En México estamos por destruir el instrumento que asegura la identidad de la población con 18 años y más: la credencial electoral. Es el único medio de identificación reconocido por autoridades, bancos y notarías. Hay sólo una para cada ciudadano, cuenta con candados que dificultan su falsificación.
La puesta en práctica del llamado Plan B en materia electoral, conlleva despedir al 85% del personal del Instituto Nacional Electoral lo que significa destruir las capacidades profesionales desarrolladas durante 30 años, para expedir y actualizar alrededor de 96 millones de credenciales de elector.
En la década de los años noventa del siglo pasado, cientos de miles de mexicanos y mexicanas dejaron de ser ¨no-personas¨ por no contar con actas de nacimiento o de bautizo, cartilla militar, licencia o pasaporte. Cada vez que realizaban algún trámite, pasaban por un viacrucis o simplemente no podían realizarlos. Ahora bastaba con que acudieran al IFE con dos personas que atestiguaran su identidad, para obtener ese documento mágico con su fotografía que les abría puertas, hasta entonces cerradas.
Por muchos años el padrón electoral fue manejado por el gobierno. La desconfianza en el mismo era una de las fuentes principales de controversia en los procesos electorales. Aparecían nombres repetidos, de personas muertas o que no existían. Una misma persona votaba varias veces con credenciales distintas. Ello permitía a los gobiernos priistas controlar las elecciones.
El enojo ciudadano y de los partidos de oposición provocó que en 1990 el gobierno priista, tomara la decisión de generar un padrón nuevo y credenciales con candados de seguridad, tarea que fue encabezada por Carlos Almada y Manuel Herrero.
Personalmente me tocó participar en dos procesos que permitieron asegurar la calidad y veracidad del nuevo padrón electoral que fue transferido en 1996, al IFE ciudadano y autónomo.
En 1994 el Dr. Jorge Carpizo, en ese entonces secretario de Gobernación, convocó a un comité ciudadano, formado por ocho investigadores, para que vigiláramos una gran auditoria de los procesos implícitos en el desarrollo del padrón. Esta fue realizada por varias empresas especializadas. En esa vigilancia a la auditoria participaron también los partidos políticos.
Comprobada la confianza en el nuevo padrón, acepté en 1997, la dirección del Registro Federal de Electores, en apoyo al primer consejo ciudadano del IFE autónomo, encabezado por José Woldenberg.
Si la Suprema Corte de Justicia permite que el Plan B en materia electoral se ponga en práctica, más de treinta años de esfuerzos y miles de millones de recursos públicos, invertidos para crear un padrón y credenciales electorales confiables, se irán a la basura.
Restaurar el daño que se causaría tomaría nuevamente, varias décadas y muchos recursos.
Destruir las seguridades que permiten al ciudadano ejercer sus libertades y ser reconocido como persona digna, es una mala forma de ejercer el poder.