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¿Es posible y útil hablar y medir cohesión social en México actualmente?

Diálogo internacional: Hacia la Construcción de una Agenda Nacional para la Convivencia, Cohesión Social y Territorial.  RELEX

22, 23 y 24 de junio 2015.

El concepto de cohesión social es polisémico y complejo puesto que incluye factores objetivos, factores institucionales y factores de pertenencia; es decir factores objetivos y subjetivos, cuantitativos y cualitativos. Depende del avance que las distintas sociedades y territorios han tenido en la construcción de sistemas de bienestar, en su desarrollo social, económico y político y en sus bases culturales.

Así, las investigaciones y la literatura en el tema indican que no es lo mismo el concepto de cohesión social en la Unión Europea que el que aplica a América Latina; pero aún dentro de esta región varía de acuerdo a la diferencias en el desarrollo de los sistemas de protección social, de las estructuras y niveles de desarrollo económico, de la presencia de multiculturalidad y de la evolución institucional particularmente relacionada con las calidad de los gobiernos y con su capacidad para implementar planes, programas y políticas de desarrollo.

CEPAL destaca que “La “cohesión social” es un concepto en evolución, en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos para convertirla en un instrumento útil para medir los procesos de integración y desintegración que se producen en las sociedades. Se asocia con categorías como las de capital social, que refiere al acervo de redes y lazos de los agentes sociales; la integración social, que considera el nivel mínimo de bienestar compartido entre los miembros de la comunidad; la inclusión social, que toma en cuenta la incorporación de la población en la toma de decisiones, y la ética social, que alude a los valores compartidos y la solidaridad”[1].

La pregunta que desde hace varios años yo me he tratado de contestar es si dada la complejidad y la evolución seguida por México, resulta útil el concepto de cohesión social y si se justifica la energía colocada en la selección y construcción de indicadores para medirla. Entiendo que por la Ley de Desarrollo Social y por la sugerencia de una conocida diputada, se deben incluir en la medición de pobreza indicadores de cohesión social y que por ello CONEVAL y el INEGI en particular, han estado inmersos en tratar de resolver el problema planteado.

Mi percepción y con base en las investigaciones que desde INCIDE Social hemos venido realizando sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en el país es que la evolución de la sociedad mexicana desde hace cerca de cuatro décadas, ha ido avanzando en sentido contrario a la construcción de una sociedad cohesionada.

Pero además, no encuentro en el horizonte una coalición social capaz de traducir en alternativa política la búsqueda de la cohesión social o como diría un querido amigo “un programa de construcción de capacidades estatales para producir gobiernos efectivos en la provisión de bienestar humano”

Los colectivos sociales funcionales como sindicatos, gremios, organizaciones campesinas o empresariales además de encontrarse bastante disminuidos y debilitados, no incorporan en sus demandas ya no digamos la búsqueda de una cohesión social, pero ni siquiera la de la consecución de un bienestar colectivo y compartido o la realización de los derechos humanos incluidos los económicos, sociales, culturales y ambientales. Continúan inmersos en sus intereses de grupo.

Algo similar ocurre con el sector de organizaciones civiles tan poco desarrollado en nuestro país, que parece estar concentrando en la promoción de los derechos humanos de diversos grupos poblacionales, pero que aún no encuentra un tema, una demanda que lo lleve a constituirse en una coalición social fuerte y a superar sus disputas.

Los partidos políticos por su parte, centran su actuación en ganar elecciones para acceder al poder y a los recursos que el mismo implica, con fines meramente patrimonialistas. Son causa de los conflictos y la ruptura de solidaridades y tejido social no sólo a nivel nacional sino particularmente en las comunidades e incluso en las familias. Son coaliciones que no abonan a la construcción de cohesión social sino que son parte del problema que atenta contra ello. No representan tampoco mecanismos de participación ciudadana y contribuyen a la exclusión política.

Además, el debilitamiento y la destrucción o deterioro de capacidades institucionales para la provisión de servicios sociales públicos de calidad, accesibilidad universal y asequibles a la diversidad cultural, así como la tendencia a la existencia de sistemas segmentados de empleo, educación, salud, seguridad social, servicios y desarrollo urbano y territorial,  y vivienda  han venido destruyendo los precarios avances  de la historia social mexicana tendentes a la construcción de una base mínima universal de derechos sociales.

Por el contrario, contribuye a profundizar la desigualdad y la exclusión social:

a) la segmentación de la disponibilidad de servicios sociales públicos por estratos socioeconómicos,

b) su desigual distribución en el territorio nacional y

c) la ausencia de capacidades y recursos presupuestales para irlos desarrollando y adecuando a la multiculturalidad, así como a la diversidad derivada de requerimientos distintos por grupos de edad y género y a los nuevos riesgos sociales como el envejecimiento, las adicciones, el deterioro de la salud mental comunitaria, el surgimiento de personas desplazadas y despojadas de sus bienes y recursos y de víctimas directas e indirectas de las violencias.

La siguiente pregunta que uno puede formularse es si ¿es necesario un nuevo Pacto Social que coloque el objetivo del bienestar de los seres humanos o el logro de una mayor cohesión social para cambiar el estado de violencia estructural y crónica que ya estamos viviendo en México? O si ¿es posible construir bienestar y cohesión social desde abajo con las familias, las escuelas y las comunidades?

Lo que uno puede concluir de los estudios sobre las causas de la violencia es que los agentes participantes en la fábrica social o en la reproducción de los seres humanos en México son finalmente construcciones sociales que se organizan y transforman de acuerdo al contexto social, económico, cultural y político dominante. Es decir que no son ajenos e independientes de los procesos de globalización, de transformación tecnológica y de las comunicaciones, de los modelos prevalentes de organización económica y social y de los cambios culturales y políticos. Es decir, sus posibilidades de contribuir a una mayor cohesión social dependen de la existencia de un nuevo Pacto Social que redistribuya derechos y responsabilidades entre familias, Estado. mercado y comunidad.

Uno puede observar que las transformaciones en la estructura, organización y relaciones al interior de las familias han debilitado su papel en la reproducción social de calidad de los seres humanos. Enfrentadas a políticas salariales. de retribución y jubilación regresivas, al bombardeo consumista de los medios de comunicación, al envejecimiento poblacional y al deterioro y rezago de los servicios públicos sociales se ven obligadas a redistribuir sus tiempos entre la producción de ingresos y la producción de cuidados, en detrimento de estos últimos y a la presencia de mayores conflictos y violencia entre géneros y generaciones.

El papel de las escuelas en la socialización de la infancia y la juventud y en el desarrollo de capacidades de empleabilidad también se encuentra deteriorado por la rigidez para la actualización de planes y programas acordes a la evolución del conocimiento y de la tecnología, , por la competencia que enfrentan con los medios de comunicación y con el acceso fácil a la información por las nuevas tecnologías, por el deterioro de la infraestructura educativa y de los modelos de gestión de las escuelas, por la captura de los recursos y plazas por grupos de interés, por los conflictos entre profesores, padres y alumnos, y por la creciente desaparición de adultos educadores que profundiza la brecha generacional y afecta el papel de contención y apoyo emocional que los profesores tenían sobre sus alumnos.

Finalmente, la ruptura del tejido social comunitario ha acompañado los procesos de modernización económica descentralizando la producción y destruyendo las comunidades de trabajo y creando modelos de distribución de productos de consumo que destruyen los pequeños comercios locales y la solidaridad y actividad comunitaria que se desarrollaba en su entorno; la liberación del mercado de tierras en México y la desaparición de políticas de apoyo a los micro y pequeños productores del campo ha destruido lo que restaba de organización ejidal y de comunidades rurales, ha generado también una disputa por el territorio y la presencia de agentes externos trasnacionales en su aprovechamiento (productoras agoindustriales y de energía, mineras, productoras de drogas, por ejemplo), así como el surgimiento de grandes desarrollos inmobiliarios de vivienda alejados de las ciudades.

