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Presentación de la revista Coyuntura Demográfica

Demografía, Temas varios

 

Agradezco a Silvia Giorguli la invitación y la oportunidad para participar en la presentación del segundo número de la revista digital Coyuntura Demográfica, un esfuerzo entendería yo de la Sociedad Mexicana de Demografía.

Desearía iniciar este comentario felicitando la iniciativa pues me parece que hace un aporte fundamental a la divulgación de temas centrales de los estudios demográficos. Su formato consistente en textos breves de cinco cuartillas incluyendo figuras relevantes y bibliografía, permite a las personas interesadas aunque no especializadas, una actualización rápida de cuáles son las preocupaciones e intereses actuales de los expertos académicos en el campo de los estudios de población y cuáles son los principales cambios y tendencias de la estructura y dinámica poblacional.

Se trata de 18 artículos que de manera sintética y clara dan cuenta de los hallazgos más relevantes en temas fundamentales de los estudios de población como es la evolución reciente de ésta a partir de la conciliación de las cifras censales de Virgilio Partida, los cambios en las tendencias y volúmenes de la migración de René Zenteno o la evolución de las tasas de fecundidad y de la mortalidad materna de Rosario Cárdenas. Incluyen también los resultados de la exploración de nuevos campos de trabajo de la demografía como es el artículo de Landy Sánchez sobre el consumo energético de los hogares en México o la visión demográfica de los feminicidios de Carlos Echarri y como suele ocurrir en esta disciplina, no falta un tercer grupo de artículos que revisan la calidad de los sistemas de producción de información para estudiar ciertos fenómenos como son el de Ruvalcaba y Schteingart por cuanto al análisis de la vivienda y la estratificación urbana, el de Manuel Angel Castillo en relación a la información sobre extranjeros, el de Sonia Fernández sobre las estadísticas vitales y el relativo a la evaluación de las declaraciones de edad en censos y conteos, formulado por Alejandro Mina. No cabe duda que el aprovechamiento intenso y creciente de la información demográfica producida en México retroalimenta de manera poco equiparable con otras disciplinas a los productores de información y un compromiso permanente de los investigadores en población ha sido examinar con gran detalles los conceptos, los datos y los métodos de captación para señalar las bondades y los riesgos cuando se usa una u otra fuente. Ello aporta a le mejora sostenida de la producción de información demográfica en el país.

La Revista trajo a mi memoria dos importantes esfuerzos que conducidos por Raúl Benitez Zenteno realizaba la comunidad académica de demógrafos. El primero consistía en la realización de una serie de monografías censales una vez que se daban a conocer los resultados de los Censos de Población. Raúl convocaba no sólo a los demógrafos sino también a economistas, antropólogos y sociólogos cercanos a la comunidad de estudios de población para que con base en tabulaciones especiales del Censo que producía el propio INEGI, se pudiesen efectuar estudios a mayor profundidad de los distintos campos incluidos en los cuestionarios censales. Se trataba entonces de aprovechar la evolución que habían tenido los sistemas de cómputo para realizar cruces más sofisticados de los datos y explotar las que fueron las primeras muestras extraídas de la enorme base de datos censales. Se buscaba también motivar a los expertos facilitándoles el manejo de la información, para que realizaran una lectura más compleja de la información censal, como plataforma para las investigaciones de la siguiente década. Seguramente algunos de mis amigos y amigas ahora maestros e investigadores eméritos recordarán mejor que yo cuántos de estos ejercicios se hicieron. Entonces todavía no había las facilidades que existen ahora para manejar bases de microdatos y se requería de un esfuerzo colectivo y concertado con el INEGI para efectuar la tarea.

El otro proyecto también encabezado por el maestro Raúl Benítez Zenteno durante 16 años, consistió en la elaboración de una revista anual denominada Demos en donde nuevamente se convocaba a expertos en temas de población para que en artículos muy breves pudieran contarle al público interesado lo qué estaba ocurriendo en materia demográfica. Mi recuerdo personal en dos o tres números en que fui invitada a colaborar, eran las fantásticas reuniones de preparación y discusión de los materiales a ser publicados. Raúl se las ingeniaba para reunirnos en algún lugar fuera de la Ciudad de México en donde además de conversar sobre los materiales, convivíamos y forjábamos una amistad que perdura hasta la fecha. Benítez Zenteno fue un hombre con un fuerte compromiso social, que además de trabajo intelectual, generaba comunidad y afectos.

Cuando recibí los materiales impresos que me envió Silvia de la revista que hoy se presenta, primero me asusté por el volumen pero en la medida que fui revisando los materiales sentí una enorme alegría por dos razones. La primera porque encontré la iniciativa como muy cercana a las dos promociones que les relaté: se trata de artículos breves, realizados por expertos, utilizando en la mayoría de los casos los datos del Censo de Población del 2010. En segundo lugar porque a medida que leía los artículos iba encontrando respuestas claras a una serie de inquietudes que venía yo acumulando sobre los cambios en la dinámica y estructura de la población en México derivadas del gusanito que sembraron en mi Victor Urquidi, Raúl Benitez, Gustavo Cabrera, Pepe Morelos y muchos otros amigos y amigas demógrafos de El Colegio de México y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Además como parte de mi quehacer ha sido la promoción de investigación para la toma de decisiones y la incidencia en políticas públicas fuera de la comunidad académica formal y más en el activismo cívico, por la dificultad que entraña hacer un seguimiento puntual de la literatura especializada, se me habían ido acumulando dudas en dos sentidos. Uno en relación con la forma en que estaban evolucionando las variables demográficas fundamentales y otro sobre las oportunidades que los censos, las nuevas y diversas encuestas y la sistematización de registros administrativos apoyadas por la maravillosa evolución de la informática, estaban abriendo para explotar bases de microdatos y resolver dudas y definir magnitudes de fenómenos sociales que sabíamos ocurrían pero que por su complejidad y la dificultad para aprenderlos, resultaba muy difícil conocer su magnitud y sus características.

Cito a continuación algunas de esas dudas en donde la lectura de la revista me fue iluminando de manera sintética y concreta.

Una primera interrogante tenía que ver con la calidad y confiabilidad del Censo de Población del 2010. Entre aquellos que seguimos o estudiamos los Censos de la segunda mitad del siglo XX había una especie de convencimiento: a un censo bueno seguía un censo malo y cada vez que venían los preparativos de un nuevo censo de población había que sentarse a discutir con los encargados de llevarlo a cabo, cuando así lo permitían, a fin de evitar que hicieran grandes cambios en los temas captados y promover que introdujeran nuevos temas relevantes. El artículo de Virgilio Partida deja muy claro que la cobertura del censo de 2010 fue muy buena, 99.5% de la población y que los subregistros siguen estando en la infancia menor de tres años y en los varones de ciertas edades, que además la sorprendente cifra de población del Censo para algunos, sireflejaba una realidad a partir de las conciliaciones interesales efectuadas por la Sociedad Mexicana de Demografía.

