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Justicia educativa y grupos vulnerables

Derechos Humanos, DESC, Educación

 

Agradezco al Observatorio Ciudadano de la Educación la invitación a participar en este evento de la Cátedra Pablo Latapí Sarre. Conocí y aprecié al Dr. Latapí desde los años 70 cuando un pequeño grupo discutíamos sobre la vinculación entre formación profesional y mercado de trabajo, entre ellos se encontraba también el Dr. Carlos Muñoz Izquierdo y el Dr. Manuel Ulloa. En El Colegio de México intentábamos aplicar en esa época bajo la dirección de Don Victor Urquidi, otro excepcional mexicano, la metodología del Proyecto Mediterráneo para proyectar las necesidades de egresados del sistema de educación superior de acuerdo al comportamiento esperado de la economía y de sus sectores de actividad.

Al entrar en materia y pensando en aquellos años cuando como política social se buscaba ampliar la oferta de servicios públicos a la población como los de salud o los de educación, se asumía la existencia de una población homogénea a la que había que atender. Los servicios tenían que ser iguales para todos. Solamente los programas de asistencia alimentaria se dirigían a la infancia de manera específica (la distribución de leche subsidiada y los desayunos escolares) y los de seguridad social protegían a los trabajadores de lo que ahora llamamos sector formal de la economía, pero teniendo la meta de incorporar a todo mundo al empleo formal y a la protección de la seguridad social.

También había un claro sesgo androcéntrico en toda la política social pues fue precisamente en esa misma década cuando el movimiento feminista tomó como su principal demanda el acceso de las mujeres al desarrollo, significando con ello el acceso a la educación, a servicios de salud pertinentes a su condición genérica y también el acceso a la tierra, al crédito, al empleo, entre otros.

Como parte de la política social, la política de asistencia social se dirigía a los grupos con mayores vulnerabilidades: los niños y niñas de la calle, los indigentes, los hijos e hijas de familias sumamente pobres o de reclusos, algunos grupos de población con discapacidades como los de discapacidad visual y parálisis cerebral, todo ello con un gran apoyo de recursos e instituciones de asistencia privadas.

Desde mi experiencia, el tema de la diversidad social no fue considerado en la agenda pública sino hasta finales de la década de los noventa cuando el movimiento de mujeres introdujo la teoría del género y empezó a demandar la creación de instituciones responsables de la igualdad de género y a promover lo que se llama “trasversalizar” el enfoque respectivo. La enorme aportación que hizo el movimiento de mujeres fue introducir que la desigualdad de género deviene de una asimetría de poder donde culturalmente se asume que el sexo femenino está subordinado al masculino. Esta misma desigualdad de poder podría extenderse a muchos de los grupos considerados sujetos a discriminación como son los grupos pobres, las poblaciones indígenas, las trabajadoras del hogar, por ejemplo.

Las varias Conferencias de Naciones Unidas de esa misma década Cairo, Copenhague, Río, Viena, etc.) contribuyeron a colocar también en la agenda pública a la infancia y en los textos de las plataformas o documentos resultantes de las mismas se empezó a introducir una larga lista de grupos de personas sujetas a discriminación por que había la percepción de que si se mencionaba a cada grupo eso lo visibilizaría frente al mundo y aquellas organizaciones que defendían la agenda respectiva tendrían un referente para promoverla. Así ocurrió en la Conferencia de Beijing y es frecuente que al mencionarse a las mujeres que serían sujetas de algún derecho o atención se enlistasen a las refugiadas, las migrantes, las indígenas, las desplazadas, etc.

El levantamiento zapatista de 1994 después de siglos de exclusión y subordinación de los pueblos originarios, nos hace tomar conciencia de lo profundamente discriminatoria que es la sociedad mexicana y las negociaciones entre las sociedad blanca y mestiza termina por no entender la causa indígena y por incumplir los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que de algún modo significaban salirse del modelo liberal que domina nuestra legislación, fundamentado en la propiedad privada y las libertades y derechos individuales.

Pero el tema de la diversidad social en México tuvo realmente su reconocimiento en el campo de las políticas públicas hasta los primeros años de este siglo cuando en 2001 se incorporó en el Art. 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos el derecho a la no discriminación, en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en 2004 se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como órgano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. Asimismo se avanzó en legislación y desarrollo de institucionalidad desde la perspectiva de los derechos para los adultos mayores, las personas con discapacidad, la población indígena e incluso para las mujeres.

La inclusión de los derechos humanos en la Constitución apenas el año pasado y la plena comprensión del significado de la discriminación como la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población en razón del sexo, raza, creencia religiosa o política, nacionalidad, situación social, orientación sexual, edad y condición de discapacidad son temas de naturaleza cultural profunda que tomará varias décadas y muchos esfuerzos y recursos para verdaderamente lograr introducirlos en las relaciones sociales de las personas. No basta con plasmarlos en leyes pues se trata de modificar formas de trato y de relación entre las personas muy arraigadas.

La pregunta entonces es cuáles son las posibilidades de contribución de las escuelas en particular y de la educación en general a este cambio cultural en las relaciones sociales de los diferentes. ¿Qué tan factible es hablar de justicia educativa?

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) encontramos que de cada 10 personas los asuntos que provocan división entre las que viven en un mismo lugar: 6 piensan que es la riqueza, 4.7 los partidos políticos y 3.9 las ideas políticas y 4.4 consideran que es la educación. Las causales que obtuvieron los niveles más bajos son la religión (3.6), la etnia (2.9) y las personas que llegan de fuera (2.7).

Es decir, la riqueza, el conflicto político y la educación son los tres factores que la población consideró que provocan mayor división entre las personas.

En esa misma encuesta las población reconoce como los grupos a los que menos se les respeta sus derechos a las personas homosexuales, indígenas, migrantes y a las que trabajan en los hogares.

Como resultado de tendencias macrosociales diversos estudios muestran una segmentación creciente por niveles socioeconómicos en la asistencia escolar: los sectores de ingresos medios y altos acuden a escuelas particulares y los sectores de ingresos más bajos utilizan las escuelas públicas. Incluso frente a las crisis económicas los sectores medios que tienen que sacar a sus hijos de las escuelas particulares por los elevados costos tienen una sensación de pérdida de estatus y ello ha llevado al gobierno federal a encontrar diferentes maneras de subsidiar a las familias que utilizan la educación privada.

Asimismo, al interior de la educación pública la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los servicios educativos profundizan la desigualdad de acuerdo al grado de vulnerabilidad social de los grupos de población. Es decir, la accesibilidad económica y física, la disponibilidad de infraestructura educativa y la calidad de las instalaciones, equipamiento, personal docente, materiales educativos, etc. es inversa al grado de marginación y exclusión social de los estudiantes. Comparativamente las escuelas rurales y las de zonas urbanas marginadas respecto de las urbanas y aquellas que atienden población indígena respecto de las que se ocupan de población mestiza y blanca están más alejadas, sus instalaciones se encuentran deterioradas, su calidad es más deficiente, tienen grupos más grandes o más pequeños pero multigrado y el personal docente presenta más ausencias y deficiencias. Posiblemente las escuelas inclusivas son más escasas en las zonas de menor nivel socioeconómico.

Es decir, la educación en México en lugar de integrar e igualar oportunidades entre los diversos, acrecienta la desigualdad y profundiza las distancias sociales.

Tal vez si la política educativa fuera exactamente al revés: que las mejores instalaciones, los mejores maestros, las retribuciones más altas, el mejor equipamiento, el mayor gasto per cápita, la investigación educativa de mayor calidad estuvieran destinados a las poblaciones excluidas, de bajo nivel socioeconómico, en zonas rurales e indígenas sería posible que la justicia educativa abonara a una mayor justicia social.

Es decir, que en el contexto de desigualdad socioeconómica y territorial que vive México la educación profundiza la desigualdad. La trayectoria que ha seguido la política educativa en los últimos años a pesar de los compromisos que se externan verbalmente, no parece revertir eses resultado.

Otra perspectiva del tema es el papel que juega o puede jugar la escuela como ámbito socializador de los seres humanos. Considerada junto con las familias, los grupos de pares y los medios de comunicación como uno de los espacios de relaciones sociales donde se construyen y desarrollan los seres humanos, la escuela tiene un papel fundamental si logra encontrar modelos educativos que aprovechen la confluencia de personas diversas en las aulas para superar el desconocimiento, los miedos, los prejuicios que surgen o se portan respecto de las personas diferentes.

“La escuela actúa como dispositivo de reproducción cultural de la conducta ciudadana. Junto con los conocimientos transmite un sistema de lealtades, la competencia, la creatividad la solidaridad o su ausencia, el autoritarismo y las jerarquías, como forma natural de las relaciones sociales” (Cecilia Lipszyc)

Los estudiantes llegan al ámbito escolar con las cargas que han recibido en sus familias respecto a la percepción que tienen de sí mismos frente al grupo familiar y frente a otros grupos, pero es la escuela la que realmente coloca por primera vez al niño o niña frente a los otros y al final refuerza o contrasta y puede modificar las percepciones y los aprendizajes sobre las relaciones con otros adquiridas en casa, así como la ubicación de su propia persona frente al grupo de diversos. La idea que han adquirido los niños y niñas de quienes son sus iguales y quiénes son los otros puede ser modificada con modelos educativos inclusivos que pongan en sintonía las distintas herramientas de las escuelas desde las instalaciones, los docentes, los equipamientos, el modelo educativo, la organización escolar de manera tal que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades de participar y se integren en las actividades escolares y se cuente con mecanismos de solución pacífica de conflictos.

Tiene que haber una acción planeada e intencionada para lograr la integración y el respeto de los diferentes. Incluso es necesario que la escuela desarrolle en los estudiantes capacidades para enfrentar situaciones en otros ámbitos socializadores que refuerzan actitudes discriminatorias como son los medios de comunicación o los grupos de pares, particularmente en la etapa juvenil donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y una manera de lograrlo es diferenciándose de los otros. Es decir la construcción de resilencia frente a la agenda oculta de discriminación en los medios de comunicación y en las relaciones con los amigos.

En la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia aplicada en escuelas públicas de Nivel Superior entre jóvenes de 15 a 19 años de subsistemas federales, estatales y autónomos encontró que es en el bachillerato donde los niveles de intolerancia a la diversidad son altos: 54% de los jóvenes manifestaron que no les gustaría tener como compañero en la escuela a enfermos de SIDA; otro 52.8% señalo que les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1% desaprueba trabajar con personas con discapacidad; 38.3% con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; mientras que el 35.1% con jóvenes que tengan una religión distinta.

Los elevados niveles de acoso y maltrato entre pares que se observa actualmente en las escuelas son causados y a la vez son causa de la violencia que se está viviendo en el país. Parecería estarse naturalizando la violencia como una forma de relacionarse y provoca que las personas que participan en la vida escolar tiendan a autoprotegerse limitándose a llevar a cabo las funciones que les son prescritas formalmente como alumnos, docentes y directivos. Los profesores prefieren no involucrarse en la vida personal y en los conflictos que viven los estudiantes dado que ya no bastan las buenas intenciones y no cuentan con las herramientas para hacerlo de manera segura y profesional.

Lamentablemente no estamos viviendo contextos económicos, sociales y culturales que faciliten el desarrollo de las escuelas inclusivas y de la justicia educativa.

 

Participación social y sociedad civil en la coyuntura actual en México

Sociedad civil

Agradezco la invitación de la Maestra Berta Helena de Buen para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la participación social en nuestro país ante la coyuntura política que estamos viviendo, as{i como plantear algunos retos. Lo hago desde la perspectiva de una activista cívica más que desde una mirada académica y parto reconociendo mi poca información sobre el movimiento ambientalista en México en razón de las muy escasas oportunidades que he tenido de interactuar con activistas del mismo.

Nos encontramos frente a un escenario donde seguramente se concretará el retorno al control del Estado Mexicano -o de lo que queda de él- por el Partido Revolucionario Institucional. Por las decisiones recientes sobre los coordinadores de las bancadas del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, asignadas respectivamente a Emilio Gamboa y a Manlio Fabio Beltrones, parece que no se tratará de un PRI renovado o reformado, sino nuevamente de un PRI patrimonialista, vinculado a grupos de interés, alejado de las demandas colectivas, simulador y totalmente desinteresado e incluso opuesto, a la participación ciudadana en el espacio público.

Es decir, podemos augurar tiempos más difíciles para la participación ciudadana y para el desarrollo del asociacionismo en el país si lo vemos desde la perspectiva de un Estado que estuviera interesado en promover y fomentar la participación creando un ambiente propicio para el desarrollo y empoderamiento de la ciudadanía, de la participación y del asociacionismo mediante la eliminación de trabas, la expedición de leyes, la creación de fondos, el establecimiento de espacios institucionales de participación que verdaderamente funcionen e incidan en las decisiones y el desarrollo de capacidades del Estado y de servidores públicos que sepan trabajar esquemas participativos.

Es decir, desde mi experiencia personal no veo en el futuro próximo la posibilidad de contar con la tan necesaria voluntad política para avanzar hacia una democracia participativa.

Los logros

En ese sentido, van a ser ya cuatro décadas en que diversos movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y un amplio número de activistas cívicos que desde la academia, los mismos partidos políticos o desde la administración pública y los medios de comunicación hemos venido luchando por que las voces, las demandas y los intereses de la diversidad social que caracteriza a nuestro país sean escuchados y debatidos en el espacio público. Hemos buscado que mediante el diálogo y la construcción de consensos, facilitando la expresión de la diversidad social en forma incluyente, podamos avanzar hacia una sociedad justa, igualitaria y respetuosa de la dignidad de todas las personas.

En los años setenta fueron los movimientos de derechos humanos, de mujeres y de ambientalistas, a los que posteriormente se sumaron el movimiento indígena y las organizaciones temáticas que surgieron en todo el territorio nacional, los que unieron sus esfuerzos en torno a un reclamo por avanzar en la democracia y superar la dominancia de un partido de Estado que llevaba 70 años en el poder. Ese partido se fue transformando en el curso de los años, abandonado las causas de la Revolución Mexicana para abrazar y promover los intereses del mercado.

La década de los noventa fue una etapa de importantes logros en materia de participación ciudadana. Por la presión de las iniciativas del amplio movimiento ciudadano en lucha por la democracia fue posible lograr modificaciones sustantivas en la legislación e institucionalidad electoral, como fue el rescatar del control del partido en el poder la organización de las elecciones, promoviendo la creación de un IFE ciudadano. Se avanzó también en el establecimiento de órganos autónomos de Estado en todo el territorio en materia de derechos humanos y electorales y se incluyeron en la legislación diversas instancias de participación social para el desarrollo de políticas públicas (consejos consultivos, comisiones, contralorías sociales, buzones de quejas).

En el primer lustro del siglo XXI continuaron los avances mediante la expedición de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil después de más de 10 años de cabildeo para su aprobación; las leyes y los institutos de acceso a la información, la definición de fondos y de comités de dictaminación participativos para apoyar proyectos de la sociedad civil, la creación del CONAPRED con una Asamblea ciudadana y de institutos especializados en la atención de grupos que históricamente han estado sujetos a la discriminación (mujeres, indígenas, personas con discapacidad) con la participación de representantes de la sociedad civil en sus consejos. De manera muy importante, se logró la apertura al escrutinio internacional del desempeño de nuestro país en materia de derechos humanos y el inicio de la elaboración participativa de diagnósticos y planes nacionales y estatales de derechos humanos.

