Archivo de la categoría: Temas varios

Comentarios al texto de la fragmentación y la rendición de cuentas presentado por Bohórquez, Morales y Ocejo. Red por la Rendición de Cuentas

Rendición de cuentas, Temas varios

 

  1. El texto refiere en general a los temas de asociacionismo y participación ciudadana y me parece que pierde su especificidad sobre lo que ocurre en materia de rendición de cuentas. Si bien los problemas del asociacionismo en México enmarcan las posibilidades de evolución de las actividades de rendición de cuentas, habría que diferenciar con mayor claridad que es lo que afecta a estas últimas.
  2. Hay una necesidad de diferenciar con mayor claridad las aseveraciones del texto que se refieren a las condiciones generales de la participación ciudadana y el asociacionismo respecto de las actividades concretas de participación en materia de rendición de cunetas.

Me parece que falta un análisis más certero desde dos ópticas: ¿por qué tan pocas organizaciones de la sociedad civil trabajan el tema de rendición de cuentas y por lo tanto, las redes en la materia son tan débiles? y ¿cuáles serían los contextos externos más propicios para que esta actividad pudiera realizarse con más éxito y efectividad? Son dos ópticas interrelacionadas pues en la medida que las actividades de rendición de cuentas tuvieran más éxito y se convirtieran en un mecanismo de exigibilidad y justiciabilidad es decir, tuvieran cierto nivel vinculatorio de sus resultados con la gestión gubernamental, seguramente más organizaciones se incorporarían a esa actividad

Personalmente me parece más relevante analizar cuál es el contexto cultural general que hace que pocas organizaciones entren al tema y creo que tiene que ver con el alto nivel de corrupción y de impunidad que ha alcanzado el uso y apropiación privada de los recursos públicos, no sólo monetarios sino todo lo que implica lo que llamamos “captura del Estado” incluyendo como espacios y herramientas de enriquecimiento ente otros las instituciones mismas, los trámites, las licitaciones viciadas, los puestos de trabajo, las propiedades, las concesiones y permisos, hasta las posibilidades de endeudamiento como estamos viviendo en estos días lo ocurrido en Coahuila.

Es decir, las instituciones del Estado se han convertido en fuentes de ingreso, riqueza y poder de individuos y grupos privados y por lo tanto, esos grupos en su calidad de funcionarios públicos o de legisladores, no tienen el más mínimo interés o lo que ahora se llama “incentivos” para dejar pasar legislación, ni construir instituciones, ni en proveer de fondos públicos a organizaciones que les limiten esta fantástica fuente de ingresos y riqueza.

Por ejemplo, en la tan promovida por algunos sectores de OSC, de la minuta de la reforma política en discusión, no aparecen por ningún lado, dos figuras muy relacionados con el tema de rendición de cuentes: la revocación de mandato y las limitaciones al fuero. Sólo se incluye la reelección como un camino hacia la sanción al funcionario electo por una mala gestión, sin embargo el PRI se opone porque significa limitar el poder del partido para decidir el destino de su élite partidaria y por lo tanto le significaría, una perdida de control sobre éstas.

  1. Me parece muy fuerte sostener como se hace en el documento que el marco fiscal vigente limita de manera deliberada las iniciativas para lograr un tejido especializado en la rendición de cuentas por parte del gobierno y sus instituciones

Personalmente siempre he tenidos dudas si la conversión de las organizaciones en donatarias va a tener un efecto positivo en su financiamiento dada la escasa cultura de donación que existe en el país y menos hacia organizaciones que hacen incidencia en política pública. Incluso las limitaciones que se colocan en la Ley del Impuesto sobre la Renta para la conversión de las organizaciones en donatarias, lo que está reflejando es una clara oposición del ejecutivo y del legislativo de que lo que ellos consideran recursos públicos, entendidos como los impuestos que se dejan de recibir por las donaciones, sirvan para financiar actividades de las OSC que los critiquen, los exhiban, o pretendan controlarlos. Esa discusión emergió cunado se trataba de ampliar el campo hacia las organizaciones que defienden derechos humanos. Una vez aceptada incluso se pretendió acotarla mediante el reglamento de la Ley