En los últimos años y así se registra también en la revista, el tema migratorio ha ido adquiriendo mayor relevancia; mi duda en esta materia radicaba en saber qué estaba ocurriendo con los saldos migratorios con Estados Unidos. Todavía hasta el 2006, 2007 estábamos con cifras de un saldo de más de medio millón de mexicanos que se quedaban en Estados Unidos. El fenómeno debió dar un vuelco espectacular con la crisis del 2008 y en el artículo de René Zenteno encontramos la respuesta puntual: hay actualmente un saldo migratorio nulo por la crisis y el consecuente retorno de más de un millón de mexicanos en la administración Obama, acelerado este por la caída de la industria de la construcción y las políticas antimigratorias impulsadas por varios gobiernos estatales de Estados Unidos. Ese retorno ha sido muy doloroso para muchas familias por las separaciones a que ha dado lugar y por el impacto en niños y jóvenes que nacieron y se criaron en Estados Unidos y que llegan a un contexto social y cultural que les es ajeno.

Los artículos de Claudia Masferrer, el de Lozano y Gandini y el de Riosmena y González son buenos ejemplos de las mayores oportunidades disponibles actualmente en materia de bases de información para poder profundizar en la naturaleza y la especificidad del fenómeno migratorio como es la migración calificada o el grado de protección social que tienen los adultos mayores que retornan.

Un tema que me ha preocupado es el posible efecto en la tasa de fecundidad y en la mortalidad materna derivado de la política conservadora en materia de población que hemos sufrido en los doce años de gobiernos panistas. Rosario Cárdenas en su contribución a la Revista nos sintetiza y corrobora algo que era de esperar: el enlentecimiento de la disminución de la tasa de fecundidad, el aumento del embarazo en edades jóvenes y pocos cambios en la tasa de mortalidad materna que continúa resultando muy elevada comparativamente con otros países de desarrollo semejante al nuestro. Esperemos que el conservadurismo económico previsible en el próximo gobierno priista no se vea acompañado del conservadurismo moral que contagió a varios de sus legisladores en los Estados en relación con la legislación sobre el inicio de la vida.

Un artículo que me produjo un enorme gusto es el de Cecilia Rabell y Edith Gutiérrez pues por alguna razón derivado de mi participación en algunas de las reuniones de consulta para el Censo de Población del 2010 me quedé con la idea de que aún la precaria posibilidad que daban los Censos anteriores para reconstruir arreglos familiares a partir del registro de relaciones de parentesco con el jefe del hogar, se iba a ver afectada por cambios que se introducirían en la forma de captar a los hogares en el nuevo Censo. Una parte importante del trabajo de INCIDE Social A.C. se ha centrado en promover investigación y crear articulación entre la academia y el activismo cívico para incidir en el desarrollo de una política pública hacia las familias, reconociendo su diversidad y las transformaciones en su estructura y dinámica. Consideradas como el ámbito inicial de construcción de los seres humanos hemos promovido su análisis en las investigaciones diagnósticas que hemos impulsado y apoyado en varias ciudades y municipios del país sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias. Derivado de este esfuerzo teníamos y tenemos muchas preguntas y el artículo incluido sobre ¿Con quién vivimos los mexicanos? nos indica que la luz parece empezarse a abrir en el camino de oscuridad que por tanto tiempo ha experimentado el estudio de las familias en México. Por ejemplo, en las ciudades que vivieron crecimientos muy rápidos de su población como son las de maquila, observábamos un fenómeno recurrente que es la presencia de familias recompuestas o reconstituidas, donde los cónyuges arriban a la relación con hijos propios provenientes de arreglos familiares previos, así como la presencia de familias integradas por miembros con relaciones de parentesco pero que no parten de la presencia de los progenitores con sus hijos, como es el caso de las llamadas familias dona constituidas por abuelos y nietos solamente o las de tíos con sobrinos. Las estimaciones que realizan las autoras con base en datos censales nos dicen que en el país había poco más de 325 mil familias reconstituidas, y que 929 mil familias están formadas por corresidentes emparentados. Un fenómeno interesantísimo detectado por las autores es la presencia de 24 mil familias poligámicas donde más de la mitad están constituidas por un jefe con varias esposas. No me quedó muy claro cómo está conformado el resto de este tipo de arreglos, pero indudablemente incluyen formas de relación derivadas de otras culturas y modalidades de convivencia que rompen con los patrones tradicionales. Otro dato relevante es el hecho de que la mayoría de las parejas en relaciones homosexuales 172 mil tiene hijos y conforman familias nucleares. Sólo 57 mil constituyen parejas solas.

Bueno podría yo continuar contándoles lo valioso que me resultó el que Silvia me pidiera hacer este comentario y descubrir este gran aporte que la Sociedad Mexicana de Demografía y las y los autores de los textos están haciendo a la cultura sobre población en México mediante la publicación electrónica de Coyuntura Demográfica.

Para terminar sólo quisiera compartirles una preocupación que me surgió al examinar los textos que alcancé a revisar pues me faltó leer unos cuatro de ellos. Esta preocupación consiste en la casi ausencia total del tema de violencias. De lo leído sólo encontré la referencia que hace Virgilio Partida al incremento entre 2005 y 2010 en el riesgo de morir de los hombres que estaban entre 15 y 44 años en donde los esfuerzos por reducir la incidencia de diabetes se han visto neutralizados por la violencia creciente que ocurre en el país. El otro artículo es el de Carlos Echarri sobre el feminicidio en donde el autor muestra además de la magnitud y comportamiento del fenómeno su justa indignación por lo que está ocurriendo.

En las investigaciones diagnósticas que desde INCIDE Social hemos venido promoviendo sobre las causas sociales de las violencias uno de los capítulos solicita que se analice el posible impacto que han tenido las violencias en los cambios en la estructura y dinámica de la población de las ciudades y municipios estudiados, así como la forma en que las violencias han afectado a la demografía local. Otro capítulo solicita lo mismo respecto de la evolución de las familias.

Consideramos así que cambios en la población y en las familias pueden ser factores de riesgo o generar condiciones propicias para el aumento de las violencias y que en cambio otros, pueden constituirse en factores protectores. Incorporar lo que podríamos llamar el enfoque de violencias en los estudios de población me parece una tarea poco explorada en nuestro país y abre un campo de hipótesis muy interesante y útil para sustentar políticas de prevención social de las violencias.

Bueno, hasta aquí mi comentario y nuevamente muchas felicidades a las y los autores, así como a los promotores de este importante proyecto.

