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La macroeconomía desde los derechos humanos y los derechos humanos desde la macroeconomía.

Derechos Humanos, DESC

Taller Regional Gobierno-Sociedad Civil para la discusión de la relación entre el diseño de la Política Macroeconómica y la vigencia de los derechos económicos y sociales.

Presentación: Macroeconomia y Derechos económicos y sociales

El marco de los derechos humanos desarrollado por la comunidad internacional de países y plasmado en varios instrumentos legales firmados por los Estados Nacionales, define las obligaciones de éstos para la realización de los derechos humanos reconocidos como universales, interdependientes, inalienables, indivisibles y exigibles.

Las obligaciones fundamentales de los Estados son a) respetar a las personas cuando estas pueden realizar o ejercer sus derechos por sí mismas, b) proteger cuando la realización de los derechos depende de la relación entre particulares como el derecho del trabajo o el de educación o al nivel más alto de salud cuando su provisión proviene de servicios proporcionados por particulares; c) satisfacer o proveer cuando las personas no se encuentran en condiciones de cubrir por sí mismas los bienes, servicios o condiciones requeridos para la realización de los derechos.

Es decir, las personas son las titulares de derechos y los Estados son los obligados de realizarlos y de proteger que estos se realicen.

Cada Estado escoge el régimen económico y social que adopta pero debe cumplir sus obligaciones en materia de DDHH que al final significan poner en el centro de los objetivos de los regímenes seleccionados la consecución de una vida digna para todos los habitantes del país.

La macroeconomía y la orientación y manejo de las políticas que la integran (fiscal, monetaria, laboral) son instrumentos para concretar el modelo económico seleccionado por el Estado o por sus élites políticas y económicas, y por lo tanto buscan cumplir los objetivos que plantea ese modelo económico.

Se define el objetivo del modelo será el bienestar de la población y la consecución de la dignidad de todas las personas o será el desarrollo con distribución equitativa de sus beneficios o el crecimiento de la economía o la estabilidad de precios, o la competitividad, la eficiencia y la productividad, o el generar un ambiente propicio para los negocios privados. Es frecuente que en esta materia haya simulación expresándose un objetivo en el discurso pero utilizando los instrumentos de política para perseguir el verdadero propósito de las élites gobernantes.

De esta definición de objetivos deriva la intervención que se asigna en el modelo a los agentes económicos y sociales: al propio Estado, a las empresas del mercado nacionales y extranjeras, a las familias y a las personas. Así en un extremo se puede optar por un régimen de amplia participación del Estado en la economía y en la provisión de bienes y servicios públicos o en el otro de mínima participación del Estado, dejando en manos de las empresas del mercado, de las familias y de las personas la actividad económica y la satisfacción de los bienes y servicios necesarios para la vida o para la realización de sus derechos económicos y sociales.

Estos dos extremos: una máxima participación del Estado o una mínima en los social y económico tiene implicaciones en la importancia que adquieren las mencionadas tres obligaciones principales del Estado en materia de derechos humanos económicos y sociales, en las capacidades e institucionalidad que para su cumplimiento debe desarrollar éste y en la orientación que debe dar a las políticas macroeconómicas y también a las sectoriales.

De este modo, la obligación de proveer o garantizar adquiere mayor relevancia en un modelo de Estado omnipresente dado que este deberá generar y operar los bienes y servicios que atienden a los derechos de salud, educación, acceso a la alimentación y a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, en términos equitativos y sin discriminación. Las políticas macro fiscal y monetaria deberán entonces generar los recursos del presupuesto y asegurar la distribución del gasto de manera que el Estado pueda proveer a la población que lo requiera, los bienes y servicios necesarios para alcanzar una vida digna, deberán alentar el crédito y la inversión necesarios para la producción suficiente de bienes y servicios en la economía o propiciar las importaciones a fin de atender el bienestar de las personas.

En el otro extremo, el del Estado ausente en lo económico y lo social que sólo lleva a cabo las funciones de seguridad pública y de cuidar que las relaciones entre los agentes económicos y sociales se realicen dentro del Estado de Derecho, las obligaciones de respetar y proteger adquieren mayor relevancia.

Así el Estado no debe interferir cuando las personas y las familias por medio de sus recursos de capital y trabajo logran allegarse los bienes y servicios para realizar sus derechos humanos económicos y sociales. Tres implicaciones en política macroeconómica como ejemplos: las tasas de impuestos deben ser de tal nivel que le permitan a las personas cubrir dignamente sus requerimientos para la vida; el Estado no debe intervenir en los niveles de remuneración de los trabajadores deprimiendo sus ingresos mediante políticas de contención salarial y por el contrario debe fijar un salario mínimo legal como garantía para permitir que las personas mediante la venta de su fuerza de trabajo puedan alcanzar un ingreso digno; otro ejemplo es que el Estado no puede expropiar o sustraer de la población las tierras y recursos naturales que utilizan para su subsistencia.

Lo que me interesa destacar particularmente es la importancia que adquiere la obligación de proteger los DES en este modelo de Estado mínimo. Si la provisión de bienes y servicios para realizar los DES queda en manos de empresas del mercado como ha venido ocurriendo crecientemente o se transfiere a organizaciones de la comunidad o de la sociedad civil, el Estado tiene la obligación de asegurar la disponibilidad, calidad y asequibilidad de esos bienes y servicios en todo el territorio nacional. También debe asegurar su accesibilidad económica y física; es decir, cuidar que los precios no sean excesivos de manera que impidan a la población o a una parte de ésta poder adquirirlos y que vigilar que no se discrimine y que se trate con equidad a la población en el acceso a esos bienes y servicios.

El gasto público entonces debe orientarse al fortalecimiento y ampliación de las capacidades institucionales de regulación, vigilancia y control de calidad de la oferta privada de bienes y servicios de manera que se impida la vulneración de los derechos económicos y sociales de la población por las empresas del mercado.

Implica también vigilar que las empresas paguen salarios dignos a sus trabajadores y les garanticen condiciones justas de trabajo.

Entre estos dos extremos hay diversas combinaciones posibles.

La pregunta fundamental a responder es qué papel se quiere que juegue el Estado en la realización de los DES para que las políticas macroeconómicas que se adopten contribuyan a ello.

Lamentablemente la definición del papel del Estado Mexicano en las últimas décadas ha quedado en manos de las élites económicas y políticas que han capturado a ese Estado. Su elección no está en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de DDHH para alcanzar una vida digna de los habitantes del país y cerrar las brechas de desigualdad y discriminación, así como las situaciones de pobreza y exclusión que afectan a millones de mexicanos.

Su decisión está en utilizar los recursos y los bienes públicos para incrementar el poder y la acumulación de riqueza de los pocos que forman parte de esas élites. Los niveles alcanzados de corrupción y apropiación privada de recursos públicos es alarmante y las denuncias al respecto ocupan las primeras planas de los noticieros y prensa escrita. La codicia y el cinismo parecen caracterizar a las élites gobernantes de todos los partidos políticos. Las mediaciones del Estado por tanto entre ricos y pobres han estado desde hace varias décadas en favor de los ricos y en beneficio de la clase política a costa de la subordinación y control de las poblaciones pobres mediante programas asistencialistas.

Una evidencia de lo anterior es la decisión adoptada por la actual administración de no continuar suscribiendo convenios y pactos en materia de derechos humanos y de tramitar por la vía amistosa las observaciones y recomendaciones que en relación con la vulneración de DDHH ha recibido el Estado Mexicano por parte de las instancias regionales e internacionales que vigilan el cumplimiento de los instrumentos (pactos y convenios).

Otros ejemplos son el retraso en el Senado en la aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC y del Convenio 189 de la OIT que protege los derechos de las trabajadoras domésticas. La negación del Gobierno Mexicano de actualizar el deplorable nivel de los salarios mínimos legales que viene cayendo desde hace cerca de 40 años, ejemplifica de qué lado se ha colocado el Estado en esas décadas al permitir que sea el capital el que acumule las ganancias de los incrementos de la productividad durante ese tiempo. Además para las autoridades hacendarias el aumento del salario mínimo es inflacionario, no así los aumentos sistemáticos de la gasolina, la electricidad y el gas.

Hay varias otras obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos como las de transparencia y rendición de cuentas, la de participación de la población, la de no discriminación en la prestación de servicios públicos, la de información, la de desarrollo de mecanismos de queja, de exigibilidad y de justiciabilidad, la definición de sanciones a los servidores públicos que vulneren los DDHH.

Una última observación desde hace al menos 35 años el modelo económico del país y las políticas macroeconómicas son decididas por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de las dos agencias gubernamentales que menos relación y contacto tienen con los problemas y los dolores de la población. Por el contrario, la Secretaría de Hacienda considera a las personas como contribuyentes y posibles evasores o delincuentes y su papel es el de exigirles el pago puntual de impuestos   (mediante tecnologías de la información que poco se compadecen de los niveles de conocimiento de los contribuyentes), y perseguir a quienes no pagan.

Me parece que resulta iluso pensar que esas dos instituciones quieran siquiera asomarse a lo que significaría la gestión de las políticas macroeconómicas del país con un enfoque de derechos humanos.

