Clara Jusidman
Universidad de Tlaxcala
23 de enero 2024
Agradezco a la maestra Citlalli Hernández Xochitiotzin, presidenta de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Tlaxcala y al Dr. Serafín Ortíz Ortíz, Rector de esta casa universitaria, su amable invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Derecho Humanos y Paz.
Antecedentes
Como seguramente todos y todas ustedes saben la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 en Paris, por 48 estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, formada entonces por sólo 58 naciones, fue resultado de un largo camino recorrido por la humanidad.
La Declaración constituye una especie de acuerdo de paz entre los países participantes, después de una larga guerra que para algunos historiadores inicia desde 2017 y concluye en 1945, es decir consideran que la primera y la segunda guerra mundial son un continuum.
En un texto que preparé para el Seminario hace algunos años, señalaba lo siguiente:
“A lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido personas que controlan y subordinan a otras. Grupos que ejercen poder sobre otros y los someten a su voluntad, los excluyen, les dan un mal trato, los desconsideran como iguales, no les dan oportunidades para desarrollarse como seres humanos dignos. Esto ha ocurrido en todos los tiempos y en las diversas culturas y civilizaciones”
“La desigualdad de trato se ha manifestado históricamente contra las mujeres, contra los no propietarios, contra los que profesan una religión distinta o tienen un color de piel diferente, provienen de otros territorios o países, son de otra raza o piensan distinto con respecto al grupo dominante”
El antecedente más antiguo del reconocimiento de derechos data del año 539 a.c. cuando Ciro el Grande, después de conquistar Babilonia, liberó a todos los esclavos y les permitió regresar a sus casas; asimismo declaró que las personas tenían derecho a escoger su propia religión.
Es hasta el Siglo XVIII en 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se proclama el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Pero el antecedente histórico que mayor reconocimiento tiene es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en agosto de 1989, como el resultado más importante de la Revolución Francesa. Se trata igualmente en un pacto de paz ente los sectores sociales que combatieron el feudalismo y el absolutismo prevaleciente en Francia. Esta Declaración incluyen los derechos de las personas y de la comunidad y establece que los hombres nacen y permanecen libes e iguales en derechos. Define a “la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” como los derechos naturales e imprescriptibles del hombre.
“La Revolución Francesa sentó las bases para que todas las personas fueran consideradas iguales y con derechos. A partir de entonces, los derechos naturales en su momento, o los fundamentales en otro, se fueron incluyendo en las constituciones elaboradas en los países” de occidente, principalmente. Asimismo, se sentaron las bases de la democracia moderna a partir de la representación, basada en el principio de soberanía popular y la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y nacional.
Los derechos de las mujeres
Sin embargo, esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no se refirió a los derechos de las mujeres ni a suprimir la esclavitud, aunque esta última fue abolida en 1794 en Francia.
Por lo que dos años más tarde de la Declaración, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de las Mujeres y la Ciudadana, en la que planteaba la equiparación jurídica y legal de las mujeres respecto de los varones. Este atrevimiento constituyó una afrenta para los hombres de la Revolución Francesa; se enfrentó a Robespierre y terminó condenada a muerte y en la guillotina
Las mujeres ocuparon las calles durante las semanas previas a la insurrección y tuvieron un papel protagónico al inicio de la Revolución, pero al no permitírseles participar en la Guardia Nacional, que era el pueblo armado, ni en asambleas políticas, se organizaron en clubes femeninos para informarse y hablar en las plazas públicas. Estos clubes fueron prohibidos en 1993. El Código Napoléonico, aprobado en 1804 terminó con la esperanza de las mujeres de redimir sus derechos a la igualdad y a la libertad. Por el contrario, ratificó su condición subordinada a los varones: padres, esposos e hijos.
Fue ante la experiencia adquirida por algunas mujeres en las luchas en contra de la esclavitud, que empiezan a defender su derecho al voto. La primera manifestación pública por ese derecho se llevó a cabo en Estados Unidos en 1848. Con la Declaración de Niágara Falls se crea el movimiento sufragista en ese país.