 

 

 

Las consecuencias sociales del poder de las televisoras en México

Medio de comunicación, Temas varios

Me da mucho gusto participar en este evento para conformar LA COALICIÓN CIUDADANA DEMOCRACIA Y MEDIOS: La telecracia no es democracia, una convocatoria de AMEDI para que un mayor número de personas y organizaciones exijamos a la clase política que controla los poderes del Estado que se libere de la subordinación, extorsión y amenazas del duopolio televisivo, lleve a cabo un cambio de política pública en materia de telecomunicaciones y promulgue las leyes que amplíen el acceso de otros actores a los servicios de radio y televisión, reconozcan y fortalezcan los medios públicos y comunitarios y regulen el funcionamiento del sector de telecomunicaciones en beneficio de todos los mexicanos.

Se trata también de mostrar a las poderosas empresas televisoras que la ciudadanía está harta de los daños que causan, de las enormes ganancias que obtienen y del poder de hecho que detentan. La democracia en el país se encuentra obstaculizada por la concentración de los medios de comunicación, por la pésima calidad de sus contenidos y por las limitaciones que imponen a la expresión y al encuentro de la diversidad social, económica, étnica, generacional y territorial.

 

 

En este contexto quisiera usar mi intervención para contar brevemente un episodio de esta vieja lucha por la democratización de los medios de comunicación, conocido por muchos de los presentes, pero me parece útil recordarlo por el momento de la historia del cambio democrático en que tuvo lugar. Quiero también señalar las consecuencias sociales que derivan del poder del duopolio televisivo y del enorme daño que causa a nuestra convivencia.

Hace diez años en 2002, un grupo de organizaciones civiles, expertos y académicos nos avocamos a desarrollar una propuesta del Ley de Radio y Televisión conscientes de que para los partidos políticos resultaba muy difícil hacer y promover una propuesta de democratización de los mismos por la subordinación que tenían y siguen teniendo respecto del duopolio televisivo, y que podría resumirse en algo así como “enfrentárseles es suicidarse políticamente”.

Reconocíamos además que ni la Secretaría de Gobernación entonces a cargo de Santiago Creel, ni la presidencia de la República tenían un compromiso verdadero con la transición democrática del país y que no se esforzarían por promover las reformas de Estado tan necesarias para desarmar la institucionalidad del régimen autoritario que vivimos por setenta años.

 

 

Las mesas para la reforma del Estado montadas por la SEGOB después de la entrada del PAN a la presidencia, no eran más que simulaciones para mediatizar los ánimos democratizadores que motivaban a muchas organizaciones y personas. Pero la señal de que todo había cambiado para quedar peor como hemos visto en estos doce años, fue el famoso beso de Martha Sahagún a Bernardo Gómez alto funcionario de TELEVISA después del acuerdo donde el Estado Mexicano cedía a las televisoras tiempos de Estado que servían para difundir información del sector público.

Lamentablemente y contra todo lo esperado, los gobiernos panistas poco han hecho para que la democracia sea percibida por los mexicanos como un mejor régimen político y además, nos han conducido a una situación de emergencia nacional por vía de la guerra declarada contra el narcotráfico.

A pesar del esfuerzo realizado por cuatro senadores Corral, Bartlett, Vicencio y ………. para promover una reforma legislativa que democratizara los medios de comunicación, la poderosa telebancada encabezada por Emilio Gamboa en el Senado de la República, la negativa de la fracción del PRI para apoyar la nueva legislación, la tibieza del Poder Ejecutivo y la sistemática presión, amenaza y extorsión que ejercen las empresas televisoras sobre legisladores y servidores públicos, condujo en 2005 a la aprobación de una contrareforma en materia de radio y televisión diseñada desde el área jurídica de Televisa.

 

 

De entonces a la fecha los beneficios del gobierno hacia las empresas televisoras han continuado avanzando y a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia para modificar varios artículos de la Ley Televisa, el Congreso ha sido omiso. Fuera de la reforma electoral del 2007-2008, el Congreso ha sido anuente al aumento del poder de las televisoras.

Sé que este es sólo un pequeño y conocido fragmento de una histórica batalla y que antes y después ha habido diversos esfuerzos para acabar con ese enorme poder de hecho. El papel de AMEDI ha sido fundamental en este propósito en los últimos años.

A estas alturas de nuestra frustrada democracia, como consecuencia de las omisiones, la corrupción, el miedo y la subordinación del gobierno federal y de las cúpulas y fracciones partidarias tenemos un engendro imparable que violenta impunemente las leyes. Utiliza a sus ejércitos de abogados para destruir vidas, arrebatar propiedades y cometer fraudes financieros como lo ha hecho el Sr. Ricardo Salinas, ejemplo de la mala ética privada en el país, o que como es el caso de TELEVISA construye y promueve candidatos a la presidencia del país, tiene capturadas diversas áreas del Estado y concentra y controla el negocio del deporte y del entretenimiento y con ello la vida y destino de miles de personas que se ocupan en estos sectores.

Pero lo que quisiera destacar en esta intervención es el enorme costo social que para el país ha significado la concentración privada de los medios de comunicación electrónica por más de cincuenta años.

Estoy convencida que muchos de los síntomas graves de esto que estamos llamando emergencia nacional tienen que ver con construcciones históricas perversas que como sociedad hemos tolerado y dejado que ocurran y que además se han acelerado a partir del modelo de liberación del mercado y reducción del Estado, vigente en el país desde hace 30 años.

En esas construcciones históricas perversas los medios electrónicos han contribuido de manera destacada. Son causa eficiente de la obesidad y malnutrición, de la normalización de la violencia, de la ruptura de tejido social y la creciente individuación y del consumismo como forma de realización personal.

Los medios de comunicación junto con las familias, la escuela y los grupos de pares son los agentes de socialización de las personas. Son agentes que transmiten la cultura a los nuevos seres humanos que se incorporan a las sociedades: influyen en la alimentación, en la forma de hablar y decir las cosas, en la forma de resolver los conflictos, en los modelos de cortejo y relación con otros, en la forma de relacionarnos con el medio ambiente, entre otras muchas cosas.

Los medios son una herramienta fundamental de la cultura y la civilización actual y es para México una verdadera desgracia que paulatinamente hayan quedado en las manos de empresarios privados cuya calidad moral es muy cuestionable y que los gobiernos y los poderes legislativos hayan renunciado a su función reguladora y a su obligación de proteger los derechos de todos y todas frente a las intervenciones de terceros.

Los medios electrónicos no están interesados ni comprometidos con la formación de seres humanos dignos, responsables, conscientes, críticos. Su objetivo es convertirnos a todos en consumidores acríticos.

