Todas las entradas de: Clara Jusidman

Destrucción de capacidades institucionales, avance de empresas criminales

Ciudadanía, Democracia, Desigualdad, Economía del cuidado, Familias, Pobreza, Política Social, Temas varios, ,

Clara Jusidman

9 septiembre 2025

La Silla Rota

Hay actividades empresariales, sociales y ahora también criminales, que perduran a lo largo del tiempo frente a capacidades del Estado que se destruyen, se anquilosan o no se desarrollan.

Las primeras responden a intereses privados, derivan de grupos de poder relativamente pequeños, tienen una gran capacidad de incorporación de nuevas tecnologías y de adaptación a cambios  en el entorno.

Las instituciones del Estado, por el contrario, tardan en concebirse, en ser aprobadas, en contar con presupuestos para desarrollarse o en su caso, adecuarse a los cambios. Asimismo, participan múltiples actores en su diseño, desarrollo y operación (la ciudadanía, los distintos niveles de gobierno y los congresos). Tienen muy poca flexibilidad para responder a situaciones imprevistas. Resultan fácilmente susceptibles de ser eliminadas como hemos experimentado en los últimos siete años.

Y lo más importante, su funcionamiento puede ser afectado por corrupción en favor de intereses privados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en particular se dedicó a destruir capacidades de gobierno cuya eliminación ha resultado en el resurgimiento de problemáticas que habíamos logrado superar.

La historia reciente está llena de resultados negativos por la destrucción institucional promovida por la 4T.

Los casos de huachicol fiscal son particularmente emblemáticos. Provocan el desvío de recursos públicos para ser capturados por intereses privados y criminales. El robo al erario por el huachicol de gasolinas y diésel se estima en 544 mil millones de pesos.

La falta de control sanitario de los productos que ingresan a nuestro país como es el ganado vacuno de Centroamérica, ha derivado en la presencia nuevamente en el territorio nacional del gusano barrenador lo que ha provocado el cierre de la frontera de EE. UU. para las exportaciones de ganado mexicano. Los productores agrícolas enfrentan una grave crisis ya por tres años y la dependencia de importaciones de granos va en aumento.

Otros ejemplos son el desabasto de medicamentos y de insumos para la salud, la caída notable en los niveles de vacunación de la población infantil cuando llegamos a tener coberturas cercanas al 100%. Ahora vemos un número creciente de casos de sarampión, tos ferina y tuberculosis.

Además de la desaparición o la recentralización de funciones de gobierno el mayor daño fue el despido entre 2019 y 2021 de los servidores públicos que mantenían la operación de las instituciones como los directores de área, los subdirectores y los jefes de departamento. Se sustituyeron capacidades por lealtades personales o de partido.

Esta brutal destrucción de capacidades para gobernar por soberbia e ignorancia ha creado, además, un campo propicio para la proliferación de empresas criminales. Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad, menciona el caso de la explotación de especies marinas para los mercados asiáticos y señala su preocupación por la rapidez con las que el crimen organizado está entrando a otros mercados ilícitos.

El vaciamiento de capacidades para gobernar, la enorme corrupción y la centralización de los poderes del Estado bajo el control presidencial han creado un terreno propicio para la proliferación de negocios ilícitos donde participan delincuentes, pero también políticos, funcionarios y empresarios.

La persistencia de la NO-respuesta del No-gobierno

Ciudadanía, Democracia, Desigualdad, Estado de derecho, Justicia, Violencias, , , ,

Clara Jusidman

6 noviembre 2025

Las pasadas festividades del Día de Muertos marcan un momento de gran hartazgo ciudadano después de una serie de eventos que han venido ocurriendo y respecto de los cuales no hay respuestas nuevas, empáticas, creíbles o mínimamente esperanzadoras de parte del Gobierno Federal.

