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En busca de la instauración de un Estado Social y Democrático de Derecho

Derechos Humanos, DESC, Estado de derecho

Introducción

Este texto busca plantear algunos interrogantes desde una perspectiva social sobre la posibilidad de instaurar en México un Estado de Derecho que funcione y responda a las diversas expectativas que tienen las personas y grupos económicos, sociales, políticos y culturales que demandan su establecimiento y que sostienen que con ello se atendería la crisis de Estado y de derechos humanos que experimenta el país. No son solo los nacionales quienes así lo piensan sino también los intereses externos como los potenciales inversionistas, diversos organismos internacionales entre ellos los responsables de dar seguimiento a los tratados y convenios internacionales de los que México hace parte o las organizaciones civiles internacionales preocupadas por lo que ocurre en nuestro país.

Se revisan someramente el significado y los requisitos que debería cumplir un Estado de Derecho de acuerdo a algunos marcos teóricos, para pasar a destacar algunos de los obstáculos estructurales que parecerían erigirse para la instauración del mismo en México, así como otros de naturaleza instrumental que se han hecho evidentes en los esfuerzos que se han llevado a cabo en las últimas décadas y que han estado encaminados a ese propósito.

Finalmente se sugieren algunos aspectos críticos para lograr avanzar en el futuro.

  1. Expectativas respecto de la instauración del Estado de Derecho en México

El tema  del Estado de Derecho surge recurrentemente como una solución necesaria y urgente para dar seguridad y proteger la libertad, los derechos, la integridad, la vida y la propiedad de las personas, empresas, organizaciones, comunidades, así como para alcanzar una vida digna y la paz. Sin embargo, en una sociedad de mercado, desigual, multicultural y con la persistencia de gobiernos autoritarios en los distintos niveles, las expectativas de los distintos grupos que integran la sociedad nacional varían en muchos sentidos.

Pedro Salazar señala que “Por eso, cuando escuchamos voces que claman la necesidad de instaurar/lograr/consolidar un Estado de Derecho en nuestro país, tal vez, están diciendo muchas cosas. Para algunos la idea evoca el ideal de un Estado jurídico estructurado en clave autoritaria que busca imponer el orden, conservar el statu quo y proteger los privilegios de la clase dominante a toda costa. Para otros puede tratarse de un ideal sustancialmente distinto que aspira a la existencia de reglas mínimas para coordinar la convivencia entre personas libres que solo excepcionalmente tienen que lidiar con una autoridad limitada. Para algunos más, el ideal se inspira en una entidad estatal con poderes limitados pero con amplias facultades para distribuir los recursos económicos con la finalidad de promover un orden social libre pero, sobre todo, justo y equitativo. Y la lista de posibilidades es mucho más amplia. Por lo mismo creo que los llamados para consolidar un “Estado de Derecho” en el país no dicen mucho. (Pedro Salazar, Brújula Ciudadana 63)

Continúa Pedro Salazar especulando sobre este concepto polisémico “Algunos asociarán la idea con un modelo de autoridad implacable inspirada en la lógica de la tolerancia cero; otros imaginarán un estado mínimo y eficaz que recurre excepcionalmente a la violencia y; otros querrán un estado –como se decía antes- liberal, democrático y social de derecho.  (Pedro Salazar, Brújula Ciudadana 63)

Desde esa perspectiva parecería interesante intentar examinar cuáles serían las demandas que distintos estratos socioeconómicos de población estarían formulando ante la instauración de un Estado de Derecho.

Las personas en niveles socioeconómicos altos y sus empresas esperarían el apego a las leyes que protegen sus privilegios y que refieren principalmente al mantenimiento y a la posibilidad de heredar su riqueza en general y sus propiedades en particular, es decir una legislación fiscal y sobre derechos de propiedad que no las afecte. Asimismo una legislación económica que les permite continuar con los procesos de acumulación de riqueza e ingresos de que gozan como son las que permiten las elevadas concentraciones de mercados en pocas manos tales como los monopolios en los medios de comunicación, en la industria farmacéutica, en la explotación minera, en la construcción de infraestructura, como ejemplos o las que les permiten eludir el pago de altos impuestos. En los últimos años también se interesan por una mayor seguridad y una mejor aplicación de la justicia frente a los estragos de la violencia que comparten con otros grupos y que los ha convertido en víctimas de secuestros, extorsiones e incluso, expropiación de sus propiedades. Su reciente inquietud por la promoción de un Estado de Derecho deviene del constante aumento de los porcentajes que deben pagar a funcionarios y servidores públicos para poder ser beneficiarios de las licitaciones y contratos de gobierno.  Estos grupos poblacionales viven al interior del castillo o bajo  capelos construidos por la protección que les brindan las autoridades. Sin embargo lentamente están siendo alcanzados por la inseguridad, la violencia y una corrupción creciente y preferirían un Estado con tolerancia cero a las trasgresiones a las leyes en materia de seguridad.

Para los sectores medios de la población sobre cuyas espaldas recae buena parte del sostenimiento del Estado,  una preocupación creciente y de larga data son la corrupción, impunidad, patrimonialismo, abuso del poder y colusión con empresas y crimen organizado que se observa en los funcionarios y servidores públicos de todos los niveles de gobierno y en los  poderes ejecutivos, judiciales y legislativos federal y estatales; el enorme presupuesto que se llevan los partidos políticos y el costo de las elecciones y todo aquello que significa que los recursos que mayormente aporta este sector de población al erario mediante el pago de impuestos, se conviertan en ingresos ilícitos de otros o sean gastados para acceder o mantenerse en el poder y no se traduzca en beneficios sociales. Como consumidores les preocupa la poca protección que tienen frente a la impunidad y abuso con que opera el sistema financiero mexicano especialmente en relación con el funcionamiento de las tarjetas de crédito; el monto y el cambio constante en las tarifas, así como las arbitrariedades de los que operan los servicios públicos (teléfonos, luz, agua, combustibles), y de los impuestos prediales; la indefensión frente a los precios y calidad de los bienes y servicios que adquiere en el mercado; la elevación constante de los precios de los seguros médicos, de automóvil y de sus propiedades; los cambios incontrolables en el uso del suelo de sus entornos de vida, el creciente congestionamiento vial y la falta de opciones de transporte público. Su dificultad de acceso a información veraz y creíble de lo que acontece en el país por la ausencia de libertad de expresión y por el control de los medios de comunicación por los gobiernos y el crimen organizado. Los robos y asaltos a sus viviendas, a sus vehículos y personas que derivan de la delincuencia común también los afectan. Las desapariciones forzadas y las pérdidas de vidas inocentes o el viacrucis por el que transitan las víctimas indirectas del crimen organizado y de la violación a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, forman parte también de su desesperación ante la ausencia de un Estado de Derecho en el país.

Dentro de estos sectores medios, los pequeños y medianos empresarios padecen los abusos de los inspectores; los altos pagos por la seguridad social, el INFONAVIT y los impuestos; la competencia de empresarios que operan en el sector informal de la economía y que evaden los impuestos y el pago de prestaciones laborales y que les hacen competencia con mercancías robadas o de contrabando de otros países que muchas veces se tramitan por la vía de las actividades informales; el robo de mercancías, el cobro de piso, la expropiación de sus propiedades, equipo, maquinaria, ganado y los secuestros por parte del crimen organizado. Padecen de una economía que no crece, no genera empleos, no genera ingresos, no desarrolla mercado interno por que por Ley y en estricto apego a ella, el Banco de México sólo se ocupa de que la inflación no aumente.

Los sectores de población en estratos medios populares comparten la preocupación por el pésimo desempeño de la economía, la política de control de los salarios mínimos legales y por tanto, los bajísimos salarios que reciben  por su trabajo; o si operan en actividades informales la necesidad de hacer pagos a los líderes del comercio ambulante, a los inspectores de calle y al crimen organizado; la carencia de opciones de empleo, ingresos y educación para sus hijos adolescentes y jóvenes; el deterioro de la calidad de los servicios públicos de salud y educación y el alto costo de los servicios sociales privados; los precios que deben pagar por las viviendas de interés social que adquieren y que con frecuencia son muy pequeñas, están muy alejadas de sus lugares de trabajo y de las escuelas y que además son de mala calidad; la insuficiencia, la deficiencias, los riesgos de seguridad y el alto costo que les representa el transporte público; la violación a sus derechos humanos por funcionarios y servidores públicos de los sistemas de seguridad y justicia y el maltrato por parte de aquellos que operan las ventanillas de los servicios de gobierno.

Los sectores pobres de los cuales poco más de 20 millones de personas de acuerdo a las cifras recientes de CONEVAL[1] no obtienen siquiera ingresos suficientes para adquirir una canasta alimentaria y sufren la ausencia de una Estado Social de Derecho en su propia pobreza: no tienen trabajo o si lo tienen es precario, los ingresos que reciben, crecientemente integrados por programas públicos de transferencias de ingreso, no les alcanzan para llevar una vida digna. Una proporción creciente vive en las ciudades y otra en comunidades muy alejadas de los centros donde se dispone de servicios públicos de salud y de educación; habitan viviendas precarias y presentan déficits en alimentación, salud y educación. No acceden a la seguridad social. Forman parte de las clientelas de los partidos políticos que los utilizan electoralmente para ganar posiciones de poder. No gozan de libertad, ni tienen acceso a la justicia. Los jóvenes hombres de estos estratos de población son capturados u optan por integrarse al crimen organizado que los utiliza como ejércitos para sus guerras o se incorporan a las filas del ejército o como maestros rurales; otros junto con las mujeres jóvenes migran a las ciudades o al exterior para prestar en su mayoría servicios personales de trabajo del hogar, aseo y limpieza, cargadores,  trabajos de la construcción o como peones agrícolas en otros estados en donde no cuentan con protección laboral, trabajan horas prolongadas, reciben bajas remuneraciones y experimentan altos riesgos de trabajo.

Los pueblos originarios buscan la defensa de la posesión y el usufructo de sus recursos naturales frente a los intereses del crimen organizado y de las empresas nacionales y transnacionales de minería, turismo, energías alternativas, producción de productos de exportación y extracción de otros recursos naturales. Defienden sus usos y costumbres y sus propios sistemas de seguridad y justicia.

Los migrantes nacionales y de otros países que transitan por México esperan una legislación y un Estado que proteja sus derechos humanos, especialmente su vida, su integridad y su dignidad.

