Clara Jusidman
Abril 2024
Aviña
Foro ¿Por qué hemos llegado a estos niveles de violencia?
Pregunta 1: ¿Cuáles son las dinámicas que están detonando los conflictos en la comunidad?
Antecedentes
Con frecuencia nos limitamos a explicar las violencias a la ausencia de una política de seguridad y justicia pertinente y sostenida en el tiempo, aplicada desde los poderes del Estado y articulada entre las instituciones responsables, en los tres niveles de gobierno.
Desde 2003 realizamos en INCIDE Social A.C., en colaboración con varias organizaciones de la sociedad civil de ciudad Juárez y académicos de la UACJ, un diagnóstico sobre las causas económicas, sociales y culturales de la violencia en esa ciudad.[1] A raíz de la visibilización de una ola de lo que ahora se denominan feminicidios, mostramos que las causas de las violencias son múltiples, estructurales, complejas y se dan en varios niveles.
Tienen que ver con lo que ocurre al interior de las familias, de las escuelas y de las comunidades; que el crecimiento urbano acelerado y descontrolado influye; que el debilitamiento de las capacidades estatales para ofrecer servicios de salud, de educación, de deporte y culturales públicos es un ingrediente importante; que el tipo de manejo que hacen los medios de comunicación que privilegian las “notas rojas” o la exposición de actos violentos también; que las oportunidades de desarrollo personal y el cuidado de los adolescentes es fundamental; que la falta de políticas de acogimiento e inclusión de los migrantes a nuevos entornos, provoca muertes y maltrato; que la histórica debilidad de los gobiernos municipales impide sus tareas de prevención, atención y contención de las violencias o que la proliferación de giros negros, por ejemplo, es un factor precursor de entornos violentos.
A partir de esa experiencia en 2009 y 2010 promovimos y apoyamos la realización de otros cuatro diagnósticos para las áreas metropolitanas de Guadalajara, Tijuana y Aguascalientes[2] y un segundo diagnóstico para Ciudad Juárez, así como una “Nota Metodológica para el diagnóstico territorial de las causas sociales de las violencias”[3].
En 2011 y 2012 a partir de nuestra experiencia se elaboraron varios diagnósticos municipales a partir de un Subsidio para la Seguridad Pública Municipal que en el gobierno actual ya no se mantuvo. En Incide Social logramos rescatar cerca de 170 diagnósticos municipales y se hizo un ejercicio para sintetizar los hallazgos principales en ocho ámbitos:
- Control de los medios de comunicación por el Estado y poderes Fácticos.
- Desarrollo del crimen organizado
- Desarrollo del tejido social
- Capacidades del Estado para proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos
- Modelos de socialización de los seres humanos
- Oportunidades de desarrollo social
- Composición, estructura y relaciones familiares
- Modelo de desarrollo territorial y aprovechamiento de recursos naturales
Causas económicas que impactan a las comunidades y la vida familiar
Contexto internacional
Centraré mi intervención en las causas económicas que han influido en la capacidad de las comunidades locales y de las unidades familiares para fijar límites a conductas violentas de sus integrantes y de contribuir al desarrollo de personas dignas.
Debemos partir de que estamos en un contexto mundial de economías de mercado donde priva el interés por la obtención de ganancias de manera lícita o ilícita. En ese sentido, el comercio mundial de drogas, prohibidas por una imposición de Estados Unidos, es un mercado altamente redituable. La principal demanda proviene de países con ingresos personales elevados, como es el propio Estados Unidos y los países de Europa Occidental.
Lamentablemente los oferentes más destacados se han ubicado, desde hace años, en América Latina, primero Colombia y ahora México, lugares cercanos al principal mercado mundial, lo cual fue aprovechado por el mismo gobierno de Estados Unidos para producir droga para sus ejércitos y para controlar conflictos en sus ciudades.
En la región existen los recursos naturales que facilitan la producción de sustancias para la elaboración de drogas (mariguana, cocaína y heroína) y más recientemente, con la participación de China, el establecimiento de laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas, a partir de precursores provistos desde ese país y laboratorios establecidos en nuestros países.
Se trata entonces de empresas globales que funcionan de manera clandestina que controlan la producción, el procesamiento y la distribución de estupefacientes con las tecnologías más modernas.
Al ubicarse en un mercado clandestino, con altos niveles de impunidad, resulta fácil, a quienes participan en éste, incorporarse y desarrollar otros mercados de ese tipo como el tráfico de armas, el de personas y el de órganos, el de especies reservadas, el de combustibles, el de bienes patrimoniales, incluso el de agua, entre otros.