A la definición y manejo de las políticas macroeconómicas se suma el poder que ejerce la SHCP sobre las secretarias que supuestamente diseñan y operan los programas sectoriales y especiales y por lo tanto, proveen bienes y servicios públicos que permiten la realización de varios de los DES. La rigidez en el manejo del presupuesto, la falta de oportunidad en su entrega y la burocratización de su ejercicio conllevan a subejercicios en programas importantes para el bienestar de la población.

Si queremos gobiernos que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y orienten las políticas macroeconómicas para apoyar su realización, tendríamos que repensar al Estado y convertirlo en un Estado con poderes representativos que pongan en el centro del proyecto nacional el bienestar de la población y no el beneficio de quienes manejan a las instituciones estatales.

1994 un año agitado para el activismo cívico

Democracia, Participación Ciudadana

1994 fue un año particularmente importante y agitado para el activismo cívico en México que empezaba a hacerse más visible y articulado en esa década, tanto mediante el surgimiento de nuevas organizaciones civiles como de movimientos y movilizaciones y a través de lapromoción de agendas comunes.

Una primera e importante manifestación de este nuevo fenómeno social fue el movimiento civil generado a raíz del levantamiento zapatista del 1° de enero de 1994. Participaron organizaciones ciudadanas de todo el país para impedir una respuesta militar violenta del gobierno en contra del levantamiento indígena, inicialmente pronunciándose en los medios de comunicación en contra de ese tipo de respuesta y después organizando el 12 de enero en Chiapas un cerco civil entre el ejército y las fuerzas rebeldes del zapatismo con la participación de miles de personas de orígenes muy diversos. Ciudadanos independientes y organizaciones civiles continuaron brindando un acompañamiento a la rebelión indígena en todo el proceso de diálogo con el gobierno, en la difusión pública amplia de la situación en la zona evitando un cerco de silencio, así como en la construcción de las nuevas formas de gobierno que adoptaron los grupos indígenas.

Una segunda expresión del activismo cívico que afloró en 1994 se dio en torno la agenda por el cambio democrático que se concreto con la creación de Alianza Cívica a partirdel acuerdo y articulación de siete organizaciones con perfiles ideológicos distintos. La red inicial realizó una amplia convocatoria a organizaciones en todo el país algunas de las cuales ya estaban trabajando en articuladas como Convergencia de Organismos Civiles y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. La movilización civil generada a partir de Alianza Cívica esencialmente para llevar a cabo un amplio y organizado proceso de observación de las elecciones federales de ese año, permitió la participación de miles de ciudadanos de todas las edades, de todos los orígenes sociales, niveles académicos y especialidadescuyas vidas quedaron marcadas por esa experiencia y que han continuado promoviendo la participación ciudadana en muy diversos ámbitos.

Como integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica decidí participar en 1994 en dos procesos para contribuir al cambio democrático y a la lucha por la reivindicación de los derechos civiles, políticos y sociales de la población. Por una parte, me tocó encabezar la brigada de integrantes de Alianza Cívica que acudió a observar la realización de las elecciones en la zona zapatista a petición expresa del EZLN y por otra, acepté la invitación para participar en el grupo técnico que daría seguimiento a la auditoría del Padrón Electoral que la Secretaría de Gobernación y en particular el Dr. Jorge Carpizo como Secretario de esta, decidió organizar.

No tengo conocimientos estadísticos o en informática comparables con los de los otros integrantes del Grupo Técnico, pero tenía la experiencia de haber montado y participado en algunos sistemas de producción de información estadística como los Censos de Población de 1960 y 1970, el inicio de la actual Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación y de una de las primeras encuestas de ingreso gasto realizadas en México en 1963.

Además por mi participación previa en experiencias ciudadanas de observación electoral,mi contribución al grupo técnico consistió en aportar información sobre las dudas que las organizaciones civiles tenían en torno a la calidad del padrón y de las listas de electores. Varios amigos de las OSC se habían formado haciendo revisiones cuidadosas de las listas de electores y conocían dónde estaban los problemas. De manera que aporté al grupo la histórica suspicacia de los ciudadanos sobre la calidad del Padrón Electoral y algunas sugerencias sobre metodologías de verificación por medio de ejercicios en campo o comparativos de archivos electrónicos.

Recuerdo que parte de la diversión de participar en este ejercicio consistía precisamente en tratar de sorprender a los equipos técnicos del Registro Federal de Electores solicitándoles de manera sorpresiva pruebas que desarrollábamos sin darles tiempo para realizar manipulaciones previas a fin de obtener buenos resultados.

Personalmente, quedé convencida de que el Gobierno realmente se había hecho el propósito de lograr un Padrón Electoral creíble y confiable y otorgar a partir de éste credenciales de muy difícil falsificacióna los ciudadanos. Como todo lo que ha pasado en materia de organización de elecciones en México, finalmente se había logrado remontar a un costo altísimo la tradicional desconfianza en uno de los instrumentos más importantes en los procesos electorales.

Es de reconocerse el trabajo realizado por los funcionarios del RFE que acometieron la enorme tarea de meter orden y dar credibilidad a las listas de electores a principios de la década de los noventa. La elección de 1994 fue la primera en contar con un Padrón Electoral confiable, habiendo tenidos partidos políticos amplio acceso al proceso y a los listados resultantes para realizar ellos mismos verificaciones.

Intervención de Clara Jusidman en la presentación del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México.

Ciudadanía, Democracia

 

Museo Interactivo de Economía

Agradezco al Instituto Nacional Electoral y al Dr. Lorenzo Córdova la invitación para participar en la presentación de este importante y valioso trabajo sobre la calidad de la ciudadanía en México. Entiendo que estoy en este presídium en representación de aquellas personas que han intentado ejercer una ciudadanía autónoma, comprometida y organizada a lo largo de varios años. Ello con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad donde la institucionalidad democrática verdaderamente permita que como ciudadanos y ciudadanas nos sintamos representados, escuchados y respetados y contemos con medios para exigir la rendición de cuentas y en su caso la reparación de daños por omisiones del Estado en el respeto, protección y promoción de nuestros derechos humanos.

Los resultados obtenidos en esta encuesta de gran tamaño, así como del ejercicio de consulta a líderes comunitarios y sociales permiten niveles geográficos de representación muy valiosos que seguramente conducirán a análisis detallados sobre la calidad de la ciudadanía en cada uno de los estados y regiones incluidos. Al estudiarse los resultados en contextos más específicos será posible entender mejor los procesos que conducen a niveles diferenciados de calidad ciudadana y que en este primer ejercicio de análisis más global parecen vislumbrarse como hipótesis. Corroborar si la calidad de la ciudadanía realmente cambia con la alternancia de partidos en los gobiernos, con un mejor desempeño de la institucionalidad en materia de contrapesos y controles al desempeño de los poderes: como sería el funcionamiento autónomo de comisiones de derechos humanos y de transparencia y rendición de cuentas, la presencia de un mayor número de organizaciones ciudadanas y de mayor capital social, una clara libertad de expresión y de prensa y una mayor autonomía del poder legislativo y del judicial, entre otros.

Quisiera hacer tres reflexiones motivadas por la lectura del texto que analiza los resultados y que fue preparado por seis destacados investigadores.

En la evolución del significado de Estado de Derecho que actualmente comprende como lo señala el texto comentado, la realización de los derechos civiles y políticos, en congruencia con las bases de lo planteado por T.H. Marshall, sería de esperar que en la concepción de Estado de Derecho se fueran incorporando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ampliaran los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de esos derechos. La firma en el Senado de la República del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales daría una clara señal del interés de uno de los poderes del Estado por aportar a la construcción de ciudadanía social.

Es claro que la participación ciudadana requiere de tiempo pero mucho más de seguridad al menos en tres sentidos: a) una seguridad económica y social que no pueda ser vulnerada en represalia por la participación y que hace directamente al tema de ciudadanía socia; b) que la participación se dé en un marco de respeto a las leyes tanto por parte del ciudadano como de las autoridades de manera que no se adopten medidas extralegales para inhibirla o castigarla y c) que algún resultado por pequeño que este sea, se logre con la participación, al menos por ejemplo, la escucha interesada y la consideración de los argumentos esgrimidos por parte de los servidores públicos y de los representantes electos.

Como se señala en alguno de los capítulos del texto la falta de resultados a la participación de los ciudadanos y ciudadanas y el creciente alejamiento de las élites económicas y políticas respecto de los intereses y las demandas de los ciudadanos, está induciendo cada vez más a prácticas de participación llamadas disruptivas: toma de calles y espacios públicos, de edificios, quema de transportes, destrucción de instalaciones privadas como son los comercios en las marchas. Muchos sentimos que hay un agotamiento de los medios de participación y protesta legales por ineptitud y desinterés de los partidos políticos, de los gobiernos y de los poderes legislativos y judiciales y que ello empuja a formas cada vez más violentas de protesta. Sin embargo, habría que señalar que con frecuencia, esas formas violentas son auspiciadas e incluso financiadas por políticos en pugna como recientemente ocurrió en el informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o con la presencia de los llamados “anarquistas” en las marchas de la Ciudad de México. Es decir las disputas entre políticos y grupos políticos se están dirimiendo no en las urnas, sino en los espacios de participación ciudadana y con las herramientas de protesta e incidencia de ésta.