De lo expuesto las expectativas varían grandemente entre un grupo y otro de población sobre lo que sería necesario asegurar al desarrollar el Estado de Derecho. En algunos casos sus expectativas se contraponen. Es posible encontrar algunos aspectos compartidos como son:

  • El acceso a una justicia expedita y la igualdad frente a la ley,
  • la superación de la corrupción, de la impunidad y de la privatización de los recursos públicos,
  • la regulación y el establecimiento de límites a las empresas que funcionan en los mercados y que abusan de los consumidores y usuarios de sus servicios,
  • el mejoramiento en la disponibilidad y calidad de servicios público sociales y el control y protección de los usuarios cuando estos son proporcionados por empresas privadas u organizaciones civiles.
  • la protección frente al crimen organizado y la delincuencia común

Desde la perspectiva de los derechos humanos tenemos un Estado que no cumple con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos de todos y todas. No es un Estado de Derecho posiblemente para ninguno de los grupos de población mencionados, pues aún para los estratos con mayores ingresos es un Estado que falla en sus obligaciones de proteger y brindar seguridad, aunque respete y proteja sus privilegios económicos y sociales y les facilita en su caso, el acceso a la justicia.

Para los otros grupos el Estado Mexicano falla tanto en garantizar las libertades fundamentales como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Antonella Attili concluye “Tenemos un Estado débil e ineficaz, incluso en sus funciones fundamentales de garante exclusivo de la seguridad en distintas vertientes. Es un Estado ineficiente en la administración pública, con instituciones (públicas) de diverso tipo marcadas por el anquilosamiento burocrático y la corrupción; ineficaz en el cumplimiento de sus funciones (seguridad, justicia, educación, salud) y, asimismo, en la afirmación de una política hacendaria (fiscal) nacional adecuada para el desempeño de sus políticas públicas. Tenemos un Estado de derecho que todavía en ciernes y necesitado de las urgentes reformas políticas estructurales –llamadas de segunda y tercera generación-, para que, junto con los derechos políticos vigentes, sea capaz de hacer efectivos también los derechos civiles (seguridad, justicia) y sociales (salud, educación)”. (Democracia y Estado de derecho en México. Entre pasado y porvenir).

  1. Conceptualización de Estado de derecho.

Después de la revisión anterior parecería necesario tener una definición de Estado de derecho lo más comprensiva posible y que no sólo destaque la garantía a las libertades, la vida, la integridad y la propiedad de los individuos como ocurrió en su origen cuando se trataba de proteger a estos frente a los gobiernos absolutistas. Es necesario que la definición incluya la protección de los derechos colectivo, considerados a veces como derechos prestacionales que atienden a condiciones fundamentales para lograr una vida digna como son los relativos al trabajo y del trabajo, a la seguridad social, a la educación, a los niveles más altos de salud, a la vivienda digna, al agua, entre otros.

Mariella Saettone nos recuerda que “Desde el punto de vista de la filosofía política, el Estado de derecho surge en el contexto de la teoría política y económica del liberalismo, que sienta el principio de la libertad individual, reafirmando como premisa fundamental la autonomía del individuo”. (El estado de derecho y los derechos económicos sociales y culturales de la persona humana).

Continúa señalando que “Desde la perspectiva individual, la persona humana obtuvo especialmente el respeto a sus derechos civiles y políticos lo que determinaba fundamentalmente para el Estado la obligación de no interferir en el goce de estos derechos, configurando así lo que la doctrina ha llamado “libertad negativa#, en el sentido de que el Estado tiene la obligación de no hacer”. ( Mariella Saettone)

“El concepto de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) se refiere por lo tanto a un nuevo relacionamiento del Estado con la persona humana, en tanto éste en su carácter de institución instrumental al servicio de la misma, se obliga a hacer y a destinar recursos para la realización progresiva de estos derechos que hacen al pleno desarrollo de la persona humana. Aparece así el concepto de libertad positiva, “libertad para”, lo que complementa perfectamente el concepto de libertad negativa, propia de los derechos civiles y políticos”. (Mariella Saettone).

Algunos autores consideran que aún para la realización de los derechos civiles y políticos el Estado no sólo tiene que dejar de hacer sino que tiene que invertir recursos y desarrollar capacidades como son las instituciones y sistemas electorales, las capacidades de investigación de violaciones a los derechos civiles y la operación de un complejo y extenso sistema de justicia.

Las fallas en el funcionamiento del Estado de Derecho con frecuencia se originan en el insuficiente desarrollo de capacidades estatales y de inversión para que las personas sean atendidas y servidas con igualdad y equidad.

Ahora bien Naciones Unidas[2] define Estado de derecho en los siguientes términos:

Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que

  • se promulgan públicamente,
  • se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.

Asimismo sugiere se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de

  • primacía de la ley,
  • igualdad ante la ley,
  • rendición de cuentas ante la ley,
  • equidad en la aplicación de la ley,
  • separación de poderes,
  • participación en la adopción de decisiones,
  • legalidad,
  • no arbitrariedad, y
  • transparencia y proceso legal

Elías Díaz en su libro Estado de Derecho y Sociedad Democrática, citado por Sergio R. Márquez Rábago[3], ubica los elementos necesarios al Estado de Derecho como sigue:

  1. Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general.
  2. División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
  3. Legalidad de la Administración: actuación según ley y suficiente control judicial
  4. Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico formal.”.

De acuerdo con el Índice del Estado de Derecho publicado anualmente por proyecto mundial de justicia (The World Justice Project)[4], un Estado de Derecho es aquel en el cual se respetan los siguientes cuatro principios:

  1. El gobierno en su conjunto y sus funcionarios son públicamente responsables ante la ley;
  2. El proceso a través del cual las leyes son aprobadas, administradas, e implementadas es accesible, justo, y eficiente;
  3. Las leyes son claras, públicas, estables, y justas, y protegen derechos fundamentales tales como la seguridad de los ciudadanos y la defensa de su propiedad;
  4. El acceso a la justicia es garantizado por representantes e instancias jurídicas que son competentes, independientes, éticas, suficientes en número, que tienen recursos suficientes, y que reflejan las características de las comunidades que sirven.

A partir de las tres definiciones anteriores interesaría destacar cómo se construye, cómo opera y a quién aplica el Estado de Derecho.

¿Cómo se construye?

Un postulado fundamental es que el proceso a través del cual las leyes son aprobadas, administradas, e implementadas es accesible, justo, y eficiente. Existe participación en la adopción de decisiones. Las leyes son claras, públicas, estables y justas, y protegen derechos y libertades fundamentales. Por lo que se acepta el imperio de la ley como expresión de la voluntad general[5].

Hay una división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Existe una independencia entre estos y cada quien ejerce sus funciones con autonomía y con apego a la ley.

¿Cómo opera?

Legalidad de la Administración: actuación según ley y suficiente control judicial

El acceso a la justicia es garantizado por representantes e instancias jurídicas que son competentes, independientes, éticas, suficientes en número, que tienen recursos suficientes y  reflejan las características de las comunidades que sirven.

Primacía de la ley bajo los principios de Igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en su aplicación, no arbitrariedad y existe transparencia y proceso legal

Se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios  internacionales de derechos humanos.

¿A quién aplica?

Todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a la ley.

El gobierno en su conjunto y sus funcionarios son públicamente responsables ante la ley

Si se utiliza el desglose anterior de los componentes del Estado de Derecho para examinar lo que ocurre en México y en sus diversos territorios, se observa un grave déficit en la mayoría de ellos. Por ejemplo, no existe una real separación de poderes y aunque se ha avanzado en ello al nivel federal, recientemente, con la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y con las últimas elecciones plagadas de irregularidades, se observa nuevamente un retroceso. El Poder Ejecutivo busca recuperar el pleno control sobre los Poderes Legislativo y  Judicial.

Al nivel de los Gobiernos Estatales la situación se agrava pues en la mayoría de ellos la promulgación de leyes se hace de acuerdo a los intereses del Ejecutivo y de los poderes de hecho; por su parte los poderes judiciales locales se encuentran sometidos a los designios de los gobernadores.

Incluso los diversos órganos autónomos de Estado que se fueron creando para generar mayores contrapesos y para regular a los agentes que intervienen en materias específicas como son derechos humanos, elecciones, transparencia y acceso a la información, libertad de expresión, competencia, entre otros, no llegan a constituirse como tales ni al nivel Federal y mucho menos estatal. Estos se encuentran capturados por los partidos políticos, por los poderes ejecutivos o por los agentes a quienes deben regular.

Esta condición básica de los poderes del Estado provoca que no exista igualdad ante la Ley, ni equidad en su aplicación, que predomine la arbitrariedad y la falta de transparencia y de rendición de cuentas en los procesos legales. La legalidad es una ilusión y los primeros en corromper las leyes son los funcionarios y servidores públicos que al hacerlo obtienen beneficios privados y poder. Determina una situación de subordinación de las personas a redes de intermediación para poder realizar sus derechos como lo analiza Gisela Zaremberg en ……………

Los representantes e instancias jurídicas que aplican la ley no son en su mayoría  competentes, ni independientes, ni éticas, dado que con frecuencia resuelven de acuerdo a las instrucciones que reciben de sus superiores o de  los intereses que protegen. Tampoco son suficientes en número y se encuentran alejadas de las poblaciones que son más vulneradas por actos ilegales, abusos, subordinación, despojo y violación de sus derechos. Tampoco tienen recursos suficientes, ni  reflejan las características de las comunidades que sirven. 

  1. Obstáculos para la instauración de un Estado de Derecho

A continuación se señalan algunos obstáculos que dificultan la instauración de un Estado de Derecho en México.

En primer lugar destacaría la persistente desigualdad combinada con discriminación y exclusión. La desigualdad económica combinada con la discriminación de género, étnica, religiosa, de orientación sexual, de origen nacional entre otras, conlleva a la desigualdad social que se traduce en condiciones diferenciadas de acceso a la realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población. También significa desigualdad de agencia para exigir al Estado la realización de esos derechos, para participar efectivamente en las deliberaciones que conducen a la promulgación de leyes y en la definición de políticas y programas públicos y  termina en  falta de igualdad frente a la ley y de equidad en su aplicación. Existen grupos de población totalmente excluidos de las deliberaciones públicas que son sometidos a decisiones que no tienen en cuenta sus intereses o inclusive se contraponen a estos como sería el caso de las concesiones mineras de casi la mitad del subsuelo mexicano que tanta molestia han generado en las comunidades que viven en los territorios concesionados.

