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Estoy tomando la palabra en esta ocasión para pronunciarme en contra del Dictamen de la Comisión de Carta de Derechos al Artículo 16. Este Artículo debería expresar el compromiso de los habitantes de la Ciudad de México y de sus autoridades con grupos de población que por su edad, sexo, condición social, jurídica o de discapacidad, su preferencia o identidad sexual, origen étnico o territorial somos discriminados al ser invisibilizados, excluidos y desconsiderados como personas con derechos.
No se trata de grupos “vulnerables”, sino de grupos vulnerabilizados por la forma en que se nos ve, por el maltrato de que somos objeto, por el aislamiento que experimentamos o por la desconfianza o la compasión que se nos tiene por ser viejos o jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, niños o niñas, indigentes, o al tener una piel más obscura o hablar diferente.
En el Proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno al desarrollar este artículo, el Grupo Redactor intentó hacerlo con una perspectiva de derechos humanos, que expusiera con claridad para los habitantes de la Ciudad los derechos que tenemos los integrantes de estos grupos y que nos resulta de particular importancia, que sean respetados y garantizados por los demás miembros de la sociedad y por las autoridades, por nuestra dignidad como personas.
Sin embargo, al revisar el resultado del dictamen me encuentro con un cambio de enfoque donde de titulares de derechos, pasamos a ser considerados sujetos de protección y solidaridad social. Esto seguramente como resultado de una metodología impuesta a la Comisión en razón de la cual nunca se revisó y discutió colectivamente el Proyecto del Jefe de Gobierno y que desde el principio, se manejó como un acuerdo paralelo de los Partidos Políticos.
Esta visión adultocéntrica como suele denominarse, nos convierte en personas dependientes, en personas disminuidas, o incluso en personas peligrosas que requerimos ser protegidas o contenidas por nuestros padres o nuestros hijos, por la sociedad adulta y blanca o en el mejor de los casos, por un sistema de asistencia social dado que no podemos valernos por nosotras mismas.
El primer párrafo del Artículo 16 fue cambiado para iniciar diciendo “La Ciudad de México reconoce las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los grupos de personas que, debido a la desigualdad estructural padecen discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y riesgo de afectación constante a sus derechos y libertades fundamentales. Se les protegerá y se les garantizará una atención prioritaria para el pleno ejercicio de sus derechos”
En el texto inicial del Proyecto del Jefe de Gobierno en este Artículo se reconoce que se les protegerá porque enfrentan, no padecen, discriminación, exclusión, maltrato, abuso etc. por lo que se les garantiza una atención prioritaria. Se señala con claridad además que “las autoridades y la sociedad son corresponsables para que estas personas puedan ejercer plenamente todos los derechos reconocidos por esta Constitución especialmente:
Todos estos derechos que son aplicables a todos los grupos de atención prioritaria, fueron eliminados en el Dictamen o tomados con el enfoque asistencialista dominante en el mismo.
En el seno de esta Asamblea se ha difundido una preocupación compartida por varios interesados en la agenda de niños, niñas y adolescentes. Se percataron de que a estos en el Dictamen no los reconoce como sujetos de derechos, por lo que ya han introducido varias reservas. Pero igual sucede con los jóvenes, con las personas mayores, con los migrantes y las personas sujetas de protección internacional, con las víctimas, con las personas en situación de calle. Los incisos donde se expresaban sus derechos en el proyecto original fueron eliminados y sólo se privilegió la actuación de “protección” que deberían tener las autoridades respecto de esos grupos. Además en varios de estos, que no en todos los incluidos en el Artículo 16, se inician los incisos correspondientes con la protección que la Constitución debe darles.
Un ejemplo que me parece dramático personalmente porque me atañe directamente, es el texto del apartado F del artículo 16 del Dictamen que señala: Las personas mayores serán protegidas por esta Constitución en razón del principio de la solidaridad social.
Yo no quiero ser protegida por un principio de solidaridad social. Yo como persona mayor quiero ser reconocida en mi calidad de titular de derechos de recibir un trato digno y con afecto, de poder decidir sobre mi vida y sobre mi patrimonio, sobre los tratamientos médicos que me van a aplicar o sobre mi muerte con dignidad ypoder demandar el desarrollo de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbanos que consideren mis crecientes dificultades de movilidad.
En fin quiero que mis derechos humanos sean reconocidos por todas y todos y por las autoridades, no quiero caridad, no quiero protección, no quiero asistencia social y cuando la requiera es porque ejerzo un derecho y no porque la recibo como dádiva.
Mi propuesta es que la Comisión de Carta de Derechos recupere el enfoque de derechos humanos en el Artículo 16 y que se rescaten los incisos del Proyecto donde se enlistan aquellos derechos que son de especial importancia para el grupo correspondiente.
Posicionamiento de la reserva presentada por la Diputada Clara Jusidman Rapoport, en la que se propuso modificación al artículo 15, Apartado B, del Dictamen de la Comisión de Carta de Derechos
Trabajadores no asalariados
Los trabajadores no asalariados representan el 25% de la población ocupada de la Ciudad de México, más de un millón de personas. Son empleadores que trabajan en su propio negocio, empresa, establecimiento o predio agrícola, otros trabajan por cuenta propia en empresas familiares o de manera unipersonal, se incluye también a las personas que trabajan sin pago en el negocio o predio familiar o no familiar.
Entre la población no asalariada hay profesionistas que trabajan por honorarios (médicos, abogados, masajistas, entrenadores, maestros de diversas materias, trabajadores independientes de las artes y de la cultura, deportistas profesionales, periodistas). Otros lo hacen por cuenta propia en empresas unipersonales o familiares (choferes de taxi o de microbus, artesanos, floristas, ferieros, comerciantes, aseadores de calzado, reparadores de vehículos o de artículos eléctricos, etc.). También se incluye a personas que ofrecen sus servicios a los hogares como jardineros, choferes, trabajadores domésticos, plomeros, electricistas, albañiles, entre otros.
Al no tener un patrón, carecen de las protecciones laborales y de seguridad social tanto ellos como sus familias. Cuando enferman, sufren una discapacidad o tienen un accidente deja de recibir ingresos e incurre en gastos de atención médica. Tampoco acceden a una pensión al retirarse y tienen por lo tanto, que mantenerse en activo hasta edades muy avanzadas. Es decir, es una población trabajadora que vive con gran inseguridad y poca estabilidad económica.
Como resultado, en la Ciudad de México uno de cada cuatro habitantes se encuentra en una desprotección social casi total excepto por los servicios de salud gratuitos y universales que ofrecen las instituciones de salud y por las pensiones para el adulto mayor. Los que pueden sufragarlos, utilizan seguros médicos y hospitalarios privados y en general, incurren en fuertes gastos de bolsillo frente a adversidades de salud.
Además, varios de los trabajadores no asalariados pagan sus impuestos por la vía del impuesto sobre la renta o por el IVA y contribuyen al ingreso del gobierno federal que será usado para financiar el presupuesto general. En esta lógica, una proporción de las contribuciones de estos trabajadores ayudan a cubrir las aportaciones del Gobierno Federal a las instituciones de seguridad social con lo cual están apoyando la protección social de los trabajadores asalariados, en tanto que ellos no reciben beneficio alguno.
