¿Son las transferencias monetarias directas una política social de izquierda? ¿Sólo las izquierdas reconocen que la pobreza y la desigualdad son dos graves problemas nacionales?

En nuestro país, fueron los llamados gobierno “neoliberales” los que iniciaron los programas de transferencias monetarias de ingreso: Progresa inició en 1997 en la presidencia de Zedillo; se mantuvo como Oportunidades en la administración de Fox, para transformarse en Progresa, en el gobierno de Peña Nieto.

Buscaron atender educación, salud y alimentación y hasta la última etapa, abrir la entrada a programas para mejorar ingresos y producción. Durante veinte años se avanzó en los sistemas y reglas para controlar el acceso a los beneficios y en la calidad de sus padrones.

La administración actual los mantiene con cambios de nombre, con beneficiaros más específicos e individuales y con menor transparencia y calidad en sus padrones y reglas de operación.

Varias investigaciones encuentran que este tipo de programas generan dependencia, desaniman la participación, no construyen ciudadanía. No son diseñados con la participación de quienes los reciben. No generan agencia, ni el deseo de dejar de depender de ellos.

En algunos casos, incluso, propician los motivos por los cuales se otorgan. Hay familias que acumulan los beneficios de varios de ellos.  Estos riesgos se agudizan cuando su diseño y operación son deficientes y existen posibilidades de duplicación de beneficiarios.

Una justificación para echar mano de ellos es hacerlo de manera temporal en tanto se desarrollan las capacidades de los gobiernos para mejorar la calidad y el acceso a servicios públicos de salud, educación, urbanos o de vivienda.

Lamentablemente, en nuestro país, a pesar de tener más de 25 años centrada la política social en programas de transferencias de ingresos, los gobiernos no han podido y tal vez ni querido, mejorar la disponibilidad de servicios públicos sociales que construyen ciudadanía y responden a los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Las transferencias de ingreso hacen que las personas tengan que acudir al mercado privado para adquirir los bienes y servicios que necesitan en lugar de acceder a bienes públicos. En las últimas décadas han surgido grandes empresas que atienden el mercado de las poblaciones pobres con tiendas de proximidad, para alimentos extra procesados, servicios médicos y medicinas, escuelas y estancias infantiles privadas.

El capital privado ya no sólo extrae ingresos de las familias con malos salarios y prestaciones, sino que también lo hace por la vía del consumo.

Por ello me pregunto si continuar centrando la política social sólo en programas de transferencia de ingresos, sin mejorar sustancialmente el acceso a derechos por la vía de mejores servicios públicos, es realmente una política social de izquierda.

¿No será que los candidatos de oposición ofrecen mantenerlos por temor a no atraer a las clientelas electorales cultivadas por el gobierno de izquierda?