Desde mi mirada todo conspira contra un proyecto de cohesión social, todo apunta a una fábrica social que produce seres humanos abandonados, solos, enajenados, inseguros, consumistas e individualistas y a una clase política cada vez más alejada de la población que sólo mira a sus propios intereses

[1] DECIMO SÉPTIMA REUNIÓN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN ENCUESTAS A HOGARES – DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

XIV REUNIÓN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN ENCUESTAS A HOGARES DEL PROYECTO ANDESTAD 5-7 de agosto 2008 Lima – Perú

 

Desigualdad, pobreza y Cruzada contra el hambre

 

México en el contexto de América Latina ha tenido en los últimos años un pobre desempeño en la reducción de las brechas de desigualdad y en el abatimiento de la pobreza. En cambio Argentina, Brasil, Chile,  Perú y Ecuador entre otros han mostrado resultados muy positivos pues lograron crecer y reducir la desigualdad, así como los índices de pobreza en razón de las políticas adoptadas, entre ellas medidas macroeconómicas expansivas,  mejoría en la educación, un desempeño favorable del mercado de trabajo y la revisión de las políticas salariales.

En nuestro país en cambio, el discurso político que habla de reducir la desigualdad y la pobreza parece sólo cambiar la envoltura externa del paquete manteniendo las mismas líneas de política social y fundamentalmente de política económica, centrada en la protección de los equilibrios macroeconómicos básicos y de las bases de acumulación de riqueza de los sectores más poderosos, destacadamente los monopolios que dominan varios sectores de la economía mexicana. A la par de ello, la ausencia de Estado de Derecho, la corrupción y la impunidad generalizadas en el país constituyen formas de extracción de recursos de los sectores medios y pobres por parte de las élites políticas, económicas y criminales.

Los programas sociales continúan focalizándose hacia los sectores pobres rurales y urbanos, mediante acciones de corte fundamentalmente asistencial mismos que profundizan la dependencia de millones de familias y personas. Son aquellos programas que les hacen transferencias de ingresos, les entregan directamente bienes y servicios en calidad de beneficiarios o de sujetos de crédito y no de titulares de derechos; o les amplían el acceso al seguro popular pero que por  grandes desvíos de recursos, no se amplió la disponibilidad de la infraestructura y de servicios de salud.[1]

En 2014 el Ejecutivo anunció la transformación del emblemático programa de transferencias “Oportunidades” a “PROSPERA”. El cambio según fue anunciado consiste en sumar a la entrega de transferencias monetarias programas relacionados con fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico e inclusión financiera y laboral para los beneficiarios. A estos se dirigirán también los programas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  (SAGARPA) y de la Secretaría de Economía. Todo esto en el marco de los anuncios que ha realizado el Poder Ejecutivo sobre el cambio hacia una “política social de nueva generación”. Sin embargo, no se logra observar nuevos programas productivos, ni modificaciones en los programas ya existentes, ni una nueva distribución de los recursos.

Estos escasos programas dirigidos a fortalecer las actividades económicas y las capacidades de producción y de los pequeños y medianos productores, comerciantes y prestadores de servicios que a su vez son importantes generadores de empleo, no llegan a compensar el embate que estos enfrentan por parte de las cadenas comerciales y de servicios que han encontrado, ni tampoco la magnitud del contrabando y la piratería que se presenta en el país o el cobro de protección, de piso y las extorsiones que les impone el crimen organizado. Además,  la reciente reducción presupuestal por la baja del precio del petróleo, está impactando a algunos de los programas dirigidos a esos pequeños y medianos productores,

Los programas públicos de apoyo a la producción agrícola y ganadera por su lado, se dirigen hacia los productores medios y grandes esencialmente dedicados a la producción para la exportación. Asimismo, el sistema financiero ha tenido ganancias extraordinarias en los últimos años, lavando dinero, alentando el crédito al consumo y al endeudamiento de millones de familias y cobrando tarifas extraordinarias por sus servicios, con una grave ausencia en el otorgamiento de créditos para la producción en general y agroalimentaria en especial.

La política salarial que permite reconocer y dignificar el trabajo humano y redistribuir entre capital y trabajo las ganancias de la productividad, es una zona de desastre desde hace casi cuarenta años. Es causa eficiente de la incorporación de miles de jóvenes de las generaciones del llamado “bono demográfico” a actividades riesgosas e ilegales, generadoras de ingresos rápidos y sustantivamente más elevados que los minisalarios que se pagan en las actividades “formales”. Incluso el CONEVAL en su reciente evaluación de la política social, ha señalado que “si variables importantes del mercado laboral –productividad, salario y ocupación- mejoran, se reducirá la vulnerabilidad en el empleo, mejorarán los ingresos y disminuirán los índices de pobreza.”[2]

Es decir, todo el funcionamiento social, económico y político del país parece conspirar contra cualquier intento tímido de revertir la ampliación de las brechas de ingreso y el incremento de la miseria y de las violencias.

Y esa ha sido la situación de la Cruzada contra el Hambre. No es una estrategia de la actual administración que tenga la fuerza desde concepción y estrategia, ni de políticas y programas y menos de recursos y de acciones concretas, para lograr revertir la profundización de la pobreza y la desigualdad en el país.

Vista desde su concepción y estrategia la Cruzada se enfoca a un grupo limitado de población, afectada por déficit de alimentación y la nutrición y desatiende por ejemplo, la crisis de obesidad y diabetes que afecta a 7 de cada 10 adultos en el país y que es consecuencia de malos hábitos promovidos por los intereses comerciales, pero que a su vez refleja carencias previas en materia nutricional. Tampoco asumió o reconoció el enorme peso económico que tiene el sistema alimentario en el país y los múltiples actores e intereses que participan en él. La Cruzada se colocó en la fase final del sistema, la del consumo buscando asegurar alimentos a la población elegida que es poco más de 7 millones de personas. Tampoco asumió la gran destrucción que se ha hecho a lo largo de los últimos treinta años de todos los instrumentos de política gubernamental que permitieron intervenir en ese sistema y dar seguridad alimentaria y erradicar el hambre en ciertas etapas de la historia moderna de México. No se adoptó jamás una estrategia para enfrentar  la volatilidad de los precios internacionales de alimentos básicos en el mundo como son los granos y los cárnicos, ni para hacer frente a la concentración de la producción y del comercio de esos productos en unas cuantas empresas transnacionales, o para actuar respecto de los efectos en la producción de alimentos derivados del cambio climático, del crecimiento de la demanda de los países emergentes y del crecimiento de la producción de biocombustibles. La Cruzada no ha planteado hasta ahora ninguna propuesta para hacer frente a la creciente dependencia de alimentos importados para cubrir la demanda interna en México, diferencia sustantiva con las estrategias contra el hambre de países como Brasil y Uruguay.

Respecto de las políticas, programas, recursos y acciones concretos de la Cruzada contra el Hambre en dos años de implementación ha quedado claro que se contó con muy pocos recursos nuevos que podrían resumirse en la creación de Comedores Comunitarios y la Tarjeta sin Hambre. El resto de los esfuerzos consistió en la  alineación  de noventa programas y acciones ya existentes en varias secretarías e instituciones federales que se concentraron en  los municipios seleccionados, por ejemplo, el único cambio en las reglas de operación de estos programas consistió en señalar que se daría prioridad a los municipios de la Cruzada. Posteriormente se fueron excluyendo algunos de los 90 programas originales al darse cuenta la SEDESOL que poco o nada tenía que ver con el objetivo de la Cruzada.