El tamaño, la diversidad de la población y su dispersión en el territorio se erigen como otro obstáculo para la instauración de un Estado de Derecho. Combinada con la desigualdad y las limitaciones en el acceso libre y oportuno a información, se dificultan grandemente las posibilidades de participación, establecimiento de diálogos y construcción de consensos que la democracia electoral y la elección de representantes para los poderes legislativos por sus enormes fallas, no acaba por resolver. Las leyes se formulan al margen de las mayorías y minorías, no son traducidas para hacerlas accesibles a la población y menos son ampliamente publicitadas. Se habla popularmente de que las leyes se formulan para ser violadas,  sería más correcto decidir que se formulan para ser usadas sólo por aquellos que las tienen que aplicar, o porque las conocen por que intervinieron en su desarrollo y que derivan beneficios de las mismas.

Los partidos políticos y su disputa por el poder y por el acceso a los recursos que el mismo significa, se convierten en un obstáculo para la revisión colectiva de las normas que deberían regir la  convivencia; generan y diseminan el conflicto político al nivel de comunidades e incluso familiar y atenta contra la solidaridad, el tejido social y  la paz.

La enorme y compleja infraestructura física, social y económica desarrollada a lo largo de varias décadas en México constituye una expresión concreta, presente, visible y difícilmente reversible de violaciones sostenidas a la ley, de omisiones legales y de la corrupción, captura e impunidad de los poderes del Estado en todo el territorio nacional. Las ciudades han tenido un fuerte crecimiento en el mayor de los desórdenes sin planeación ni regulación alguna, sin respetar usos de suelo,  invadiendo zonas de riesgo y reservas ecológicas, con mafias apoderadas del comercio ambulante, del autotransporte público y de los desarrollos inmobiliarios. Son un ejemplo en términos físico y materiales de la ilegalidad que permea la vida de la población. Más del 80 por ciento de la población en México vive en zonas urbanas y su gestión se ha salido de las posibilidades de sus gobiernos.

La ilegalidad ha sido la base del desarrollo de muchas ciudades en México, de numerosas actividades económicas ahora agrupadas en el sector informal de la economía, del surgimiento de establecimientos que hacen una oferta de sustancias y actividades prohibidas y  origen de la riqueza de varias personas y familias.

Así las ciudades de la frontera norte se fundaron a partir de permitir en su territorio la realización de una serie de actividades que estaban prohibidas en Estados Unidos, particularmente la venta de alcohol en la época de la prohibición derivada la Ley Volstead. Son ciudades que crecieron rápidamente como espacios francos, donde lo no legal era la normalidad. Tijuana y Ciudad Juárez permitieron el juego y las apuestas, la prostitución y el consumo de alcohol; Matamoros se caracterizó por permitir el contrabando de productos traídos sin control; lo que marcó a Mexicali fue la producción y consumo de drogas desde principios del siglo XX.[6] Posteriormente se incorporaron los abortos ilegales y los matrimonios y divorcios al vapor y en años más recientes el tráfico de armas, drogas, órganos y la trata de personas.

Las actividades en el sector informal de la economía surgieron en los años setenta frente a la incapacidad de desarrollo de la industria de absorber en ocupaciones protegidas por ley, a todos los trabajadores  que migraron a las urbes como resultado de la crisis del campo. Eran actividades que ofrecían servicios de bajo costo a la población obrera realizadas en su mayoría por trabajadores por cuenta propia y sus familias y que su establecimiento requería de muy bajo capital y poca capacitación. Eran de algún modo actividades lícitas. El desarrollo posterior de este sector hasta llevarlo a ocupar al menos el 60 por ciento de la población trabajadora del país incorporó actividades subterráneas de empresas formales para evitar el cumplimiento de la ley y la venta de productos pirata, de contrabando y robados o cuya fecha de utilización ha expirado. Es decir, es un sector cuyo fundamento se encuentra en la operación fuera de la ley y que proporciona las bases de la subsistencia de millones de familias mexicanas. Contribuye fuertemente a generar una cultura de la ilegalidad considerada como normal.

El surgimiento de establecimientos que ofrecen productos y servicios prohibidos que son un factor precursor de las violencias y la delincuencia es un ámbito en crecimiento en todas las ciudades del país y su presencia significa la violación de disposiciones legales y la corrupción y connivencia de autoridades locales. La proliferación de casinos y establecimientos de juego, de antros, bares y cantinas donde se vende alcohol y se tiene acceso a drogas, la tolerancia a loterías y apuestas como la “bolita” en Mérida, la operación de lugares clandestinos donde se obliga a la prostitución de mujeres y niñas son muestra de un creciente relajamiento del Estado de Derecho precario que se tenía en el país

La descentralización del poder y los poderes locales. Desigualdad en la naturaleza de los gobiernos locales, de sus capacidades reales de gobierno, de su captura por intereses de hecho (empresarios, caciques locales y crimen organizado)

La desestructuración de capacidades de ejercicio de gobierno y la desigualdad  en poder, en recursos, en infraestructura y en recursos humanos y tecnológicos

“El difícil proceso de consolidación de la democracia mexicana debe hacer un ajuste de cuentas con: a) unas elites que desoyen las críticas a su actuar político y los reclamos de susperar la política efectista y sensacionalista prevaleciente; b) la corrupción y la irresponsabilidad pública; c) muestras de supervivencia entre las diversas fuerzas políticas del autoritarismo, del caudillismo, así como con una política apoyada en el clientelismo; d) el clima hostil y de degeneración política para la actuación de las nuevas instituciones del sistema político mexicano; e) la persistencia cultural de la ilegalidad y la falta de cultura cívica; f) ,medios de comunicación irresponsables”. (Antonella Atilli)

Qué hacer?

«El actual déficit de arraigo de la credibilidad institucional subraya las ingentes labores por realizar (dese el fortalecimiento institucional a las reformas oportunas, así como la labor informativa y formativa de los ciudadanos)” (Atilli) .

“La mexicana, como toda democracia, es una forma de gobierno y un conjunto de normas para organizar la formación de la voluntad política de una sociedad; puede garantizarnos formas pluralistas incluyentes, pacíficas, así como que el ejercicio de poderes públicos se someta a controles y asuma responsabilidades legales y políticas. El que llegue a tener los contenidos y la calidad deseados depende, en primer lugar, de la acción de los políticos, de sus decisiones y de las políticas concretas que produzcan. También depende de que la sociedad (ciudadanos, instituciones públicas, medios de comunicación, intelectuales, élites de poder) sea capaz de exigírselo” (Atilli).

Separación de poderes

Parece importante, para continuar con la transición democrática y la reforma del Estado, pensar en independizar más los poderes, con lo cual quedarían como pendientes a resolver:

  1. Desarrollo y formulación de legislación que permita avanzar hacia una democracia participativa en donde las figuras de consulta popular, plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato se incorporen a la legislación de manera clara y plena y se facilite su realización eliminando los requisitos complejos y costosos.
  2. Buscar una nueva forma de designación de los Ministros de la SCJN, sin participación del Ejecutivo Federal.
  3. Nueva forma de designación de las autoridades y consejos de los órganos constitucionales autónomos sin intervención de los Poderes.
  4. Independencia Presupuestal del poder Judicial, Poder Legislativo, y órganos constitucionales autónomos, asignando recursos fijos del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin intervención del Ejecutivo Federal” Sergio R. Márquez Rábago Estado de derecho en México
  5. Mejor distribución y acceso a instancias de procuración, administración e impartición de justicia en el territorio; mayor proximidad con la población y hacer más accesibles y accesibles los procesos de denuncia.
  6. Traducción de la legislación a formatos y a un lenguaje más accesible a la población para hacerla claras y públicas.
  7. Facilitar las consultas públicas relativas a leyes que se encuentran en proceso de ser promulgadas para recabar la opinión de la población.
  8. Revisar la composición y operación de los Consejos de la Judicatura de manera que se constituya en un mecanismo efectivo y autónomo de control del desempeño de los funcionarios de los poderes judiciales, facilitando además la presentación de quejas.
  9. Revisar los recursos (fideicomisos) que se allegan los poderes judiciales por diversos pagos que reciben de la población y que en ocasiones terminan aplicándose para beneficio de los funcionarios y servidores públicos de los Poderes Judiciales.

[1] Consejo nacional de Evaluación de la Política Social. Medición de la pobreza en México. Resumen ejecutivo 2015.

[2] Naciones Unidas Consejo de Seguridad (2004), El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. S/2004/616 pár. 6)

[3] Sergio R. Márquez Rábago. Estado de derecho en México

[4] http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf consultado el 27 de enero de 2015

[5] “El Estado de Derecho se compone no solo por instituciones estatales sino que requiere que la sociedad civil organizada y no organizada participe de la deliberación sobre las cosas públicas, las cosas que nos conciernen y afectan -para bien y para mal- a todos. No solo eso, para que exista un verdadero Estado de Derecho se requiere una agenda social que se refleje en los hechos y en la vida de todas las personas” (Pedro Salazar, Brújula Ciudadana 63)

[6] INCIDE Social (2015)  Resumen sobre los factores precursores, de riesgo, detonantes y de contención de las violencias en varios municipios de México. Investigación en curso.

Palabras de Clara Jusidman al recibir el Premio Nacional Benito Juárez al mérito ciudadano

Biográfico, Ciudadanía

Quisiera iniciar agradeciendo al Movimiento Ciudadano por haberme considerado merecedora del Premio Nacional Benito Juárez al Mérito Ciudadano por mi trayectoria. Es también un honor recibirlo con el Maestro Enrique González Pedrero quien junto con Víctor Flores Olea fueron referentes para mi generación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuando Martha Tagle, Danner González  y Toño Reyes me avisaron de la decisión tomada por la Comisión Operativa Nacional del Partido realmente me sorprendieron   en razón de que una gran parte de mi actividad pública ha sido realizada fuera de la institucionalidad formal académica, política o administrativa. Es decir, dejé de pertenecer hace muchos años a cuerpos académicos y a la administración pública y me he movido con libertad en espacios muchas veces de oposición a esa institucionalidad.

Recordé que  el Movimiento Ciudadano desde su creación, optó por promover una agenda que ampliara las posibilidades de participación de la ciudadanía que no milita en partido alguno, y que además incluyera varios temas de interés de las organizaciones civiles y sociales. Más recientemente el Movimiento optó inteligentemente por incorporar entre sus candidaturas a varios ciudadanos y ciudadanas independientes reconocidos.

Recuerdo cuando alguna vez conversé con Alejandro Chanona sobre la promoción que estaban haciendo en relación con un proyecto de Ley de Participación Ciudadana que ampliara las figuras de democracia directa.

