Archivo por meses: mayo 2012

Comentarios de Clara Jusidman Rapoport al Cuaderno de Transparencia Núm. 19 del IFAI.

El acceso a la información en la sociedad de consumo: de la comida chatarra a los productos milagro. Autor: Alejandro Calvillo UNNA

El Cuaderno de Transparencia que hoy se presenta, elaborado por Alejandro Calvillo Unna es un texto muy claro, bien estructurado y de una gran calidad didáctica que introduce al lector en los vericuetos y alianzas bajo las que operan las grandes empresas de alimentos industrializados y las comercializadoras de productos milagro en nuestro país. Muestra asimismo las insuficiencias, omisiones y complicidades de las autoridades que conllevan al sistemático engaño hacia los consumidores, vulnerando su derechos al nivel más alto de salud y a la información.

El autor describe de manera clara y contundente como la actuación de estos agentes económicos provoca efectos nocivos en la salud de los mexicanos e induce grandes cambios en la cultura alimentaria nacional que se inician con un condicionamiento y desarrollo de hábitos, preferencias e incluso adicciones, en la infancia mediante la publicidad tramposa que utiliza premios y regalos y crea vínculos afectivos de los niños con las marcas mediante el uso de personajes reales y ficticios.

No es gratuito señala Calvillo que nuestro país ocupe el primer lugar mundial en materia de obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer -y yo agregaría el creciente número de alergias- están relacionadas con el consumo de alimentos procesados con elevados contenidos de azucares libres, sal, grasa saturadas y ácidos grasos de tipo trans.

El texto adopta como eje conductor de su exposición el derecho a la información de los consumidores en México e incluye una gran cantidad de ejemplos concretos tanto del país como de otros lugares y de organismos internacionales involucrados en la salud y la alimentación.

En ese propósito se analiza la importancia de la disponibilidad de información mediante el etiquetado de los productos para que las personas tomen decisiones adecuadas; el desarrollo de legislación y de normas para que los productores tengan información sobre los parámetros a los que deberán apegar sus procesos de producción y su publicidad, supuestamente para evitar daño a las personas e informarlas adecuadamente; aborda también el importante campo de la publicidad tomado como un importante mecanismo de divulgación de información.

Destaca el uso distorsionado y obscuro de información que hacen los productores en etiquetas y publicidad para inducir al consumo de alimentos procesados y de productos milagro y la insuficiencia de la legislación y de las autoridades regulatorias para modificar conductas reiteradas que claramente atentan contra el bienestar de las personas. Muestra como legislación “sin dientes” por lo bajo de sus multas, permite esas conductas violatorias reiteradas y al fin, la burla a las autoridades y a la población.

Podríamos decir que el autor prueba como la disponibilidad de información sobre los productos procesados que comemos a diario es no sólo insuficiente e inaccesible, sino incluso mentirosa, atribuyendo a los productos promocionados beneficios al consumidor que nunca se demuestran. Utiliza para ello los ejemplos de los jugos y de los panes integrales, dos productos que se publicitan y se han incorporado a los hábitos alimentarios como saludables y convenientes, siendo que en realidad están llenos de azúcares y de harinas refinadas y resultan altamente riesgosos. El caso de las margarinas que son el mejor ejemplo de los ácidos grasos de tipo trans, representa otro de los grandes mitos sobre alimentos saludables mencionados por el autor. No se digan los productos milagro a través de cuya venta Genoma Lab una empresa mexicana, ya está vendiendo abalorios en 14 países.

El texto publicado por el IFAI es un testimonio muy bien sustentado sobre los trágicos resultados en la salud de los mexicanos de la reforma neoliberal de Estado iniciada a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Esta reforma se confrontó en los ochenta con las instituciones y programas construidos durante la vigencia en nuestro país del inconcluso Estado de Bienestar, protagónico y proveedor. Se consolidó en la década de los noventa con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y fue asumida y profundizada por los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.

Desde la mirada que nos ofrece el autor sobre el acceso a la información en la sociedad de consumo con énfasis en alimentos procesados y en productos milagro se puede documentar lo que ha venido ocurriendo en muchos otros sectores de la economía real del país y las consecuencias de las reformas neoliberales en el bienestar de la población.

Queda clara la forma como se han venido articulando la alianza entre los intereses económicos de las grandes empresas de alimentos procesados y comercializadoras de productos milagro con las empresas televisoras y de publicidad, donde el Estado incluyendo al Congreso, a las autoridades de economía y en menor medida a las de salud y educación han sido en el mejor de los casos omisas y complacientes, pero con mayor frecuencia cómplices, en tanto que los ciudadanos hemos mostrado una sistemática incapacidad para organizarnos y ejercer nuestro poder como consumidores.