Si bien se hizo un esfuerzo por firmar acuerdos con gobiernos estatales y municipales, empresas de alimentos y sociedad civil (fundamentalmente la que ofrece algún tipo de asistencia alimentaria) para lograr también que sus acciones y recursos convergieran en los objetivos y territorios seleccionados por la Cruzada, hasta ahora, destaca la firma con empresas tan polémicas como Nestlé y Pepsi Co.

La creación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) incluye un mecanismo de concertación entre instituciones federales la llamada Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, así como un Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre integrado por representantes de diversas organizaciones de los sectores social y privado, de instituciones académicas y de organismos e instituciones internacionales. También se tiene la representación, en carácter de invitados, de los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas. Se ha formado asimismo un Comité de Expertos, integrado por investigadores y académicos en las áreas sociales, de salud y de economía cuyo propósito es realizar diagnósticos y propuestas de acción.

Se han creado Comités Comunitarios con el fin de propiciar la participación social de quienes son beneficiarios de los programas sociales de la Cruzada contra el Hambre. Sus funciones son: colaborar en la implementación de los programas, en la selección de las y los beneficiarios, así como supervisar que los programas cumplan con las metas establecidas. La reciente evaluación publicada por Coneval en 2014 señala,[3] que de 60 mil Comités creados según SEDESOL, “algunos no se han reunido después de su instalación, no cuentan con indicadores para saber su grado de avance y no hay evidencia de que la información generada por ellos sea utilizada para la planeación gubernamental”.

A dos años de su implementación preocupa que la Cruzada no ha contado con recursos nuevos o reorientados a partir de la eliminación de otras erogaciones en el presupuesto; que más bien pareció centrarse en una Cruzada de convencimiento a muchos de los intereses creados en torno a los programas federales que integró, los cuales  ya beneficiaban a determinados territorios y clientelas, ya tenían a sus operadores y a sus proveedores; así también preocupa que incorporó a los gobiernos estatales y municipales que han manejado hasta ahora con total discrecionalidad y libertad sus programas y recursos sociales beneficiando también a determinados grupos e intereses; o convenciendo a las empresas de alimentos que han atentado contra la buena nutrición de los mexicanos desprestigiando las dietas originarias e introduciendo alimentos industrializados con efectos devastadores en la salud de los mexicanos o acudiendo al auxilio de las grandes instituciones de beneficencia privada que operan bajo un enfoque de asistencia y no de derechos.

La convocatoria a la participación de todos estos agentes para tener resultados contundentes en el abatimiento de la pobreza y del hambre, -que no de la desigualdad porque no se contempló ninguna acción destinada a afectar o a reducir brechas- demandaría un gobierno fuerte que comprometa recursos financieros y humanos, recupere y utilice instrumentos de política, que intervenga y regule la libertad absoluta de los mercados de tierras y de alimentos, asuma la complejidad de la cuestión alimentaria y nutricional y por tanto, diseñe una estrategia consistente y que cuente con la capacidad para implementar los programas y acciones que se definan.

Ojalá, a dos años de su puesta en marcha y dadas las limitaciones que ha mostrado la Cruzada, el Presidente Peña Nieto realice un verdadero compromiso con el derecho humano a la alimentación adecuada, suficiente y satisfactoria para dar pasos reales hacia el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos y reconozca la situación tan delicada y vulnerable que se enfrenta en este campo en razón de la economía globalizada, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad.

[1]Aunado a esto, el estudio Indicadores de Acceso y Uso Efectivo de los Servicios de Salud de Afiliados al Seguro Popular realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en 2014 señala que, de los derechohabientes, la población afiliada al Seguro Popular fue la que más reportó no recibir atención a sus problemas de salud, destacando entre los motivos: la falta de dinero, el tiempo de espera para ser atendido y la escasez de medicamentos.

[2]CONEVAL (2014), Informe sobre la política de Desarrollo Social 2014.

[3]Idem.

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres

El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981. Es decir, hace exactamente veinte años. Se eligió ese día para recordar el violento asesinato de las hermanas Mirabal en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en la República Dominicana.

La Asamblea General de Naciones Unidas le dio carácter oficial a esa fecha en 1999. Considera que la violencia contra las mujeres y niñas constituye un problema de proporciones pandémicas. Señala que al menos, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato: ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte de alguien conocido.

Ese día también constituye el punto de partida de 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género que se prolongan hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Con ello, las instituciones y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las mujeres, realizan diversas actividades, cuyo propósito es hacer visible la persistencia del problema e insistir en la necesidad de mantener y ampliar los recursos que se destinan a su atención.

Un gran logro de las movilizaciones realizadas por el movimiento amplio de mujeres en el mundo, es reconocer la existencia del problema y haberlo sacado de la esfera privada, para colocarlo como un problema de la humanidad que exige atención pública.

En primer lugar, es necesario lograr que las propias mujeres afectadas, reconozcan que están siendo violentadas de alguna forma: física, sexual, económica, patrimonial o psicológicamente; que acepten que son millones de mujeres que enfrentan situaciones similares a las de ellas- eso le da el carácter de pandemia- y por lo tanto, que ellas no tienen de qué avergonzarse, que no es su culpa y que tiene derecho a una vida sin violencia. El mantener el silencio de las mujeres y alentar su miedo a la denuncia, sigue siendo uno de los peores lastres sociales y culturales en esta materia.

El establecimiento de servicios y mecanismos, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, a los cuales puedan acudir las mujeres sujetas de violencia, cualquier día de la semana, durante las veinticuatro horas del día, es la acción social más importante para brindarles seguridad y protegerlas. La experiencia muestra que los eventos de violencia se agudizan los fines de semana.

El desarrollo de refugios y albergues para que las mujeres puedan alejarse de los ámbitos violentos, junto con sus hijos, es otro servicio de primera importancia.

Una vez superado el temor para denunciar, las mujeres requieren de servicios de acceso a la justicia para evitar la repetición del daño, así como de apoyo psicoemocional para entender lo que les está ocurriendo y que ello no es natural y no tienen por qué tolerarlo.

Pero en la cadena para cambiar su situación de víctimas, resulta fundamental apoyarlas para que puedan superar la dependencia económica de los perpetradores de violencia, pues son miles de mujeres que o bien no se liberan del yugo o vuelven a él porque no encuentran la forma de sobrevivir y sostener a sus hijos. Por ello, los programas que les proporcionan opciones de trabajo o de ingresos y apoyos para la vivienda y la alimentación, resultan un eslabón central en esa cadena de liberación. Es a partir de esos apoyos que las mujeres pueden empoderarse, sentirse más seguras y evitar caer nuevamente en relaciones violentas.

El establecimiento de servicios esenciales y directos hacia las mujeres víctimas de violencia en el seno de sus familias, han requerido del desarrollo de legislación -125 países ya cuentan con leyes específicas que penalizan la violencia doméstica-; demanda de la formulación de programas públicos integrales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia, de sistemas de información oportunos y pertinentes, así como de recursos presupuestales suficientes y de la capacitación permanente de las personas que se encargan de los servicios relacionados como son policías, jueces, defensores de oficio, personal de salud, abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas.

Pero lo más importante es lograr la voluntad política y la presión social para que los servicios directos, las leyes, los programas, los sistemas de información y los recursos destinados a la atención de la violencia contra las mujeres se mantengan en el tiempo, avancen de manera progresiva y se extiendan en el territorio.

En México, con luces y sombras, esta parecería ser la tendencia general a partir de la existencia de coaliciones sociales y políticas que impulsan el continuar avanzando en la eliminación de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, llevando la delantera por mucho, el Distrito Federal, en la instrumentación de medidas concretas para enfrentar el problema.