En este sentido, en torno a la recepción y apoyo a las visitas de los relatores de los Sistemas Internacional y Interamericano de derechos humanos y en la preparación de los informes sombra para los mecanismos de seguimiento de esos sistemas se lleva a cabo una amplia participación de expertos y de organizaciones de la sociedad civil. Esta participación se constituye en una herramienta fundamental de incidencia de los ciudadanos en las conductas e intervenciones del Estado mexicano que incumple sus obligaciones y vulnera los derechos fundamentales.

En años más recientes esta incidencia se ha acompañado de otro instrumento ciudadano de reclamo al Estado: el litigio estratégico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como son los casos de Radilla y el Campo algodonero que han obligado al Gobierno a desarrollar una serie de protocolos para el debido proceso, la reparación del daño, la no repetición y el acceso a la justicia. En el mismo sentido se legisló sobre acciones y amparos colectivos importantes innovaciones para enfrentar abusos de gobiernos y empresas sobre los bienes comunes y los intereses colectivos.

Posiblemente el avance más importante en la historia reciente de nuestro país, también producto de una incidencia de la sociedad civil, derivada de una alianza entre expertos académicos y organizaciones, es la reforma constitucional en materia de derechos humanos que amplía el marco de protección de las personas a todos los derechos humanos considerados en los instrumentos internacionales en la materia, otorgándoles a dichos instrumentos igual jerarquía que nuestra Constitución.

Asimismo los intentos hasta ahora poco fructíferos y que aún enfrentan enormes obstáculos, de reforma al sistema de justicia penal para transitar hacia los juicios orales públicos y abiertos a las miradas de todos, tendrá efectos trascendentes en el debido proceso y en extraer de la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción a la procuración, impartición y administración de la justicia en México.

Aún con los avances señalados en la institucionalidad participativa de los últimos doce años, podemos constatar retrocesos y una falta de voluntad política para avanzar en aspectos más estructurales a fin de instaurar una democracia participativa en nuestro país. Estos retrocesos y estas omisiones nos tienen atrapados en un Estado desmantelado por la ideología neoliberal dominante, y como consecuencia de la falta de concreción de una reforma del Estado que avance en una nueva estatalidad y en una nueva gobernanza fundadas en relaciones más equilibrada entre Estado, sociedad y mercado y entre los distintos niveles de gobierno. La actual alianza entre Estado y mercado relegando la participación social, produce enormes ganancias a las élites políticas y económicas y acrecienta la desigualdad y la violencia.

Los pendientes

Mencionaré a continuación sólo algunos aspectos en los que no hemos logrado avanzar para alcanzar una democracia participativa, mismos que han estado en la agenda de la sociedad civil desde hace varios años y que siguen siendo retos importantes:

  1. La democratización de los medios de comunicación masiva. Es una demanda reiterada por varios años por académicos y expertos, varios de ellos congregados en la AMEDI[1] y retomada recientemente por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y por el Movimiento Yo Soy 132. Se reconoce que los partidos políticos, la clase política y los funcionarios y servidores públicos están sometidos a los designios de los consorcios televisivos quienes tienen además directamente tomadas posiciones en el poder legislativo, la ahora llamada “telebancada” y en los aparatos de gobierno que deberían regularlos, a fin de defender sus intereses particulares; obstaculizan y socaban la autonomía de los órganos electorales, amenazando y corrompiendo a consejeros y a partidos y corrompen al sistema de justicia. Además imponen cultura y visiones del mundo, generan modelos aspiracionales inalcanzables para las mayorías excluidas y conculcan la libertad de expresión y el derecho a la información al impedir la presencia de otras voces.
  2. La universalización de las ciudadanías civiles, políticas y sociales y el cumplimiento del Estado de sus obligaciones en la materia, garantizado el respeto de los derechos humanos de todas las personas y el acceso a niveles básicos de protección en todos los derechos económicos, sociales y culturales, razón de lucha del amplio Movimiento de Derechos Humanos. Se reconoce que la posibilidad de instaurar una democracia participativa pasa necesariamente por reducir la profunda desigualdad social, económica y cultural que afecta a millones de mexicanos y los coloca como sectores subordinados, excluidos y discriminados. Las personas deben dejar de ser considerados como beneficiarios de los programas sociales para convertirse en sujetos de derechos: debe trascenderse su visión como clientelas de los partidos políticos para ser miembros de derecho de estos y combatirse las estrategias culturales comerciales que construyen consumidores adictos y no personas dignas.
  3. La incorporación de figuras de democracia directa en la legislación. Si bien la recientemente aprobada, extemporánea e incompleta reforma política introduce figuras como la consulta y la iniciativa populares y las candidaturas independientes no incluyó la reelección, ni la revocación de mandato, ni la eliminación del fuero, tres figuras que aumentan el poder ciudadano para controlar la gestión gubernamental. Tampoco consideró el referéndum y el plebiscito. Materias todas ellas -junto con la defensa de la calidad ciudadana del IFE y de sacar a los medios de comunicación de las contiendas electorales- de las luchas que lleva a cabo el amplio Movimiento en Lucha por la Democracia. Habrá que estar muy atentos a la legislación que regule las figuras de democracia directa aprobadas pues su ejercicio efectivo puede hacerse imposible por los requisitos que se impongan o bien, ser aprovechadas por las élites económicas y sociales para promover sus intereses y ganar más espacios de poder.
  4. La instauración de mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas que sean efectivos y prevean sanciones que realmente sirvan para combatir la corrupción, el lavado de dinero y la colusión de intereses entre los funcionarios públicos, los legisladores, los jueces y los poderes de hecho, entre ellos los grupos delincuenciales, y que nos han llevado a niveles de impunidad verdaderamente alarmantes. La autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión de la naturaleza y ubicación de la Secretaría de la Función Pública, así como la autonomía de la Procuración de Justicia son tres asuntos que atañen a este ámbito de las demandas ciudadanas. Esta agenda es actualmente promovida por la Red de Rendición de Cuentas (RRC) formada por cerca de 60 instituciones, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
  5. Una reforma municipal urgente que extienda los periodos de gobierno, redistribuya recursos y atribuciones y eleve capacidades de gestión y de participación e interlocución de las autoridades municipales con los ciudadanos en el territorio. La consecución de una participación amplia de ciudadanos de distintos niveles socioeconómicos en el espacio público y no sólo de las clases medias educadas, radica en la posibilidad de desarrollar instancias participativas cercanas a sus domicilios y a sus problemáticas de vida concretas. Uno de los mayores obstáculos para lograr una participación más amplia de la ciudadanía es la escasez de tiempo de que disponen muchas personas para poder dedicarlo a actividades de beneficio colectivo. Ello ante el agobio de la pobreza y la falta de empoderamiento para dialogar en términos de igualdad frente a autoridades que históricamente los han subordinado. Los municipios y las delegaciones deberían desarrollar áreas especializadas y calificadas de participación ciudadana y tener proyectos muy claros donde ésta pudiera concretarse como es la decisión sobre determinadas obras, el seguimiento de las mismas y la seguridad de su puesta en operación. La creación de presupuestos participativos, de consejos de salud y de gestión de las ciudades, son ejemplos que en Brasil han sido modelos muy exitosos de participación ciudadana
  6. La revisión de las formas de elección de los integrantes de los tres poderes y de los órganos autónomos de Estado: Esta revisión incluye desde la forma como se designa a los secretarios de gobierno del poder ejecutivo y a los responsables de las pocas empresas públicas que aún quedan, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial, a los Consejeros Generales del IFE, a los Presidentes e integrantes de los consejos de los órganos autónomos y a los candidatos de los partidos a las legislaturas federal y locales, a las gobernaturas y a las presidencias municipales. En ninguno de estos ejemplos hay participación ciudadana y es el Presidente de la República sólo o en combinación con el Senado, la Cámara de Diputados, el Consejo de la Judicatura o las cúpulas de los partidos políticos los que deciden quiénes ocuparán esas importantes posiciones para la gobernabilidad democrática.
  7. La revisión, transparencia y apertura a la participación amplia de las formas de elección de los representantes ciudadanos en los consejos, comisiones, juntas de gobierno y otras instancias participativas en donde se toman decisiones, se definen políticas públicas, se discute legislación y regulaciones, entre otros temas. En un examen realizado en el 2011 a 257 leyes vigentes en el ámbito federal y 131 reglas de operación, se encontraron 163 instancias en donde participan actores gubernamentales y no gubernamentales en consejos consultivos, órganos de dictaminación y selección de proyectos y algunas juntas de gobierno[2] En la mayoría de esos casos los representantes no gubernamentales son designados o elegidos por los propios funcionarios encargados del ámbito gubernamental donde operan esas instancias, recayendo la elección en personas que son funcionales al proyecto y a la visión del funcionario que los elige y que de esta manera pasan a legitimar decisiones tomadas exclusivamente por los actores gubernamentales y a simular la participación ciudadana.

Son estas sólo algunas de las demandas del movimiento ciudadano relativas a cambiar los términos de relación entre estado y sociedad con el propósito de avanzar en una democracia participativa y lograr que las decisiones de gobierno tengan en cuenta los intereses colectivos y dejen de promover y proteger los intereses particulares de poderosos consorcios económicos. Ejemplos de uso discrecional de decisiones de Estado para beneficiar a privados han sido las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo Federal para consolidar el poder de los dos consorcios televisivos y que se suman a la vergonzosa acción del Poder Legislativo Federal que aprobó en 2005 la Ley Televisa y ha incumplido las instrucciones de la Suprema Corte para modificarla en razón de la inconstitucionalidad de varios de sus artículos.

Cambios en los términos de relación entre empresas del mercado y la sociedad

La cada vez más evidente colusión entre los grupos que detentan los poderes del Estado y las empresas del mercado en contra de los intereses colectivos parece indicarnos la urgencia de desarrollar herramientas de la sociedad civil para presionar e incidir en las políticas y decisiones de las empresas del mercado, afectando fundamentalmente sus ganancias, que es donde más les duele. Personalmente tengo enormes dudas sobre la autodeterminación de compromisos de responsabilidad social empresarial, que más bien parecen curitas para aliviar profundas heridas causadas en el tejido social por la avaricia y la irresponsabilidad de muchos empresarios.

Si bienvarios pensamos que es al Estado a quien corresponde regular las actividades de los particulares que afectan a otros particulares -la obligación de proteger prescrita en los instrumentos internacionales de derechos humanos- y es por ello que buscamos incidir con nuestras acciones fundamentalmente en el Estado, la realidad nos demuestra que los grupos que controlan al Estado Mexicano tienen más interés en acrecentar su poder y su patrimonio aliándose y compartiendo las ganancias con los poderes fácticos o de hecho.

Esta triste realidad nos conduce a la necesidad de fortalecer las agendas y las acciones que se encaminan a cambiar los términos de relación entre sociedad y mercado. Ello sin dejar de insistir en las necesarias reformas al Estado para avanzar en una democracia participativa.

En esta línea de reflexión me refiero a apoyar y desarrollar más ampliamente acciones que pongan un freno a los abusos de los grandes consorcios económicos nacionales y extranjeros. En este amplio campo de acción de la sociedad civil incluyendo movimientos sociales y organizaciones civiles ubico las agendas del movimiento indígena y de los pueblos en defensa de la tierra, del subsuelo y del agua y en general de los recursos comunes; los movimientos vecinales y de colonias en contra de los cambios en el uso del suelo y de construcciones, vialidades y desarrollos urbanos que modifican su entorno; o al movimiento ambientalista en contra de la apropiación privada de las costas para la construcción de marinas y grandes desarrollos turísticos excluyentes de la población local; o de la ocupación de zonas agrícolas de alta productividad para desarrollar biocombustibles o para instalar centros comerciales o unidades habitacionales de infame calidad para la vida humana; o de la apropiación del territorio y de los gobiernos locales por los grupos delincuenciales; incluyo aquí a las organizaciones de deudores de la banca y de consumidores de servicios públicos. Es decir, innumerables batallas que están ocurriendo en el territorio, muchas de ellas aisladas y con muy pocas herramientas que efectivamente frenen esta mercantilización masiva de la vida, de los seres humanos y de los recursos del mundo.

Lamentablemente no tenemos un Estado ni capaz, ni interesado por frenar o acotar las actividades de las compañías mineras, de las empresas inmobiliarias, de los grandes consorcios de comercialización de bienes básicos, de las empresas agroalimentarias, de los servicios financieros, etc. Se trata más bien de gobiernos que ven el desarrollo de estas empresas como un símbolo del desarrollo y modernidad, que privatizan servicios públicos y sociales, como el manejo del agua, la distribución de energía, los servicios de telecomunicaciones, la educación, la salud, las carreteras, las calles y avenidas, el manejo de nuestras pensiones y que tienen como meta el convertirnos a todos en consumidores, en clientes y en sujetos de crédito.

Que prefieren rescatar a los corruptos y abusivos servicios financieros que proteger a los usuarios de estos. Por ejemplo, los logros en materia de vivienda no se miden por el número de viviendas dignas que se han construido y se encuentran habitadas, sino por el número de créditos hipotecarios que se han otorgado.

El triunfo en fin del mercado, de los negocios por sobre el interés en la cohesión social, la calidad y la dignidad de la vida humana.

¿Cómo enfrentar desde la participación ciudadana los abusos que se cometen en el mercado? Cómo frenar la ambición y la destrucción de tejido social y de comunidad de los poderosos consorcios económicos? Cómo evitar la subordinación, la exclusión y el abuso de la población por medio de altas tarifas, precios e intereses, de la creación de adicciones mediante la publicidad, de la invasión de espacios con esa publicidad, de la definición de leyes que protegen sus intereses utilizando a sus propios legisladores? del despojo de propiedades y recursos mediante expropiaciones y juicios tramposos? Del abuso de recursos culturales valiosos como son los sitios arqueológicos, que pasan a ser privatizados o destruidos para levantar grandes centros comerciales o parques industriales?

Es posiblemente en el campo de la modificación de las relaciones entre sociedad y mercado donde estaremos enfrentando mayores obstáculos para lograr un democracia participativa y será necesaria la subordinación de los intereses privados a los intereses colectivos compartidos y que en el contexto de la globalización, nos permitirían tener una mejor sociedad: más cohesionada, menos desigual, más justa.

Entiendo que uno de los debates principales en el sector ambiental el relativo al cambio climático, está cruzado por los intereses de las empresas explotadoras y productoras de combustibles fósiles y de las empresas de agrocombustibles y de energías alternativas o que la defensa de la biodiversidad de los mares y costas enfrenta los intereses del turismo, de los agronegocios, de la acuacultura y de la pesca irresponsable.

Es por ello que enfatizamos desde el principio de esta reflexión la necesidad de una gobernanza democrática que reformule las relaciones desiguales entre Estado, mercado y sociedad.

Algunos consideramos que un aspecto central es defender nuestro derecho al Estado como lo señalaba O’Donell, es decir un Estado que se compadezca e interese por el bienestar colectivo, por la inclusión de todos y todas a los beneficios del desarrollo, por moderar la riqueza y erradicar la pobreza, por vigilar el respeto a leyes construidas con la participación y aceptación de todos para reglamentar la vida en común, que modere los conflictos y construya diálogos y consensos y fundamentalmente que cumpla sus obligaciones en materia de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de todos los que viven y transitan por el territorio nacional.

