Clara Jusidman

La Silla Rota

5/12/2024

Con frecuencia nos preguntamos ¿Qué es la 4T? ¿Qué es lo que se proponen? ¿Qué es lo que están construyendo? ¿Por qué tanta destrucción y tanto enojo? Intentaré describir lo que observo.

Parece ser claro que lo que pretenden es reivindicar a lo que consideran “pueblo” que entiendo, según su propia clasificación, son todas las personas que se encuentran en los niveles bajos de ingreso, en condiciones de pobreza.  Personas que consideran han sido explotadas por las que llaman “élites” o personas con privilegios.

En esta última categoría incluyen desde los empresarios pequeños y medianos, pasando por los intelectuales, los artistas, los comunicadores, los académicos y profesionales, los investigadores, los funcionarios y los servidores públicos, los ministros, jueces y magistrados, los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), es decir, todas y todos los que formamos las clases medias.

Pretenden que sus denominadas “élites” dejen de beneficiarse de cualquier recurso que provenga del presupuesto público. Los consideran privilegios. Por ello destruyen o reducen toda modalidad de apoyo público a la cultura, a las artes, a la investigación, a la comunicación independiente, a proyectos de las OSCs, a la protección del medio ambiente.

Cambian a los funcionarios de las instituciones públicas que dejan en pie por personas de su confianza, amigos, conocidos, gente del “pueblo” aunque no tengan la más mínima idea ni el conocimiento sobre la función que van a desempeñar. Trasladan los privilegios de los anteriores a una nueva élite constituida por sus incondicionales que seguramente jamás pensaron llegar a los niveles de ingreso que reciben ahora.  Para no dejar de beneficiarse de su nuevo estatus, serán los más fieles seguidores de la 4T, votando leyes sin siquiera leerlas, cancelando juicios de quienes los apoyen, metiendo a la cárcel con los delitos recién incluidos en prisión preventiva a quien se atreva a criticar u oponerse a su movimiento. Con ello han disminuido la capacidad de operación del gobierno. La población sufre cada día más el deterioro en la atención pública en sus trámites, y en los servicios públicos. La pérdida de tiempos para cualquier relación con alguna oficina gubernamental se torna en una pesadilla. Además de centralizar el poder en la presidencia han abandonado funciones de regulación y ordenamiento de la vida social y de respeto y protección de nuestros derechos humanos.