Al hacer uso de los conocimientos más actualizados de la psicología nos colocan modelos aspiracionales de consumo, de comportamiento y nos proponen ídolos. Ellos nos establecen el deber ser y alimentan con ello las conductas violentas para alcanzar esos modelos, ante una sociedad tan profundamente desigual y excluyente como la nuestra.

Para la sociedad mexicana representa una alto costo y tiene consecuencias graves las miles de horas que los niños, las niñas y los adolescentes pasan frente a las llamadas “cajas idiotas” con una programación insulsa, de pésima calidad y malintencionada para convertirlos en consumidores desde pequeños y en votantes dóciles de adultos.

 

Construyamos la Coalición Cuidadana Democracia y Medios y demos la bienvenida a esta lucha al movimiento de los jóvenes universitarios. Harían una enorme contribución a la historia de este país si lograran la ruptura del duopolio privado de los medios de comunicación, obligando a los poderes del Estado mexicano a cumplir sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos de todas y todos y entre ellos el derecho al acceso al conocimiento y a los desarrollos tecnológicos y científicos más actualizados. el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.

 

Comentarios al texto de la fragmentación y la rendición de cuentas presentado por Bohórquez, Morales y Ocejo. Red por la Rendición de Cuentas

Rendición de cuentas, Temas varios

 

  1. El texto refiere en general a los temas de asociacionismo y participación ciudadana y me parece que pierde su especificidad sobre lo que ocurre en materia de rendición de cuentas. Si bien los problemas del asociacionismo en México enmarcan las posibilidades de evolución de las actividades de rendición de cuentas, habría que diferenciar con mayor claridad que es lo que afecta a estas últimas.
  2. Hay una necesidad de diferenciar con mayor claridad las aseveraciones del texto que se refieren a las condiciones generales de la participación ciudadana y el asociacionismo respecto de las actividades concretas de participación en materia de rendición de cunetas.

Me parece que falta un análisis más certero desde dos ópticas: ¿por qué tan pocas organizaciones de la sociedad civil trabajan el tema de rendición de cuentas y por lo tanto, las redes en la materia son tan débiles? y ¿cuáles serían los contextos externos más propicios para que esta actividad pudiera realizarse con más éxito y efectividad? Son dos ópticas interrelacionadas pues en la medida que las actividades de rendición de cuentas tuvieran más éxito y se convirtieran en un mecanismo de exigibilidad y justiciabilidad es decir, tuvieran cierto nivel vinculatorio de sus resultados con la gestión gubernamental, seguramente más organizaciones se incorporarían a esa actividad

Personalmente me parece más relevante analizar cuál es el contexto cultural general que hace que pocas organizaciones entren al tema y creo que tiene que ver con el alto nivel de corrupción y de impunidad que ha alcanzado el uso y apropiación privada de los recursos públicos, no sólo monetarios sino todo lo que implica lo que llamamos “captura del Estado” incluyendo como espacios y herramientas de enriquecimiento ente otros las instituciones mismas, los trámites, las licitaciones viciadas, los puestos de trabajo, las propiedades, las concesiones y permisos, hasta las posibilidades de endeudamiento como estamos viviendo en estos días lo ocurrido en Coahuila.

Es decir, las instituciones del Estado se han convertido en fuentes de ingreso, riqueza y poder de individuos y grupos privados y por lo tanto, esos grupos en su calidad de funcionarios públicos o de legisladores, no tienen el más mínimo interés o lo que ahora se llama “incentivos” para dejar pasar legislación, ni construir instituciones, ni en proveer de fondos públicos a organizaciones que les limiten esta fantástica fuente de ingresos y riqueza.

Por ejemplo, en la tan promovida por algunos sectores de OSC, de la minuta de la reforma política en discusión, no aparecen por ningún lado, dos figuras muy relacionados con el tema de rendición de cuentes: la revocación de mandato y las limitaciones al fuero. Sólo se incluye la reelección como un camino hacia la sanción al funcionario electo por una mala gestión, sin embargo el PRI se opone porque significa limitar el poder del partido para decidir el destino de su élite partidaria y por lo tanto le significaría, una perdida de control sobre éstas.

  1. Me parece muy fuerte sostener como se hace en el documento que el marco fiscal vigente limita de manera deliberada las iniciativas para lograr un tejido especializado en la rendición de cuentas por parte del gobierno y sus instituciones

Personalmente siempre he tenidos dudas si la conversión de las organizaciones en donatarias va a tener un efecto positivo en su financiamiento dada la escasa cultura de donación que existe en el país y menos hacia organizaciones que hacen incidencia en política pública. Incluso las limitaciones que se colocan en la Ley del Impuesto sobre la Renta para la conversión de las organizaciones en donatarias, lo que está reflejando es una clara oposición del ejecutivo y del legislativo de que lo que ellos consideran recursos públicos, entendidos como los impuestos que se dejan de recibir por las donaciones, sirvan para financiar actividades de las OSC que los critiquen, los exhiban, o pretendan controlarlos. Esa discusión emergió cunado se trataba de ampliar el campo hacia las organizaciones que defienden derechos humanos. Una vez aceptada incluso se pretendió acotarla mediante el reglamento de la Ley

Una de las razones por las que las OSC hemos tenido que entrar al esquema de donatarias tiene ahora más que ver con las exigencias para acceder a fondos de fundaciones internacionales, particularmente de Estados Unidos. Por cierto, las restricciones para realizar actividades destinadas a influir en la legislación (Art 97, fr. II de la Ley) mencionadas en el documento, tiene su origen en una práctica de la legislación norteamericana que igual prohíbe a los recipendarios de recursos de fundaciones de Estados Unidos intervenir en la promoción de legislación. Incluso los abogados de las fundaciones se han vuelto cada vez más exigentes en la materia y vienen a darnos talleres sobre el tema.

Se está haciendo en el texto una liga entre ser donataria autorizada y recibir apoyos y estímulos públicos del gobierno y me parece que ello refleja alguna incomprensión de lo que ha sido la lucha por ampliar las actividades de las organizaciones civiles que podrían ser sujetas de donaciones. Primero las organizaciones tendrían que conseguir donantes y quienes se benefician en realidad son los donantes al no pagar impuestos por lo que transfieren a las organizaciones. Esos impuestos que dejan de pagar es lo que el Estado considera que deja de percibir y por lo tanto lo considera como un aporte a las organizaciones. Desde mi personal óptica esta situación no está limitando “la recepción de apoyos y estímulos públicos” directos del gobierno, como son los fondos de INDESOL o de otras instituciones de gobierno que aplican fondos específicos para apoyar proyectos de las OSC, a menos que yo me hubiera perdido algo en el camino y ahora aún la entrega de esos apoyos, requiere de un registro de donataria.