Retos en el corto plazo

En el corto plazo y ante la próxima entrada de la nueva administración Federal, como ciudadanos interesados en la cosa pública considero que hay tres asuntos muy importantes que demandan de la participación de la sociedad y de sus organizaciones y movimientos:

En primer lugar la discusión sobre la estrategia de seguridad pública que adoptará la nueva administración y la incorporación de un enfoque de seguridad ciudadana.

En segundo lugar presionar para que el Gobierno Federal lleve a cabo una convocatoria auténtica, amplia y ordenada de la sociedad para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo que deberá “elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República”; así también lograr la más amplia participación en la elaboración de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales de acuerdo a los prescrito en la Ley de Planeación[3]

En tercer lugar la construcción de una Estrategia Nacional para enfrentar la Emergencia Alimentaria que ya se está presentando por el aumento de los precios internacionales de los alimentos y que elevará el número de personas y familias mexicanas en situaciones de pobreza extrema, si no se toman medidas urgentes y se les protege.

 

A modo de cierre

 

Lamentablemente, el crecimiento y extensión de la violencia delincuencial y la opción del Gobierno federal por enfrentarla mediante la fuerza y la militarización de la seguridad pública ha incrementado las violaciones a los derechos humanos afectando la vida, la integridad, las propiedades y la dignidad de miles de personas mediante asesinatos, secuestros, extorsiones, tortura, desaparición forzada, violaciones.

Esta violencia y el miedo que genera se convierten en un serio obstáculo para la participación ciudadana y para la creación de organizaciones, pues despierta desconfianza, inhibe a las personas para encontrarse en el espacio público y por lo tanto provoca aislamiento y fragmenta aún más el tejido social.

Por ello la importancia por llevar a cabo a la brevedad posible un amplio debate en materia de seguridad pública, pues por el camino que vamos nos estamos alejando cada vez más de la construcción de una democracia participativa.

[1] Asociación Mexicana por el derecho a la Información.

[2] Hevia, Vergara-Lope y Avila (2011)

[3] La Ley de Planeación señala en su Artículo 4 como responsabilidad del Ejecutivo Federal ¨conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales¨ aspecto que después se desarrolla en su Capítulo Tercero.

Algunas conclusiones de los estudios sobre las causas económicas sociales y culturales de la violencia social en cuatro ciudades mexicanas

Violencias

Las investigaciones promovidas y apoyadas por INCIDE Social A.C. en varias ciudades y municipios se fundamenta en las siguientes hipótesis

  1. Que los procesos de modernización e individuación afectan y son afectados por transformaciones que están ocurriendo en los agentes de socialización de los seres humanos, fundamentalmente las familias, las escuelas, los grupos de pares, (incluyendo los ámbitos del trabajo) y los medios de comunicación. Es decir, hay cambios en la forma de construcción y desarrollo de los seres humanos.
  2. Que esos procesos también afectan y se ven afectados por las transformaciones en los procesos de construcción de identidades colectivas y solidaridades sociales. Es decir, hay cambios en la forma de construir comunidad.
  3. Que en el caso mexicano esas transformaciones en las formas y procesos de construir seres humanos y comunidad han destruidos los mecanismos de contención individual y social que permitieron un cierto orden social.
  4. Que la desigualdad, la impunidad generalizada, el estancamiento económico y el desmantelamiento del Estado han impedido la construcción de ese nuevo orden social que teniendo en cuenta la creciente complejidad y diferenciación social establezca normas de convivencia en donde las reglas del juego sean iguales para todos y todas.
  5. Que por lo anterior las violencias son construcciones económicas, sociales, culturales e inclusive, políticas
  6. Que existen factores precursores, de riesgo y detonadores que al ser reconocidos es posible actuar sobre ellos mediante intervenciones sociales y políticas públicas de prevención social oportunas, relevantes, pertinentes y articuladas.
  7. Que asimismo existen en la sociedad factores de contención que operan para evitar que el conflicto devenga en violencia y daño y que impulsando, apoyando y extendiendo esos factores es posible prevenir, mitigar o revertir situaciones de violencia.

 

El propósito de los ejercicios diagnósticos que promueve INCIDE Social es prevenir, evitar, reducir, mitigar y revertir mediante herramientas sociales, económicas y culturales, los daños en vidas, integridad y bienestar humano que derivan de las violencias social y de género.

 

El estudio realiza una revisión de la relación que guardan las violencias con los procesos y situaciones que se observan en el territorio estudiado en los campos del desarrollo urbano, demográfico y de la vivienda; la evolución del capital social y las transformaciones de las familias; las oportunidades del empleo y los ingresos de las personas y las familias; la disponibilidad y acceso a diversos servicios sociales como educación, salud, recreación, cultura y deporte; los patrones y prácticas de discriminación, el papel que juegan los medios de comunicación, la cultura de la legalidad que prevalece y la disponibilidad y eficacia de las instituciones de seguridad y acceso a la justicia. Asimismo se alienta a investigar la forma como las violencias están afectando y se manifiestan en la evolución de los ámbitos estudiados. Por ejemplo: la violencia doméstica, el bullyng, los ataques a los medios de comunicación, entre otros.

 

INICIDE Social ha procurado y postulado que las investigaciones deben ser realizadas por equipos locales de investigadores, vinculados a centros académicos de investigación y docencia con miras a ir introduciendo la perspectiva de violencias en los trabajos de las distintas disciplinas.

 

Por la naturaleza de los fondos públicos que se han dispuesto para realizar estos ejercicios diagnósticos se ha contado con plazos muy cortos para su realización. Los equipos de investigación verifican en un periodo menor a un año, las hipótesis sobre la relación entre las violencias y los factores económicos, sociales y culturales subyacentes, mediante la revisión bibliográfica y hemerográfica y la realización de entrevistas a informantes clave y de grupos focales.

 

Algunos de los principales hallazgos se sintetizan a continuación.

 

1.- Por cuanto al crecimiento urbano y la desigualdad

1.1.- En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas han crecido en forma anárquica, expansiva, segmentada y dispersa en el territorio lo que determina crecientes presiones y tensiones en la vida de sus habitantes. Bajo la presión de migraciones campo-ciudad e interurbanas que se acentuaron a partir de 1980 en la búsqueda de oportunidades de ingreso y empleo de la población y frente a la liberación del mercado de tierras con las modificaciones al artículo 27 constitucional de 1992, las ciudades se han extendido en forma horizontal siguiendo un modelo extensivo y disperso ampliándose muy rápidamente el territorio urbano con poca densidad de construcciones. La mayor presión demográfica la han experimentado las ciudades de frontera y las de desarrollo turístico.

 

1.2.- La falta de planeación y regulación del desarrollo urbano, la práctica de especulación con terrenos urbanos y la corrupción en la gestión urbana han provocado

  • Desarrollos suburbanos aislados (formales e informales) y carentes de calidad urbanística;
  • Insuficiencia y rezagos sostenidos en materia de redes de agua, de energía, drenaje, alumbrado, servicios comerciales y sociales y de seguridad, pavimentación y vialidades de acceso
  • La instalación de viviendas precarias en terrenos de alto riesgo o de reserva ecológica y recarga de acuíferos;
  • Lotes baldíos salpicados por diversas zonas del área urbana que obedecen a estrategias de especulación de sus dueños y generan serios riesgos para los pobladores
  • Alianzas entre empresas inmobiliarias y funcionarios públicos en donde la inversión del estado contribuye al desorden y a la especulación urbana.
  • La separación en las ciudades entre zonas de trabajo, zonas de servicios y zonas de vivienda que complican los traslados y afectan la seguridad
  • La ausencia e insuficiencia de servicios sociales y la creciente deslocalización de los existentes respecto de los nuevos desarrollos de vivienda.
  • Modelo de movilidad urbana que privilegia el uso del automóvil y genera aumento de accidentes y muerte de personas.
  • La insuficiencia y saturación de vialidades y el desorden en el tráfico urbano
  • La insuficiencia, mala calidad, alto costo y concentración en la propiedad del transporte público urbano. Modelo de gestión que promueve la irresponsabilidad de los operadores de los vehículos.
  • Un abuso de los recursos hídricos disponibles en el territorio circundante
  • Serios problemas en la calidad del agua, el aire y la energía eléctrica provocados por la distribución espacial de las empresas e industrias.
  • El aumento de fenómenos naturales como sismos, ciclones y tormentas tropicales que se convierten en desastres naturales de gran impacto por la aglomeración urbana y que afectan de manera desigual a los pobladores de bajos ingresos.

 

Las consecuencias son la inseguridad en la tenencia y respecto de los riesgos físicos de las viviendas; incertidumbre y falta de acceso a servicios fundamentales para la vida que generan enojo y conflicto; congestionamiento vial; riesgosos, costosos y prolongados traslados de la población con aumento del estrés, del cansancio, la conflictividad, la violencia y la reducción del tiempo disponible para la vida personal y familiar; la destrucción del medio ambiente, el aumento en la insuficiencia y desigual distribución del abasto de agua y la distribución desigual de los costos en vidas y bienes de los desastres naturales. Aumento en el número y daño de los accidentes viales.

 

1.3.- Numerosos desarrollos inmobiliarios en los últimos quince años con viviendas muy pequeñas, ausencia de espacios y servicios públicos y comerciales y alejados de la ciudad, que aumentan la conflictividad doméstica y comunitaria. El retiro del Estado como promotor y constructor de viviendas; la disminución de una política de construcción social de viviendas y la privatización de los desarrollos inmobiliarios con apoyos públicos, han determinado el sacrificio de la calidad y el tamaño de las viviendas y de los desarrollos mismos, por la cantidad de unidades construidas. Los recientes desarrollos inmobiliarios se han convertido en terrenos propicios para el cultivo de la violencia en todo el país. No es posible llevar una vida en familia armónica en viviendas tan pequeñas y sin espacios públicos suficientes. Los jóvenes tienden a buscar espacios para encontrarse y algunos toman las calles, los parques, los camellones, etc.

Además al estar muchos de los nuevos desarrollos inmobiliarios alejados de la ciudad y de los centros de trabajo, el transporte hacia ellos resulta costoso y riesgoso pues en varios casos las personas tienen que caminar por parajes deshabitados, con mayores riesgos para las mujeres. Esa lejanía provoca asimismo, que muchos compradores nunca ocupen sus casas, o que en su momento las abandonen, lo que conlleva a la creciente presencia de viviendas abandonadas y “canibalizadas” que con frecuencia sirven como guarida de delincuentes y de actividades ilícitas.

 

1.4.- La concentración de la desigualdad del ingreso y de la riqueza en territorios urbanos contiguos. Los pobladores de altos ingresos con los de bajos ingresos conviven y se encuentran cotidianamente en la ciudad, aún cuando sea sólo en las calles o como consumidores y trabajadores de diversos servicios. Lo mismo ocurre con los grupos proveniente de etnias distintas que viven en zonas específicas de las ciudades.

Las ciudades se han segregado o “ghettizado” ampliándose cada día nuevas modalidades de encerramiento y protección amurallada de las viviendas de los habitantes de altos ingresos que en ocasiones están rodeadas de zonas de bajos ingresos.

A esta segregación “activa” de las poblaciones de altos ingresos se suma una segregación “pasiva” que deja a las poblaciones pobres y a los grupos étnicos confinados en amplias zonas, generalmente en las orillas de la mancha urbana, sin mezcla social y étnica y alejadas de los servicios y equipamientos urbanos. Las mujeres pobres, migrantes, indígenas son las mayores víctimas de estos confinamientos.

 

La conducta violenta, prepotente y desconsiderada de muchas personas de altos ingresos y de sus trabajadores al circular por las calles o al acudir a servicios y comercios públicos que muestran patrones y prácticas discriminatorias, agudizan el conflicto.

 

Estas conductas y la segregación espacial generan resentimiento y malestar, debilitan la posibilidad de diálogo entre grupos diversos, impiden la convivencia y la creación de tejido y cohesión social. Se constituyen en un factor de riesgo de enfrentamiento social ante eventos detonadores como catástrofes naturales, actos delincuenciales o crisis de abasto.

 

1.5.- La segregación y desigualdad en el acceso a servicios urbanos (alumbrado, recolección de basura, agua potable, vialidades, etc.), educación, salud, cultura, deporte, recreación, seguridad pública y acceso a la justicia. A la segregación espacial se suma una segregación en el acceso, disponibilidad, calidad y pertinencia de diversos servicios públicos entre estratos sociales y zonas de las ciudades que podría sintetizarse como servicios públicos ausentes, insuficientes y de mala calidad para las poblaciones y colonias de bajos ingreso frente a servicios urbanos y públicos suficientes y de mejor calidad para las zonas de ingresos medios y altos. Los estratos populares obreros y de clase media baja, acuden a servicios proporcionados por el sector público como educación y salud, saturados y crecientemente deteriorados, en tanto que los estratos medios y altos utilizan servicios ofrecidos por el mercado, no necesariamente de mejor calidad, pero menos saturados. Incluso se constata la existencia de políticas que dan preferencia a las zonas de ingresos medios y altos en el despliegue de servicios públicos de protección y seguridad, abandonando la atención de las colonias marginadas, populares y de clases medias bajas.

 

2.- De la calidad y disponibilidad de servicios públicos

2.1.- La falta de actualización y pertinencia de los servicios públicos sociales, de seguridad y de acceso a la justicia, respecto de las necesidades y realidades de la diversidad de la población que se concentra en las ciudades. Hay un grave déficit en la disponibilidad de servicios públicos para la atención de la salud. En general, hay problemas de suficiencia de servicios y de calidad en la atención. En particular, el crecimiento de la infraestructura no es proporcional al aumento progresivo de la población no derechohabiente y la derechohabiente enfrenta servicios precarizados e ineficientes.

 

Son crecientes los requerimientos no atendidos de hombres y mujeres, de personas pertenecientes a diversos grupos sociales, de edad, de condición de discapacidad, de orientación sexual, de origen cultural y de condiciones de exclusión y discriminación lo que determina que aspectos fundamentales para la convivencia y el desarrollo armónico de las personas, las familias y las comunidades no se atiendan o recaigan fuertemente en las familias. Se trata a manera de ejemplos, de ausencia de suficientes espacios, infraestructura y servicios para la juventud, los adultos mayores y las personas con discapacidad; de servicios para la atención de problemáticas de salud mental comunitaria, de atención a la violencia familiar; de programas para la inserción de migrantes y poblaciones indígenas a la vida urbana, de orientación para el empleo y la capacitación, entre otros.

 

La reducida capacidad de las familias para enfrentar las nuevas problemáticas psico-afectivas y los nuevos riesgos derivados de la modernidad, las transformaciones demográficas y de la vida urbana, acrecientan las tensiones y hacen que se detonen conflictos que escalan en conductas violentas y destructivas. Pese a que parece reconocerse la creciente aparición de trastornos mentales en la población de las ciudades, los esfuerzos para dar servicios psiquiátricos y psicológicos son aislados y de difícil acceso para las poblaciones de ingresos medios y bajos. Ya no basta por ejemplo, contar con servicios de salud en general sino que se requiere de servicios de salud física y mental específicos para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos mayores o para las personas con discapacidad. Existe una escaza capacidad, estratégica y de infraestructura, para atender las necesidades de salud mental de la población, acrecentadas por el mayor temor y miedo de los habitantes frente a la violencia y por aumento de víctimas directas e indirectas de la violencia. Este es un tema que afecta a las mujeres y a los niños que sufren traumas diversos ante la pérdida por desaparición o muerte de sus compañeros, padres y hermanos.