Una de las razones por las que las OSC hemos tenido que entrar al esquema de donatarias tiene ahora más que ver con las exigencias para acceder a fondos de fundaciones internacionales, particularmente de Estados Unidos. Por cierto, las restricciones para realizar actividades destinadas a influir en la legislación (Art 97, fr. II de la Ley) mencionadas en el documento, tiene su origen en una práctica de la legislación norteamericana que igual prohíbe a los recipendarios de recursos de fundaciones de Estados Unidos intervenir en la promoción de legislación. Incluso los abogados de las fundaciones se han vuelto cada vez más exigentes en la materia y vienen a darnos talleres sobre el tema.

Se está haciendo en el texto una liga entre ser donataria autorizada y recibir apoyos y estímulos públicos del gobierno y me parece que ello refleja alguna incomprensión de lo que ha sido la lucha por ampliar las actividades de las organizaciones civiles que podrían ser sujetas de donaciones. Primero las organizaciones tendrían que conseguir donantes y quienes se benefician en realidad son los donantes al no pagar impuestos por lo que transfieren a las organizaciones. Esos impuestos que dejan de pagar es lo que el Estado considera que deja de percibir y por lo tanto lo considera como un aporte a las organizaciones. Desde mi personal óptica esta situación no está limitando “la recepción de apoyos y estímulos públicos” directos del gobierno, como son los fondos de INDESOL o de otras instituciones de gobierno que aplican fondos específicos para apoyar proyectos de las OSC, a menos que yo me hubiera perdido algo en el camino y ahora aún la entrega de esos apoyos, requiere de un registro de donataria.

Siempre he pensado que seguir peleando por ampliar el marco de donatarias en un país tan desigual y con muy pero muy poca cultura filantrópica, es hacerle la chamba a las organizaciones dedicadas a la asistencia y a las que están asumiendo responsabilidades que correspondería estrictamente realizarlas u ofrecerlas al sector público.

Creo que sería mucho más razonable exigir la existencia de fondos públicos más amplios para apoyar el quehacer de las organizaciones civiles y sociales que contribuyen al bienestar social y a la gobernabilidad alentando la participación ciudadana, la construcción de ciudadanía y tejido social. Es decir, el reconocimiento de que las organizaciones civiles contribuyen a la vida pública.

  1. Una reflexión sobre el tema de participación ciudadana en México. La existencia de más de la mitad de la población mexicana en situaciones de pobreza, sumada a la creciente violencia en el territorio son obstáculos reales y concretos para la participación ciudadana en asuntos públicos. Las personas simplemente no tienen tiempo para participar pues tienen que dar prioridad al uso de su tiempo para medio sobrevivir. Participan temporalmente cuando se trata de asuntos colectivos relacionados con su supervivencia o su bienestar inmediato como conseguir agua potable, pavimentación o drenaje, acceso de sus hijos a las escuelas y becas. Los sectores medios también están en una situación de proteger lo que han logrado y poco les interesa la vida pública y la política pues están cansados de las denuncias de corrupción y abuso que hacen los medios de comunicación desde hace algunos años y que no tienen consecuencia alguna sobre los corruptos y abusivos.

Los sistemas de control social de la corrupción y desvío de recursos públicos están totalmente abatidos en el país, pues han sido abusados a veces con fines políticos o bien son diluidos en infames acuerdos de las cúpulas políticas y los poderes fácticos.

Al igual que la violencia con las fantásticas campañas de la Presidencia de la República, la corrupción se está normalizando en la cultura del mexicano que con inteligencia y en afán de sobrevivencia decide violar las leyes que le son impuestas por las élites y que nada tienen que ver con su vida cotidiana.

4.- Realmente me confundió la información y la gráfica que presenta el texto. Afirma que el universo asociativo pasó en diez años de 180 organizaciones por año antes del 2000 a 405 en el 2002, a 1216 en el 2004 y a 1814 en 2008. La gráfica muestra una caída a 1440 en 2009 y hasta 387 en 2010. Se refiere al registro que lleva INDESOL?