Una situación que demanda de una respuesta normativa urgente es la que viven los trabajadores no asalariados que ejercen su actividad en el espacio público de la Ciudad de México. Se trata de una de las problemáticas más complejas que enfrenta la ciudad, al presentarse conflictos entre derechos.
La realización de actividades económicas en el espacio público es una realidad en la ciudad debido a la falta de oportunidades laborales y de trabajos dignos. Un número creciente de personas encuentran como única posibilidad de obtener ingresos, autoemplearse en el espacio público. No cuentan con el capital suficiente para instalarse en locales fijos o bien su posibilidad de proporcionar sus servicios o vender sus productos y obtener ingresos, depende de su ubicación cercana a los lugares a donde acude la población.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha recibido una gran cantidad de quejas debido a obstáculos e irregularidades que limitan el acceso a permisos para realizar sus actividades; la falta de la posibilidad de ejercerlas dignamente y de seguridad jurídica; el cobro excesivo de derechos por el uso del espacio público; la extorsión o el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades capitalinas en el marco de operativos en su contra; corrupción entre las autoridades y los líderes de asociaciones de comerciantes que afectan a las y los trabajadores no agremiados e incluso a las y los agremiados. Asimismo, se han presentado quejas por parte de personas vecinas que denuncian verse afectadas en sus derechos por la realización de estas actividades en el espacio público, en particular, por los residuos sólidos que se generan, tanto de origen orgánico e inorgánico, o por las condiciones insalubres en las que se desarrollan esas actividades, el congestionamiento vial, la obstaculización de los accesos a domicilios particulares, escuelas o áreas recreativas, entre otras.
Las personas que trabajan en el espacio público no cuentan con seguridad jurídica por lo que son sujetos de extorsión y clientelismo por parte de las autoridades y los líderes. Son vulnerables a violaciones de sus derechos humanos como el trabajo digno, la vida, la libertad e integridad personales, a la salud, al debido proceso y garantías judiciales, entre otros.
El trabajo en el espacio público es un tema presente en distintas partes del mundo. Hay países con mayores avances en su tratamiento y regulación que representan experiencias valiosas para analizar; asimismo, hay organizaciones que han impulsado procesos para lograr el reconocimiento y respecto de los derechos de los trabajadores informales. La revisión de algunas de estas experiencias permite rescatar aspectos de utilidad en la generación de propuestas para el caso de la Ciudad de México, por lo tanto, se presentan de manera sintética algunas de ellas.
La India desde hace algunos años ha ido estableciendo un conjunto de normas jurídicas, medidas y acciones dirigidas a proteger los derechos de distintos grupos de población trabajadora en el espacio público, en específico el comercio ambulante en la vía pública.[1]
En América Latina, Colombia es un referente de utilidad como experiencia de armonización entre el derecho al trabajo de los comerciantes en la vía pública con el derecho al uso del espacio público. En este país, la Constitución establece en su artículo 82 “[el] deber del Estado [de] velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.
En la ciudad de Nueva York, la venta en los espacios públicos está regulada por la autoridad local, quien expide las licencias para su ejercicio y los clasifica en cinco grandes categorías (vendedores de comida, vendedores de mercancía en general, vendedores “de la primera enmienda”, veteranos vendedores y vendedores sin licencia).
En Uruguay existe un método particular de recaudación de seguridad social llamado monotributo, aplicado como una categoría impositiva, para trabajadores autónomos con facturación limitada y pocas actividades comerciales en comunidades y entornos públicos. La Dirección General Impositiva transfiere luego una fracción de los impuestos recaudados por medio del régimen de monotributo al Instituto de Seguridad Social para financiar la cobertura de seguridad social (con excepción de las prestaciones de desempleo).
En el modelo económico adoptado por México después de la segunda Guerra Mundial se tenía como expectativa que la mayor parte de la población sería absorbida por empresas formales modernas como asalariados. En apoyo a ese proceso se crearon varias instituciones de protección social y jurídica para los trabajadores asalariados, de manera destacada el IMSS y años después el INFONAVIT. La evolución de la economía mexicana al menos en los últimos cincuenta años, es que esa expectativa no se cumplió y no se cumplirá en el futuro. La creación de empleos en el sector formal de la economía no avanza al ritmo de la nueva demanda por trabajo de la población que se incorpora a la búsqueda de ocupación y menos aún tiene la capacidad para absorber a los trabajadores asalariados que trabajan en condiciones informales, ni a la población que se ocupa en actividades informales.
En la Ciudad de México alrededor del 48 % de la población ocupada está fuera del sector formal de la economía y enfrenta gran inseguridad jurídica.
La Ciudad de México podría adelantarse en el desarrollo de un marco normativo que contemple la seguridad jurídica de los trabajadores no asalariados en el desempeño de su trabajo con dignidad, eleve la calidad de los servicios y productos que ofrecen, les de seguridad y certidumbre al eliminar las vías de extorsión y explotación de que son objeto, regule y ordene sus actividades cuando éstas se llevan a cabo en el espacio público y las armonice con los vecinos de los lugares donde trabajan y también, logre establecer mecanismos claros, transparentes y no discrecionales para que contribuyan al erario público.
Por lo expuesto es de suma importancia que quede explícitamente definido en la Constitución de la Ciudad de México los derechos que tienen los trabajadores no asalariados y se propone se recuperen parte de la redacción del proyecto de Constitución.
[1] Para más información véase, por ejemplo, OIT, La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas apoyando la transición hacia la formalidad, op. cit.
Esta reserva que introduje viene acompañada por 40 compañeros y compañeras diputadas y diputados y hace referencia, más que nada, a tratar de aclarar la forma en que el dictamen dejó el concepto del derecho al cuidado, porque, como quedó registrado puede prestarse a una interpretación equívoca.
El derecho a cuidar, ser cuidado y a cuidarse tiene su correlato en la obligación de cuidar y se relaciona con la posibilidad de construir seres humanos cuyo desarrollo físico y psico-emocional, les otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de todo su ciclo de vida.
Por naturaleza, mujeres y hombres somos seres sociales interdependientes. En distintas etapas de la vida, todos y todas necesitamos atención, cuidados, reconocimiento y apoyo, ya sea en una dimensión social, afectiva, física, emocional, laboral o económica.
El derecho al cuidado es universal y requiere medidas sólidas para lograr su efectiva materialización. Prestar y recibir atención y cuidados son acciones fundamentales para el bienestar individual y colectivo. Por lo tanto, cuando se habla sobre la provisión de cuidados se hace referencia tanto a acciones de cuidar como ala preocupación de su organización y su gestión.
La provisión de servicios de cuidado a terceras personas, ha sido un trabajo asignado mayoritariamente a las mujeres. Por ende, se debe tener presente el papel prioritario y desigual que actualmente desempeñan éstas y como afecta a sus vidas.
Es necesario promover su prestación compartida, corresponsable entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares, así como entre hombres y mujeres y entre generaciones.
El derecho al cuidado se realiza mediante el conjunto de servicios incluidos en los sistemas de protección social, de políticas públicas y de prestaciones que maximicen la autonomía y garanticen los derechos, la dignidad y el bienestar y el disfrute de tiempo libre de las familias y las personas, especialmente de las mujeres, cuyo trabajo no remunerado debe ser reconocido.
