Bajar presentación: Prevención social de las violencias

Las violencias y las delincuencias son problemas complejos y multifactoriales. En su desarrollo intervienen aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, biológicos y sicoemocionales. Es realmente difícil determinar cuáles son los nodos o aspectos críticos en los que confluyen los procesos que subyacen en estos fenómenos para poder tener certezas de que será posible abatir los índices de violencias y delincuencia, incidiendo en ellos o previniendo su desarrollo.

Distintas disciplinas adjudican el surgimiento de las violencias a diversas causas y proponen acciones para enfrentarlas centrándose en lo que consideran son esas causas[1]. También ocurre que las autoridades de diferentes niveles de gobierno o de diversas instituciones busquen utilizar las políticas públicas y las herramientas que están dentro de sus tramos de controlpara abatirla.

En muchas ocasiones, las autoridades que están responsabilizadas de la seguridad pública como son los cuerpos policíacos consideran que el origen de las violencias y la delincuencia están en otros ámbitos sociales y económicos; por ejemplo, los niveles de pobreza, la falta de crecimiento y de generación de oportunidades de empleo y de ingresos dignos para los jóvenes, o bien en el enorme mercado mundial de drogas, pero ellas no tienen manera de incidir en esas causas y tratan de hacer lo que pueden con los instrumentos bajo su control y de acuerdo a las funciones que les corresponden.

Se puede señalar que hay dos enfoques dominantes en las medidas para enfrentar la delincuencia y la violencia criminal. Uno que privilegia la seguridad pública mediante intervenciones de los cuerpos de seguridad persiguiendo y acosando a los delincuentes y a las bandas criminales. Es la seguridad de mano dura. Dentro de ésta se puede incluir la prevención policial de la delincuencia que incluye el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia de las fuerzas de seguridad incrementando su equipamiento (patrullas, helicópteros, armas, vestuario, etc.), aumentando los sistemas de vigilancia (cámaras, rondines, revisiones, retenes, arcos de detección, etc.), incorporando a la población para que denuncie y se proteja (líneas telefónicas de denuncia, alarmas, sistemas de seguridad casera y por colonias y barrios), elevando el costo y reduciendo las ganancias de la comisión de delitos.

También hay quienes desde un enfoque criminalístico se dedican a estudiar las características de los delincuentes en los reclusorios para tratar de determinar los contextos en que crecieron, sus antecedentes familiares, sus características físicas y sicológicas y las causas que los condujeron a la comisión del delito, con miras a detectar con oportunidad posibles futuros delincuentes y cambiar las condiciones de su desarrollo, o bien incidir en los contextos territoriales y sociales que reproducen condiciones semejantes a aquellas de donde provienen los delincuentes, por ejemplo evitar la deserción escolar, el bullying en las escuelas, modificar las condiciones en los reclusorios, atender las zonas o comunidades de donde son originarios los delincuentes y concentrar las intervenciones públicas en las colonias o territorios más riesgosos por ser zonas que incuban delincuentes o zonas donde mayor violencia y delitos ocurren

El otro enfoque tiende a la seguridad ciudadana busca mejorar la condición de bienestar de la población enfatizando en su seguridad frente a las violencias y la delincuencia. Desde este enfoque surgen diversos énfasis en las modalidades de prevención socialde acuerdo a las interpretaciones que se hacen sobre las causas probables. Por ejemplo, la prevención situacional atribuye el problema a deficientes condiciones de infraestructura urbana en territorios específicos, mismas que permiten la existencia de espacios para la comisión de delitos, estructuras y edificaciones urbanas deterioradas que generan un ambiente deprimente y riesgoso, falta de alumbrado público,ausencia de espacios públicos, hacinamiento en las viviendas, etc. La prevención comunitaria pone énfasis en la reconstrucción de relaciones sociales en los barrios y coloniaspromoviendo relaciones pacíficas y una cultura de paz; y realizando programas sociales que modifiquen conductas antisociales. En esta modalidad se pone énfasis en la recuperación de espacios públicos en los territorios afectados por las violencias y la delincuencia con miras a desarrollar confianza entre los vecinos a partir de actividades de encuentro en esos espacios y de acciones colaborativas. Se busca construir resiliencia en la comunidad, en las personas y en las familias, generar acuerdos de convivenciay reconstruir capacidades de contención social de las trasgresiones

Hasta ahora estos son los enfoques y las modalidades más favorecidos en nuestro país desde la perspectiva de prevención de las violenciasen territorios específicos y son aplicadas por las autoridades municipales y los gobiernos estatales y el federal. A veces se combinan elementos de las distintas modalidades e incluso, el enfoque policial,de mano dura, se empezó a acompañar con modalidades del enfoque de seguridad ciudadana como fue el caso del programa Todos somos Juárezy la más recientemente intervención del Gobierno Federal en Michoacán.

Sin embargo, desde mi óptica, las modalidades aplicadas de seguridad ciudadana hasta ahora, más que políticas de prevención de las violencias y la delincuencia son intervenciones de mitigación, pues buscan sanar a personas y grupos que ya se encuentran afectadosde manera grave por la delincuencia, el crimen organizado y diversos tipos de violencias o bien, detener el avance esas situaciones antes de que se profundice su gravedad.

Ahora bien, si uno parte de la hipótesis de que en las violencias y la delincuencia tiene determinantes globales, regionales, nacionales, estatales y locales y se trata construcciones sociales en donde intervienen determinantes económicos, sociales, culturales, biológicos y sicoemocionales, las dificultades metodológicas para establecer relaciones causales y encontrar los puntos críticos de actuación son realmente enormes. Se trata de problemas sociales perversos que requieren de intervenciones complejas.

Así lo hemos tratado de evidenciar desde los estudios diagnóstico que hemos promovido en Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social A.C.a partir del primero que hicimosen colaboración con el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social de Ciudad Juárez sobre la situación social de esa ciudad en 2003-2004[2].

En la administración pasada la CONAVIM y el Centro Nacional para la Prevención de la Delincuencia del Secretariado Nacional de Seguridad Pública promovieron y apoyaron con recursos la realización de diagnósticos similares en varias áreas metropolitanas (Tijuana[3], Guadalajara[4], Ciudad Juárez[5], Aguascalientes[6], Tapachula y Mérida, en 2009 y 2010) y en 2011 y 2012 en varios municipios incluidos en el Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN).

Aún cuando la metodología desarrollada por INCIDE Social estaba concebida para el análisis de ciudades o áreas metropolitanas, cuando el Centro Nacional tomó la decisión de que estos diagnósticos sociales pudieran ser realizados como una de las líneas del ámbito de la prevención social incluidas en las reglas de operación del SUBSEMUN, procuramos participarpara tratar de asegurar los mejores resultados posiblesen apoyo a esa decisión.

Para el efecto desde INCIDE Social formulamos una nota metodológica[7], un catálogo con información sobre instituciones locales capaces de realizar estos complejos diagnósticos[8], ofrecimos capacitación a los posibles líderes de los proyectos y llevamos a cabo algunas reuniones regionales para propiciar el intercambio entre los responsables seleccionados por las autoridades municipales para que realizaran los trabajos de diagnóstico. Aunque nos propusimos dar seguimiento a un número definido de equipos no fue posible hacerlo debido a la insistencia de los directivos del SUBSEMUN de que esa tarea sería realizada por sus propios enlaces, el enorme retraso en la entrega de recursos, así como en la selección de las agencias ejecutoras. Tampoco pudimos realizar una síntesis de hallazgos al nivel regional y nacional por los retrasos mencionados y por la cancelación de la segunda parte del proyecto de INCIDE Social, INAP y el Centro Nacional debido al cambio en la dirección de este último.

La nota metodológica se propuso

1. Proponer trece campos de investigación de la realidad social, económica y cultural que influyen en la vida de las familias y en la socialización los seres humanos, y examinar cómo contribuyen a las violencias y cómo se ven afectados por éstas
2. Establecer una serie de posibles preguntas o hipótesis en cada uno de ellos a fin de seleccionar las que son más pertinentes para el territorio que sería estudiado
3. Hacer algunas adecuaciones a la metodología originalmente pensada para el análisis de ciudades con el fin de que pudiera aplicarse a municipios
4. Sugerir la combinación de metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas para aproximarse a la realidad en cada territorio estudiado.

En razón de los tiempos, procesos y montos de recursos implícitos en proyectos que se llevan a cabo con recursos públicos generalmente no pasan de seis meses los tiempos efectivos para llevarlos a cabo y los montos son reducidos.Por lo que hemos sostenido que se trata de investigaciones diagnósticas de segundo piso que deben recoger y sintetizar hallazgos de investigaciones previas, de material hemerográfico, incluso sugerimos la revisión de literatura y obras de historia local, así como aprovechar la información estadística disponible. Las condiciones de realización de las investigaciones diagnósticas, especialmente lo reducido de los montos de recursos, nos impedían sugerir la realización de encuestas por muestreo representativas

La metodología cualitativa de entrevistas a profundidad con informantes clave y los grupos focales debían realizarse una vez seleccionadas las preguntas relevantes o las hipótesis en cada tema. Estas metodologías buscaban detectar evoluciones de la realidad social que aún no estaban registradas o documentadas en investigaciones previas reconociendo la velocidad de los cambios del contexto.

Los trece campos de investigación propuestos son:

• La situación y la evolución del desarrollo urbano,
• La condición y situación de las viviendas,
• La dinámica y la estructura demográfica,
• La transformación de las familias,
• Las condiciones del empleo, ingreso y gasto de las familias,
• Las condiciones y los procesos en el mundo de la educación formal,
• La accesibilidad y disponibilidad de los servicios públicos de salud, deporte, culturales y recreativos,
• El capital social disponible,
• El papel de los medios de comunicación,
• La cultura de la legalidad y
• Las prácticas y procesos de discriminación,
• La situación de las instituciones de seguridad pública
• La situación de las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia.

La inclusión de estos dos últimos campos nos fue expresamente solicitada por la CONAVIM así como la apertura del tema de capital social en cuatro capítulos. Por lo tanto la propuesta plasmada en la nota metodológica que se puso a disposición de las autoridades municipales presupone el desarrollo de 16 capítulos.

Posiblemente omitimos un campo fundamental: el estudio de las relaciones de poder o de las relaciones políticas dominantes, que son una expresión de la profunda desigualdad que domina nuestra realidad social y económica y subyacen en muchas expresiones de violencia, como la de género, la homofóbica, la racial y étnica. La omisión puede deberse a que son las autoridades municipales, especialmente las instancias de seguridad pública las que reciben los recursos del SUBSEMUN y las encargadas de seleccionar y contratar los diagnósticos, situación que de por si puso fuertes límites a la libertad, cobertura y aseguramiento de la calidad de trabajos de investigación que atañen a lo social, económico y cultural. Esto también obstaculizó en muchos casos, la colaboración de las instancias sociales de los gobiernos municipales en la realización de los trabajos de investigación.

La hipótesis central del enfoque metodológico de INCIDE Social es que en la evolución y los niveles de violencias y delincuencia que padecemos confluyen procesos macro, meso y micro por las opciones de desarrollo para el país que hantomado las élitesdominantes tanto en lo social, como en lo económico, lo político y lo cultural, particularmente en los últimos treinta años.

Se trata de corroborar que estas opciones han cancelado o destruido trayectorias de vida digna dentro de los marcos de la legalidad y del respeto de los derechos de los otros a la vida, a la integridad, a la libertad, a la diferencia y a la propiedad.

Causas estructurales profundas de la deplorable situación de violencias y delincuencia que vive el país son la ausencia de un Estado de Derecho, la desestructuración y reducción de la institucionalidad pública y dentro de ello el deterioro de la calidad de los servicios públicos sociales, la cancelación del trabajo como vía de acceso al bienestar,la profunda desigualdad ahora concentrada en las urbes, la promoción de una ética individualista y de modelos aspiracionales materialistas y la enorme corrupción y codicia que caracterizan a las clases económicas y políticas dominantes.

Después de treinta años la desigualdad se hace más evidente, la pobreza ha aumentado, la economía no genera suficientes empleos ni ingresos dignos para las familias; éstas han tenido que destinar más tiempo a la obtención de ingresos por cualquier medio, reduciendo los tiempos destinados atender las tareas de reproducción y socialización de los seres humanos.La discriminación socioeconómica, étnica, por sexo, edad, condición migratoria y orientación sexual impide la igualdad sustantiva. Los tejidos sociales, comunitarios e incluso familiares se han desmadejado por las migraciones, la destrucción de pequeñas actividades económicas, el crecimiento horizontal y segmentado de las urbes y los inhumanos desarrollos de vivienda que han surgido en todo el territorio nacional. Muchos niños niñas, adolescentes y jóvenes en este país han crecido en la soledad, en la desatención, con la ausencia de adultos educadores y ante la presencia de los medios de comunicación electrónica cuyo objetivo es desarrollar clientelas y mercados.

Los actores económicos, sociales, culturales y políticos públicos y privados que con su comportamiento, muchas veces abusivo y lleno de codicia, contribuyen al clima de violencias y al aumento de la delincuencia en México, son muchos. Por ello, las investigaciones diagnósticas propuestas por INCIDE Social incluyen tantos campos de análisis y buscan propiciar proceso de auto- reflexión sobre la medida en que cada uno de esos actores pudieran cambiar esos comportamientos y hacer una contribución para cambiar la violencia crónica en que estamos cayendo y hacer posible la convivencia pacífica y la justicia social en nuestro país.