Al nivel federal, la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reproducción al nivel de las legislaciones estatales, representan un logro central de un esfuerzo que en materia legislativa empezó desde finales del siglo pasado. La red de refugios que se ha montado en el país en los últimos diez años, es otro valioso ejemplo, aunque lamentablemente ha enfrentado serios problemas de recursos para su sostenimiento. En varias ciudades de México se han empezado a crear Centros de Justicia para las mujeres, promovidos por la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, y esta tiene actualmente una amplia campaña en medios de comunicación para sensibilizar sobre el tema de violencia de género y ofrecer atención.

Sin embargo, el escalamiento de la violencia de género, que va más allá de la doméstica, e incluye el feminicidio, la trata y explotación sexual, la violencia en los ámbitos laborales y escolares, la violencia perpetrada por los cuerpos de seguridad y la violencia en el noviazgo, se constituyen en áreas de enorme y creciente preocupación. La violencia contra las mujeres se inicia en el ámbito doméstico y se va extendiendo y agudizando en el ámbito público. Los esfuerzos para enfrentarla deben ampliarse, sostenerse y seguir profundizándose.

 

Ideas que animan al encuentro cívico (X Encuentro Cívico Iberoamericano )

 

La idea central que anima a este X Encuentro Cívico Iberoamericano es tratar de encontrar una forma para generar un verdadero y fructífero diálogo entre los gobiernos de Iberoamericana y sus sociedades civiles organizadas: verdadero en el sentido de superar simulaciones y lograr abrir la capacidad de escucha y mutuo aprendizaje entre los dos actores, en este caso los gobiernos por una parte y las organizaciones de la sociedad civil por la otra; fructífero en el propósito de que ese diálogo beneficie y mejore las condiciones de vida y bienestar de los millones de iberoamericanos que enfrentan la persistente desigualdad, la exclusión, la discriminación y agudas condiciones de pobreza.

Es en razón de esto último que para las discusiones del Foro Cívico se ha decidido situar los ámbitos sociales seleccionados para la Cumbre de Presidentes referidos a la educación y la cultura como dos poderosas herramientas para enfrentar los graves problemas de desigualdad y exclusión, mismos que han impedido crear sociedades cohesionadas, justas y solidarias en la región. No se quiso asumirlos fundamentalmente como ámbitos que permiten a los individuos ser más productivos, competitivos y eficientes para que logran insertarse con capacidades aumentadas en los mercados de bienes y servicios cuya liberación desde hace cerca de 35 años, fue presentada como el camino al desarrollo y a la modernidad. En realidad la supuesta liberación de los mercados ha sido acompañada por una sostenida devaluación del trabajo humano y de los ingresos que derivan de su venta, propiciando una profundización de la desigualdad y la exclusión.

La educación bajo esta última lógica ha ido perdiendo su papel de formadora de seres humanos para la vida colectiva y para la realización plena de las personas para pasar a ser considerada principalmente como transmisora de capacidades técnico-productivas y como credencial para ingresar a los mercados de trabajo.

Por su parte, la cultura en su más amplio sentido, ha permanecido como un ámbito del quehacer humano que puede relegarse en la agenda pública, destinándosele cada vez menos recursos de los presupuestos gubernamentales, cuando su fomento contribuye al reconocimiento de la diversidad social, a revalorar los saberes que subyacen en la cotidianeidad y a la recreación del tejido social.

Se trata entonces repito en este Encuentro Cívico de recuperar el valor de la educación y de la cultura como dos poderosos instrumentos para enfrentar la desigualdad, la exclusión, la discriminación e incluso las violencias y la delincuencia que afectan la vida de muchas comunidades en la región.

Es en razón de esto último que se decidió que el propósito del encuentro fuera dialogar sobre la innovación social que surge en las organizaciones civiles para la educación y la cultura dirigida a contribuir a la inclusión y a la igualdad.

La globalización y los desarrollos tecnológicos están generando un cambio de época en donde existe una disonancia entre los arreglos sociales e institucionales y la velocidad de los cambios que están ocurriendo en el acceso a información y conocimiento, en las comunicaciones, en la movilidad y en las relaciones entre seres humanos.

Las familias, las escuelas, las relaciones entre pares y los medios de comunicación como agentes socializadores de los seres humanos están experimentando transformaciones muy intensas por el cambio de los contextos tecnológicos, económicos, sociales, culturales y políticos.

La institucionalidad pública tiene una muy escasa capacidad para adecuarse a la velocidad requerida por las transformaciones que se están dando en las sociedades de la región iberoamericana y en ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil por su flexibilidad, tamaño y permanente contacto con las realidades cambiantes en las comunidades, se constituyen en agentes de detección temprana de esos cambios y tienen mayores posibilidades para el desarrollo de innovaciones sociales que potencien los aspectos positivos de los cambios y atenúen sus efectos negativos.

En razón de ello es que el X Encuentro Cívico busca detectar, rescatar y visibilizar esa capacidad de innovación social de las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos de educación y cultura, en especial la que coadyuva a disminuir las brechas de desigualdad y contribuye a la inclusión social, con el fin de generar evidencia para que los gobiernos de los países la tomen en cuenta y la incorporen en sus políticas y programas públicos.

Además se considera indispensable encontrar las rutas concretas en tiempo y forma, que permitan que esas innovaciones sociales sean incorporadas y escaladas en la gestión de los gobiernos iberoamericanos mediante su sistematización, intercambio, adecuación a distintos contextos y en su caso, su mejora.

Reconocer las capacidades de innovación social de las organizaciones de la sociedad civil por parte de los gobiernos conducirá por una parte a generar ambientes propicios para su desarrollo y por otra a mejorar o potenciar un diálogo social ampliado que incluya a esas organizaciones como agentes de cambio.

Es necesario modificar la mirada actual de muchos gobiernos de la región que acuden a las organizaciones de la sociedad civil como proveedoras baratas de servicios sociales que les facilitan suplir sus capacidades públicas disminuidas para atender a la población.

El reto que tenemos en estos dos días consiste en definir una hoja de ruta que permita crear alianzas estratégicas entre los gobiernos y la sociedad civil que lleven a mejorar la accesibilidad, la disponibilidad, la pertinencia y la calidad de los servicios públicos sociales, en particular los de educción y cultura.

No quisiera terminar sin expresar mi enorme pesar por la barbarie que acaba de cometerse con 74 personas en la Ciudad de Iguala, Guerrero: seis de ellas han muerto, 25 fueron heridas y 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapan sufrieron desaparición forzada y muy posiblemente fueron asesinados por la connivencia entre autoridades locales y el crimen organizado. Es un hecho lamentable que la vida de estos jóvenes de comunidades muy pobres que ven en las normales rurales su única posibilidad para salir de la pobreza haya sido cercenada por la ambición de poder y dinero y por la podredumbre que caracteriza la vida política de mi país.

Las mujeres en el activismo cívico y sus agendas.

En mi presentación deseo proporcionar un panorama a vuelo de pájaro de la participación de las mujeres en tres ámbitos de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las agendas que en esos ámbitos están reivindicando. Se trata de su participación en la búsqueda de la igualdad sustantiva de género, en la consecución de la democracia, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana y finalmente, su participación en la promoción del desarrollo social y comunitario.

Introducción

Varios filósofos y psicoanalistas sostienen que toda relación humana implica una relación de poder entre una persona que subordina y otra que es subordinada. Es el llamado poder sobre otros u otras, el poder que se ejerce de manera autoritario dado que se trata del control y la imposición de una o un grupo de personas sobre el pensamiento, las creencias, la conducta, las libertades, el nivel de bienestar, el trabajo, los ingresos, el cuerpo y la sexualidad, las posesiones y muchos otros aspectos de la vida de otras personas.

Las mujeres representan el grupo humano más grande que a lo largo de la historia de la humanidad han sido objeto de subordinación, sometimiento, discriminación, violencia y de una profunda y la mayoría de las veces oculta, injusticia. Han sido históricamente excluidas del ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos como seres humanos. Actualmente la condición de la mayoría de las mujeres del mundo continúa siendo de una profunda sujeción, a pesar de los avances logrados por las mujeres de los países ricos de occidente y las pertenecientes a los grupos de ingresos medios y altos y elevados niveles de educación.