5.- Se afirma en el último párrafo de la página 3 que existen condiciones estructurales para una mayor participación ciudadana y se han creado mecanismos tendientes a favorecerla, y se precgunta por qué no se ha logrado articular la exigencia de rendición de cuentas en el país desde la sociedad civil.   Es discutible afirmar que existen las condiciones estructurales para una mayor participación ¿Por qué hay una ley? ¿Por qué se amplió la lista de actividades sujetas a donaciones? ¿Por qué existen más fondos para apoyar las actividades de las organizaciones? Es no entender la crisis de recursos, de incidencia, de participación, de defensa de logros anteriores por la que están pasando las OSC.

No entiendo a qué se refiere el texto cuando señala en el último párrafo que en la interacción entre gobierno y sociedad… aún no se llega a la transferencia de responsabilidades o a mecanismos de gestión conjunta? Pagina 8 último párrafo

Párrafo cuarto pagina 8 no se entiende por que la descentralización, la creación de instituciones autónomas especializadas, etc.   hace más difícil el acompañamiento y la participación de la ciudadanía en los procesos.

 

JUVENTUD, DISCRIMINACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Algunos criterios básicos

Discriminación, Juventud

1.- El estudio de la juventud no es mi campo de especialidad, pero si es uno de mis ámbitos de preocupación desde hace varios años. Reconozco la existencia de una creciente literatura de investigación y de organizaciones e instituciones que trabajan el tema juvenil y les expreso mi respeto.

2.- Desde hace varios años he buscado cómo aproximarme a los temas y políticas juveniles desde la mirada de las políticas sociales. Hace ya casi doce años llevamos a cabo algunos enfoques de política juvenil desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D.F. de forma exploratoria, de pequeña escala, pocos recursos y por un breve tiempo, obteniendo tres aprendizajes importantes. Las intervenciones con jóvenes deben:

a) Crear confianza entre los agentes de las instituciones y los grupos de jóvenes y para ello se requiere de acercamientos respetuosos, suaves, lentos, sostenidos y dialogantes. Toman tiempo e implican trabajo en el territorio. Hay que acercarse a ellos y no esperar que ellos y ellas se acerquen a las instituciones.

b) Esa construcción de procesos debe ser sinceramente participativa, como suele decirse: nada para los jóvenes sin los jóvenes

c) La principal demanda de la población juvenil de la Ciudad de México en ese momento, era la posibilidad de contar con espacios públicos: donde encontrarse con sus coetáneos, donde realizar actividades colectivas, donde expresarse en su diversidad. Me queda claro que una de las transiciones en la etapa juvenil de la vida es pasar del mundo de lo privado al mundo de lo público y de lo colectivo.

3.- Pero las cosas han cambiado fuertemente de entonces para acá y las transformaciones más importantes se han dado en el contexto social, económico, político y cultural afectando de manera particular la vida y el desarrollo de la población juvenil conduciendo a varios fenómenos que si bien, ya se venían presentando, nunca con la velocidad y magnitud que observamos en la última década:

a) Migración. Una salida espectacular de hombres y mujeres jóvenes hacia Estados Unidos para encontrar opciones de trabajo y nuevos cursos de vida. Con ello la pérdida de una gran cantidad de jóvenes con educación diversa, incluso de posgrado y una transformación de los contextos familiares por las ausencias físicas, aunque con las contribuciones de remesas para completar el gasto familiar. Desde la óptica nacional podemos afirmar que hemos estado trasladando parte del bono demográfico mexicano y de las inversiones en educación y salud realizadas en la población mexicana, para beneficio de la economía estadounidense y de su población envejecida. Representa la pérdida para el país de un promedio anual de 500 mil mexicanos en su mayor parte jóvenes, a cambio de un flujo de remesas que paulatinamente se irá reduciendo en el tiempo. Otros opinarían que decidimos exportar seres humanos al mercado internacional.

b) La profundización de una cultura adulta de discriminación, criminalización y exclusión hacia las poblaciones juveniles y la incomprensión de su diversidad, donde los cuerpos de seguridad se han convertido en el instrumento principal para perseguir y agredir a los jóvenes, principalmente a los hombres.