A pesar de los avances en la institucionalidad democrática muchos sentimos que ejercemos una ciudadanía truncada, constantemente frustrada, de muy baja calidad y crecientemente despojada de los medios legales y pacíficos e incluso de los medios disruptivos, para ser escuchados e incidir en las decisiones que adoptan las élites económicas y políticas en nuestro país, mismos que mantienen y recrean la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la exclusión y alientan la profunda desconfianza. Yo diría que nos sentimos permanentemente abusados por esas élites que utilizan los recursos del presupuesto y su poder para seguir enriqueciéndose, empoderándose, generando legislación y tomando decisiones que profundizan el abuso y la subordinación de la mayoría de la población del país. Que la creatividad ciudadana para participar es frecuentemente capturada y utilizada para las disputas por el poder y no para consolidar una sociedad democrática.

Muchas gracias.

Bienestar, tejido social y violencias.

Bienestar

Bajar presentación: Bienestar, violencia y tejido social

Agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al Sr. Rector Alejandro Vega Jiménez y a Javier Sicilia la invitación para participar en estos diálogos que se están realizando motivados por la consternación que ha producido en la comunidad universitaria y en la sociedad morelense la muerte violenta del Prof. Alejandro Chao y de su esposa Sarah Rebolledo.

Las preguntas que todos nos hacemos ante las violencias que nos acosan, son al menos tres:

  1. ¿Qué nos ha pasado como sociedad que estamos construyendo seres humanos enojados, violentos, sin control de sus emociones de ira y de miedo y sin temor a las consecuencias de sus actos que violentan lo sagrado de la vida y la integridad de otros seres humanos?
  2. ¿Que nos ha pasado en nuestra convivencia que ya no funcionan los mecanismos de control derivados de las normas y costumbres culturales y sociales que ponían límites claros y castigos a quienes las infringían?
  3. ¿Qué ha sucedido con el Estado Mexicano cuya función principal es la de salvaguardar el orden y el respeto a la Ley para lo cual supuestamente se hemos construido un entramado legal e institucional costoso para investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que atentan contra el Estado de derecho?

A partir de estos interrogantes básicos quisiera en esta reflexión aportar algunos hallazgos derivados de investigaciones que hemos venido realizando o promoviendo desde INCIDE Social A.C. la organización civil donde participo desde hace 10 años, investigaciones que se relacionan con nuestro interés sobre el bienestar y el desarrollo social y más recientemente, sobre los determinantes económicos, sociales y culturales de las violencias.

Lo que nos está ocurriendo en México en materia de bienestar, tejido social y violencias es resultado de un contexto general que se caracteriza desde hace más de 30 años, por cambios en los papeles que juegan los cuatro agentes proveedores de bienestar: las personas mismas, las familias, el mercado y el Estado en los siguientes aspectos:

Se parte de un país históricamente desigual, con altos niveles de discriminación, pobreza y corrupción y crecientes problemas para generar trabajo digno para su población joven; que adoptó en la década de los años ochenta un modelo económico centrado en la producción de bienes y servicios para la exportación colocando la productividad, la eficiencia y la competitividad como objetivos del desarrollo del país, en lugar de centrarse en alcanzar el bienestar o la felicidad de los mexicanos y las mexicanas, cuestión que debería ser el objetivo de toda sociedad.

  1. Los personas en ese proyecto se convierten en proveedores de trabajo, por una parte, y consumidores y clientes de lo que se produce y vende en los mercados, por la otra.
  2. Como probables trabajadores se ha insistido en la obligación que tienen de desarrollar sus capacidades de “empleabilidad” mediante la educación escolarizada para poder ser competitivos en los mercados de trabajo y pasar a formar parte si tienen mucha suerte, de los esclavos con título de doctorado de grandes empresas transnacionales, con disponibilidad completa y sin poder tener ni vida propia ni de familia. La gran mayoría, que no alcanza títulos de posgrado, está condenada a subsistir en condiciones precarias, con gran inseguridad y con ingresos y condiciones de trabajo indignas. De acuerdo al proyecto económico vigente esas mayorías son las culpables de su situación por no haber aprovechado las “fantásticas oportunidades de educación” que brinda la sociedad nacional y por ser “flojas, improductivas e incompetentes”. El slogan preferido del proyecto de economía de mercado es “Edúcate y alcanzarás el paraíso”
  3. Como clientes y consumidores su obligación en el proyecto es estar atentos a todas las innovaciones tecnológicas en productos de consumo para adquirir los últimos modelos promovidos por los medios de comunicación masiva y desechar los viejos aunque estos aún sirvan, pues el importante papel que juega la población en las economías del mercado es de dinamizadores de la producción de miles de cosas, muchas de ellas absolutamente innecesarias y superfluas. La felicidad y el bienestar de las personas se homologan entonces con el número, variedad y calidad de las cosas y bienes que poseen y de los servicios a los que pueden acudir.
  4. Las familias, el segundo agente social proveedor de bienestar, se ven obligadas a echar mano de todo el tiempo de trabajo disponible de sus integrantes para lograr obtener ingresos y poder subsistir. Ello en razón de una política de salarios contenidos sostenida desde finales de la década de los años setenta, por lo que el pago que se recibe por unidad de trabajo ha venido disminuyendo. Un salario mínimo legal actual equivale a una cuarta parte del que estuvo vigente en 1976, año en que se inició una vertiginosa caída de los salarios mínimos. Las familias entonces se ven obligadas a dedicar más tiempo y a todos sus miembros con posibilidades de trabajar, a realizar cualquier tipo de actividades -legales e ilegales- que les permitan la obtención de ingresos, incluso envían a alguno o algunos de sus miembros a Estados Unidos para conseguir trabajo. El tejido y el capital social familiar se va destruyendo dado que el tiempo que destinan a actividades para la generación de ingresos va en detrimento del tiempo que dedican a la economía del cuidado incluyendo el cuidado personal, la crianza y la atención de la infancia y la juventud y ahora, de los adultos mayores, así como al mantenimiento de sus redes sociales.
  5. El mercado, tercer agente proveedor de bienestar, ofrece una gran variedad de productos y servicios con el único objetivo de generar ganancias para las empresas de todo tipo que participan en el mismo. Por ello existe un mercado de drogas, de armas, e incluso de personas y órganos, puesto que en la obtención de lucro no existen limitantes éticos. Los mercados son amorales. Se vende y compra todo lo que se pueda vender y comprar.

El mercado y el afán de lucro destruyen las pequeñas actividades de subsistencia de las familias pobres: la agricultura campesina, la pequeña industria y el pequeño comercio (misceláneas, farmacias, panaderías, tortillerías), los diversos talleres de servicios de reparación, por ejemplo. Se generan cadenas de establecimientos que sustituyen esas actividades y que terminan enriqueciendo a los dueños del capital y condenan a los anteriores trabajadores por cuenta propia y familiares, a subcontratarse en empresas de servicios sin protección laboral alguna. Uno de las áreas de mayor desarrollo y potencial del mercado de los últimos años ha sido la referida a la provisión de bienes y servicios para las poblaciones pobres: desde las farmacias de similares y genéricos, los Oxos los Seven Eleven hasta la proliferación de casas de empeño.

Se rompe con ello, algo en lo que Javier Sicilia insiste con frecuencia, las relaciones de proximidad y confianza generadas por los pequeños establecimientos de barrio donde los clientes conversan y conocen a sus dueños, donde estos les facilitan mercancía a granel y a crédito, donde grupos de vecinos se pueden pasar un rato tomando una cerveza, un café o un refresco, donde se repara innumerables veces la licuadora o la televisión para que duren más, etc. Se destruye un actor fundamental en el tejido social territorial que son esos pequeños establecimientos que además proporcionan ingreso y trabajo en el vecindario o en el pueblo.

  1. El Estado, el cuarto actor del bienestar, ha venido siendo desmantelado como proveedor de bienes y servicios públicos para el bienestar de las personas. De manera paulatina pero sostenida, se trasladan los recursos y las funciones sociales del Estado a empresas del mercado y a organizaciones de la sociedad civil. Se recarga en las familias la atención de población en condiciones de vulnerabilidad como la infancia, la población con discapacidad o los adultos mayores. Asimismo, se ha venido entregando el control y explotación de recursos y sectores estratégicos del desarrollo de la nación a empresas incluso trasnacionales. En esta misma lógica, se substituye crecientemente la provisión de bienes y servicios públicos por transferencias monetarias de ingreso para que las personas en pobreza o en situación de vulnerabilidad acudan al mercado a comprar alimentos, educación, salud, vivienda, servicios de agua, energía, etc. El papel del Estado en la generación de bienestar va desapareciendo y su función de provisión de seguridad y justicia se va desdibujando por la presencia de altos niveles de corrupción en el ejercicio de la función pública, aumentando los índices de violencia, delincuencia e impunidad   creando un ambiente de indefensión de los ciudadanos frente a los abusos de las empresas del mercado y de la delincuencia común y organizada. El Estado renuncia a sus obligaciones de respetar, proveer y proteger los derechos humanos de las personas y se convierte en un facilitador para las empresas del mercado permitiendo que estas vulneren esos derechos al no regular adecuadamente su funcionamiento.