Siempre he pensado que seguir peleando por ampliar el marco de donatarias en un país tan desigual y con muy pero muy poca cultura filantrópica, es hacerle la chamba a las organizaciones dedicadas a la asistencia y a las que están asumiendo responsabilidades que correspondería estrictamente realizarlas u ofrecerlas al sector público.

Creo que sería mucho más razonable exigir la existencia de fondos públicos más amplios para apoyar el quehacer de las organizaciones civiles y sociales que contribuyen al bienestar social y a la gobernabilidad alentando la participación ciudadana, la construcción de ciudadanía y tejido social. Es decir, el reconocimiento de que las organizaciones civiles contribuyen a la vida pública.

  1. Una reflexión sobre el tema de participación ciudadana en México. La existencia de más de la mitad de la población mexicana en situaciones de pobreza, sumada a la creciente violencia en el territorio son obstáculos reales y concretos para la participación ciudadana en asuntos públicos. Las personas simplemente no tienen tiempo para participar pues tienen que dar prioridad al uso de su tiempo para medio sobrevivir. Participan temporalmente cuando se trata de asuntos colectivos relacionados con su supervivencia o su bienestar inmediato como conseguir agua potable, pavimentación o drenaje, acceso de sus hijos a las escuelas y becas. Los sectores medios también están en una situación de proteger lo que han logrado y poco les interesa la vida pública y la política pues están cansados de las denuncias de corrupción y abuso que hacen los medios de comunicación desde hace algunos años y que no tienen consecuencia alguna sobre los corruptos y abusivos.

Los sistemas de control social de la corrupción y desvío de recursos públicos están totalmente abatidos en el país, pues han sido abusados a veces con fines políticos o bien son diluidos en infames acuerdos de las cúpulas políticas y los poderes fácticos.

Al igual que la violencia con las fantásticas campañas de la Presidencia de la República, la corrupción se está normalizando en la cultura del mexicano que con inteligencia y en afán de sobrevivencia decide violar las leyes que le son impuestas por las élites y que nada tienen que ver con su vida cotidiana.

4.- Realmente me confundió la información y la gráfica que presenta el texto. Afirma que el universo asociativo pasó en diez años de 180 organizaciones por año antes del 2000 a 405 en el 2002, a 1216 en el 2004 y a 1814 en 2008. La gráfica muestra una caída a 1440 en 2009 y hasta 387 en 2010. Se refiere al registro que lleva INDESOL?

5.- Se afirma en el último párrafo de la página 3 que existen condiciones estructurales para una mayor participación ciudadana y se han creado mecanismos tendientes a favorecerla, y se precgunta por qué no se ha logrado articular la exigencia de rendición de cuentas en el país desde la sociedad civil.   Es discutible afirmar que existen las condiciones estructurales para una mayor participación ¿Por qué hay una ley? ¿Por qué se amplió la lista de actividades sujetas a donaciones? ¿Por qué existen más fondos para apoyar las actividades de las organizaciones? Es no entender la crisis de recursos, de incidencia, de participación, de defensa de logros anteriores por la que están pasando las OSC.

No entiendo a qué se refiere el texto cuando señala en el último párrafo que en la interacción entre gobierno y sociedad… aún no se llega a la transferencia de responsabilidades o a mecanismos de gestión conjunta? Pagina 8 último párrafo

Párrafo cuarto pagina 8 no se entiende por que la descentralización, la creación de instituciones autónomas especializadas, etc.   hace más difícil el acompañamiento y la participación de la ciudadanía en los procesos.

 

JUVENTUD, DISCRIMINACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Algunos criterios básicos

Discriminación, Juventud

1.- El estudio de la juventud no es mi campo de especialidad, pero si es uno de mis ámbitos de preocupación desde hace varios años. Reconozco la existencia de una creciente literatura de investigación y de organizaciones e instituciones que trabajan el tema juvenil y les expreso mi respeto.

2.- Desde hace varios años he buscado cómo aproximarme a los temas y políticas juveniles desde la mirada de las políticas sociales. Hace ya casi doce años llevamos a cabo algunos enfoques de política juvenil desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D.F. de forma exploratoria, de pequeña escala, pocos recursos y por un breve tiempo, obteniendo tres aprendizajes importantes. Las intervenciones con jóvenes deben:

a) Crear confianza entre los agentes de las instituciones y los grupos de jóvenes y para ello se requiere de acercamientos respetuosos, suaves, lentos, sostenidos y dialogantes. Toman tiempo e implican trabajo en el territorio. Hay que acercarse a ellos y no esperar que ellos y ellas se acerquen a las instituciones.

b) Esa construcción de procesos debe ser sinceramente participativa, como suele decirse: nada para los jóvenes sin los jóvenes

c) La principal demanda de la población juvenil de la Ciudad de México en ese momento, era la posibilidad de contar con espacios públicos: donde encontrarse con sus coetáneos, donde realizar actividades colectivas, donde expresarse en su diversidad. Me queda claro que una de las transiciones en la etapa juvenil de la vida es pasar del mundo de lo privado al mundo de lo público y de lo colectivo.

3.- Pero las cosas han cambiado fuertemente de entonces para acá y las transformaciones más importantes se han dado en el contexto social, económico, político y cultural afectando de manera particular la vida y el desarrollo de la población juvenil conduciendo a varios fenómenos que si bien, ya se venían presentando, nunca con la velocidad y magnitud que observamos en la última década:

a) Migración. Una salida espectacular de hombres y mujeres jóvenes hacia Estados Unidos para encontrar opciones de trabajo y nuevos cursos de vida. Con ello la pérdida de una gran cantidad de jóvenes con educación diversa, incluso de posgrado y una transformación de los contextos familiares por las ausencias físicas, aunque con las contribuciones de remesas para completar el gasto familiar. Desde la óptica nacional podemos afirmar que hemos estado trasladando parte del bono demográfico mexicano y de las inversiones en educación y salud realizadas en la población mexicana, para beneficio de la economía estadounidense y de su población envejecida. Representa la pérdida para el país de un promedio anual de 500 mil mexicanos en su mayor parte jóvenes, a cambio de un flujo de remesas que paulatinamente se irá reduciendo en el tiempo. Otros opinarían que decidimos exportar seres humanos al mercado internacional.

b) La profundización de una cultura adulta de discriminación, criminalización y exclusión hacia las poblaciones juveniles y la incomprensión de su diversidad, donde los cuerpos de seguridad se han convertido en el instrumento principal para perseguir y agredir a los jóvenes, principalmente a los hombres.

c) Un retroceso en los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las poblaciones jóvenes y principalmente de las mujeres, ante una clase política crecientemente conservadora.

