Cuando una madre acude a una fiscalía a solicitar que la ayuden a localizar a su hija recién desparecida y le contestan que seguramente se fue con el novio, es que el Estado se ha deshumanizado.

Cuando un grupo de madres buscadoras solicitan la protección de las autoridades para ir a escarbar en los terrenos donde posiblemente se encuentren los restos de sus familiares y nadie las acompaña y protege, es que el Estado está disminuido.

Cuando las personas y las comunidades no saben a quien acudir frente a un grupo de hombres armados que entran a sus casas, a su pueblo o a su barrio con el fin de secuestrarlos, matarlos o despojarlos, es que el Estado ha desaparecido.

¿Dónde quedó el Estado mexicano?

Las respuestas que recibimos ante la crisis de violencias que vive el país son muy diversas como:

• Estamos atacando las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
• Con el Programa “Jóvenes construyendo el futuro” estamos evitando que los jóvenes ingresen a la delincuencia.
• “Abrazos y no balazos” porque los delincuentes también son seres humanos.
• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en marzo de 2023, el 62.1 por ciento de la población se sentía insegura en su ciudad, y para marzo de 2024 ya sólo fue el 61.0 por ciento.
• Lo que ocurre en realidad, nos dicen, es que organizaciones conservadoras como el Frayba y el Prodh están exagerando y montando escenas para que se crea que en Chiapas hay un desastre por la presencia del crimen organizado.

La triste realidad es que las autoridades, a quienes elegimos democráticamente para hacerse cargo de los poderes del Estado, han renunciado al uso legítimo de la fuerza.

Eso significa renunciar a una facultad que les es exclusiva para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social.

Es una tragedia que instituciones civiles que deberían estar a cargo de las tareas de seguridad pública como las policías municipales y las estatales hayan sido desmanteladas, paralizadas o capturadas por la delincuencia en lugar de haberlas fortalecido, capacitado, dotado de equipamiento, tratado con dignidad y apoyado con inteligencia.

Argumentar que se están enfrentando las “causas estructurales” de las violencias no justifica permitir que tantas vidas se pierdan, que tantas personas sean sometidas a modalidades actualizadas de esclavitud, que miles de niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos violentos y en soledad y vean morir o desaparecer a sus madres, padres, hermanos o compañeros. Con ello se recrean causas estructurales.

Los programas sociales no funcionan como prevención de las violencias en entornos donde éstas se han normalizado si no va acompañados de intervenciones que, haciendo uso legítimo de la fuerza, restauren el orden público, la seguridad y la paz social.

Frente a la difundida y creciente violencia en nuestro país se están desarrollando varios esfuerzos para construir agendas de paz y proponérselas a quienes se disputarán la presidencia, las gubernaturas y las presidencias municipales en nuestro país.

Conozco cinco plataformas de la sociedad civil y de las iglesias que están vinculando a personas y organizaciones interesadas en la materia, así como a aquéllas que llevan a cabo proyectos exitosos de seguridad, justicia, construcción de tejido social y economía solidaria.

Se trata entre otros aspectos, de recuperar y difundir experiencias de buenas prácticas de policías de proximidad, acuerdos y mesas de seguridad, solución pacífica de conflictos, recuperación de la convivencia y de la confianza mediante actividades culturales, fiestas, deportes y rescate de tradiciones. Obviamente además de propuestas para que los gobiernos realicen y se comprometan a reducir la conflictividad y las violencias y recuperan la confianza de las personas y comunidades.

Existe inclusive un importante esfuerzo internacional, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Son más de 100 organizaciones de Guatemala, Honduras, México, Colombia, Estados Unidos y Canadá.  

Incluye a comunidades mexicanas, mexicano-americanas, afrolatinas y latinx que han venido elaborando una Agenda Binacional que presentarán aquí a finales de febrero.

Entre sus demandas a los gobiernos de México y de Estados Unidos plantean detener el flujo legal e ilegal de armas de Estados Unidos a México; abrir los cuarteles a sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia; cooperar en la búsqueda de personas desaparecidas en la región y establecer mecanismos de justicia, verdad, memoria y reparación.