En nuestro país, por políticas salariales restrictivas muchas familias han tenido que destinar mayor tiempo de sus integrantes jóvenes y adultos, incluso a niñas y niños, a actividades para la obtención de ingresos para sostener su vida material. Con ello se ha reducido el tiempo que pueden destinar al cuidado, tanto personal como de terceros. Esta situación, sostenida por casi cuatro décadas, ha tenido un efecto negativo en la calidad de seres humanos que, como sociedad, hemos venido construyendo.
Los servicios y las políticas de cuidado se refieren a todas y todos y así debe quedar claramente establecido en la Constitución que estamos desarrollando.
Debe atender de manera prioritaria, a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente, la infancia y la vejez, así como a las personas que de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado, pero no exclusivamente a estos grupos de personas.
Una de las innovaciones de esta Constitución será consagrar el cuidado como un derecho, pero en la forma como quedó expresado en el dictamen, podría confundirse con un sistema de asistencia social, por ello lo que estamos planteando es que quede claramente en el párrafo que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.
Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas.
El sistema atenderá de manera prioritaria, pero no únicamente a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, etcétera, y a quienes de manera no remunerada están a cargo de su cuidado.
Es decir, el riesgo que tenemos como quedó redactado es que realmente estemos postulando un derecho a la asistencia social y lo que hay que plantear es que el derecho al cuidado es un derecho de todas y todos en todo el ciclo de nuestra vida.
VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLARA JUSIDMAN RAPOPORT EN CONTRA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48 Y 57, ASÍ COMO LOS TRANSITORIOS CUARTO, QUINTO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO DE LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL C. JEFE DE GOBIERNO, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CARTA DE DERECHOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Con fundamento en los artículos 33 y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, manifiesto mi posición contraria al dictamen de la Comisión de Carta de Derechos de la Ciudad de México.
CONSIDERACIONES
En lo relativo al artículo 19 “Ciudad segura” del dictamen, la resolución de la Comisión no incorpora en forma alguna las reflexiones vertidas en esta instancia ni las iniciativas de constituyentes ni las propuestas ciudadanas presentadas en el tema. Resulta inexplicable la desaparición de dos apartados contenidos en el proyecto original de Constitución Política de la Ciudad de México, relativos al derecho a la convivencia pacífica y solidaria y a la protección ante acciones violentas de autoridades o grupos.
El proyecto de dictamen coloca en estado de desprotección a las personas que habitan la ciudad alomitir las obligaciones de las autoridades en la construcción de entornos seguros y pacíficos, tales como la adopción del enfoque de seguridad ciudadana en el diseño, equipamiento y desarrollo urbano; así como la implementación de soluciones participativas, integrales y multidimensionales a los problemas de seguridad.
Asimismo, de manera inexplicable, se eliminó de dicho artículo la obligación de las autoridades competentes enel desarrollo de políticas para la protección de las personas frente a conductas de terceros que pongan en riesgo su vida, integridad o patrimonio; el diseño de estrategias para impulsar una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos, así como la atención y prevención de estos fenómenos; el establecimiento de instancias de mediación de conflictos y promoción de la cultura cívica; y la protección de las personas y familias ante los desalojos sin previa orden judicial.
El reconocimiento de derechos sin prever las medidas que habrán de adoptar los poderes públicos para su garantía puede derivar inmediatamente en la violación a los mismos, pues el cumplimiento de estos derechos requiere la transformación de la actuación gubernamental en la materia. De tal suerte que, de no especificarse, la autoridad continuará desempeñando sus actividades de manera incoherente respecto de la Carta de Derechos.
El articulado propuesto en el dictamen desnaturaliza el objetivo del proyecto original y se aleja de la visión del derecho a la ciudad, que concibe a la convivencia pacífica como un elemento indispensable para alcanzar una ciudad segura; por lo cual, de aprobarse en sus términos, esta Asamblea Constituyente incumpliría con la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que es un comprimiso adquirido de la entidad.
El dictamen desconoce el enfoque de seguridad humana y las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de desarrollo humano que, frente al fracaso evidente de las políticas tradicionales de seguridad pública,prevén la ineludible construcción de una convivencia pacífica y la cultura de paz, como un medio y no sólo como un fin, para arribar a comunidades seguras.
Diversos organismos internacionales han promovido estudios sobre el aumento y comportamiento de las violencias y la delincuencia en el mundo y han concluido que existe una mayor propensión a la presencia de estos fenómenos en las ciudades. Las investigaciones sobre la seguridad urbana, entendida por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos como «las intervenciones que tienen por objeto garantizar la libertad y evitar agresiones entre las personas, contra los bienes públicos y privados, así como en contra del uso de la ciudad, su equipamiento y los espacios públicos por los residentes o visitantes de la ciudad” (ONU-Habitat, 2007)., mencionan que algunas de las principales amenazas a la seguridad son la criminalidad y la violencia, la inseguridad en la tenencia de la vivienda y los desalojos forzosos, así como los desastres naturales y antropogénicos.
El Banco Mundial destaca que en las ciudades el papel que juega la construcción del contexto ambiental en el sentimiento de inseguridad y la violencia urbanas y señala cuatro aspectos principales: “a) una infraestructura inadecuada, que a menudo significa la ausencia de un lugar seguro para realizar reuniones comunitarias o encuentros en lugares públicos; b) los callejones angostos o la falta de alumbrado público, los cuales crean oportunidades para los asaltos violentos; c) las limitaciones en infraestructura y servicios, que se suman a las frustraciones diarias que pueden exacerbar la sensación de exclusión (la inadecuada infraestructura torna vulnerables a los residentes que tratan de cubrir sus necesidades básicas), y d) el rápido crecimiento de las ciudades, el cual lleva aparejada la formación caótica de barrios de población con bajos ingresos en los cuales el hacinamiento y la competencia por recursos se combinan con la débil presencia de seguridad estatal para prevenir la violencia y la criminalidad.”[1]
El apartado relativo al derecho a la convivencia pacífica y solidaria contenido en el proyecto de Constitución propone un giro en la concepción de seguridad, al privilegiar al dialogo y la negociación para resolver conflictos como el delito callejero, la violencia y el crimen ejercidos en contra y por jóvenes, la violencia de género, la corrupción, la violencia ilegal por parte de actores estatales y la delincuencia organizada a través de medios no violentos. El sentido de este voto particular es recuperar la propuesta contenida en el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.
La experiencia de otras sociedades que han superado graves situaciones de violencia ha demostrado la efectividad de la participación de la comunidad en el diseño, seguimiento y evaluación enlas políticas de seguridad, sobre todo en materia de prevención. El establecimiento de instrumentos de justicia restaurativa, como la mediación comunitaria son vitales para fortalecer el tejido social y el restablecimiento de las relaciones entre las personas y comunidades.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha recomendado la adopción de diversas medidas en la materia desde una perspectiva de seguridad ciudadana participativa, entre otras: atender de manera integral los múltiples factores socioeconómicos asociados al delito y a la violencia; fortalecer el tejido social, como espacio de protección y movilidad social;dar respuestas integrales, pero diferenciadas, a las amenazas a la seguridad;dar una atención prioritaria a la juventud, dejando atrás las políticas que le otorgan prioridad a la mano dura;visibilizar y reducir la violencia de género; atender, proteger y reparar a las víctimas de la inseguridad, ya sean personas o colectividades; combinar el trabajo en los diferentes niveles territoriales, atendiendo las tres dimensiones vinculadas al desarrollo humano: la individual, la social y la institucional; fortalecer las capacidades del Estado, colocando al centro la protección de la integridad física y material de las personas, así como el respeto a los derechos humanos; asegurar una adecuada coordinación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil; y garantizar la seguridad de los periodistas y coadyuvar a la construcción de seguridad desde los medios de comunicación.