Coincidíamos en la necesidad de pasar de una democracia formal, meramente electoral, a una democracia participativa en donde los órganos del Estado pudieran regir sus actividades en base a las consultas a la ciudadanía y en el desarrollo de mecanismos de participación que permitieran  conocer las problemáticas, las necesidades y  las propuestas de la población en todo el territorio nacional.

Lamentablemente poco por no decir nada, hemos logrado en ese propósito y en cambio, el rechazo a la democracia ha avanzado especialmente entre la población joven que no vivió la experiencia de un régimen de partido único y dominante. Además, la distancia entre la clase gobernante y el pueblo es cada vez mayor y el desprestigio y la desconfianza hacia la misma, va en aumento.

Entiendo que mi actividad en la vida pública deriva de una búsqueda precisamente de que las decisiones de política gubernamental o pública, como se suele llamar ahora, sean tomadas considerando las necesidades reales y concretas que tiene la población en los diversos rincones del territorio nacional, especialmente de aquellas que no pueden atender mediante sus propios recursos la realización de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Es decir, es una búsqueda por lo que O´Donell llama nuestro derecho al Estado, de un Estado que cumpla sus obligaciones de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos y de todos aquellos que transitan por nuestro territorio.

En esa búsqueda  me incorporé  a trabajar en instituciones del gobierno federal, después de constatar que las posibilidades de incidir en las políticas de gobierno desde la vida académica son lentas y lejanas.

Desde el interior del Gobierno Federal me propuse generar información y algunas herramientas públicas para atender los crecientes déficitis de empleo digno mismos que eran desconsiderados en el diseño de las políticas de desarrollo de los años setenta del siglo pasado y que aún ahora, siguen siendo relegados.

Como economista que debió haber estudiado realmente sociología, tome conciencia de que el vínculo entre el desempeño de la economía y el logro del bienestar social en una economía capitalista se encontraba en la posibilidad de que el crecimiento económico se tradujera en la creación de oportunidades dignas de ocupación e ingresos para la población y que dada la dotación de factores de la producción en México el progreso social, la justicia y la igualdad sólo se lograrían si adoptábamos un modelo de desarrollo centrado en la generación de empleos y remuneraciones justas.

Lamentablemente desde hace poco más de 30 años, hemos ido caminando en el sentido contrario: no crecemos, no generamos empleos y contenemos los salarios. Atrofiamos el mecanismo distributivo más natural para una sociedad como la mexicana: la posibilidad de ofrecer oportunidades de ocupación formal para los millones de mexicanos que se han incorporado a la vida de trabajo por el famoso bono demográfico. Los lanzamos a la migración, a la informalidad, a la delincuencia, a la subocupación y a la pobreza.

Pero además hemos impedido que las familias realicen con plenitud y tranquilidad su tarea de inversión inicial en la construcción de seres humanos, su tarea de reproducción de la fuerza de trabajo, su trabajo de desarrollo de ciudadanos y ciudadanas. Agobiadas por la pobreza o por la amenaza de caer en ésta, se ven obligadas a echar mano de todos sus miembros jóvenes y adultos para realizar cualquier actividad que les genere un ingreso y por lo tanto, reducen el tiempo que pueden dedicar a los cuidados personales, a la crianza y desarrollo de la infancia y la adolescencia, así como de otros miembros en situación de vulnerabilidad como algunas personas mayores o con discapacidades. La OCDE reconoce que México es el país donde se trabaja el mayor número de horas y se reciben las remuneraciones más bajas.

Uno de los resultados para mi más dolorosos de más de treinta años de políticas económicas y sociales neoliberales es que hemos disminuido la calidad de los seres humanos que produce nuestra fábrica social. Desconsideramos el importante papel que siguen jugando las familias en la atención no sólo material, sino fundamentalmente psicoemocional y de transmisión de saberes para la vida de las personas. Aún en esto la carga fundamental sigue recayendo en las mujeres sin que se reconozca su aporte.

Si a lo anterior agregamos el insuficiente acceso y la intencionada reducción de la calidad de los servicios sociales públicos de educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, seguridad pública y acceso a la justicia podremos entender la inseguridad, la desesperación, la desesperanza y la violencia en que viven millones de mexicanos y mexicanas.

No es por lo anterior gratuito que actualmente haya varias iniciativas y grupos que están trabajando en un nuevo proyecto de país o en una nueva constitución. La sensación de una sociedad sin rumbo y del riesgo de un colapso cercano es compartida por muchas y muchos.

Esperemos que estas iniciativas avancen y que logremos un consenso entre la diversidad pues hay un hartazgo frente a la falta de proyectos de los partidos políticos, frente a la lucha por el poder y los recursos que significa, frente a la corrupción y la impunidad, frente a la impericia de los gobernantes y frente a la violencia, la desigualdad y la injusticia.

Ojalá y lleguemos a tiempo.

Gracias nuevamente por este premio.

Carta al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong sobre el nombramiento de Arturo Escobar

Ciudadanía, Democracia, Participación Ciudadana, Sociedad civil

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Septiembre 10,2015

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong                                      

Secretario de Gobernación

Presente

Sr. Secretario:

Incide Social A.C. es una organización que desde hace más de diez años ha venido investigando las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en México. Iniciamos con el análisis de la situación social de Ciudad Juárez en el año 2003, con motivo de los frecuentes feminicidios que ocurren en esa ciudad.

A partir de nuestro trabajo de investigación nos queda claro que la existencia de un floreciente mercado de drogas, armas y personas con Estados Unidos y Europa es una causa global que incide en la tragedia humanitaria que estamos viviendo en México. Ello además frente a un modelo económico vigente en nuestro país desde hace más de treinta años, que ha sido incapaz de ofrecer condiciones de ingreso y de movilidad a los millones de jóvenes que se han incorporado a la vida activa en ese mismo lapso.

Estos jóvenes son víctimas y muchos de ellos también victimarios, de lo que podríamos considerar una fábrica social de seres humanos fracasada, que no ha sabido cumplir su función principal de ofrecer una vida digna a sus integrantes y que está por lo tanto, generando personas en condiciones de miseria, inseguridad, mala educación, pobre salud, ninguna perspectiva de futuro y lo más triste, con una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y del respeto a la integridad del otro. Eso porque ellos mismo no han sido respetados, no son considerados como seres humanos valiosos e irrepetibles, han sido usados y desechados,  ponen el cuerpo para defender la vida privilegiada de los sectores de altos ingresos o los territorios y mercados de los señores del crimen organizado.

Hemos sido una organización que ha pugnado por una política de prevención social de las violencias y la delincuencia que, sin sustituir una política certera y correcta de seguridad pública donde sea requerida, si buscara ofrecer oportunidades y generar capacidades personales, familiares y comunitarias para evitar que el cáncer de la violencia y del crimen organizado continuara esparciéndose en el territorio.

Vimos con gran interés y entusiasmo la decisión del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de colocar como una de sus prioridades, el llevar a cabo un Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; sabíamos que éste no podía sustituir las intervenciones necesarias en materia de seguridad pública, pero abría una esperanza de que finalmente se asumía la prevención social como una política de Estado.

Observamos la estrategia adoptada en la materia en el PRONAPRED, que se centra en la prevención secundaria, atendiendo a poblaciones en riesgo en polígonos de alta peligrosidad; cuestionamos lo limitado y riesgoso de una estrategia de prevención centrada en territorios que más bien requerían ser rescatados de situaciones de violencia crónica; también cuestionamos la selección de los polígonos y hemos permanecido atentos a la evolución del aprendizaje de los servidores públicos que fueron responsabilizados de dar inicio a este cambio de política. Fuimos una de las organizaciones no convocadas a la construcción de la estrategia de prevención; permanecimos observando y dando tiempo.

Entendimos que siendo algo nuevo había necesidad de desarrollar capacidades estatales para ponerlo en marcha; superar por ejemplo, la corrupción en el uso y ejercicio de los recursos públicos de prevención social y en general de seguridad, que pasan por las manos de gobiernos  municipales profundamente corruptos y que llevó al desarrollo de toda una plataforma para controlar diariamente el ejercicio de los recursos.

Sólo apenas hace unos meses nos buscaron de la Subsecretaría y empezamos a tratar de aportar lo que hemos aprendido en materia de prevención, principalmente sobre los factores de riesgo contextuales y los factores precursores, detonadores y de contención de las violencias.

Pero en este momento estamos absolutamente alarmados y sorprendidos ante la designación de Arturo Escobar como nuevo subsecretario del área de la secretaría de Gobernación encargada del ámbito de la prevención social del delito. Son varias preguntas que nos hacemos y que le formulamos a usted:

¿Por qué a mediados de la administración de gobierno se designa a una persona que no sabe  del tema de prevención social,  de seguridad pública,  de crimen organizado, de delitos o violencia?

¿Por qué suponen que una persona del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) que ha hecho gala de conductas ilegales, violando sistemáticamente la ley, puede hacerse  cargo de un programa que promueve la cultura de la legalidad como necesidad para fundar nuevas relaciones sociales?

¿Por qué una persona del PVEM que ha promovido la pena de muerte, la reducción de la edad penal, la cadena perpetua y  otras medidas de corte absolutamente fascista y autoritario, va a poder entender la complejidad y la delicadeza de los que significa reconstruir confianza, solidaridad, relaciones pacíficas, respeto a la vida y a la dignidad?

¿Por qué una persona que jamás ha sido servidor público podrá conducir las responsabilidades que significan operar un programa tan complejo, que demanda de articulaciones de varios niveles de gobierno, de varias secretarias y de varios actores no gubernamentales?

¿Por qué tomar esta decisión en un ámbito donde nos urge como país, desarrollar capacidades estatales sustentables para empezar a cambiar lastres que se han venido acumulando y que nos han llevado al enorme deterioro social donde la vida, la integridad y la libertad de las personas son constantemente vulneradas?

¿Por qué en fin, se toma  una decisión tan inapropiada, tan destructiva, tan absurda en un ámbito donde se intentaba hacer algo nuevo, algo diferente y que parecía ser una de las políticas emblemáticas y privilegiadas por esta administración?

Como personas interesadas en la cuestión pública, como ciudadanas y ciudadanos que contribuimos con el pago de nuestros impuestos y tratamos de aportar para mejorar la calidad de nuestra convivencia, expresamos nuestro rotundo rechazo a este inesperado nombramiento.

Nos negamos a que nuestros impuestos sean usados para retribuir a un personaje que no cuenta con los méritos, ni la capacidad para la función que se le está encomendando y que es además  representante de un partido político que debería haber perdido su registro  por las constantes violaciones a la Ley.