d) La presencia de una economía de la delincuencia y del crimen organizado que se ha apoderado de territorios completos en el país: municipios y estados, que utiliza a los jóvenes como sus trabajadores, ofreciéndoles oportunidades de ingreso, pero también como sus principales víctimas: como consumidores de droga, de materiales pirata y de contrabando, de sus asesinatos (juvenicidios y feminicidios), víctimas principales del secuestro y del desarrollo de nuevos delitos.

e) El uso de jóvenes como miembros del ejército y de las fuerzas públicas y privadas de seguridad para proteger a las élites y las clases medias urbanas en todo el país.

f) Una oferta insuficiente de opciones educativas en los niveles de media superior y profesional, en paralelo del deterioro creciente de la educción por la falta de calidad y relevancia de los contenidos para la realidad que viven y enfrentan actualmente las poblaciones juveniles. Recientemente en algunas investigaciones se ha encontrado que los jóvenes se aburren en las escuelas.

g) Un modelo económico que al privilegiar la economía de la producción y las ganancias privadas, altamente concentradas, ha desatendido la reproducción de su población, afectando particularmente el desarrollo de la infancia y la juventud, al precarizar los salarios y las prestaciones y flexibilizar en la realidad, los términos de las relaciones laborales. Ello además, ante la ausencia de una política de estado distributiva del ingreso y la riqueza, por los bajos niveles de carga fiscal y los privilegios que se otorgan en la materia y por el tipo de política social adoptada que se focaliza en la atención de la pobreza y no en la garantía, promoción, respeto y protección de derechos humanos.

h) Como consecuencia se observa una transformación de las familias que conlleva una precarización de la economía del cuidado y de los ámbitos de protección, aprendizaje y desarrollo de las poblaciones infantiles y juveniles frente a la ausencia de intervenciones oportunas, suficientes, adecuadas e integrales del Estado para apoyar esa economía y esos ámbitos.

Las políticas hacia, con y para la población joven en México.

 A partir de lo anterior me parece que el reto en materia de políticas juveniles tiene al menos, tres ejes:

a) El reconocimiento de la importancia de una política nacional de juventud de gran envergadura e integral, con sus claras expresiones y adecuaciones al nivel territorial y definición de responsabilidades por niveles de gobierno y con suficientes apoyos legislativos, institucionales y presupuestales. Personalmente creo que si los Institutos de Juventud han de servir para algo es para convocar y conducir el diseño de esa política nacional y de transversalizar el enfoque juvenil en todas las políticas gubernamentales y para convertirlas realmente en políticas públicas, garantizar una participación en su diseño, instrumentación y evaluación de representantes juveniles.

b) La creación de un ambiente propicio para la protección, el aprendizaje y el desarrollo de las poblaciones juveniles con cambios en las políticas económica, social, cultural y ambiental y también, en los procesos e instituciones políticas. Es decir, actuar sobre el entorno o el contexto desde la perspectiva juvenil.

c) El desarrollo de políticas públicas de, para y con los jóvenes con un enfoque de integralidad y de derechos que podríamos enunciar en los siguientes rubros en términos de derechos humanos:

  • derecho a la no discriminación y a la igualdad de género
  • derechos sexuales y reproductivos
  • derecho al disfrute del nivel más altos de salud física, mental y social
  • derecho al trabajo y del trabajo y a un nivel de vida adecuado
  • derecho a la educación
  • derechos culturales y reacceso a la tecnología y el conocimiento científico
  • derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, de respeto a las libertades fundamentales como libertad de expresión y de acceso a la información, de reunión y de asociación, a la privacidad y al honor, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de movimiento.
  • Derecho a la vivienda
  • Derecho a un medio ambiente sano

Rogelio Marcial  considera que los espacios de mayor riesgo en la actualidad para las poblaciones juveniles tienen que ver con los campos de: sexualidad, educación, empleo, consumo de sustancias y jóvenes en conflicto con la ley lo que podría orientar las prioridades de políticas. Estas deberían ser las prioridades en el diseño de una política integral en el corto plazo.

Desde la mirada del tema que nos convoca que es la discriminación, algunos de los campos anteriores de derechos tendrían mayor relevancia, aunque en todos ellos las prácticas de exclusión de ciertos grupos de jóvenes tendrían que enfrentarse.

Siempre he pensado que la superación o atenuación de conductas discriminatorias tiene que ver con la forma en que construimos y desarrollamos a los seres humanos y que hace a cambios profundos en la cultura y que una de las intervenciones que ha probado su eficacia en esta materia, son las acciones positivas que obligan a la convivencia cotidiana de representaciones diversas.

Si en la primera infancia, etapa de la vida fundamental en el desarrollo de valores, es más difícil la intervención intencionada para propiciar la convivencia de la diversidad económica, social, cultural, religiosa, étnica, racial, de género, política y de capacidades físicas y mentales, si es factible propiciarla en las instituciones, espacios y programas públicos en etapas posteriores de la vida. Esa convivencia de la diversidad debería ser en las políticas juveniles un criterio fundamental en el desarrollo de programas públicos de educación, salud, culturales, recreativos, deportivos, laborales y de servicios y utilización de los espacios  públicos, en general.

Es necesario combatir la creciente segmentación que se observa en los ámbitos de educación como son las universidades, en los servicios de salud o en las actividades culturales y de recreación, por ejemplo, y propiciar más espacios de encuentro y convivencia de la diversidad.

Las acciones afirmativas que obliguen a la convivencia de la diversidad deberían aplicarse a los servicios privados también como son las escuelas y universidades, donde la formación de los hijos de las clases medias y altas se lleva a cabo de manera aislada sin contacto con la infancia y los jóvenes provenientes de las clases populares y en pobreza. No se trata de que acepten a uno o dos jóvenes de familias de bajos ingresos, sino que para tener un impacto real, al menos, treinta por ciento de la matrícula de escuelas particulares debería asignarse y en su caso, sea apoyada con recursos públicos, para niños, niñas y jóvenes de origen diverso.

Finalmente quisiera referirme a un tema de creciente preocupación entre la población juvenil y que es su relación con los cuerpos de seguridad ante la creciente violencia criminal e institucional en la vida de todos los mexicanos. Algunos autores señalan que los cuerpos de seguridad asumen como suyos los valores de las clases dominantes y que verán como peligrosos a aquellas personas que son consideradas como tales por las élites.

Al no existir un proyecto de las élites económicas y políticas mexicanas para la enorme población juvenil en la estructura demográfica actual del país, pues no asumen como su responsabilidad la creación de una economía que crezca, genere empleos, distribuya y sea sustentable, los jóvenes -por su energía, cuestionamiento de la autoridad y las instituciones, defensa del ejercicio de su libertad-, son colocados como poblaciones peligrosas, pues no aceptan su pertenencia a los sectores subordinados.