La avidez y la codicia insaciables de los grandes intereses económicos se juntan con la irresponsabilidad, corrupción e ineficacia de muchos servidores públicos y legisladores, frente a la pasividad y el desinterés de la población.

La crisis de obesidad, sobrepeso y agregaría malnutrición, que hoy enfrentamos y que de acuerdo al Dr. Calvillo tiene a las autoridades de salud en una situación crítica que se prevé empeore en los próximos años, es una ejemplo de lo que podríamos llamar violencia estructural construida y ejercida por las élites económicas y políticas del país a lo largo de muchas décadas en una sociedad profundamente desigual, donde incluso las asimetrías entre productores se hacen evidentes.

Sin estridencias el Cuaderno de transparencia que hoy presentamos muestra con gran claridad los mecanismos y procesos mediante los cuales a través de la información, las grandes empresas de alimentos procesados y las comercializadoras de productos milagro colocan el interés de la ganancia por encima de la salud de las personas y como el Estado ha sido anuente a esta situación.

El ejemplo que relata el autor sobre la Ley Federal de Metrología y Normalización promulgada en 1992 en el Gobierno de Carlos Salinas en los años previos a la firma del TLC y la institucionalidad que derivó de su instrumentación, es emblemático de esto que estoy denominando la reforma neoliberal de Estado. En síntesis condujo a que los regulados fueran los que definieran los términos de la regulación, es decir, la iglesia en manos de Lutero.

En la década previa la Secretaría de Comercio y recuerdo muy bien a la entonces directora de normas, Consuelo Sáez, desarrolló un enorme esfuerzo para meter orden en el desarrollo de normas técnicas para la regulación de la producción, procesamiento y comercialización de diversos productos industriales. Me tocó participar como directora del desparecido Instituto Nacional del Consumidor.

El esfuerzo que estaba haciendo Consuelo era tratar por una parte, de acabar con las asimetrías en el desarrollo de normas debida a la presencia en los comités respectivos de representantes de las grandes empresas trasnacionales. Estos representantes estaban más interesados en introducir estándares de producción en las normas que llevaran a la salida del mercado de sus competidores nacionales medianos y pequeños.

El esfuerzo desde la Secretaria de Comercio trataba también de recuperar el protagonismo y la responsabilidad del Estado como ente regulador y promover con ello la protección de los consumidores. Fue la época en que se introdujeron las normas ISO-9000.

Este enorme esfuerzo fue tirado por la borda cuando tres de los cuatro jinetes de la apocalipsis neoliberal: Carlos Salinas, Pedro Aspe y José Córdova, lograron apoderarse de la presidencia de la República y bajo el pretexto de la negociación del TLC se empeñaron con éxito en destruir, desarticular y reducir a su mínima expresión al Estado mexicano y dentro de ello, sus ya de por si precarias capacidades y responsabilidades de regulación de las relaciones entre lo que ahora se llama actores no estatales. Estas intervenciones de regulación eran consideradas por esos personajes como hasta la fecha ocurre, obstáculos para la libertad de los mercados cuya mano invisible se encargaría de poner todas las cosas en su lugar.

De este modo se revirtieron los esfuerzos en materia de normatividad de la década de los ochenta y los comités correspondientes fueron entregados a los grandes intereses económicos que siempre han obstaculizado todo esfuerzo por meterlos en cintura y moderar sus enormes ganancias, ejerciendo el cohecho, las amenazas y las represalias a los servidores públicos,

Aura bien, el autor concentra su análisis sobre el acceso a la información en un tramo de la cadena alimentaria, fundamentalmente el de procesamiento o industrialización de alimentos; posiblemente la opacidad informativa es aún mayor en otros tramos de la misma cadena donde hasta la fecha no hemos desarrollado suficientemente las obligaciones y las modalidades para que los productores y los comerciantes nos alleguen información a los consumidores.

Así muchos de los que consideraríamos alimentos naturales, no procesados, están siendo producidos con la intervención de sustancias y procesos fisicoquímicos que provocan alteraciones en su calidad y contenido. Desde la aplicación de la ingeniería genética en la producción de semillas transgénicas, pasando por la utilización de fertilizantes y agroquímicos, hormonas, antibióticos, colorantes y alimentos industrializados para producir granos, frutas, vegetales, carnes y pescados, los métodos naturales de cultivo y producción de alimentos han sido sustituidos por modelos industriales de producción masiva y controlada que alteran a veces, muy fuertemente, la calidad y naturaleza del producto final.