Agradecemos su atención y  su respuesta a nuestras preguntas.

Atentamente

 

María Enriqueta Cepeda Ruiz                             Clara JusidmanRapoport

Directora Ejecutiva                                              Presidenta Honoraria y Fundadora

Pronunciamiento sobre el nombramiento de Arturo Escobar

Ciudadanía, Democracia, Participación Ciudadana, Sociedad civil

Organizaciones-civiles

Jueves 17 de septiembre de 2015.

 

 

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto

Sr. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong

 

¿Por qué se designó a Arturo Escobar como subsecretario de prevención y participación ciudadana en la Secretaría de Gobernación?

 

  • Arturo Escobar es la antítesis del funcionario que se requiere para un programa tan complejo como el de Prevención del Delito y la Participación Ciudadana.
  • Arturo Escobar y el PVEM representan la cultura de la ilegalidad, el clientelismo, el oportunismo y el desprecio por la vida, la justicia y  la libertad.
  • Han promovido medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua y la reducción de la edad penal.
  • Exigimos se revoque su designación

 

Somos organizaciones de la sociedad civil y personas que hemos dedicado nuestro trabajo  a construir y desarrollar políticas, programas y acciones  destinadas a crear y fomentar capacidades personales, familiares, comunitarias y estatales para prevenir con herramientas sociales y culturales, la expansión de las violencias y la delincuencia en nuestro país. Hacemos investigación, formulamos propuestas de política, atendemos y trabajamos directamente con mujeres, juventudes, adolescentes, niños y niñas en distintas regiones del país; defendemos los derechos humanos de la población y de los defensores de derechos humanos. Acompañamos a víctimas y promovemos el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

 

Estamos convencidas que la ruptura de la convivencia pacífica de manera tan violenta y generalizada en el territorio nacional a partir de 2008, que ha provocado tantos miles de víctimas, de homicidios dolosos, de desapariciones forzadas, de desplazamiento;  tanto sufrimiento, tanta desesperanza y tanta impotencia, tiene causas estructurales derivadas de la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación. Fue detonada por la incapacidad del Estado para ejercer su obligación de brindar protección y seguridad a la población frente al crecimiento del crimen organizado y el auge de los mercados de droga, armas y personas.

La “Guerra contra las drogas” iniciada por Felipe Calderón sólo sirvió para atizar la violencia, para evidenciar los niveles de destrucción de las capacidades estatales en materia  de seguridad y justicia, así como la complicidad entre agentes del Estado, crimen organizado y empresas del mercado,  provocando la  indefensión y subordinación de  las y los ciudadanos frente a los poderes de hecho.

 

Estamos convencidas que las intervenciones para disminuir la violencia basadas en policías, militares y capacidad de fuego han demostrado su insuficiencia y generan  enormes daños: más muertos, más personas desaparecidas, más personas discapacitadas, más huérfanos y un aumento de la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y hacia las instituciones del Estado en general.

 

 

Hemos sostenido desde hace varios años la necesidad de que el Estado mexicano lleve a cabo una política  amplia e integrada en materia de prevención de las violencias y la delincuencia; una política que ataque las causas estructurales y que permita desarrollar las capacidades de contención o de resiliencia en las personas, las familias, las comunidades y el Estado en todos sus niveles y poderes, además de atender a los grupos en mayor riesgo y buscar medidas para mitigar situaciones de violencia crónica y reintegrar socialmente a aquellos que de víctimas se convirtieron en victimarios.

 

La aceptación de una política y un programa de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia desde el inicio de la actual administración fue una grata sorpresa para nuestras organizaciones. Ofrecimos nuestro conocimiento y experiencia,  algunas fuimos convocadas, otras estuvimos a la expectativa viendo como al menos, la nueva Subsecretaría creada para llevar a cabo esta política atraía a algunas personas que habían participado en buenas prácticas en distintas regiones del país. Observamos también como varias organizaciones que tenían influencia en la política de seguridad “dura” empezaron a transitar hacia el paradigma de prevención social. Vimos como en estos tres años la Subsecretaría fue teniendo aprendizajes, recuperó esfuerzos anteriores  y empezó a crear herramientas para enfrentar algunos de los obstáculos que nosotros ya habíamos advertido.  Teníamos esperanza en la construcción de una capacidad estatal tan necesaria y urgente para revertir la expansión de la cultura de la guerra, de la violencia, de la corrupción, de las complicidades y de la impunidad.

 

Y ahora resulta  que es precisamente esa cultura la que por vía del nombramiento de Arturo Escobar como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana se va a hacer cargo primero de destruir lo que con tanto esfuerzo se había venido construyendo  y después  seguramente, se dedicará a impulsar medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua, la reducción de la edad penal, la criminalización de las juventudes, así como a utilizar los recursos del PRONAPRED para pagar complicidades, crear clientelas, aprovechar de manera patrimonial los recursos y principalmente, posponer por varios años la posibilidad de realmente avanzar en prevención social de las violencias y la delincuencia.

Porque Arturo Escobar y su partido el Verde Ecologista Mexicano, eso es lo que representan: la cultura de la ilegalidad, la corrupción, el clientelismo, el oportunismo, la simulación   y el desprecio por la vida,  la justicia y  la libertad.

 

Por ello las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación se revoque el nombramiento de Arturo Escobar para la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

 

Arturo Escobar no conoce de la materia, no es un servidor público confiable, no practica los principios éticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana.

 

Espacio Social para el Diálogo Estratégico:Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C., Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Cauce Ciudadano, A. C., Iniciativa Ciudadana yDesarrollo Social, INCIDE Social, A.C., Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A. C., Organización Popular Independiente A.C., RIRIKI, Intervención Social S.C.,Sin Fronteras IAP,Spatium Libertas A.C.

 

Organizaciones de la Sociedad Civil

24 horas sin violencia A.C., 24-0 México, Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C., AFLUENTES SC,Afrodescendencias en México, A.C., Alarbo, A.C., Alconsumidor, A.C., Alianza por los Derechos de la Mujer en el Estado de México, ArsSocialis, A.C., Asamblea Popular de Familias Migrantes, Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad A.C., Barzón Chihuahua, Barrio Activo, A.C., Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia AC), CASLOMA, A.C., Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, CEFIMEX, Centro Ciudadano de Estudios y Evaluación de Políticas Públicas A.C., Centro Cultural el Faro A.C., Centro de Análisis y Formación de Capacidades S.C., Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos de la Infancia A.C., Centro de Atención a la Mujer Trabajadora A.C., Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria, O.P.», A.C., Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., Centro de Estudios Ecuménicos, Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social, A.C., Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo CIPE, Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A. C., Centro Terapéutico Vista, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. CADHAC, Circo Volador, A.C., Colectiva Ciudad y Género, AC., Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (COMEMIRE), Comité Médico Ciudadano de Cd. Juárez, Consejo Masónico del Estado de Michoacán, A.C.,ConArte!, Consorcio Oaxaca, A.C.,Copevi Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C., DECA Equipo Pueblo, A.C., Educación y Ciudadanía, Escuela Latinoamericana de Actoria Social Juvenil, Espacio Libre Independiente Marabunta,ENLACE, Comunicación y Capacitación A.C., El Grupo Saltimbanqui, El Instituto de Investigación y Práctica Social, El Valor como Deporte Universal A.C., Episteme A.C., Familias Diversas A.C., FIAN México, Formación y Habilitación Down´s A.C., Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P., FUNDEM región de centro, GENDES, A.C., Grupo de Educación Popular con Mujeres GEM, Grupo de Mujeres de SanCristóbal las Casas, A. C, Grupo Espacio Siete, Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A. C. GIMTRAP, Grupo Observa Ciudadan@, Hermosa A.C., Inclusión, Género y Ciudadanía A.C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C., Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, A. C., Instituto Galileo de Innovación Educativa A.C., Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario. A.C. (IMDEC), Investigación, Organización, Acción Comunitaria Altepetl, A.C., Lupa Ciudadana, Morritos, A.C., Mujeres en Movimiento, A.C., Mujeres, Democracia y Ciudadanía A.C., Observa los Medios A.C., Observatorio Ciudadano CERO Trata, Observatorio de los Derechos de las y los Jóvenes Ojo Ambulante, Observatorio Género Violencias y Derechos Humanos,Pensamiento No Delinque, Proyecto Teatro Ensamble (Agrupación teatral), Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de San Luis Potosí, Red Internacional de Migración y Desarrollo, Red por la Participación Ciudadana A.C., Red por los derechos de la infancia en Cd. Juárez, REDGE, Red Retoño de Prevención Social de la Delincuencia Organizada, Salud, Arte y Educación, A.C.,Servicios Educativo de Promoción Familiar A.C., SinCeraSer A.C., Sociedad Cultural “Miguel Hidalgo”, A.C., Sociedad de Estudiantes de El Colegio de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ZihuameMochilla A. C.

 