Los cuerpos de seguridad se convierten entonces en el instrumento para subordinarlos y si se revelan  acaban en el mejor de los casos, en los reclusorios, que tiene un elevado y creciente porcentaje de población entre 18 y 29 años, y en el peor, entre los miles de muertos por la violencia criminal e institucional.

Son las élites económicas y políticas las que deben entender el enorme riesgo en que están colocando la viabilidad del país al no reconocer y asumir el enorme valor actual y  futuro que representa la elevada proporción de jóvenes en la estructura poblacional del país. Es en etapas similares de la historia poblacional de los países desarrollados donde se hizo posible el despegue económico por las bajas tasas de dependencia.

En México en cambio, hemos elegido acosarlos, correrlos del país o destruirlos. Un grave error histórico, además de una profunda tragedia humana.

Comentarios y reflexiones en torno a la investigación sobre la contribución de las remesas a los Ingresos públicos en México

Remesas

Agradezco la invitación a comentar este importante e interesante trabajo y felicito a sus autores y a NALACC por su promoción.

 Como propósitos de la investigación quisiera destacar algunos, a saber:

  1. Influir en los procesos de toma de decisiones sobre políticas que impactan la vida de los migrantes latinoamericanos, tales como las políticas económicas y las migratorias
  2. Reubicar la atención en la migración como un asunto de desarrollo más que de la aprobación de leyes migratorias.
  3. Hacer un análisis del costo-beneficio de las migraciones.
  4. Estimar la contribución de las remesas a los ingresos públicos de los países de origen de los migrantes, especialmente, vía el pago de impuestos al valor agregado (IVA) en México y en El Salvador. La atención se centra en la salud fiscal, en donde “uno de los principales instrumentos de los planes, los programas y las acciones de las políticas públicas es el presupuesto nacional”
  5. El estudio recomienda que el debate sobre las remesas y el desarrollo se enfoque en el rol del Estado para generar bienestar para sus ciudadanos y en el tipo de sociedad que se quiere promover.
  6. Trata de demostrar en que a pesar de la importante aportación que hacen las remesas al pago del IVA no existe por parte de los Estados una retribución a ello, debido a que los programas y los recursos públicos dirigidos a sus comunidades de origen son mínimas. Es decir, el Estado extrae recursos de las remesas que no devuelve a las comunidades de origen.
  7. Destacan también la contribución de las remesas a disminuir  la pobreza y la falta de oportunidades que los países ofrecen a su población misma que se ve obligada a emigrar para poder sostener a sus grupos familiares.
  8. Dos aspectos diluyen en México el efecto que podrían tener las remesas en la captación de impuestos al consumo: el primero es que una proporción muy amplia de las remesas se dedican principalmente a la comprar bienes y servicios para alimentación, salud y educación y que una parte fundamental de la canasta  que compran las familias de los migrantes tienen tasa 0 están exentas del pago del IVA. La otra es que estas familias acuden al mercado informal para hacer sus compras o bien a mercados tan precarios que no pasan por los procesos de imposición y por lo tanto no se cobra el IVA. Es decir, por el contexto regulatorio y de la organización de los mercados de bienes y servicios en el país, la contribución de las remesas a lo que los autores llaman “salud fiscal” del Estado Mexicano se ve reducida.
  9. Mediante las estimaciones  sobre el gasto en educación por niveles educativos, el tipo de protección de salud al que se acogen las familias de los migrantes (60% en el seguro popular) y el análisis del Programa 3 por 1 los autores tratan de demostrar la mayor vulnerabilidad y desventaja que enfrentan las familias de los migrantes ante el tipo y monto del gasto público en educación, salud y promoción del desarrollo que realiza el Estado mexicano. Concluyen por ejemplo que aunque el aporte fue de sólo el 4% del IVA recaudado en 2008 proveniente del gasto de las remesas en México, este representa la mitad de lo asignado por el gobierno federal al principal programa de mitigación de la pobreza Oportunidades; que es mas de tres mil por ciento lo designado al programa de coinversión entre las organizaciones de migrantes mexicanos y los distintos niveles de gobiernos en sus lugares de origen.
  10.  El mayor reclamo que hace el estudio consiste en señalar de que a pesar de la contribución considerable que hacen los migrantes a las economías de sus países, éstos no son considerados en la toma de decisiones sobre los programas de desarrollo que afectan a sus comunidades. Además de que existe poca transparencia y un limitado acceso a la información sobre el presupuesto nacional y la forma en cómo se elabora y en el mejor de los casos, se invita a los migrantes a participar después de haber tomado decisiones.
  11. Ante esta situación el estudio sugiere generar espacios de discusión y consulta, incluso en el exterior; el gobierno puede perfectamente trasladarse hacia los principales lugares de residencia de los migrantes y organizar las respectivas consultas con las comunidades y sus representantes.

 

Aunque la discusión que intenta colocar el estudio en la arena pública y las razones para haberlo financiado y elaborado son absolutamente  válidas y justificadas desde la lógica de las organizaciones de migrantes me parece que tendría que ubicarse esa discusión en el contexto de la realidad de la disputa por la distribución el presupuesto público que se da en México al menos desde cuatro perspectivas: a) el régimen social dominante bajo los gobiernos neoliberales, b) las prescripciones de tipo legal del régimen fiscal, c) los procesos de construcción, aprobación y ejercicio del presupuesto público y d) las disputas políticas en torno al mismo.

 

Régimen social dominante en las administraciones neoliberales

En los regimenes neoliberales que iniciaron en México desde 1982, las personas no son consideradas sujetos de derechos económicos, sociales y culturales como ciudadanos plenos, sino son apreciadas como beneficiarios de programas asistenciales, focalizados, que privilegian crecientemente las transferencias condicionadas de ingresos para que puedan adquirir bienes y servicios en el mercado y con miras a que eleven sus capacidades (alimentación, educación y salud), cuyo déficit es lo que les impide competir adecuadamente en el mercado de trabajo.

Si además esos programas pueden convertirse en negocios rentables para el sector privado se subrogará su operación a éste. (Véase lo ocurrido con la Guardería ABC de Hermosillo en 2009)

Es decir, los gobiernos neoliberales promueven la desarticulación y privatización del estado social de derecho, aún cuando éste no había logrado alcanzar a toda la población en materia de protecciones sociales.