A fin de establecer las líneas que habrán de orientar la legislación secundaria y la adopción de políticas para la construcción de una ciudad segura, se transcriben algunas recomendaciones en la materia:
En el mismo sentido, la presente propuesta obliga alas autoridades de la Ciudad de México a desarrollar mecanismos en las cuatro fases de la atención de amenazas a la seguridad urbana: protección, prevención, mitigación, atención de riesgos ambientales, urbanos y sociales apropiados a cada contexto, en el ámbito de sus competencias; y en su caso, a que adopten medidas de reparación de daño.Una visión integral de este artículo debería reflejarse en diversas acciones de las autoridades en materia de seguridad urbana, tales como:
En materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias y la delincuencia, las autoridades deben:
Por todo lo anterior, someto a la consideración de este pleno retomar la propuesta contenida para los apartados B, C y D del artículo 18 del Proyecto de Constituión Política de la Ciudad de México, para ser incorporada en el artículo relativo a Ciudad segura en los siguientes términos:
| Dice | Debe decir |
Artículo 19
|
Artículo 19
|
| B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de las violencias y del delitoToda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para impulsar una cultura restaurativa y de no violencia, así como para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. | B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de las violencias y la delincuencia1. Toda persona tiene derecho a vivir libre de amenazas generadas por las violencias y delitos.2. Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para brindar protección a las personas frente a los riesgos generados por la violencia y la delincuencia a través de mecanismos efectivos de vigilancia policial, inversión en infraestructura de seguridad ciudadana y de procuración e impartición de justicia.3. Corresponde a las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias:a) Incorporar el enfoque de seguridad ciudadana en el diseño, equipamiento y desarrollo urbano;b) Emitir políticas de seguridad ciudadana privilegiando el diseño e implementación de planes y programas de protección, prevención y sanción;c) Reforzar las capacidades, articulación y coordinación de los mecanismos locales y metropolitanos de seguridad ciudadana; yd) Promover el diálogo entre autoridades y ciudadanía para buscar soluciones participativas, integrales y multidimensionales a los problemas de seguridad.
C. Derecho a la convivencia pacífica y solidaria 1. Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria. 2. Las autoridades de la ciudad: a) Desarrollarán políticas para la protección de las personas frente a conductas de terceros que pongan en riesgo su vida, integridad o patrimonio; b) Diseñarán estrategias para impulsar una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos, así como la atención y prevención de estos fenómenos; y c) Establecerán instancias de mediación de conflictos y promoción de la cultura cívica. D. Derecho a la protección ante acciones violentas de autoridades o grupos 1. Ninguna persona o familia será desalojada sin previa orden judicial. 2. En los casos de desalojos sustentados legalmente, las autoridades de la ciudad garantizarán la protección y la seguridad de las personas y de su patrimonio. |
PROYECTO DE DECRETO:
PRIMERO. Se modifica los apartados B, C y D del artículo 19, Ciudad segura, del Dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Carta de Derechos, para quedar como sigue:
Ciudad segura
[1]Cepal. El crecimiento urbano y las violencias en México.Serie Estudios y Perspectivas – México – N° 168
[2]Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, Centro Regional de Servicios para América Latina y el Caribe Dirección Regional para América Latina y el Caribe- PNUD, 2013, p. 213.
Ver video: https://youtu.be/dFDUyNHD8WE
La integración de la Asamblea Constituyente de la CDMX.
Clara Jusidman.
El 15 de septiembre pasado tomaron protesta los diputados y diputadas de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Con una integración cuestionada de origen y definida en la Reforma Política del Distrito Federal aprobada en febrero pasado, la Asamblea quedó integrada por 100 personas: 60 elegidas por listas de partidos en junio pasado con una votación de sólo el 28% de la lista nominal de electores de la Ciudad y 40 designados por poderes ya constituido: 28 por las Cámaras del Congreso, 6 por el Presidente de la República y otros 6 por el Jefe de Gobierno de la Ciudad.
La integración final de la Asamblea Constituyente nada tiene que ver con la distribución de las preferencias electorales de los habitantes de la Ciudad de México. Veamos qué ha pasado.
Sin incluir la filiación partidista de los designados por el Jefe de Gobierno y por el Presidente y al distribuir por partidos a los designados por las Cámaras de Senadores y de Diputados, Morena contará con 22 diputados, el PRD con 23, el PAN con 15 y el PRI y sus partidos satélite con 24, dos más pertenecen al Movimiento Ciudadano. Hay un sólo diputado independiente.
Al agregar los designados por Mancera y Peña Nieto a pesar de las triquiñuelas introducidas en la Reforma Constitucional en la conformación de la Asamblea, es muy probable que la izquierda cuente con 54 representantes, el PRI y sus aliados con 30 y el PAN con 15.
Las protestas expresadas por Morena respecto de la integración final de la Asamblea se sustentan en la enorme desconfianza que se tiene respecto de los manejos parlamentarios del PRI. Tres hechos relacionados con la Asamblea lo prueban: en primer lugar 20 diputaciones de las 30 que tienen del PRI y sus aliados se obtuvieron por la vía de las designaciones del Congreso y del Presidente. Un segundo hecho se relaciona con la distribución de asientos en la antigua sede del Senado donde el PRI y sus aliados ocupan los asientos colocados en medio de sala, exactamente enfrente del presídium, en tanto que los diputados y las diputadas de Morena fueron enviados casi a la galería. El tercer hecho fue la enorme habilidad del PRI para conseguir un representante entre los designados por el Presidente, para que fungiera como presidente de la Junta Instaladora de la Asamblea, posición que recayó en la persona de Augusto Gómez Villanueva.
En este momento 12 de los integrantes de la Asamblea están discutiendo el reglamento que regirá sus trabajos, seguramente encontraremos más sorpresas donde el PRI, un partido claramente minoritario en la Ciudad de México, buscará imponer su control. Sería una pena que lo lograra en un proceso tan valorado por la ciudadanía activa y organizada de la Ciudad y tan importante para sus habitantes.
No obstante que ya existe un Proyecto de Constitución para la Ciudad que fue entregado por el Dr. Mancera al instalarse la Asamblea, los poderes de hecho, frecuentemente acogidos por los partidos políticos, buscarán conservar sus privilegios y avanzar en el usufructo de la plusvalía y de los ingresos que se generan en la Ciudad. Tendremos que estar muy alertas.
El matrimonio igualitario dentro de la reconfiguración de los arreglos familiares.