Ahora bien para poder desarrollar estas investigaciones diagnóstico las principales dificultades metodológicas encontradas han sido las siguientes:

1. La primera es la ausencia de una masa de investigadores sociales suficiente y adecuadamente distribuida en todo el territorio nacional. La incorporación de los diagnósticos como una de las líneas a ser financiadas con recursos del SUBSEMUN pretendía que los investigadores locales introdujeran el enfoque de violencias en el estudio y análisis de los campos de su especialidad. Como se mencionó desde INCIDE Social elaboramos un catálogo de instituciones locales o estatales, tanto universidades como centros de investigación, que ofrecían formación o desarrollaban investigacionesen ciencias sociales con el fin de que las autoridades municipales pudieran seleccionar a aquella institución que podría responder mejor a los requerimientos de la investigación. Lamentablemente muchas presidencias municipales optaron por otorgar los contratos a empresas consultoras y proveedoras de servicios policiales y de vigilancia o bien a familiares de los funcionarios municipales que no tenían ni la menor idea de la investigación social. Algunos investigadores especializados en consultorías en el campo de la seguridad policial cuestionaron la calidad académica de INCIDE Social al proponer dicho catálogo al verse en el riesgo de ser desplazados en el acceso a los recursos de este proyecto. En algunos pocos casos los diagnósticos si fueron realizados por centros universitarios y de investigación como el COLEF, la Universidad de Zacatecas, la Veracruzana, la de Tamaulipas, el CRIM, Chapingo, etc.

Desde INCIDE Social hemos logrado rescatar poco más de 80 diagnósticos municipales realizados en 2011 y 2012.

2. Como consecuencia lógica de esta falta de investigadores sociales se encontraron muy pocos trabajos de investigación social y económica a nivel local, excepto para zonas históricamente privilegiadas en este sentido como son las fronteras, las zonas indígenas y algunos territorios donde existen universidades y centros de investigación social. Pensamos que estos diagnósticos permitieron explorar el desarrollo local reciente de ciertas ciudades y municipios importantes en forma sistemática,por primera ocasión.
3. Una tercera dificultad metodológica fue la imposibilidad de que las autoridades municipales aceptaran que se realizaran diagnósticos por zonas metropolitanas. El ejemplo más dramático fue la Zona Metropolitana de Monterrey. Cada alcalde contrató su propio diagnóstico desperdiciándose una extraordinaria oportunidad para tener una visión de conjunto del desarrollo de esa ciudad.
4. Otra dificultad es la ausencia de metodologías e incluso de trabajos de investigaciones sobre temas como capital social, medios de comunicación, y cultura de la legalidad.
5. Hay una falta de información estadística a nivel territorial suficientemente desagregadaque permita documentar algunas problemáticas que requieren de investigaciones a profundidad. Las fuentes fundamentales de informaciónal nivel más desagregado geográficamente (municipios, AGEPs) continúan siendo los Censos de población, vivienda, económicos, etc. Esta ausencia se relaciona con el poco interés y por tanto, desarrollo de institucionalidad local productora de información estadística. La dependencia de la federación en la producción de información estadística se mantiene.
6. Personalmente considero que la mayor dificultad metodológica se enfrenta cuando se abordan a profundidad algunos temas sociales por la falta de indicadores suficientes. La fiebre evaluadora que padece nuestro país en materia social plantea enfoques muy simplistas que conducen a sobre simplificar los indicadores estadísticos. Hay una especie de concepción de homogeneidad de los entes estudiados. Por ejemplo, se presupone que las familias están constituidas por padre madre e hijos y pertenecen al mundo de la vida privada. La violencia familiar afecta a las mujeres. Las familias mono parentales están encabezadas por mujeres.

Tres ejemplos: el estudio de las grandes transformaciones que en su estructura, composición y funcionamiento han experimentado las familias en México es más que imposible con los datos que se captan sobre las mismas y la forma en que se combinan. Provienen esencialmente del Censo de Población y Vivienda y de algunas encuestas demográficas.¿Qué ha ocurrido realmente con su composición? ¿Cuántas familias están formadas por abuelos y nietos o por niños y adolescentes exclusivamente? ¿Qué ha ocurrido con la distribución del tiempo total de trabajo del grupo familiar por tareas y con la distribución de las cargas de trabajo entre los miembros?¿Qué ocurre con la violencia doméstica? ¿Cuántas horas pasan los niños y adolescentes sin la presencia de un adulto? Las familias como agente socializador de los seres humanos no han sido materia de interés de los políticos, de los funcionarios públicos, ni de los congresistas. Hay un abandono institucional en la comprensión de sus cambios, de su papel fundamental y por lo tanto,para su atención con políticas públicas.

La información sobre capital social es precaria, insuficiente para entender su complejidad y sus procesos de cambio.Se piensa que la población mexicana no se organiza.

Otro tema con muy poca información se relaciona con el desarrollo y la estructuración de las ciudades y de las viviendas. ¿Cuántas viviendas se construyen al año en una ciudad o municipio? ¿Cuáles son sus características más alládel material de piso, techo y paredes?¿Cuántas personas y familias viven en ellas? ¿Cuánta accesibilidad tienen sus habitantes a transporte y a servicios comerciales, sociales, y urbanos? ¿Cuánto tardan las personas en trasladarse a sus escuelas, trabajos o actividades?

Uno de los temas que más nos ha preocupado es la poca investigación que se realiza en nuestro país sobre el papel de los medios de comunicación en la vida colectiva y personal, la influencia que tienen en la socialización de la infancia y la juventud, en la construcción cultural de los mexicanos. Fue realmente difícil encontrar investigadores que estén avocados al estudio de los medios de comunicación como agentes socializadores.

Las condiciones descritas conducen a tener que usar métodos cualitativos de investigación que si bien permiten descubrir cambios que están ocurriendo y nuevos fenómenos sociales y avizorar ciertas interrelaciones, dificultan conocer los órdenes de magnitud de estos cambios e interrelaciones por lo que hacer inferencias siempre es riesgoso. La única manera es encontrar en los informantes o grupos entrevistados respuestas que reiteran la presencia de una nueva situación o de cambios. Además, se entra al mundo de las percepciones y no de las evidencias concretas.

Sin embargo, siempre he tenido mis dudas sobre las personas y los investigadores que les adjudican a los indicadores cuantitativos un valor absoluto como evidencia incuestionable del avance o retroceso social. El indicador puede ser el mismo pero en fenómenos complejos, las condiciones pudieron haber cambiado sustancialmente. Pensemos en los indicadores de pobreza en términos de una línea de ingreso definida, los indicadores pueden mantenerse en el mismo nivel pero al venirse deteriorando la parte del salario social consistente en el acceso a servicios públicos gratuitos y por la tanto, la pobreza real haciéndose más aguda. Igual puede ocurrir cuando uno revisa el Coeficiente de Gini y encuentra cambios poco perceptibles, cuando el deterioro de las relaciones sociales producto de la sostenida desigualdad, que ahora se concentra en las urbes, estarse agravando.

Sabemos que los promedios suelen ser malos indicadores en sociedades tan desiguales como la mexicana y considero que también algunos indicadores cuantitativos sintéticos muchas veces son una pálida representación de la realidad pues se construyen a partir de muchas convenciones y concesiones.

Lo triste es que mientras tratamos de encontrar relaciones de causalidad para hacer más certeras las intervenciones de política pública y entender mejor la realidad, el nivel de barbarie que estamos viviendo continúa avanzando y transformándose constantemente. La creatividad criminal es enorme y encuentran nuevas formas para explotar y abusar de los demás. A su vez, la debilidad institucional por la pérdida del sentido del Estado de los funcionarios de gobierno y los partidos políticos dificultad la reconstrucción de instituciones confiables y eficaces, que permitan acabar con la corrupción y la impunidad.

[1] CONAVIM e INCIDE Social A.C. (2010); Orígenes de la Violencia en México, Foro Interdisciplinario, 235 pp.

[2]Jusidman, Clara y Almada, Hugo, (2007) La Realidad Social de Ciudad Juárez. Análisis social, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, pp. 299-323

[3]CONAVIM, INCIDE Social A.C., el Colegio de la Frontera Norte (2012), La Realidad Social y las Violencias. Zona Metropolitana de Tijuana,Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia, 507 pp.

[4]CONAVIM, INCIDE Social A.C., CIESAS, ITESO (2012), La Realidad Social y las Violencias. Zona Metropolitana de Guadalajara,Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia, 432 pp.

[5]CONAVIM, INCIDE Social A.C., OPI, UACJ (2012), La Realidad Social y las Violencias. Ciudad Juárez. Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia, 432 pp.

 

[6]– Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región centro: el caso de Aguascalientes, Aguascalientes. Disponible en http://conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/pdf/AGUASCALIENTES.pdf

 

[7]Incide Social, A.C. (2011), Nota metodológica para el Diagnóstico Territorial de las causas sociales de las violencia, 145 pp.Disponible en http://www.incidesocial.org/images/pdf/nota_metodologica_diagnistico_territorial_causas_sociales_violencias.pdf

 

[8]Incide Social, A.C. (2011), Catálogo de Instancias Ejecutoras para la realización de Investigaciones Diagnósticas sobre “Factores detonadores, de riesgo y contención de las violencias”. Investigadores, Centros de Investigación, Entidades Académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la Investigación.Disponible en

http://www.incidesocial.org/incide2009/images/pdf/Foro_violencia/2011/mapeocolegioscentros.pdf

Bajar presentación: Transformaciones sociales y violencia (1)

Bajar presentación: diplomado ibero 2013

Coloquio Internacional: Demandas ciudadanas: dilemas y desafíos para la política.

Panel: Movimientos contra la inseguridad: un desafío para los partidos y gobiernos

Los movimientos contra la inseguridad en México

Seguramente la invitación de la Fundación Ebert para participar en este panel tiene relación con mi colaboración en el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad que surgió en abril pasado, a raíz del asesinato del hijo de Javier Sicilia en manos de la delincuencia organizada.

Personalmente, y en el marco de INCIDE Social A.C. hemos venido reflexionando e investigando el tema de las violencias como construcciones económicas, sociales, culturales y políticas y consideramos que como tales pueden revertirse, aminorarse o contenerse.

En el 2003 entramos en el tema de las violencias con una investigación sobre la situación social en Ciudad Juárez, en colaboración con el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de esa ciudad, constituido por cerca de 40 organizaciones civiles[1].

Para nosotros el interés radicaba en tratar de encontrar un explicación más estructural a los feminicidios ocurridos en esa Ciudad, que en ese momento ocupaban las principales columnas de los medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros.

Partíamos de la hipótesis de que los feminicidios eran la punta de un iceberg cuya masa está conformada por capas de abusos, omisiones, exclusiones, discriminación, corrupción e impunidad a las que contribuyen numerosos actores sociales: funcionarios corruptos y omisos, partidos políticos en lucha por el poder y los recursos que lo acompañan, especuladores de la tierra y de los recursos naturales, mafias criminales con presencia histórica en la ciudad, sindicatos blancos, jerarquías eclesiásticas coludidas con las élites económicas y con la delincuencia, etc. es decir, algo que podríamos llamar una burguesía que se había enriquecido a partir de la explotación y el abuso del poder político, de los recursos y de las personas en paralelo con una enorme ausencia de Estado.

La ciudad como todas las de la frontera sufría de una desatención histórica por parte del Gobierno Federal, cuyas políticas nunca se compadecieron de las circunstancias particulares que viven las ciudades de frontera; además fue sistemáticamente relegada por los gobiernos estatales radicados en la Ciudad de Chihuahua, y sufrió de gobiernos municipales sin capacidad de gestión, y como todos los gobiernos municipios en México, carecen de presupuesto, herramientas, recursos humanos capacitados y de arquitectura institucional para enfrentar los retos que les planteaba una ciudad que crecía a velocidades extremas por el desarrollo de la industria maquiladora y que estaba viviendo transformaciones y problemáticas inéditas en el país.

La ausencia de Estado en Ciudad Juárez alentó la creación de un número importante de organizaciones civiles que iniciaron luchando por servicios urbanos (agua, drenaje, luz, etc.) para las colonias formadas por viviendas de trabajadores, que fueron construidas con deshechos de la maquila y asentadas en terrenos inhóspitos. Esas organizaciones evolucionaron para ofrecer servicios de atención a los jóvenes, a la infancia, a las mujeres, a los migrantes, a la población indígena. En distintos momentos se han articulado en redes con el fin de promover políticas públicas sociales para superar las graves situaciones de riesgo en que viven varios de los grupos poblacionales señalados.

Desde mi óptica el primer movimiento contra la inseguridad en México fue constituido en la década de los noventas, por mujeres y sus organizaciones que en Ciudad Juárez iniciaron haciendo visibles las múltiples muertes de mujeres jóvenes y demandando justicia. Colocaron el tema en la agenda política del país y a nivel internacional. Lograron concitar el apoyo de los movimientos feminista y de derechos humanos en todo el país, así como de muchos movimientos y organizaciones del resto del mundo, incluyendo a comunicadores y artistas. Casa Amiga, Nuestras hijas de regreso a casa, el movimiento Ni una Más, las Mujeres de Negro son algunas expresiones de este gran movimiento de protesta contra la violencia de género y las muertes de mujeres y que se sostiene hasta la fecha.