Sin embargo, es hasta principios del siglo XX que los estados empiezan a reconocer el derecho al voto de las mujeres. En 1918 les es otorgado en Gran Bretaña y en 1920 en Estados Unidos. En México fue hasta 1953, en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines.
En 1975 en nuestro país, se llevó a cabo la Conferencia Mundial del Año Internacional la Mujer, bajo la consigna de igualdad, desarrollo y paz en la que participaron 133 gobiernos. A partir de entonces se llevan a cabo conferencias de esta naturaleza cada 5 años, destacando por sus resultados la realizada en Beijing en 1995.
En 1979 la Asamblea de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el primer instrumento internacional que reconoce de manera más integral los derechos de la población femenina. Posteriormente, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se volvió un documento clave para el progreso y el empoderamiento de las mujeres y para el logro de la igualdad de género. Una de sus doce esferas refiere a los derechos humanos de la mujer.
Casi dos siglos después el mundo reconoció que las mujeres también son personas humanas y tienen derechos.
La Carta de las Naciones Unidas
En la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar entre 1939 y 1945, para muchos historiadores considerada como la prolongación de la Primera Guerra Mundial, participaron las que eran entonces las grandes potencias del mundo divididas en dos bloques: las potencias del Eje (lidereadas por la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini y el Imperio Japonés) y las potencias Aliadas (comandadas por el Reino Unido con Churchill a la cabeza, Estados Unidos con Franklin D. Roosvelt como presidente y la Unión Soviética de José Stalin).
Fue una guerra donde estuvieron involucrados varios países, incluyendo a Amín al-Husayni, el gran Muftí de Jerusalén. Aliado con el régimen nazi. Provocó entre 50 y 70 millones de víctimas. Una gran parte de las víctimas murieron la ideología racista nazi, que sostenía la supremacía de la raza germana.
Iniciaron en 1939 con el exterminio de 150 mil personas con discapacidad, entre ellos muchos niños y niñas con discapacidades mentales. A partir de ese año empezaron a concentrar a las poblaciones judías del Este de Europa en campos de trabajo denominados guetos y después exterminados en campos de concentración con los más diversos métodos. Los exterminios incluyeron a población homosexual, gitanos, eslavos, Testigos de Jehová, comunistas, españoles republicanos, sacerdotes católicos y de otras religiones. Se calcula que al menos 20 millones de personas fueron exterminadas por su religión, etnia, origen nacional, orientación sexual o ideológica.
El mundo sufrió una gran devastación. Murieron millones de chinos, soviéticos, alemanes, polacos, japoneses y de otras nacionalidades, tanto militares como civiles.
La búsqueda de poder sobre poblaciones, territorios y recursos naturales, la imposición de ideologías y de verdades únicas por parte de los Estados, destruyeron vidas y riquezas acumuladas por varias generaciones en las numerosas ciudades que fueron bombardeadas. La bomba atómica fue utilizada por primera vez en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas.
Una tragedia como la vivida en esos años, no podía repetirse en la historia de la humanidad. Los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, creada el 24 de octubre de 1945, a través de su Consejo Económico y Social establecieron la Comisión de Derechos Humanos, formada por 18 representantes de Estados miembro a quienes encomendaron elaborar una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos frente a posibles abusos de los Estados.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy es la piedra angular del sistema internacional de derechos humanos fue un gran logro de la humanidad y un documento básico en el reconocimiento de la calidad humana de todas las personas en plena igualdad. En diciembre pasado cumplió 75 años de su aprobación. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz.
La Declaración contiene 30 derechos y libertadas que pertenecen a todas las personas: incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, a la libertad de expresión a la educación, a buscar asilo.
1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales
2. Todas las personas son iguales con independencia de su raza, color, sexo. Idioma, religión, política o el lugar donde ha nacido
3. Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad
4. Toda persona tiene derecho a no ser sometido a esclavitud.
5. Toda persona tiene derecho a no ser sometida a tortura
6. Toda persona tiene derecho a ser reconocida ante la ley
7. Todas las personas somos iguales ante la ley.
8. Todas las personas tienen derecho a pedir justicia se violan sus derechos
9. Ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida, presa, ni desterrada.