Personas

Adriana E. Ibarra Loya, Adriana Luna Parra, Aidé García Hernández, Alberto Athie, Alberto Aziz Nassif, Alberto J. Olvera Rivera, Alberto Serdán Rosales, Alejandra Balduvin Álvarez, Alicia Rubio, Alma Gómez Caballero, Alma Irene Nava Bello, Ana María Salazar Sánchez, Ana Stern, Ana Zagury, Andrea Rendón, Antonio Medina Trejo, Antonio Yunez Naude, Araceli Burguete, Araceli Burguete Cal y Mayor, Araceli Díaz Wood, Arturo Villegas, Carlos Alberto Cruz Santiago, Carlos Alberto Zetina Antonio, Carmen Farías Campero, Catalina A. Denman, Cecilia Castro G., Ciria Gómez Lacuona, Clara Jusidman, Claudia Castello Rebollar, Claudia Cruz Santiago, Consuelo Morales E., Dan González Ortega, Daniel Gershenson, Denise Dresser, Dinorah López, Edna Jaime, Eduardo Albarrán Oscós, Eduardo González Ortega, Elena Azaola Garrido, Elio Villaseñor Gómez, Elsa Conde, Elsa Jiménez Larios, Elsa María Arroyo Hernández, Elvia R. Martínez Medrano, Emma González, Enrique Calderón Alzati, Eric Eduardo Bravo Gutiérrez, Erika I. Llanos Hernández, Ernesto Camou Healy, Eugenia Mata, Eugenio Anguiano Roch, Fátima Patricia Hernández Alvizo, Felipe Alatorre Rodríguez, Fernando Hernández, Flavio Lazos G., Flor de Luz Castilla P., Francisca Jiménez Barrientos, Francisco Javier Camas Reyes, Gabino Gómez Escárcega, Gabriela Delgado, Gabriela Rodríguez, Gloria Ramírez, Guadalupe Cruz Cárdenas, Guadalupe Marina Burgos Jiménez, Guadalupe Ordaz Beltrán, Guadalupe Rodríguez Gómez, Héctor Bialostozky,Héctor Castillo Berthier, Hilda de la Vega Cobos, Ingrith Carreón, Irma Saucedo, Isabel Sepúlveda, Ismael Acosta García, Iván Alonso Torres, Iván Orellana Mejía, Jacobo Dayán, Jesús Cantú, Jesús Robles Maloof, Jorge Cerpa Velázquez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, José Bautista Farías, José Luis Hernández Palmerin, José Luis Manzo Ramírez, José Manuel Zorrilla Ríos, José Merino, Juan Machín, Juan Pedro Barbosa García, Juan Villoro, Laura Adriana Godínez Esparza, Laura Alvarado Castellanos, Laura Breña Huerta, Laura Carrera, Laura Martínez Rodríguez, Leticia Chavarría, Lilia Monroy Limón, Lilian Chapa, Koloffon, Lorenzo Meyer, Lucha Castro, Lucia Melgar, Luis F. Pérez Torner, Luz Lozoya, Luz Rosales Esteva, Ma. De Lourdes Alemán Cadena, Magda Coss, Magdalena Villarreal, Manuel Arriaga Chimal, Manuel Canto, Marcela Andrea Godínez Esparza, Marco Villa, María Concepción Sánchez Ávila, María Cristina Safa Barraza, María Elena Martínez Carranza, María Enriqueta Cepeda Ruiz, María Eugenia de Alba, María Eugenia Suarez de Garay, María González Valencia, María Guadalupe Pérez Vázquez, María Isabel Martínez Rocha, María Luisa Cabral Bowling, María Luisa Rubio González, Maricarmen Morales Méndez, Mariclaire Acosta, Marta Lamas, Martha Gpe. Figueroa Mier, Martha Delia González, Mauricio de Máría y Campos, Miguel Concha Malo, Moisés Domínguez, Mónica del Val Locht, Mónica Rivas, Montserrath Gheno Vázquez, Nahela Becerril, Nancy Pérez García, Nashieli Ramírez, Norma Alicia Del Río Lugo, Olgalina Franco Jarquin, Olivia, Tena Guerrero, Paloma Bonfil S., Paola Contreras, Patricia Chavero Gómez, Pepe Frank, Perla, Aparicio Nieto, Pilar Puertas, Rafael Reygadas Robles Gil, Rafael Rodríguez Castañeda, Raúl Bretón Salinas, Raúl Ramírez Baena, Rene Torres-Ruiz, Renée de la Torre, Ricardo Castañeda, Roberto Eibenschutz, Rocío Mejía Flores, Rodolfo García Zamora, Rogelio Córdova  Nava, Rogelio Gómez Hermosillo M., Rogelio Marcial, Rossana Reguillo, Samuel Jiménez Juárez, Sandra Alejandra Romero Torres, Sara Román Esquivel, Sara San Martín R, Saúl Escobar Toledo, Sergio Aguayo,Sergio Ramírez Caloca, Silvia Gómez Tagle, Sofía Irene Córdova Nava, Susana Lerner Sigal, Teresa Zorrilla Palomar.

Derechos humanos y ciudadanía

Ciudadanía, Derechos Humanos, DESC

¿Qué son los Derechos Humanos?

Los derechos humanos son atributos y garantías que tienen todas las personas para vivir una vida de libertad y dignidad, en virtud de su humanidad común. Corresponden a todas las personas, al margen y por encima de las leyes, y deben ser reconocidos y protegidos.

Expresan el compromiso de las sociedades de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios para alcanzar una vida digna. Se hallan sustentados en valores éticos, cuyos principios se han traducido en normas de derecho positivo nacional e internacional, constituyéndose en parámetros de justicia y legitimidad política.

Se considera que los derechos humanos se realizan cuando los individuos gozan de las libertades amparadas por el derecho y el ejercicio del derecho está garantizado y cuando hay mecanismos sociales suficientes para proteger a la persona de las amenazas contra el ejercicio de las libertades amparadas por esos derechos.

Desde el “punto de vista antropológico, los derechos humanos responden a la idea de las necesidades que tienen los seres humanos para vivir de manera digna: alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud, en una primera instancia; también a la libertad de expresión, de organización, de participación, posteriormente; de trascendencia, de tener una vida de calidad, de solidaridad, etc. una vez que las anteriores han sido cubiertas”

Luigi Ferrajioli señala que los derechos fundamentales son los derechos que están adscritos universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o personas con capacidad de obrar y que son por tanto, indisponibles e inalienables. Sostiene además  que si queremos garantizar un  derecho como fundamental se debe sustraer tanto a la disponibilidad política como a la del mercado, formulándolo como regla general, y por tanto confiriéndolo igualmente a todas y todas.

En el derecho mexicano esos derechos universales e indisponibles están establecidos en la Constitución Mexicana, y en el ámbito internacional, corresponden a los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en los Pactos internacionales (1966) así como en varias otras convenciones internacionales sobre derechos humanos.

En el siglo XVIII en la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se consagraron por primera vez de una manera definitiva como texto legislativo. Esa declaración significó un importante cambio de época en donde se reconoce por primera vez en la historia de la humanidad que todos los seres humanos son iguales y libres y de ahí parte un esfuerzo histórico para acabar primero con la esclavitud y con el uso y abuso de otros seres humanos por parte de la aristocracia, la nobleza y los dueños de los recursos económicos. Se legitiman las luchas de los esclavos, de los siervos, de la servidumbre doméstica, y posteriormente, de los trabajadores, de las mujeres, de los niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las poblaciones de origen africano, de los pueblos originarios, por dejar de ser considerados como seres inferiores, sujetos a las decisiones de los hombres blancos, heterodoxos y propietarios. Los siglos XIX y XX son testigos de nuevas formas de subordinación y desigualdad pero también de una lucha sostenida por el reconocimiento de los derechos de todas y todos. En el siglo XX se sientan las bases del sistema internacional de derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, piedra angular del ese sistema internacional señala que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” Que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. [1]

La Declaración Universal fue sancionada por la Asamblea General de las N.U. En 1948 al término de la Segunda Guerra Mundial después de las atrocidades cometidas por estados totalitarios como Alemania, Japón e Italia contra millones de personas por el simple hecho de ser diferentes en ideología, en religión, en origen étnico y orientación sexual. Personalmente creo que la historia aún no revisa los exterminios cometidos también contra millones de seres humanos en la Unión Soviética de Stalin y en la China de Mao.

Desde ese año y como producto de negociaciones entre los gobiernos representados en el Sistema Universal de Derechos Humanos, se han ido generando diversos instrumentos jurídicos[2] varios de ellos vinculantes. El reconocimiento de los derechos humanos se ha establecido universalmente a través de distintos instrumentos internacionales: convenciones, conferencias, declaraciones, pactos y protocolos que obligan a los Estados a protegerlos y materializarlos.

Son cerca de doce instrumentos formulados y aceptados internacionalmente, a los que se suman convenios desarrollados por organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, siendo especialmente importantes varios expedidos por la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, se han creado sistemas de instituciones y  mecanismos que han avanzado en  la conceptualización y la cobertura del marco de derechos humanos; comités que vigilan, dan seguimiento y visibilizan el grado de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los Estados Parte; y reciben denuncias, realizan escrutinios y aplican sanciones o hacen recomendaciones ante violaciones a los derechos humanos.

Adicionalmente, desde la Conferencia de Viena de 1993 se busca avanzar en la forma de operacionalizar el llamado “enfoque de derechos humanos” en planes, políticas y programas de los Estados e incorporarlo en el funcionamiento de todos los organismos del Sistema de Naciones Unidas. Es posible actualmente encontrar en la red diversos manuales para incorporar ese enfoque en la gestión de gobiernos y de instituciones públicas e internacionales.

El Sistema Universal se fortalece además con la existencia de sistemas regionales como es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fuertemente vinculado a la Organización de Estados Americanos, del cual forman parte la Corte, la Comisión y el Instituto Interamericanos, que se encargan de atender, adaptar y desarrollar el marco de derechos humanos a las realidades de la región americana, pero también de vigilar y exigir cuentas a los países sobre el cumplimiento de los convenios y tratados que han firmado.

Es así que como los derechos humanos se han constituido en un mapa de ruta para los Estados a fin de avanzar en la consecución de una vida digna para sus pueblos. Varias constituciones de países de América Latina desarrolladas en la década de los años noventa, destacadamente la de Ecuador, asumen el marco de los derechos humanos como su eje fundamental. México los incorpora como tales apenas en 2011 con la reforma al Artículo 1 constitucional.

Por su parte, para las personas significa un compromiso adquirido por sus gobiernos que debe ser honrado tanto dejando de hacer acciones que los vulneren como llevando a cabo otras que garanticen la realización de los derechos humanos reconocidos.

La violación a los derechos humanos ocurre por omisión cuando los Estados no llevan a cabo las acciones requeridas para alcanzar la realización de ciertos derechos o por comisión al continuar con prácticas que dañan, la libertad, la integridad, la vida y la seguridad de las personas (tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, etc.,)

Los derechos humanos no son absolutos, sino susceptibles de cambio, de acuerdo con las necesidades de una época determinada o de un territorio específico. Frente a transformaciones sociales como por ejemplo la urbanización de las sociedades o frente a cambios tecnológicos han surgido nuevos derechos o conjuntos de derechos como es la carta de los derechos a la ciudad o el derecho al internet como parte del derecho al conocimiento y a la información. Esta situación de relativismo provoca que países de oriente medio con religión islámica, por ejemplo, consideren a los pactos internacionales en materia de derechos humanos y a los mecanismos de revisión del cumplimiento de los mismos como una imposición de occidente.

Sin embargo, la evolución del marco de derechos humanos ha mantenido dos características la defensa de la persona humana y las limitaciones al poder del Estado. Están fundados en los principios de la dignidad humana, de igualdad y equidad.

¿Cuáles son y cómo se clasifican los derechos humanos?

Actualmente existen en el mundo un cuerpo amplio y creciente de instituciones y un gran número de especialistas que por cerca de siete décadas, han venido reflexionando y avanzando en la protección de los derechos humanos y dentro de ello, en la forma de operacionalizar o implementar las obligaciones que adquieren los Estados al firmar los diversos instrumentos internacionales.