Como todo movimiento ha tenido etapas de gran actividad y visibilidad, ha utilizado estrategias muy creativas para mantener el tema en el imaginario colectivo y también ha sido objeto del embate de los políticos y los partidos políticos en el poder. Durante varios años el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU) fue utilizado para debilitar la fuerza del Movimiento mediante la compra o cooptación de algunas de las familias de las mujeres asesinadas para evitar que continuaran participando en actividades de denuncia y movilización.

El Gobierno Federal durante la administración de Vicente Fox, se vio obligado a crear varias instancias para atender a las familias afectadas y para localizar e identificar los cadáveres. Sin embargo, por el origen social de las víctimas, fundamentalmente mujeres jóvenes de familias de bajos ingresos, el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición les han sido sistemáticamente denegados.

El acompañamiento de abogados especialistas en derechos humanos les ha permitido llevar algunos casos a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de haber agotado las instancias nacionales de justicia. La sentencia de esa Corte en relación con tres de ocho de las mujeres asesinadas y enterradas en el Campo Algodonero es un caso emblemático de la incapacidad del Estado Mexicano y posiblemente del desinterés mostrado por los gobiernos de los tres niveles, para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En la actualidad el tema de los feminicidios ha sido opacado por los elevados niveles de violencia de la guerra que se está librando en las calles de Ciudad Juárez entre los cárteles de la droga, así como por los múltiples otros delitos que han florecido en la ciudad como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de armas.

Las mujeres del Movimiento de las muertas de Ciudad Juárez no ceja en su lucha, sigue elevando su voz, participando con otros movimientos y clamando por justicia. Tampoco, lamentablemente los feminicidios se han terminado, siguen apareciendo mujeres jóvenes asesinadas, ahora sumadas a las decenas de personas que diariamente mueren en Ciudad Juárez.

La incapacidad del PRI y del PAN y de sus gobiernos para enfrentar y acabar con el problema e instaurar el Estado de Derecho en Chihuahua, tiene mucha relación con los graves niveles de corrupción y de impunidad de las élites empresariales y políticas que gobiernan el Estado y la Ciudad y que participan de los beneficios económicos que genera el crimen organizado, del cual forman parte o son cómplices.

Un segundo movimiento de víctimas del crimen organizado se relaciona con familiares de personas secuestradas, desaparecidas y en algunos casos, asesinadas, pertenecientes a los estratos de población de altos ingresos y con influencia y redes políticas. Su presencia pública se inicia a finales de la última década del siglo pasado a la luz del incremento de los secuestros de empresarios y de familiares de estos.

Aunque más que un movimiento se trata de personas que en lo individual o con su grupo familiar empezaron con la búsqueda y el rescate de sus familiares victimizadas. Algunos incluso, han realizado directamente las investigaciones para atrapar a los delincuentes. A partir de su experiencia personal, se han convertido en un grupo de presión con gran poder para modificar legislación, procedimientos, remover funcionarios; es un grupo de exigibilidad para el Estado Federal y mantienen un muy buen nivel de interlocución con las instituciones de seguridad nacionales.

Es el grupo de víctimas que acompaña y participa en los diálogos sobre seguridad que promueve el Gobierno Federal; integra varios consejos consultivos o de política y realizan proyectos apoyados con recursos públicos.

Varios de sus integrantes se han convertido en voceros funcionales a la estrategia de seguridad militar y policial adoptada por el Gobierno Federal. Tienen amplia presencia en los medios de comunicación, comparten una visión conservadora, punitiva y autoritaria de la estrategia de seguridad. Aprueban la presencia del Ejército en funciones de seguridad pública, pugnan por el aumento de penas a los delincuentes y muchos consideran a los defensores de derechos humanos como defensores de estos.

Más que un movimiento se trata de un conjunto de personalidades que a veces colaboran generando iniciativas compartidas. Han logrado convocar a varias marchas contra la inseguridad a las que ha asistido una pluralidad social, con un importante componente de sectores medios y altos.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que como señalábamos surge en abril de este año, es el primero que coloca la paz como su objetivo a partir de un reconocimiento de que el país está en guerra.

Si bien en años recientes se ha ido creando una red de organizaciones que promueven la cultura de paz (RECUPAZ) en el país, el Movimiento es el primero que alcanza una gran visibilidad pública postulando la paz como su centro de acción. Se asume como un movimiento de víctimas donde las organizaciones sociales y civiles y los académicos y expertos que participan contribuyen a la búsqueda del fin de la guerra, del acceso a la justicia y a la verdad para las victimas y a la reconstrucción del tejido social, con énfasis en la atención de los jóvenes.

Privilegia el diálogo por sobre la confrontación, pero práctica un diálogo sin limites de lo que se asume como “políticamente correcto”. Utiliza un lenguaje claro y directo, sin rodeos, denuncia cara a cara con los representantes del poder estatal, sus omisiones, equívocos, ineficacia, simulaciones y complicidades pero también aporta propuestas concretas de aquello que se deben hacer para modificar el estado de cosas y terminar con la guerra.

Exige un cambio a la estrategia de seguridad seguida por el Ejecutivo Federal por una que permita ir retirando a las Fuerzas Armadas de las calles con un programa de restructuración de las autoridades civiles de seguridad y justicia para que retomen su responsabilidad de garantes de la seguridad pública; un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, incluyendo a servidores públicos, políticos, empresarios, organizaciones diversas, así como la reducción del poder económico alcanzado por los cárteles del crimen organizado y un esfuerzo participativo y democrático que permita recuperar el tejido social, con énfasis en la inclusión de los jóvenes en proyectos de vida digna. Postula a construcción desde lo local hacia lo nacional.

Se podría caracterizar dentro de los nuevos movimientos sociales definidos por Habermas. Es un tanto líquido, inasible y poco comparable con otras experiencias; es una especie de organismo vivo, evita las jerarquías y las estructuras; surgió sin intencionalidad como resultado de circunstancias graves. Tiene una clara separación respecto del Estado y sus instituciones; no busca el poder político, pero si el cambio de las instituciones. Tiene una composición social heterogénea, una organización basada en un liderazgo múltiple y una actitud eminentemente antiestatal.

Sin bien sus postulados básicos están contenidos en el documento leído en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo pasado, clasificados en seis ejes ordenadores, sus actividades desde las Caravanas, los diálogos con los poderes del Estado, los procesos de construcción democrática de sus propuestas, sus acercamientos a muy diversas organizaciones e instituciones y la centralidad de las víctimas y de sus experiencias han permitido una especie de fertilización cruzada entre sus miembros que ha ido afinando y concretando una agenda en torno al fin de la guerra y la construcción de la paz.

Desarrolla actividades para estar en constante movimiento y presencia; cuenta con expertos en resistencia civil y está procurando generar núcleos en varios territorios del país.

La cultura del Movimiento resulta extraña y desconcertante, incluso molesta para muchos, incluyendo a algunos de sus propios integrantes. Hay un respeto básico en las relaciones; el afecto y el reconocimiento de la humanidad del otro es evidenciada mediante abrazos y besos. Salvo raras excepciones no hay imposiciones, hay procesos democráticos y participativos.

Se transita sin mayores recursos económicos; los que se tienen, provienen de los propios integrantes, de campañas de boteo, de ventas de libros, de donaciones individuales, nada que genera lazos de dependencia. El gran aporte de sus integrantes es el tiempo personal y algunas instalaciones de organizaciones que participan.

Es un espacio que permite la imaginación, la creación de opciones a partir del reconocimiento de la complejidad y la constante transformación de la realidad. Esto es totalmente diferente de lo que ocurre en los partidos políticos y en los gobiernos, donde las libertades de creación e imaginación han sido canceladas. Donde prevalece la rigidez, la inflexibilidad y el dominio del sistema. Donde se prohíbe pensar.

El principal valor del Movimiento consiste en dar espacio, en visibilizar, en reconocer el dolor de las víctimas que no tienen ni los recursos económicos, ni las redes de poder para ser atendidas por el Estado y que son revictimizadas por las instancias públicas de seguridad y justicia.

Su mayor riesgo es el cansancio de sus miembros, el agotamiento de los recursos personales y de tiempo de éstos. Como organismo vivo tiene que ir renovando constantemente sus células y tejidos y tiene que mantenerse en permanente movimiento. Su eficacia para apoyar y orientar a las víctimas se convierte en uno de sus grandes retos.

Mantiene diferencias respecto del diagnóstico y de las propuestas con relación al grupo de víctimas de altos ingresos y del propio Gobierno Federal. Ve a los delincuentes como el producto de una sociedad profundamente injusta y desigual, considera a las víctimas no sólo de la delincuencia sino también las resultantes de intervenciones y omisiones del Estado a quienes el Gobierno Federal se niega a reconocer. Señala la existencia de una guerra que los mexicanos no quisimos iniciar y que el Gobierno de Felipe Calderón ahora niega. Reclama el desarrollo de una sistema integral de atención a víctimas en su acepción amplia; la creación de una fondo de atención a víctimas, la creación de una comisión de la verdad, de una legislación y un fondo para emergencias sociales; la creación de contralores ciudadanos para las instituciones de seguridad y justicia, entre varias otras propuestas.

El día de hoy se inició la Caravana al Sur del Movimiento. Caminará por territorio de los Zetas y dará cuenta de las múltiples violencias y violaciones de derechos humanos que el Estado Mexicano ha ejercido en las comunidades indígenas y en las zonas más pobres del país. Las comunidades victimizadas por gobiernos corruptos y abusivos seguramente ocuparán el centro de las denuncias y se incorporarán a la lista de las víctimas que no deja de crecer por la absurda guerra contra las bandas del crimen organizado, pero también por el despojo de bienes y recursos comunes que la economía globalizada está perpetrando en nuestro país con la complacencia de nuestros gobiernos y partidos políticos.

[1] La investigación fue publicada en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como La Realidad Social de Ciudad Juárez. Entre 2009 y 2010 INCIDE Social a petición de CONAVIM organizó, promovió y coordinó investigaciones sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en cuatro Zonas Metropolitanas: Guadalajara, Tijuana, Aguascalientes y una actualización de Ciudad Juárez. Las mismas se pueden consultar en www.incidesocial.org y en www.conavim.gob. Se analizan doce ámbitos de la realidad

En el interés por entender qué tipo de relaciones y condiciones sociales, culturales y económicas existían en Ciudad Juárez que permitían, propiciaban o toleraban los feminicidios, desde INCIDE Social en colaboración con el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de esa Ciudad emprendimos una investigación en 2003 que concluyó con la publicación La Realidad Social de Ciudad Juárez. Desde entonces se han realizado investigaciones similares con grupos de investigadores locales para las Aéreas Metropolitanas de Guadalajara, Tijuana y Aguascalientes en 2009 y 2010 y con recursos del SUBSEMUN entre 2011 y 2012 se han llevado a cabo diagnósticos sociales de las violencias en más de 150 municipios de los cuales hay por lo menos unos treinta rescatables.

Tres de los 16 capítulos de la propuesta metodológica guardan una estrecha relación con los temas de población y de políticas de población

• Ubicación y extensión territorial del núcleo o núcleos urbanos y de las localidades rurales en el municipio.
• Situación y evolución demográfica.
• La situación, evolución y composición de las familias

Mi intención en este breve comentario es resaltar los principales hallazgos en estos tres campos:

1. En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas han crecido en forma anárquica, expansiva, segmentada y dispersa en el territorio lo que determina crecientes presiones y tensiones en la vida de sus habitantes. Las ciudades se han extendido en forma horizontal siguiendo un modelo extensivo y disperso ampliándose muy rápidamente el territorio urbano con poca densidad de construcciones. La mayor presión demográfica la han experimentado las ciudades de frontera y las de desarrollo turístico.

La liberación del mercado de tierras en 1992, la descentralización de responsabilidades de control del uso del suelo a los municipios, la ausencia de planeación y regulación del desarrollo urbano, la práctica de especulación con terrenos urbanos y la corrupción en la gestión urbana han provocado:

• La instalación de viviendas precarias en terrenos de alto riesgo o de reserva ecológica y recarga de acuíferos;
• Numerosos desarrollos inmobiliarios en los últimos quince años con viviendas muy pequeñas, ausencia de espacios y servicios públicos y comerciales
• Sacrificio de la calidad y el tamaño de las viviendas y de los desarrollos mismos, por la cantidad de unidades construidas y el monto de créditos hipotecarios otorgados
• Desarrollos suburbanos aislados (formales e informales) y carentes de calidad urbanística; el transporte hacia ellos resulta costoso y riesgoso.
• Esa lejanía provoca que muchos compradores nunca ocupen sus casas, o que las abandonen, lo que conlleva a la creciente presencia de viviendas abandonadas y saqueadas en todo el país.
• Insuficiencia y rezagos sostenidos y crecientes en materia de redes de agua, de energía, drenaje, alumbrado, servicios comerciales y sociales y de seguridad, pavimentación y vialidades de acceso que deben ser provistos por los municipios.
• Lotes baldíos salpicados por diversas zonas del área urbana que obedecen a estrategias de especulación de sus dueños y generan serios riesgos para los pobladores
• La separación en las ciudades entre zonas de trabajo, zonas de servicios y zonas de vivienda que complican los traslados y afectan la seguridad
• La ausencia e insuficiencia de servicios sociales y la creciente deslocalización de los existentes respecto de los nuevos desarrollos de vivienda.
• Modelo de movilidad urbana que privilegia el uso del automóvil y genera aumento de accidentes y muerte de personas.
• La insuficiencia y saturación de vialidades y el desorden en el tráfico urbano
• La insuficiencia, mala calidad, alto costo y concentración en la propiedad del transporte público urbano. Modelo de gestión que promueve la irresponsabilidad de los operadores de los vehículos.
• Un abuso de los recursos hídricos disponibles en el territorio circundante
• Graves problemas en la calidad del agua, el aire y la energía eléctrica provocados por la distribución espacial de las empresas e industrias.