 

Las prescripciones legales

Por ley y con muy pocas excepciones, los impuestos recaudados entran a una bolsa general para conformar los ingresos totales del Estado y de ahí serán distribuidos en los distintos rubros del presupuesto. No se permite la captación de impuestos con destino predeterminado, excepto lo que en algún momento fue el impuesto para la educación. Es decir, los contribuyentes no pueden reclamar que lo que aportan en impuestos les sea retribuido en servicios por la vía del gasto. En un país tan desigual como el nuestro esto se justifica en la medida que el presupuesto sea utilizado como una herramienta privilegiada de la redistribución progresiva. Sin embargo existen muchas evidencias de que la política fiscal en México es bastante regresiva tanto en la captación de impuestos como en la distribución del gasto. Los autores hacen una reflexión en ese sentido cuando analizan el gasto en educación y en seguros de salud.

 

Los procesos de construcción del presupuesto

Rolando Cordera insiste en que en México no existen políticas públicas sino políticas gubernamentales lo que significa que no hay procesos de debate público y participación ciudadana en la toma de decisiones y en el ciclo de las políticas.

¿Quiénes entonces participan en las decisiones del monto y la distribución sectorial y territorial del presupuesto?

Indudablemente la entidad más poderosa en esta materia es la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, siempre, permaneció hermética, inalcanzable, absolutamente sorda y cerrada hacia la población, aún en las épocas donde se dieron simulaciones de consulta o pequeños espacios de diálogo sobre las políticas gubernamentales en diversos ámbitos, como pudo haber sido el PRONASOL o las políticas hacia grupos de población como  mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores o hacia el campo, como fue la etapa encabezada por el movimiento el Campo no Aguanta Más. La SHCP sólo escucha y usa a los organismos financieros internacionales para justificar o imponer sus propias prioridades a las secretarías sectoriales o bien, conversa y atiende a las élites económicas y a los monopolios, a quienes les otorga miles de millones de pesos en créditos fiscales, pero hablar con las personas comunes para ver cómo se distribuye el presupuesto, eso jamás.

La SHCP le define a todo el Gobierno Federal los topes de presupuesto que van a tener y la forma como deben presentar sus programas; incluso ahora las obliga a utilizar el llamado Marco Lógico y determina los indicadores de resultados que permitirán evaluar los logros. La pobreza del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de este sexenio tiene su origen en las reglas y estructura definida por los técnicos hacendarios para su preparación.

Los aumentos o las reducciones de presupuesto de los programas tienen que ver con decisiones fundamentalmente de la SHCP y las sectoriales están totalmente subordinadas.

Regula también las administraciones o el flujo de los recursos en el curso del año y ello le permite un control adicional sobre las secretarías sectoriales y los gobiernos estatales. Estos con frecuencia reciben las ministraciones pocos meses antes de la conclusión del año fiscal, enfrentando serias dificultades para ejercerlos dadas las normas que deben acatar para hacerlo y que con frecuencia, les toman varios meses. Así los subejercicios atribuidos a las secretarías sectorial tienen muchas veces su origen en rezagos de la propia SHCP.

 

Las disputas políticas por el presupuesto

Una vez presentada la propuesta de presupuesto anual a la Cámara de Diputados, se desata la verdadera disputa por la distribución del gasto entre los ahora caciques locales, los gobernadores, y en cierta medida los propios diputados que tratan de jalar más presupuesto para sus entidades o regiones o para los grupos de población que representan (indígenas, mujeres, LGTBTT). Aun reconociendo el desastre y el desorden que esa disputa representa, me parece que es el único espacio donde la fuerza de las organizaciones de migrantes tendría posibilidad de hacer algo. Las mujeres, por ejemplo, han logrado asignaciones importantes para avanzar en programas de equidad de género, las organizaciones de VIH-Sida fueron en su momento exitosas, varios diputados logran introducir recursos para obras en sus comunidades de origen, por ejemplo.

Obviamente, son los gobernadores que controlan y tienes grandes bancadas de diputados a su servicio los que mayores éxitos tienen en esa pelea y logran atraer más recursos a sus estados. Son los casos por ejemplo, de los estados de México y Veracruz. De este modo, las representaciones estatales en las Cámaras del Congreso no son de la población sino del gobernador en turno, quien intervino para colocarlos como candidatos de sus respectivos partidos y les ayudó a financiar sus campañas.

 

En México la disputa por el presupuesto se ha convertido en una disputa entre la élites políticas en su origen y una vez asignados los presupuestos a los estados, pasa a ser una disputa entre las constructoras, los desarrolladores inmobiliarios y las élites económicas locales, pues para mantenerse en el poder y permanecer como grupo, los gobernadores y políticos locales transfieren el presupuesto público a negocios privados, en los cuales muchas veces ellos mismos participan.

 

De este modo, en términos de política real actual en México, las organizaciones de migrantes que desean introducir mejoras en sus comunidades de origen, tendrían que empezar por participar en la pelea por las diputaciones federales en los procesos electorales de modo, que al igual que las televisoras que ahora tienen su telebancada, pueden conformar una masa crítica en el Congreso lo suficientemente poderosa como para participar en la pelea distributiva del presupuesto federal.

Es el mercado de la política, o lo que algunos editorialistas están llamando el tráfico en la política: la compra y la venta de las diputaciones a los mejores oferentes. Partidos como el Verde Ecologista son particularmente exitosos en este negocio.

 

La rigidez de los programas sociales federales

El cambio del paradigma de un Estado Social de derecho hacia programas sociales de regulación de los pobres crecientemente privatizados en su operación o desarrollo ha creado una proliferación de programas absolutamente rigidizados en su ejercicio a partir de la desconfianza y las llamadas reglas de operación. Se estima que hay más de 150 programas sociales diversos, de muy distintos tamaños que tienen una oferta prefijada, muchas veces construida bajo la óptica de atención a poblaciones rurales y que poco o nada tienen  que ver con la complejidad y creciente desarrollo de ciudades.

 

Esto limita las posibilidades de construir intervenciones adecuadas a las condiciones diversas de las comunidades o de las poblaciones que deben ser atendidas. Así en caso de darse la participación ciudadana para desarrollar programas al nivel local o para poblaciones específicas, no existe una flexibilidad que por el lado de los servicios públicos pueda adecuarse a esas necesidades y tendrán que aceptarse los servicios y apoyos predefinidos en los programas federales de gobierno.

 

Ante las situaciones crecientemente complejas en las comunidades tanto rurales como urbanas, que conllevan no sólo déficits materiales  como son infraestructura, vivienda, salud, alimentación, entre otras, sino que incorporan serios problemas psicoemocionales y culturales como son la violencia, las adicciones, el abandono, la discriminación y la depresión, la forma rígida de definir programas sociales resulta totalmente insuficiente, inadecuada y poco pertinente e introduce mayores limitaciones a las posibilidades de construir estrategias de intervención pública adecuadas en el remoto caso de que en México lográramos incorporar mecanismos de participación ciudadana en el ciclo de las políticas y convertir a estas en reales políticas públicas trascendiendo a las sólo gubernamentales.