c) Un retroceso en los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las poblaciones jóvenes y principalmente de las mujeres, ante una clase política crecientemente conservadora.

d) La presencia de una economía de la delincuencia y del crimen organizado que se ha apoderado de territorios completos en el país: municipios y estados, que utiliza a los jóvenes como sus trabajadores, ofreciéndoles oportunidades de ingreso, pero también como sus principales víctimas: como consumidores de droga, de materiales pirata y de contrabando, de sus asesinatos (juvenicidios y feminicidios), víctimas principales del secuestro y del desarrollo de nuevos delitos.

e) El uso de jóvenes como miembros del ejército y de las fuerzas públicas y privadas de seguridad para proteger a las élites y las clases medias urbanas en todo el país.

f) Una oferta insuficiente de opciones educativas en los niveles de media superior y profesional, en paralelo del deterioro creciente de la educción por la falta de calidad y relevancia de los contenidos para la realidad que viven y enfrentan actualmente las poblaciones juveniles. Recientemente en algunas investigaciones se ha encontrado que los jóvenes se aburren en las escuelas.

g) Un modelo económico que al privilegiar la economía de la producción y las ganancias privadas, altamente concentradas, ha desatendido la reproducción de su población, afectando particularmente el desarrollo de la infancia y la juventud, al precarizar los salarios y las prestaciones y flexibilizar en la realidad, los términos de las relaciones laborales. Ello además, ante la ausencia de una política de estado distributiva del ingreso y la riqueza, por los bajos niveles de carga fiscal y los privilegios que se otorgan en la materia y por el tipo de política social adoptada que se focaliza en la atención de la pobreza y no en la garantía, promoción, respeto y protección de derechos humanos.

h) Como consecuencia se observa una transformación de las familias que conlleva una precarización de la economía del cuidado y de los ámbitos de protección, aprendizaje y desarrollo de las poblaciones infantiles y juveniles frente a la ausencia de intervenciones oportunas, suficientes, adecuadas e integrales del Estado para apoyar esa economía y esos ámbitos.

Las políticas hacia, con y para la población joven en México.

 A partir de lo anterior me parece que el reto en materia de políticas juveniles tiene al menos, tres ejes:

a) El reconocimiento de la importancia de una política nacional de juventud de gran envergadura e integral, con sus claras expresiones y adecuaciones al nivel territorial y definición de responsabilidades por niveles de gobierno y con suficientes apoyos legislativos, institucionales y presupuestales. Personalmente creo que si los Institutos de Juventud han de servir para algo es para convocar y conducir el diseño de esa política nacional y de transversalizar el enfoque juvenil en todas las políticas gubernamentales y para convertirlas realmente en políticas públicas, garantizar una participación en su diseño, instrumentación y evaluación de representantes juveniles.

b) La creación de un ambiente propicio para la protección, el aprendizaje y el desarrollo de las poblaciones juveniles con cambios en las políticas económica, social, cultural y ambiental y también, en los procesos e instituciones políticas. Es decir, actuar sobre el entorno o el contexto desde la perspectiva juvenil.

c) El desarrollo de políticas públicas de, para y con los jóvenes con un enfoque de integralidad y de derechos que podríamos enunciar en los siguientes rubros en términos de derechos humanos:

  • derecho a la no discriminación y a la igualdad de género
  • derechos sexuales y reproductivos
  • derecho al disfrute del nivel más altos de salud física, mental y social
  • derecho al trabajo y del trabajo y a un nivel de vida adecuado
  • derecho a la educación
  • derechos culturales y reacceso a la tecnología y el conocimiento científico
  • derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, de respeto a las libertades fundamentales como libertad de expresión y de acceso a la información, de reunión y de asociación, a la privacidad y al honor, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de movimiento.
  • Derecho a la vivienda
  • Derecho a un medio ambiente sano

Rogelio Marcial  considera que los espacios de mayor riesgo en la actualidad para las poblaciones juveniles tienen que ver con los campos de: sexualidad, educación, empleo, consumo de sustancias y jóvenes en conflicto con la ley lo que podría orientar las prioridades de políticas. Estas deberían ser las prioridades en el diseño de una política integral en el corto plazo.

