignados jueces norteamericanos y que por lo tanto, era un país confiable para firmar un tratado de libre comercio.

La defensa del derecho de pesca de México en su ZEE me llevó a tener que hablar con varios senadores norteamericanos y sus equipos representantes de distintos grupos de interés como la flota comercial de Estados Unidos, los pescadores de camarón de Louisiana o de los grupos hispanoamericanos. Me sentía como una desarmada embajadora de una colonia que tenía que acudir al senado del Imperio a pedir permiso para que se le permitiera alimentar a su propia población con sus propios recursos, sin ser castigada por los intereses comerciales de ese Imperio.

Tuvimos que acudir también a hacer cabildeo en varios países de Europa para que nos apoyaran y siguieran comprando atún mexicano, aún cuando el imperio los había amenazado de embargarles a ellos sus ventas de productos marinos, si nos seguían comprando atún a nosotros.

Así que muchas de los apuntamientos que realiza Walter Astié en su muy documentado texto, enriquecido con sus experiencias personales, me tocó vivirlas directamente, como fue la poca experiencia que el gobierno mexicano tenía en estrategias de cabildeo al haber dejado de practicarlo durante varias décadas de gobiernos priistas y a pesar de que en el gobierno de Porfirio Díaz y aún en los primeros gobiernos revolucionarios le habían rendido al país interesantes frutos.

Como señala el autor, aún la extraordinaria experiencia y desarrollo de capacidades de cabildeo y relaciones públicas que se adquirió en torno a las negociaciones del TELECAN y dirigida desde la Secretaría de Comercio y la Presidencia de la República, se dejaron perder una vez conseguido el objetivo, en lugar de haber fortalecido los recursos de lobbysmo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Astié se lamenta de que en México no exista una verdadera política de Estado en materia de cabildeo que le permita al país prever y dar seguimiento a los procesos que ocurren en el mundo globalizado para actuar oportunamente y con estrategias que permitan defender y promover los interese del país y no sólo causas puntuales y dispersas. Como ejemplo incluye los fracasados intentos del Gobierno de Fox por promover una legislación migratoria en Estados Unidos.

Otro asunto apuntado por el autor y que pude comprobar era el escaso desarrollo del cabildeo en Europa en esos años pues tuvimos que hacer uso de la filial europea de la empresa norteamericana Burson Marsteller con muy pocos resultados por su propio desconocimiento de la cultura política de esa región. Tuvimos que apoyarnos más en las propias embajadas de México en ese continente. El impresionante desarrollo que señala el autor del cabildeo en Europa, ocurre en la última década y en relación con los órganos de gobierno de la Unión Europea ubicados fundamentalmente en Bruselas.

Ahora bien con respecto a mi segundo agradecimiento al autor por el esfuerzo que realiza para sensibilizar a la sociedad civil mexicana sobre la utilidad de la herramienta del cabildeo para la promoción de los intereses y agendas más colectivas, dado su convencimiento de que este no es muy utilizado por las organizaciones civiles y sociales en México ahora que el Legislativo ha dejado de estar subordinado al Ejecutivo quisiera compartir algunas reflexiones.

Primero, que al igual que lo ocurrido en Estados Unidos y en Europa, se trata de un asunto de aprendizaje ante las nuevas condiciones de los poderes del Estado en lo que hemos querido llamar democracia en México. Primero, venimos de una historia de gobiernos autoritarios donde cualquier esfuerzo de organización de los ciudadanos o era promovido, cooptado o destruido por el gobierno en turno. Las organizaciones independientes y autónomas de trabajadores, campesinos, profesionistas o ciudadanos eran perseguidas y combatidas a lo largo de varias décadas.

Lentamente y partir de los años setenta, empezaron a formarse pequeños grupos de mujeres, de defensores de derechos humanos y de medioambientalistas que defendían agendas que parecían no cuestionar de fondo al sistema.

En la actualidad muchas organizaciones y activistas sociales y cívicos realizan trabajos de cabildeo para promover o parar legislación, incidir en políticas públicas y presentar amicus curie ante la Suprema Corte de Justicia; incluso realizan litigios estratégicos ante organismos internacionales de derechos humanos.

La reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos es resultados de una amplia coalición de organizaciones civiles y de académicos que realizaron un intenso y sostenido trabajo de cabildeo ante el Senado y la Cámara de Diputados y tuvieron que enfrentar y parar la incomprensión de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, las capacidades y los recursos de lo que llamamos sociedad civil organizada no tienen comparación alguna con los que destinan las grandes corporaciones nacionales y trasnacionales que operan en el país como son las farmacéuticas, las automotrices, las tabacaleras, mencionadas también por el autor en su libro, los monopolios de las telecomunicaciones, las cementeras, los bancos, etc. Estas y otros grupos de interés como son la iglesia católica, los grupos delincuenciales, los nuevos gobernadores-caciques y los grupos de ultraderecha hacen uso de todas las prácticas que cita Walter Astié en su libro como es la invitación a viajes todo pagado con las familias de los legisladores o funcionarios, las promesas de trabajo una vez que concluyan su gestión, los costosos regalos, la organización de eventos, reuniones y misas, pasando por las amenazas y culminando en los recursos para las campañas políticas.

Un tema que el autor trata tomando alguna investigación realizada por Jaime Cárdenas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es la presencia creciente y conspicua de empleados de las grandes corporaciones empresariales como legisladores, tanto senadores como diputados, promovidos por todos los partidos políticos. Por ejemplo en esta ocasión el PRI aceptó postular en cada cámara al menos a dos representantes de los intereses de las televisoras. El PVEM se caracteriza por ser un partido franquicia que vende sus posiciones al mejor postor. Los porcentajes que menciona el autor de legisladores actuales que han sido consejeros de organizaciones empresariales es realmente alarmante.

En cambio y ante el monopolio de la representación que ejercen los partidos políticos, no hay candidatos y candidatas de origen ciudadano independiente que no militan en partidos y que no cuentan con recursos para comprarle a los partidos su postulación. El único partido que dejaba una posición para la comunidad LGTB y para las organizaciones de mujeres era el PRD, pero al parecer las peleas de las tribus por candidaturas aún esa representación será cancelada.

Es decir, los intereses especiales y los poderes fácticos se están incrustando paulatinamente en el poder ejecutivo y del legislativo.

Lamentablemente el cabildeo requiere de recursos económicos como lo señala el autor en varias ocasiones y por ello desde mi óptica personal, ya no es un verdadero instrumento del derecho de petición y de gestión de los ciudadanos. Es una más de las herramientas de la democracia que son tomadas y pervertidas por los grupos de interés que encubiertos en la defensa de derechos ciudadanos promueven sus intereses particulares, la mayoría de las veces en contra del interés común.

Creo que el libro que hoy presentamos y cuya lectura recomiendo ampliamente por lo ameno y bien escrito que está, nos permite hacer un recorrido de los orígenes y de la historia del cabildeo en Estados Unidos, Europa, México y del cabildeo internacional, facilita entender su complejidad y las estrategias y prácticas para llevarlo a cabo, pero fundamentalmente nos deja como tarea a aquellos que aún creemos en la democracia que se trata de otro gran instrumento que debemos rescatar, como lo son las instituciones electorales, los órganos autónomos de Estado y la independencia de los Poderes, para proteger y defender los derechos de las personas frente a los intereses especiales,

¿Cómo describiría el sector hace 25 años?¿Cuál es el principal contraste con el actual?

Para el propósito de aclarar desde dónde es mi mirada respecto de la evolución de la sociedad civil en los últimos 25 años quisiera señalar que sociedad civil que no es lo mismo que sector filantrópico. Esta incluye a otros sectores organizados de la población como son los clubes y organizaciones deportivas, asociaciones de ciudadanos, clubes sociales, grupos religiosos, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones barriales o comunitarias. Se trata de la diversidad de personas que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales..

Es decir la sociedad civil mexicana podría dividirse al menos en tres grupos:

Aquellas personas que se organizan para ayuda a terceros sin fines de lucro que considero es el sector de la filantropía.