Ya se agotaron las respuestas de que sean los políticos y funcionarios puestos en evidencia los que respondan; o que si no hay denuncias concretas el gobierno no puede hacer nada o las promesas de que se investigará hasta encontrar a los culpables y se aplicará toda la fuerza de la Ley. 

Tampoco sirve  la amenaza de que si queremos que vuelvan Calderón y García Luna o la salida de que todo mal proviene de los gobiernos anteriores a la 4T, o que son conspiraciones de la derecha o de la oposición y pronto también se adjudicarán a las agencias de Estados Unidos.

Cómo ejemplo de la ausencia de respuestas que vivimos, muchos ciudadanos nos preguntamos si realmente fueron los sobrinos del anterior secretario de Marina los jefes del enorme fraude que representa el llamado “huachicol fiscal”. ¿Ellos tuvieron la capacidad y los recursos políticos, económicos y estratégicos para sustraer cerca de 600 mil millones de pesos de los recursos públicos, o de articular a 500 empresas, o de tener las pipas, vagones y barcos necesarios y conseguir la connivencia de tantos “servidores públicos”?

Esas No-respuestas se suman a la evidente incapacidad del Estado y con frecuencia desinterés, de responder a la crisis que viven los agricultores comerciales de grano o la de los cañeros que se cuestionan si levantarán la cosecha de este año y de los ganaderos que enfrentan el cierre de la frontera con Estados Unidos por la presencia de gusano barrenador debido al descontrol en la entrada de contrabando de azúcar y de ganado.

Tampoco hay respuesta o siquiera muestras de solidaridad para las víctimas de las violencias directas e indirectas como son los miles de jóvenes que han muerto, desparecido o viven esclavizados en campos de concentración operados por los cárteles como el encontrado en Teuchitlán, Jalisco; o como los periodistas, sacerdotes, defensores de la tierra y de derechos humanos, políticos y funcionarios municipales asesinados como el lamentable caso de Carlos Manzo; las madres buscadoras o los niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos o las miles de personas que han fallecido o no reciben atención en materia de salud.

La pregunta de fondo es ¿qué está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum o qué hizo el de López Obrador para atender e impedir los múltiples desastres que agobian a la población en todo el territorio? Es evidente que las transferencias monetarias no dan respuesta a la diversidad de carencias que vive la población nacional.

 Tal vez lo que pasa es que los agricultores y ganaderos que nos alimentan y las víctimas de las violencias no son “pueblo” como tampoco lo son las poblaciones desplazadas, ni los trabajadores irregulares que están siendo maltratados, capturados, recluidos en condiciones infames y deportados por el gobierno de EE. UU.

Las promesas de la presidente Sheinbaum de no impunidad, fortalecimiento del acceso a la justicia y atención a las causas de las violencias no parecen ponerse en práctica, no están dando resultados o son mera retórica.

Seguridad humana y catástrofes ambientales

Bienestar, Demografía, Temas varios, ,

Clara Jusidman

23 octubre 2025

En México muchos hemos perdido la expectativa de contar con gobiernos que privilegien la seguridad de las personas que los han elegido para poner orden en la casa común y aminorar desigualdades.

Han renunciado a procurar el bien colectivo. Han convertido bienes y dinero público en propiedad personal y en recursos para compra de votos. Han abandonado la planeación de mediano y largo plazo para responder a lo inmediato. Su interés se centra en perpetuarse en el poder mediante una narrativa llena de mentiras.

Estos profundos cambios tienen al menos dos efectos muy dañinos en la seguridad humana. Por una parte, un desinterés en el mantenimiento de infraestructuras que se desarrollaron a lo largo de décadas como son las redes de distribución de agua potable, las de drenaje, presas, canales de riego, refinerías, escuelas, hospitales. La inversión pública está en sus niveles históricos más bajos. La previsión para 2026 es de sólo el 2.5% del PIB.

Otro efecto consiste en la ausencia de previsiones de políticas para el mediano y largo plazos teniendo en cuenta los cambios en curso en materia demográfica, tecnológica, ambiental y cultural.