Desde la mirada del tema que nos convoca que es la discriminación, algunos de los campos anteriores de derechos tendrían mayor relevancia, aunque en todos ellos las prácticas de exclusión de ciertos grupos de jóvenes tendrían que enfrentarse.

Siempre he pensado que la superación o atenuación de conductas discriminatorias tiene que ver con la forma en que construimos y desarrollamos a los seres humanos y que hace a cambios profundos en la cultura y que una de las intervenciones que ha probado su eficacia en esta materia, son las acciones positivas que obligan a la convivencia cotidiana de representaciones diversas.

Si en la primera infancia, etapa de la vida fundamental en el desarrollo de valores, es más difícil la intervención intencionada para propiciar la convivencia de la diversidad económica, social, cultural, religiosa, étnica, racial, de género, política y de capacidades físicas y mentales, si es factible propiciarla en las instituciones, espacios y programas públicos en etapas posteriores de la vida. Esa convivencia de la diversidad debería ser en las políticas juveniles un criterio fundamental en el desarrollo de programas públicos de educación, salud, culturales, recreativos, deportivos, laborales y de servicios y utilización de los espacios  públicos, en general.

Es necesario combatir la creciente segmentación que se observa en los ámbitos de educación como son las universidades, en los servicios de salud o en las actividades culturales y de recreación, por ejemplo, y propiciar más espacios de encuentro y convivencia de la diversidad.

Las acciones afirmativas que obliguen a la convivencia de la diversidad deberían aplicarse a los servicios privados también como son las escuelas y universidades, donde la formación de los hijos de las clases medias y altas se lleva a cabo de manera aislada sin contacto con la infancia y los jóvenes provenientes de las clases populares y en pobreza. No se trata de que acepten a uno o dos jóvenes de familias de bajos ingresos, sino que para tener un impacto real, al menos, treinta por ciento de la matrícula de escuelas particulares debería asignarse y en su caso, sea apoyada con recursos públicos, para niños, niñas y jóvenes de origen diverso.

Finalmente quisiera referirme a un tema de creciente preocupación entre la población juvenil y que es su relación con los cuerpos de seguridad ante la creciente violencia criminal e institucional en la vida de todos los mexicanos. Algunos autores señalan que los cuerpos de seguridad asumen como suyos los valores de las clases dominantes y que verán como peligrosos a aquellas personas que son consideradas como tales por las élites.

Al no existir un proyecto de las élites económicas y políticas mexicanas para la enorme población juvenil en la estructura demográfica actual del país, pues no asumen como su responsabilidad la creación de una economía que crezca, genere empleos, distribuya y sea sustentable, los jóvenes -por su energía, cuestionamiento de la autoridad y las instituciones, defensa del ejercicio de su libertad-, son colocados como poblaciones peligrosas, pues no aceptan su pertenencia a los sectores subordinados.

Los cuerpos de seguridad se convierten entonces en el instrumento para subordinarlos y si se revelan  acaban en el mejor de los casos, en los reclusorios, que tiene un elevado y creciente porcentaje de población entre 18 y 29 años, y en el peor, entre los miles de muertos por la violencia criminal e institucional.

Son las élites económicas y políticas las que deben entender el enorme riesgo en que están colocando la viabilidad del país al no reconocer y asumir el enorme valor actual y  futuro que representa la elevada proporción de jóvenes en la estructura poblacional del país. Es en etapas similares de la historia poblacional de los países desarrollados donde se hizo posible el despegue económico por las bajas tasas de dependencia.

En México en cambio, hemos elegido acosarlos, correrlos del país o destruirlos. Un grave error histórico, además de una profunda tragedia humana.

Comentarios y reflexiones en torno a la investigación sobre la contribución de las remesas a los Ingresos públicos en México

Remesas

Agradezco la invitación a comentar este importante e interesante trabajo y felicito a sus autores y a NALACC por su promoción.