En los instrumentos internacionales hay cerca de 400 derechos humanos reconocidos. La evolución normativa de los derechos humanos ha dado lugar a dos categorías amplias de estos: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos sociales y culturales. Los primeros consagran al individuo frente a la ley y garantizan su habilidad para participar libremente en la vida política, económica y civil de las sociedades. Los segundos promueven el florecimiento individual, el desarrollo económico y social, la autoestima y la identidad.[3]

Esta primera división de los derechos humanos es resultado de la situación que se vivía en la llamada etapa de la Guerra Fría entre dos regímenes sociales sustentados en visiones diferentes de la mejor forma de organizar a las sociedades. Los regímenes de economía capitalista o de mercado privilegiaban las libertades individuales y particularmente, los derechos a la propiedad privada y por ello, impulsaban y defendían en sus propias sociedades y en las organizaciones internacionales todo lo relativo a la realización de los derechos políticos y civiles de sus poblaciones relacionados con el ejercicio de las libertades. Por su parte, los estados socialistas mostraban interés por la realización de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos, los derechos donde la colectividad es responsable de asegurar su realización y que tienen mayor relación con el atributo de igualdad. Así los primeros, no asumían como responsabilidad del Estado los derechos económicos y sociales y los regímenes socialistas conculcaban varios de los derechos políticos y civiles de sus poblaciones. Los Estados de Bienestar buscaron ser una alternativa dentro de las economías de mercado que atendieran al tema de igualdad y justicia social y no sólo el de libertades individuales. Los países que adoptaron este tipo de régimen social estaban demasiado cerca de la Unión Soviética y veían el riesgo de que las fronteras de la misma se corrieran hasta el Atlántico Norte.

La comunidad de naciones consideró importante en la década de los años sesenta del siglo pasado, derivar de la Declaración Universal de Derechos Humanos dos Pactos internacionales: el de derechos políticos y sociales y el de derechos económicos, sociales y culturales con la clara intención de hacer evidente que ambos cuerpos de derechos tienen igual importancia para la consecución de una vida digna. La Carta de las Naciones Unidas surge en una etapa de la historia en donde las naciones tenían que establecer reglas claras en la relación entre Estado y las poblaciones, después de los abusos de la primera y segunda guerra mundial cometida por regímenes totalitarios, como ya señalamos.

Los derechos humanos son de igual importancia para la dignidad humana. Los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen el mismo estatuto legal, importancia y urgencia que los Derechos Civiles y Políticos. El goce de los derechos económicos, sociales y culturales es determinante para la posibilidad del goce efectivo, igualitario y no discriminatorio de los derechos civiles y políticos. Ejemplo: el derecho a votar en libertad y en secrecía.

Sin embargo, desde finales del siglo XX y frente a la caída del Muro de Berlín, el contrapeso que los países de régimen socialista hacían a los países de economía de mercado por cuanto a las prioridades respecto de sus poblaciones, se eliminó, lo que ha representado incluso una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales incluso en los países con regímenes de bienestar con la reducción de servicios y prestaciones que en algún momento ofrecieron a sus poblaciones. La experiencia griega y la española son emblemáticas de la retracción de condiciones de bienestar que sus poblaciones habían alcanzado, obligadas por los sistemas financieros europeos.

El sistema internacional de derechos humanos reconoce que los atributos de los derechos humanos son:

Universales-Corresponden a todas las personas y todas las personas tienen igual condición con respecto a esos derechos

Inalienables– No se puede ser despojado de ellos por otros, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente

Indivisibles– Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales son igualmente necesarios para una vida digna. No hay una jerarquía entre ellos. No se pueden reprimir algunos para promover otros.

Interdependientes– La realización plena de los derechos civiles y políticos requieren del goce pleno de los derechos, económicos, sociales y culturales y viceversa.

Exigibles- Las personas pueden exigir que el Estado cumpla garantice, respete y proteja sus derechos humanos.

Teoría de las tres generaciones de derechos humanos

Algunos teóricos hablan de tres generaciones de derechos humanos y consideran una especie de evolución de su reconocimiento en el tiempo.

Primera generación

Derechos civiles y políticos – Libertades individuales

Siglo XVIII, fundamentados en la libertad. Derechos individuales. Constituciones de Estados Unidos y de Francia.

Desde antes Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás de Aquino y retomados por Rousseau, Voltaire, Diderot y D’Alambert

¿Cuáles son los derechos civiles?

Derecho a la integridad física (Derecho a la vida) y moral (derecho al honor), derecho a la seguridad de las personas, los domicilios y las comunicaciones, protección contra la discriminación originada en cualquier condición personal o social y los derechos individuales: la propiedad, la libertad de pensamiento, expresión, prensa e imprenta, de culto, de circulación y residencia; al debido proceso, garantías contra detención arbitraria, el derechos de asistencia, representación y defensa jurídica, a no declarar, a la ausencia de tortura. El heveas corpus, la presunción de inocencia, la no retroactividad de las leyes, la proporcionalidad de las penas, a obtener reparación

¿Cuáles son los derechos políticos?

Derechos políticos: a la participación en la vida civil y política, el derecho al voto, el de petición, de reunión y manifestación, de asociación

Segunda Generación

Derechos económicos, sociales y culturales – Igualdad

Derivan de las Revoluciones Sociales del siglo XIX. Florecieron en 1917 y 1918 con las revoluciones mexicana y rusa y se conocen como derechos sociales y económicos a los que se agregaron los derechos culturales Ideólogos y pensadores más representativos de Marx, Engels, Lenin, Hegel. Tienen que cumplir con una función social sin dejar de ser individuales: el individuo es su titular.

Algunos los consideran como derechos programáticos o “derechos prestaciones” porque para su realización el ser humano necesita de la ayuda de la sociedad a fin de obtener los medios para la realización de sus necesidades

En este contexto, los derechos económicos, sociales y culturales específicamente son aquellos que posibilitan a la persona y a su familia gozar de un nivel de vida adecuado. Incluyen aspectos relacionados con el derecho a la vida, a la libertad y a la subsistencia.

¿Cuáles son los DESC?

El derecho al trabajo y a la libre elección del empleo; a condiciones de trabajo equitativas y satisfactoria; libertad sindical y derechos de huelga; a la seguridad social; protección a la familia y a los menores; a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia (alimentación, vestido y vivienda digna); al nivel más alto de salud física y mental; a la educación; a participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos; derechos de autor; al descanso y a la recreación, a constituir una familia y a recibir protección, derecho al agua; derecho al medio ambiente sano

Los DESC podrían considerarse como la expresión central del conjunto de los derechos sociales, a los que deben agregarse los derechos definidos en los instrumentos internacionales y nacionales referidos a los pueblos y a los grupos de población sujetos a discriminación como son la niñez, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad,  los migrantes, entre otros. La formulación específica de instrumentos internacionales para estos grupos refiere a la inclusión, la igualdad y la no discriminación. Por ejemplo en el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, apenas el pasado 14 de junio, se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Las garantías sociales protegen los derechos de corte social y económico del individuo. Son instrumentos para que el derecho social declarado en la ley, se convierta en operable, ejecutable, exigible. Son métodos, mecanismos o dispositivos que sirven para asegurar la efectividad de un derecho social.

Tercera Generación

Derechos de los pueblos y la solidaridad – Fraternidad

Son los derechos de los pueblos y de la solidaridad, que les permite a aquellos reclamar ciertas prestaciones de la sociedad.

Pertenecen a los individuos y, a la vez, al conjunto del pueblo e incluso a la comunidad internacional.

¿Cuáles son los derechos de los pueblos y la solidaridad?

Derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad, derecho a la comunicación, derecho al desarrollo y derecho a un nuevo orden internacional. Derecho a la intimidad, a disfrutar del aire puro, a recibir una buena información, a la protección del patrimonio, los derechos del consumidor, el derecho en general, a tener una vida de calidad.

(Haroeld J.Laski, Benedetto Croce, Mancery Fry, Mahatma Gandhi. Jacques Maritain, Kurt Riezler, George Friedman, Hung Shulo, Luc Somerhausen, Humayeun Kabir y Richard Mc Keon).

En el Siglo XXI un reto al marco de derechos humanos es desarrollar los conceptos y los mecanismos que frente al protagonismo de las familias y de las empresas nacionales y trasnacionales por una parte, y la retracción de los Estados Nación, por la otra, mantengan vigentes los atributos asignados a lo que significa vida digna de las personas y se respete la libertad, la igualdad y la fraternidad.

El desarrollo de los derechos humanos de tercera generación apuntan en ese sentido y buscan reconocer la presencia de Estados regionales y de la sociedad global: el derecho al desarrollo, al medio ambiente sano, a los bienes comunes de la humanidad, el derecho de los pueblos, los derechos de las generaciones futuras,  de los migrantes, etc.

Las obligaciones de los Estados

De acuerdo a las Directrices de Maastricht en su Apartado 4 “Hoy en día es indudable que los derechos humanos en su conjunto son indivisibles, interdependientes, interrelacionados y de igual importancia para la dignidad humana. En vista de lo anterior, los Estados tienen la misma responsabilidad en cuanto a las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y las violaciones a los derechos civiles y políticos”

En su apartado 6 se dice “Al igual que los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales imponen sobre los Estados tres tipos de obligaciones distintas: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. El incumplimiento de cualquiera de estas tres obligaciones constituye una violación a dichos derechos. La obligación de respetar requiere que el Estado se abstenga de obstaculizar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Así, el derecho a la vivienda se infringe si el Estado lleva a cabo expulsiones forzosas arbitrarias. La obligación de proteger exige al Estado prevenir violaciones a estos derechos por parte de terceros. Así, el no asegurar que los empleadores privados cumplan las normas básicas de trabajo podría constituir una violación al derecho a trabajar o a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. La obligación de cumplir requiere que el Estado adopte las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, legales y de otra índole adecuadas para lograr la plena efectividad de dichos derechos. Así, podría constituirse una violación si el Estado no proporciona la atención primaria de salud esencial a las personas que lo necesiten”[4]

Interesa destacar que los instrumentos internacionales y la jurisprudencia relativa a los DESC establecen que existen diversas formas en que los Estados pueden honrar su obligación de satisfacer o de cumplir. El enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, si bien aporta marcos para la orientación de esas políticas, no define el contenido de las mismas. Es decir, de acuerdo a sus regímenes sociales y económicos los Estados podrán escoger diferentes caminos para garantizar que su población acceda a la realización de sus derechos humanos.