Clara Jusidman Rapoport
21 de septiembre 2016
Foro en el Senado de la República
Las familias son construcciones sociales que responden a los cambios económicos, sociales, culturales y políticos que ocurren con la evolución de las sociedades. Su configuración, su estructura y los roles que se asignan a sus miembros van variando de acuerdo a las necesidades que deben cubrir para estos integrantes. Es así que, por ejemplo, las familias en las sociedades feudales debían asumir una serie de funciones para la sobrevivencia de sus miembros muy distinta a las que ahora cumplen las familias en sociedades modernas, secularizadas, urbanas y más educadas en las cuales los Estados y el mercado juegan un papel importante en la cobertura de las necesidades de los seres humanos. En la actualidad por ejemplo, en nuestro país un número creciente de los miembros de las familias y de sus tiempos de trabajo deben dedicarse a la obtención de ingresos para la sobrevivencia de los grupos, reduciendo los tiempos destinados al cuidado y a la reproducción de los seres humanos.
Las personas se reúnen en familias con propósitos muy diversos. Si bien es cierto que varias lo hacen con fines de procreación y subsistencia otras privilegian la convivencia, el afecto, la protección, el cuidado o la seguridad económica actual y futura. No pocas forman familias para evitar la soledad y lo hacen particularmente en la vejez y en la juventud.
Las familias contribuyen en la construcción de los seres humanos ofreciendo medios de subsistencia, afecto, transmitiendo valores y dotando de habilidades para la vida, pero aun estas funciones tan fundamentales pueden ser compartidas por otras estructuras sociales como son las organizaciones comunitarias, las escuelas, el Estado o las empresas del mercado.
El surgimiento del Estado y del mercado redistribuyó funciones en el desarrollo de los seres humanos que anteriormente eran sólo competencia de las familias y las comunidades: la provisión de alimentos, de educación, de salud, de transporte, entre otras. Las llamadas organizaciones de la sociedad civil ofrecen ahora talleres y cursos sobre valores y habilidades para la vida.
La evolución de las sociedades desde el siglo XIX donde se inicia el reconocimiento de los derechos humanos de las personas hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y a la secuela de instrumentos internacionales que derivan de la misma, introducen un cambio fundamental en las relaciones que se dan al interior de las familias entre sexos y generaciones.
Las relaciones familiares experimentan modificaciones importantes frente al reconocimiento de las mujeres como personas con igualdad de derechos y obligaciones que los varones, el reconocimiento de los niños y las niñas como personas de pleno derecho y la postulación del interés superior de la infancia, así como la aceptación de la existencia de diversidad sexual entre los seres humanos. Las relaciones de subordinación de las mujeres y los miembros jóvenes de las familias con respecto a la autoridad de los hombres sufre un vuelco al reconocerse los derechos humanos de todos y todas y la cultura machista que tanto dolor y violencia causa resultó profundamente cuestionada.
A ello se agregan varios derechos reconocidos para todo ser humano: a la igualdad, a la no discriminación, a la autodeterminación, a la libertad de creencia, a la autonomía personal, a la dignidad, a una vida libre de violencia, entre otros.
Desde mi perspectiva, la compartición de funciones que antes eran exclusivas de las familias con el Estado y el mercado, el reconocimiento de que todas las personas tenemos derechos humanos y los avances en las ciencias de la reproducción humana determinan cambios sustanciales en la configuración de las familias de principios del siglo XXl.
Al nivel del Estado obligan a la actualización de los marcos jurídicos y de las políticas y programas públicos dirigidos a las personas y las familias. Al nivel de la vida social generan modificaciones que paulatinamente van siendo aceptadas y que rompen con concepciones rígidas que ya no se adaptan a la realidad.
Así la negativa a reconocer configuraciones familiares que no se ajustan a la concepción de la llamada familia “natural” o nuclear formada por hombre y mujer unidos por matrimonio civil y religioso y sus hijos, cuyo propósito es la procreación, está siendo controvertida por las constantes transformaciones sociales que ocurren en la realidad y que van modificando los arreglos familiares que realizan las personas para la convivencia cotidiana.
Desde la creciente presencia de familias monoparentales, familias recompuestas formadas por personas que tuvieron matrimonios o arreglos de convivencia previos, las familias extensas, las familias de parejas homosexuales, las formadas por parientes o incluso por no parientes sólo con fines de convivencia, protección, crianza y cuidado determinan que la proporción de familias nucleares de parejas heterosexuales se vaya reduciendo en el extenso y diverso mundo de los arreglos familiares.
Es en razón de esta realidad que se transforma permanentemente y honrando los derechos humanos de la personas de la diversidad sexual se hace indispensable en el marco jurídico que rige nuestras relaciones sociales, económicas y políticas que el matrimonio igualitario entre parejas de igual sexo sea reconocido de manera que estas parejas puedan disfrutar de iguales derechos que las de personas heterosexuales, incluyendo la herencia, la seguridad social, la propiedad compartida de bienes e incluso la adopción.
Cossío Díaz y Orozco y Villa señalan que si bien debe establecerse que en nuestro país ”existen otras figuras- como el concubinato y la sociedad de convivencia, que pueden dar protección jurídica a las parejas homosexuales-, nos parece que sería un error no reconocer el peso que aún tiene el matrimonio como institución y mecanismo de legitimación de las relaciones sociales”
El matrimonio continúa teniendo un valor simbólico importante en el compromiso de convivencia que realizan las parejas, aunque también se observa en el país que la tasa de matrimonios de parejas heterosexuales se va reduciendo en el tiempo y la edad para contraerlo se va retrasando.
Diversos estudios realizados muestran que son las mujeres, las personas con ideología progresista, las que habitan en zonas urbanas, las personas jóvenes, las personas con mayor número de años de educación y aquellas con mayores niveles de ingreso las que muestran mayor aceptación de los matrimonios igualitarios.
La mayor resistencia y oposición se presenta entre los hombres, las personas mayores que fueron socializadas en otras épocas, los habitantes en territorios rurales, las personas con menores grados de educación y con niveles económicos más bajos y aquellas para los cuales la religión es muy importante y acuden a reuniones de grupos religiosos.
México junto con Canadá, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia son los países de América donde existe mayor aceptación de la población al matrimonio entre personas del mismo sexo.
El reconocimiento de la diversidad sexual y de los derechos de la población LGTBITTT, así como del matrimonio igualitario son parte de la evolución en las relaciones sociales en una sociedad moderna, secular, con mayor educación e información y crecientemente urbana.
Referencias:
Cossío, J y L. Orozco (2016), “Reconfigurando las familias desde el derecho y el matrimonio igualitario”, Coyuntura demográfica, Núm. 10, pp- 15-23.
Lodola, G y M. Corral (2010), “Apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo en América Latina”, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas, Núm. 44, disponible en http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0844.esrevised.pdf
Maldonado, A (2015), “Matrimonio entre personas del mismo sexo resuena fuertemente entre los jóvenes en las Américas”, Barómetro de la Américas: Actualidad, LAPOP, disponible en http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB021es.pdf
Los derechos humanos en México en 2016. Una apreciación general[1]
Clara Jusidman
Por México Hoy
El avance en materia legislativa que logramos en 2011 al incorporar los derechos humanos como eje rector de la Constitución Federal, se puede considerar como un punto culminante de un proceso de aceptación del enfoque de derechos humanos en la política pública de nuestro país y de apertura de México al escrutinio de los organismos internacionales en la materia.