 Como propósitos de la investigación quisiera destacar algunos, a saber:

  1. Influir en los procesos de toma de decisiones sobre políticas que impactan la vida de los migrantes latinoamericanos, tales como las políticas económicas y las migratorias
  2. Reubicar la atención en la migración como un asunto de desarrollo más que de la aprobación de leyes migratorias.
  3. Hacer un análisis del costo-beneficio de las migraciones.
  4. Estimar la contribución de las remesas a los ingresos públicos de los países de origen de los migrantes, especialmente, vía el pago de impuestos al valor agregado (IVA) en México y en El Salvador. La atención se centra en la salud fiscal, en donde “uno de los principales instrumentos de los planes, los programas y las acciones de las políticas públicas es el presupuesto nacional”
  5. El estudio recomienda que el debate sobre las remesas y el desarrollo se enfoque en el rol del Estado para generar bienestar para sus ciudadanos y en el tipo de sociedad que se quiere promover.
  6. Trata de demostrar en que a pesar de la importante aportación que hacen las remesas al pago del IVA no existe por parte de los Estados una retribución a ello, debido a que los programas y los recursos públicos dirigidos a sus comunidades de origen son mínimas. Es decir, el Estado extrae recursos de las remesas que no devuelve a las comunidades de origen.
  7. Destacan también la contribución de las remesas a disminuir  la pobreza y la falta de oportunidades que los países ofrecen a su población misma que se ve obligada a emigrar para poder sostener a sus grupos familiares.
  8. Dos aspectos diluyen en México el efecto que podrían tener las remesas en la captación de impuestos al consumo: el primero es que una proporción muy amplia de las remesas se dedican principalmente a la comprar bienes y servicios para alimentación, salud y educación y que una parte fundamental de la canasta  que compran las familias de los migrantes tienen tasa 0 están exentas del pago del IVA. La otra es que estas familias acuden al mercado informal para hacer sus compras o bien a mercados tan precarios que no pasan por los procesos de imposición y por lo tanto no se cobra el IVA. Es decir, por el contexto regulatorio y de la organización de los mercados de bienes y servicios en el país, la contribución de las remesas a lo que los autores llaman “salud fiscal” del Estado Mexicano se ve reducida.
  9. Mediante las estimaciones  sobre el gasto en educación por niveles educativos, el tipo de protección de salud al que se acogen las familias de los migrantes (60% en el seguro popular) y el análisis del Programa 3 por 1 los autores tratan de demostrar la mayor vulnerabilidad y desventaja que enfrentan las familias de los migrantes ante el tipo y monto del gasto público en educación, salud y promoción del desarrollo que realiza el Estado mexicano. Concluyen por ejemplo que aunque el aporte fue de sólo el 4% del IVA recaudado en 2008 proveniente del gasto de las remesas en México, este representa la mitad de lo asignado por el gobierno federal al principal programa de mitigación de la pobreza Oportunidades; que es mas de tres mil por ciento lo designado al programa de coinversión entre las organizaciones de migrantes mexicanos y los distintos niveles de gobiernos en sus lugares de origen.
  10.  El mayor reclamo que hace el estudio consiste en señalar de que a pesar de la contribución considerable que hacen los migrantes a las economías de sus países, éstos no son considerados en la toma de decisiones sobre los programas de desarrollo que afectan a sus comunidades. Además de que existe poca transparencia y un limitado acceso a la información sobre el presupuesto nacional y la forma en cómo se elabora y en el mejor de los casos, se invita a los migrantes a participar después de haber tomado decisiones.
  11. Ante esta situación el estudio sugiere generar espacios de discusión y consulta, incluso en el exterior; el gobierno puede perfectamente trasladarse hacia los principales lugares de residencia de los migrantes y organizar las respectivas consultas con las comunidades y sus representantes.

 

Aunque la discusión que intenta colocar el estudio en la arena pública y las razones para haberlo financiado y elaborado son absolutamente  válidas y justificadas desde la lógica de las organizaciones de migrantes me parece que tendría que ubicarse esa discusión en el contexto de la realidad de la disputa por la distribución el presupuesto público que se da en México al menos desde cuatro perspectivas: a) el régimen social dominante bajo los gobiernos neoliberales, b) las prescripciones de tipo legal del régimen fiscal, c) los procesos de construcción, aprobación y ejercicio del presupuesto público y d) las disputas políticas en torno al mismo.