Una de las mayores revoluciones del siglo XX fue el ingreso de de las mujeres a la vida pública y su acceso a una serie de libertades así como el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la condición de pobreza e ignorancia en la que viven la mayoría de las mujeres del mundo, así como el control de los varones sobre la institucionalidad religiosa y sobre el poder político, económico y del conocimiento continúan siendo obstáculos para el avance de la condición y posición de las mujeres.

En la práctica, en la vida cotidiana, miles de millones de mujeres siguen siendo discriminadas, maltratadas, excluidas, invisibilisadas, violentadas incluyendo la muerte o el llamado feminicidio por su condición de mujer.

Pero además, las mujeres han aprendido que ninguno de los logros alcanzados en materia de emancipación son irreversibles, y que existen épocas en la historia de los pueblos en donde se ha retrocedido para volver a condiciones que restringen sus derechos y libertades. Son ejemplificativos los casos de Irán a la salida del Shah Reza Pahlevi en 1979, así como de otros países musulmanes como Sudán donde el poder político ha pasado a manos de los sectores más conservadores del islamismo. Pero también tenemos experiencias más cercanas como fue la casi desaparición de la política de planificación familiar y por tanto, del acceso a medios de control natal para las mujeres en los gobiernos panistas y el reconocimiento de la vida desde la concepción, en las constituciones de varios estados mexicanos. Ese último retroceso ha condenado a varias mujeres a la cárcel con juicios similares a los que se practicaban en la época de la Inquisición en donde se exageran los castigos. Los feminicidios son también muestra de un retroceso propiciado por los altos niveles de violencia social en que vivimos y que permite a los varones ejercer el poder de la muerte sobre las mujeres.

La circularidad de la historia es vivida y experimentada constantemente por las mujeres. Así aquellas mujeres del sur del país que escaparon del sometimiento ejercido por sus familias y comunidades hacia las utopías falsas de las ciudades maquiladoras para trabajar y tener ingresos, fueron nuevamente sometidas pero esta vez por las plantas maquiladoras y el machismo dominante en la cultura del norte que conduce a muchas de ellas a la muerte o a la esclavitud de la trata y el trabajo sexual.

Es en razón del reconocimiento de que las relaciones de género son relaciones de poder y que la emancipación de la mujer pasa por el control de su propio cuerpo y del ejercicio libre de su sexualidad que esos dos temas son ejes centrales de los movimientos de mujeres: el acceso al poder y el reconocimiento y realización plena de sus derechos sexuales y reproductivos.

El acceso al poder

En el eje de acceso al poder los movimientos y organizaciones de mujeres introducen otros conceptos de poder como son el poder para lograr objetivos comunes a partir de un liderazgo, el poder compartido con otras mujeres para superar condiciones adversas y el empoderamiento personal como medio para remontar situaciones de violencia, injusticia, discriminación o exclusión en la vida cotidiana.

Es así que los temas seleccionados para esta mesa de diálogo se relacionan con las reivindicaciones del movimiento feminista de acceso al poder.

Desde mi óptica, las mujeres en la academia han optado por introducirse en el mundo de la generación y difusión del conocimiento para tener voz y reconocimiento en primer lugar, pero también para influir en el curso de la historia y de la humanidad y poder cambiar las condiciones de injusticia y discriminación en que viven miles de millones de seres humanos y algunas en particular, mejorar la situación de las mujeres.

Por su parte las mujeres que aspiran y participan en el poder público presentan a veces una dualidad de objetivos: el de alcanzar prestigio, reconocimiento y poder personal y/o el de ser agentes de cambio social y mejorar las condiciones en que viven las mujeres. Lamentablemente en este ámbito suele ocurrir que algunas se mimetizan a los modelos del poder subordinador, controlador y autoritario de los hombres y en ocasiones en el que el afán por alcanzarlo, aceptan ser utilizadas por los varones para contener los avances en las libertades y derechos de las mujeres o bien, por no perder su posición política evitan ser calificadas como feministas y no defienden la mayor igualdad de género.

 El tercer ámbito de participación en lo público

Un tercer ámbito de acceso al poder por parte de las mujeres se presenta en las organizaciones sociales y civiles. Este grupo escogió el camino del activismo cívico y la participación en el espacio público pero fuera de las instituciones políticas. Ello en parte debido a los obstáculos que estas instituciones presentan para el ingreso y la libre participación, o bien porque defienden intereses y grupos específicos y porque tiene un control cupular masculino. Los partidos políticos en México son de las instituciones más impermeables y resistentes a la igualdad de género. Un ejemplo, acaba de ocurrir al habérsele conculcado el derecho de acceder a la presidencia de la Cámara de Diputados a Aleida Alavez, una mujer que por detentar la vicepresidencia en dicha Cámara le correspondía presidirla. El machismo que domina a las cúpulas del Pan, del PRI y del PRD logró relegarla.

La participación de las mujeres en las llamadas organizaciones de la sociedad civil es amplia y destacada aún cuando este sector también es afectado por la presencia conspicua de liderazgos masculinos, que operan con modelos de subordinación semejantes a los del ámbito político y académico.

Destacaría tres ámbitos en donde organizaciones de mujeres o encabezadas por mujeres han realizado aportes importantes para el cambio social:

  • La agenda de igualdad de género
  • La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana
  • Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

La agenda de igualdad de género

La sociedad civil es el espacio donde las mujeres han podido organizarse y participar en defensa de sus derechos y libertades e influir en las decisiones de legislación y políticas públicas que tomen en cuenta sus intereses. Desde los años sesenta empezaron a surgir organizaciones ciudadanas de mujeres fuera del control del partido en el poder y con una influencia y apoyo importante de movimientos y organizaciones feministas de otros países. De manera destacada Argentina y Estados Unidos.

Se trata de organizaciones donde confluyen académicas con activistas cívicas y con frecuencia logran alianzas con mujeres que participan en espacios políticos como son las legisladoras, cuando coinciden en puntos de la agenda feminista.

Para Alma Rosa Sánchez, la presencia organizada de las mujeres en los últimos quince años del siglo XX significó la reivindicación del derecho a la diferencia, a construir una identidad femenina como sujeto político que crítica el ejercicio del poder. (SÁNCHEZ, 2004, p.88).

 

Considera que el movimiento amplio de mujeres (MAM) se construyó a partir de cinco sectores, que plantearon su participación en dos planos, en la lucha por democracia y en la defensa de derechos para las mujeres. Estos cinco sectores serían:

  1. a) El movimiento feminista; constituido principalmente por académicas, periodistas, escritoras, políticas, mujeres de clase media.
  2. b) El movimiento urbano popular; con demandas materiales, servicios, vivienda, agua, drenaje, educación, entre otros, sector marginal urbano.
  3. c) El movimiento de campesinas e indígenas; reclamos sobre acceso a crédito, propiedad, tecnología y capacitación.
  4. d) El movimiento de trabajadoras asalariadas; ampliación de mercado de trabajo, mejoras salariales, denuncias de hostigamiento sexual, entre otras, y;
  5. e) Mujeres militantes de partidos políticos y funcionarias; aquí se asumen como feministas y denuncian las condiciones desiguales de participación de la mujer en México (SÁNCHEZ, 2004, p.90-91).

En ese sentido, la agenda del movimiento amplio de mujeres ha ido modificándose a través de los años. Iniciaron y lograron amplios resultados en ir eliminando los obstáculos que impedían a las mujeres participar en los beneficios del desarrollo y en la mejoría de su bienestar como fue el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a los créditos y fondos económicos y a la alimentación. Con la política poblacional de los años setenta lograron avanzar en algunos de sus derechos reproductivos al incorporarse una política de planificación demográfica.