Las consecuencias son la inseguridad en la tenencia y respecto de los riesgos físicos de las viviendas; incertidumbre y falta de acceso a servicios fundamentales para la vida que generan enojo y conflicto; congestionamiento vial; aumento en el número y daño de los accidentes viales; riesgosos, costosos y prolongados traslados de la población con aumento del estrés, del cansancio, la conflictividad, la violencia y la reducción del tiempo disponible para la vida personal y familiar; la destrucción del medio ambiente y la distribución desigual de los costos en vidas y bienes de los desastres naturales.

2. Las ciudades se han segregado o “ghettizado” ampliándose cada día nuevas modalidades de encerramiento y protección amurallada de las viviendas de los habitantes de altos ingresos que en ocasiones están rodeadas de zonas de bajos ingresos.

A esta segregación “activa” de las poblaciones de altos ingresos se suma una segregación “pasiva” que deja a las poblaciones pobres y a los grupos étnicos confinados en amplias zonas, generalmente en las orillas de la mancha urbana, sin mezcla social y étnica y alejados de los servicios y equipamientos urbanos. Las mujeres pobres, migrantes, indígenas son las mayores víctimas de estos confinamientos.

A la segregación espacial se suma una segregación en el acceso, disponibilidad, calidad y pertinencia de diversos servicios públicos (alumbrado, recolección de basura, agua potable, vialidades, etc.), educación, salud, cultura, deporte, recreación, seguridad pública y acceso a la justicia) entre estratos sociales y zonas de las ciudades que podría sintetizarse como servicios públicos ausentes, insuficientes y de mala calidad para las poblaciones y colonias de bajos ingreso frente a servicios urbanos y públicos suficientes y de mejor calidad para las zonas de ingresos medios y altos.

3. La estructura y organización de las familias como construcciones que derivan de la realidad social, económica y cultural de los entornos, se están modificando de manera notable.

Se está reduciendo la presencia de familias nucleares, están creciendo aquellas con ausencia de alguno de los padres; o las familias recompuestas. Así mismo, se observa la mayor presencia de hogares de corresidentes –que no tiene parentesco- y de personas que viven solas. También se verifica la presencia de varias generaciones conviviendo en un mismo hogar. Se observa un aumento de las uniones libres. Lo anterior impacta las relaciones genéricas e intergeneracionales, los mecanismos de comunicación y de toma de decisiones, la transmisión de saberes para la vida y los hábitos y los tiempos destinados a la crianza y cuidado. Todo ello, sin el acompañamiento de políticas públicas de familias que entiendan y apoyen las transformaciones que se están dando en los roles de género y en las relaciones intergeneracionales.

Asimismo, la dinámica y estructura del mercado laboral y las diversas estrategias de obtención de ingresos han provocado cambios importantes en las relaciones familiares. Estas alteraciones del tiempo y la energía de la población trabajadora de las familias han dejado en un segundo plano las funciones de protección y atención a la infancia y la adolescencia, y la transmisión de saberes, valores y conductas. Se registra una precarización de la economía del cuidado con consecuencias negativas para la socialización primaria de los seres humanos.

4. Las mujeres urbanas de sectores medios y pobres asumen mayores cargas de trabajo y aparecen cada vez más, como el pilar de las familias. En un contexto de familias en transformación y de crecientes dificultades para acceder al empleo y al ingreso, las mujeres toman cada día más responsabilidades aún las de tipo económico y de sostenimiento de los grupos familiares, en comparación con los varones, Esta situación las coloca con tal nivel de demanda y presión que viven estresadas, cansadas y con frecuencia, deprimidas, enojadas y frustradas.
5. La velocidad del crecimiento demográfico de algunas ciudades (de frontera y turísticas) en periodos cortos de tiempo y en ausencia de políticas públicas, dificulta la absorción e integración de los nuevos pobladores y surgen actitudes discriminatorias de los pobladores locales, resentimiento y desconfianza. Se verifican fuertes cambios en la composición por sexos y edades de la población y se hace evidente una insuficiencia, inadecuación y deficiente localización de servicios sociales necesarios para atender a los nuevos pobladores.

Estos cambios en las ciudades receptoras se agudizan por la demanda diferenciada de trabajadores por sexo y edad de las plantas maquiladoras o de los desarrollos turísticos que modifican estructuras familiares, tasas de masculinidad y la estructura por sexo y edad de la población.

Algunas propuestas de orden general

Se requiere de una urgente reforma urbana que inicie reordenamiento territorial de las ciudades, bajo un esquema de planeación coordinada mediante consejos de planeación urbana participativa y mediante el fortalecimiento de los institutos municipales de planeación.

Es urgente una reforma municipal que aumente las capacidades institucionales de los gobiernos locales y el desarrollo de mecanismos de auditoría, transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. La debilidad y la desarticulación de los gobiernos locales en ciudades densamente pobladas y con dinámicas aceleradas de crecimiento y expansión, obligan a una reforma de la gestión e institucionalidad de los gobiernos de las ciudades. Exige una revisión profunda de los gobiernos municipales desde su duración, sus responsabilidades, sus atribuciones, su estructura y organización, sus presupuestos y la calidad de sus servidores públicos. Pasa necesariamente por revisar las formas de articulación y colaboración entre gobiernos municipales y estatales de zonas conurbadas y áreas metropolitanas.

En tanto se logran los cambios institucionales de fondo, es urgente definir e imponer una normatividad con perspectiva humana a los nuevos desarrollos inmobiliarios de vivienda y aplicar una política y programas de desarrollo y regulación del transporte público urbano. La movilidad urbana no puede estar centrada en el uso del automóvil. La redensificación en cuanto a infraestructura, la ocupación de los terrenos baldíos mediante sanciones a sus dueños, la recuperación de espacios públicos y la creación de reservas territoriales para el desarrollo de servicios sociales y ambientales es otro aspecto urgente para el futuro de las ciudades, en términos de reducción del estrés, el conflicto y la violencia y en una perspectiva de reconstrucción del sentido de identidad y del tejido social urbano.

La reforma urbana necesitaría ser acompañada del desarrollo de una política social urbana con participación comunitaria que establezca, desarrolle y sostenga en el largo plazo programas y servicios en materia psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud y educación. Es necesario lograr una mejor distribución de los servicios sociales en los territorios de las ciudades de acuerdo con las características   y problemáticas específicas de las poblaciones circundantes. Todo ello con miras a formar ciudadanía y generar cohesión social

Para algunas ciudades sería necesario hacer un replanteamiento de sus opciones de desarrollo económico, dada la volatilidad, inseguridad y comportamiento cíclico de la industria maquiladora, por ejemplo. Estas opciones deberían poner como un criterio central la posibilidad de conciliar la vida económica y de trabajo de las personas con su vida personal y familiar y revalorar el aporte que hace la economía del cuidado en la construcción de seres humanos.

La creciente carga de las mujeres en la vida de las familias debe ser apoyada con programas que ayuden a la economía del cuidado y redistribuyan las cargas entre géneros, generaciones e instituciones públicas y privadas.

El desarrollo de una política de familias que parta de reconocer la diversidad de estas, las constantes transformaciones que viven y la existencia de relaciones genéricas e intergeneracionales que deben fundamentarse en los derechos de cada uno de los integrantes del grupo, conduciría al desarrollo de servicios y productos que faciliten la vida en familia en relaciones democráticas y de respeto, y apoyen el papel fundamental que estas tienen en la socialización de los seres humanos.

Para la CEPAL cohesión social en América Latina debería entenderse como un diálogo constante entre los mecanismos de inclusión y exclusión sociales (políticas de empleo y bienestar, salud, educación, etc.) y las respuestas y percepciones de la ciudadanía frente a la forma en que actúan esos mecanismos y que se traducen en un sentido de pertenencia a la sociedad. Es ese espacio en el que las políticas sociales hacen que las personas sean y se sientan, parte de la sociedad.

¿Por qué es importante la cohesión social?

La cohesión social es importante porque reconoce los derechos de inclusión de todos los integrantes de una sociedad y procura los medios para su realización generando seguridades básicas a las personas ante eventualidades, así como mecanismos para cerrar las brechas de desigualdad y superar condiciones de pobreza. Cuando las personas reconocen que contarán con mecanismos de protección ante los riesgos sociales, económicos e incluso ambientales, se sienten parte del colectivo y desarrollan un sentido de pertenencia.

En un ambiente de cohesión social es posible alcanzar mejores niveles de desempeño económico, de calidad de vida y fortalecer factores de contención frente a las trasgresiones de las normas que regulan la vida social. Es decir, al sentirse toda la población incluida y con igualdad de derechos es más difícil que proliferen actitudes violentas y de conflicto.

CEPAL señala que la potencialidad del desarrollo se ve limitada en América Latina por la existencia de estructuras excluyentes: pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión social, que limitan tanto el desarrollo individual como el colectivo, entre otras cosas porque generan conflictos distributivos cada vez más difíciles de manejar.

¿Cuáles son los actores vinculados a la cohesión social?

Indudablemente los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado.

La sociedad civil organizada donde participan organizaciones de profesionales, de empresarios, de trabajadores, asociaciones civiles y movimientos sociales, organizaciones religiosas y políticas, entre otras.

La sociedad mercantil

Las personas que integran la sociedad

¿Cuál debería ser el papel de esos actores para fortalecerla?

Al Estado le corresponde cumplir sus obligaciones en materia de protección defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de todos y todas a fin de asegurar la operación universalizada de los mecanismos de inclusión como son las oportunidades de empleo e ingresos dignos, el acceso a salud y educación de calidad, a la alimentación adecuado, a la vivienda digna, a la cultura. Le correspondería respetar a todas las personas que acceden a la satisfacción de sus necesidades de vida por sus propios medios; proteger a aquellos cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados por terceros y satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de aquellos otros que no pueden por si mismos lograr los medios para cubrir las garantías de esos derechos por que no cuentan con los recursos para hacerlo y la sociedad tampoco se los brinda, por ejemplo, es el caso de las poblaciones en pobreza, desempleadas.

Le corresponde también convocar y alentar la participación y el diálogo social en la construcción de planes, políticas y programas a distintos niveles territoriales y crear espacios para construir una interacción positiva entre los actores que deben alcanzar una comunidad de principios de cooperación y comunicación para hacer realidad la cohesión social.

Emitir las leyes que regulen la vida social mediante convocatoria amplia y una representación auténtica de la sociedad.

Garantizar el imperio de la Ley y por lo tanto el acceso a la justicia y a la verdad con equidad e imparcialidad.

A la sociedad civil organizada le tocaría por una parte colocar en la mesa del diálogo social las agendas de derechos que corresponden a la diversidad social como son las mujeres, la infancia, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, los adultos mayores, los empresarios y contribuir a llegar a consenso en la pelea distributiva de los recursos públicos. Por otra parte, puede aportar sus experiencias y sus modelos de intervención para atender a esos grupos de población y ayudarlos a empoderarse para alcanzar una ciudadanía plena, activa y participativa. En el contexto de violencia de México puede aportar sus experiencias en modelos y educación para la paz.

A la sociedad mercantil correspondería reconocer que las personas son dignas y son sujetos de derechos y no meros insumos para la producción en su calidad de trabajadores, ni meros clientes y consumidores finales de sus productos y servicios. Por lo tanto su contribución a la cohesión social sería respetar los derechos de sus trabajadores y de los consumidores.

Finalmente, a la población en general le tocaría participar en los espacios de diálogo y encuentro, practicar valores de respeto y consideración de los otros evitando conductas discriminatorias y excluyentes y ejercer tareas de contraloría social de los otros actores.

Mención especial debe hacerse de los partidos políticos pues la sociedad mexicana reconoce a las diferencias en riqueza y a la presencia territorial de los partidos políticos como las dos fuentes principales de conflictos en familias y comunidades. La lucha por el poder está fracturando la cohesión social posiblemente de manera difícil de reparar y sería urgente un pacto de los partidos políticos para cambiar los términos de sus disputas.

 

¿Cuáles son las acciones ciudadanas que contribuyen a mejorar la cohesión social?

Pienso en tres a) la participación en el espacio público para impulsar los intereses colectivos e incidir en las políticas de gobierno, b) el apego a la ley y a las normas de convivencia dentro de los que destaco el respeto a los derechos de los otros y c) la no discriminación ni por diferencias socioeconómicos, ni ideológicas, ni de educación, religión, etnia, orientación sexual, origen nacional ni de sexo ni edad.

¿Cuáles contribuyen a debilitarla? El aislamiento y la no participación en el espacio público, el miedo, la violencia y el conflicto y la falta de respeto a la dignidad de los otros como personas y a la Ley.