10. Toda persona tiene derecho a un juicio justo.
11. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
12. Toda persona tiene derecho a la intimidad y a no sufrir ataques en su honra.
13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a salir de su propio país y regresar a él.
14. Toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de persecución.
15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
16. Toda persona tiene derecho a casarse y a tener una familia
17. Toda persona tiene derecho a la propiedad.
18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
21 Toda personas tiene derecho a participar en el gobierno y a acceder , en condiciones de igualdad, a las funciones públicas
22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social.
23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a una remuneración equitativa, a la protección contra el desempleo y derecho a fundar sindicatos y sindicarse.
24. Toda persona tiene derecho al descanso y al ocio.
25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno, lo que incluye alimentación, vivienda, asistencia médica y servicios sociales.
26. Toda persona tiene derecho a la educación.
27. Toda persona tiene derecho a participar en la cultura, el arte y la ciencia, y a disfrutar de ellos.
28. Toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se hagan plenamente efectivos los derechos contenidos en esta declaración.
29.Tenemos deberes respecto de a las demás personas, cuyos derechos y libertades debemos proteger.
30. Nadie puede arrebatarnos estos derechos y libertades.
Los derechos humanos son los atributos y garantías que toda persona debe gozar para vivir una vida de libertad y dignidad. Se trata de las condiciones fundamentales que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente su inteligencia y conciencia para alcanzar la satisfacción de los requerimientos fundamentales que le imponen su vida espiritual y natural para su realización personal en el contexto de su comunidad.
Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e independientes. Todos los DDHH tienen la misma importancia para la dignidad humana y todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis.
Los Estados que forman parte de los tratados de derechos humanos deben cumplir cuatro obligaciones: respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos que han sido incluidos y aceptados en esos tratados.
Luigi Ferrajoli señala que los derechos fundamentales son los derechos que pertenecen universalmente a todos en cuanto personas con capacidad de obrar y que son tanto indisponibles como inalienables. Es decir, no pueden ser negados por autoridad o gobierno alguno ya que forman parte de la esencia misma de las personas. Sostiene que si se quiere garantizar un derecho como fundamental se debe sustraer tanto a la disponibilidad política como a la del mercado; es decir, no están sujetos a la voluntad de los gobernantes, ni dependen de que exista suficiente oferta en el mercado de los productos y servicios que son necesarios para cubrir esos requerimientos.
Los derechos humanos se hacen efectivos cuando los individuos gozan de las libertades protegidas por el derecho y el ejercicio del derecho está garantizado y cuando hay mecanismos sociales suficientes para resguardar a la persona de la amenaza contra el ejercicio de las libertades amparadas por esos derechos.
La evolución de los derechos humanos
Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada Guerra Fría, el mundo se dividió en dos bloques: el de las economías capitalistas de mercado y el de las economías socialistas.
En los derechos incluidos en la Declaración Universal se encuentran tanto derechos civiles y políticos que hacen a las libertades y a los derechos individuales, como también derechos económicos, sociales y culturales que son considerados como derechos sociales, que hacen a la colectividad.
Las economías capitalistas o de mercado consideraban como un derecho fundamental el derecho a la propiedad privada de tierras, de bienes de producción, de los recursos naturales, la libertad de los mercados de capitales, de trabajo y de bienes y servicios, una muy reducida participación del Estado en la economía y la responsabilidad de las personas por su propio bienestar y por el disfrute de sus libertades. Por lo tanto, privilegiaban a los derechos y libertades individuales, los de carácter político y civil.
Las economías socialistas en cambio consideraban al Estado como el propietario de los bienes y tierras para producir, fijaba los precios del trabajo y de los bienes, proveían los servicios de educación, salud, vivienda, acceso al trabajo, pero limitaban las libertades de movimiento, de expresar opiniones, de elección del trabajo de las personas.