Frente a la ausencia de políticas, eficaces, articuladas y sostenidas en el tiempo, de prevención social y de contención mediante el uso legítimo de la fuerza, y ante la colusión de autoridades a diferentes niveles con las bandas criminales, la delincuencia en México se ha extendido hacia el sometimiento de actividades económicas lícitas como el cultivo y la venta del aguacate, del limón y de otros cultivos, el control de la provisión de bienes de consumo en varios territorios como pollo, huevo, lácteos, materiales de construcción, o el cobro de piso a empresas de distintos giros en zonas que dominan, así como el despojo de bienes colectivos como son tierras, bosques y aguas de comunidades indefensas. El tráfico y secuestro de migrantes se ha convertido en un negocio altamente lucrativo.
Se constituye así una economía negra al nivel mundial, que funciona y rinde enormes ganancias, fuera del control de las instituciones y leyes nacionales, e incluso de los pactos e instrumentos internacionales acordados por los gobiernos de los países.
Los operadores de estas grandes empresas y redes comerciales imponen sus lógicas con un enorme poder de fuego en las comunidades, particularmente en las zonas rurales, mediante la amenaza, el terror, asesinatos, secuestros, desapariciones, desplazamientos, mediante la corrupción y la designación de autoridades locales y actualmente la imposición de candidaturas.
Llevan a cabo así una destrucción intencionada de los límites que establecían las familias y las comunidades locales para aquellos de sus miembros que trasgredían las reglas de convivencia y de solidaridad, así como el respeto a la naturaleza y a los recursos colectivos: modelos culturales que funcionaron por años y que permitían dirimir conflictos, ejercer justicia, castigar a los trasgresores, configurar conductas de solidaridad, comunicación, participación y organización. Obviamente estos modelos también producían exclusión maltrato e injusticas para algunos de sus miembros, destacadamente las mujeres.
El tejido social de muchas comunidades se fue destruyendo por los cambios en las estrategias de sobrevivencia de los miembros de las comunidades rurales ante la pobreza y el abandono del campo mexicano por los gobiernos desde los años sesenta del siglo pasado, así como por el extractivismo diverso, como la minería, la agricultura comercial de exportación, la silvicultura depredadora del bosque, el uso del agua para abastecer ciudades, etc.
Esas estrategias incluyen la migración hacia Estados Unidos con creciente dificultades para mantener los lazos familiares por las políticas migratorias; la participación en trabajos urbanos, la migración hacia las ciudades y el uso de tierras y de trabajo para la producción de drogas.
Al deterioro de la vida rural contribuye la desaparición de las policías rurales y comunitarias, la persistencia de cacicazgos y la formación de nuevos, la pérdida de vocaciones de la iglesia católica, la exposición de los jóvenes a las nuevas tecnologías, la reducida duración, los bajos presupuestos y nula profesionalización de los gobiernos municipales. Los viejos conflictos agrarios y religiosos y más recientemente, los políticos, han contribuido a disminuir las capacidades de las propias comunidades para procesar y contener las violencias.
¿Por qué se desarrolló en México una economía negra?
Ahora bien, una pregunta deriva de lo anterior es ¿por qué México se ha convertido en el país de origen de los grupos del crimen organizado más protagónicos al nivel mundial? lo que ha perturbado de manera profunda, la vida colectiva y la paz.
¿Cuáles fueron las causas económicas que subyacen en las violencias que estamos viviendo?
La política salarial y laboral del gobierno federal.
Después del aumento de 23% otorgado a los salarios mínimos legales a partir de 1976 para compensar una fuerte devaluación del peso mexicano, los gobierno que siguieron decidieron que era demasiado elevado. La siguiente administración inició a hacer fijaciones anuales que significaron la caída sostenida de su poder adquisitivo a lo largo de casi veinte años hasta reducirlo a la cuarta parte de su valor. La decisión de abrir el país, de manera abrupta a la economía mundial en 1982 reforzó esa estrategia con miras a ofrecer mano de obra barata.
Ante la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, el gobierno detuvo la caída del poder adquisitivo de los salarios mínimos legales y pasó a una etapa que duró otros veinte años, en donde se mantuvo ese bajo nivel. Cada año, se les reponía sólo lo que habían perdido con el aumento de los precios. La participación de los salarios en el producto nacional bajo de representar el 40 por ciento a sólo el 28 por ciento.
Es hasta el gobierno actual, se comenta que, a propuestas de los empresarios, que el salario mínimo legal aumentó su poder adquisitivo en más del 100 por ciento. Con el nuevo Tratado de Comercio de Norteamérica, el gobierno se vio obligado a elevar los salarios en la frontera norte del país para hacerlo equiparable con el que se ofrecía en California.