Este proceso se inició a finales de la década de los años noventa del siglo pasado. Caminó en paralelo con la llamada “ciudadanización” del Instituto Federal Electoral concretada con la reforma política de 1996/97.
De 1997 a 2003 podríamos afirmar que el país avanzo en materia de democracia electoral y de derechos humanos. En 2003 realizamos un importante diagnóstico sobre los obstáculos que impedían la realización de estos últimos en México que contenía 31 recomendaciones y se inició la elaboración participación ciudadana el primer Programa Nacional de Derechos Humanos. Se empezó también a recibir relatores especializados de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se instaló una Oficina en México de esa Alta Comisionada.
Sin embargo desde 2003 los partidos políticos empezaron a repartirse las instituciones, las posiciones y los recursos de los tres poderes del Estado Nacional, así como de los gobiernos de los Estados, incluyendo a los consejos y directivos de los órganos autónomos. Desde ese año lo que hemos llamado “partidocracia”, sustituyó al autoritarismo del Partido de Estado. La pluralidad de partidos en México ha conspirado contra los avances democráticos y bloqueado la participación ciudadana en los procesos políticos. Tenemos cúpulas partidarias crecientemente corruptas y alejadas de la población que negocian entre ellas cuotas de poder.
En 2016 enfrentamos un discurso retórico que abusa del concepto de derechos humanos incompatible con la profunda crisis humanitaria en la que el país es sumido.
En la actualidad todos estamos agobiados por las violaciones generalizadas a los derechos civiles cometidas por diversos agentes: el crimen organizado, las empresas transnacionales, los diversos poderes de hecho, las policías, el ejército, los políticos en el poder; esas violaciones afectan a todo tipo de personas jóvenes, mujeres, niños y niñas, adolescentes, migrantes; ocurren en todo el territorio nacional y se expresan en muy diversas modalidades de violación: homicidios dolosos, desapariciones forzadas, despojos, secuestros, extorsiones, desplazamientos, violaciones y trata de mujeres, niñas y niños, sometimiento y esclavitud, tortura y malos tratos. Estos son los términos y las realidades que se han incorporado a la vida y al léxico de los mexicanos en la última década. Nuestro derecho al Estado, nuestro derecho a una buena administración, se encuentra conculcado profundamente. Reflejan una ausencia grave de Estado.
Los derechos políticos son conculcados mediante el manejo clientelar de las elecciones, la compra de votos, el abuso de los recursos públicos, los reiterados fraudes y el control de las instituciones electorales. Las campañas y procesos electorales han corrompido la vida pública y aumentan la conflictividad social.
En materia de derechos económicos, sociales y culturales los programas de transferencias monetarias condicionadas que pronto celebrarán 20 años de estar operando con su programa emblemático Progresa/ Opotunidades/Prospera, lo más que han logrado es mantener los niveles de pobreza iguales a los que prevalecían en 1992. Se montaron en un aparato de educación y salud que fue desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial que se ha venido deteriorando en su calidad y pertinencia y que en nada contribuye a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Las brechas de desigualdad permanecen iguales.
El trabajo y el salario en lugar de fortalecerse como mecanismos redistributivos del ingreso para permitir a las familias acceder a mejores niveles de bienestar así como a una reproducción saludable, digna y positiva de la fuerza de trabajo, se han convertido en mecanismos de control y empobrecimiento de los sectores asalariados y han propiciado la fuga de muchos jóvenes a la migración y hacia actividades informales, ilegales e incluso criminales.
Ni que decir del desastre que priva en el campo mexicano a partir de las reformas al 27 constitucional y la firma del TLC: la destrucción del ejido y la propiedad comunal, el neolatifundismo, la competencia en el uso del suelo y de los recursos hídricos, la irracional expansión horizontal de las ciudades y la aparición de nuevos agentes económicos extraños en la vida de las comunidades rurales, la entrega del subsuelo a las empresas mineras que sumados a las consecuencias del cambio climático han acelerado las migraciones del campo, el abandono del campo, el desalojo de comunidades enteras, la ruptura de identidades y tejidos social y el aumento de la dependencia alimentaria del país.
El discurso político oficial en materia de derechos humanos no se compadece con lo que realmente está ocurriendo en el territorio nacional en materia de violación sistemática y generalizada de la dignidad, la integridad, el patrimonio y la vida de las personas. Sólo las miradas y críticas externas han obligando a nuestros precarios, fallidos y omisos gobiernos a mirarse al espejo y darse cuenta que mientras ellos viven en las nubes el país se está deshaciendo.
La triste realidad es que la tan esperada transición a la democracia se convirtió en una transición al desastre, a la dispersión del poder entre múltiples agentes económicos y políticos que no encuentran límites ni contrapeso a sus desmedidas ambiciones y que pueden cometer todo tipo de arbitrariedades sin consecuencia alguna.
Porque la transición fue trunca, se limitó a la materia electoral y por ello fue rápidamente revertida. Ni el perjudicial modelo económico neoliberal fue cambiado, frustrando con ello el cierre de brechas de desigualdad y el tránsito hacia una democracia económica; ni la concentración del poder mediático fue alterada persistiendo el duopolio informativo y una renovada violación a la libertad de expresión; ni el aparato de justicia se movió un ápice de sus espacios de privilegio y confort, consintiendo la corrupción y la impunidad que permea toda la vida pública del país.
Varias preguntas surgen:
¿Por qué ante tal desastre permanecemos impasibles?
¿Por qué no estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestros propósitos para construir consensos que nos permitan avanzar?
¿Por qué no encontramos agendas que nos unifiquen y modalidades que nos permitan cambiar este estado de cosas, sin esperar que sean los grupos en el poder político y económico los que cambien?
Cambiar el modelo económico dominante, recuperar al Estado, democratizar los medios de comunicación y recuperar la libertad de expresión, alcanzar una profunda reforma de la justicia, enfrentar el deterioro ambiental y el cambio climático y conseguir una sociedad que conviva en paz, son sólo algunos de los posibles temas de confluencia.
Necesitamos construir fortalezas ciudadanas, encontrar formas de organizarnos para frenar y sancionar la corrupción y la impunidad, empoderarnos económicamente y enfrentar los abusos que se sustentan en la subordinación y pobreza de millones de mexicanos; echar mano de las acciones y amparos colectivos, protestar frente a cada agravio que proviene de decisiones de los tres poderes del Estado, de los partidos políticos y de los poderes de hecho, aprovechar en fin, nuestro poder como trabajadores, consumidores, educadores, mujeres organizadas, padres y madres de familia, estudiantes, víctimas, activistas cívicos y defensores de derechos humanos.
[1] Intervención en el Espacio de Diálogo para a Articulación de Agendas 12/05/2016
Seminario Internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad
Panel 1 En la nueva etapa de urbanización mundial, ¿por qué es necesario reivindicar el derecho a la ciudad?
Obstáculos para reivindicar el derecho a la ciudad en México
Abril 20, 2015
Las ciudades mexicanas han experimentado una gran transformación en los últimos 20 años. Esa transformación ha ido en sentido contrario a la realización del derecho a la ciudad de sus habitantes. Las ciudades mexicanas se han convertido en lugares poco propicios para una vida digna con bienestar y seguridad para las personas, dificultan la convivencia y la creación de solidaridad y comunidad. Son aglomeraciones humanas desordenadas, saturadas, conflictivas, contaminadas ambientalmente y con altos niveles de segregación socioeconómica.