Ahora bien, en un contexto de esa naturaleza ¿qué está ocurriendo con el desarrollo, construcción y socialización de las y los mexicanos?

El bienestar de las personas está dependiendo de la capacidad de su contexto para satisfacer cuatro categorías de requerimientos: los materiales, los psicoemocionales, los de seguridad y los culturales.

 

Con las transformaciones señaladas de los cuatro agentes sociales que intervienen en la provisión de bienestar a las personas encontramos las siguientes situaciones:

  1. Históricamente en las políticas sociales se ha dado prioridad a la satisfacción de los requerimientos materiales de las personas (vivienda, salud, alimentación, ingreso, infraestructura social, etc.) y en los últimas tres décadas, especialmente de las poblaciones pobres. Además como ya señalamos anteriormente de haberse considerado la provisión de bienestar como una responsabilidad pública en la segunda mitad el siglo XX a partir de los exitosos modelos de economías del bienestar instaurados en los países nórdicos, ahora esa provisión se está trasladando al mercado.
  2. Existe una total desatención a los requerimientos de desarrollo psicoemocional de las personas. Esta se ha dejado como responsabilidad de las familias y principalmente de las mujeres, con alguna participación de las escuelas, de los compañeros y pares y de la comunidad. La socialización de las personas y su integración a la comunidad está dependiendo fundamentalmente de su adecuado desarrollo psicoemocional y de la transmisión de saberes para la vida (cómo y de qué alimentarse, cómo relacionarse con los otros, cómo resolver conflictos, el aseo e higiene personal y de la casa, los hábitos de crianza, etc.)

 

 

 

En este sentido la promoción del individualismo y la competencia por la economía de mercado, ha impactado la construcción de valores de solidaridad, responsabilidad compartida, sentido de comunidad, reconocimiento y respeto de los otros, y ha erosionado por lo tanto, el sentido de pertenencia, de identidad y de colectividad, destruyendo la idea de que existe una sociedad que se va a ocupar y preocupar por el bienestar y la felicidad de las personas que la integran. Cada persona de acuerdo al capitalismo de mercado vigente, tiene que preocuparse por sí misma y por su futuro, no tiene responsabilidades por nadie más excepto si establece contratos de matrimonio que lo obliguen, pero también estos están resultando cada vez más en relaciones frágiles, fugaces, poco estables.

Como mencioné anteriormente las familias tienen cada vez menos posibilidades de atender al desarrollo y construcción saludable de sus integrantes lo que significa deficiencias crecientes en su desarrollo psicoafectivo y en la transmisión de saberes para la vida.

Asimismo, el rol de las escuelas en el desarrollo psicoafectivo del los niños y en la consolidación de saberes para la vida como ha salido a la luz en relación con el lamentable caso de bullying en Tamaulipas, se encuentra colapsado ante la desconfianza en las relaciones entre adultos e infancia, debido a la ocupación de plazas de maestros por personas sin la preparación como tales y por la ausencia de un proyecto educativo que tenga como objetivo el desarrollo de seres humanos autónomos, responsables, solidarios y participativos.

Los medios de comunicación masiva y actualmente las redes sociales ocupan un rol muy importante en la socialización de las personas y en la transmisión de saberes para la vida. La infancia y los jóvenes pasan muchas horas frente a ellos. Los primeros tienen una programación destinada claramente a desarrollar consumidores y clientes para el mercado y las segundas por su naturaleza de comunicación a distancia, disminuyen las posibilidades de interactuar y convivir directamente con otros.

Es decir, los cuatro agentes socializadores de la infancia y la juventud: las familias, las escuelas, los grupos de pares los medios de comunicación están fallando seriamente en la construcción de seres humanos saludables  y por el contrario, hay un número creciente de jóvenes apáticos, desesperanzados, enojados y resentidos con una sociedad que no los incluye.

  1. Por cuanto a los requerimientos de seguridad para el bienestar o para la vida, dos de las columnas del andamiaje para dar seguridad a las personas a saber, la generación de empleos formales dignos y estables y la seguridad social se encuentran en crisis creciente. Se habla incluso de la desaparición del trabajo.

A ello se puede agrega un sistema de seguridad pública y de justicia que no garantiza ni protección, ni acceso a la verdad, ni en su caso, el debido proceso. La delincuencia impunemente despoja de bienes, de libertad e incluso de la vida a las personas.

El sistema financiero y el fiscal abusan permanentemente de los ahorros y de los ingresos que genera el ciudadano común y en cualquier momento pueden sumirlo en la pobreza,

Los creciente problemas de inseguridad ambiental donde los efectos del cambio climático arrebatan pertenencias y vidas en un instante.

La incertidumbre, la volatilidad y la ausencia de seguridad son la característica de los tiempos actuales y eso provoca desconfianza y miedo e impide el desarrollo de relaciones y de sentido de comunidad y por lo tanto de tejido social. Somos ciudadanos indefensos y frustrados ante poderes legales y extralegales, permanentemente explotados, expoliados o en constante riesgo de serlo.

  1. Respecto de los requerimientos culturales para la vida digna como son el acceso al conocimiento, a la información a la educación, a la cultura, a la tecnología encontramos enormes disparidades entre estratos sociales.

Finalmente, no quisiera dejar de tocar un tema que se evidenció de manera muy fuerte en los estudios diagnóstico que promovimos desde INCIDE Social sobre los determinantes económicos, sociales y culturales de las violencias y que tiene una muy fuerte influencia en la destrucción del tejido social. Este se refiere a la forma en que en los últimos 20 años ha tenido lugar el crecimiento de las ciudades en el país.

Los cambios al Artículo 27 constitucional de principios de los años noventa, la especulación de la tierra, la enorme ambición de las desarrolladoras de vivienda y la gran corrupción gubernamental en el uso del territorio, han causado un desastre en la urbanización del país. Observamos ciudades que crecen en extensión más rápidamente que su población, ciudades horizontales con problemas de accidentes viales y de tránsito en aumento, ciudades segmentadas socioeconómicamente, guetizadas, despersonalizadas por centros comerciales, mobiliario y arte urbano(esculturas de Sebastían) y transporte homogéneos, con hacinamiento de viviendas y dentro de éstas mismas debido a su pequeño tamaño.

Por un malentendido afán de modernización, que nuevamente encubre corrupción, lavado de dinero y deseo de lucro, (queremos parecernos a Taiwán dijo hace poco un destacado político), estamos viviendo un proceso de destrucción del tejido urbano que continúa avanzando en varias ciudades y en este momento ha tomado como presa preferida a la Ciudad de México.

Se destruyen o dividen barrios y colonias, se cambian usos del suelo, se congestionan y privatizan vialidades. Las personas que habitan las ciudades y los nuevos desarrollos de vivienda son desconocidos entre sí que provienen de muchos lugares y diferentes historias y culturas, que experimentan una gran desconfianza por sus vecinos y que se mudan antes de construir alguna confianza. Las relaciones cotidianas son frágiles y fugaces o son de conflicto por la pelea de espacios en las calles, en los transportes colectivos, en las escuelas, en los estadios y en los espacios públicos, en general.

Los esfuerzos públicos y organizados para reconstruir o construir comunidad y tejido social son escasos y las más de las veces poco sostenidos en el tiempo. Programas como Habitat o el de Espacios Públicos o la Línea Verde y el Convive Féliz en Aguascalientes, no se mantienen en el tiempo. Nuevos gobiernos desconocen lo hecho por los anteriores e inventan nuevos programas cada tres o seis años. Son ciclos interminables de destrucción y abandono y de poca construcción inteligente y duradera.

Las personas en las ciudades destinan muchas horas para trasladarse, viven con estrés y en riesgo permanente de violencia y accidentes, son maltratadas en su calidad de ciudadanos por autoridades abusivas, acosadoras e irrespetuosas, pagan impuestos y no reciben servicios públicos suficientes y de calidad.

Al final las aglomeradas ciudades producen grandes soledades, conspiran contra la convivencia, generan desesperanza y una enorme apatía ciudadana.

El recuento del desastre en el bienestar y en el tejido social en México podría continuar por varias horas.

Al final termino con otras preguntas:

  • cómo reconstruimos lo público desde abajo,
  • cómo consensamos reglas de convivencia que no signifiquen tener un policía detrás de cada uno de nosotros para que nos portemos bien y respetemos a los otros,
  • cómo definimos nuevos pactos entre los actores del bienestar: las personas, las familias, el Estado y el mercado
  • cómo incluimos y reconocemos en esos pactos las cuatro categorías de requerimientos para la vida de las personas: los materiales, los psicoemocionales, los de seguridad y los culturales; y
  • cómo recuperamos la construcción y socialización de seres humanos solidarios, respetuosos, responsables y con sentido de lo colectivo.
  • cómo construimos confianza, comunidad y ciudadanía.

Bienestar, tejido social y violencias.

Violencias

Agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al Sr. Rector Alejandro Vega Jiménez y a Javier Sicilia la invitación para participar en estos diálogos que se estánrealizando motivados por la consternación que ha producido en la comunidad universitaria y en la sociedad morelense la muerte violenta del Prof. Alejandro Chao y de su esposa Sarah Rebolledo.