Estamos en México frente a un envejecimiento acelerado de la población y un crecimiento de ésta por debajo de la tasa de reemplazo. A nivel mundial hay dos revoluciones industriales, una crisis climática profunda y grandes cambios políticos y culturales.  

En un contexto de tanta incertidumbre y cambio sería muy importante que el gobierno contara con un grupo de inteligencia estratégica que estuviera desarrollando posibles escenarios de futuro, así como los efectos que podrían provocar en México y las medidas que, en su caso, se tendrían que adoptar.

Por ejemplo, de los varios aspectos que se incluyen en el concepto de seguridad humana uno central es el que se refiere a la seguridad de que las personas no perderán sus vidas, sus posesiones, sus trabajos e ingresos, sus viviendas frente a catástrofes humanas naturales o antropogénicas.

Las capacidades públicas para prevenir, aminorar y en su caso, atender los desastres climáticos a todos los niveles de gobierno están en su punto más bajo de desempaño como lo hemos podido vivir por las catastróficas lluvias recientes.  Las muertes, las personas desaparecidas, la destrucción material y de entornos de vida ha tenido un altísimo costo individual y familiar, así como para las actividades económicas, sociales y culturales.

México enfrenta varios riesgos: sismos, hundimientos, socavones y grietas, inundaciones, incendios, aludes, ocupación del territorio en zonas de alto riesgo, extracción excesiva de agua del subsuelo, presas azolvadas, ruptura de redes de distribución de agua, carga excesiva de peso en suelos urbanos, deforestación acelerada.

Es una tristeza que no se cuente con sistemas de alerta temprana que utilicen las nuevas tecnologías de comunicación. Es una tristeza que funcionarios responsables de prevenir y atender los problemas no sepan cómo actuar o ni siquiera estén presentes. Es una tristeza que las personas que saben de nuestras vulnerabilidades y son expertas en preverlas y enfrentarlas no formen parte de los gobiernos.

La soberbia y la ignorancia, así como la sustitución de capacidades por lealtades están provocando mucho daño en la seguridad humana en nuestro país.

A 30 años de Beijing

Derechos Humanos, Desigualdad, Discriminación, Género, Justicia, Mujeres, Temas varios, Uncategorized,

Clara Jusidman

25 septiembre 2025

La Silla Rota

La IV Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing en septiembre de 1995, hace 30 años, dejó una hoja de ruta para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el mundo y fue un parteaguas en el desarrollo de legislación y la creación de instituciones en México.

Todas las mujeres que participaron en el proceso para definir la posición de México respecto de las 12 áreas de preocupación seleccionadas para ser tratadas en la Conferencia, todas las integrantes de la delegación oficial, así como las participantes en el Foro paralelo de ONG que tuvo lugar en Huairou, recuerdan su experiencia como algo que marcó sus vidas.

Hasta ahora en el mundo se sigue haciendo referencia a esa Conferencia como la más exitosa para la definición de la agenda de las mujeres.

Los trabajos preparatorios se iniciaron en nuestro país desde septiembre de 1993, dos años antes de la realización de la Conferencia en septiembre de 1995, cuando Carlos Salinas era presidente y la conferencia tuvo lugar en el periodo de Ernesto Zedillo.

El proceso de la Conferencia de Beijing estuvo entonces a cargo de dos administraciones de gobierno, cuatro secretarios de gobernación y dos secretarios del Consejo Nacional de Población.

En los dos años de preparación 1994 fue un año particularmente convulso: desde el levantamiento zapatista en enero, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, el 23 de marzo; la primera elección presidencial organizada por el IFE con autonomía parcial el 21 de agosto; el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, el 28 de septiembre; la toma de posesión del Ernesto Zedillo como presidente el 1 de diciembre y el estallamiento de la “crisis de diciembre”, como cierre del año.