Incluyen el reconocer y terminar el racismo y su legado histórico en todo nivel y garantizar el respeto a las comunidades y pueblos indígenas.

Proponen cambiar el modelo actual de gestión migratoria para acabar con la detención y deportación de personas migrantes; establecer un camino para la desmilitarización completa de los territorios y las fronteras e impulsar acuerdos laborales en ambos países que protejan a las y los trabajadores, sindicatos y castiguen a las compañías que se aprovechan de la migración forzada.

Será una importante agenda que refleja el sentir de trabajadores, agricultores, campesinos, artesanos, mujeres, jóvenes y niños y niñas, migrantes, afrodescendientes, pueblos originarios, que son víctimas de un capitalismo salvaje, globalizado, que explota a miles de millones de seres humanos, extrae recursos naturales en todo el globo, somete gobiernos y compra e impone políticos, se alía y controla bandas delincuenciales y promueve guerras para seguir explotando tierras y personas.

Un capitalismo salvaje que, por la avaricia irrefrenable y el deseo de poder y control de sus protagonistas, está llevando a la humanidad a su extinción.

Muchos y muchas compartimos una gran incertidumbre y un creciente temor sobre lo que ocurrirá en nuestro país en 2024.

En un contexto mundial de guerras y destrucción, aumento de los extremismos políticos y religiosos, elecciones en países donde habitan 3.5 mil millones de personas, creciente concentración de poder en empresas tecnológicas globales y un futuro de riesgos ambientales en aumento, México está participando en condiciones poco favorables.

Posiblemente continuará expandiéndose el control del territorio y de las actividades económicas por el crimen organizado.  Ello frente a una destrucción y centralización de capacidades institucionales para gobernar y brindar bienestar, protección y seguridad a la población.

Desde junio de 2022, a raíz del asesinato en Cerocahui, Chihuahua de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas, la Compañía de Jesús en México inició un proceso de conversatorios y foros para la construcción de paz en todo el país.

En una primera etapa se escucharon las voces, las esperanzas, los dolores y los miedos de más de 20 000 personas en comunidades rurales y en ciudades. Cómo resultado de esta primera etapa, un grupo de personas expertas rescataron y ordenaron las preocupaciones y las propuestas y formularon una Agenda Nacional de Paz en torno a cuatro temas: justicia, seguridad, tejido social y cárceles.

La Agenda fue presentada en noviembre al presidente de la República y a las dos candidatas a la presidencia en reuniones con la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Poco después, la sometida Comisión Nacional de Derecho Humanos acompañada por varias instituciones de gobierno y universidades,

emitió una extraña DECLARACIÓN sobre “paz crítica” que pareció ser una respuesta del gobierno federal a la Agenda Nacional mencionada.

En la actualidad se está llevando a cabo una segunda etapa del Diálogo Nacional por la Paz. Se continua con los conversatorios al nivel local y se sumó el trabajo de siete comisiones integradas por personas expertas a nivel nacional. En esta etapa se pretende elaborar agendas de paz locales y profundizar las propuestas en los cuatro temas mencionados, así como abordar de manera particular la situación de los adolescentes y jóvenes.

En la comisión nacional encargada de proponer políticas, programas y acciones para la construcción de tejido social enfrentamos grandes retos: cómo desarrollar modalidades de socialización que generen espacios de confianza y pongan límites a conductas violentas; cómo construir seres humanos que respeten y reconozcan el valor de la vida, de la libertad y de la  integridad de otros; cómo recuperar y reintegrar socialmente a los miles de víctimas-victimarios a partir de que ellos mismos sean reconocidos como seres valiosos y con derechos; como enfrentar las tecnologías que deshumanizan, aíslan y destruyen las relaciones humanas.

Retos de difícil respuesta frente a las revoluciones industriales en curso, la ausencia de mecanismos de gobernanza mundiales, la extensión de conflictos bélicos y un año de elecciones en nuestro país.