Cuando uno recorre el territorio mexicano y particularmente las zonas donde se asientan las grandes ciudades, uno se cuestiona si realmente en algún momento en el futuro en México será posible alcanzar el derecho a la ciudad considerada ésta como un espacio de vida digna para quienes la habitan. Las heridas profundas que se han infringido a las ciudades y al paisaje urbano en los últimos veinte años que derivan de fuertes inversiones en desarrollos inmobiliarios de vivienda y comerciales, así como de vialidades para el transporte en automóvil privado; la destrucción imparable del patrimonio arquitectónico y de colonias emblemáticas en varias de esas ciudades, así como la destrucción del medio ambiente físico; el abuso de los recursos hídricos y los niveles alcanzados de contaminación del aire, de ruido y del espacio por medio de anuncios espectaculares, la privatización del espacio público, representan grandes obstáculos para recuperar ciudades para el bienestar y la convivencia humana.
Al poner en el horizonte la realización del derecho a la ciudad como un gran objetivo, considero que es indispensable reconocer esos obstáculos con el propósito de distinguir aquellos que son irremontables porque constituyen heridas profundas en el entorno urbano, de aquellos otros sobre los que hay que actuar de inmediato para evitar la profundización del daño aunque se obtengan resultados hasta el mediano y largo plazos. Por ello en esta exposición quisiera referirme al origen y a la naturaleza de algunos de estos obstáculos que al ser reconocidos por el Estado y los causantes de su existencia conduciría a un compromiso y a una política de Estado para frenar su crecimiento y de ser posible, revertirlos.
Varios factores han detonado lo que podríamos considerar una crisis urbana en México. Entre ellos destacan los siguientes:
1.El desorden y la ilegalidad en las formas de poblamiento precario de las periferias urbanas a través de la adquisición ilegal de predios en terrenos agrícola circundantes o de invasiones propiciadas por liderazgos políticos.
Este conjunto de factores han contribuido a que el crecimiento urbano y el desarrollo de las ciudades en los últimos 20 años tenga entre otras tres características que me permitiría destacar:
A) La invasión u ocupación de tierras de mala calidad o en zonas de riesgo en las periferias urbanas por pobladores pobres expulsados de actividades económicas del campo como fue el caso de Mérida con el desalojo de trabajadores al caer la industria henequenera, el desplazamiento creciente de poblaciones por el crimen organizado o por las empresas mineras como ocurre en Guerrero, Sinaloa o Chihuahua o en sentido inverso, la atracción de trabajadores por el desarrollo de nuevas actividades como fueron las maquiladoras en las ciudades de la frontera norte o el desarrollo de centros turísticos como Cancún o Acapulco.
B) Un segundo factor que contribuye al crecimiento urbano horizontal ha sido el desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda alejados de los centros de la ciudades muchas veces de gran tamaño que se ha extendido en todo el país, y que tiene su origen en la adquisición de terrenos de bajo costo, las enormes ganancias del capital inmobiliario y la connivencia con autoridades locales o financiadoras. En zonas circundantes de las ciudades mexicanas ahora es frecuente observar grandes desarrollos de vivienda aislados en medio del campo o construidos encima de montes, que se asemejan a palomares por la gran cantidad de viviendas con lotes y tamaños ínfimos y en ocasiones con una baja calidad de construcción como ocurre en la Ciudad de Chihuahua.
C) La construcción de instalaciones públicas alejadas de las ciudades como son centros universitarios, centros de oficinas gubernamentales o incorporación interesada y corrupta al fundo urbano de terrenos para parques industriales como es el caso de San Jerónimo en Ciudad Juárez. Esta estrategia permite la revaloración de las tierras que quedan entre la ciudad y esos desarrollos, tierras que con frecuencia están en manos de especuladores vinculados con los políticos locales o municipales. Es el caso también en Ciudad Juárez por ejemplo de la Ciudad del Conocimiento construida por la UACJ a 25 km. de distancia del centro de esa ciudad.
Estos tres procesos provocan que las ciudades se vayan extendiendo pues aparecen corredores de servicios y comercios, servicios de transporte hacia las nuevas instalaciones públicas o hacia los nuevos desarrollos de vivienda.
Algunos de los efectos en la vida de las personas y de las familias de ese crecimiento horizontal conllevan a la ruptura del tejido familiar y social en razón de que las familias recién formadas tienden a buscar vivienda en los nuevos desarrollos alejándose de sus familias de origen. Las visitas y el mantenimiento de los lazos con estas se dificultan por la carencia, alto costo y tiempo prolongado que toma el trasportarse.
Así, la horizontalización de las ciudades mexicanas conlleva un aumento en el tiempo de traslado e impacta al gasto de las familias destinando una mayor proporción al pago de transporte que se convierte en irreductible. Provoca desgaste, cansancio, conflictos y enojo de la población.
Otro efecto se relaciona con la descolocación de la infraestructura de servicios sociales y comerciales desarrollada en las zonas céntricas de las ciudades con inversiones públicas a lo largo de muchos años, debido al abandono de esas zonas por las familias y su traslado a los nuevos desarrollos. Ello obliga a nuevas inversiones para el desarrollo de infraestructura, servicios sociales y comerciales en las zonas de nuevo poblamiento, para lo cual las autoridades municipales nunca disponen de suficientes recursos o como en el caso de las inversiones para infraestructura de salud, se quedan en manos y han sido desviadas por los gobiernos estatales.
La ocupación de terrenos no aptos para la construcción de vivienda que es frecuente en esos nuevos desarrollos como son humedales, zonas de bajadas de agua, terrenos con fracturas subterráneas o con grandes pendientes ponen permanentemente en riesgo a las poblaciones que habitan esos desarrollos ante fenómenos ambientales provocando catástrofes y el colapso de nuevos desarrollos inmobiliarios como ha ocurrido en Tabasco, Guerrero, Monterrey con las tormentas y huracanes de los últimos años.
Desde la mirada del derecho a la ciudad habría que impedir esa expansión horizontal, obligar a la redensificación de las colonias céntricas que ya cuentan con infraestructura urbana, servicios sociales y comerciales, respetando sin embargo los usos del suelo, las construcciones emblemáticas, pero adecuando las normas y actualizando y modernizando las vialidades, el transporte público y la servicios urbanos de manera que los pobladores originales no recientan la invasión de sus territorios y la destrucción de su entorno.
Impedir desarrollos urbanos en terrenos no aptos y riesgosos y en terrenos alejados de la ciudad, no autorizando las construcciones y no dotándolos de servicios públicos; también serviría evitar proyectos gubernamentales alejados de los centros de las ciudades.
El crecimiento horizontal de las ciudades y la insuficiencia y baja calidad de la transportación pública alientan el uso de transporte individual o determinan que las personas tengan que destinar varias horas del día para trasladarse, así como una proporción de su gasto para el pago de traslados como ya señalamos.