Aquellas personas que se organizan para defender derechos y actuar en el campo de lo público, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político. (Muchas veces este tipo de organizaciones fungen como mediadores entre los individuos y el Estado como señalaba Tocqueville)

Un tercer grupo estaría constituido por las organizaciones de personas que promueven o satisfacen sus propios intereses, derechos o ideologías: sindicatos, organizaciones religiosas, clubes sociales y deportivos.

Sector filantrópico.

Me parece que en 1988 si bien había una variedad de organizaciones que prestaban servicios de asistencia privada o de fundaciones que financiaban a estas aún no se hablaba de sociedad civil ni de organizaciones no gubernamentales. Los orígenes de las instituciones y de las fundaciones filantrópicas en algunos casos se remontan a la Época de la Colonia como son los Montepíos. Con recursos de patronos o de la iglesia católica en su mayoría, en todo el territorio nacional operaban y aún operan instituciones que asumen el cuidado y la atención de grupos vulnerabilizados por su condición económica, edad o situación de salud física o mental. Brindan alojamiento, alimentación, servicios de salud y servicios educativos o de capacitación. Algunas han sido vigiladas y obligadas a acogerse a las Juntas o Instituciones de Asistencia privada que operan y continúan operando en varios estados para garantizar que los fondos y los objetivos de las instituciones privadas definidos por sus fundadores no tuvieran un mal uso o se desvirtuaran. Otras aparecían como OR “obras religiosas” a cargo de miembros de la iglesia católica.

La filantropía definida como amor al ser humano suplió al término de “caridad” y se relaciona con el servicio a terceros sin fines de lucro. En estos 25 años mi impresión es que este sector de la sociedad civil, sin duda el más grande y el más poderoso económicamente ha continuado amplíandose, se ha modernizado, profesionalizado, artículado en redes y organizaciones de segundo piso, ha aumentado las fuentes de sus recursos a través de la creación de fundaciones empresariales, con modelos interesantes como es la FECHAC y ahora la FEYAC y ha entrado a acceder a fondos internacionales. Su campo de actuación se ha ampliado para atender nuevas vulnerabilidades como son las adicciones, el VIH Sida, las víctimas de desastres ambientales, entre otros, inclusive han salido a auxiliar a la población de otros países como es el caso de Haiti. Algunas organizaciones de filantropía incluso han entrado al campo de la incidencia en políticas públicas cuando se trata de aquellas leyes, instituciones y programas públicos que se relacionan con las poblaciones que ellas atienden o también para tratar de mejorar el ambiente en el que desarrollan sus propias actividades vía creación de fondos públicos, condiciones fiscales más favorables, profesionalización de sus miembros y trabajadores, investigación, etc.

No es un sector con el que yo esté en contacto permanentemente y tengo dudas sobre el estado que guardan en tres temas que siempre me han interesado: el avance en transparencia y rendición de cuentas, la investigación y la actualización de los modelos de atención a las personas que reciben los servicios del sector filantrópico y la garantía de respeto de los derechos de esas personas.

Entiendo también que el sector filantrópico ha venido a suplir la ausencia de servicios públicos para atender a las poblaciones vulnerabilizadas, ausencia que se ha agudizado en los últimos años por la desestructuración de los gobiernos mexicanos.

Organizaciones que promueven y defienden derechos.

El ámbito de sociedad civil en el que yo me muevo y al que considero conocer mejor es el de las organizaciones que defienden derechos de las personas frente a los abusos del Estado y de terceros.

Este sector surgió en condiciones difíciles de existencia cuando el Gobierno Mexicano las consideraba como organizaciones opositoras al régimen. El caso más emblemático son las organizaciones que defienden derechos humanos que fueron acompañadas en la década de los setentas por organizaciones de mujeres y las de lucha por el medio ambiente.

Vistas a 25 años de distancia se ha legitimado y ha dejado de ser perseguidas por los gobiernos de distintos partidos, aunque algunos lo miran con más tolerancia y otros aún le manifiestan una profunda desconfianza e incluso rechazo. Esto se debe a la función que realizan y que esencialmente consiste en defender la vulneración de los derechos humanos de las personas y de diferentes grupos específicos frente a los abusos u omisiones del Estado. En este sector se encuentran las organizaciones que hacen incidencia en política pública.