Con el propósito de hacer ver que los Estados, ya fueran del bloque capitalista o del bloque socialista, debían cumplir sus obligaciones tanto en materia de derechos políticos y civiles, como los derechos económicos, sociales y culturales, en Naciones Unidas el contenido de la Declaración Universal se dividió en dos Pactos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, sociales y culturales mismos que tienen el carácter de legislación internacional que debe ser cumplida obligatoriamente al ser ratificada y firmada por un cierto número de Estados.
La evolución del Sistema Internacional de Derechos Humanos
Actualmente hay diez principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Cada uno de estos tiene un Comité de Expertos encargados de supervisar la aplicación del tratado por los Estados que han aceptado formar parte de estos. Los Estados tienen obligación de presentar informes periódicos sobre la forma como han cumplido sus obligaciones en cada una de las materias de derechos humanos correspondiente a cada instrumento.
En paralelo las organizaciones de la sociedad civil nacionales, expertas en cada campo de los derechos humanos, aportan al Sistema de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, “informes sombra” donde exponen su opinión y sus evidencias sobre el grado de cumplimiento de los Estados de sus obligaciones. Los Comités de los tratados llevan a cabo reuniones con representantes de los Estados y de las organizaciones de la sociedad civil y a partir de la escucha y la respuesta a sus interrogantes, emiten observaciones y recomendaciones a los Estados para que cumplan con los tratados.
Los 10 principales tratados internacionales de Derechos Humanos:
- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con sus dos Protocolos Facultativos
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con un Protocolo Facultativo.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
- Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo.
- Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y su Protocolo Facultativo
- Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos. Uno relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados y otro relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.
- Convención Internacional sobre la protección de Derechos de todos los trabajadores Migrantes y de sus Familiares.
- Convención internacional para la Protección de todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas
- Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Los protocolos facultativos abordan cuestiones específicas de los tratados.
Existe también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que parte de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuenta con convenciones en los mismos campos que el sistema internacional. Agrega la protección de otros temas y grupos de población con convenciones específicas.
Son los casos de las convenciones americanas sobre la Abolición de la Pena de Muerte, contra toda forma de discriminación e intolerancia, sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ha establecido también Principios sobre libertad de expresión, sobre la protección de las personas privadas de libertad, sobre políticas públicas de memoria.
Los dos sistemas cuentas con relatores especializados que realizan visitas a los países, evalúan las situaciones y emiten informes a las oficinas de los sistemas de DDHH.
Los derechos humanos son susceptibles de ir aumentando, de acuerdo con las necesidades de protección y el desarrollo científico y tecnológico de una época o un lugar determinado.
Preservan dos características la defensa de la persona humana y las limitaciones del Estado y de otras entidades públicas o privadas sobre las personas.
Hay en el mundo un gran número de instituciones, organizaciones y especialistas que por 75 años han venido reflexionando y avanzando en la protección de los derechos humanos, en la forma de hacerlos exigibles y justiciables y de hacer posible en la práctica el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados parte.
La evolución normativa de los derechos humanos ha dado lugar a tres llamadas generaciones de estos:
De acuerdo con el PNUD la primera generación son los derechos civiles que consagran al individuo frente a la ley y garantizan su habilidad para participar libremente en la vida política, económica y civil de las sociedades.
La segunda generación, la de los derechos económicos, sociales y culturales promueven el florecimiento individual, el desarrollo económico y social, la autoestima y la identidad.
Los derechos de tercer generación son los derechos de solidaridad cuyos instrumentos internacionales son de más reciente factura y se refieren a temas que afectan en común a la humanidad, convocan a que los países tomen medidas en conjunto para atender el derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano, al patrimonio común, el derecho de los pueblos y los derechos de la tierra y la naturaleza
La situación en México
A grandes rasgos lo ocurrido en nuestro país en materia de derechos humanos muestran que hasta finales del siglo pasado los gobiernos provenientes del PRI aprobaban y firmaban todos los pactos y tratados internacionales y regionales de derechos humanos, sin embargo, no tenían interés real en hacerlos efectivos. No era un tema incluido en la agenda pública.