¿Cuáles deberían ser los incentivos para que los actores dirijan sus esfuerzos a fortalecerla?

El vivir en una sociedad con justicia, paz y dignidad que elimina los riesgos de caer en situaciones de vulnerabilidad, subordinación y exclusión. En una sociedad donde el conflicto se tramita por medios pacíficos y las personas tienen seguridades básicas de inclusión y protección de sus derechos humanos.

¿De qué manera la buena gestión del espacio público urbano puede contribuir al impulso de la cohesión social? ¿Cuál debe ser su papel para la interacción fructífera de los diversos actores?

Mirar al espacio público como una obra arquitectónica o de ingeniería sea un campo de futbol, una escuela o una casa de cultura y construirla o recuperarla como una obra, limita enormemente el valor de los espacios público en su contribución a la cohesión social.

Muchas veces he sostenido que la política social es el trabajo de personas para personas: los maestros que enseñan, el personal médico que cura, el promotor que trabaja en un centro comunitario, la señora que prepara los alimentos en una cocina comunitaria, el facilitador cultural. Se pueden tener los espacios públicos más bellos, los mejores con la tecnología de más avanzada pero si no hay personas que los gestionen y les den vida con actividades relevantes para la población de su entorno, se vuelven espacios vacíos, sin sentido e incluso riesgosos.

Por ello estoy convencida que lo que encontraron en las evaluaciones que ayer nos explicaban y que decían que la apropiación de los espacios dependía de las actividades que se ofrecieran en ellos, es fundamental. Sin embargo, me parece que llenarlos de actividades por llenarlos de actividades, organizadas por quien quiera y pueda y pensar que será la organización de los vecinos o la responsabilidad de los empresarios la que las sostendrá en el mediano y largo plazo es una premisa que ha probado su falsedad.

Basta sólo ver los miles de espacios púbicos que existen regados en todo el país, muchos de los cuales se construyeron con la participación ciudadana, incluso de organizaciones ya existentes y seguramente nos encontraremos con tres situaciones: o bien están abandonados o han sido privatizados por los grupos y personas que los utilizan y que venden o acuden a las actividades que se llevan a cabo en ellos o se les ha cambiado el uso.

Cuando en el Gobierno del D.F. nos propusimos en 1998 rescatar los centros de desarrollo social, las casas de cultura y los deportivos que habían construidos varios gobiernos anteriores encontramos un centro convertido en tabledance, otro en una fábrica de frituras, varios apropiados por el grupo religioso de La Roca y los más estaban siendo usados por profesores que cobraban por dar clases de tai kwan do y taichi, de bailes folklóricos, de artesanías, de corte y confección, belleza, guitarra, inglés, producción de medicina tradicional, etc. Se habían transformado en espacios de educación informal que generaban ingresos a quienes facilitaban esas actividades. Los deportivos estaban muy abandonados y las zonas mejor conservadas eran las canchas de futbol y de futbol rápido controladas por las ligas que cobraban y organizaban su uso, restringiendo su libre utilización. Incluso encontramos familias viviendo dentro de las instalaciones. La operación del Centro Hípico de la Ciudad de México se había concesionado a una empresa que limitaba el acceso al mismo a la población de altos ingresos de la zona colindante a cambio de cuotas. El deportivo Plan Sexenal esta concesionado a un sindicato. No recuerdo un solo espacio gestionado por la comunidad.

Nos propusimos hacer una revolución de los usos y las actividades de esas instalaciones, empezamos por recuperarlas y actualizar su estado físico, las dotamos de nuevos equipamientos, por ejemplo los gimnasios tenían equipos de los años treinta y los actualizamos; se echaron a andar las albercas que estaban abandonadas.

Desarrollamos un programa llamado Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) en el cual sistematizamos modelos de intervención comunitaria en tres líneas de trabajo: deporte, cultura y salud mental comunitaria con la participación de la experticia de varias organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Los modelos tenía el propósito de construir ciudadanía es decir desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes que empoderaran a los participantes en las actividades que se ofrecían en los centros y generar capital social que alentara la organización vecinal y contribuyera a resolver problemáticas personales y colectivas, como el analfabetismo, la soledad, la depresión, la violencia familiar, la ausencia de espacios seguros para los niños y las niñas después de la escuela, la falta de ingresos, etc. Formamos a 1,500 facilitadores cuyos ingresos se cubrían con los llamados recursos autogenerados en la operación de los centros. Contábamos con una unidad en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D.F. responsable de localizar modelos de intervención, sistematizarlos, publicarlos, formar y actualizar a los facilitadores, vigilar y retroalimentar la operación de las actividades en los centros y dialogar con los responsables de desarrollo social de las delegaciones, pues estos eran los que controlaban los espacios públicos mencionados.

Se ofrecía un abanico de posibles actividades que deberían ser escogidas de en cada espacio público de acuerdo a los diálogos con la población circundante y con sus características etarias. Equipamos y montamos alrededor de 250 ludotecas y talleres de estimulación temprana, promovimos teatro comunitario en varias colonias y barrios, libro-clubs y pequeñas bibliotecas.

No teníamos recursos, el gobierno de la Ciudad por haberse tratado del primer gobierno de un partido de oposición, fue acosado y limitado en su acceso a recursos al depender estos de decisiones del Congreso Federal.

Un mecanismo muy importante del SECOI eran los grupos interinstitucionales de coordinación (GRICOS) ubicados en cada delegación donde se sentaban los operadores de servicios federales como el Instituto para la Educación de Adultos, los servicios delegacionales como las Comunas y las CEDEPECAS; los pertenecientes al gobierno de la ciudad como las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVIF), los Centros de Atención a la Mujer (CIAM), los servicios de salud y el DIF así como organizaciones civiles cuyas actividades se desarrollaban en el territorio de la delegación. En los GRICOS se hacían acuerdos de colaboración de acuerdo a los servicios y capacidades que cada unidad tenía.

Era un sistema con varios niveles de atención a partir de 2000 educadoras para la salud que recorrían las colonias marginadas de la ciudad, hablaban con la población, le proporcionaban orientación y levantaban diagnósticos. Estas educadoras orientaban a la población para acudir a los servicios de primer nivel cuando detectaban problemáticas de salud, desempleo, violencia, en los hogares.

En fin el sistema se estaba desarrollando pero como fue un gobierno de tres años y lo pusimos en marcha a mediados de la gestión no fue posible consolidarlo y el gobierno siguiente proveniente del mismo partido, decidió que prefería hacer transferencias monetarias directas desarrollar clientelas que trabajar en construcción de ciudadanía y de capital social.

En conclusión de acuerdo a mi experiencia son más importantes las actividades que se desarrollan en los espacios públicos que las instalaciones físicas de los mismos; que estas deben tener objetivos claros en una estrategia de intervención social claramente definida; que la mayor dificultad consiste en superar el terror desarrollado en los últimos años hacia servicios provistos por el gobierno y se requiere de personal debidamente capacitado y permanentemente actualizado para operar y gestionar los espacios públicos; que un problema central es cómo sustentar los servicios y actividades por tiempo suficiente como para que efectivamente se logre incidir en la comunidad y en las personas y lograr que estas participen y se apropien del espacio y lo defiendan ante cambios de administraciones y evitando su privatización.

La gestión de los espacios públicos por organizaciones de la comunidad es una construcción que toma varios años ante la ausencia o debilidad de las organizaciones, el conflicto entre las existentes en el territorio y la tradición clientelar que priva en las relaciones sociales entre políticos, organizaciones y la población.

Bajar presentación: TORREON FACTORES SEIS CIUDADES

Las investigaciones promovidas y apoyadas por INCIDE Social A.C. en varias ciudades y municipios se fundamenta en las siguientes hipótesis

1. Que los procesos de modernización e individuación afectan y son afectados por transformaciones que están ocurriendo en los agentes de socialización de los seres humanos, fundamentalmente las familias, las escuelas, los grupos de pares, (incluyendo los ámbitos del trabajo) y los medios de comunicación. Es decir, hay cambios en la forma de construcción y desarrollo de los seres humanos.
2. Que esos procesos también afectan y se ven afectados por las transformaciones en los procesos de construcción de identidades colectivas y solidaridades sociales. Es decir, hay cambios en la forma de construir comunidad.
3. Que en el caso mexicano esas transformaciones en las formas y procesos de construir seres humanos y comunidad han destruidos los mecanismos de contención individual y social que permitieron un cierto orden social.
4. Que la desigualdad, la impunidad generalizada, el estancamiento económico y el desmantelamiento del Estado han impedido la construcción de ese nuevo orden social que teniendo en cuenta la creciente complejidad y diferenciación social establezca normas de convivencia en donde las reglas del juego sean iguales para todos y todas.
5. Que por lo anterior las violencias son construcciones económicas, sociales, culturales e inclusive, políticas
6. Que existen factores precursores, de riesgo y detonadores que al ser reconocidos es posible actuar sobre ellos mediante intervenciones sociales y políticas públicas de prevención social oportunas, relevantes, pertinentes y articuladas.
7. Que asimismo existen en la sociedad factores de contención que operan para evitar que el conflicto devenga en violencia y daño y que impulsando, apoyando y extendiendo esos factores es posible prevenir, mitigar o revertir situaciones de violencia.

 

El propósito de los ejercicios diagnósticos que promueve INCIDE Social es prevenir, evitar, reducir, mitigar y revertir mediante herramientas sociales, económicas y culturales, los daños en vidas, integridad y bienestar humano que derivan de las violencias social y de género.

 

El estudio realiza una revisión de la relación que guardan las violencias con los procesos y situaciones que se observan en el territorio estudiado en los campos del desarrollo urbano, demográfico y de la vivienda; la evolución del capital social y las transformaciones de las familias; las oportunidades del empleo y los ingresos de las personas y las familias; la disponibilidad y acceso a diversos servicios sociales como educación, salud, recreación, cultura y deporte; los patrones y prácticas de discriminación, el papel que juegan los medios de comunicación, la cultura de la legalidad que prevalece y la disponibilidad y eficacia de las instituciones de seguridad y acceso a la justicia. Asimismo se alienta a investigar la forma como las violencias están afectando y se manifiestan en la evolución de los ámbitos estudiados. Por ejemplo: la violencia doméstica, el bullyng, los ataques a los medios de comunicación, entre otros.

 

INICIDE Social ha procurado y postulado que las investigaciones deben ser realizadas por equipos locales de investigadores, vinculados a centros académicos de investigación y docencia con miras a ir introduciendo la perspectiva de violencias en los trabajos de las distintas disciplinas.

 

Por la naturaleza de los fondos públicos que se han dispuesto para realizar estos ejercicios diagnósticos se ha contado con plazos muy cortos para su realización. Los equipos de investigación verifican en un periodo menor a un año, las hipótesis sobre la relación entre las violencias y los factores económicos, sociales y culturales subyacentes, mediante la revisión bibliográfica y hemerográfica y la realización de entrevistas a informantes clave y de grupos focales.

 

Algunos de los principales hallazgos se sintetizan a continuación.

 

1.- Por cuanto al crecimiento urbano y la desigualdad

1.1.- En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas han crecido en forma anárquica, expansiva, segmentada y dispersa en el territorio lo que determina crecientes presiones y tensiones en la vida de sus habitantes. Bajo la presión de migraciones campo-ciudad e interurbanas que se acentuaron a partir de 1980 en la búsqueda de oportunidades de ingreso y empleo de la población y frente a la liberación del mercado de tierras con las modificaciones al artículo 27 constitucional de 1992, las ciudades se han extendido en forma horizontal siguiendo un modelo extensivo y disperso ampliándose muy rápidamente el territorio urbano con poca densidad de construcciones. La mayor presión demográfica la han experimentado las ciudades de frontera y las de desarrollo turístico.

 

1.2.- La falta de planeación y regulación del desarrollo urbano, la práctica de especulación con terrenos urbanos y la corrupción en la gestión urbana han provocado

• Desarrollos suburbanos aislados (formales e informales) y carentes de calidad urbanística;
• Insuficiencia y rezagos sostenidos en materia de redes de agua, de energía, drenaje, alumbrado, servicios comerciales y sociales y de seguridad, pavimentación y vialidades de acceso
• La instalación de viviendas precarias en terrenos de alto riesgo o de reserva ecológica y recarga de acuíferos;
• Lotes baldíos salpicados por diversas zonas del área urbana que obedecen a estrategias de especulación de sus dueños y generan serios riesgos para los pobladores
• Alianzas entre empresas inmobiliarias y funcionarios públicos en donde la inversión del estado contribuye al desorden y a la especulación urbana.
• La separación en las ciudades entre zonas de trabajo, zonas de servicios y zonas de vivienda que complican los traslados y afectan la seguridad
• La ausencia e insuficiencia de servicios sociales y la creciente deslocalización de los existentes respecto de los nuevos desarrollos de vivienda.
• Modelo de movilidad urbana que privilegia el uso del automóvil y genera aumento de accidentes y muerte de personas.
• La insuficiencia y saturación de vialidades y el desorden en el tráfico urbano
• La insuficiencia, mala calidad, alto costo y concentración en la propiedad del transporte público urbano. Modelo de gestión que promueve la irresponsabilidad de los operadores de los vehículos.
• Un abuso de los recursos hídricos disponibles en el territorio circundante
• Serios problemas en la calidad del agua, el aire y la energía eléctrica provocados por la distribución espacial de las empresas e industrias.
• El aumento de fenómenos naturales como sismos, ciclones y tormentas tropicales que se convierten en desastres naturales de gran impacto por la aglomeración urbana y que afectan de manera desigual a los pobladores de bajos ingresos.