Una queja sistemática de los habitantes de muchas ciudades mexicanas se relaciona con el congestionamiento vial y el uso y apropiación de los espacios públicos para el tránsito y estacionamiento de vehículos. Son los el caso de Apatzingan o de Tijuana. La pérdida de tiempo, el cansancio, la contaminación, la inseguridad y el enojo permean la vida de los habitantes de las ciudades para el automóvil.
Por muchos años las autoridades de las ciudades mexicanas han destinado fuertes inversiones para el desarrollo de vialidades para el transporte particular. Un ejemplo son las inversiones para los segundos pisos en el Área Metropolitana de la Ciudad de México o de puentes, periféricos y pasos a desnivel como Monterrey, Jalapa, Zacatecas o Aguascalientes.
Las nuevas vialidades, especialmente las vías rápidas con puentes y pasos a desnivel se constituyen en barreras infranqueables para las personas que se mueven a pie o en vehículos de menor tamaño como son las bicicletas. Rompen el tejido social de las comunidades, colonias y barrios, aumentan la inseguridad por accidentes viales y propician el aislamiento de las familias al interior de sus viviendas.
Asimismo, las inversiones público-privadas en el desarrollo de vialidades cuyo uso implica un pago, profundizan la segregación socioeconómica y abonan a la conflictividad urbana.
Cambiar esta tendencia de construir ciudades para automóviles y transformarlas en ciudades para los seres humanos, demandaría de un proyecto consistente y sostenido de transformación en el largo plazo de las ciudades mexicanas. Requeriría de una mejoría sustantiva en el desarrollo de transporte público y en su calidad para provocar que los propietarios de automóviles estén dispuestos a abandonar o reducir su utilización. Esta tarea ya se ha iniciado en varias ciudades con el desarrollo de transporte público en carriles confinados.
También implicaría alentar otro tipo de movilidad humana como es la peatonal o la de bicicletas o pequeños transportes de proximidad lo que requeriría de una transformación profunda en los usos del suelo de manera que se permitiera la combinación de usos comerciales, de trabajo, escolares, de recreación con usos de vivienda para evitar los traslados largos y prolongados entre vivienda y trabajo, vivienda y escuela, vivienda y servicios sociales y recreativos, a fin de que las personas pudieran caminar a donde tiene que acudir durante el día.
Pero el aspecto más difícil de cambiar tiene que ver con la cultura del automóvil como símbolo de estatus social y económico, alentado por los fabricantes de automóviles, las empresas financiadoras y los medios de comunicación. Estos son poderes de hecho que representan obstáculos poderosos para el cambio cultural.
Desde la colonia varias ciudades como Puebla, Mérida y San Cristobal de las Casas tenían zonas destinadas a los pueblos indios y las mejores zonas destinadas a las poblaciones criollas y españolas. En algunas otras como en San Andrés Tuxtepec las comunidades indígenas fueron despojadas y expulsadas de sus tierras colindantes con la ciudad.
En todas las ciudades mexicanas existe una segregación física de los distintos estratos socio económicos de manera tal que la desigualdad característica de la sociedad mexicana se consolida mediante una segregación física. Las viviendas de los distintos estratos sociales no conviven, están claramente separadas por zonas, colonias y barrios; la Mérida del sur es donde habitan los pobres y la del norte es de los ricos; en el poniente de Ciudad Juárez se desarrollaron los asentamientos para los trabajadores de las maquilas; Iztapalapa y Gustavo A. Madero son delegaciones dominadas por familias de ingresos bajos y medio bajos y el poniente de la ciudad donde se ubica Cuajimalpa y Miguel Hidalgo concentran colonias de altos ingresos.
La desigualdad se acentúa por la desigualdad en la disponibilidad y calidad de los servicios e infraestructura urbana y de los servicios sociales como son el acceso a agua potable de calidad y con suministro constante, el mantenimiento y la pavimentación de calles y avenidas, la disponibilidad de espacios públicos de recreación y entretenimiento, la calidad y presencia de servicios de seguridad pública, de recolección de basura, entre otros.
En las últimas décadas han surgido colonias y fraccionamientos cerrados por murallas y con controles severos de acceso, o también colonias de población pobre que quedan atrapadas por los desarrollos de vialidades o por el poblamiento desordenado e ilegal y que enfrentan grandes dificultades de acceso como ocurre en algunas colonias pobres del Área Metropolitana de Guadalajara. Este fenómeno se conoce como la guetización de las ciudades.
Una tendencia interesante está ocurriendo con el retorno o la llegada de jóvenes a ocupar las zonas céntricas de algunas ciudades en razón del menor costo de las rentas por el previo abandono de las viviendas en esas zonas. Los jóvenes recuperan la vida social de las colonias viejas a las que llegan, disfrutan del uso combinado del suelo al convivir comercios, oficinas y viviendas y finalmente revalorizan el terreno lo que lo vuelve atractivo para el capital inmobiliario. Este llega con agresividad a desalojar a los viejos habitantes en casas y vecindades deterioradas y levanta edificios sin el mayor sentido de preservación de la estética urbana específica. Estos edificios son adquiridos por población joven yuppie y retorna el modelo desigual. Un caso emblemático es el de la Colonia Roma de la Ciudad de México.
Sería posible continuar caracterizando la evolución de las ciudades en México con temas como la carencia, descuido, abandono, deterioro y privatización de espacios públicos, áreas verdes y recreativas y la apropiación privada de éstos; las crecientes dificultades para acceder a fuentes de agua potable, el problema que representa la contaminación ambiental y la gran cantidad de desechos sólidos y residuos tóxicos; la presencia de terrenos baldíos y de viviendas abandonadas; el hacinamiento de viviendas y en viviendas; la inseguridad urbana;; la ausencia de armonización del desarrollo urbano con el desarrollo de las zonas agropecuarias proveedoras de alimentos, etc.
En conclusión, la realización del derecho a la ciudad en el caso mexicano implica enfrentarse a intereses económicos y políticos arraigados, a inversiones ya realizadas que marcan en forma permanente la configuración deshumanizada de las ciudades y a una cultura depredadora y poco respetuosa de los espacios y el medio ambiente urbano.
Exigiría la mayor participación efectiva de sus habitantes en la gestión de las ciudades, la presencia de funcionarios y servidores públicos honestos y que se apeguen a la ley, la recuperación de los planes y capacidades gubernamentales de ordenamiento del desarrollo urbano, de nueva normatividad acorde a esos nuevos planes, de jueces que no amparen los abusos cometidos por los especuladores de la tierra, por las empresas inmobiliarias y por líderes políticos; del desarrollo de programas de movilidad humana que cambien profundamente la organización de las ciudades y las hagan más vivibles; de la redensificación planeada, controlada y con participación de sus pobladores de determinadas zonas con buena infraestructura urbana y baja densidad de construcciones y población, entre otros aspectos.
Insistiría en que si no empezamos ahora a recuperar el control de las ciudades como espacios de vida digna para las personas, los intereses de hecho y la enorme corrupción e impunidad que prevalece en el sistema político mexicano, están conduciendo a muchas de ellas al colapso. Baste recordar lo que ocurrió a las grandes ciudades prehispánicas que fueron abandonadas por catástrofes derivadas del abuso de sus habitantes de los recursos para que sobrevivieran como fueron los alimentos y el acceso al agua.