No se permitía la visita de los relatores de los sistemas de DDHH, no había mayor relación con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Constitución Mexicana hablaba de garantías individuales.
Sólo a finales del Gobierno de Ernesto Cedillo se estableció una relación con Mary Robinson que ocupaba la Oficina del Alto Comisionado y se realizaron algunos cursos de capacitación en la materia.
Desde los años setenta del siglo pasado surgieron organizaciones civiles, muchas de matriz religiosa, que empezaron a defender los derechos humanos de personas afectadas por acciones del Estado y a denunciar las violaciones a esos derechos. Fue la época de la llamada Guerra Sucia que es actualmente investigada por una Comisión especial establecida por la actual administración para esclarecer las violaciones cometidas por agentes estatales.
Como parte de la estrategia del presidente Carlos Salinas para proyectar una buena imagen en Estados Unidos, con miras a la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, decidió crear en 1992 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el carácter de agencia descentralizada. Por su parte, los gobiernos estatales establecieron comisiones de derechos humanos a nivel estatal. En 1999, una reforma constitucional, le concedió a la Comisión Nacional su actual autonomía presupuestaria y de gestión, desvinculándola del poder ejecutivo. Es uno de los órganos autónomos que el presidente López Obrador no piensa quitarle su autonomía.
La incorporación de los derechos humanos en la narrativa pública y en la agenda del estado ocurre realmente en el Gobierno de Vicente Fox cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores promueve la creación en nuestro país, de una oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la elaboración en 2003 de un diagnóstico sobre los obstáculos en México para la realización de los derechos humanos y permite la entrada de relatores de los dos sistemas para hacer escrutinios sobre los que venía ocurriendo en relación con el cumplimiento de las obligaciones del estado mexicano en la materia.
Fue un periodo de gran comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajábamos derechos humanos y el gobierno nacional. Se desarrollaron metodologías, indicadores y mucha formación de cuadros expertos en derechos humanos.
En cumplimiento a lo previsto en la Convención de Viena de 1993, se elaboraron dos programas de derechos humanos con la participación y opinión de las organizaciones y se avanzó en la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en los presupuestos públicos.
Incluso se elaboraron algunos programas estatales de derechos humanos.
Fue en 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, que se llevó a cabo la importante reforma constitucional que incorporó el concepto de derechos humanos en el Artículo primero Constitucional, el reconocimiento de los instrumentos internacionales como parte de la legislación nacional y el principio pro homine.
Sin embargo, el inició de la guerra contra el crimen organizado de Calderón disminuyó drásticamente el protagonismo de las agencias estatales de derechos humanos. En el gobierno de Peña Nieto se creó una Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación que poco pudo hacer para rescatar la importancia del cumplimiento de las obligaciones del estado en materia de derechos humanos.
Las organizaciones civiles por su parte han tenido que involucrare en la investigación y defensa de violaciones graves a derechos humanos consecuencia del grave incremento de las violencias en el país, así como a la protección de sus propios integrantes ante el aumento de desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos.
Lamentablemente, en la actual administración el tema de derechos humanos ha quedado fuera de la agenda del gobierno. La militarización de múltiples actividades de gobierno que deberían estar a cargo de autoridades y servidores civiles han aumentado los casos de violaciones de derechos humanos por agentes estatales. Los sujetos de transferencias monetarias de diversa naturaleza han quedado como beneficiarios, más que como sujetos de derecho.
A nivel mundial la polarización social y política, diez países en guerra y el surgimiento de expresiones extremistas están destruyendo el entramado construido después de la Segunda Guerra Mundial como un intento de pacto civilizatorio para avanzar en el respeto a la vida, a la dignidad, al buen vivir y a la libertad de todos los seres humanos.