 

Ya no es suficiente el desarrollo de estancias infantiles sino que es necesario crear también facilidades para la atención de adultos mayores y de personas con discapacidad, o para atender al número creciente de indigentes en las ciudades.

 

Los servicios de seguridad pública y de acceso a la justicia tienen que reconocer la existencia y desarrollar capacidades para la atención de nuevos delitos que no sólo afectan la propiedad de las personas sino su vida, su libertad y su salud como son la trata y el tráfico de personas, la extorsión , el secuestro, el lenocinio, la pornografía, la explotación y abuso infantil, etc.

 

2.2.- Desconfianza de los ciudadanos por ineficiencia y corrupción en los aparatos de seguridad en las ciudades. La ciudadanía no confía en los cuerpos policíacos. El porcentaje de delitos que no se castiga es muy alto. La mayoría de los delitos no llega al conocimiento de las autoridades porque no se denuncia y, no se denuncia, porque los cuerpos policíacos y los ministerios públicos no inspiran confianza. La otra parte de los delitos, los que sí se denuncian o se persiguen por oficio, tampoco se castigan porque la policía y los Ministerios Públicos son ineficientes y corruptos. El círculo de la impunidad refleja una situación de hecho provocada por la ineficiencia de las corporaciones policíacas que no captura a los delincuentes, el Ministerio Público no integra adecuadamente las averiguaciones previas pues su personal es insuficiente para atender la demanda social y deja libre a los delincuentes, en tanto que el sistema carcelario no readapta a los delincuentes y se encuentra saturado y ampliamente rebasado, principalmente con jóvenes de los sectores pobres, primodelincuentes y por delitos menores.

 

Los aparatos encargados de la seguridad fallan en su responsabilidad por ineficiencia atribuida a la corrupción, mala coordinación interinstitucional, problemas en su organización interna e incluso mal diseño constitucional que provoca confusión conceptual de sus funciones. A ello se suma, la falta de recursos materiales y personal poco calificado, desequilibrio en la tasa de cobertura, deficientes ingresos y prestaciones sociales, procesos de reclutamiento y selección inadecuados así como bajos niveles de profesionalización y formación. En síntesis, hay una ausencia de carrera policial real.

 

  1. La crisis económica y el acceso a empleo e ingresos

3.1.- La crisis económica y de empleo y la violencia están determinando que en algunas ciudades en la frontera norte como Ciudad Juárez se esté experimentando una reducción de la población total y el abandono de viviendas. A raíz de la crisis económica en curso y de la violencia hacia las empresas de todo tamaño como la extorsión, el cobro de piso y el secuestro, ocurre una pérdida importante de empleos y de fuentes de ingreso legales lo que impulsa a las familias y a las personas a emigrar, a retornar a sus lugares de origen o a involucrarse en actividades ilegales para sobrevivir. En Ciudad Juárez se detecta empobrecimiento e incluso hambre entre las familias. Las familias de ingresos medios y altos que pueden hacerlo cambian su residencia a las ciudades colindantes de Estados Unidos (El Paso, Chulavista) La mayor parte de población que ha llegado a las ciudades de la frontera norte en los últimos años en busca de empleo o que esperan migrar hacia los Estados Unidos de América, se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, porque sus posibilidades de éxito se han reducido sustantivamente y son ahora sujetos de extorsiones y abuso para el cruce de la frontera.

3.2.- La violencia en las relaciones de trabajo. En las industrias maquiladoras y de exportación los criterios de competencia y reducción de costos rigen las relaciones entre los agentes que intervienen en la producción. Los trabajadores se convierten así en insumos para la producción y pierden su calidad de seres humanos que tienen vidas personales y familiares. Su régimen de contratación, horarios, remuneraciones, incentivos e intensidad del trabajo se rigen por las necesidades del mercado y poco consideran las regulaciones laborales.

 

Los trabajadores acaban siendo tratados como una mercancía que es buscada por los compradores de acuerdo a las necesidades de la producción: si son mejores las mujeres para cierto tipo de industrias, los enganchadores salen a la búsqueda de mujeres para su contratación; si son hombres jóvenes sólo contratan a este tipo de trabajadores y desechan a los hombres mayores de 40 años. Si hay una fuerte demanda de productos por el mercado, los enganchadores salen a diversas regiones en búsqueda de trabajadores que llevan a las ciudades a ser expuestos como mercancías para los posibles compradores. Si hay una reducción de la demanda de productos se procede a despedir trabajadores, se hacen paros técnicos, se modifican las jornadas y horarios de trabajo, etc. Se aprovecha para despedir a trabajadores con mayor antigüedad y derechos.

 

Las relaciones son sumamente flexibles de acuerdo a los requerimientos del mercado. Así, la vida de las personas y la organización de las familias pasa a tener una dependencia total de lo que ocurre en el mercado de productos; las personas pierden el control sobre sus tiempos y la posibilidad de decidir sobre su vida personal y familiar. Las bajas remuneraciones conllevan a la inserción de un mayor número de miembros de los grupos familiares en el trabajo y en actividades generadores de ingreso en detrimento de los tiempos destinados al cuidado y a la educación.

 

En algunas ramas de actividad económica, particularmente las de mayor capacidad exportadora, se facilita aún más el ejercicio de la violencia contra los trabajadores. En estas ramas se agudizan fenómenos como restricciones para impide una auténtica sindicalización, generación recurrente de contratos de 28 días de trabajo por dos de descanso con trabajadores de hasta nueve años de antigüedad, se concentran las contrataciones bajo esquemas de outsourcing y se generan procesos de discriminación laboral diversos, especialmente por motivos de edad y sexo. Prevalecen las pruebas de embarazo, no solo en la industria maquiladora, sino también en la administración pública municipal.

 

La flexibilidad, la inseguridad, la pérdida de libertad, la ausencia de conciliación entre trabajo y familia y condiciones precarias de trabajo en actividades formales de exportación, subyacen como un importante factor precursor de la violencia social en las ciudades maquiladoras.

 

3.3.- Desaparición del modelo familia-escuela-trabajo-seguridad social-familia que acompañó el desarrollo del país hasta los años ochenta. La evolución económica y social del país ha aumentado las dificultades para las poblaciones juveniles de seguir una trayectoria de vida que les asegure un nivel de bienestar y una vida decente por largos años, por lo que muchos optan por vivir bien, poco tiempo, aun cuando tengan que realizar actividades de alto riesgo. Los jóvenes optan por migrar, insertarse en actividades informales, muchas veces ilegales o a aceptar actividades dentro del crimen organizado. Para las nuevas generaciones ya no se concreta la trayectoria social de obtener un certificado educativo, para ingresar a trabajar en actividades formales, en trabajos permanentes y obtener con ello la protección de la seguridad social y formar una familia.

 

Desde hace varias décadas excepto en las ciudades fronterizas y turísticas antes de la crisis actual, la oferta de empleo en actividades formales no ha crecido en consonancia con la presión de los jóvenes que entran al mercado de trabajo. Incluso la precarización de las ocupaciones en el sector formal constituyen un elemento de desaliento para ocuparse en ellas.

 

En las ciudades de frontera la existencia de mercados de trabajos abiertos e inclusivos para el sector de baja calificación pero bastante limitados para el sector calificado, tienen repercusiones en las actividades de los jóvenes: proporcionalmente los jóvenes trabajan más y estudian menos que en las otras ciudades mexicanas. En este sentido, no existen incentivos fuertes para seguir estudiando, porque no se dan muchas oportunidades para los trabajadores más calificados y aún las retribuciones en ese mercado son insuficientes.

 

Paulatinamente la cultura del trabajo y de la educación en el imaginario juvenil se ha venido sustituyendo por la cultura del pasarla bien y de la obtención de dinero e identidad incorporándose a actividades delincuenciales. No se piensa en el futuro, la flexibilidad, la incertidumbre y la volatilidad rigen sus vidas. La cultura de consumo “narco” se vuelve una forma de pertenencia al colectivo: objetos de marca, relojes lujosos, cirugías plásticas, formas de tratar a las mujeres, etc.

 

4.- Las familias y los grupos de población

4.1.-La estructura y organización de las familias también como construcciones que derivan de la realidad social, económica y cultural de los entornos, se están modificando de manera notable.

Se está reduciendo la presencia de familias nucleares –padre, madre e hijos- están creciendo los hogares en los cuales está ausente alguno de los padres; o aquéllos conformados por la unión de parejas cada uno con su correspondiente prole. Así mismo, se observa la mayor presencia de hogares de corresidentes –que no tiene parentesco- y de personas que viven solas. También se verifica la presencia de varias generaciones conviviendo en un mismo hogar. Se observa un aumento de las uniones libres. Lo anterior impacta las relaciones genéricas e intergeneracionales, los mecanismos de comunicación y de toma de decisiones, la transmisión de saberes para la vida y los hábitos y los tiempos destinados a la crianza y cuidado. Todo ello, sin el acompañamiento de políticas públicas de familias que entiendan y apoyen las transformaciones que se están dando en los roles de género y en las relaciones intergeneracionales.

 

La dinámica y estructura del mercado laboral y las diversas estrategias de obtención de ingresos han provocado cambios importantes en las relaciones familiares. Estas alteraciones del tiempo y la energía de la población trabajadora de las familias han dejado en un segundo plano las funciones de protección y atención a los menores, y la transmisión de saberes, valores y conductas. Se registra una precarización de la economía del cuidado con consecuencias negativas para la formación de los seres humanos

 

4.2.- Las mujeres urbanas de sectores medios y pobres asumen mayores cargas de trabajo y aparecen cada vez más, como el pilar de las familias. En un contexto de familias en transformación y de crecientes dificultades para acceder al empleo y al ingreso, las mujeres toman cada día más responsabilidades aún las de tipo económico y de sostenimiento de los grupos familiares, en comparación con los varones, Esta situación las coloca con tal nivel de demanda y presión que viven estresadas, cansadas y con frecuencia, deprimidas, enojadas y frustradas.

 

4.3.- Vulnerabilidad, exclusión y criminalización de los jóvenes. Buena parte de la población joven que reside en las ciudades está viviendo una situación de desinterés por la vida y por la superación, como producto del abandono del que han sido objeto por parte de la población adulta: sus padres, que han tenido que laborar en condiciones poco ventajosas para las familias, otros adultos con funciones educadoras como son los maestros, los sacerdotes y pastores y los gobiernos, que han privilegiado el desarrollo económico y desatendido el social. Los jóvenes en general, y varios grupos de éstos en particular son discriminados, abusados, maltratados y criminalizados por las fuerzas de seguridad y sufren una persecución constante por sus propuestas diversas (skatos, cholos, emos, grafiteros, etc.). Enfrentan además la ausencia de políticas urbanas juveniles que los consideren y los escuchen y que les resulten relevantes ante sus realidades concretas..

4.4.- La pérdida de valor e interés por la educación formal

Existen mayores dificultades para que los jóvenes permanezcan en la escuela, pues la deserción crece conforme se desarrolla la trayectoria educativa. Hay un problema manifiesto de falta de pertinencia y relevancia de la educación en secundaria y el bachillerato respecto de la vida actual y futura de la juventud urbana. Los jóvenes parecen mostrar un desencanto con la escuela y han dejado de verla como un camino a seguir para encontrar oportunidades de trabajo e ingreso estables.

La creación de nueva infraestructura educativa no responde a procesos de presión como la transición demográfica y al aumento de los años promedio de escolaridad. La insuficiencia de disponibilidad de escuelas aumenta en las ciudades conforme crece el nivel educativo. Situación que se agudiza en el bachillerato.

 

Muchos maestros son poco considerados y tienen miedo, evaden una posible función de asesoría en asuntos en los que están involucradas actitudes y emociones de los estudiantes. Tampoco son asumidos como un ejemplo de moralidad, pues los jóvenes no consideran que su discurso, por ejemplo en la cuestión de la formación en valores, sea congruente con actitudes de presión, amenaza, chantaje o doble moral que ven y sufren de parte de ellos. Lo que pretenden enseñar no es congruente con sus conductas personales.

 

5.- La cultura en las relaciones sociales

5.1.- Existe un desarrollo precario y desigual en el territorio de capital social y de participación ciudadana y una presencia de capital social negativo vinculado al crimen organizado. Las autoridades federales, estatales y municipales no se han preocupado por incentivar la formación de organizaciones ciudadanas y por promover y convocar a la participación social. Se registra un número reducido relativamente de organizaciones civiles en las ciudades estudiadas, con excepción de algunas ciudades como Juárez y Tijuana. Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones sociales que trabajan a favor de la comunidad limitan sus tareas a propósitos específicos –religiosos, asistenciales, deportivos, etc.- y no hacen por coordinarse con otras en la construcción de un tejido social que pueda tener peso en la toma de decisiones. Es decir, las ciudades no cuentan con capital social suficiente como para revertir el deterioro de las relaciones sociales que se observa. Y en el caso de las que si lo tienen, no existe suficiente coordinación entre las organizaciones que permita acciones de mayor impacto.

 

Las redes del crimen organizado generan un capital social negativo ofreciendo protección, empleo e ingresos a las personas, familias y comunidades que colaboran con ellos en las colonias de las urbes.

 

5.2.- Imposición de visiones y valores conservadores, de cultura de la ilegalidad y de modelos aspiracionales de consumo por las élites económicas, religiosas y políticas. En varias de las ciudades estudiadas predomina la imposición de normas, valores y conductas conservadoras (macho, mocho y criollo en Guadalajara; la casta divina y blanca en Mérida) que determinan situaciones y prácticas de intolerancia, discriminación, exclusión e incluso criminalización, de todas aquellas personas y grupos de población que no se ajustan al modelo que pretenden imponer. Las instituciones y los cuerpos de seguridad asumen esos modelos y criminalizan a aquellas personas que no se apegan a los mismos. Es la utilización de la fuerza del Estado acorde a preconcepciones de tipo cultural y de moral privada impuestas por las élites urbanas.

 

Los grupos que sufren el autoritarismo, la rigidez y la violencia que conllevan las visiones culturales conservadoras son las mujeres, los jóvenes en sus diversas expresiones, los indígenas, las poblaciones LGBTTTI y los migrantes. La discriminación socioeconómica se manifiesta fuertemente en algunas zonas y territorios. Con ello se genera una fuerte tensión e incluso, confrontación y conflicto, entre la preservación de valores tradicionales y conservadores y las transformaciones que se experimentan en las sociedades urbanas abiertas y expuestas a los mercados mundiales de consumo de productos culturales.

 

Así mismo, la cultura de la legalidad en algunas ciudades estudiadas se ha venido construyendo a través de las trasgresiones históricas a la legalidad que se han ido aceptando y que no han mostrado consecuencias para quien las realizan por la ausencia del Estado de Derecho y el precario desarrollo de instituciones del Estado. Así, las ciudades de frontera fueron creciendo a través de la instalación de actividades y la oferta de servicios que estaban prohibidos o eran ilegales en Estados Unidos; en otros casos, ciertas actividades ilegales se contemplan y justifican como opciones de atracción turística y de generación de ingresos para los gobiernos municipales, como los juegos de azar y los casinos por ejemplo, en torno a la feria de San Marcos, en Aguascalientes. La riqueza de algunas familias de las élites urbanas provienen de ese tipo de actividades, o bien de la especulación con la tierra que es otra forma de trasgresión, de negocios donde se soslayan los marcos legales como el contrabando y la venta de mercancías y productos pirata o que se obtienen mediante la corrupción y el control de servidores públicos o de posiciones del sector gobierno como son las aduanas o las notarías. La práctica de la ilegalidad de integrantes de los sectores de altos ingresos y de la clase política, sin consecuencias y con evidente éxito y prosperidad personal y familiar, genera también un modelo de patrón de conducta para la población.