Hasta la fecha no he visto una etiqueta en un pollo extrañamente amarillo que me explique que le dieron de comer, que medicamentos le aplicaron y como lo estresaron para que tuviera ese tamaño y ese color. Ni tampoco encuentro que en los empaques de barbero o de blanco del Nilo me aclaren qué alimentos les dieron al ser cultivados y que medicamentos pusieron en los estanques. Pero sería aún mejor si me informaran de los riesgos que corro como consumidor vía la ingesta indirecta de hormonas, antibióticos, colorantes, plaguicidas, etc.

Otras cajas negras respecto de la información que recibimos como consumidores, son los tramos de distribución y comercialización de alimentos y el de elaboración y venta de alimentos preparados. Pensamos inocentemente que o los productores y comercializadores son lo suficiente inteligentes como para no envenenarnos de manera rápida, aunque lo hacen de manera lenta y sostenida, o que las autoridades regulatorias agroalimentarias y sanitarias funcionan eficientemente evitando riesgos para la población.

Para terminar reconozco y agradezco al IFAI y al Dr. Calvillo el esfuerzo que hacen en este Cuaderno de transparencia número 19 al proporcionarnos elementos sobre un ámbito tan importante del derecho a la información como es el que se relaciona con aquello que ingerimos todos los días.

Les agradezco también la invitación porque me hizo recordar los tiempos en que como funcionaria pública me dediqué a construir institucionalidad y desarrollar capacidades en lo público para lograr una mejor protección de los derechos de los consumidores en nuestro país, particularmente en materia de alimentos. He sido testigo a lo largo de los años de la destrucción de políticas, programas e instituciones relacionadas con la alimentación de los mexicanos considerada ésta no como una dádiva derivada de programas asistenciales sino como uno de nuestros derechos humanos.

 

Las consecuencias sociales del poder de las televisoras en México

Me da mucho gusto participar en este evento para conformar LA COALICIÓN CIUDADANA DEMOCRACIA Y MEDIOS: La telecracia no es democracia, una convocatoria de AMEDI para que un mayor número de personas y organizaciones exijamos a la clase política que controla los poderes del Estado que se libere de la subordinación, extorsión y amenazas del duopolio televisivo, lleve a cabo un cambio de política pública en materia de telecomunicaciones y promulgue las leyes que amplíen el acceso de otros actores a los servicios de radio y televisión, reconozcan y fortalezcan los medios públicos y comunitarios y regulen el funcionamiento del sector de telecomunicaciones en beneficio de todos los mexicanos.

Se trata también de mostrar a las poderosas empresas televisoras que la ciudadanía está harta de los daños que causan, de las enormes ganancias que obtienen y del poder de hecho que detentan. La democracia en el país se encuentra obstaculizada por la concentración de los medios de comunicación, por la pésima calidad de sus contenidos y por las limitaciones que imponen a la expresión y al encuentro de la diversidad social, económica, étnica, generacional y territorial.

 

 

En este contexto quisiera usar mi intervención para contar brevemente un episodio de esta vieja lucha por la democratización de los medios de comunicación, conocido por muchos de los presentes, pero me parece útil recordarlo por el momento de la historia del cambio democrático en que tuvo lugar. Quiero también señalar las consecuencias sociales que derivan del poder del duopolio televisivo y del enorme daño que causa a nuestra convivencia.

Hace diez años en 2002, un grupo de organizaciones civiles, expertos y académicos nos avocamos a desarrollar una propuesta del Ley de Radio y Televisión conscientes de que para los partidos políticos resultaba muy difícil hacer y promover una propuesta de democratización de los mismos por la subordinación que tenían y siguen teniendo respecto del duopolio televisivo, y que podría resumirse en algo así como “enfrentárseles es suicidarse políticamente”.

Reconocíamos además que ni la Secretaría de Gobernación entonces a cargo de Santiago Creel, ni la presidencia de la República tenían un compromiso verdadero con la transición democrática del país y que no se esforzarían por promover las reformas de Estado tan necesarias para desarmar la institucionalidad del régimen autoritario que vivimos por setenta años.

 

 

Las mesas para la reforma del Estado montadas por la SEGOB después de la entrada del PAN a la presidencia, no eran más que simulaciones para mediatizar los ánimos democratizadores que motivaban a muchas organizaciones y personas. Pero la señal de que todo había cambiado para quedar peor como hemos visto en estos doce años, fue el famoso beso de Martha Sahagún a Bernardo Gómez alto funcionario de TELEVISA después del acuerdo donde el Estado Mexicano cedía a las televisoras tiempos de Estado que servían para difundir información del sector público.

Lamentablemente y contra todo lo esperado, los gobiernos panistas poco han hecho para que la democracia sea percibida por los mexicanos como un mejor régimen político y además, nos han conducido a una situación de emergencia nacional por vía de la guerra declarada contra el narcotráfico.