Personalmente en mí ya larga vida, no recuerdo haber vivido un año más complejo que el de 1994.

Afortunadamente, quien se mantuvo durante todos los 24 meses a cargo de la Comisión para los trabajos preparatorios de la Conferencia fue Gloria Brasdefer una ejemplar servidora pública que había colaborado con Pedro Ojeda Paullada en la realización de la Primera Conferencia Mundial que tuvo lugar en nuestro país en 1975, así como Aida González en ese momento desde Relaciones Exteriores. Gloria me invitó como asesora.

Decidimos iniciar un proceso de articulación y diálogo inédito: constituir 19 grupos de trabajo Técnico-Temáticos integrados por mujeres de la academia, funcionarias y de las organizaciones no gubernamentales.

Alcanzamos varios resultados. En primer lugar once cuadernillos temáticos que después le sirvieron a Aida González y a su equipo para preparar el texto de la posición de México frente a las 12 áreas de preocupación de la Conferencia; rompimos la desconfianza entre organizaciones no gubernamentales, académicas y funcionarias; rompimos también la persistente negativa de los funcionarios de Relaciones Exteriores  a escuchar las voces de la sociedad civil y a permitir la participación de sus representantes en las delegaciones oficiales a eventos internacionales. Lo más importante es que se creó un espíritu de cuerpo que prevaleció en las reuniones de Nueva York y Mar de Plata, previas a la Conferencia, así como una colaboración y distribución del trabajo en las doce comisiones que se organizaron en Beijing.

Mi reconocimiento al Dr. Manuel Urbina, secretario del Consejo Nacional de Población hasta diciembre de 1994, por su aliento y apoyo a ese experimento y a José Gómez de León quien ocupó esa posición al entrar el gobierno del Presidente Zedillo. El Dr. Gómez de León, acompañado por otro excepcional académico y servidor público Rodolfo Tuirán, fue el Jefe de la Delegación que asistió a Beijing. En la delegación fueron incorporadas varias mujeres de diversos partidos políticos y al menos dos representantes impuestas por la iglesia católica. Las representantes de las ONGs fueron coordinadas durante todo el proceso por dos excepcionales mujeres Cecilia Loría y Patricia Mercado.

Desde mi perspectiva Beijing marca el fin del periodo en donde la prioridad se centraba en reclamar el derecho de las mujeres a ser incorporadas al desarrollo (acceso a salud, trabajo, educación, protección social, al crédito , a tierras) para transitar hacia el objetivo de reconocimiento de que su condición de desigualdad deriva de relaciones de poder inequitativas surgidas del patriarcado. Inició la lucha por la igualdad de género, concepto que por primera vez se incluyó en las conferencias mundiales. Esto se tradujo en reclamar el reconocimiento de su derecho al control de su propio cuerpo y de su libertad, de su derecho a acceder al poder y a eliminar los obstáculos que impiden el reconocimiento de sus derechos humanos como personas plenas y dignas y a una vida libre de violencia.

A 30 años de la Conferencia observamos avances: el desarrollo de muchas herramientas e instituciones para incorporar la perspectiva de género en la vida pública y privada. Prevalece sin embargo un gran lastre que son las violencias contra las mujeres que se incrementan, encuentran nuevas expresiones o recuperan viejas formas de explotarlas. La creciente violencia que experimentamos en México recae sobre el cuerpo y la libertad de muchas mujeres y aumenta su condición de víctimas indirectas que pierden a sus seres queridos y no encuentran empatía en el cuerpo social, ni en los gobiernos.

Estamos ante un cambio de época con una perspectiva de mayor violencia frente a los autoritarismos, los populismos, la polarización y la exclusión extrema; frente a visiones totalmente confrontadas respecto de lo que está ocurriendo.