Las preguntas que todos nos hacemos ante las violencias que nos acosan, son al menos tres:

  1. ¿Qué nos ha pasado como sociedad que estamos construyendo seres humanos enojados, violentos, sin control de sus emociones de ira y de miedo y sin temor a las consecuencias de sus actos que violentan lo sagrado de la vida y la integridad de otros seres humanos?
  2. ¿Que nos ha pasado en nuestra convivencia que ya no funcionan los mecanismos de control derivados de las normas y costumbres culturales y sociales que ponían límites claros y castigos a quienes las infringían?
  3. ¿Qué ha sucedido con el Estado Mexicano cuya función principal es la de salvaguardar el orden y el respeto a la Ley para lo cual supuestamente se hemos construido un entramado legal e institucional costoso para investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que atentan contra el Estado de derecho?

A partir de estos interrogantes básicos quisiera en esta reflexión aportar algunos hallazgos derivados de investigaciones que hemos venido realizando o promoviendo desde INCIDE Social A.C. la organización civil donde participo desde hace 10 años, investigaciones que se relacionan con nuestro interés sobre el bienestar y el desarrollo social y más recientemente, sobre los determinantes económicos, sociales y culturales de las violencias.

Lo que nos está ocurriendo en México en materia de bienestar, tejido social y violencias es resultado de un contexto general que se caracteriza desde hace más de 30 años, por cambios en los papeles que juegan los cuatro agentes proveedores de bienestar: las personas mismas, las familias, el mercado y el Estado en los siguientes aspectos:

Se parte de un país históricamente desigual, con altos niveles de discriminación, pobreza y corrupción y crecientes problemas para generar trabajo digno para su población joven; que adoptó en la década de los años ochenta un modelo económico centrado en la producción de bienes y servicios para la exportación colocando la productividad, la eficiencia y la competitividad como objetivos del desarrollo del país, en lugar de centrarse en alcanzar el bienestar o la felicidad de los mexicanos y las mexicanas, cuestión que debería ser el objetivo de toda sociedad.

  1. Los personasen ese proyecto se convierten en proveedores de trabajo, por una parte, y consumidores y clientes de lo que se produce y vende en los mercados, por la otra.
  2. Como probables trabajadores se ha insistido en la obligación que tienen de desarrollar sus capacidades de “empleabilidad” mediante la educación escolarizada para poder ser competitivos en los mercados de trabajo y pasar a formar parte, si tienen mucha suerte, de los esclavos con título de doctorado de grandes empresas transnacionales, con disponibilidad completa y sin poder tener ni vida propia ni de familia. La gran mayoría, que no alcanza títulos de posgrado, está condenada a subsistir en condiciones precarias, con gran inseguridad y con ingresos y condiciones de trabajo indignas. De acuerdo al proyecto económico vigente esas mayorías son las culpables de su situación por no haber aprovechado las “fantásticas oportunidades de educación” que brinda la sociedad nacional y por ser “flojas, improductivas e incompetentes”. El slogan preferido del proyecto de economía de mercado es “Edúcate y alcanzarás el paraíso”
  3. Como clientes y consumidores su obligación en el proyecto es estar atentos a todas las innovaciones tecnológicas en productos de consumo para adquirir los últimos modelos promovidos por los medios de comunicación masiva y desechar los viejos aunque estos aún sirvan, pues el importante papel que juega la población en las economías del mercado es de dinamizadores de la producción de miles de cosas, muchas de ellas absolutamente innecesarias y superfluas. La felicidad y el bienestar de las personas se homologan entonces con el número, variedad y calidad de las cosas y bienes que poseen y de los servicios a los que pueden acudir.
  4. Las familias, el segundo agente social proveedor de bienestar, se ven obligadas a echar mano de todo el tiempo de trabajo disponible de sus integrantes para lograr obtener ingresos y poder subsistir. Ello en razón de una política de salarios contenidos sostenida desde finales de la década de los años setenta, por lo que el pago que se recibe por unidad de trabajo ha venido disminuyendo. Un salario mínimo legal actual equivale a una cuarta parte del que estuvo vigente en 1976, año en que se inició una vertiginosa caída de los salarios mínimos. Las familias entonces se ven obligadas a dedicar más tiempo y a todos sus miembros con posibilidades de trabajar, a realizar cualquier tipo de actividades-legales e ilegales-que les permitan la obtención de ingresos, incluso envían a alguno o algunos de sus miembros a Estados Unidos para conseguir trabajo. El tejido y el capital social familiar se va destruyendo dado que el tiempo que destinan a actividades para la generación de ingresos va en detrimento del tiempo que dedican a la economía del cuidado incluyendo el cuidado personal, la crianza y la atención de la infancia y la juventud y ahora, de los adultos mayores, así como al mantenimiento de sus redes sociales.
  5. El mercado, tercer agente proveedor de bienestar, ofrece una gran variedad de productos y servicios con el único objetivo de generar ganancias para las empresas de todo tipo que participan en el mismo. Por ello existe un mercado de drogas, de armas, e incluso de personas y órganos, puesto que en la obtención de lucro no existen limitantes éticos. Los mercados son amorales. Se vende y compra todo lo que se pueda vender y comprar.

El mercado y el afán de lucro destruyen las pequeñas actividades de subsistencia de las familias pobres: la agricultura campesina, la pequeña industria y el pequeño comercio (misceláneas, farmacias, panaderías, tortillerías), los diversos talleres de servicios de reparación, por ejemplo. Se generan cadenas de establecimientos que sustituyen esas actividades y que terminan enriqueciendo a los dueños del capital y condenan a los anteriores trabajadores por cuenta propia y familiares, a subcontratarse en empresas de servicios sin protección laboral alguna. Uno de las áreas de mayor desarrollo y potencial del mercado de los últimos años ha sido la referida a la provisión de bienes y servicios para las poblaciones pobres: desde las farmacias de similares y genéricos, los Oxos los Seven Eleven hasta la proliferación de casas de empeño.

Se rompe con ello, algo en lo que Javier Sicilia insiste con frecuencia, las relaciones de proximidad y confianza generadas por los pequeños establecimientos de barrio donde los clientes conversan y conocen a sus dueños, donde estos les facilitan mercancía a granel y a crédito, donde grupos de vecinos se pueden pasar un rato tomando una cerveza, un café o un refresco, donde se repara innumerables veces la licuadora o la televisión para que duren más, etc. Se destruye un actor fundamental en el tejido social territorial que son esos pequeños establecimientos que además proporcionan ingreso y trabajo en el vecindario o en el pueblo.

  1. El Estado, el cuarto actor del bienestar, ha venido siendo desmantelado como proveedor de bienes y servicios públicos para el bienestar de las personas. De manera paulatina pero sostenida, se trasladan los recursos y las funciones sociales del Estado a empresas del mercado y a organizaciones de la sociedad civil. Se recarga en las familias la atención de población en condiciones de vulnerabilidad como la infancia, la población con discapacidad o los adultos mayores. Asimismo, se ha venido entregando el control y explotación de recursos y sectores estratégicos del desarrollo de la nación a empresas incluso trasnacionales. En esta misma lógica, se substituye crecientemente la provisión de bienes y servicios públicos por transferencias monetarias de ingreso para que las personas en pobreza o en situación de vulnerabilidad acudan al mercado a comprar alimentos, educación, salud, vivienda, servicios de agua, energía, etc. El papel del Estado en la generación de bienestar va desapareciendo y su función de provisión de seguridad y justicia se va desdibujando por la presencia de altos niveles de corrupción en el ejercicio de la función pública, aumentando los índices de violencia, delincuencia e impunidad   creando un ambiente de indefensión de los ciudadanos frente a los abusos de las empresas del mercado y de la delincuencia común y organizada. El Estado renuncia a sus obligaciones de respetar, proveer y proteger los derechos humanos de las personas y se convierte en un facilitador para las empresas del mercado permitiendo que estas vulneren esos derechos al no regular adecuadamente su funcionamiento.

Ahora bien, en un contexto de esa naturaleza ¿qué está ocurriendo con el desarrollo, construcción y socialización de las y los mexicanos?

El bienestar de las personas está dependiendo de la capacidad de su contexto para satisfacer cuatro categorías de requerimientos: los materiales, los psicoemocionales, los de seguridad y los culturales.

Con las transformaciones señaladas de los cuatro agentes sociales que intervienen en la provisión de bienestar a las personas encontramos las siguientes situaciones:

  1. Históricamente en las políticas sociales se ha dado prioridad a la satisfacción de los requerimientos materiales de las personas (vivienda, salud, alimentación, ingreso, infraestructura social, etc.) y en los últimas tres décadas, especialmente de las poblaciones pobres. Además como ya señalamos anteriormente de haberse considerado la provisión de bienestar como una responsabilidad pública en la segunda mitad el siglo XX a partir de los exitosos modelos de economías del bienestar instaurados en los países nórdicos, ahora esa provisión se está trasladando al mercado.