Por ejemplo, para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales los Estados tienen la obligación de definir los estándares básicos de satisfacción a los que se comprometen una vez que son Parte del PIDESC y de ahí tienen que ir moviendo progresivamente esos estándares inicialmente comprometidos para ir mejorando las condiciones de vida de sus poblaciones. El caso de la educación en México es ejemplificativo de este compromiso progresivo: inicialmente el compromiso fue de garantizar la disponibilidad y acceso a la educación primaria para todas y todos; años después se avanzó a la garantía de educación básica universal, es decir se agregó la educación secundaria; en los primeros años del Siglo XXI se adicionó el compromiso de la educación preescolar y más recientemente el de educación media superior.

Es interesante señalar que una vez adquirido el compromiso del Estado sobre los niveles de garantía a cumplir no se permite regresividad a menos que existan circunstancias graves y evidentes que le impidan al Estado cumplir con los compromisos señalados en su legislación. El Estado Griego por ejemplo ha tenido que echar para atrás garantías en materia de jubilaciones.

¿Qué significan los derechos humanos para las personas ordinarias y concretas?

Al firmar los Estados los distintos instrumentos internacionales de DDHH y al ser incorporados estos en las constituciones nacionales y en la legislación lo que se llama armonización legislativa, se obligan a respetarlos, protegerlos y garantizarlos y a abstenerse de violarlos.

De alguna forma establecen los términos de relación entre los Poderes del Estado y el pueblo y limitan a los primeros en su ejercicio del poder sobre estos últimos para no vulnerar la dignidad de las personas. Los obligan a desarrollar los instrumentos, mecanismos, modalidades que permitan la realización de los derechos humanos: garantías específicas, legislación, políticas, programas y presupuestos, creación de instituciones como tribunales, defensorías, procuradurías, mecanismos de participación, de exigibilidad, de información, de protección como son las medidas cautelares, etc. Es decir los Estados tienen que desarrollar sus capacidades institucionales para realizar los derechos humanos de sus poblaciones y aplicar las prescripciones definidas en los instrumentos internacionales de los que forman parte.

Las personas como titulares de derecho pueden usar esos instrumentos e instituciones para hacer exigibles sus derechos y si agotan las instancias nacionales y no son atendidos, sus reclamos pueden acudir a las instancias internacionales y someter a los países a un juicio de pares. Ello mediante los llamados Protocolos Facultativos.

Las sanciones son más bien de tipo moral en ciertas instancias como son los Comités que vigilan el cumplimiento de los pactos y convenios internacionales. Estos emiten recomendaciones u observaciones y examinan periódicamente su cumplimiento.

Cuando ya se trata de asuntos ante la Corte Internacional o la Comisión Interamericana, los Estados son obligados a realizar diversas acciones entre las que se encuentran medidas de reparación del daño a quienes fueron afectados por comisión u omisión del Estado.

En algunos casos, como estuvo a punto de ocurrir en el Parlamento Europeo en el caso de Ayotzinapan, los Estados pueden adoptar sanciones económicas o políticas como son embargos o boicots, al país que viola derechos humanos.

¿Cómo entender la dignidad humana, clave de derechos humanos?

Toda la teoría y desarrollo conceptual de los derechos humanos es en realidad un intento de dar contenido al concepto de dignidad humana.

Es decir, cuales son las condiciones en que el ser humano puede realizar una vida buena y digna: con libertades, con igualdad, sin discriminación, con seguridad, con reconocimiento y respeto a su calidad humana, con cobertura de sus requerimientos para la vida, y posibilidades constantes de mejorar su calidad de vida.

Los derechos humanos son una traducción de lo que la sociedad mundial concibe como elementos fundamentales para que las personas realicen su dignidad como humanos. Puede considerarse como un marco aspiracional y fijan un estándar.

La preponderancia de los regímenes capitalistas de mercado, liderados por el capital financiero, ha significado un retroceso en la participación de los Estados en la provisión de bienes, servicios y actividades para la vida digna de las personas. Desde la década de los ochenta del siglo pasado ha habido una destrucción y disminución de la calidad en los servicios sociales públicos.

La provisión de estos volvió a recaer en las familias y se ha convertido en un nicho fundamental para las empresas del mercado donde obtienen ganancias proveyendo servicios de salud, educación, operación de reclusorios, manejo de servicios de agua, basura y alumbrado público en las ciudades.

Ante esta tendencia y de acuerdo a las obligaciones establecidas para los Estados en materia de Derechos Humanos, el Estado debería en este caso haberse convertido en un garante de que las relaciones entre personas, y entre personas y empresas, se realice en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos de éstas. Es decir, su obligación de proteger adquiere gran relevancia dado que las violaciones cotidianas de derechos humanos se están dando entre particulares y entre particulares y colectividades. El Estado debería desarrollar una institucionalidad para ejercer su obligación de protección de los derechos humanos. Al no hacerlo está permitiendo abusos, explotación, exclusión, violencias en las relaciones entre particulares. Están fallando incluso en su función fundamental de brindar seguridad a sus pueblos.

Derechos Humanos y Ciudadanía

A. Marshall sostenía en la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando hablaba de la interdependencia de los tres tipos de ciudadanía: la civil, la política y social y que se confirma en varios instrumentos internacionales que agregan a la interdependencia de los derechos, su indivisibilidad, su interrelación y su igual importancia.

En Estados donde persiste una profunda desigualdad y millones de seres humanos viven en la pobreza y la exclusión, la violación a sus derechos económicos, sociales y culturales limita su autonomía y su libertad para ejercer su ciudadanía política y civil. Viven en situaciones subordinadas frente a los sectores dominantes y no se atreven a enfrentar las estructuras que los subordinan.

Si los mexicanos y las mexicanas gozáramos de ciudadanía plena, viviríamos en un Estado de Derecho donde podríamos exigir el cumplimiento, respeto y protección de nuestros derechos y dispondríamos de mecanismos legales para hacerlos justiciables. El Informe País publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) muestra que la realización de los derechos de los mexicanos y mexicanas se alcanza sólo por intermediaciones: es necesario pertenecer a un grupo o partido político, tener un contacto o conocer a alguien que puede mover las estructuras que permiten la realización del derecho exigido. Por ello millones de connacionales viven ciudadanías truncadas por que cumplen con sus obligaciones de respetar las leyes, pagar impuestos, acudir a votar pero no encuentran correspondencia de cumplimiento de las obligaciones del Estado en el respeto, protección y garantía de sus derechos.

Aquellas personas que por su condición económica y social no pueden realizar por sí mismas algunos de sus derechos económicos y sociales y son sujetos de los programas públicos sociales, no son tratadas como titulares de derechos, sino como beneficiarios de esos programas. Con frecuencia ello significa que se vean limitadas en sus libertades de expresión, de manifestación, de elección de sus gobernantes, de exigencia de sus derechos ante el riesgo de perder los beneficios que reciben de esos programas

Abramovich sostiene que “uno de los principales aportes del enfoque de derechos humanos es dotar a las estrategias de desarrollo de un marco conceptual explícito, del cual puedan inferirse elementos valiosos para reflexionar sobre los diversos componentes de esa estrategia: los mecanismos de responsabilidad, la igualdad y la no discriminación, la participación y el otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos”

Continúa señalando que “En líneas generales, el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas sólo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento”

Una de las obligaciones de los Estados Parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos son las de modificar los ordenamientos jurídicos internos y definir recursos efectivos ante tribunales que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos reconocidos por ley.

Christian Curtis señala que la legislación que protege los derechos de propiedad tienen cuatrocientos años de desarrollo y que en cambio, la que protege los derechos colectivos tienen apenas doscientos.

Cuarenta y dos años de diferencia entre la expedición de los Protocolos Facultativos de los Pactos de Derechos Humanos, son un dato más para ilustrar el largo camino que resta por recorrer para hacer efectivos los postulados de interdependencia, indivisibilidad, interrelación e igualdad de importancia para la dignidad humana de los derechos económicos, sociales y culturales respecto de los derechos civiles y políticos.

Estos Protocolos permiten a los Comités de los Pactos recibir comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en los Pactos. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de 16 diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte es un acuerdo paralelo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés). Fue aprobado el 15 de diciembre de 1989 y entró en vigor el 11 de julio de 1991. Para enero de 2010, tenía 72 miembros y 35 signatarios.

En cambio el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales en el que se establecen mecanismos de denuncia e investigación fue apenas aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, 60 años después de aprobada la declaración Universal y fue abierto a votación el 24 de septiembre de 2009. Entrará en vigor cuando sea ratificado por 10 Estados miembros.

Ahora bien, una aspecto fundamental para la realización de los derechos humanos es que todas las personas se reconozcan como titulares de derechos y por ello deben formar parte de las normas y valores compartidos por los habitantes de una nación. Deben integrarse en la cultura ciudadana de todas y todos y exigir el desarrollo de mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables.

En la medida que se logre revertir la idea de que los derechos humanos sólo protegen a las personas que infringen la Ley y que se asuma que son atributos que nos corresponden a todas y todos para alcanzar una vida digna avanzaremos a una sociedad cohesionada, donde sea vigente el Estado de Derecho, exista respeto, tolerancia, solidaridad y paz y resurja la confianza como un valor fundamental de la convivencia.

De ahí la importancia de la educación en derechos humanos y del desarrollo de mecanismos legales que los hagan exigibles y justiciables.

 

[1] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948. Preámbulo.

[2] Los principales instrumentos relacionados con los DESC son además de la Declaración Universal, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Declaración sobre Garantías Sociales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo de San Salvador. Los DESC han sido reafirmados y desarrollados a través de un gran número de instrumentos internacionales adicionales, tales como la Convención de los derechos del Niño y de la Niña, la Convención contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a los derechos fundamentales de la persona en el trabajo, el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, y las declaraciones de Teherán, Viena, Copenhague, Río y Beijing, entre otras.

[3] UNDP (2006) Indicators for Human Rights Based Approaches to Development in UNDP Programming: A Users’ Guide

[4] Autores como Van Hoof o Eide citados por Victor Abramovich “proponen un esquema interpretativo que señala los “niveles” de obligaciones estatales que caracterizarían el complejo de obligaciones que identificaría a cada derecho, independientemente de su adscripción al conjunto de derechos civiles y políticos o al de derechos económicos, sociales y culturales. Según la propuesta de Van Hoof, por ejemplo, cabría discernir cuatro “niveles”: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien”.