La decisión tomada por el Consejo del INE con el voto de siete consejeros para otorgar la mayoría calificada a la coalición de Morena en la Cámara de Diputados responde a nuestra vocación en favor de regímenes autoritarios y centralistas.

En los 200 años de vida independiente de México han existido tres prolongados regímenes autoritarios. En 2018 iniciamos el cuarto.

Antonio López de Santa Anna dominó la vida política por 32 años, entre 1823 y 1855. Fue once veces presidente y dos veces gobernador. A partir de 1876, Porfirio Díaz duró 34 años en el poder. El PRI controló al país por 71 años desde 1929 y colocó a 14 presidentes. En todos ellos hubo un dominio del poder ejecutivo federal sobre el congreso y el poder judicial.

La Constitución de 1924 definió que los Estados Unidos Mexicanos serían una república representativa, democrática, laica y federal. Sin embargo, en el siglo XIX por cerca de 50 años, se dio una batalla entre centralistas y federalistas debido al poder que tenían los jefes regionales. Es a partir de Porfirio Díaz que el ejecutivo federal empezó a controlar también a las gobernaturas.

Desde el año 2000, por un corto período de sólo 24 años, tuvimos alternancia de los partidos en la presidencia y en las gobernaturas, congresos plurales, una mayor independencia, al menos, del poder judicial federal, y la creación de varios órganos autónomos.  Parece que estamos retornando al inicio de una nueva ola de centralización del poder en la presidencia de la República. En esta ocasión con mayores posibilidades de acallar cualquier disidencia por la ampliación de las causas de prisión preventiva y por la militarización.

Otros ejemplos del retorno al autoritarismo son la desaparición en curso de varios órganos autónomos creados para quitarle al gobierno federal las herramientas que usó el PRI para mantenerse en el poder durante 71 años.

El gobierno de Morena busca recuperar el control y organización de las elecciones al subordinar al INE y al TEPJF; concentrar en lo que queda de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y  los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. El control del acceso a la información gubernamental y a la protección de los datos personales se pasarán a la inútil Secretaría de la Función Pública; al INEGI se le agregará la evaluación de programas sociales. Ahora la llaman “austeridad republicana”, hermana de la austeridad neoliberal.

El peor atropello de todo el llamado Plan C a la seguridad ciudadana, son los cambios propuestos para la elección por voto popular de las autoridades del Poder Judicial. Somos un país en donde el Estado ha perdido el control de al menos, una tercera parte del territorio en manos del crimen organizado.  Un país que vive una ciudadanía de baja intensidad por el desinterés de los gobiernos de las últimas cuatro décadas para avanzar en la realización de los derechos humanos de la población.

En lugar de ser la 4T, por “cuarta transformación”, debería ser la 4R por la “cuarta regresión”. Tendremos un septiembre lleno de obscuridad.