 

  1. Existe una total desatención a los requerimientos de desarrollo psicoemocional de las personas. Esta se ha dejado como responsabilidad de las familias y principalmente de las mujeres, con alguna participación de las escuelas, de los compañeros y pares y de la comunidad. La socialización de las personas y su integración a la comunidad está dependiendo fundamentalmente de su adecuado desarrollo psicoemocional y de la transmisión de saberes para la vida (cómo y de qué alimentarse, cómo relacionarse con los otros, cómo resolver conflictos, el aseo e higiene personal y de la casa, los hábitos de crianza, etc.)

 

En este sentido la promoción del individualismo y la competencia por la economía de mercado, ha impactado la construcción de valores de solidaridad, responsabilidad compartida, sentido de comunidad, reconocimiento y respeto de los otros, y ha erosionado por lo tanto, el sentido de pertenencia, de identidad y de colectividad, destruyendo la idea de que existe una sociedad que se va a ocupar y preocupar por el bienestar y la felicidad de las personas que la integran. Cada persona de acuerdo al capitalismo de mercado vigente, tiene que preocuparse por sí misma y por su futuro, no tiene responsabilidades por nadie más excepto si establece contratos de matrimonio que lo obliguen, pero también estos están resultando cada vez más en relaciones frágiles, fugaces, poco estables.

Como mencioné anteriormente las familias tienen cada vez menos posibilidades de atender al desarrollo y construcción saludable de sus integrantes lo que significa deficiencias crecientes en su desarrollo psicoafectivo y en la transmisión de saberes para la vida.

Asimismo, el rol de las escuelas en el desarrollo psicoafectivo del los niños y en la consolidación de saberes para la vida como ha salido a la luz en relación con el lamentable caso de bullying en Tamaulipas, se encuentra colapsado ante la desconfianza en las relaciones entre adultos e infancia, debido a la ocupación de plazas de maestros por personas sin la preparación como tales y por la ausencia de un proyecto educativo que tenga como objetivo el desarrollo de seres humanos autónomos, responsables, solidarios y participativos.

Los medios de comunicación masiva y actualmente las redes sociales ocupan un rol muy importante en la socialización de las personas y en la transmisión de saberes para la vida. La infancia y los jóvenes pasan muchas horas frente a ellos. Los primeros tienen una programación destinada claramente a desarrollar consumidores y clientes para el mercado y las segundas por su naturaleza de comunicación a distancia, disminuyen las posibilidades de interactuar y convivir directamente con otros.

Es decir, los cuatro agentes socializadores de la infancia y la juventud: las familias, las escuelas, los grupos de pares los medios de comunicación están fallando seriamente en la construcción de seres humanos saludables y por el contrario, hay un número creciente de jóvenes apáticos, desesperanzados, enojados y resentidos con una sociedad que no los incluye.

  1. Por cuanto a los requerimientos de seguridad para el bienestar o para la vida, dos de las columnas del andamiaje para dar seguridad a las personas a saber, la generación de empleos formales dignos y estables y la seguridad social se encuentran en crisis creciente. Se habla incluso de la desaparición del trabajo.

A ello se puede agrega un sistema de seguridad pública y de justicia que no garantiza ni protección, ni acceso a la verdad, ni en su caso, el debido proceso. La delincuencia impunemente despoja de bienes, de libertad e incluso de la vida a las personas.

El sistema financiero y el fiscal abusan permanentemente de los ahorros y de los ingresos que genera el ciudadano común y en cualquier momento pueden sumirlo en la pobreza,

Los crecientes problemas de inseguridad ambiental donde los efectos del cambio climático arrebatan pertenencias y vidas en un instante.

La incertidumbre, la volatilidad y la ausencia de seguridad son la característica de los tiempos actuales y eso provoca desconfianza y miedo e impide el desarrollo de relaciones y de sentido de comunidad y por lo tanto de tejido social. Somos ciudadanos indefensos y frustrados ante poderes legales y extralegales, permanentemente explotados, expoliados o en constante riesgo de serlo.

  1. Respecto de los requerimientos culturales para la vida digna como son el acceso al conocimiento, a la información a la educación, a la cultura, a la tecnología encontramos enormes disparidades entre estratos sociales.

Finalmente, no quisiera dejar de tocar un tema que se evidenció de manera muy fuerte en los estudios diagnóstico que promovimos desde INCIDE Social sobre los determinantes económicos, sociales y culturales de las violencias y que tiene una muy fuerte influencia en la destrucción del tejido social. Este se refiere a la forma en que en los últimos 20 años ha tenido lugar el crecimiento de las ciudades en el país.

Los cambios al Artículo 27 constitucional de principios de los años noventa, la especulación de la tierra, la enorme ambición de las desarrolladoras de vivienda y la gran corrupción gubernamental en el uso del territorio, han causado un desastre en la urbanización del país. Observamos ciudades que crecen en extensión más rápidamente que su población, ciudades horizontales con problemas de accidentes viales y de tránsito en aumento, ciudades segmentadas socioeconómicamente, guetizadas, despersonalizadas por centros comerciales, mobiliario y arte urbano (esculturas de Sebastián) y transporte homogéneos, con hacinamiento de viviendas y dentro de éstas mismas debido a su pequeño tamaño.

Por un malentendido afán de modernización, que nuevamente encubre corrupción, lavado de dinero y deseo de lucro, (queremos parecernos a Taiwán dijo hace poco un destacado político), estamos viviendo un proceso de destrucción del tejido urbano que continúa avanzando en varias ciudades y en este momento ha tomado como presa preferida a la Ciudad de México.

Se destruyen o dividen barrios y colonias, se cambian usos del suelo, se congestionan y privatizan vialidades. Las personas que habitan las ciudades y los nuevos desarrollos de vivienda son desconocidos entre sí que provienen de muchos lugares y diferentes historias y culturas, que experimentan una gran desconfianza por sus vecinos y que se mudan antes de construir alguna confianza. Las relaciones cotidianas son frágiles y fugaces o son de conflicto por la pelea de espacios en las calles, en los transportes colectivos, en las escuelas, en los estadios y en los espacios públicos, en general.

Los esfuerzos públicos y organizados para reconstruir o construir comunidad y tejido social son escasos y las más de las veces poco sostenidos en el tiempo. Programas como Habitat o el de Espacios Públicos o la Línea Verde y el Convive Feliz en Aguascalientes, no se mantienen en el tiempo. Nuevos gobiernos desconocen lo hecho por los anteriores e inventan nuevos programas cada tres o seis años. Son ciclos interminables de destrucción y abandono y de poca construcción inteligente y duradera.

Las personas en las ciudades destinan muchas horas para trasladarse, viven con estrés y en riesgo permanente de violencia y accidentes, son maltratadas en su calidad de ciudadanos por autoridades abusivas, acosadoras e irrespetuosas, pagan impuestos y no reciben servicios públicos suficientes y de calidad.

Al final las aglomeradas ciudades producen grandes soledades, conspiran contra la convivencia, generan desesperanza y una enorme apatía ciudadana.

El recuento del desastre en el bienestar y en el tejido social en México podría continuar por varias horas.

Al final termino con otras preguntas:

  • cómo reconstruimos lo público desde abajo,
  • cómo consensamos reglas de convivencia que no signifiquen tener un policía detrás de cada uno de nosotros para que nos portemos bien y respetemos a los otros,
  • cómo definimos nuevos pactos entre los actores del bienestar: las personas, las familias, el Estado y el mercado
  • cómo incluimos y reconocemos en esos pactos las cuatro categorías de requerimientos para la vida de las personas: los materiales, los psicoemocionales, los de seguridad y los culturales; y
  • cómo recuperamos la construcción y socialización de seres humanos solidarios, respetuosos, responsables y con sentido de lo colectivo.
  • cómo construimos confianza, comunidad y ciudadanía.

La reivindicación de los derechos políticos de las mujeres en México

Derechos Humanos, Mujeres

Uno de los principales hitos del Siglo XX fue la incorporación de las mujeres al ámbito público y el reconocimiento de sus derechos humanos políticos, civiles, económicos sociales y culturales. La historia del Siglo XX fue de lucha por el reconocimiento de sus derechos primero en las leyes y después por su concreción en la práctica. Fue el siglo en donde las mujeres adquirieron ciudadana plena.

Las Revoluciones Industriales y las dos Guerras Mundiales obligaron a las economías del mundo occidental a incorporar a la fuerza de trabajo femenina en la producción industrial, cuando los hombres tuvieron que acudir a combate. Con ello se quebró la tradicional limitación de las mujeres al ámbito de lo privado, al cuidado de la familia y a la crianza de los hijos. Los derechos laborales y la mayor equidad en las relaciones familiares surgen como las primeras demandas por la igualdad de las mujeres, a la par de la demanda por el ejercicio del voto.

Algunas autoras europeas consideran que la segunda ola del feminismo (liberal sufragista) reivindica principalmente el derecho al voto de las mujeres. Esta nueva época del feminismo se extendió desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, al final de la segunda Guerra Mundial.

Comienza con la Declaración de Seneca Falls, de 1848 donde mujeres y hombres pertenecientes a movimientos sociales y organizaciones de EEUU tomando como base la declaración de Independencia norteamericana, exigen cambios en las costumbres y moral de la época y en la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres.