 

Las consecuencias son la inseguridad en la tenencia y respecto de los riesgos físicos de las viviendas; incertidumbre y falta de acceso a servicios fundamentales para la vida que generan enojo y conflicto; congestionamiento vial; riesgosos, costosos y prolongados traslados de la población con aumento del estrés, del cansancio, la conflictividad, la violencia y la reducción del tiempo disponible para la vida personal y familiar; la destrucción del medio ambiente, el aumento en la insuficiencia y desigual distribución del abasto de agua y la distribución desigual de los costos en vidas y bienes de los desastres naturales. Aumento en el número y daño de los accidentes viales.

 

1.3.- Numerosos desarrollos inmobiliarios en los últimos quince años con viviendas muy pequeñas, ausencia de espacios y servicios públicos y comerciales y alejados de la ciudad, que aumentan la conflictividad doméstica y comunitaria. El retiro del Estado como promotor y constructor de viviendas; la disminución de una política de construcción social de viviendas y la privatización de los desarrollos inmobiliarios con apoyos públicos, han determinado el sacrificio de la calidad y el tamaño de las viviendas y de los desarrollos mismos, por la cantidad de unidades construidas. Los recientes desarrollos inmobiliarios se han convertido en terrenos propicios para el cultivo de la violencia en todo el país. No es posible llevar una vida en familia armónica en viviendas tan pequeñas y sin espacios públicos suficientes. Los jóvenes tienden a buscar espacios para encontrarse y algunos toman las calles, los parques, los camellones, etc.

Además al estar muchos de los nuevos desarrollos inmobiliarios alejados de la ciudad y de los centros de trabajo, el transporte hacia ellos resulta costoso y riesgoso pues en varios casos las personas tienen que caminar por parajes deshabitados, con mayores riesgos para las mujeres. Esa lejanía provoca asimismo, que muchos compradores nunca ocupen sus casas, o que en su momento las abandonen, lo que conlleva a la creciente presencia de viviendas abandonadas y “canibalizadas” que con frecuencia sirven como guarida de delincuentes y de actividades ilícitas.

 

1.4.- La concentración de la desigualdad del ingreso y de la riqueza en territorios urbanos contiguos. Los pobladores de altos ingresos con los de bajos ingresos conviven y se encuentran cotidianamente en la ciudad, aún cuando sea sólo en las calles o como consumidores y trabajadores de diversos servicios. Lo mismo ocurre con los grupos proveniente de etnias distintas que viven en zonas específicas de las ciudades.

Las ciudades se han segregado o “ghettizado” ampliándose cada día nuevas modalidades de encerramiento y protección amurallada de las viviendas de los habitantes de altos ingresos que en ocasiones están rodeadas de zonas de bajos ingresos.

A esta segregación “activa” de las poblaciones de altos ingresos se suma una segregación “pasiva” que deja a las poblaciones pobres y a los grupos étnicos confinados en amplias zonas, generalmente en las orillas de la mancha urbana, sin mezcla social y étnica y alejadas de los servicios y equipamientos urbanos. Las mujeres pobres, migrantes, indígenas son las mayores víctimas de estos confinamientos.

 

La conducta violenta, prepotente y desconsiderada de muchas personas de altos ingresos y de sus trabajadores al circular por las calles o al acudir a servicios y comercios públicos que muestran patrones y prácticas discriminatorias, agudizan el conflicto.

 

Estas conductas y la segregación espacial generan resentimiento y malestar, debilitan la posibilidad de diálogo entre grupos diversos, impiden la convivencia y la creación de tejido y cohesión social. Se constituyen en un factor de riesgo de enfrentamiento social ante eventos detonadores como catástrofes naturales, actos delincuenciales o crisis de abasto.

 

1.5.- La segregación y desigualdad en el acceso a servicios urbanos (alumbrado, recolección de basura, agua potable, vialidades, etc.), educación, salud, cultura, deporte, recreación, seguridad pública y acceso a la justicia. A la segregación espacial se suma una segregación en el acceso, disponibilidad, calidad y pertinencia de diversos servicios públicos entre estratos sociales y zonas de las ciudades que podría sintetizarse como servicios públicos ausentes, insuficientes y de mala calidad para las poblaciones y colonias de bajos ingreso frente a servicios urbanos y públicos suficientes y de mejor calidad para las zonas de ingresos medios y altos. Los estratos populares obreros y de clase media baja, acuden a servicios proporcionados por el sector público como educación y salud, saturados y crecientemente deteriorados, en tanto que los estratos medios y altos utilizan servicios ofrecidos por el mercado, no necesariamente de mejor calidad, pero menos saturados. Incluso se constata la existencia de políticas que dan preferencia a las zonas de ingresos medios y altos en el despliegue de servicios públicos de protección y seguridad, abandonando la atención de las colonias marginadas, populares y de clases medias bajas.

 

2.- De la calidad y disponibilidad de servicios públicos

2.1.- La falta de actualización y pertinencia de los servicios públicos sociales, de seguridad y de acceso a la justicia, respecto de las necesidades y realidades de la diversidad de la población que se concentra en las ciudades. Hay un grave déficit en la disponibilidad de servicios públicos para la atención de la salud. En general, hay problemas de suficiencia de servicios y de calidad en la atención. En particular, el crecimiento de la infraestructura no es proporcional al aumento progresivo de la población no derechohabiente y la derechohabiente enfrenta servicios precarizados e ineficientes.

 

Son crecientes los requerimientos no atendidos de hombres y mujeres, de personas pertenecientes a diversos grupos sociales, de edad, de condición de discapacidad, de orientación sexual, de origen cultural y de condiciones de exclusión y discriminación lo que determina que aspectos fundamentales para la convivencia y el desarrollo armónico de las personas, las familias y las comunidades no se atiendan o recaigan fuertemente en las familias. Se trata a manera de ejemplos, de ausencia de suficientes espacios, infraestructura y servicios para la juventud, los adultos mayores y las personas con discapacidad; de servicios para la atención de problemáticas de salud mental comunitaria, de atención a la violencia familiar; de programas para la inserción de migrantes y poblaciones indígenas a la vida urbana, de orientación para el empleo y la capacitación, entre otros.

 

La reducida capacidad de las familias para enfrentar las nuevas problemáticas psico-afectivas y los nuevos riesgos derivados de la modernidad, las transformaciones demográficas y de la vida urbana, acrecientan las tensiones y hacen que se detonen conflictos que escalan en conductas violentas y destructivas. Pese a que parece reconocerse la creciente aparición de trastornos mentales en la población de las ciudades, los esfuerzos para dar servicios psiquiátricos y psicológicos son aislados y de difícil acceso para las poblaciones de ingresos medios y bajos. Ya no basta por ejemplo, contar con servicios de salud en general sino que se requiere de servicios de salud física y mental específicos para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos mayores o para las personas con discapacidad. Existe una escaza capacidad, estratégica y de infraestructura, para atender las necesidades de salud mental de la población, acrecentadas por el mayor temor y miedo de los habitantes frente a la violencia y por aumento de víctimas directas e indirectas de la violencia. Este es un tema que afecta a las mujeres y a los niños que sufren traumas diversos ante la pérdida por desaparición o muerte de sus compañeros, padres y hermanos.

 

Ya no es suficiente el desarrollo de estancias infantiles sino que es necesario crear también facilidades para la atención de adultos mayores y de personas con discapacidad, o para atender al número creciente de indigentes en las ciudades.

 

Los servicios de seguridad pública y de acceso a la justicia tienen que reconocer la existencia y desarrollar capacidades para la atención de nuevos delitos que no sólo afectan la propiedad de las personas sino su vida, su libertad y su salud como son la trata y el tráfico de personas, la extorsión , el secuestro, el lenocinio, la pornografía, la explotación y abuso infantil, etc.

 

2.2.- Desconfianza de los ciudadanos por ineficiencia y corrupción en los aparatos de seguridad en las ciudades. La ciudadanía no confía en los cuerpos policíacos. El porcentaje de delitos que no se castiga es muy alto. La mayoría de los delitos no llega al conocimiento de las autoridades porque no se denuncia y, no se denuncia, porque los cuerpos policíacos y los ministerios públicos no inspiran confianza. La otra parte de los delitos, los que sí se denuncian o se persiguen por oficio, tampoco se castigan porque la policía y los Ministerios Públicos son ineficientes y corruptos. El círculo de la impunidad refleja una situación de hecho provocada por la ineficiencia de las corporaciones policíacas que no captura a los delincuentes, el Ministerio Público no integra adecuadamente las averiguaciones previas pues su personal es insuficiente para atender la demanda social y deja libre a los delincuentes, en tanto que el sistema carcelario no readapta a los delincuentes y se encuentra saturado y ampliamente rebasado, principalmente con jóvenes de los sectores pobres, primodelincuentes y por delitos menores.

 

Los aparatos encargados de la seguridad fallan en su responsabilidad por ineficiencia atribuida a la corrupción, mala coordinación interinstitucional, problemas en su organización interna e incluso mal diseño constitucional que provoca confusión conceptual de sus funciones. A ello se suma, la falta de recursos materiales y personal poco calificado, desequilibrio en la tasa de cobertura, deficientes ingresos y prestaciones sociales, procesos de reclutamiento y selección inadecuados así como bajos niveles de profesionalización y formación. En síntesis, hay una ausencia de carrera policial real.

 

3. La crisis económica y el acceso a empleo e ingresos

3.1.- La crisis económica y de empleo y la violencia están determinando que en algunas ciudades en la frontera norte como Ciudad Juárez se esté experimentando una reducción de la población total y el abandono de viviendas. A raíz de la crisis económica en curso y de la violencia hacia las empresas de todo tamaño como la extorsión, el cobro de piso y el secuestro, ocurre una pérdida importante de empleos y de fuentes de ingreso legales lo que impulsa a las familias y a las personas a emigrar, a retornar a sus lugares de origen o a involucrarse en actividades ilegales para sobrevivir. En Ciudad Juárez se detecta empobrecimiento e incluso hambre entre las familias. Las familias de ingresos medios y altos que pueden hacerlo cambian su residencia a las ciudades colindantes de Estados Unidos (El Paso, Chulavista) La mayor parte de población que ha llegado a las ciudades de la frontera norte en los últimos años en busca de empleo o que esperan migrar hacia los Estados Unidos de América, se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, porque sus posibilidades de éxito se han reducido sustantivamente y son ahora sujetos de extorsiones y abuso para el cruce de la frontera.

3.2.- La violencia en las relaciones de trabajo. En las industrias maquiladoras y de exportación los criterios de competencia y reducción de costos rigen las relaciones entre los agentes que intervienen en la producción. Los trabajadores se convierten así en insumos para la producción y pierden su calidad de seres humanos que tienen vidas personales y familiares. Su régimen de contratación, horarios, remuneraciones, incentivos e intensidad del trabajo se rigen por las necesidades del mercado y poco consideran las regulaciones laborales.

 

Los trabajadores acaban siendo tratados como una mercancía que es buscada por los compradores de acuerdo a las necesidades de la producción: si son mejores las mujeres para cierto tipo de industrias, los enganchadores salen a la búsqueda de mujeres para su contratación; si son hombres jóvenes sólo contratan a este tipo de trabajadores y desechan a los hombres mayores de 40 años. Si hay una fuerte demanda de productos por el mercado, los enganchadores salen a diversas regiones en búsqueda de trabajadores que llevan a las ciudades a ser expuestos como mercancías para los posibles compradores. Si hay una reducción de la demanda de productos se procede a despedir trabajadores, se hacen paros técnicos, se modifican las jornadas y horarios de trabajo, etc. Se aprovecha para despedir a trabajadores con mayor antigüedad y derechos.

 

Las relaciones son sumamente flexibles de acuerdo a los requerimientos del mercado. Así, la vida de las personas y la organización de las familias pasa a tener una dependencia total de lo que ocurre en el mercado de productos; las personas pierden el control sobre sus tiempos y la posibilidad de decidir sobre su vida personal y familiar. Las bajas remuneraciones conllevan a la inserción de un mayor número de miembros de los grupos familiares en el trabajo y en actividades generadores de ingreso en detrimento de los tiempos destinados al cuidado y a la educación.

 

En algunas ramas de actividad económica, particularmente las de mayor capacidad exportadora, se facilita aún más el ejercicio de la violencia contra los trabajadores. En estas ramas se agudizan fenómenos como restricciones para impide una auténtica sindicalización, generación recurrente de contratos de 28 días de trabajo por dos de descanso con trabajadores de hasta nueve años de antigüedad, se concentran las contrataciones bajo esquemas de outsourcing y se generan procesos de discriminación laboral diversos, especialmente por motivos de edad y sexo. Prevalecen las pruebas de embarazo, no solo en la industria maquiladora, sino también en la administración pública municipal.

 

La flexibilidad, la inseguridad, la pérdida de libertad, la ausencia de conciliación entre trabajo y familia y condiciones precarias de trabajo en actividades formales de exportación, subyacen como un importante factor precursor de la violencia social en las ciudades maquiladoras.