No son buenos augurios para avanzar en los derechos de las mujeres. Por el contrario, veo que estamos entrando en una etapa de retroceso de las olas del feminismo por las ideologías de derecha que están adquiriendo fuerza, por la narco cultura y por el debilitamiento de los organismos internacionales que defendían derechos humanos entre ellos los relacionados con el cumplimiento de la CEDAW.

Tal vez sería útil empezar a pensar en escenarios de futuro para proponer cuáles podrían ser las prioridades en la lucha por la igualdad sustantiva una vez que la destrucción, la locura y las violencias que actualmente prevalecen en el mundo, sean superadas.

Salarios mínimos, democracia y reforma del Estado

Bienestar, Demografía, Economía del cuidado, Electoral, Familias, Pobreza, Temas varios,

Clara Jusidman

11 septiembre 2025

La Silla Rota

Dos grandes fallas cometimos en la transición democrática mexicana: no haber realizado una profunda reforma del Estado y no haber subido los salarios mínimos que para el año 2000 tenían la mitad del valor que alcanzaron en 1976.

Los únicos que comprendieron que al caer el gobierno del PRI debería llevarse a cabo una profunda reforma del estado fue un grupo de personas coordinadas por Porfirio Muñoz Ledo, que se abocaron a concebirla. Para el efecto, establecieron varias mesas de trabajo algunas de las cuales debieron continuar una vez que se hiciera el cambio de gobierno.

Lamentablemente el nuevo gobierno no llevó a cabo los cambios propuestos a la estructura y organización del Estado, ni mantuvo los trabajos que aún faltaban para terminar su diseño. La transición terminó así convirtiéndose sólo en el ascenso de otro partido al poder.

Lamentablemente varios de las modificaciones que se fueron implementado entre los años 2000 y el 2018 para evitar la concentración y el manejo discrecional del poder han sido revertidos por los gobiernos de la 4T. Incluso han avanzado en una profunda contrarreforma como ha sido la desaseada elección de los integrantes de los poderes judiciales. Retornamos al siglo XX.

Por cuanto a los salarios las experiencias de Chile y Brasil muestran la importancia de haber iniciado la recuperación de los salarios mínimos después de la caída que experimentaron durante las dictaduras militares. (1964-1985 en Brasil y 1973-1990 en Chile).  

En Brasil con el gobierno de José Sarney 1985-1990 se estableció el compromiso de recomponer los salarios, pero fue en el gobierno de José Enrique Cardoso a partir de 1990 cuando se realizaron aumentos reales más sistemáticos. Conel gobierno de Lula se inició una política de ajuste más real al vincularlos al aumento del PIB y la inflación.

Patricio Awlyn, el presidente de la Concertación en Chile de 1990 a 1994, adoptó una política explícita de recuperación gradual del salario mínimo en diálogo con empresarios y sindicatos que se mantuvo en los siguientes gobiernos.

En México, Carlos Abascal, Secretario del trabajo de Vicente Fox, promovió en 2001 la creación de una Comisión Consultiva de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) para la modernización/recuperación gradual y sostenida del salario mínimo.

Como resultado de sus trabajos, a pesar de que la mayoría de sus integrantes estaban de acuerdo en la urgente necesidad de iniciar un proceso de aumento de los salarios mínimos, los representantes de la Secretaría de Haciende, del Banco de México y del ITAM, con argumentos falaces se opusieron.

México decidió incorporarse a los mercados mundiales ofreciendo mano de obra barata. Esa decisión se mantuvo hasta 2016 y significó la depreciación del valor del trabajo, fuente principal del ingreso familiar. Esto, además, en una etapa en donde la presencia de jóvenes en los mercados de trabajo ha sido particularmente alta por el llamado bono demográfico.

La lamentable decisión de 2001 explica por qué la transición a la democracia no significó mayor cambio para millones de mexicanos, por qué un 56% de la población ocupada está en condiciones de informalidad y por qué muchos jóvenes han sido capturados por la delincuencia organizada.