 

Régimen social dominante en las administraciones neoliberales

En los regimenes neoliberales que iniciaron en México desde 1982, las personas no son consideradas sujetos de derechos económicos, sociales y culturales como ciudadanos plenos, sino son apreciadas como beneficiarios de programas asistenciales, focalizados, que privilegian crecientemente las transferencias condicionadas de ingresos para que puedan adquirir bienes y servicios en el mercado y con miras a que eleven sus capacidades (alimentación, educación y salud), cuyo déficit es lo que les impide competir adecuadamente en el mercado de trabajo.

Si además esos programas pueden convertirse en negocios rentables para el sector privado se subrogará su operación a éste. (Véase lo ocurrido con la Guardería ABC de Hermosillo en 2009)

Es decir, los gobiernos neoliberales promueven la desarticulación y privatización del estado social de derecho, aún cuando éste no había logrado alcanzar a toda la población en materia de protecciones sociales.

 

Las prescripciones legales

Por ley y con muy pocas excepciones, los impuestos recaudados entran a una bolsa general para conformar los ingresos totales del Estado y de ahí serán distribuidos en los distintos rubros del presupuesto. No se permite la captación de impuestos con destino predeterminado, excepto lo que en algún momento fue el impuesto para la educación. Es decir, los contribuyentes no pueden reclamar que lo que aportan en impuestos les sea retribuido en servicios por la vía del gasto. En un país tan desigual como el nuestro esto se justifica en la medida que el presupuesto sea utilizado como una herramienta privilegiada de la redistribución progresiva. Sin embargo existen muchas evidencias de que la política fiscal en México es bastante regresiva tanto en la captación de impuestos como en la distribución del gasto. Los autores hacen una reflexión en ese sentido cuando analizan el gasto en educación y en seguros de salud.

 

Los procesos de construcción del presupuesto

Rolando Cordera insiste en que en México no existen políticas públicas sino políticas gubernamentales lo que significa que no hay procesos de debate público y participación ciudadana en la toma de decisiones y en el ciclo de las políticas.

¿Quiénes entonces participan en las decisiones del monto y la distribución sectorial y territorial del presupuesto?

Indudablemente la entidad más poderosa en esta materia es la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, siempre, permaneció hermética, inalcanzable, absolutamente sorda y cerrada hacia la población, aún en las épocas donde se dieron simulaciones de consulta o pequeños espacios de diálogo sobre las políticas gubernamentales en diversos ámbitos, como pudo haber sido el PRONASOL o las políticas hacia grupos de población como  mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores o hacia el campo, como fue la etapa encabezada por el movimiento el Campo no Aguanta Más. La SHCP sólo escucha y usa a los organismos financieros internacionales para justificar o imponer sus propias prioridades a las secretarías sectoriales o bien, conversa y atiende a las élites económicas y a los monopolios, a quienes les otorga miles de millones de pesos en créditos fiscales, pero hablar con las personas comunes para ver cómo se distribuye el presupuesto, eso jamás.

La SHCP le define a todo el Gobierno Federal los topes de presupuesto que van a tener y la forma como deben presentar sus programas; incluso ahora las obliga a utilizar el llamado Marco Lógico y determina los indicadores de resultados que permitirán evaluar los logros. La pobreza del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de este sexenio tiene su origen en las reglas y estructura definida por los técnicos hacendarios para su preparación.

Los aumentos o las reducciones de presupuesto de los programas tienen que ver con decisiones fundamentalmente de la SHCP y las sectoriales están totalmente subordinadas.

Regula también las administraciones o el flujo de los recursos en el curso del año y ello le permite un control adicional sobre las secretarías sectoriales y los gobiernos estatales. Estos con frecuencia reciben las ministraciones pocos meses antes de la conclusión del año fiscal, enfrentando serias dificultades para ejercerlos dadas las normas que deben acatar para hacerlo y que con frecuencia, les toman varios meses. Así los subejercicios atribuidos a las secretarías sectorial tienen muchas veces su origen en rezagos de la propia SHCP.