 

En el mismo sentido, los patrones de consumo de productos y servicios son impuestos por las élites urbanas vinculadas a los mercados internacionales, convirtiéndolos fundamentalmente mediante su exhibición en los medios de comunicación, en modelos aspiracionales para las poblaciones de ingresos medios y bajos y principalmente, para las poblaciones jóvenes. Lograr una cierta apariencia y poseer bienes lujosos o emblemáticos del poder, se convierten de este modo en factores precursores de conductas violentas.

 

La naturalización de la cultura de los narcotraficantes que encuentran semejanzas con la de las élites urbanas, contribuye también a la reproducción de este modelo cultural materialista y subordinador.

 

5.3.-Creciente utilización de la nota roja en los medios de comunicación para ampliar sus audiencias y sus ganancias. Los medios de comunicación han encontrado en la nota policíaca una forma de incrementar su audiencia, destinándole cada vez mayor espacio y haciéndola cada vez más sensacionalista y amarillista. El manejo de los medios de estas noticias si bien se corresponden con un aumento de la violencia criminal, trivializa otros tipos violencias como la de género. Además contribuye a naturalizar la violencia al asumirse ésta como parte de la vida cotidiana y a aumentar el miedo e inseguridad en la población.

La concentración de los medios de comunicación en pocas manos, aún al nivel de los estados y las ciudades frente a una institucionalidad del Estado debilitada, dificultad cualquier tipo de control sobre extensión, contenido y forma de presentación de la nota roja.

 

También es cierto que la comunidad de periodistas y comunicadores es una de las que más ha visto afectada su libertad de expresión por la vía de las amenazas, las desapariciones forzadas, el secuestro y los asesinatos, situación que también ha incidido en la forma y profundidad de la información sobre actos violentos y de corrupción..

 

Algunas propuestas de orden general

 

Se requiere de una urgente reforma urbana que inicie reordenamiento territorial de las ciudades, bajo un esquema de planeación coordinada mediante consejos de planeación urbana participativa. Es urgente una reforma municipal que aumente las capacidades institucionales de los gobiernos locales y el desarrollo de mecanismos de auditoría, transparencia, rendición de cuentas y contraloría social.

 

La debilidad y la desarticulación de los gobiernos locales en ciudades densamente pobladas y con dinámicas aceleradas de crecimiento y expansión, obligan a una reforma de la gestión e institucionalidad de los gobiernos de las ciudades. Exige una revisión profunda de los gobiernos municipales desde su duración, sus responsabilidades, sus atribuciones, su estructura y organización, sus presupuestos y la calidad de sus servidores públicos. Pasa necesariamente por revisar las formas de articulación y colaboración entre gobiernos municipales y estatales de zonas conurbadas y áreas metropolitanas. Resulta inviable continuar presuponiendo que gobiernos municipales débiles y desarticulados van a ser capaces de conducir la vida de urbes crecientemente complejas y diversificadas que superan el millón de personas.

 

En tanto se logran los cambios institucionales de fondo, es urgente definir e imponer una normatividad con perspectiva humana a los nuevos desarrollos inmobiliarios de vivienda y aplicar una política y programas de desarrollo y regulación del transporte público urbano. La movilidad urbana no puede estar centrada en el uso del automóvil. La redensificación en cuanto a infraestructura, la ocupación de los terrenos baldíos mediante sanciones a sus dueños, la recuperación de espacios públicos y la creación de reservas territoriales para el desarrollo de servicios sociales y ambientales es otro aspecto urgente para el futuro de las ciudades, en términos de reducción del estrés, el conflicto y la violencia y en una perspectiva de reconstrucción del sentido de identidad y del tejido social urbano.

 

La reforma urbana necesitaría ser acompañada del desarrollo de una política social urbana con participación comunitaria que establezca, desarrolle y sostenga en el largo plazo programas y servicios en materia psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud y educación. Es necesario lograr una mejor distribución de los servicios sociales en los territorios de las ciudades de acuerdo con las características   y problemáticas específicas de las poblaciones circundantes. Todo ello con miras a formar ciudadanía y generar cohesión social.

 

Para ello es necesario desarrollar y recuperar la infraestructura social, revisar y actualizar los modelos de atención en salud, educación, cultura, recreación y deporte; formar profesionistas y promotores capacitados en la gestión de nuevos y pertinentes servicios y fortalecer la institucionalidad que garantice la operación de los nuevos servicios con eficiencia, sustentabilidad y permanentemente actualización respecto de las transformaciones demográficas, familiares y comunitarias. Hay muy diversas y creativas opciones para la recuperación de espacios públicos y para la utilización de herramientas culturales, de recreación y deportivas con el propósito de recuperar tejido social, generar solidaridad y cohesión social y promover una cultura de paz, sobre todo entre los jóvenes y la infancia.

 

Dada la situación de crisis y de catástrofe humana en que se han convertido algunas ciudades, como es el caso emblemático de Ciudad Juárez, es necesario que se contemplen un fondo para programas de emergencia social que incluyan acciones de atención y mitigación de daños de carácter inmediato para enfrentar situaciones de empobrecimiento, hambre, desplazamientos, enfermedades, orfandad, discapacidades por armas de fuego y ausencia de empleo e ingresos. Son acciones como el establecimiento de comedores comunitarios, de cocinas populares, dispensarios y consultorios médicos, asignaciones familiares a las familias de víctimas de la violencia, atención psicológica a mujeres, infancia y juventud y de creación de empleos temporales.

 

Para algunas ciudades sería necesario hacer un replanteamiento de sus opciones de desarrollo económico, dada la volatilidad, inseguridad y comportamiento cíclico de la industria maquiladora, por ejemplo. Estas opciones deberían poner como un criterio central la posibilidad de conciliar la vida económica y de trabajo de las personas con su vida personal y familiar y revalorar el aporte que hace la economía del cuidado en la construcción de seres humanos.

 

La creciente carga de las mujeres en la vida de las familias debe ser apoyada con programas que ayuden a la economía del cuidado y redistribuyan las cargas entre géneros, generaciones e instituciones públicas y privadas. El desarrollo de empresas de proximidad destinadas a proporcionar servicios a seres humanos en condiciones de vulnerabilidad o discriminación como es el cuidado y atención de adultos mayores, de personas con discapacidad, a población migrante y a grupos indígenas; servicios de vigilancia y seguridad comunitaria o promoción de actividades culturales y recreativas, pueden constituirse en una opción de empleo y desarrollo para muchos jóvenes.

 

El desarrollo de una política de familias que parta de reconocer la diversidad de estas, las constantes transformaciones que viven y la existencia de relaciones genéricas e intergeneracionales que deben fundamentarse en los derechos de cada uno de los integrantes del grupo, conduciría al desarrollo de servicios y productos que faciliten la vida en familia en relaciones democráticas y de respeto, y apoyen el papel fundamental que estas tienen en la socialización de los seres humanos.

 

Parecería impostergable desarrollar una estrategia y programas para y con las poblaciones juveniles urbanas. No es posible aceptar y continuar con programas de limpieza social que criminalizan y destruyen a los jóvenes, ni con estructuras culturales, sociales y económicas que los empujan a la exclusión, a la marginación y a la delincuencia o al suicidio y la autodestrucción. La construcción de referentes positivos, de un sentido de futuro y de vida que se constituyan en opciones para los modelos aspiracionales actuales de muchos jóvenes basados en la inmediatez y la cultura delincuencial, es una tarea urgente para la viabilidad del país.

 

La reestructuración y depuración de los cuerpos de seguridad y de justicia es un requisito para recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública y para abatir los índices de criminalidad y delincuencia que agobian a las ciudades.

 

Finalmente, es tarea de todos los habitantes de las ciudades participar y desarrollar las organizaciones civiles y sociales y sus articulaciones que contribuyan a una participación más comprometida con el desarrollo saludable y democrático de los espacios urbanos. Las autoridades y los partidos políticos tienen la obligación de desarrollar políticas públicas para generar un ambiente más propicio para el desarrollo de la participación y organización ciudadana y la formación de redes.

 

Desde la mirada de las intervenciones de tipo social, cultural y económico para enfrentar las situaciones de violencia o la expansión de éstas se requieren tres tipos de programas: El desarrollo de programas de prevención social para las ciudades y municipios que aún no son afectadas gravemente por las violencias; programas de mitigación en territorios donde el surgimiento de las violencias es incipiente y programas de recuperación donde las violencias son extremas y las intervenciones sociales deben ser protegidas con la presencia de los cuerpos de seguridad.

 

Sin embargo, el problema más estructural que encuentra sus manifestaciones más conflictivas en las ciudades es la desigualdad económica y social que caracteriza a la sociedad mexicana. En el origen de muchos de los factores que son precursores y detonadores de violencia social urbana, la desigualdad juega un rol central y requiere ser enfrentada si se quiere tener una sociedad viable. Los países que han sido más exitosos para reducir las desigualdades son aquellos que han fundamentado su desarrollo en el reconocimiento de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de sus poblaciones. Logran generar identidades colectivas y solidaridades sociales y desarrollan relaciones de confianza y compromiso cívico. Los Estados organizados bajo regímenes que privilegia el respeto a los derechos humanos construyen ciudadanía social, política y económica y consolidan la cohesión social y la democracia y se encuentran en los niveles más altos de desarrollo humano.

 

Mientras las élites económicas, sociales y culturales no asuman que sus conductas displicentes, discriminadoras y excluyentes, así como la prevalencia de la desigualdad social que sustenta sus niveles de riqueza y la impunidad de la que gozan son causa eficiente de las violencias que vive la sociedad mexicana será muy difícil revertir la situación y evitar que esa violencia se convierta en una situación crónica.

[1] Este trabajo intenta sintetizar los principales hallazgos de cinco investigaciones apoyadas y promovidas por INCIDE Social A.C. y realizadas por equipos de investigadores locales en las áreas metropolitanas de Ciudad Juárez en 2003-05 y 2010 y en las de Aguascalientes, Tijuana y Guadalajara en 2010. La propuesta metodológica fue formulada por un equipo de INCIDE Social y ha sido utilizada como base para la realización en 2011-12 de diagnósticos sociales en varios municipios con recursos del SUBSEMUN por muy diversas empresas consultoras, equipos de investigadores y organizaciones civiles.

Medios para incidir en las políticas públicas y en su gestión en México.

Sociedad civil

Con el fin de intentar hacer un examen somero de los medios que actualmente utilizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas para incidir en las políticas públicas y en su gestión parto del reconocimiento de la gran diversidad que caracteriza a las OSC en México. Si bien por definición son grupos organizados de personas con algún fin relacionado al beneficio colectivo y sin fines de lucro, las grandes diferencias socioeconómicas que caracterizan la desigualdad en México también se observan en este sector de la sociedad. Hay organizaciones civiles que derivan de promociones y fondos de empresas como son las grandes fundaciones que generalmente financian a su vez a otras organizaciones; hay un creciente número de organizaciones promovidas por partidos y organizaciones políticas e incluso por instituciones de gobierno; otras son creadas y financiadas con fondos de iglesias o de organizaciones internacionales que promueven determinadas agendas en todo el mundo. Pero cuando uno piensa en OSC generalmente, se considera que hay dos grandes grupos:

  1. Aquellas que se han ido formando históricamente para brindar asistencia privada a los grupos de población que experimentan alguna vulnerabilidad como son personas y familias pobres, personas con alguna discapacidad, población callejera, indigentes, huérfanos, personas afectadas por VIH/Sida, entre otros. Se financian con recursos de la asistencia privada y crecientemente con recursos públicos al estárseles transfiriendo funciones de prestación de servicios que anteriormente eran brindados por instituciones públicas (guarderías, escuelas, cuidado de adultos mayores, etc.) Por su número y por el volumen de recursos que manejan son las más en el mundo de lo que ahora se llama sociedad civil.
  2. Organizaciones que promueven una agenda de defensa de derechos humanos o de los derechos de algunos grupos de población afectados por situaciones adversas o desconsiderados en las agendas de gobierno. Son organizaciones que hacen incidencia en políticas públicas y que también reflejan intereses de diversos sectores socioenómicos. Por ejemplo, la agenda relacionada con la seguridad pública de creciente importancia en los últimos ocho a diez años, es encabezada en su mayor parte por víctimas provenientes de grupos de altos ingresos y sólo más recientemente, a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han venido emergiendo víctimas organizadas de otros estratos socioeconómicos. Una parte importante de las organizaciones de incidencia están conformadas por activistas civiles de estratos medios, que son profesionistas, académicos, comunicadores, personas de iglesias, exfuncionarios públicos y exmilitantes en partidos políticos que encuentran en las OSC un espacio de mayor libertad y autonomía para promover agendas de política pública relacionada con la defensa de intereses colectivos.

La división anterior refiere más bien a la materia principal de trabajo de las OSC y no significa que el primer grupo no realice también algunas acciones de incidencia en política pública, por ejemplo en la formulación de legislación relacionada con el grupo de población que atiende: ni que el segundo grupo lleve a cabo la prestación de algún servicio como es la investigación, la contraloría social, la observación y vigilancia de servicios públicos, el apoyo a grupos de población vulnerables como son las poblaciones migrantes, o las mujeres sujetas de violencia, etc.

Ahora bien, al entrar en la materia objeto de esta ponencia inicio señalando algunas tendencias generales que se observan en el país y que impactan el nivel de desarrollo y la capacidad de incidencia de las organizaciones mexicanas. Mi mirada parte de la experiencia desde una organización[1] cuyo propósito es incidir en política pública en varios ámbitos: la promoción de la democracia, la participación y el diálogo social, la promoción del desarrollo social y de los derechos económicos sociales y culturales y la incidencia en particular, en política social.