Pronto iniciará 2024. Muchos seguramente deseamos que no resulte tan violento, ni tan conflictivo como sería de esperar en un año en el que 20 mil 263 cargos públicos serán objeto de elección. Estos incluyen a la presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados, 9 gobernaturas, entre ellas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y 1,803 presidencias municipales. El resto son sindicaturas, regidurías, concejalías y cargos auxiliares.

Por varios meses  la conversación y la disputa pública han girado en torno a las candidaturas, a las encuestas amañadas, a las confrontaciones entre cúpulas de los partidos,  a la paridad en las candidaturas, a los equipos que acompañarán a quienes resultaron ganadoras de obscuros procesos de selección, así como sobre las múltiples violaciones a la legislación electoral por todos los que están en la pelea por el poder político y también por quienes operan como árbitros del proceso: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF)

No recuerdo haber vivido un proceso electoral tan prolongado, tan descompuesto y con tantos intereses contrapuestos. Ni tampoco que lleve tantos meses desviando la atención de asuntos tan urgentes e importantes para el país como el incremento del control de la delincuencia en actividades económicas legales, la muerte de jóvenes en asesinatos colectivos que quedan totalmente impunes, el aumento de la violencia hacia las mujeres o los daños provocados por el huracán Otis en Guerrero.

Sólo se mira el corto plazo y la superficie y se desatienden problemas estructurales que deterioran cada día más nuestra convivencia.

Quisiera expresar por ello varios deseos para el 2024.

Primero que las autoridades electorales puedan integrarse debida y oportunamente: el Tribunal con los magistrados que faltan tanto en la sala federal como en las regionales, responsabilidad ésta del Senado, y que el INE finalmente acuerde colocar funcionarios con experiencia a cargo de su secretaría y de sus direcciones ejecutivas.

Que los magistrados y los consejeros tengan presente que están al servicio y muy bien remunerados por la ciudadanía y no por los partidos políticos. Que están obligados a preservar su independencia como árbitros, así como la integridad del proceso electoral y la confianza en el mismo.

Que las cúpulas de los partidos políticos reconozcan que son sólo eso, cúpulas sin militantes, y acepten que otras candidaturas son posibles y necesarias y que no postulen delincuentes como candidatos.

Finalmente, que en especial el presidente, las candidatas, los gobernadores y el congreso federal comprendan que han sido muchos años, mucho esfuerzo de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, muchas vidas y años de cárcel y muchos recursos públicos dedicados a construir una democracia que, aunque perfectible e incompleta, nos ha permitido transitar en paz entre gobiernos de diferentes partidos desde hace cerca de un cuarto de siglo.

Los actos de terrorismo realizados por el brazo armado de Hamás contra la población civil israelí, planeado durante varios meses y seguramente financiado y asesorado por intereses políticos del complejo mundo de los países árabes, no es aceptable, ni justificable.

Ni el asesinato, ni la tortura, ni el tratamiento cruel, inhumano o degradante ejercido contra cualquier persona, son excusables. Se trata de actos de lesa humanidad.

Masacrar o secuestrar a niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas mayores y con discapacidad, penetrando en sus casas y en sus comunidades para generar muerte, terror, incertidumbre y desconfianza entre la población civil de Israel, no pueden justificarse mediante explicaciones históricas.

Los extremismos ortodoxos confrontados, la intolerancia frente a las diferencias, la polarización utilizada por élites religiosas y políticas para imponer o conservar su poder y someter a millones de personas, son una expresión del abismo al que se dirige la humanidad.

Hace 75 años la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal compartido.  Fue un pacto mundial para evitar la repetición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y del exterminio, ejercidos por los estados de varios países durante la Segunda Guerra Mundial, destacadamente Alemania, contra poblaciones con identidades religiosas, ideológicas y de origen étnico diversas.