Durante la primera mitad del siglo XX el derecho de las mujeres a votar se va incorporando a las legislaciones democráticas, a veces limitada en edad, estrato social o nivel educativo. Socialmente, el activismo se extiende a las clases media y baja.

El primer estado en ofrecer el sufragio universal (y también permitir a las mujeres presentarse a elecciones para el parlamento) fue Australia del Sur en 1902 (según otros en 1894) y Tasmania en 1903. En Europa las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto por primera vez en Finlandia en 1907, llegando a ocupar incluso escaños en el parlamento (primer caso en el mundo). Le siguieron pocos años después Noruega y Suecia (Wikipedia). En Gran Bretaña se les otorgó en 1917 y en Estados Unidos en 1920 dos países en donde hubo importantes y combativos movimientos sufragistas ampliamente difundidos en la prensa y conocidos a nivel mundial.

El primer país en América Latina en aprobar el sufragio femenino fue Uruguay en 1927. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada en 1948.

El 20 de diciembre de 1952 la Convención sobre los derechos políticos de la mujer [] adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, explicita el derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos públicos en su Artículo I donde dispone:

  1. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna

Con distintos ritmos, con diferentes historias nacionales, con el concurso de los organismos internacionales y vínculos entre movimientos de varios países las mujeres fueron alcanzando sus derechos ciudadanos y avanzando en su ejercicio cotidiano. En algunos casos fueron movimientos amplios de mujeres y hombres que lucharon por su obtención, en otros fueron grupos de mujeres políticas los que lograron su aprobación.

La historia de la consecución de los derechos políticos de las mujeres en México fue lenta. Durante la primera mitad del Siglo XX las mujeres mexicanas tuvieron que luchar por que el derecho al voto se incorporara en la legislación lo que lograron hasta 1953. Durante la segunda mitad del siglo tuvieron que luchar para que ese derecho efectivamente se concretara, al menos en los puestos de elección popular.

Momentos significativos para el reconocimiento de la ciudadanía política de las mujeres en México

Fue en los clubes de mujeres y en las revistas donde se empezó a plantear la reivindicación del voto femenino. En 1824, un grupo de mujeres de Zacatecas envía una carta al Gobierno solicitando ser reconocidas como ciudadanas plenas, dada su contribución activa a la lucha por la Independencia.

En 1884-1887 en la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, se planteó la demanda del sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Diversas asociaciones feministas se unen a Madero, entre ellas el Club Femenil Antireeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc” fundado por Dolores Jiménez y Muro. Esta agrupación se convirtió en una importante organización feminista de finales del porfiriato. Sus integrantes protestaron por el fraude en las elecciones y demandaron la participación política de las mujeres mexicanas.

El 13 de enero 1916 se celebra el Primer Congreso Feminista impulsado por el general Salvador Alvarado como Gobernador de Yucatán. Tiene lugar en Mérida con la asistencia de poco más de 600 mujeres, la mayoría maestras en escuelas primarias. En el Congreso se plantea abiertamente la necesidad de que la mujer rompa con la tutela social y las tradiciones que la habían mantenido en un segundo plano y se discute “cuál debería ser la participación de la mujer en el México revolucionario y cómo podía ésta contribuir a la construcción de una nueva sociedad»(Ana Lau y Carmen Ramos, ‘Mujeres y revolución 1910-1917’. (Fuente: Revista Nosotras).Uno de los principales acuerdos a los que se llegó fue demandar que se otorgará el voto ciudadano a las mujeres.

En el Plan de Guadalupe como parte del argumento de lucha por la libertad de la Revolución Mexicana, se incluía el asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley. Sin embargo, al proclamarse la Constitución Mexicana de 1917, considerada altamente progresista en el reconocimiento de derechos colectivos y garantías individuales, el artículo sobre ciudadanía permaneció igual que en la Constitución de 1857. No negaba el derecho al voto a las mujeres pero identificaba el sufragio universal como un derecho exclusivamente masculino.

En la redacción de la Constitución no se le otorgó el voto a la mujer ya que se argumentaba que “[…] en el estado en que se encuentra nuestra sociedad […] las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido”. El argumento más fuerte era a favor de la protección de la integridad de la familia, expresando lo siguiente: “El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstos deban concederse a la mujer como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa”.

El artículo 34 de la Constitución quedó redactado de la siguiente manera: “Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y II. Tener un modo honesto de vivir”.

El hecho de que estuviera escrito en masculino fue lo que argumentaron los diputados para negarle el voto a la mujer, pero a la vez, fue de lo que algunas mujeres activistas se agarraron para exigir su voto y ser votadas.

En 1918, Hermila Galindo, la mayor activista en favor del sufragio femenino en tiempos revolucionarios tomó ese argumento para postularse como diputada. Solo pudo recibir los votos de sus amigos varones ya que no se dejó votar a sus seguidoras.

Otra importante activista política de la época Inés Malavaez sostenía que “el sufragio no debería otorgarse a las mujeres porque consideraba que su actividad daría mejores frutos si se centraba en obras educativas y asistenciales, evitando involucrarse en el mundo de la política, plagado de vicios y capaz de corromper la moralidad atribuida a las mujeres, consideradas como espíritus  nobles y elevados a causa de su vocación maternal”. Gabriela Cano (Nexos, 2013)

Durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en el Estado de Yucatán (1922-1924), se produjeron importantes avances en la lucha por los derechos de las mujeres a través de la creación de las Ligas Feministas, que tenían por objeto ser autogestoras del mejoramiento de la situación de la mujer en todos los aspectos, reconociéndose el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales. También durante este periodo se produjo un gran escándalo en el ámbito nacional al intentar introducir temas relativos a la educación sexual y planificación familiar, por lo que fue instaurado el 10 de mayo como el Día de las Madres, para contrarrestar dicho escándalo.

En 1923 cuando el estado de Yucatán reconoció el voto tanto municipal como estatal tres mujeres participaron como candidatas a diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce.

El derecho al voto de las mujeres en Yucatán no duró mucho ya que cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue asesinado ellas fueron obligadas a dejar su puesto y el voto de las mujeres fue anulado..

En ese mismo año de 1923 del 20 al 30 de mayo, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México, con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales conclusiones en lo político estuvieron referidas a impulsar las siguientes solicitudes:

  • La igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos (en ese momento, los ayuntamientos eran cargos administrativos, no políticos) y
  • El decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales.

En esa época el discurso igualitario tiene dos posiciones discursivas: Hermila Galindo consideraba que las mujeres y los hombres eran ciudadanos iguales poseedores de los mismos derechos

Por su parte la posición representada por el mencionado Congreso Feminista Panamericano planteaba que las mujeres deben tener derechos de ciudadanía no porque ellas sean ciudadanas iguales a los hombres sino porque como esposas y madres de familia su participación en el proceso electoral tiene un efecto moralizados en los procesos políticos.

Como consecuencia de ese Primer Congreso el 13 de julio de ese mismo año 1923, el gobernador de San Luis Potosí, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres que supieran leer y escribir, tomar parte en los procesos electorales municipales y estatales.

Posteriormente, en 1925 Tabasco y Chiapas legislaron el derecho al voto de las mujeres durante los gobiernos de Tomás Garrido Canabal y César Córdoba, respectivamente. A pesar de tratarse de regiones muy distintas entre sí, los tres gobernadores contaban con el apoyo de partidos locales de orientación política socialista y radical y sostenían posturas anticlericales en grado diverso, además de fomentar la educación de las mujeres. (Gabriela Cano, Nexos 2013)

Las reformas potosina y tabasqueña tuvieron corta vida ya que fueron derogadas a los pocos años de su establecimiento; la legislación chiapaneca, en cambio, se mantuvo.

La insuficiente preparación de las mujeres fue un argumento recurrente de la élite posrevolucionaria para restringir, posponer o rechazar el voto femenino. Las posturas gradualistas y aquellas a favor del sufragio femenino restringido predominaron. Estas posturas admitían la igualdad ciudadana entre hombres y mujeres como un principio abstracto de justicia social, pero consideraban necesario postergar el reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres hasta que estuvieran preparadas para ejercer el voto.

El voto restringido que limitaba el derecho a un sector de la población femenina que cumpliera ciertos requisitos de edad, educación o situación civil fue aceptado incluso como una medida gradualista para avanzar. Las reformas de San Luis Potosí y Tabasco establecieron el voto femenino, pero negaban el derecho al voto a las mujeres analfabetas y a las creyentes.

En 1929 surgen nuevas asociaciones de mujeres, cuyo principal objetivo es obtener los derechos políticos plenos: el partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias.

En 1934 durante la campaña presidencial del General Lázaro Cárdenas se conforma el Frente de Mujeres Mexicanas en 1935 y por primera vez las mujeres participan en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR).

En 1935 se fundó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) que llegó a contar con 50 mil mujeres afiliadas. Rreunía a 800 agrupaciones femeninas de todo el país y de diversas posturas ideológicas que comparten un mismo objetivo: conquistar el derecho a votar y ser elegidas.