A pesar del esfuerzo realizado por cuatro senadores Corral, Bartlett, Vicencio y ………. para promover una reforma legislativa que democratizara los medios de comunicación, la poderosa telebancada encabezada por Emilio Gamboa en el Senado de la República, la negativa de la fracción del PRI para apoyar la nueva legislación, la tibieza del Poder Ejecutivo y la sistemática presión, amenaza y extorsión que ejercen las empresas televisoras sobre legisladores y servidores públicos, condujo en 2005 a la aprobación de una contrareforma en materia de radio y televisión diseñada desde el área jurídica de Televisa.

 

 

De entonces a la fecha los beneficios del gobierno hacia las empresas televisoras han continuado avanzando y a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia para modificar varios artículos de la Ley Televisa, el Congreso ha sido omiso. Fuera de la reforma electoral del 2007-2008, el Congreso ha sido anuente al aumento del poder de las televisoras.

Sé que este es sólo un pequeño y conocido fragmento de una histórica batalla y que antes y después ha habido diversos esfuerzos para acabar con ese enorme poder de hecho. El papel de AMEDI ha sido fundamental en este propósito en los últimos años.

A estas alturas de nuestra frustrada democracia, como consecuencia de las omisiones, la corrupción, el miedo y la subordinación del gobierno federal y de las cúpulas y fracciones partidarias tenemos un engendro imparable que violenta impunemente las leyes. Utiliza a sus ejércitos de abogados para destruir vidas, arrebatar propiedades y cometer fraudes financieros como lo ha hecho el Sr. Ricardo Salinas, ejemplo de la mala ética privada en el país, o que como es el caso de TELEVISA construye y promueve candidatos a la presidencia del país, tiene capturadas diversas áreas del Estado y concentra y controla el negocio del deporte y del entretenimiento y con ello la vida y destino de miles de personas que se ocupan en estos sectores.

Pero lo que quisiera destacar en esta intervención es el enorme costo social que para el país ha significado la concentración privada de los medios de comunicación electrónica por más de cincuenta años.

Estoy convencida que muchos de los síntomas graves de esto que estamos llamando emergencia nacional tienen que ver con construcciones históricas perversas que como sociedad hemos tolerado y dejado que ocurran y que además se han acelerado a partir del modelo de liberación del mercado y reducción del Estado, vigente en el país desde hace 30 años.

En esas construcciones históricas perversas los medios electrónicos han contribuido de manera destacada. Son causa eficiente de la obesidad y malnutrición, de la normalización de la violencia, de la ruptura de tejido social y la creciente individuación y del consumismo como forma de realización personal.

Los medios de comunicación junto con las familias, la escuela y los grupos de pares son los agentes de socialización de las personas. Son agentes que transmiten la cultura a los nuevos seres humanos que se incorporan a las sociedades: influyen en la alimentación, en la forma de hablar y decir las cosas, en la forma de resolver los conflictos, en los modelos de cortejo y relación con otros, en la forma de relacionarnos con el medio ambiente, entre otras muchas cosas.

Los medios son una herramienta fundamental de la cultura y la civilización actual y es para México una verdadera desgracia que paulatinamente hayan quedado en las manos de empresarios privados cuya calidad moral es muy cuestionable y que los gobiernos y los poderes legislativos hayan renunciado a su función reguladora y a su obligación de proteger los derechos de todos y todas frente a las intervenciones de terceros.

Los medios electrónicos no están interesados ni comprometidos con la formación de seres humanos dignos, responsables, conscientes, críticos. Su objetivo es convertirnos a todos en consumidores acríticos.

Al hacer uso de los conocimientos más actualizados de la psicología nos colocan modelos aspiracionales de consumo, de comportamiento y nos proponen ídolos. Ellos nos establecen el deber ser y alimentan con ello las conductas violentas para alcanzar esos modelos, ante una sociedad tan profundamente desigual y excluyente como la nuestra.

Para la sociedad mexicana representa una alto costo y tiene consecuencias graves las miles de horas que los niños, las niñas y los adolescentes pasan frente a las llamadas “cajas idiotas” con una programación insulsa, de pésima calidad y malintencionada para convertirlos en consumidores desde pequeños y en votantes dóciles de adultos.

 

Construyamos la Coalición Cuidadana Democracia y Medios y demos la bienvenida a esta lucha al movimiento de los jóvenes universitarios. Harían una enorme contribución a la historia de este país si lograran la ruptura del duopolio privado de los medios de comunicación, obligando a los poderes del Estado mexicano a cumplir sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos de todas y todos y entre ellos el derecho al acceso al conocimiento y a los desarrollos tecnológicos y científicos más actualizados. el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.