 

Las disputas políticas por el presupuesto

Una vez presentada la propuesta de presupuesto anual a la Cámara de Diputados, se desata la verdadera disputa por la distribución del gasto entre los ahora caciques locales, los gobernadores, y en cierta medida los propios diputados que tratan de jalar más presupuesto para sus entidades o regiones o para los grupos de población que representan (indígenas, mujeres, LGTBTT). Aun reconociendo el desastre y el desorden que esa disputa representa, me parece que es el único espacio donde la fuerza de las organizaciones de migrantes tendría posibilidad de hacer algo. Las mujeres, por ejemplo, han logrado asignaciones importantes para avanzar en programas de equidad de género, las organizaciones de VIH-Sida fueron en su momento exitosas, varios diputados logran introducir recursos para obras en sus comunidades de origen, por ejemplo.

Obviamente, son los gobernadores que controlan y tienes grandes bancadas de diputados a su servicio los que mayores éxitos tienen en esa pelea y logran atraer más recursos a sus estados. Son los casos por ejemplo, de los estados de México y Veracruz. De este modo, las representaciones estatales en las Cámaras del Congreso no son de la población sino del gobernador en turno, quien intervino para colocarlos como candidatos de sus respectivos partidos y les ayudó a financiar sus campañas.

 

En México la disputa por el presupuesto se ha convertido en una disputa entre la élites políticas en su origen y una vez asignados los presupuestos a los estados, pasa a ser una disputa entre las constructoras, los desarrolladores inmobiliarios y las élites económicas locales, pues para mantenerse en el poder y permanecer como grupo, los gobernadores y políticos locales transfieren el presupuesto público a negocios privados, en los cuales muchas veces ellos mismos participan.

 

De este modo, en términos de política real actual en México, las organizaciones de migrantes que desean introducir mejoras en sus comunidades de origen, tendrían que empezar por participar en la pelea por las diputaciones federales en los procesos electorales de modo, que al igual que las televisoras que ahora tienen su telebancada, pueden conformar una masa crítica en el Congreso lo suficientemente poderosa como para participar en la pelea distributiva del presupuesto federal.

Es el mercado de la política, o lo que algunos editorialistas están llamando el tráfico en la política: la compra y la venta de las diputaciones a los mejores oferentes. Partidos como el Verde Ecologista son particularmente exitosos en este negocio.

 

La rigidez de los programas sociales federales

El cambio del paradigma de un Estado Social de derecho hacia programas sociales de regulación de los pobres crecientemente privatizados en su operación o desarrollo ha creado una proliferación de programas absolutamente rigidizados en su ejercicio a partir de la desconfianza y las llamadas reglas de operación. Se estima que hay más de 150 programas sociales diversos, de muy distintos tamaños que tienen una oferta prefijada, muchas veces construida bajo la óptica de atención a poblaciones rurales y que poco o nada tienen  que ver con la complejidad y creciente desarrollo de ciudades.

 

Esto limita las posibilidades de construir intervenciones adecuadas a las condiciones diversas de las comunidades o de las poblaciones que deben ser atendidas. Así en caso de darse la participación ciudadana para desarrollar programas al nivel local o para poblaciones específicas, no existe una flexibilidad que por el lado de los servicios públicos pueda adecuarse a esas necesidades y tendrán que aceptarse los servicios y apoyos predefinidos en los programas federales de gobierno.

 

Ante las situaciones crecientemente complejas en las comunidades tanto rurales como urbanas, que conllevan no sólo déficits materiales  como son infraestructura, vivienda, salud, alimentación, entre otras, sino que incorporan serios problemas psicoemocionales y culturales como son la violencia, las adicciones, el abandono, la discriminación y la depresión, la forma rígida de definir programas sociales resulta totalmente insuficiente, inadecuada y poco pertinente e introduce mayores limitaciones a las posibilidades de construir estrategias de intervención pública adecuadas en el remoto caso de que en México lográramos incorporar mecanismos de participación ciudadana en el ciclo de las políticas y convertir a estas en reales políticas públicas trascendiendo a las sólo gubernamentales.