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas mandó una iniciativa de reforma del artículo 34 de la Constitución Mexicana. La iniciativa señalaba: “Son ciudadanos de la República todos los hombres y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y II. Tener un modo honesto de vivir”. []

La iniciativa fue aprobada por las cámaras y 21 legislaturas de los estados, pero no llegó al cómputo y declaratoria para que fuera vigente. Esto sucedió porque el Partido Nacional Revolucionario (padre político del PRI) argumentó que las mujeres se verían influenciadas en su voto por los curas.

Si bien el presidente Lázaro Cárdenas promovió el voto de las mujeres, abandonó su postura ante el temor de que las mujeres inclinaran la balanza electoral a favor del candidato opositor Juan Andreu Almazán, quien competía contra Manuel  Ávila Camacho.

El Frente Único Pro Derechos de la Mujer decide en 1938, incorporarse al PNR considerando que bien valía perder la autonomía en aras de hacer ver a los opositores del movimiento femenino que no eran “ni mochas ni comunistas y que su lealtad estaba con la revolución”.

Se inicia así el debate sobre el voto feminista al interior del partido en el gobierno y de ahí en adelante se convierte en una demanda de las mujeres políticas que participaban en ese partido.

Casi treinta años pasaron desde la posibilidad de que en la Constitución de 1917 México fuera uno de los primeros países en el mundo y el primero en América Latina en aprobar la ciudadanía política de las mujeres para que el 24 de diciembre de 1946 la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó al Artículo 115 Constitucional, que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Entrando en vigor el 12 de febrero del siguiente año.

Según Gabriela Cano (Nexos 2013) el principal argumento que se esgrimió entonces era la cercanía y semejanza entre la vida familiar (considerada el ámbito fundamental de la vida de las mujeres) y la del municipio. Tal perspectiva reducía nuevamente el papel de las mujeres al ámbito de madre, esposa y ama de casa.

Para la década de los cincuenta la mayor parte de los países de América Latina habían establecido el sufragio universal femenino. México era signatario de la Carta de los Derechos Humanos que establecía de manera explícita la igualdad de hombres y mujeres, por lo que era una flagrante inconsecuencia haber reconocido el voto femenino sólo en el nivel municipal y mantener a las mujeres al margen de los derechos electorales estatales y federales, cuando el gobierno se había comprometido con la igualdad entre los sexos en foros internacionales.

El 9 de diciembre de 1952 el presidente Adolfo Ruiz Cortines presentó su iniciativa para reformar el Artículo 34 que la ser aceptada por el Congreso, se público en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1953 y establece que: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”. Se gana el derecho de votar y de ser candidatas en las elecciones nacionales, obteniendo el sufragio universal.

El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres mexicanas ejercieron su derecho de sufragio. Aacudieron a emitir su voto a las urnas, para elegir Diputados Federales XLIII Legislatura. La primera elección presidencial donde participan las mujeres es la de 1958 donde salió triunfante Adolfo López Mateos como presidente de la República.

Gabriela Cano sostiene que la ciudadanía política llega tan tarde a México en razón de la tensión entre “el impulso sufragista, bajo la égida de algunos partidos socialistas estatales y de discursos igualitaristas y de justicia social que buscaban dar a las mujeres las mismas oportunidades educativas y los mismos derechos individuales que tenían los hombres, se enfrentó con el arraigado prejuicio relativo a que la inclinación política conservadora atribuida a las mujeres podía poner en riesgo la continuidad de las reformas y del régimen” La idea de la inclinación de las mujeres por las ideas políticas tradicionalistas y el clero estaba muy extendida entre las élites revolucionarias y posrevolucionarias y se utilizó para privarlas de sus derechos políticas durante varias décadas.

Al final de esta primera etapa en la lucha por la ciudadanía política de las mujeres en México el sufragio femenino se logró desde las instituciones del estado mediante leyes que fueron impulsadas directamente por mujeres en la política.

A modo de conclusiones

La lucha por alcanzar y avanzar en los derechos políticos de las mujeres se inicia a partir de la demanda del voto y de poder ser elegidas para puestos de elección popular.

Sin embargo en la concreción de ese derecho en cuanto a lograr posiciones en el Congreso, en las presidencias municipales y en los gobiernos estatales tuvieron que transcurrir varias décadas.

Las mujeres no llegaron a ocupar más del 12 % de los escaños en las Cámaras del Congreso hasta 1991-1993. Había una especie  de techo de cristal.

En 1993 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se insta a los partidos a promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular.

Ante la dificultad para remontar los obstáculos para que las mujeres mexicanas accedieran a puestos de elección popular, se instaura el sistema de cuotas en la reforma electoral de 1996. Las llamadas acciones afirmativas buscan romper el mencionado techo de cristal y provocar un cambio cultural en el ámbito político para ampliar las oportunidades de participación política de las mujeres. Se estableció entonces que en sus estatutos los partidos políticos considerarán que “las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género”.

En 2002 se volvió a modificar la legislación electoral adicionando a la cuota máxima de 70 por ciento para candidatos de un mismo sexo. En 2007 se modifica de nuevo el COFIPE para dejar al 60% la cuota máxima de candidatos de un solo sexo. Actualmente en la reforma política que se está debatiendo está la propuesta de paridad en las candidaturas: el 50%.

El avance logrado en puestos para el Congreso ha sido notable a partir del sistema de cuotas, no así en otros puestos de elección popular. El 33.5% del Senado está integrado por mujeres y el 36.8%   de la Cámara de diputados en la legislatura 2012-2015.

En presidencias municipales se mantiene una proporción muy baja; para 2012 sólo el 6.8% de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres. Después de tener en un momento simultáneamente cuatro mujeres gobernadoras, actualmente no hay ninguna.

En el Siglo XXI el gran el reto para las mujeres es acceder a otras posiciones de toma de decisiones en los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, así como en los órganos autónomos y en el mundo de las empresas, de la cultura y la academia y de las organizaciones sociales y civiles.

La demanda por los derechos de las mujeres está cruzada por la desigualdad. Lograr la paridad en las posiciones políticas es un sueño de las mujeres principalmente de los sectores medios.

Lentamente con rezagos comparativamente con otros países, en el Siglo XXI las mujeres mexicanas seguramente seguirán avanzando hacia la igualdad sustantiva.

 

Rendición de Cuentas

Democracia, Participación Ciudadana

 

4 de mayo OPAM

Posiblemente uno de los pocos avances importantes en la arquitectura del Estado Mexicano después de doce años del cambio del partido en el poder y del tránsito hacia un régimen democrático, ha sido la incorporación de normas, instituciones y procedimientos para que los ciudadanos accedamos a la información pública y para que exista transparencia en la gestión pública.

La creación de organismos especializados en esas materias en los diversos niveles de gobierno ha permitido que los ciudadanos podamos pedir y obtener información sobre la forma en que se concretan las responsabilidades y funciones asignadas a las instituciones públicas y el modo en que se utiliza el presupuesto y los recursos públicos. Sin embargo, este avance disperso y fragmentado y a veces abusado, para el escándalo mediático, no satisface la necesidad de los ciudadanos de exigibilidad a los representantes que eligió para el manejo de las instituciones del Estado, para que les rindan cuentas sobre la forma en que han cumplido sus mandatos y han usado los recursos públicos y el presupuesto.

Ello ha impedido que la población cuente con elementos ciertos, claros y confiables para que pueda recompensarlos o castigarlos por la misma vía electoral o en su caso, mediante procesos administrativos o penales. La difusión fragmentada o trunca de abusos cometidos por varios servidores públicos con los recursos de todos, es causa eficiente de la desilusión que expresan los mexicanos con la democracia.

Según Latin-barómetro la confianza de los mexicanos en la democracia ha venido disminuyendo. El 36 por ciento declara que da lo mismo un gobierno autoritario que uno democrático y el 14 de plano prefiere un gobierno autoritario, es decir el 50%. Para América Latina el promedio es que el 58% prefiere la democracia y en México sólo el 40% de la población. Sólo Guatemala está por debajo de ese nivel

Es decir, si bien como parte del avance democrático y la mayor libertad de prensa la población tiene más información sobre los desvíos del presupuesto y el uso patrimonialista de los recursos públicos, muy pocas veces, conoce cual es el curso seguido por los procesos para castigar ese abuso y restituir los bienes o dineros mal-habidos.

En el imaginario colectivo se acrecienta la idea de que todos los políticos y los servidores públicos son corruptos y que además, esto ocurre con total impunidad. Es frecuente escuchar la idea que los que pagan son los servidores públicos de menor jerarquía en tanto que los funcionarios públicos de primer nivel continúan enriqueciéndose utilizando para beneficio propio su puesto o al menos con enormes salarios y prestaciones que se autodefinen, como los famosos casos de varias presidencias municipales.

Considero que dos consecuencia de lo anterior son: en primer lugar la normalización de la cultura de la corrupción en donde se piensa que si las élites políticas y económicas se aprovechan de los recursos públicos sin consecuencias se justifica que todos lo podemos hacer; en segundo lugar, propicia la aceptación de regímenes autoritarios en los cuales todas las decisiones y acciones sobre el uso de los recursos públicos son secretas, y no se publicitan y ni de lejos, existen mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, sin embargo se da idea de que todo funciona tersamente.

De este modo, en la medida que no tengamos avances sustantivos en la rendición de cuentas los riesgos de retorno a sistemas autoritarios están en la puerta de la casa.