Lamentablemente, las instituciones creadas a nivel internacional y nacional para hacer efectivo ese pacto, así como los instrumentos internacionales que se fueron creando para reconocer los derechos humanos y para exigir su cumplimiento, se encuentran impotentes y debilitadas frente a la violación de estos por distintos agentes.

Ya no son sólo los estados que los incumplen, son las empresas globales de tecnología, las productoras y vendedoras de armas, las farmacéuticas, los terroristas, el crimen organizado, entre otros.

La crueldad, las violencias y las guerras se extienden en el mundo sin que exista poder alguno que las pare. Los estados nación y los organismos internacionales resultan impotentes y están rebasados.

Haber llevado a cabo este ataque por mar, tierra y cielo a una población civil indefensa durante la madrugada, merece una reprobación absoluta.

“El reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”

Es indudable el alto nivel de aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con una encuesta promovida por el Centro de Investigaciones Pew, realizada en marzo y abril de 2023, 82% de los mexicanos adultos tienen una opinión positiva de AMLO, 42.5% incluso, muy positiva.

Asimismo, la empresa Oráculos que agrega los resultados de las principales encuestas, estimó que, para agosto de 2023, AMLO tenía un 65% de aprobación.

Un factor fundamental para mantener esos altos niveles, tiene relación con el reconocimiento que éste hace, a través de sus “mañaneras” y de sus políticas sociales, a grupos de la población que históricamente han vivido en condiciones precarias y en una situación subordinada en las relaciones económicas y sociales.

Una primera forma de reconocimiento ha sido el notable aumento del salario mínimo legal otorgado a partir de 2019. El poder adquisitivo de ese salario se ha elevado en más del 90% en la administración de López Obrador.

Es una forma de reconocer el valor del trabajo que aportan millones de mexicanos y mexicanas, que desde 1976 y por veinte años, vieron reducirse cada año y por otros 20, hasta 2018, se mantuvo estable en la quinta parte de su valor inicial.

El no haber elevado el salario mínimo legal fue el gran error cometido por los tres regímenes de la transición democrática: Fox, Calderón y Peña Nieto. Nunca entendieron que ese aumento era una forma de hacer llegar un efecto positivo del cambio democrático a las familias trabajadoras.

Por su parte, mediante las mañaneras, AMLO ha creado, para los mismos grupos, un país de fantasía donde todo marcha bien: la economía, la salud, la educación, la seguridad, la inversión, las mega-obras, el empleo, cuando, en todos ellos, hay gravísimos problemas y una sistemática destrucción de las capacidades institucionales para ofrecer los servicios públicos indispensables y de calidad.

AMLO ha generado una identidad y un reconocimiento, para lo que llama “pueblo bueno y sabio”, que ha sido maltratado y abusado por un gran enemigo formado por los “corruptos”, “conservadores”, “fachos” y “aspiracionistas”, grupo que realmente está integrado por las personas de clase media y media alta, que, con su trabajo y sus impuestos, generan los recursos que AMLO reparte con sus programas sociales.

Curiosamente, las 30 familias milmillonarias de nuestro país no han sido tocadas. Algunos de sus miembros acompañaron al presidente a inaugurar el Tren Maya.

De esta manera, quien llegue a la presidencia en el 2024 heredará un país de fantasía: endeudado, confrontado, militarizado, además de violento, inseguro e ingobernable por la destrucción de instituciones y la presencia del crimen organizado, aunque con mejores tasas de crecimiento de la economía y del empleo por la relocalización de empresas que está ocurriendo a nivel mundial, para acercarse al mercado de Estados Unidos.

¿Son las transferencias monetarias directas una política social de izquierda? ¿Sólo las izquierdas reconocen que la pobreza y la desigualdad son dos graves problemas nacionales?

En nuestro país, fueron los llamados gobierno “neoliberales” los que iniciaron los programas de transferencias monetarias de ingreso: Progresa inició en 1997 en la presidencia de Zedillo; se mantuvo como Oportunidades en la administración de Fox, para transformarse en Progresa, en el gobierno de Peña Nieto.