En la actualidad se concentran en cinco aspectos fundamentales:

  • la erradicación de la violencia contra las mujeres,
  • la eliminación del maltrato y la discriminación, es decir la igualdad sustantiva,
  • el mayor acceso a posiciones de toma de decisión en los ámbitos público y privado,
  • la promoción del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y
  • la conciliación entre trabajo y vida familiar.

La persistencia del machismo, el recrudecimiento debido a la cultura dominante y ampliamente difundida de los grupos criminales, así como la utilización de las mujeres como objetos de trata y explotación, determina que la lucha contra la violencia contra las mujeres en lugar de ir ganando terreno se está perdiendo. Jóvenes que viven en situaciones de pobreza y sin esperanza de salir de la misma, aceptan convertirse en objeto de uso y abuso por parte de los varones frente al espejismo y la riqueza del poder criminal. Ven su vínculo con delincuentes como una forma de salir de sus condiciones de miseria.

Igualmente, la persistencia de desigualdad y maltrato en los ámbitos laborales y en las oportunidades de desarrollo, en la procuración e impartición de justicia, así como los efectos diferenciados por sexo de la ola de violencia que agobia al país determina que varias organizaciones de mujeres, e incluso varias de las organizaciones de derechos humanos hayan tomado la defensa de casos de mujeres víctimas llevándolos incluso a las instancias internacionales para exigir justicia y reparación del daño.

Si bien es mayor el número de víctimas masculinas directas que caen en esa ola de violencia, el número de mujeres víctimas indirectas es creciente debido a la muerte o desaparición de sus parejas o de sus hijos, a la pérdida del patrimonio familiar y al desplazamiento de sus hogares y lugares de origen.

El mayor acceso a posiciones de toma de decisiones ha tenido avances esencialmente en razón de la introducción de acciones afirmativas para la integración de los congresos, sin embargo no es tan evidente en las ramas del ejecutivo y del poder judicial, ni en ámbitos del sector privado y la academia. La mayor resistencia se observa en las instituciones religiosas que además se constituyen en las que mayores obstáculos ponen al avance de los derechos y las libertades de las mujeres.

Posiblemente el tema más difícil por la resistencia de las iglesias y de los sectores moralmente conservadores que existen en todas las ideologías políticas, incluso en las de izquierda, es el del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Refiere esencialmente a la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y que la maternidad o la cancelación del goce de su sexualidad les sea impuesta por su cultura y por instituciones que deciden qué pueden y qué no pueden hacer, pero que además las sancionan duramente cuando trasgreden las normas sociales impuestas.

Finalmente, dentro de la agenda feminista se ha venido incorporando paulatinamente la demanda de armonización entre vida familiar y vida de trabajo y la exigencia de que se distribuyan equitativamente las responsabilidades de la vida familiar entre sexos y generaciones y se tengan políticas y programas públicos de apoyo a las familias. También incluye la necesidad de modificar las condiciones de trabajo para reconocer que ya no son trabajadores hombres de disponibilidad total los que participan en las actividades económicas sino que es creciente la participación de mujeres y que tanto hombres como mujeres tienen que cumplir responsabilidades y disfrutar de la vida familiar.

La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana

Varias de las organizaciones en lucha por los derechos de las mujeres se integraron a las actividades y a las importantes redes que se constituyeron en todo el país en la década de los años noventa para promover el cambio político y la instalación de una democracia en el país. Formaron grupos de observación electoral en sus estados y realizaron campañas para la promoción del voto libre y secreto.

Las mujeres que se integraron a los liderazgos de las organizaciones y redes como el Movimiento Ciudadano por la Democracia y Alianza Cívica en 1994, provenían de organizaciones de base de la iglesia católica progresista, de los llamados grupos eclesiales de base, quienes por su trabajo en las comunidades rurales y en la colonias proletarias se percataban del nivel de deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de la población y habían hecho un compromiso con los pobres. Optaron por el cambio político por la vía pacífica.

Esta matriz católica progresista fue también el origen de la mayor parte de las organizaciones en defensa de los derechos humanos que empezaron a surgir en México en la década de los años setenta, cuando el Vaticano decidió atacar a la Teología de la Liberación en América Latina y muchos hombres que veían en la iglesia un espacio para realizar su compromiso con los pobres tuvieron que refugiarse en otros espacios. Es la razón de que en este ámbito de trabajo de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos, el número de participantes y los liderazgos son mayormente hombres.

En los años más recientes el ingreso de mujeres a las organizaciones de defensa de derechos humanos tiene su origen en el aumento de opciones de formación académica en la materia, tanto a nivel nacional como en otros países. Actualmente en México hay un importante número de mujeres con diplomados, maestrías y doctorados en derechos humanos aunque todavía no acceden a los puestos de mayor nivel en las instituciones ni en las organizaciones ubicadas en este campo; siguen siendo varones los jefes.

El creciente número de activistas cívicos, organizaciones y redes que trabajan por la paz y la no violencia, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y promueven la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, comparte sus orígenes y de alguna manera derivan de esa misma matriz. En estas organizaciones la participación y el liderazgo de mujeres son más frecuentes.

Otras instancias de participación de mujeres en el campo de la lucha por la democracia, en su integración a los consejos estatales y distritales del anterior IFE y en los órganos electorales estatales. La selección de los integrantes de los organismos públicos locales electorales que se está llevando a cabo en el INE ya prevé una equidad en la participación, es decir %0% hombres y 50% mujeres.

La experiencia señala también que en los funcionarios de casilla los días de la jornada electoral son en una proporción más alta mujeres que hombres.

Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

El trabajo de base en comunidades pobres, indígenas, rurales y en zonas marginadas urbanas y la creación de organizaciones para luchar por el acceso a programas sociales de vivienda, abasto, caminos, servicios urbanos, programas de transferencias monetarias, ha sido un espacio importante de participación y construcción de liderazgos femeninos.

La formación en este trabajo comunitario de base y la apertura de espacios de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas facilitó que en la última década de los noventa del siglo pasado y en la primera de este siglo las organizaciones sociales y civiles empezaran a hacer incidencia en política pública esencialmente social.

Se trata de organizaciones que fueron introduciendo en la agenda pública la necesidad de desarrollar políticas y programas dirigidos a grupos poblacionales específicos como la infancia, la juventud, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población callejera, la población con orientación sexual diversa.

En otra vertiente son las que han luchado por el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, al nivel más alto de salud, a la educación y a la cultura, a trabajo y a condiciones dignas de trabajo, lo que ahora constituyen la agenda ciudadana por los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA.

En estas materias así como en otras agendas de la sociedad civil como son las de seguridad pública y ciudadana, las de migración, las relacionadas con adicciones y víctimas y de manera destacada e histórica, las organizaciones que realizan actividades de asistencia social, las mujeres tienen liderazgos reconocidos y una amplia participación.

El espacio del activismo cívico ofrece muchas oportunidades de desarrollo y de compromiso social para las mujeres. Es un ámbito donde se produce innovación social, se forman personas frente a los nuevos riegos sociales, se desarrollan novedosos modelos de intervención social, se construye ciudadanía y liderazgos y se promueve la participación ciudadana.

Las mujeres hemos contribuido grandemente al desarrollo de un espacio de responsabilidad social que no pasa necesariamente por los gobiernos, ni por el mercado y que busca responder con mayor flexibilidad y oportunidad a las profundas transformaciones que están modificando la vida y el bienestar de las personas.

Entender el papel de la sociedad civil y de las organizaciones que la forman y crear sinergias con ellas por parte de las instituciones del Estado y las empresas en lugar de combatirlas o suplantarlas, abriría una opción fundamental para la mayor participación ciudadana en el ámbito público y para un acercamiento del sistema político con la ciudadanía. Abonaría a la democracia y a un desarrollo compartido y menos desigual.