El viejo debate sobre la medición de la pobreza en México

Bienestar, Ciudadanía, Discriminación, Justicia, Tejido social, , ,

Clara Jusidman

28 agosto 2025

La Silla Rota

La medición de la pobreza sigue en el centro de la atención cuando debería ser más importante el conocimiento sobre las condiciones en que viven las poblaciones pobres en los diferentes contextos territoriales con el fin de aplicar políticas de gobierno diferenciadas, más pertinentes.

Desde hace varios días los resultados de la medición de la pobreza en México han ocupado la atención de los medios de comunicación. El INEGI tuvo el buen tino de no cambiar la metodología desarrollada por el desaparecido CONEVAL para calcular la llamada pobreza multidimensional que considera tanto los ingresos monetarios como las carencias que experimenta la población en la realización de ciertos derechos básicos como salud, educación y vivienda.

Sin embargo, sigue en pie un viejo debate sobre como medir la pobreza. Las políticas que se aplican continúan considerando que todas las personas pobres son iguales, son atendidas como individuos y no en contextos diferenciados de familias y comunidades.

Por ejemplo, ¿qué significa vivir en pobreza en las ciudades violentas del norte del país, respecto de la que la sufren en las ciudades del centro y del sur? ¿De qué se sostienen, cuáles son sus carencias más agudas, dónde adquieren los bienes y servicios que utilizan, cuáles son las amenazas y peligros que las acosan?

De acuerdo con la sentencia del CONEVAL de “Lo que no se mide no se mejora” tal vez lo que se mide no es lo más relevante para las personas y familias que viven en pobreza.

Parecería entonces que darles directamente dinero es una buena solución para que ellas decidan en que lo gastan, pero si ello conlleva dejar deteriorar el salario social disminuyendo el acceso y calidad de los servicios públicos de salud y de educación que recibían, en realidad lo que se les proporciona por un lado se les quita por el otro.

La entrega de dinero las lleva a acudir a proveedores privados de bienes y servicios. Proliferan las empresas que atienden el mercado de la población pobre como son las cadenas de farmacias, las Coppel, Azteca, Oxxo, las BBB. Aumenta el gasto de bolsillo en salud, el consumo de alimentos ultraprocesados  y disminuye la asistencia escolar por la inaccesibilidad de las escuelas privadas. El dinero público derramado en transferencias monetarias acaba en manos del pequeñísimo porcentaje de la población de más altos ingresos: los dueños de FEMSA, los Coppel, Salinas Pliego. La desigualdad en realidad aumenta.

Santiago Levy y su equipo que desarrollaron el Programa Progresa en 1997, el primero en México de transferencias monetarias, antes de ponerlo en práctica hicieron pruebas piloto y dialogaron ampliamente con expertos del Consejo Nacional de Población. Sus recomendaciones llevaron a operarlo en el contexto de las familias y no individualmente, a hacer las transferencias por la vía de las mujeres y a condicionar para otorgarlas a que los niñas y niños acudieran a la escuela y a las clínicas de salud.

Lamentablemente el gobierno anterior, con un voluntarismo irresponsable, puso en práctica varios de los programas sociales sin dialogar ni con las poblaciones a ser atendidas, ni con las personas que llevan años trabajando e investigando la pobreza en México.

La precariedad del tejido social urbano y las violencias.

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Clara Jusidman

14 agosto 2025

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos, ropa y enseres de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no investigan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y nunca se investiga.

Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes sólo caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de detener lo que estaba ocurriendo o de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que toleremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2024, las 120 mil personas desparecidas no encontradas?

Esta situación refleja una destrucción sostenida de los tejidos sociales: no nos reconocemos como personas dignas, no hay empatía, no confiamos, no acompañamos a las víctimas y hemos normalizado la violencia.

En 2024 25.5 millones de personas vivían en situación de pobreza en zonas urbanas, casi el doble de los 13 millones que vivían en zonas ruarles.