Buscaron atender educación, salud y alimentación y hasta la última etapa, abrir la entrada a programas para mejorar ingresos y producción. Durante veinte años se avanzó en los sistemas y reglas para controlar el acceso a los beneficios y en la calidad de sus padrones.

La administración actual los mantiene con cambios de nombre, con beneficiaros más específicos e individuales y con menor transparencia y calidad en sus padrones y reglas de operación.

Varias investigaciones encuentran que este tipo de programas generan dependencia, desaniman la participación, no construyen ciudadanía. No son diseñados con la participación de quienes los reciben. No generan agencia, ni el deseo de dejar de depender de ellos.

En algunos casos, incluso, propician los motivos por los cuales se otorgan. Hay familias que acumulan los beneficios de varios de ellos.  Estos riesgos se agudizan cuando su diseño y operación son deficientes y existen posibilidades de duplicación de beneficiarios.

Una justificación para echar mano de ellos es hacerlo de manera temporal en tanto se desarrollan las capacidades de los gobiernos para mejorar la calidad y el acceso a servicios públicos de salud, educación, urbanos o de vivienda.

Lamentablemente, en nuestro país, a pesar de tener más de 25 años centrada la política social en programas de transferencias de ingresos, los gobiernos no han podido y tal vez ni querido, mejorar la disponibilidad de servicios públicos sociales que construyen ciudadanía y responden a los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Las transferencias de ingreso hacen que las personas tengan que acudir al mercado privado para adquirir los bienes y servicios que necesitan en lugar de acceder a bienes públicos. En las últimas décadas han surgido grandes empresas que atienden el mercado de las poblaciones pobres con tiendas de proximidad, para alimentos extra procesados, servicios médicos y medicinas, escuelas y estancias infantiles privadas.

El capital privado ya no sólo extrae ingresos de las familias con malos salarios y prestaciones, sino que también lo hace por la vía del consumo.

Por ello me pregunto si continuar centrando la política social sólo en programas de transferencia de ingresos, sin mejorar sustancialmente el acceso a derechos por la vía de mejores servicios públicos, es realmente una política social de izquierda.

¿No será que los candidatos de oposición ofrecen mantenerlos por temor a no atraer a las clientelas electorales cultivadas por el gobierno de izquierda?

¿Qué es un hombre de Estado?  ¿Por qué lamentamos la partida de Porfirio Muñoz Ledo y lo reconocemos como uno de los pocos mexicanos que merecen ese título?

Tuve la enorme oportunidad de aprender de dos hombres de estado mexicanos: Víctor L. Urquidi y Porfirio Muñoz Ledo.

Los dos tenían un profundo conocimiento del mundo en el que vivían y una enorme capacidad para mirar hacia el futuro y comprender la complejidad. Reconocían la importancia de desarrollar capacidades del estado para revertir los déficits históricos en materia de bienestar y para enfrentar los nuevos retos que surgían a partir de los cambios previsibles en materia política, económica, demográfica, tecnológica, medio ambiental, educativa, del empleo y el trabajo; Urquidi como economista, profesor e investigador destacado y Porfirio como jurista, funcionario y político socialdemócrata. Los dos como excepcionales internacionalistas.

Porfirio me invitó en varias ocasiones a acompañarlo en sus iniciativas. Sólo me referiré a una de ellas: cuando fue secretario del trabajo y previsión social de 1972 a 1975.

Tenía una visión amplia y moderna y un proyecto claro de cómo concretar el cambio de la autoridad laboral. Se empeñó en actualizar y ampliar la legislación y la institucionalidad estatal para proteger los derechos de los trabajadores formales, promover el empleo e impulsar la productividad. Fueron años luminosos para esos trabajadores y sus familias.