 

Intervención en la presentación del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014- 2018

 

Como integrante y en representación de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación me congratulo de la presentación pública de este importante Programa que atiende a uno de los grandes problemas sociales del país que es la desigualdad de trato y de oportunidades que afecta a millones de personas.

La discriminación condena a las personas a permanecer en la pobreza al cerrárseles las oportunidades de trabajo o de educación por su origen étnico o racial, su orientación sexual, o por su edad o condición de discapacidad, entre otras causas. Desigualdad, pobreza y discriminación se combinan en un círculo de exclusión que profundiza la vulneración de derechos humanos.

La desigualdad socioeconómica que caracteriza a nuestra sociedad se agrava cuando las personas en condiciones de pobreza son sujetas de discriminación por las políticas, programas y la institucionalidad pública, así como por las empresas del mercado, las instituciones privadas, las comunidades e incluso sus propias familias.

Lograr la igualdad de trato y de oportunidades significa por lo tanto un enorme reto que el programa intenta abordar. Se requiere de un trabajo consistente y persistente a través de varios años, lo que algunos llamarían una política de Estado, a fin de lograr cambios culturales profundos que conduzcan a aceptar y perderle miedo al o la diferente.

Ello incluye una importante tarea de construcción de confianza.

La institucionalidad pública y en especial los servicios y los servidores públicos que interactúan directamente con la población tienen una gran responsabilidad en dos vertientes en primer lugar, otorgar un trato digno a los usuarios de los servicios públicos con enfoque de derechos y en segundo lugar, ser promotores de la no discriminación entre la población con la que están en contacto.

Es necesario eliminar el mal trato en las ventanillas de trámite y entre los servidores públicos que trabajan en servicios de seguridad, educación, salud, recreación, promoción, entre otros; inclusive en las oficinas de contratos y adquisiciones o de contratación de personal que atiende a proveedores o a aspirantes de empleo. Con frecuencia esas funciones se asumen como espacios de poder que se ejercen en forma discriminatoria y abusiva sobre las personas que acuden a recibir un servicio, realizar un trámite, poner una queja, solicitar información y orientación o vender un producto o un servicio.

Todos y todas experimentamos una ciudadanía truncada donde el ejercicio de nuestros derechos está sujeto a una cadena de favores y a mecanismos de intercambio y por lo tanto sólo es factible para los que cuentan con ellos. Está negado para quienes no tienen los contactos y no acceden al intercambio de favores.

Desde mi óptica el éxito entonces del Programa consistirá en trabajar simultáneamente en tres vertientes para lograr la inclusión del buen trato y de igualdad de oportunidades en las normas, los procesos y las prácticas de la institucionalidad pública:

  • Desde arriba mediante el reconocimiento explícito por parte de la institucionalidad pública de sus obligaciones en materia de discriminación y la eliminación de obstáculos y resistencia que dificulten enfrentarla y eliminarla. Esto significa armonizar legislación, normas, reglamentos procedimientos y manuales de operación; lograr que el diseño y la puesta en práctica de las políticas, los programas y los presupuestos se realicen con un enfoque de igualdad y buen trato y sin sesgos de exclusión o de invisibilización de ciertos grupos; además, generar sistemas de monitoreo y evaluación y de consulta y participación ciudadana. Este trabajo que es necesario y de gran importancia con frecuencia toma mucho tiempo y esfuerzo y los resultados concretos en el cambio de la cultura del trato no son percibidos ni recibidos por los usuarios con la oportunidad y urgencia necesarias.
  • Por ellos, la segunda vertiente consiste en atacar el problema desde abajo con resultados en el corto plazo, al revisar los procedimientos de ventanilla y la prestación de servicios públicos directos para adecuarlos a las características culturales de la población usuaria en el territorio; seleccionar al personal que cuenta con cualidades para ofrecer buen trato y otorgándole al mismo un buen trato; “traducir” y difundir la información de los programas y servicios a un lenguaje comprensible para la población y por medios que accedan a ella y trasparentar y difundir los mecanismos y procedimientos de queja. Ello para eliminar lo más posible los sesgos de exclusión de los usuarios por falta de información, de comprensión y conocimiento respecto del derecho a la no discriminación.
  • El tercer ámbito consiste en trabajar con los propios usuarios de los programas, servicios y ventanillas para que se reconozcan como titulares de derechos, se generen en ellos capacidades de agencia, conozcan la manera de acceder y usar la información y los mecanismos de exigibilidad y participen en el monitoreo de la calidad y el buen trato en los servicios y en las ventanillas.

El Programa para adquirir credibilidad y presencia debe encontrar la manera de mostrar a la población en el corto plazo que algo concreto está cambiando en su interacción con la institucionalidad pública y evitar limitarse a las negociaciones y las discusiones con las altas jerarquías burocráticas y a modificaciones en el papel de legislación, políticas, programas y procedimientos o en la elaboración de indicadores.

Es urgente que el buen trato y la igualdad de oportunidades se aplique en la práctica concreta de la gestión pública, en el territorio concreto, para recuperar confianza en las instituciones públicas y eliminar esa percepción de ciudadanía truncada que está aumentando en todo el país.

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIDAS PRESUPUESTARIAS Y DESC

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Ejes temáticos:

1.Efectos del modelo económico y las políticas macroeconómicas en la realización de los DESCA

2.Permanencia de los niveles de pobreza en el país

3.Aumento del número y recursos para programas sociales sin responder a una concepción estratégica y sin definición clara de las poblaciones objetivo

4.Ausencia del enfoque de derechos humanos como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

5.Problemas para la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas y programas públicos que atañen a los DESCA

Introducción al tema de Políticas públicas, medidas presupuestales y DESC

 

Por la amplitud del tema y la escasez del tiempo disponible para esta presentación haré referencia de manera breve sólo a cinco aspectos que podrían desarrollarse en el bloque correspondiente.

  1. Efectos del modelo económico y de las políticas macroeconómicas que se adoptan en la realización de los DESCA. Un modelo que desatiende el bienestar de la población como objetivo y privilegia la estabilidad y el control de la inflación, para lo cual utiliza el equilibrio presupuestal, una regresiva política fiscal, el control salarial, una reducida participación del Estado en la inversión y además incluye una paulatina traslación de las responsabilidades sociales del estado al mercado y a las familias, genera un ambiente poco propicio para la realización de los DESCA y para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia. Bajo este modelo, la baja tasa de crecimiento de la economía desde hace 30 años no produce suficientes empleos dignos para garantizar el derecho al trabajo de millones de jóvenes en una etapa de elevada presencia de jóvenes en la estructura demográfica del país. A su vez, la reciente reforma laboral y la política de contención salarial determinan que aún la población con empleos formales no satisfaga su derecho a condiciones dignas de trabajo e impide que al menos 65 por ciento de las familias que viven solamente de la venta de su fuerza de trabajo, puedan cubrir por su propio esfuerzo sus necesidades fundamentales. El Estado mexicano vulnera el derecho de los trabajadores a una remuneración digna y no permite que se les distribuya la parte del aumento de la productividad que le corresponde. El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza medidio por CONEVAL sigue una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2010 al primer trimestre de 2014, principalmente en la población urbana, esto significa que el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta básica con su ingreso laboral se está incrementando:[1]

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Para el segundo trimestre (abril-junio) del año 2014 (ENOE) el 55% de la población económicamente activa trabaja en actividades informales que no gozan de seguridad social, ni de protección laboral, es decir 28.6 millones de personas respecto 52.1 que es el total de la PEA.