La construcción de paz
En un contexto de crecientes violencias que atentan contra la vida, la libertad, la integridad y la dignidad de las personas, diversas instituciones, organizaciones y personas se han interesado en la posibilidad de construir entornos de paz, donde se recuperen los vínculos, las relaciones, los acuerdos y la confianza entre vecinos y hacia las instituciones.
Hemos detectado cinco plataformas donde participan personas y organizaciones nacionales e internacionales interesadas en construir agendas de paz. Sus aproximaciones son diversas, así como sus integrantes.
Por ejemplo, una de las plataformas está constituida por treinta organizaciones de derechos humanos que participaron en conversatorios que se llevaron a cabo en todo el país a lo largo de 2018 y como resultado formularon una Agenda de Justicia Transicional, actualmente están trabajando los temas de democracia, seguridad y justicia. Ellos postulan que el Estado debe ser garante de los derechos.
Otra plataforma congrega organizaciones y personas que trabajan el tema de paz desde muy distintos ángulos, con muchas metodologías y en varias partes del país. Utilizan métodos para la transformación de conflictos, técnicas de fortalecimiento del tejido social, el arte, la atención psicosocial, la no violencia, la defensa jurídica, la incidencia para la construcción de paz, los procesos pedagógicos, la protección de personas defensoras y periodistas, la autoprotección y sanación, la comunicación no-violenta y la generación de materiales educativos. Buscan generar un repositorio de las diversas metodologías de sus integrantes en cuanto a su trabajo por la paz para luego consolidar las formas en las que las diferentes capacidades conectan con procesos de base y comunitarios para atender necesidades concretas señaladas por las propias comunidades.
Cumbre por la Paz. Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia
Su origen fue un esfuerzo binacional para llevar a cabo foros en México y Estados Unidos para convocar a movimientos sociales, organizaciones y
considerando las dinámicas de violencia que se viven en ambos lados de la frontera. Realizaron una Cumbre por la Paz en la Ciudad de México a la que asistieron personas de ambos países. Se generó una agenda con 12 prioridades temáticas que tratan de recuperar los intereses de todas las personas que participaron. Esa agenda inicial, se aterrizó en 10 propuestas concretas, cuya viabilidad y capacidad de avance es distinto.
Entre sus demandas a los gobiernos de México y de Estados Unidos plantean detener el flujo legal e ilegal de armas de Estados Unidos a México; abrir los cuarteles a sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia; cooperar en la búsqueda de personas desaparecidas en la región y establecer mecanismos de justicia, verdad, memoria y reparación.
Incluyen el reconocer y terminar el racismo y su legado histórico en todo nivel y garantizar el respeto a las comunidades y pueblos indígenas.
Proponen cambiar el modelo actual de gestión migratoria para acabar con la detención y deportación de personas migrantes; establecer un camino para la desmilitarización completa de los territorios y las fronteras e impulsar acuerdos laborales en ambos países que protejan a las y los trabajadores, sindicatos y castiguen a las compañías que se aprovechan de la migración forzada.
El Diálogo Nacional por la Paz tuvo lugar en Puebla, en septiembre pasado., como resultado de 15 meses de trabajo a nivel local en los que se llevaron a cabo 1,004 conversatorios y 50 foros estatales albergados en universidades públicas y privadas con la colaboración de asociaciones y empresas. Se recogió la mirada de alrededor de 20 mil personas y 1600 organizaciones en la construcción de tejido social, seguridad, justicia y reclusorios lo que permitió elaborar una Agenda Nacional por la Paz y detectar doscientas buenas prácticas en esos ámbitos.
En una segunda etapa se busca priorizar las acciones impulsadas desde las comunidades, escuelas, parroquias y familias, así como los centros de trabajo.
Este recuento de iniciativas de paz en el país nos muestra que las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las organizaciones sociales y empresariales y las propias comunidades están buscando caminos para restaurar una convivencia pacífica que permita a las familias el cuidado y la crianza de los nuevos ciudadanos en términos no violentos, que abata los niveles de muerte de jóvenes y que permita a las víctimas acceder a la justicia, la memoria, a la verdad y a la reparación del daño.