El efecto de la caída de los salarios mínimos legales durante 40 años en el desarrollo de las personas.
Entre el 65 y el 70 % de los ingresos de las familias mexicanas proviene de la venta de su trabajo en los mercados laborales.
La política salarial mexicana desde 1976, consistió en reducir el valor del tiempo de trabajo que destinan las familias a las actividades de trabajo por pago por lo que tuvieron que aumentar los tiempos extras, las dobles jornadas, , segundos y terceros trabajos en la economía informal y la incorporación de otros miembros al mercado de trabajo. Por lo tanto, se vieron obligadas a disminuir el trabajo reproductivo y de cuidado, el que sirve para criar, educar, alimentar bien y hacer crecer con dignidad a las personas, tareas que con mayor frecuencia recaen sobre las mujeres.
Esa política provocó un empobrecimiento del valor del tiempo de trabajo de las personas y de las unidades familiares. Provocó el desperdicio del bono demográfico, (cuando es mayor el número de población joven en la estructura demográfica del país y de las familias) destruyó los modelos de movilidad social que habían operado hasta la década de los años ochenta: consistente en estudiar, obtener un trabajo digno y con protección social y acceder a una pensión en la vejez.
Ello opero en contra del tiempo dedicado al autocuidado y a cuidar a otros miembros del grupo familiar: niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad.
A lo anterior se han sumado los prolongados tiempos destinados al traslado hacia el trabajo, o a los servicios como escuelas, mercados clínicas, así como un aumento en la proporción del ingreso familiar que se destina al transporte público.
Las familias más afectadas han sido las que están en la primera etapa del ciclo de vida familiar y tienen niños y niñas pequeños, menores de 10 años. Su disponibilidad de tiempo para ofrecer en los mercados laborales es muy reducida: sólo el de una persona en los hogares monoparentales o dos personas. Están frente a la disyuntiva de o consiguen la sobrevivencia de sus pequeñas familias o cuidan y crían a sus hijos. Por ello, una proporción mayor de niños, niñas y adolescentes viven y se crían en familias en pobreza.
He sostenido desde hace años, que la perversa política salarial de los gobiernos de las siete administraciones previas a la actual, tuvieron un nocivo impacto en la construcción de seres humanos con dignidad al obligar a las familias a reducir los tiempos destinados al cuidado. Con la transición democrática en el año 2000 no se dio el urgente y necesario cambio de la política salarial dado que se sostuvo una política favorable al mercado. Posiblemente es una de las causas por la que una proporción creciente de la población mexicana dejó de creer en la democracia. Nunca recibieron beneficio alguno del cambio.
Adicionalmente, ni esos gobiernos, ni el actual, crearon o desarrollaron en el territorio, la oferta de bienes públicos de calidad que podían apoyar a las familias en las tareas de cuidado y procurar armonizar la vida familiar y la vida de trabajo.
Debieron ampliar la inversión en infraestructura social, mejorar la calidad de sus servicios y desarrollarla en los nuevos poblamientos. Crear suficientes estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, centros de día para personas mayores y personas con discapacidad, promover espacios para lactancia en los centros de trabajo, propiciar mediante programas de ordenamiento urbano el acercamiento entre espacios de trabajo, viviendas y servicios públicos; limitar el crecimiento de unidades habitacionales de interés social de gran tamaño, en zonas alejadas de las ciudades, con viviendas pequeñas y de baja calidad, sin servicios sociales y espacio público; desarrollar el transporte público para reducir los tiempos de traslado al trabajo, a las escuelas, a los servicios sociales; concentrar escuelas de distintos niveles de educación para que los padres no tomen tanto tiempo en llevar a sus hijos a las distintas escuelas; y un sin número de posibilidades de políticas de gobierno que pudieron haber compensado, de alguna manera, la nociva política de compresión salarial y precarización de las condiciones de trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras.
Las altas tasas de violencia en los hogares, subyacente en los altos niveles de violencia que padecemos, y que se agudizaron durante la pandemia del SARS COV 19, no son gratuitas: el empobrecimiento, el hacinamiento, los prolongados tiempos de traslado, la frustración ante la falta de una perspectiva de mejorar las condiciones de vida, la promoción de modelos de consumo que se vuelven inalcanzables, se suman a la impunidad, la corrupción, la fácil disponibilidad de estupefacientes y de armas, la discriminación, la exclusión y la visibilidad de una profunda desigualdad y discriminación en las ciudades y al poco trabajo realizado para que los hombres comprendan, acepten y participen en el empoderamiento de las mujeres y su derecho al tiempo propio.