  1. Empezaría señalando que la administración de gobierno que termina no ha tenido una gestión verdaderamente interesada en avanzar en una democracia participativa que reconozca la diversidad y complejidad de la sociedad civil mexicana, propicie un ambiente adecuado con políticas activas para fomentar el asociacionismo y la construcción de una ciudadanía moderna y empoderada, ni aliente espacios de diálogo y construcción de consensos en materia de desarrollo del amplio espectro de las políticas públicas. Desde mi óptica, comparada con la primera administración de gobierno panista, me parece que el saldo es un retroceso en la consolidación de una sociedad civil organizada.
  2. Sin embargo se observa un crecimiento del número de organizaciones que han obtenido su CLUNI[2] pues esta es necesaria para acceder a distintos programas y recursos del Gobierno Federal en ámbitos donde se están trasladando responsabilidades públicas a supuestas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo supongo que otras instituciones como partidos y organizaciones políticas, empresas, sindicatos, universidades, movimientos entre otros, han encontrado en la creación de fundaciones y asociaciones civiles alguna ventaja para la obtención y procesamiento de recursos o para la evasión de impuestos. Es decir, desde mi personal percepción y sin evidencias más que dispersas, considero que han surgido organizaciones de la sociedad civil simuladas y subordinadas a otros intereses.
  3. También se observa un cambio en los temas de las agendas que promueven las organizaciones civiles tanto por razones lógicas como sería la transformación social por la situación que vivimos que hace surgir asuntos de mayor interés, como son las agendas de seguridad pública, protección y defensa de víctimas o bien, en razón de las prioridades marcadas por las financiadoras internacionales como son los temas de migración, indígenas, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. En cambio temas con déficits históricos como democracia, derechos de las mujeres, derechos de la infancia, derechos humanos en general, y medio ambiente han venido enfrentado una creciente escases de apoyo en recursos, además de un deterioro en los espacios de diálogo en políticas con el Poder Ejecutivo Federal, moviéndose en algunos casos en consecuencia hacia una mayor interlocución con los poderes legislativos federal y locales.
  4. El desmantelamiento del Estado mexicano iniciado hace 30 años por la ideología neoliberal que ha dominado a la administración pública federal, sin que se haya desarrollado una nueva estatalidad más acorde con un país supuestamente democrático, ha tenido como consecuencia crecientes vacíos en el desarrollo de políticas públicas necesarias y una destrucción de herramientas del Estado para poner en práctica esas políticas públicas. Simplemente observemos lo que actualmente ocurre en el sector agroalimentario, incluyendo el pesquero y el de comercialización de alimentos frente a una crisis de precios y de oferta de algunos productos fundamentales.
  5. La distribución de responsabilidades para la convivencia social entre Estado, mercado y sociedad ha llevado a una preeminencia del mercado, a una disminución del Estado y a la asignación de nuevas responsabilidades a una sociedad poco organizada. Esto se traduce en un vaciamiento de políticas públicas en las cuales se debería estar incidiendo en razón del interés colectivo; pues resulta que en realidad no hay interlocutor público o éste ya no cuenta con herramientas para poner en práctica los acuerdos alcanzados en los espacios de interlocución dado que su sector se ha dejado a merced del mercado o está dedicado a proteger y alentar a las empresas privadas (casos de los sectores de telecomunicaciones, de energía, del medio ambiente, inmobiliario). En México y a nivel mundial es notable lo que está ocurriendo con el sector financiero y la crisis internacionales a que nos ha llevado la desregulación total de estos servicios.
  6. Una precaria luz se observa en el camino futuro y se refiere al cambio en los términos de relación entre la sociedad y los candidatos de los partidos políticos que se pudo observar en los procesos electorales recientes. Por primera vez los candidatos tuvieron que seguir un guión que les fue marcado por instituciones y organizaciones de la sociedad teniendo que asistir a eventos y a lugares donde anteriormente jamás habrían acudido como son universidades, espacios de comunicadores autónomos y reuniones de organizaciones civiles. Se vieron obligados por la competencia electoral, a definir posición frente a una serie de preguntas que les fueron formuladas por diversas instancias de la sociedad y se tuvieron que salir de la agenda rígida que solían marcarles sus jefes de campaña. ¿Significará esto en el futuro próximo el reconocimiento de nuevos términos de relación en el desarrollo de planes y programas y de políticas públicas del nuevo gobierno con una interlocución más amplia con la ciudadanía?

Ahora bien, en el contexto descrito qué ha ocurrido con la incidencia en políticas públicas de la sociedad civil en los últimos años, qué estrategias se han utilizado para obligar al Estado Mexicano a reaccionar y adoptar posiciones frente al desatre de violencia que estamos viviendo.

  1. Obviamente la agenda de la sociedad civil ha estado marcada por algunos temas centrales, a saber, la seguridad pública, la transparencia y rendición de cuentas, las migraciones, las víctimas y las violaciones a derechos humanos. Se observan graves retrocesos en los derechos de las mujeres y la creciente criminalización de los jóvenes. Esta situación ha alentado el surgimiento de nuevas organizaciones de víctimas y de varias interesadas en la política de seguridad pública que han sido invitadas por el Ejecutivo Federal a los diálogos en materia de la política de seguridad pública, han sido beneficiadas con recursos públicos y han asumido funciones de observación o veeduría de algunos procesos dentro de las instituciones de gobierno que conforman ese sector.

Las relaciones, muchas veces personales, con algunos funcionarios de la seguridad pública han permitido el desarrollo de propuestas y proyectos de la sociedad civil en el campo de esa política generando en algunos casos innovaciones interesantes y un mayor involucramiento de la sociedad en el tema de las violencias y la delincuencia. Asimismo varias organizaciones han promovido un cambio de paradigma en la política de seguridad pública a fin de incorporar un intervención mayor en materia de prevención social de las violencias mediante la realización de diagnósticos, planes, la creación de observatorios y de consejos, el trabajo con mujeres y jóvenes y la formación de investigadores y profesionales que puedan apoyar los trabajos de prevención. Otras más se han opuesto con firmeza a una Ley de Seguridad Nacional que militariza la seguridad pública y confunde las funciones de la milicia y las policías civiles. Promueven una visión de seguridad ciudadana y humana.

  1. La afectación a la vida, la libertad y a la integridad de miles de personas que transitan por el país ha determinado que las organizaciones que trabajan con población migrante se vuelvan centrales y busquen influir en la política migratoria de México por ejemplo en las leyes y reglamentos que recogen la política mexicana en materia de migraciones; además muchas proveen directamente apoyo y protección a las personas de otros países que se ven en la necesidad de llegar o transitar por nuestro país. Para articularse y ser más eficaces en su actuación han formado una importante red nacional con vínculos con organizaciones de otros países.
  2. El aumento a las violaciones en materia de derechos humanos por la delincuencia organizada y por las fuerzas del Estado condujeron al fortalecimiento y ampliación de una red de expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil para elevar una sustantiva propuesta de modificaciones a la Constitución Mexicana a fin de incorporar los derechos humanos como eje fundamental de la misma, reconociéndole igual jerarquía que ésta a los instrumentos internacionales firmados por nuestro país. Esta promoción terminó exitosamente en el 2010. Asimismo, las organizaciones de derechos humanos han venido utilizando los informes sombra que se preparan para su presentación a las instancias de seguimiento del desempeño de los países en el cumplimiento de esos instrumentos internacionales, así como la presencia de relatores especializados tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para obligar a un diálogo con diversas instancias del gobierno mexicano sobre las violaciones a los derechos humanos. Un tercer instrumento utilizado por la comunidad de organizaciones de derechos humanos ha sido el litigio estratégico ante instancias internacionales y cuyos exitosos resultados han llevado al reconocimiento por parte del Estado Mexicano de violaciones a derechos humanos de personas específicas, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición mediante el desarrollo de una serie de protocolos e instrumentos para asegurar el debido proceso, la investigación adecuada de los casos, la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones, entre otros temas.
  3. Debido al reconocimiento de que la corrupción y la impunidad son dos factores que subyacen en la creciente violencia y desarrollo de la delincuencia organizada y en la colusión entre servidores públicos, empresarios y delincuentes; de la extendida práctica del patrimonialismo en el ejercicio del poder público en el país, así como para defender y avanzar en la autonomía de los organismos de transparencia, acceso a la información, auditoría y rendición de cuentas se creó la red de expertos, académicos, comunicadores y organizaciones civiles e instituciones para la rendición de cuentas (RRD). Esta red construyó una agenda de propuestas que fue presentada a los candidatos; además está formando profesionales muy reconocidos en la materia que permanentemente realizan denuncias y exhiben en los medios de comunicación los déficits que impiden el avance hacia un verdadero y efectivo combate a la corrupción y a la impunidad. Así, evidenciar los abusos en los presupuestos públicos, el manejo discrecional de programas y el gran volumen de recursos destinados a la comunicación social de los gobiernos son ejemplos emblemáticos del tipo de denuncias que realizan las organizaciones participantes en la Red. En esta misma vertiente pudieran ubicarse las organizaciones que han impulsado los juicios orales y cambios necesarios en el sistema de procuración, administración e impartición de justicia.
  4. Otro campo de trabajo de las organizaciones civiles se relaciona con una insistente y justificada demanda por la democratización de los medios de comunicación como requerimiento inherente al avance en materia democrática. La democracia es una falacia si las voces de la diversidad no cuentan con espacios en los medios, si la población no puede acceder a información completa y analizada desde diversos enfoques y puntos de vista, si no se alienta la producción nacional de contenidos, entre otros aspectos. Sin embargo, en esta agenda civil podemos concluir que en esta administración se dieron decisiones que aumentaron la concentración del sector de telecomunicaciones en sólo dos consorcios, apoyando el enorme daño cultural difícilmente reversible que ello provoca e impidiendo el avance democrático del país. Ni el legislativo, ni el ejecutivo han acompañado la agenda de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI), de la Coalición por la democratización de los medios de comunicación, ni ahora tampoco la demanda del Movimiento #YoSoy132. Esta situación ha conducido a protestas frente a las instalaciones de las televisoras y de la Secretarías involucradas en las decisiones y recientemente, a un amparo de la AMEDI por la autorización de la fusión de dos empresas de servicios de telefonía en manos de los dos consorcios televisivos.
  5. La incorporación de representantes ciudadanos independientes de los partidos políticos en las direcciones y consejos de los órganos autónomos de Estado como son las Comisiones de Derechos Humanos y los Institutos Electorales federal y estatales, así como de los institutos de acceso a la información y las diversas instituciones de auditoría y contraloría de la función pública ha sido otra estrategia seguida por las OSC mexicanas a fin de rescatar el contrapeso que esos órganos pueden representar para los abusos de poder y para la apropiación privada de los recursos públicos. La creación de órganos autónomos de Estado fue en una cierta etapa de la transición a la democracia una estrategia promovida y apoyada por la sociedad civil. Sin embargo la captura de esos órganos por los propietarios en turno de los gobiernos federal y estatales ha conducido a la anulación de su utilidad en defensa de los intereses colectivos y de las personas. Diversas redes de OSC están pendientes del cambio de funcionarios y consejeros de los órganos autónomos y participan en la propuesta y promoción de candidatos ciudadanos.
  6. Ante la ausencia, deficiente funcionamiento o cancelación en la actual administración federal de espacios de diálogo sobre la gran diversidad de políticas públicas, muchas OSC nos hemos volcado a la investigación para sustentar nuestras agendas; a la creación de observatorios ciudadanos para dar seguimiento a diversos programas, políticas e instituciones, a incidir en la legislación local y federal o a buscar funcionarios sensibles y democráticos en los niveles locales para desarrollar programas y políticas que pudieran sentar precedentes e introducir innovaciones. Otras han tenido que dedicarse a defender los avances que ya se habían alcanzado ante la presencia de una ola conservadora y neoliberal que busca retroceder en derechos reconocidos, por ejemplo, recluir nuevamente a las mujeres y a los jóvenes en sus casas, promover valores que ni ellos mismos practican y dejar lo público en las manos del mercado y de la supuestamente eficiente y pulcra iniciativa privada.

Sirvan estos siete ejemplos para hacer un breve recuento de las agendas y las herramientas que está siendo promovidas y utilizadas por la sociedad civil mexicana para incidir en las políticas públicas. En conclusión, en materia de incidencia se han buscado caminos alternativos ante la ausencia de acciones y políticas de gobierno, la ignorancia de muchos servidores públicos actuales sobre la importancia y el desarrollo histórico del asociacionismo en México o la cerrazón y el miedo que privó en muchas áreas y funcionarios para establecer un diálogo constructivo con las OSC. Como podemos observar en materia de herramientas el espectro se ha ampliado para incluir el litigio estratégico, los foros internacionales, los amparos, los observatorios, la investigación, la denuncia y la visibilizacion pública de las omisiones o faltas, por ejemplo.

Personalmente no veo avances en la creación de un ambiente propicio para el florecimiento del asociacionismo en México que apoye el desarrollo de una sociedad democrática y ayude a reconstruir cohesión y tejido social. Por el contrario, veo retrocesos y enormes riesgos ante la violencia, la desigualdad urbana y el desencanto con la democracia por parte de una importante proporción de la población mexicana.

Muchas gracias.

 

[1] Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE social A.C.

[2] Clave de registro ante el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) para accedera apoyos y recursos públicos.

Presentación de la revista Coyuntura Demográfica

Demografía, Temas varios

 

Agradezco a Silvia Giorguli la invitación y la oportunidad para participar en la presentación del segundo número de la revista digital Coyuntura Demográfica, un esfuerzo entendería yo de la Sociedad Mexicana de Demografía.

Desearía iniciar este comentario felicitando la iniciativa pues me parece que hace un aporte fundamental a la divulgación de temas centrales de los estudios demográficos. Su formato consistente en textos breves de cinco cuartillas incluyendo figuras relevantes y bibliografía, permite a las personas interesadas aunque no especializadas, una actualización rápida de cuáles son las preocupaciones e intereses actuales de los expertos académicos en el campo de los estudios de población y cuáles son los principales cambios y tendencias de la estructura y dinámica poblacional.

Se trata de 18 artículos que de manera sintética y clara dan cuenta de los hallazgos más relevantes en temas fundamentales de los estudios de población como es la evolución reciente de ésta a partir de la conciliación de las cifras censales de Virgilio Partida, los cambios en las tendencias y volúmenes de la migración de René Zenteno o la evolución de las tasas de fecundidad y de la mortalidad materna de Rosario Cárdenas. Incluyen también los resultados de la exploración de nuevos campos de trabajo de la demografía como es el artículo de Landy Sánchez sobre el consumo energético de los hogares en México o la visión demográfica de los feminicidios de Carlos Echarri y como suele ocurrir en esta disciplina, no falta un tercer grupo de artículos que revisan la calidad de los sistemas de producción de información para estudiar ciertos fenómenos como son el de Ruvalcaba y Schteingart por cuanto al análisis de la vivienda y la estratificación urbana, el de Manuel Angel Castillo en relación a la información sobre extranjeros, el de Sonia Fernández sobre las estadísticas vitales y el relativo a la evaluación de las declaraciones de edad en censos y conteos, formulado por Alejandro Mina. No cabe duda que el aprovechamiento intenso y creciente de la información demográfica producida en México retroalimenta de manera poco equiparable con otras disciplinas a los productores de información y un compromiso permanente de los investigadores en población ha sido examinar con gran detalles los conceptos, los datos y los métodos de captación para señalar las bondades y los riesgos cuando se usa una u otra fuente. Ello aporta a le mejora sostenida de la producción de información demográfica en el país.

La Revista trajo a mi memoria dos importantes esfuerzos que conducidos por Raúl Benitez Zenteno realizaba la comunidad académica de demógrafos. El primero consistía en la realización de una serie de monografías censales una vez que se daban a conocer los resultados de los Censos de Población. Raúl convocaba no sólo a los demógrafos sino también a economistas, antropólogos y sociólogos cercanos a la comunidad de estudios de población para que con base en tabulaciones especiales del Censo que producía el propio INEGI, se pudiesen efectuar estudios a mayor profundidad de los distintos campos incluidos en los cuestionarios censales. Se trataba entonces de aprovechar la evolución que habían tenido los sistemas de cómputo para realizar cruces más sofisticados de los datos y explotar las que fueron las primeras muestras extraídas de la enorme base de datos censales. Se buscaba también motivar a los expertos facilitándoles el manejo de la información, para que realizaran una lectura más compleja de la información censal, como plataforma para las investigaciones de la siguiente década. Seguramente algunos de mis amigos y amigas ahora maestros e investigadores eméritos recordarán mejor que yo cuántos de estos ejercicios se hicieron. Entonces todavía no había las facilidades que existen ahora para manejar bases de microdatos y se requería de un esfuerzo colectivo y concertado con el INEGI para efectuar la tarea.

