Sería una ingenuidad esperar que en México los gobiernos y las nuevas empresas prevean y realicen las inversiones requeridas para atender las necesidades de servicios sociales de las personas trabajadoras y sus familias, que se movilizarán en busca de empleos e ingresos, ante la relocalización industrial que está teniendo lugar.

Por años hemos atestiguado la insuficiencia de los servicios públicos de salud, educación, transporte y de infraestructura urbana como calles pavimentadas, drenaje, distribución de agua, así como la falta de mantenimiento de los existentes. Con los cambios de gobiernos programas sociales que daban alguna esperanza como las escuelas de tiempo completo, la recuperación de espacios públicos, las estancias infantiles, de prevención de las violencias, han sido abandonados.  

Hemos vivido con la esperanza de que el Estado provea servicios de salud, educación, seguridad social, energía y acceso al agua de calidad con cobertura universal o al menos, para quienes no pueden acceder con sus propios recursos. Con cada cambio de gobierno nuestras expectativas se ven frustradas.

Las tendencias de los últimos tiempos parecen apuntar hacia rumbos distintos. Se trata del surgimiento de una serie de iniciativas de servicios sociales que son realizados por entes privados a bajo costo, para las poblaciones de menores recursos.

Un ejemplo son los consultorios adyacentes a las farmacias que proporcionan el nivel básico de salud, tan abandonado por los gobiernos. Dan una atención rápida y cercana, a cambio de comprar los medicamentos en la farmacia correspondiente.   En 2021 proporcionaron una de cada cinco consultas médicas en el país.

Otro ejemplo son los servicios de Salud Digna que incluyen consultas médicas, lentes, estudios de imagen y de laboratorio a precios muy accesibles. Existen más de 170 en 80 ciudades en México.

Nada que ver con las cadenas privadas que aprovechan el mercado de las poblaciones pobres ofreciendo una variedad de productos chatarra y servicios financieros abusivos para despojarlas de sus precarios ingresos.

Frente a la incapacidad y el desinterés de larga data, mostrado por el Estado mexicano para ampliar el presupuesto y mejorar la calidad y la disponibilidad de servicios sociales públicos ¿será posible que empresas socialmente responsables desarrollen otros servicios sociales accesibles y de calidad para combatir la enorme desigualdad que prevalece en el país?

En ese propósito podrían crearse sinergias interesantes entre organizaciones civiles, sociales y comunitarias y agentes desarrolladores de modelos de atención, bajo un formato de franquicias sociales. Su debida puesta en práctica, sus precios y su funcionamiento sería vigilado por mecanismos de contraloría ciudadana, frente a la destrucción intencionada de capacidades de regulación del Estado.