El desarrollo de este grupo de organizaciones ha tenido luces y sombras a lo largo de los últimos cinco lustros desde varios aspectos:

Logros– Han sido exitosas colocando temas en la agenda pública, en las políticas públicas y en el desarrollo de institucionalidad: democracia, participación ciudadana, derechos humanos, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, derechos sexuales y reproductivos; derecho a la alimentación; derechos de la infancia y de los jóvenes; medio ambiente, prevención social de las violencias; debido proceso y juicios orales; migrantes. Posiciones progresistas que avanzan en favor de los derechos ciudadanos y de la convivencia.

Articulación. Han logrado establecer redes temáticas profesionales y fuertes y con vínculos y participación en el exterior, pero a veces cae en filopartidismo perdiendo neutralidad y enfrentándose.

Acceso a recursos. Presentan graves problemas en el sostenimiento de sus actividades pues ni hay suficientes fondos públicos para poyar su trabajo, cada vez es menor el flujo de fondos internacionales para algunos temas y los fondos privados nacionales no financian sus actividades ni reconocen la importancia de las mismas. Muchas veces sus agendas tienen que seguir los temas que fijan las entidades financiadoras perdiendo conocimiento y experiencia y de algún modo su identidad temática. A veces surgen conflictos y competencia entre ellas por el acceso a recursos o por el reconocimiento de sus aportes que genera desconfianza.

Interlocución con los poderes del Estado. Con dificultadas y variaciones de acuerdo al origen partidario de los gobiernos y de los funcionarios públicos y legisladores, han logrado entrar al debate legislativo y de políticas públicas. Han adquirido expertise en el cabildeo. Permanentemente presentan innovación, nuevos temas de agenda, hacen pedagogía con los nuevos funcionarios y legisladoras aportando a la continuidad de los temas frente a los cambios de administraciones.

Liderazgos. Presentan dificultades en los cambios de liderazgos de las organizaciones y la trasmisión generacional. Les resulta difícil mantener a las personas formadas por malas condiciones laborales y la búsqueda de mejores sueldos y protección social. Acaban formando cuadros para las instituciones públicas. Eso dificulta la formación de líderes.

Profesionalización. Con dificultades pero buscan profesionalizar a sus miembros y trabajadores aprovechando oportunidades abiertas en las universidades en maestrías profesionalizantes, diplomados, cursos. Algunas nuevas organizaciones surgen con personas con maestrías y doctorados que más bien hacen consultoría desde la plataforma de asociaciones civiles pues también concursan por proyectos de las financiadoras que apoyan a este sector de la SC.

Retos

A pesar de los avances no se ha logrado generar un mejor ambiente en materia de políticas públicas en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y ello las lleva muchas veces a aceptar proyectos que pueden mermar su autonomía y su imagen.

Tienen una baja visibilidad frente a la población y con cada cambio de gobierno tiene que reposicionarse con los nuevos servidores públicos y legisladoras, muchos de los cuales nunca han tenido interacción con OSC. Cada vez hay que empezar de nuevo.

Tienen que encontrar caminos para institucionalizarse mediante la mejoría de las condiciones de trabajo de sus integrantes y la consolidación de sus estructuras y de sus planes de trabajo. Encontrar modalidades de financiamiento de mediano y largo plazo que les permita trascender de sostenerse a partir de proyectos con financiamientos anuales.

Es necesario que participen más en redes internacionales lo que les significa destinar recursos a ello.

Hay un reto de buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas.

Las universidades y centros de estudios superiores tendrían que interactuar más con las OSC en proyectos, en servicios social, en investigación, en generación de información sobre la sociedad civil.

La necesidad de sensibilizar al sector empresarial para apoyar a organizaciones que defienden la agenda de derechos, la democracia, el diálogo y la incidencia en políticas públicas en beneficio de la población.

Bajar presentación: Algunas experiencias de sinergias en la sociedad civil