Pensemos en los millones de jóvenes que han crecido en condiciones de gran precariedad en las ciudades, viendo como sus padres se empobrecían ante la falta de empleos que les permitiera mantener a sus familias en condiciones dignas y además siendo testigos de las enormes desigualdades.

El desarrollo de tejido social urbano no ha sido una preocupación de la política urbana: en los años cincuenta se construyeron unidades habitacionales enormes que actualmente experimentan altos niveles de violencia. Muchas colonias surgieron de invasiones que tardaron tiempo en lograr el acceso a servicios urbanos. En este siglo los desarrollos de vivienda se hicieron alejados de los centros urbanos.

El proceso de urbanización se ha llevado a cabo en forma muy desordenada en el país. Existe una segmentación social urbana y una ausencia de espacios de encuentro y convivencia en muchos desarrollos y colonias de bajos ingresos.

La desigualdad, el empobrecimiento de poblaciones urbanas y la ausencia de tejido social urbano, seguramente han contribuido a las violencias que dominan nuestra convivencia.

La indiferencia y el miedo

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Clara Jusidman

14 agosto 2025

En las últimas semanas hemos conocido los niveles de maldad humana y deshumanización a los que hemos llegado y del gran sufrimiento de las víctimas.

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos humanos, ropa y y diversas prendas de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en manos de diez delincuentes en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no investigan, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y que nunca se investigan.

La sorpresa y la indignación se expresan en los medios. Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho que operaba desde 2012, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que ignoremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2026 y los 120 mil desparecidos que no han sido encontrados?

La desigualdad, una población en pobreza donde 7 de cada diez viven en ciudades y pueblos en condiciones de gran precariedad

Lamentablemente muchos ocurren al interior de las familias donde la violencia maltrata niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores. Recrea seres violentos que sufrieron maltratos, nunca fueron reconocidos y están muy enojados.

Deterioro de la capacidad social para la construcción de seres humanos.

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Clara Jusidman

31 de julio de 2025

La Silla Rota

Todos los días vivimos o nos enteramos de actos de violencia en nuestro país que muestran un grave nivel de deshumanización y una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y de la integridad de las personas.

Homicidios dolosos, descuartizamientos, torturas, desapariciones, venta y explotación de mujeres, niños y niñas, venta de órganos, esclavitud de adolescentes, desplazamientos, despojos, extorsión y violencia intrafamiliar y escolar son muestras de una crueldad extendida y creciente.

Sin bien es cierto que los gobiernos de la 4T han sido incapaces de brindar seguridad y justicia a la población e incluso, algunos están coludidos con los perpetradores de violencia, el ejercicio del poder en México ha implicado el derecho de matar, esclavizar o explotar a otros y otras a lo largo de varias décadas. Así ejercieron los gobiernos del PRI su poder, así se expresa el machismo mexicano, así se manifiesta el poder militar y el del crimen organizado.

En reportaje de El País se nos informa además que las causas penales contra adolescentes se disparan en México. Crecen más de 40% en dos años y se observa un aumento de la participación de mujeres en la comisión de delitos.

Entre las causas estructurales del aumento de las violencias que estamos viviendo y de la participación de jóvenes como víctimas-victimarios hay dos que quisiera destacar.

Una refiere al gran desperdicio que ha hecho nuestro país del llamado bono demográfico que se define como la etapa de la estructura de la población en que las personas activas (entre 15 y 64 años) superan a las dependientes (menores de 15 y mayores de 65).

Es una etapa en donde el crecimiento económico puede ser más rápido y el ingreso de las familias aumenta al contar con un mayor número de sus miembros que pueden ingresar a los mercados de trabajo. En México ese bono dio inicio en 1978 y terminará en 2030.