Por ello es importante restablecer la convivencia al interior de las familias, haciendo posible un entorno más favorable para armonizar la vida familiar con el trabajo y la calidad de la crianza y el desarrollo desde la primera infancia.
Las prácticas que deberían promoverse son:
Desde los gobiernos haciendo accesible, económica y territorialmente, los servicios de cuidado: escuelas, estancias infantiles, servicios y cursos de estimulación temprana y de crianza, espacios recreativos y de encuentro; desarrollo del transporte público; aplicando normas sobre el tamaño de las viviendas, la seguridad y de ubicación de las unidades habitacionales e impidiendo la privatización de los espacios públicos.
Desde las empresas y lugares de trabajo, cumpliendo con la obligación de ofrecer trabajo digno y debidamente protegido, con prestaciones y salarios suficientes. La mitad de los trabajadores asalariados en condiciones de informalidad están al servicio de empresas formales y de gobiernos. También pueden apoyar a mejorar nuestra fallida fábrica social estableciendo comedores, espacios dignos de aseo y descanso para los trabajadores, facilitando la realización de algunas tareas del hogar como pagos mediante cajeros automáticos, espacios y permisos para lactancia materna, tiempo para recoger a los hijos e hijas de las escuelas, creando espacios seguros para NNA hasta que termina la jornada laboral de sus familiares a cargo, otorgando permisos parentales y de maternidad.
Desde las unidades familiares, desarrollando capacidades de solución pacífica de conflictos, estableciendo explícitamente límites, pactos de convivencia y uso de los espacios y equipos de la familia, así como una distribución explícita de las tareas del hogar y de los tiempos propios, entre sexos y generaciones.
Pregunta 2 ¿Qué pasa en las instituciones de seguridad y justicia que no logran desactivar la conflictividad?
La construcción de la paz es una responsabilidad multinivel: mundial, nacional, estatal, municipal, comunitaria, familiar y de las personas. La articulación de las intervenciones de gobierno al nivel territorial es central.
Incluye distintas materias: condiciones económicas y sociales, justicia, seguridad ciudadana y humana, condiciones laborales y creación de empleos dignos, cultura y arte, pactos y servicios de cuidado.
Depende de la intervención de diversos agentes: personas, familias, maestros y maestras, policías, jueces, funcionarios y servidores públicos, empresarios, organizaciones religiosas, sociales y civiles.
Es muy importante fortalecer a los gobiernos municipales con presupuesto, equipamiento y tecnología actualizada, profesionalización y creando un servicio público de funcionarios municipales. Sólo así, será posible contar con policías municipales de proximidad dignificados y con capacidad de desarrollar confianza entre la población.
Las intervenciones en favor de la paz se concretan en territorios con diversas condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales.
Los servicios de seguridad y justicia enfrentan debilidades desde distintas dimensiones:
Falta de accesibilidad económica y territorial para la población.
Baja disponibilidad por insuficiente existencia de sus servicios en todo el territorio nacional acorde con el crecimiento y la ubicación de la población. Insuficiente presupuesto.
Carencia de calidad y calidez de los servicios que prestan a la población. Maltrato, bajos salarios y falta de reconocimiento a los prestadores de servicios públicos más cercanos a la población: policías, maestros y maestras, personal de salud, de limpieza y de mantenimiento urbano.
Falta de asequibilidad por ausencia de su adecuación a las distintas culturas de en las comunidades en el territorio.
Reducir las violencias y construir la paz es una tarea de todos y todas: personal, de las familias diversas, las escuelas, los barrios, las colonias, las comunidades, y de los distintos órdenes de los poderes del Estado.
[1] Jusidman C. y Almada H. (2007) La realidad social de Ciudad Juárez, Universidad Nacional Autónoma de Ciudad Juárez. Su puede localizar en www.incidesocial.org biblioteca.
[2] Los respectivos diagnósticos fueron publicados por el CIESAS de Occidente, el Colegio de la Frontera en Tijuana y la UACJ. El de Aguascalientes no está publicado.
[3] La Nota metodológica fue publicada por CONAVIM en junio de 2011. Se puede localizar en www.incidesocial.org en Biblioteca, así como otros materiales elaborados por INCIDE Social A.C. sobre prevención social de las violencias. La nota fue utilizada por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana entonces a cargo de Laura Carrera, para promover en 2011 y 2012, diagnósticos similares para los municipios apoyados con recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN). En INCIDE Social A.C. logramos rescatar cerca de 170 diagnósticos municipales de calidad variable, no obstante los obstáculos que impusieron las autoridades del SUBSEMUN para acceder a los mismos y para que no supervisáramos su realización muchas veces por consultores oportunistas coludidos con funcionarios del propio SUBSEMUN a nivel local.