El otro proyecto también encabezado por el maestro Raúl Benítez Zenteno durante 16 años, consistió en la elaboración de una revista anual denominada Demos en donde nuevamente se convocaba a expertos en temas de población para que en artículos muy breves pudieran contarle al público interesado lo qué estaba ocurriendo en materia demográfica. Mi recuerdo personal en dos o tres números en que fui invitada a colaborar, eran las fantásticas reuniones de preparación y discusión de los materiales a ser publicados. Raúl se las ingeniaba para reunirnos en algún lugar fuera de la Ciudad de México en donde además de conversar sobre los materiales, convivíamos y forjábamos una amistad que perdura hasta la fecha. Benítez Zenteno fue un hombre con un fuerte compromiso social, que además de trabajo intelectual, generaba comunidad y afectos.

Cuando recibí los materiales impresos que me envió Silvia de la revista que hoy se presenta, primero me asusté por el volumen pero en la medida que fui revisando los materiales sentí una enorme alegría por dos razones. La primera porque encontré la iniciativa como muy cercana a las dos promociones que les relaté: se trata de artículos breves, realizados por expertos, utilizando en la mayoría de los casos los datos del Censo de Población del 2010. En segundo lugar porque a medida que leía los artículos iba encontrando respuestas claras a una serie de inquietudes que venía yo acumulando sobre los cambios en la dinámica y estructura de la población en México derivadas del gusanito que sembraron en mi Victor Urquidi, Raúl Benitez, Gustavo Cabrera, Pepe Morelos y muchos otros amigos y amigas demógrafos de El Colegio de México y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Además como parte de mi quehacer ha sido la promoción de investigación para la toma de decisiones y la incidencia en políticas públicas fuera de la comunidad académica formal y más en el activismo cívico, por la dificultad que entraña hacer un seguimiento puntual de la literatura especializada, se me habían ido acumulando dudas en dos sentidos. Uno en relación con la forma en que estaban evolucionando las variables demográficas fundamentales y otro sobre las oportunidades que los censos, las nuevas y diversas encuestas y la sistematización de registros administrativos apoyadas por la maravillosa evolución de la informática, estaban abriendo para explotar bases de microdatos y resolver dudas y definir magnitudes de fenómenos sociales que sabíamos ocurrían pero que por su complejidad y la dificultad para aprenderlos, resultaba muy difícil conocer su magnitud y sus características.

Cito a continuación algunas de esas dudas en donde la lectura de la revista me fue iluminando de manera sintética y concreta.

Una primera interrogante tenía que ver con la calidad y confiabilidad del Censo de Población del 2010. Entre aquellos que seguimos o estudiamos los Censos de la segunda mitad del siglo XX había una especie de convencimiento: a un censo bueno seguía un censo malo y cada vez que venían los preparativos de un nuevo censo de población había que sentarse a discutir con los encargados de llevarlo a cabo, cuando así lo permitían, a fin de evitar que hicieran grandes cambios en los temas captados y promover que introdujeran nuevos temas relevantes. El artículo de Virgilio Partida deja muy claro que la cobertura del censo de 2010 fue muy buena, 99.5% de la población y que los subregistros siguen estando en la infancia menor de tres años y en los varones de ciertas edades, que además la sorprendente cifra de población del Censo para algunos, sireflejaba una realidad a partir de las conciliaciones interesales efectuadas por la Sociedad Mexicana de Demografía.

En los últimos años y así se registra también en la revista, el tema migratorio ha ido adquiriendo mayor relevancia; mi duda en esta materia radicaba en saber qué estaba ocurriendo con los saldos migratorios con Estados Unidos. Todavía hasta el 2006, 2007 estábamos con cifras de un saldo de más de medio millón de mexicanos que se quedaban en Estados Unidos. El fenómeno debió dar un vuelco espectacular con la crisis del 2008 y en el artículo de René Zenteno encontramos la respuesta puntual: hay actualmente un saldo migratorio nulo por la crisis y el consecuente retorno de más de un millón de mexicanos en la administración Obama, acelerado este por la caída de la industria de la construcción y las políticas antimigratorias impulsadas por varios gobiernos estatales de Estados Unidos. Ese retorno ha sido muy doloroso para muchas familias por las separaciones a que ha dado lugar y por el impacto en niños y jóvenes que nacieron y se criaron en Estados Unidos y que llegan a un contexto social y cultural que les es ajeno.

Los artículos de Claudia Masferrer, el de Lozano y Gandini y el de Riosmena y González son buenos ejemplos de las mayores oportunidades disponibles actualmente en materia de bases de información para poder profundizar en la naturaleza y la especificidad del fenómeno migratorio como es la migración calificada o el grado de protección social que tienen los adultos mayores que retornan.

Un tema que me ha preocupado es el posible efecto en la tasa de fecundidad y en la mortalidad materna derivado de la política conservadora en materia de población que hemos sufrido en los doce años de gobiernos panistas. Rosario Cárdenas en su contribución a la Revista nos sintetiza y corrobora algo que era de esperar: el enlentecimiento de la disminución de la tasa de fecundidad, el aumento del embarazo en edades jóvenes y pocos cambios en la tasa de mortalidad materna que continúa resultando muy elevada comparativamente con otros países de desarrollo semejante al nuestro. Esperemos que el conservadurismo económico previsible en el próximo gobierno priista no se vea acompañado del conservadurismo moral que contagió a varios de sus legisladores en los Estados en relación con la legislación sobre el inicio de la vida.

Un artículo que me produjo un enorme gusto es el de Cecilia Rabell y Edith Gutiérrez pues por alguna razón derivado de mi participación en algunas de las reuniones de consulta para el Censo de Población del 2010 me quedé con la idea de que aún la precaria posibilidad que daban los Censos anteriores para reconstruir arreglos familiares a partir del registro de relaciones de parentesco con el jefe del hogar, se iba a ver afectada por cambios que se introducirían en la forma de captar a los hogares en el nuevo Censo. Una parte importante del trabajo de INCIDE Social A.C. se ha centrado en promover investigación y crear articulación entre la academia y el activismo cívico para incidir en el desarrollo de una política pública hacia las familias, reconociendo su diversidad y las transformaciones en su estructura y dinámica. Consideradas como el ámbito inicial de construcción de los seres humanos hemos promovido su análisis en las investigaciones diagnósticas que hemos impulsado y apoyado en varias ciudades y municipios del país sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias. Derivado de este esfuerzo teníamos y tenemos muchas preguntas y el artículo incluido sobre ¿Con quién vivimos los mexicanos? nos indica que la luz parece empezarse a abrir en el camino de oscuridad que por tanto tiempo ha experimentado el estudio de las familias en México. Por ejemplo, en las ciudades que vivieron crecimientos muy rápidos de su población como son las de maquila, observábamos un fenómeno recurrente que es la presencia de familias recompuestas o reconstituidas, donde los cónyuges arriban a la relación con hijos propios provenientes de arreglos familiares previos, así como la presencia de familias integradas por miembros con relaciones de parentesco pero que no parten de la presencia de los progenitores con sus hijos, como es el caso de las llamadas familias dona constituidas por abuelos y nietos solamente o las de tíos con sobrinos. Las estimaciones que realizan las autoras con base en datos censales nos dicen que en el país había poco más de 325 mil familias reconstituidas, y que 929 mil familias están formadas por corresidentes emparentados. Un fenómeno interesantísimo detectado por las autores es la presencia de 24 mil familias poligámicas donde más de la mitad están constituidas por un jefe con varias esposas. No me quedó muy claro cómo está conformado el resto de este tipo de arreglos, pero indudablemente incluyen formas de relación derivadas de otras culturas y modalidades de convivencia que rompen con los patrones tradicionales. Otro dato relevante es el hecho de que la mayoría de las parejas en relaciones homosexuales 172 mil tiene hijos y conforman familias nucleares. Sólo 57 mil constituyen parejas solas.

Bueno podría yo continuar contándoles lo valioso que me resultó el que Silvia me pidiera hacer este comentario y descubrir este gran aporte que la Sociedad Mexicana de Demografía y las y los autores de los textos están haciendo a la cultura sobre población en México mediante la publicación electrónica de Coyuntura Demográfica.

Para terminar sólo quisiera compartirles una preocupación que me surgió al examinar los textos que alcancé a revisar pues me faltó leer unos cuatro de ellos. Esta preocupación consiste en la casi ausencia total del tema de violencias. De lo leído sólo encontré la referencia que hace Virgilio Partida al incremento entre 2005 y 2010 en el riesgo de morir de los hombres que estaban entre 15 y 44 años en donde los esfuerzos por reducir la incidencia de diabetes se han visto neutralizados por la violencia creciente que ocurre en el país. El otro artículo es el de Carlos Echarri sobre el feminicidio en donde el autor muestra además de la magnitud y comportamiento del fenómeno su justa indignación por lo que está ocurriendo.

En las investigaciones diagnósticas que desde INCIDE Social hemos venido promoviendo sobre las causas sociales de las violencias uno de los capítulos solicita que se analice el posible impacto que han tenido las violencias en los cambios en la estructura y dinámica de la población de las ciudades y municipios estudiados, así como la forma en que las violencias han afectado a la demografía local. Otro capítulo solicita lo mismo respecto de la evolución de las familias.

Consideramos así que cambios en la población y en las familias pueden ser factores de riesgo o generar condiciones propicias para el aumento de las violencias y que en cambio otros, pueden constituirse en factores protectores. Incorporar lo que podríamos llamar el enfoque de violencias en los estudios de población me parece una tarea poco explorada en nuestro país y abre un campo de hipótesis muy interesante y útil para sustentar políticas de prevención social de las violencias.

Bueno, hasta aquí mi comentario y nuevamente muchas felicidades a las y los autores, así como a los promotores de este importante proyecto.

 

 

 

Presentación del libro Caminos por la Igualdad. Ciudadanía y discriminación. CONAPRED

Discriminación

Me da mucho gusto poder participar en este evento que forma parte de los festejos del noveno aniversario de la CONAPRED una de las instituciones emblemáticas de lo que debió ser la modernización y transformación del Estado Mexicano después del cambio democrático del año 2000. La expedición de la Ley en materia de discriminación y la creación del CONAPRED representan el reconocimiento de un déficit histórico de nuestro país con las personas que por su edad, su origen nacional, su etnia, su sexo, su condición física o mental, su orientación sexual, su nivel socioeconómico, su actividad ocupacional o su condición migratoria han sido excluidas, relegadas e incluso maltratadas. Han tenido que remontar condiciones adversas para su crecimiento y desarrollo y sus derechos como personas dignas aún siguen siendo conculcados.

El CONAPRED ha emprendido el arduo camino de una batalla cultural para cambiar percepciones, actitudes y prácticas, reducir temores, visibilizar grupos relegados, propiciar encuentros para el reconocimientos de las diferencias y demostrar que todos somos seres humanos iguales en esas diferencias. Lo ha realizado con un enorme esfuerzo, con pocos recursos y con frecuencia en un contexto institucional que no entiende la enorme trascendencia que su labor tiene para la paz y el desarrollo.

Por ello me da gusto participar en la presentación de este texto Caminos por la Igualdad. Ciudadanía y discriminación que reúne 15 aportaciones realizadas por activistas cívicos de muy diversos orígenes y que defienden un rico abanico de agendas. Felicito el proyecto, a Ricardo Bucio por promoverlo y a Yoloxochitl Casas y sus compañeros por su realización. Me parece una excelente idea haber alentado a distintos miembros de la sociedad civil organizada para que presentaran sus reflexiones sobre la forma en que se han construido esos caminos por la igualdad en nuestro país o como personalmente han aportado a su construcción y han transitado por ellos.

La edición está muy cuidada, las fotos muy bien seleccionadas y los textos resultan muy fáciles y amenos en su lectura.

Lo que me pareció más interesante del contenido son las diferentes ventanas desde donde los autores y autoras se aproximan al tema. Desde relatos de trayectorias personales en la defensa de los derechos humanos en general o de un grupo en particular, el recuento de aportes realizados por las organizaciones en las que hemos trabajando, la exposición de las situaciones en las que viven y sufren los grupos o el relato de la historia de determinados movimiento sociales y cívicos como el de las mujeres que hace Lucía Lagunes, todos los textos expresan un compromiso con las agendas, reconocen el aporte que hemos hecho las organizaciones civiles en la visibilización de los temas, en la legislación, en la institucionalidad y en cambios en las prácticas; también destacan los enormes obstáculos e intereses que tienen que superarse y lo más importante, marcan mapas de ruta posibles.

En mi texto me interesó destacar como de una política social construida después de la segunda guerra mundial en donde se trataba de ofrecer servicios homogéneos para toda la población en materia de educación, salud, infraestructura sanitaria y urbana, vivienda, etc. bajo una concepción de familia formada por padre, madre e hijos y la imagen hegemónica del hombre, blanco. Católico y afluente. Estas fueron las percepciones sobre las que se fundamentó la construcción de los servicios sociales que funcionaron con relativa eficiencia y progresividad hasta la década de los años ochenta.

Las crisis de esa década y la entrada una perspectiva neoliberal del manejo de la economía y de la sociedad empiezan a destejer esa institucionalidad, a deconstruir capacidades del estado y es precisamente entonces cuando las agendas de derechos de los diversos grupos poblacionales emergen con mayor claridad promovidas por las organizaciones civiles que empiezan a surgir en todo el territorio nacional

 

 

 

 

 

A partir de la década de los años setenta del siglo pasado la lucha por el cambio social se enriquece con la surgimiento de la defensa de agendas de derechos de grupos sociales que reivindican su reconocimiento a un trato igualitario teniendo en cuenta su diferencia. Se trata de grupos en situación histórica de discriminación en un modelo hegemónico construido a partir de la figura del hombre, blanco, católico y económicamente poderoso.

El movimiento más emblemático y exitoso de esta ola de nuevas organizaciones ciudadanas es el del feminismo, seguido por los defensores de derechos humanos principalmente civiles, los medioambientalistas y posteriormente, los de defensa de los derechos de la infancia, de las personas con discapacidad y de la población LGTBTTT. 1994 marca un hito en la historia de los movimientos con el surgimiento de la agenda de los pueblos indígenas en un enfrentamiento con la sociedad mestiza y criolla que los ha mantenido subordinados y excluidos en su propio territorio.

Hasta entonces el partido en el poder había organizado su militancia por sectores y procuraba darles representación en el Poder Legislativo para que desarrollaran legislación que atendiera sus demandas. Se trataba del sector obrero, del campesino y del popular, este último conformado por organizaciones de profesionistas, pequeños y medianos empresarios, comerciantes y lo que podríamos considerar los sectores urbanos emergentes. Los grandes empresarios y los principales liderazgos sindicales tramitaban directamente con el Ejecutivo la obtención de privilegios bajo un esquema absolutamente corporativo y excluyente del resto de la población.

Recuerdo alguna conversación a principios de los noventa con Angélica Luna Parra que entonces colaboraba con Silvia Hernández en ese entonces líder del sector popular del PRI, donde le comenté que la división sectorial del Partido estaba siendo rebasada por el surgimiento de agendas de grupos de población como el de las mujeres, los jóvenes, la infancia, las personas con discapacidad y que el Partido tendría que actualizarse. Ya para entonces las mujeres priistas intentaban tener una representación específica de su agenda y liberarse de las imposición de liderazgos provenientes de los sectores del partido como fue el caso de Hilda Anderson impuesta por el sector obrero y una de las mujeres más opuestas a las reivindicaciones feministas.

