El 18 de abril la presidencia de la República envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para suprimir, fusionar o incorporar 18 instituciones.
Entre las que se propone fusionar están por lo menos cuatro que protegen los derechos y promueven políticas y programas entre varias instancias y niveles de gobierno.
Se trata del SIPINNA para la infancia y la adolescencia, el INJUVE para las juventudes, el INAPAM para las personas mayores y la COMAR que atiende a los refugiados.
También será fusionado el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que promueve la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional.
En una larga y bien estructurada exposición de motivos de la iniciativa se señala que “La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”.
Hay cuatro planteamientos que considero sustentan la propuesta:
Que la proliferación y dispersión de organismos descentralizados y desconcentrados, responde a una política neoliberal de la administración pública que buscó satisfacer los intereses de los empresarios, académicos y de organizaciones sociales y civiles.
Que la administración central del gobierno federal, formada esencialmente por las Secretarías de Estado, cuenta con la capacidad y el interés de diseñar, incluir y coordinar políticas transversales con enfoques multidisciplinarios para cumplir con las obligaciones de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de los grupos de población mencionados.
Que, con los programas como la Pensión para adultos mayores, Jóvenes construyendo el futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, Becas para la población con discapacidad, entre otros, el gobierno federal atiende los derechos de esas poblaciones, simplificando los mismos a entregas de dinero.
Que la participación de representantes de las poblaciones referidas, de organizaciones y de expertos en su problemática, podrá realizarse en las secretarias de la administración central del gobierno federal. Ello si cambiara la política de cerrazón actual al diálogo.
Sería muy útil que el Congreso conociera de los riesgos de falta de comprensión de la complejidad de las necesidades y problemas que aquejan a estas poblaciones, de las experiencias previas con dependencias federales que tienen responsabilidades muy amplias, así como del histórico desinterés de las y los secretarios por apoyar políticas y programas cuya coordinación cae en otras secretarías, por eso de no dejar que otros se cuelguen las medallitas, si los programas tienen éxito.
Las instituciones no son las corruptas, redundantes e inservibles son las personas que las dirigen, de la reducción de los recursos que se les asignan y de la ausencia de una política social comprensiva.