Desde la Comisión Nacional Tripartita (1973) impulsó varias instituciones en apoyo a los trabajadores como el INFONAVIT para vivienda, el FONACOT para crédito, el CONACURT para la cultura, el CONAPROST para proteger el salario, mismo que llevó a la creación del Instituto Nacional (INCO) y la Procuraduría del Consumidor. También estableció las Direcciones Generales de Productividad y de Formación Profesional y el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo (INET) para investigar y formar personal especializado.

En ese entonces yo estaba poniendo en marcha la primera encuesta continua de población en México, la que ahora se llama de Empleo y Ocupación (ENOE). Mi interés era hacer visibles la magnitud y las condiciones de los trabajadores en la informalidad.

Porfirio me invitó en 1974 como secretaria técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM). En 1975, en ese contexto, se dio un histórico aumento -desde mi punto de vista exagerado- de 23% a los salarios mínimos legales para compensar la devaluación del peso ocurrida en septiembre de ese año. Me tocó firmar esa resolución de la Comisión. Desde ahí fui testigo de los grandes cambios realizados en las autoridades laborales.

Lamentablemente, la institucionalidad promovida por Muñoz Ledo, fue destruida en la etapa neoliberal, por Arsenio Farell, secretario del trabajo de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Asimismo, los salarios disminuyeron duranta dos décadas y se estancaron otras dos.

Sirva este breve testimonio para reconocer la capacidad creativa y el compromiso social de Porfirio Muñoz Ledo como hombre de estado. Descanse en paz.

Enfrentamos una administración pública federal pasmada y disminuida, incapaz siquiera de responder a las necesarias actividades de regulación de la convivencia colectiva, menos a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Instituciones destrozadas, eliminadas o subsumidas en otras; reducidas en sus presupuestos, encabezadas por personas que no tienen la más mínima idea de qué hacer con ellas o, cuando lo tienen, están paralizadas por temor a emprender alguna iniciativa que no le guste al presidente o a su círculo cercano.

Poseedores de la única fórmula para enfrentar la desigualdad, los estrategas de la 4t procuran el empoderamiento y la creación de una identidad común de los “desposeídos”, alias “pueblo”. Para el efecto, mediante estrategias de comunicación que polarizan, construyen un enemigo único: los “conservadores”, los “corruptos”, los “fifis”.

Un enemigo formado por personas que no se acogen al resentimiento social de la 4T y a una sola forma de atender la desigualdad. Son presentados como los verdaderos culpables de la pobreza, la violencia, la explotación y las desgracias que padece el “pueblo”. Incluye a comunicadores, científicos, académicos, lideres de organizaciones, antiguos servidores públicos, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, jueces y magistrados, feministas, artistas, pequeños y medianos empresarios, productores agrícolas comerciales, entre muchos otros y otras.

Los verdaderos estrategas de la 4T están obsesionados por destruir lo que consideran el andamiaje legal, institucional y organizativo que, según su dicho, fue construido por los “conservadores” para acceder y gozar de sus privilegios. Por ello, el embate contra las instituciones, leyes y regulaciones que limitan el poder de la 4T, es sostenido.

En esa lógica, la ignorancia, la mediocridad y la falta de imaginación campean en muchos puestos directivos de la administración federal. En ellos han sido colocados amigos, familiares o “buenas personas” de acuerdo con los criterios definidos desde las mañaneras y que no implican riesgo de que vayan a hacer bien las cosas. Asimismo, se mantiene en posiciones de poder a personajes de probada deshonestidad o de mortal negligencia.

Entre tanto, la presencia del crimen organizado y la violencia se extiende en todo el territorio; comunidades desalojadas, despojadas y empobrecidas; Chiapas al borde de una guerra interna; enfrentamientos entre los carteles con participación del ejército; asesinatos, desapariciones, extorsiones; explotación de las poblaciones migrantes;  escasez de medicamentos, eliminación de normas y ausencia de servicios de salud dignos; protestas de los agricultores que producen granos para los mercados en 22 estados.

El país arde. El miedo se extiende. La destrucción de capacidades estatales se profundiza. La respuesta es el montaje de una gran función de circo, protagonizada por las lastimosamente llamadas “corcholatas”.