 

3.3.- Desaparición del modelo familia-escuela-trabajo-seguridad social-familia que acompañó el desarrollo del país hasta los años ochenta. La evolución económica y social del país ha aumentado las dificultades para las poblaciones juveniles de seguir una trayectoria de vida que les asegure un nivel de bienestar y una vida decente por largos años, por lo que muchos optan por vivir bien, poco tiempo, aun cuando tengan que realizar actividades de alto riesgo. Los jóvenes optan por migrar, insertarse en actividades informales, muchas veces ilegales o a aceptar actividades dentro del crimen organizado. Para las nuevas generaciones ya no se concreta la trayectoria social de obtener un certificado educativo, para ingresar a trabajar en actividades formales, en trabajos permanentes y obtener con ello la protección de la seguridad social y formar una familia.

 

Desde hace varias décadas excepto en las ciudades fronterizas y turísticas antes de la crisis actual, la oferta de empleo en actividades formales no ha crecido en consonancia con la presión de los jóvenes que entran al mercado de trabajo. Incluso la precarización de las ocupaciones en el sector formal constituyen un elemento de desaliento para ocuparse en ellas.

 

En las ciudades de frontera la existencia de mercados de trabajos abiertos e inclusivos para el sector de baja calificación pero bastante limitados para el sector calificado, tienen repercusiones en las actividades de los jóvenes: proporcionalmente los jóvenes trabajan más y estudian menos que en las otras ciudades mexicanas. En este sentido, no existen incentivos fuertes para seguir estudiando, porque no se dan muchas oportunidades para los trabajadores más calificados y aún las retribuciones en ese mercado son insuficientes.

 

Paulatinamente la cultura del trabajo y de la educación en el imaginario juvenil se ha venido sustituyendo por la cultura del pasarla bien y de la obtención de dinero e identidad incorporándose a actividades delincuenciales. No se piensa en el futuro, la flexibilidad, la incertidumbre y la volatilidad rigen sus vidas. La cultura de consumo “narco” se vuelve una forma de pertenencia al colectivo: objetos de marca, relojes lujosos, cirugías plásticas, formas de tratar a las mujeres, etc.

 

4.- Las familias y los grupos de población

4.1.-La estructura y organización de las familias también como construcciones que derivan de la realidad social, económica y cultural de los entornos, se están modificando de manera notable.

Se está reduciendo la presencia de familias nucleares –padre, madre e hijos- están creciendo los hogares en los cuales está ausente alguno de los padres; o aquéllos conformados por la unión de parejas cada uno con su correspondiente prole. Así mismo, se observa la mayor presencia de hogares de corresidentes –que no tiene parentesco- y de personas que viven solas. También se verifica la presencia de varias generaciones conviviendo en un mismo hogar. Se observa un aumento de las uniones libres. Lo anterior impacta las relaciones genéricas e intergeneracionales, los mecanismos de comunicación y de toma de decisiones, la transmisión de saberes para la vida y los hábitos y los tiempos destinados a la crianza y cuidado. Todo ello, sin el acompañamiento de políticas públicas de familias que entiendan y apoyen las transformaciones que se están dando en los roles de género y en las relaciones intergeneracionales.

 

La dinámica y estructura del mercado laboral y las diversas estrategias de obtención de ingresos han provocado cambios importantes en las relaciones familiares. Estas alteraciones del tiempo y la energía de la población trabajadora de las familias han dejado en un segundo plano las funciones de protección y atención a los menores, y la transmisión de saberes, valores y conductas. Se registra una precarización de la economía del cuidado con consecuencias negativas para la formación de los seres humanos

 

4.2.- Las mujeres urbanas de sectores medios y pobres asumen mayores cargas de trabajo y aparecen cada vez más, como el pilar de las familias. En un contexto de familias en transformación y de crecientes dificultades para acceder al empleo y al ingreso, las mujeres toman cada día más responsabilidades aún las de tipo económico y de sostenimiento de los grupos familiares, en comparación con los varones, Esta situación las coloca con tal nivel de demanda y presión que viven estresadas, cansadas y con frecuencia, deprimidas, enojadas y frustradas.

 

4.3.- Vulnerabilidad, exclusión y criminalización de los jóvenes. Buena parte de la población joven que reside en las ciudades está viviendo una situación de desinterés por la vida y por la superación, como producto del abandono del que han sido objeto por parte de la población adulta: sus padres, que han tenido que laborar en condiciones poco ventajosas para las familias, otros adultos con funciones educadoras como son los maestros, los sacerdotes y pastores y los gobiernos, que han privilegiado el desarrollo económico y desatendido el social. Los jóvenes en general, y varios grupos de éstos en particular son discriminados, abusados, maltratados y criminalizados por las fuerzas de seguridad y sufren una persecución constante por sus propuestas diversas (skatos, cholos, emos, grafiteros, etc.). Enfrentan además la ausencia de políticas urbanas juveniles que los consideren y los escuchen y que les resulten relevantes ante sus realidades concretas..

4.4.- La pérdida de valor e interés por la educación formal

Existen mayores dificultades para que los jóvenes permanezcan en la escuela, pues la deserción crece conforme se desarrolla la trayectoria educativa. Hay un problema manifiesto de falta de pertinencia y relevancia de la educación en secundaria y el bachillerato respecto de la vida actual y futura de la juventud urbana. Los jóvenes parecen mostrar un desencanto con la escuela y han dejado de verla como un camino a seguir para encontrar oportunidades de trabajo e ingreso estables.

La creación de nueva infraestructura educativa no responde a procesos de presión como la transición demográfica y al aumento de los años promedio de escolaridad. La insuficiencia de disponibilidad de escuelas aumenta en las ciudades conforme crece el nivel educativo. Situación que se agudiza en el bachillerato.

 

Muchos maestros son poco considerados y tienen miedo, evaden una posible función de asesoría en asuntos en los que están involucradas actitudes y emociones de los estudiantes. Tampoco son asumidos como un ejemplo de moralidad, pues los jóvenes no consideran que su discurso, por ejemplo en la cuestión de la formación en valores, sea congruente con actitudes de presión, amenaza, chantaje o doble moral que ven y sufren de parte de ellos. Lo que pretenden enseñar no es congruente con sus conductas personales.

 

5.- La cultura en las relaciones sociales

5.1.- Existe un desarrollo precario y desigual en el territorio de capital social y de participación ciudadana y una presencia de capital social negativo vinculado al crimen organizado. Las autoridades federales, estatales y municipales no se han preocupado por incentivar la formación de organizaciones ciudadanas y por promover y convocar a la participación social. Se registra un número reducido relativamente de organizaciones civiles en las ciudades estudiadas, con excepción de algunas ciudades como Juárez y Tijuana. Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones sociales que trabajan a favor de la comunidad limitan sus tareas a propósitos específicos –religiosos, asistenciales, deportivos, etc.- y no hacen por coordinarse con otras en la construcción de un tejido social que pueda tener peso en la toma de decisiones. Es decir, las ciudades no cuentan con capital social suficiente como para revertir el deterioro de las relaciones sociales que se observa. Y en el caso de las que si lo tienen, no existe suficiente coordinación entre las organizaciones que permita acciones de mayor impacto.

 

Las redes del crimen organizado generan un capital social negativo ofreciendo protección, empleo e ingresos a las personas, familias y comunidades que colaboran con ellos en las colonias de las urbes.

 

5.2.- Imposición de visiones y valores conservadores, de cultura de la ilegalidad y de modelos aspiracionales de consumo por las élites económicas, religiosas y políticas. En varias de las ciudades estudiadas predomina la imposición de normas, valores y conductas conservadoras (macho, mocho y criollo en Guadalajara; la casta divina y blanca en Mérida) que determinan situaciones y prácticas de intolerancia, discriminación, exclusión e incluso criminalización, de todas aquellas personas y grupos de población que no se ajustan al modelo que pretenden imponer. Las instituciones y los cuerpos de seguridad asumen esos modelos y criminalizan a aquellas personas que no se apegan a los mismos. Es la utilización de la fuerza del Estado acorde a preconcepciones de tipo cultural y de moral privada impuestas por las élites urbanas.

 

Los grupos que sufren el autoritarismo, la rigidez y la violencia que conllevan las visiones culturales conservadoras son las mujeres, los jóvenes en sus diversas expresiones, los indígenas, las poblaciones LGBTTTI y los migrantes. La discriminación socioeconómica se manifiesta fuertemente en algunas zonas y territorios. Con ello se genera una fuerte tensión e incluso, confrontación y conflicto, entre la preservación de valores tradicionales y conservadores y las transformaciones que se experimentan en las sociedades urbanas abiertas y expuestas a los mercados mundiales de consumo de productos culturales.

 

Así mismo, la cultura de la legalidad en algunas ciudades estudiadas se ha venido construyendo a través de las trasgresiones históricas a la legalidad que se han ido aceptando y que no han mostrado consecuencias para quien las realizan por la ausencia del Estado de Derecho y el precario desarrollo de instituciones del Estado. Así, las ciudades de frontera fueron creciendo a través de la instalación de actividades y la oferta de servicios que estaban prohibidos o eran ilegales en Estados Unidos; en otros casos, ciertas actividades ilegales se contemplan y justifican como opciones de atracción turística y de generación de ingresos para los gobiernos municipales, como los juegos de azar y los casinos por ejemplo, en torno a la feria de San Marcos, en Aguascalientes. La riqueza de algunas familias de las élites urbanas provienen de ese tipo de actividades, o bien de la especulación con la tierra que es otra forma de trasgresión, de negocios donde se soslayan los marcos legales como el contrabando y la venta de mercancías y productos pirata o que se obtienen mediante la corrupción y el control de servidores públicos o de posiciones del sector gobierno como son las aduanas o las notarías. La práctica de la ilegalidad de integrantes de los sectores de altos ingresos y de la clase política, sin consecuencias y con evidente éxito y prosperidad personal y familiar, genera también un modelo de patrón de conducta para la población.

 

En el mismo sentido, los patrones de consumo de productos y servicios son impuestos por las élites urbanas vinculadas a los mercados internacionales, convirtiéndolos fundamentalmente mediante su exhibición en los medios de comunicación, en modelos aspiracionales para las poblaciones de ingresos medios y bajos y principalmente, para las poblaciones jóvenes. Lograr una cierta apariencia y poseer bienes lujosos o emblemáticos del poder, se convierten de este modo en factores precursores de conductas violentas.

 

La naturalización de la cultura de los narcotraficantes que encuentran semejanzas con la de las élites urbanas, contribuye también a la reproducción de este modelo cultural materialista y subordinador.

 

5.3.-Creciente utilización de la nota roja en los medios de comunicación para ampliar sus audiencias y sus ganancias. Los medios de comunicación han encontrado en la nota policíaca una forma de incrementar su audiencia, destinándole cada vez mayor espacio y haciéndola cada vez más sensacionalista y amarillista. El manejo de los medios de estas noticias si bien se corresponden con un aumento de la violencia criminal, trivializa otros tipos violencias como la de género. Además contribuye a naturalizar la violencia al asumirse ésta como parte de la vida cotidiana y a aumentar el miedo e inseguridad en la población.

La concentración de los medios de comunicación en pocas manos, aún al nivel de los estados y las ciudades frente a una institucionalidad del Estado debilitada, dificultad cualquier tipo de control sobre extensión, contenido y forma de presentación de la nota roja.

 

También es cierto que la comunidad de periodistas y comunicadores es una de las que más ha visto afectada su libertad de expresión por la vía de las amenazas, las desapariciones forzadas, el secuestro y los asesinatos, situación que también ha incidido en la forma y profundidad de la información sobre actos violentos y de corrupción..

 

Algunas propuestas de orden general

 

Se requiere de una urgente reforma urbana que inicie reordenamiento territorial de las ciudades, bajo un esquema de planeación coordinada mediante consejos de planeación urbana participativa. Es urgente una reforma municipal que aumente las capacidades institucionales de los gobiernos locales y el desarrollo de mecanismos de auditoría, transparencia, rendición de cuentas y contraloría social.

 

La debilidad y la desarticulación de los gobiernos locales en ciudades densamente pobladas y con dinámicas aceleradas de crecimiento y expansión, obligan a una reforma de la gestión e institucionalidad de los gobiernos de las ciudades. Exige una revisión profunda de los gobiernos municipales desde su duración, sus responsabilidades, sus atribuciones, su estructura y organización, sus presupuestos y la calidad de sus servidores públicos. Pasa necesariamente por revisar las formas de articulación y colaboración entre gobiernos municipales y estatales de zonas conurbadas y áreas metropolitanas. Resulta inviable continuar presuponiendo que gobiernos municipales débiles y desarticulados van a ser capaces de conducir la vida de urbes crecientemente complejas y diversificadas que superan el millón de personas.

 

En tanto se logran los cambios institucionales de fondo, es urgente definir e imponer una normatividad con perspectiva humana a los nuevos desarrollos inmobiliarios de vivienda y aplicar una política y programas de desarrollo y regulación del transporte público urbano. La movilidad urbana no puede estar centrada en el uso del automóvil. La redensificación en cuanto a infraestructura, la ocupación de los terrenos baldíos mediante sanciones a sus dueños, la recuperación de espacios públicos y la creación de reservas territoriales para el desarrollo de servicios sociales y ambientales es otro aspecto urgente para el futuro de las ciudades, en términos de reducción del estrés, el conflicto y la violencia y en una perspectiva de reconstrucción del sentido de identidad y del tejido social urbano.