  1. Los niveles de pobreza en el país son similares a los prevalecientes en 1990 lo que resume la ineficacia de los programas sociales para compensar los efectos perversos del modelo económico vigente y de la política macroeconómica del país. Esta política es además determinada por las dos agencias de gobierno que menos contacto tienen con los problemas de la población: la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. De acuerdo con la medición oficial de pobreza extrema realizada por la SEDESOL en 1992 a 20 millones de personas que representaban el 22.5% de la población total[2] Para 2012 de acuerdo al CONEVAL eran 23.5 millones en pobreza extrema, el 20% de la población mexicana.
Población en situación de pobreza
(insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta de alimentación)
Año Porcentaje Millones de Personas
1992* 22.5% 20,094,213
1994* 21.1% 19,446,587
1996* 37.1% 35,240,068
1998* 33.9% 33,096,365
2000* 24.2% 24,227,259
2010** 19.4% 22,200,000
2012** 20.0% 23,500,000
* Datos de Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX, página 15: http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2155/1/images/Docu02.pdf** Datos de la Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza%202012/Anexo%20estad%C3%ADstico%20sin%20combustible%202008-2012.jpg

Nota: Pese a que las mediciones de 1992 al 2000 utilizan una metodología diferente a las mediciones de 2008 a 2012 ambas consideran como condición de pobreza que el ingreso sea inferior a los costos mínimos de alimentación. Para efectos de este ejercicio se considera para 1992 – 2000 el dato de la Línea 1 de Bienestar: Considera los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de alimentación. Para 2010 – 2012 se utiliza el dato de las personas con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo, ya que una persona en dicha condición es aquella cuyo ingreso es insuficiente para adquirir la Línea de Bienestar Mínimo del CONEVAL, misma que considera el precio de la Canasta Alimentaria únicamente.

 

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  1. Los programas sociales si bien han recibido un porcentaje mayor en los últimos años del bajo gasto público mexicano y han aumentado en número, no responden a una concepción estratégica, a prioridades claramente definidas y a una articulación razonada al nivel del territorio y de las poblaciones objetivo. No hay una planeación con enfoque de derechos humanos que defina niveles básicos de satisfacción y compromisos de progresión y no regresión. Para el año 2013 el CONEVAL estimaba que había 5,010 programas y acciones de desarrollo social de los cuales 278 se ubican a nivel federal y 4,732 a nivel estatal y municipal. Históricamente los programas sociales surgen de manera independiente a iniciativa de una agencia o de un funcionario responsable y posteriormente se les agrupa según el tema preferido del gobierno en turno. Un claro ejemplo reciente de esta forma de actuación de acuerdo al análisis realizado por el OPSDH de INCIDE Social, son los 70 programas incluidos originalmente en 2013 en La Cruzada contra el Hambre. Para 2014 ya se eliminaron 38 de ellos y se incluyeron otros 65 y ahora son 90 programas y acciones de La Cruzada. Otra modalidad fue utilizada en la estrategia Todos somos Juárez que obligó a las dependencias del gobierno federal a concentrar su oferta de programas en esa ciudad, respondieran o no a las problemáticas de la población local.

Recientemente CIDE y CONAPRED realizaron un análisis de varios     programas del Gobierno Federal y de sus asignaciones presupuestales para 2010, 2011 y 2012, con el fin de examinar en qué medida los programas de gobierno contribuyen a la discriminación de seis grupos de población (infancia, jóvenes, adultos mayores, población indígena, población con discapacidades y mujeres)

El detallado estudio que pronto será publicado concluye que hay inequidad en la distribución de los recursos entre grupos y que dentro de los grupos hay poblaciones que quedan excluidas a pesar de tener las mismas características de los que si reciben los beneficios de los programas. De este modo, por no adoptar criterios de igualdad de trato en el diseño y asignación del presupuesto público unos grupos son beneficiados con mayor presupuesto que otros sin tener en cuenta por ejemplo su tamaño. Asimismo dentro de los grupos en programas con poblaciones objetivo específicas, hay unos donde los niveles de exclusión son mayores como es el caso de las poblaciones indígenas y de las mujeres. Aunque la cobija es pequeña si desde el diseño del presupuesto hubiera una asignación proporcional al menos al tamaño de los grupos y se definiera una trayectoria definida de ampliación de las coberturas dentro de cada grupo para ir reduciendo la exclusión en un lapso de tiempo, se estaría incorporando un enfoque de derechos humanos.

  1. La no adopción del enfoque de derechos humanos como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 como sí ocurrió con la igualdad de género, dejó el esfuerzo de incorporación de ese enfoque a un Programa Nacional de Derechos Humanos que pretende ser transversal pero que muy difícilmente podrá concretarse si los responsables del mismo no concitan el compromiso político de todas las agencias del Estado mexicano. Si bien se ha incorporado el léxico de los derechos humanos en los discursos y en los textos del ámbito público, la real inclusión del enfoque en las normas, en los procesos y en las prácticas de las instituciones públicas está muy lejos de ocurrir. Los dos Programas Nacionales previos elaborados con mucha dificultad y muy tardíamente, no tuvieron resultados concretos.

La experiencia de INCIDE Social A.C. al analizar el grado de incorporación del enfoque de derechos humanos en tres instancias del gobierno del Distrito Federal para ver la instrumentación del Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal desataca que para realizar una gestión pública con enfoque de derechos humanos se deben definir cambios en dos ámbitos, por un lado en los usuarios de las políticas, mediante el reconocimiento de sus derechos y la generación de capacidades para que se los agencien y por otro mediante el reconocimiento explícito de la institucionalidad pública de sus obligaciones y la eliminación de obstáculos y resistencias que dificultan su implementación.

Se trata entonces de que se reconozca la titularidad de derechos en las personas usuarias, definiéndolos desde la norma como derechohabientes y no como beneficiarios, transparentar y difundir los mecanismos y procedimientos de queja, “traducir” la información de los programas y servicios a un lenguaje comprensible a la población usuaria y detonar procesos de capacitación sobre sus responsabilidades y derechos frente a la institucionalidad pública.

Y paralelamente, es necesario profesionalizar a los servidores públicos, en términos de otorgar un trato digno a los usuarios con enfoque de derechos, desarrollar sistemas públicos de monitoreo de metas e involucrar en las modificaciones que surjan de las evaluaciones tanto internas como externas y establecer la obligación de consultar a la población usuaria acerca de la calidad de los servicios recibidos.

 

  1. Un grave problema para la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas y programas públicos que atañen a los DESCA tiene que ver con los procesos, las mediaciones y las crecientes desviaciones que ocurren entre la concepción de las políticas y los programas y su implementación o puesta en práctica. Un problema real es la ausencia de traducción de buenos deseos y buenas ideas en intervenciones específicas en territorios y con poblaciones, otro es la gran reducción experimentada de agentes estatales que operen en los territorios y con ello la falta de personal capacitado para llevar a cabo intervenciones cada vez más complejas; otra dificultad es la falta de adecuación de los modelos de intervención a las condiciones y características específicas de las poblaciones junto con la desconsideración de las buenas prácticas de organizaciones locales y por insensibilidad, su destrucción por la competencia de modelos impuestos por las agencias estatales (estancias infantiles y comedores comunitarios). Pero la dificultad más grave es la privatización de los recursos destinados a los programas sociales por la enorme corrupción y la gran impunidad que prevalece en todos los niveles de gobierno y en todos los partidos políticos.

El esfuerzo de incorporación del enfoque de derechos humanos en el diseño de políticas, programas y presupuestos se diluye a la hora de la implementación.

 

Así los dos extremos de la cadena: el modelo económico adoptado y el aterrizaje de las políticas públicas en el territorio y en las obstaculizan a la realización de los DESCA en México.

 

[1] El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) es elaborado con periodicidad trimestral por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El ITLP muestra la tendencia del porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral. Si el Índice sube, significa que aumenta el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral.

 

[2] Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX: http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2155/1/images/Docu02.pdf