Lamentablemente ha sido un periodo en donde la inversión estatal en servicios sociales como educación y salud ha sido muy baja e incluso disminuye. Asimismo, la política de contención salarial emprendida particularmente desde 1982 ha impedido que las familias participen con mayor disponibilidad de tiempo en el cuidado de niños, niñas y adolescentes al tener que destinar más tiempo a la obtención de ingresos. Como resultado los aportes del Estado y de las familias en los cuidados de las personas se han reducido y su calidad ha disminuido.

A esto se agrega que llevamos al menos 25 años con altos niveles de homicidios y desapariciones. El número de niñas, niños y jóvenes que han sido violentados, privados de sus padres, maltratados, esclavizados, explotados o abandonados es un componente creciente de las víctimas que deben estar profundamente resentidas con una sociedad y un Estado que las ha abandonado, no las reconoce y las invisibiliza.

Es decir, desde hace varias décadas hemos venido empobreciendo la capacidad social para la construcción de seres humanos que valoren su propia vida y la de otros, desarrollen habilidades para relacionarse y dialogar con los demás, respeten reglas de convivencia y aprendan formas pacíficas de resolución de conflictos.

Empobrecer a la República para combatir la desigualdad

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Clara Jusidman

17 de julio de 2025

La Silla Rota

Al regresar de unas semanas de descanso recordaba una tesis que sosteníamos hace varios años para contribuir a reducir la persistente desigualdad en nuestro país.

Se trataba de elevar la calidad de los servicios de salud que atendían a población abierta o no asegurada, operados en ese entonces por la Secretaría de Salud y Asistencia, a los niveles que ofrecían los servicios de salud del IMSS.

En esos años, antes de la entrada de Arsenio Farell a dirigir el IMSS, había una relación virtuosa entre personal médico con excelente formación y los servicios de salud del Instituto, así como con los ofrecidos por los Institutos de Salud Pública del tercer nivel como Nutrición, Cardiología, Cancerología y Psiquiatría, entre otros. 

Médicos y médicas con posgrados en diversas partes del mundo trabajaban en esas instituciones a cambio de una baja remuneración, pero con su participación en la salud pública contribuían a elevar la calidad de los servicios a la población asegurada y a aquella en condiciones de pobreza, así como a formar a los nuevos doctores y avanzar en la investigación para el tratamiento de enfermedades de la pobreza.

El IMSS atendía sólo a la población trabajadora y a sus familiares y los Institutos y los Hospitales servían a la población de menores ingresos de toda la República que padecía enfermedades complejas y de carácter crónico degenerativo. La buena calidad de sus servicios hacía que incluso personas de altos ingresos buscaran acceder a ellos.

Parecería que las administraciones de la 4T han decidido reducir las brechas de desigualdad destruyendo lo que consideran “privilegios”  cancelando o reduciendo presupuestos, destruyendo instituciones y servicios públicos básicos y denostando a quienes trabajan en proyectos de cultura, artísticos, académicos, de investigación y en organizaciones de diverso tipo, así como sustituyendo a servidores públicos conocedores de sus materias por sus parientes, vecinos y amigos.

Se trata de un afán por empobrecer a la Republica llevando a la mediocridad el desempeño del país en todos esos campos.

Los efectos de la pésima política en materia de salud de la 4T han llevado por ejemplo, al deterioro de los servicios proporcionados por los Institutos de Salud Pública de Tercer Nivel:  postergan cirugías, consultas y estudios de diverso tipo, carecen de materiales, medicamentos y del mantenimiento y actualización de sus equipos.

Los llamados “privilegios” no desaparecen simplemente ahora son otorgados a personas que carecen de las cualidades y la formación para recibirlos y que, con su sometimiento incondicional al poder, buscarán permanecer en ellos.

La integración de la Suprema Corte de Justicia y de las Cámaras del Congreso, así como del INE y el Tribunal Electoral son ejemplos vivos de ese empobrecimiento.

Entre tanto las personas super-ricas del país continúan enriqueciéndose con los negocios y contratos con las administraciones de la 4T.