 

La reforma urbana necesitaría ser acompañada del desarrollo de una política social urbana con participación comunitaria que establezca, desarrolle y sostenga en el largo plazo programas y servicios en materia psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud y educación. Es necesario lograr una mejor distribución de los servicios sociales en los territorios de las ciudades de acuerdo con las características   y problemáticas específicas de las poblaciones circundantes. Todo ello con miras a formar ciudadanía y generar cohesión social.

 

Para ello es necesario desarrollar y recuperar la infraestructura social, revisar y actualizar los modelos de atención en salud, educación, cultura, recreación y deporte; formar profesionistas y promotores capacitados en la gestión de nuevos y pertinentes servicios y fortalecer la institucionalidad que garantice la operación de los nuevos servicios con eficiencia, sustentabilidad y permanentemente actualización respecto de las transformaciones demográficas, familiares y comunitarias. Hay muy diversas y creativas opciones para la recuperación de espacios públicos y para la utilización de herramientas culturales, de recreación y deportivas con el propósito de recuperar tejido social, generar solidaridad y cohesión social y promover una cultura de paz, sobre todo entre los jóvenes y la infancia.

 

Dada la situación de crisis y de catástrofe humana en que se han convertido algunas ciudades, como es el caso emblemático de Ciudad Juárez, es necesario que se contemplen un fondo para programas de emergencia social que incluyan acciones de atención y mitigación de daños de carácter inmediato para enfrentar situaciones de empobrecimiento, hambre, desplazamientos, enfermedades, orfandad, discapacidades por armas de fuego y ausencia de empleo e ingresos. Son acciones como el establecimiento de comedores comunitarios, de cocinas populares, dispensarios y consultorios médicos, asignaciones familiares a las familias de víctimas de la violencia, atención psicológica a mujeres, infancia y juventud y de creación de empleos temporales.

 

Para algunas ciudades sería necesario hacer un replanteamiento de sus opciones de desarrollo económico, dada la volatilidad, inseguridad y comportamiento cíclico de la industria maquiladora, por ejemplo. Estas opciones deberían poner como un criterio central la posibilidad de conciliar la vida económica y de trabajo de las personas con su vida personal y familiar y revalorar el aporte que hace la economía del cuidado en la construcción de seres humanos.

 

La creciente carga de las mujeres en la vida de las familias debe ser apoyada con programas que ayuden a la economía del cuidado y redistribuyan las cargas entre géneros, generaciones e instituciones públicas y privadas. El desarrollo de empresas de proximidad destinadas a proporcionar servicios a seres humanos en condiciones de vulnerabilidad o discriminación como es el cuidado y atención de adultos mayores, de personas con discapacidad, a población migrante y a grupos indígenas; servicios de vigilancia y seguridad comunitaria o promoción de actividades culturales y recreativas, pueden constituirse en una opción de empleo y desarrollo para muchos jóvenes.

 

El desarrollo de una política de familias que parta de reconocer la diversidad de estas, las constantes transformaciones que viven y la existencia de relaciones genéricas e intergeneracionales que deben fundamentarse en los derechos de cada uno de los integrantes del grupo, conduciría al desarrollo de servicios y productos que faciliten la vida en familia en relaciones democráticas y de respeto, y apoyen el papel fundamental que estas tienen en la socialización de los seres humanos.

 

Parecería impostergable desarrollar una estrategia y programas para y con las poblaciones juveniles urbanas. No es posible aceptar y continuar con programas de limpieza social que criminalizan y destruyen a los jóvenes, ni con estructuras culturales, sociales y económicas que los empujan a la exclusión, a la marginación y a la delincuencia o al suicidio y la autodestrucción. La construcción de referentes positivos, de un sentido de futuro y de vida que se constituyan en opciones para los modelos aspiracionales actuales de muchos jóvenes basados en la inmediatez y la cultura delincuencial, es una tarea urgente para la viabilidad del país.

 

La reestructuración y depuración de los cuerpos de seguridad y de justicia es un requisito para recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública y para abatir los índices de criminalidad y delincuencia que agobian a las ciudades.

 

Finalmente, es tarea de todos los habitantes de las ciudades participar y desarrollar las organizaciones civiles y sociales y sus articulaciones que contribuyan a una participación más comprometida con el desarrollo saludable y democrático de los espacios urbanos. Las autoridades y los partidos políticos tienen la obligación de desarrollar políticas públicas para generar un ambiente más propicio para el desarrollo de la participación y organización ciudadana y la formación de redes.

 

Desde la mirada de las intervenciones de tipo social, cultural y económico para enfrentar las situaciones de violencia o la expansión de éstas se requieren tres tipos de programas: El desarrollo de programas de prevención social para las ciudades y municipios que aún no son afectadas gravemente por las violencias; programas de mitigación en territorios donde el surgimiento de las violencias es incipiente y programas de recuperación donde las violencias son extremas y las intervenciones sociales deben ser protegidas con la presencia de los cuerpos de seguridad.

 

Sin embargo, el problema más estructural que encuentra sus manifestaciones más conflictivas en las ciudades es la desigualdad económica y social que caracteriza a la sociedad mexicana. En el origen de muchos de los factores que son precursores y detonadores de violencia social urbana, la desigualdad juega un rol central y requiere ser enfrentada si se quiere tener una sociedad viable. Los países que han sido más exitosos para reducir las desigualdades son aquellos que han fundamentado su desarrollo en el reconocimiento de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de sus poblaciones. Logran generar identidades colectivas y solidaridades sociales y desarrollan relaciones de confianza y compromiso cívico. Los Estados organizados bajo regímenes que privilegia el respeto a los derechos humanos construyen ciudadanía social, política y económica y consolidan la cohesión social y la democracia y se encuentran en los niveles más altos de desarrollo humano.

 

Mientras las élites económicas, sociales y culturales no asuman que sus conductas displicentes, discriminadoras y excluyentes, así como la prevalencia de la desigualdad social que sustenta sus niveles de riqueza y la impunidad de la que gozan son causa eficiente de las violencias que vive la sociedad mexicana será muy difícil revertir la situación y evitar que esa violencia se convierta en una situación crónica.

[1] Este trabajo intenta sintetizar los principales hallazgos de cinco investigaciones apoyadas y promovidas por INCIDE Social A.C. y realizadas por equipos de investigadores locales en las áreas metropolitanas de Ciudad Juárez en 2003-05 y 2010 y en las de Aguascalientes, Tijuana y Guadalajara en 2010. La propuesta metodológica fue formulada por un equipo de INCIDE Social y ha sido utilizada como base para la realización en 2011-12 de diagnósticos sociales en varios municipios con recursos del SUBSEMUN por muy diversas empresas consultoras, equipos de investigadores y organizaciones civiles.

 

Se recomienda leer uno de los cuentos de Doris Lessing Premio nobel de Literatura en su libro Las abuelas. Cómo en forma sutil se puede pasar de una civilización floreciente respetuosa de las personas y la paz a una sociedad de guerra.

Expertos señalan que tardaremos dos generaciones en cambiar la cultura de la violencia; ello si las élites se percatan de la catástrofe humana que estamos viviendo y se deciden a tomar medidas para revertirla.

Estamos en un contexto de:

1. Corrupción, impunidad-ausencia de Estado de Derecho y de rendición de cuentas
2. Mercado internacional de drogas y armas
3. Presencia de poderes fácticos económicos, sociales y políticos
4. Creciente individualización moral
5. Ruptura de tejidos sociales que han sido resultado de una construcción lenta e histórica, su destrucción se ve acelerada por la elevada movilidad de las poblaciones consecuencia de la modernidad y de la economía global, de la pobreza y de la carencia de oportunidades en sus comunidades.

Agentes y procesos que influyen en la socialización de los seres humanos:

1. Las familias
2. Las escuelas
3. Pares y comunidades de trabajo
4. Medios de comunicación
5. Entorno y proceso urbano

Estos agentes y procesos desarrollan y/o consolidan en las personas valores, actitudes, comportamientos y creencias.

Socialización en la cultura de la violencia

Familia                     Escuela                       Pares y comunidades de trabajo                                       Medios de comunicación                           Contexto proceso urbano     Papel que juega: Aprendizaje de la forma de resolver conflictos y tomar decisiones Afectos primarios Construcción de la identidad Valores, creencias, actitudes y comportamientos. Violencia doméstica entre sexos y generaciones   Papel que juega: Aprendizaje de la convivencia con pares y adultos externos. Aprendizaje a partir de las conductas del maestro de valores, comportamientos Manejo de grupo por los maestros: participación vs silencio; autoritarismo, represión; sumisión, miedo Bulling   Papel que juegan: Aprendizaje de formas de relacionarse con otros del grupo y externos De formas de toma de decisiones: democráticas o autoritarias Amistades y afectos no de familia Depende del objetivo y el liderazgo del grupo si es una influencia positiva o negativa. (amigos-enemigos: parejas) Relaciones asimétricas de poder: jefe-subordinado; líder-miembro de pandilla o banda. Crueldad, maltrato, discriminación y destrucción de los ‘otros’ Acoso sexual   Influyen en: Formación de hábitos de consumo, de estereotipos y de referentes. Creencias, valores, actitudes y comportamientos Lenguaje Actitudes discriminatorias Alientan la individuación Violencia visual: guerra, conflictos domésticos y entre personas, maltrato, asesinatos, muertes, etc. Construyen y normalizan la cultura de la violencia     Contribuye a generar en las personas: Identidad Mecanismos de defensa y sobrevivencia Conciencia de clase o estrato socioeconómico Violencia urbana: barrial, vial, corrupción, impunidad, discriminación, desigualdad

 

La sociedad civil organizada en México es relativamente pequeña; sin recursos; diversa; desarticulada por la diversidad de agendas, de protagonismos y de liderazgos; de bajo impacto social.

Creativa, constructora de colectividad, comprometida, solidaria

Posibles intervenciones o campos de trabajo desde la sociedad civil organizada para la construcción de una cultura de paz.

Familias

1. Educación en resolución pacífica de conflictos
2. En modelos democráticos de toma de decisiones
3. En reconocimiento y respeto a derechos de sexos y generaciones
4. En establecimiento de límites, responsabilidades y penas a trasgresiones. Cultura de la legalidad
5. En modalidades de crianza para el afecto y el desarrollo de la infancia
6. Alentar la lactancia materna al menos por ocho meses

Escuela

1. Formación de maestros en:

• Técnicas de resolución de conflictos
• Democracia en el aula
• Acompañamiento a estudiantes con problemas y conflictos (psicólogos) o creación de servicios de apoyo psicoemocional en las escuelas.
• Sistema de límites, responsabilidades y sanciones (cultura de la legalidad)

1. Reinserción escolar de desertores
2. Becas escolares
3. Servicios de estancias y atención extraescolar
4. Extensión de horarios con actividades creativas y de recreación y formación de ciudadanía
5. Involucrar a los padres en actividades recreativas y deportivas con los hijos y en la vida de las escuelas.
6. Uso de los espacios educativos para el encuentro de familias y comunidad en los fines de semana

Pares y comunidades de trabajo

1. Trabajo comunitario con jóvenes y adolescentes (arte y cultura, educación sexual, solución pacífica de conflictos, adicciones y resiliencia)
2. Trabajo interbarrial de encuentros y construcción de solidaridades y tejido social
3. Opciones de educación, capacitación y empleo
4. Actividades de recreación y encuentro entre las familias de la comunidad de trabajo
5. Desarrollo de estructuras de participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa.

Medios de comunicación

1. Concertar revisión de contenidos violentos de la programación
2. Formación de conductores, artistas y deportistas como referentes positivos para los jóvenes.
3. Matizar su rol de jueces sin consecuencias
4. Sistema de premios y reconocimientos a labores contra la cultura de la violencia y en favor de una cultura de paz.
5. Fijación de estándares y difusión de buenas prácticas en medios de comunicación.

Entorno urbano

1. Recuperación del espacio público para asegurar la presencia de la diversidad y alentar el encuentro y el diálogo con promotores de diverso origen: público, social, empresarial, debidamente capacitados (SECOI)
2. Reordenamiento urbano para reconstrucción de tejido social (mezcla de usos, movilidad y accesibilidad, humanizar las ciudades)
3. Promover una agenda para cambiar y actualizar la institucionalidad municipal y asesoramiento y trabajo con presidencias municipales
4. Programas de cultura urbana (campañas de paz, de cultura urbana de respecto y paz, de acercamiento vecinal, de respeto a la ciudad, etc.)
5. Diálogo y sensibilización a los actores que influyen en la construcción del espacio urbano (empresas inmobiliarias, autoridades, empresarios, dueños de la tierra, etc.)
6. Utilización de los terrenos baldíos para ocuparse o para fines de la comunidad
7. Alentar y apoyar formas distintas al automóvil con un pasajero para moverse en la ciudad (organización de caminatas, calles sólo para peatones, ciclopistas, uso colectivo de los automóviles, cierre de ingreso de autos a determinadas zonas de las ciudades, mejoramiento en la calidad del transporte público)

Es necesario deconstruir el creciente individualismo, materialismo, la competencia destructiva y la cultura de la violencia.

Hay que trabajar en la reconstrucción de la solidaridad, el tejido social, la responsabilidad compartida y la identidad nacional y territorial y en posicionar una cultura de paz.