Comentarios de Clara Jusidman Rapoport al Cuaderno de Transparencia Núm. 19 del IFAI.

Derechos Humanos, DESC, Salud

El acceso a la información en la sociedad de consumo: de la comida chatarra a los productos milagro. Autor: Alejandro Calvillo UNNA

El Cuaderno de Transparencia que hoy se presenta, elaborado por Alejandro Calvillo Unna es un texto muy claro, bien estructurado y de una gran calidad didáctica que introduce al lector en los vericuetos y alianzas bajo las que operan las grandes empresas de alimentos industrializados y las comercializadoras de productos milagro en nuestro país. Muestra asimismo las insuficiencias, omisiones y complicidades de las autoridades que conllevan al sistemático engaño hacia los consumidores, vulnerando su derechos al nivel más alto de salud y a la información.

El autor describe de manera clara y contundente como la actuación de estos agentes económicos provoca efectos nocivos en la salud de los mexicanos e induce grandes cambios en la cultura alimentaria nacional que se inician con un condicionamiento y desarrollo de hábitos, preferencias e incluso adicciones, en la infancia mediante la publicidad tramposa que utiliza premios y regalos y crea vínculos afectivos de los niños con las marcas mediante el uso de personajes reales y ficticios.

No es gratuito señala Calvillo que nuestro país ocupe el primer lugar mundial en materia de obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer -y yo agregaría el creciente número de alergias- están relacionadas con el consumo de alimentos procesados con elevados contenidos de azucares libres, sal, grasa saturadas y ácidos grasos de tipo trans.

El texto adopta como eje conductor de su exposición el derecho a la información de los consumidores en México e incluye una gran cantidad de ejemplos concretos tanto del país como de otros lugares y de organismos internacionales involucrados en la salud y la alimentación.

En ese propósito se analiza la importancia de la disponibilidad de información mediante el etiquetado de los productos para que las personas tomen decisiones adecuadas; el desarrollo de legislación y de normas para que los productores tengan información sobre los parámetros a los que deberán apegar sus procesos de producción y su publicidad, supuestamente para evitar daño a las personas e informarlas adecuadamente; aborda también el importante campo de la publicidad tomado como un importante mecanismo de divulgación de información.

Destaca el uso distorsionado y obscuro de información que hacen los productores en etiquetas y publicidad para inducir al consumo de alimentos procesados y de productos milagro y la insuficiencia de la legislación y de las autoridades regulatorias para modificar conductas reiteradas que claramente atentan contra el bienestar de las personas. Muestra como legislación “sin dientes” por lo bajo de sus multas, permite esas conductas violatorias reiteradas y al fin, la burla a las autoridades y a la población.

Podríamos decir que el autor prueba como la disponibilidad de información sobre los productos procesados que comemos a diario es no sólo insuficiente e inaccesible, sino incluso mentirosa, atribuyendo a los productos promocionados beneficios al consumidor que nunca se demuestran. Utiliza para ello los ejemplos de los jugos y de los panes integrales, dos productos que se publicitan y se han incorporado a los hábitos alimentarios como saludables y convenientes, siendo que en realidad están llenos de azúcares y de harinas refinadas y resultan altamente riesgosos. El caso de las margarinas que son el mejor ejemplo de los ácidos grasos de tipo trans, representa otro de los grandes mitos sobre alimentos saludables mencionados por el autor. No se digan los productos milagro a través de cuya venta Genoma Lab una empresa mexicana, ya está vendiendo abalorios en 14 países.

El texto publicado por el IFAI es un testimonio muy bien sustentado sobre los trágicos resultados en la salud de los mexicanos de la reforma neoliberal de Estado iniciada a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Esta reforma se confrontó en los ochenta con las instituciones y programas construidos durante la vigencia en nuestro país del inconcluso Estado de Bienestar, protagónico y proveedor. Se consolidó en la década de los noventa con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y fue asumida y profundizada por los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.

Desde la mirada que nos ofrece el autor sobre el acceso a la información en la sociedad de consumo con énfasis en alimentos procesados y en productos milagro se puede documentar lo que ha venido ocurriendo en muchos otros sectores de la economía real del país y las consecuencias de las reformas neoliberales en el bienestar de la población.

Queda clara la forma como se han venido articulando la alianza entre los intereses económicos de las grandes empresas de alimentos procesados y comercializadoras de productos milagro con las empresas televisoras y de publicidad, donde el Estado incluyendo al Congreso, a las autoridades de economía y en menor medida a las de salud y educación han sido en el mejor de los casos omisas y complacientes, pero con mayor frecuencia cómplices, en tanto que los ciudadanos hemos mostrado una sistemática incapacidad para organizarnos y ejercer nuestro poder como consumidores.

La avidez y la codicia insaciables de los grandes intereses económicos se juntan con la irresponsabilidad, corrupción e ineficacia de muchos servidores públicos y legisladores, frente a la pasividad y el desinterés de la población.

La crisis de obesidad, sobrepeso y agregaría malnutrición, que hoy enfrentamos y que de acuerdo al Dr. Calvillo tiene a las autoridades de salud en una situación crítica que se prevé empeore en los próximos años, es una ejemplo de lo que podríamos llamar violencia estructural construida y ejercida por las élites económicas y políticas del país a lo largo de muchas décadas en una sociedad profundamente desigual, donde incluso las asimetrías entre productores se hacen evidentes.

Sin estridencias el Cuaderno de transparencia que hoy presentamos muestra con gran claridad los mecanismos y procesos mediante los cuales a través de la información, las grandes empresas de alimentos procesados y las comercializadoras de productos milagro colocan el interés de la ganancia por encima de la salud de las personas y como el Estado ha sido anuente a esta situación.

El ejemplo que relata el autor sobre la Ley Federal de Metrología y Normalización promulgada en 1992 en el Gobierno de Carlos Salinas en los años previos a la firma del TLC y la institucionalidad que derivó de su instrumentación, es emblemático de esto que estoy denominando la reforma neoliberal de Estado. En síntesis condujo a que los regulados fueran los que definieran los términos de la regulación, es decir, la iglesia en manos de Lutero.

En la década previa la Secretaría de Comercio y recuerdo muy bien a la entonces directora de normas, Consuelo Sáez, desarrolló un enorme esfuerzo para meter orden en el desarrollo de normas técnicas para la regulación de la producción, procesamiento y comercialización de diversos productos industriales. Me tocó participar como directora del desparecido Instituto Nacional del Consumidor.

El esfuerzo que estaba haciendo Consuelo era tratar por una parte, de acabar con las asimetrías en el desarrollo de normas debida a la presencia en los comités respectivos de representantes de las grandes empresas trasnacionales. Estos representantes estaban más interesados en introducir estándares de producción en las normas que llevaran a la salida del mercado de sus competidores nacionales medianos y pequeños.

El esfuerzo desde la Secretaria de Comercio trataba también de recuperar el protagonismo y la responsabilidad del Estado como ente regulador y promover con ello la protección de los consumidores. Fue la época en que se introdujeron las normas ISO-9000.

Este enorme esfuerzo fue tirado por la borda cuando tres de los cuatro jinetes de la apocalipsis neoliberal: Carlos Salinas, Pedro Aspe y José Córdova, lograron apoderarse de la presidencia de la República y bajo el pretexto de la negociación del TLC se empeñaron con éxito en destruir, desarticular y reducir a su mínima expresión al Estado mexicano y dentro de ello, sus ya de por si precarias capacidades y responsabilidades de regulación de las relaciones entre lo que ahora se llama actores no estatales. Estas intervenciones de regulación eran consideradas por esos personajes como hasta la fecha ocurre, obstáculos para la libertad de los mercados cuya mano invisible se encargaría de poner todas las cosas en su lugar.

De este modo se revirtieron los esfuerzos en materia de normatividad de la década de los ochenta y los comités correspondientes fueron entregados a los grandes intereses económicos que siempre han obstaculizado todo esfuerzo por meterlos en cintura y moderar sus enormes ganancias, ejerciendo el cohecho, las amenazas y las represalias a los servidores públicos,

Aura bien, el autor concentra su análisis sobre el acceso a la información en un tramo de la cadena alimentaria, fundamentalmente el de procesamiento o industrialización de alimentos; posiblemente la opacidad informativa es aún mayor en otros tramos de la misma cadena donde hasta la fecha no hemos desarrollado suficientemente las obligaciones y las modalidades para que los productores y los comerciantes nos alleguen información a los consumidores.

Así muchos de los que consideraríamos alimentos naturales, no procesados, están siendo producidos con la intervención de sustancias y procesos fisicoquímicos que provocan alteraciones en su calidad y contenido. Desde la aplicación de la ingeniería genética en la producción de semillas transgénicas, pasando por la utilización de fertilizantes y agroquímicos, hormonas, antibióticos, colorantes y alimentos industrializados para producir granos, frutas, vegetales, carnes y pescados, los métodos naturales de cultivo y producción de alimentos han sido sustituidos por modelos industriales de producción masiva y controlada que alteran a veces, muy fuertemente, la calidad y naturaleza del producto final.

Hasta la fecha no he visto una etiqueta en un pollo extrañamente amarillo que me explique que le dieron de comer, que medicamentos le aplicaron y como lo estresaron para que tuviera ese tamaño y ese color. Ni tampoco encuentro que en los empaques de barbero o de blanco del Nilo me aclaren qué alimentos les dieron al ser cultivados y que medicamentos pusieron en los estanques. Pero sería aún mejor si me informaran de los riesgos que corro como consumidor vía la ingesta indirecta de hormonas, antibióticos, colorantes, plaguicidas, etc.

Otras cajas negras respecto de la información que recibimos como consumidores, son los tramos de distribución y comercialización de alimentos y el de elaboración y venta de alimentos preparados. Pensamos inocentemente que o los productores y comercializadores son lo suficiente inteligentes como para no envenenarnos de manera rápida, aunque lo hacen de manera lenta y sostenida, o que las autoridades regulatorias agroalimentarias y sanitarias funcionan eficientemente evitando riesgos para la población.

Para terminar reconozco y agradezco al IFAI y al Dr. Calvillo el esfuerzo que hacen en este Cuaderno de transparencia número 19 al proporcionarnos elementos sobre un ámbito tan importante del derecho a la información como es el que se relaciona con aquello que ingerimos todos los días.

Les agradezco también la invitación porque me hizo recordar los tiempos en que como funcionaria pública me dediqué a construir institucionalidad y desarrollar capacidades en lo público para lograr una mejor protección de los derechos de los consumidores en nuestro país, particularmente en materia de alimentos. He sido testigo a lo largo de los años de la destrucción de políticas, programas e instituciones relacionadas con la alimentación de los mexicanos considerada ésta no como una dádiva derivada de programas asistenciales sino como uno de nuestros derechos humanos.

 

Las consecuencias sociales del poder de las televisoras en México

Medio de comunicación, Temas varios

Me da mucho gusto participar en este evento para conformar LA COALICIÓN CIUDADANA DEMOCRACIA Y MEDIOS: La telecracia no es democracia, una convocatoria de AMEDI para que un mayor número de personas y organizaciones exijamos a la clase política que controla los poderes del Estado que se libere de la subordinación, extorsión y amenazas del duopolio televisivo, lleve a cabo un cambio de política pública en materia de telecomunicaciones y promulgue las leyes que amplíen el acceso de otros actores a los servicios de radio y televisión, reconozcan y fortalezcan los medios públicos y comunitarios y regulen el funcionamiento del sector de telecomunicaciones en beneficio de todos los mexicanos.

Se trata también de mostrar a las poderosas empresas televisoras que la ciudadanía está harta de los daños que causan, de las enormes ganancias que obtienen y del poder de hecho que detentan. La democracia en el país se encuentra obstaculizada por la concentración de los medios de comunicación, por la pésima calidad de sus contenidos y por las limitaciones que imponen a la expresión y al encuentro de la diversidad social, económica, étnica, generacional y territorial.

 

 

En este contexto quisiera usar mi intervención para contar brevemente un episodio de esta vieja lucha por la democratización de los medios de comunicación, conocido por muchos de los presentes, pero me parece útil recordarlo por el momento de la historia del cambio democrático en que tuvo lugar. Quiero también señalar las consecuencias sociales que derivan del poder del duopolio televisivo y del enorme daño que causa a nuestra convivencia.

Hace diez años en 2002, un grupo de organizaciones civiles, expertos y académicos nos avocamos a desarrollar una propuesta del Ley de Radio y Televisión conscientes de que para los partidos políticos resultaba muy difícil hacer y promover una propuesta de democratización de los mismos por la subordinación que tenían y siguen teniendo respecto del duopolio televisivo, y que podría resumirse en algo así como “enfrentárseles es suicidarse políticamente”.

Reconocíamos además que ni la Secretaría de Gobernación entonces a cargo de Santiago Creel, ni la presidencia de la República tenían un compromiso verdadero con la transición democrática del país y que no se esforzarían por promover las reformas de Estado tan necesarias para desarmar la institucionalidad del régimen autoritario que vivimos por setenta años.

 

 

Las mesas para la reforma del Estado montadas por la SEGOB después de la entrada del PAN a la presidencia, no eran más que simulaciones para mediatizar los ánimos democratizadores que motivaban a muchas organizaciones y personas. Pero la señal de que todo había cambiado para quedar peor como hemos visto en estos doce años, fue el famoso beso de Martha Sahagún a Bernardo Gómez alto funcionario de TELEVISA después del acuerdo donde el Estado Mexicano cedía a las televisoras tiempos de Estado que servían para difundir información del sector público.

Lamentablemente y contra todo lo esperado, los gobiernos panistas poco han hecho para que la democracia sea percibida por los mexicanos como un mejor régimen político y además, nos han conducido a una situación de emergencia nacional por vía de la guerra declarada contra el narcotráfico.

A pesar del esfuerzo realizado por cuatro senadores Corral, Bartlett, Vicencio y ………. para promover una reforma legislativa que democratizara los medios de comunicación, la poderosa telebancada encabezada por Emilio Gamboa en el Senado de la República, la negativa de la fracción del PRI para apoyar la nueva legislación, la tibieza del Poder Ejecutivo y la sistemática presión, amenaza y extorsión que ejercen las empresas televisoras sobre legisladores y servidores públicos, condujo en 2005 a la aprobación de una contrareforma en materia de radio y televisión diseñada desde el área jurídica de Televisa.

 

 

De entonces a la fecha los beneficios del gobierno hacia las empresas televisoras han continuado avanzando y a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia para modificar varios artículos de la Ley Televisa, el Congreso ha sido omiso. Fuera de la reforma electoral del 2007-2008, el Congreso ha sido anuente al aumento del poder de las televisoras.

Sé que este es sólo un pequeño y conocido fragmento de una histórica batalla y que antes y después ha habido diversos esfuerzos para acabar con ese enorme poder de hecho. El papel de AMEDI ha sido fundamental en este propósito en los últimos años.

A estas alturas de nuestra frustrada democracia, como consecuencia de las omisiones, la corrupción, el miedo y la subordinación del gobierno federal y de las cúpulas y fracciones partidarias tenemos un engendro imparable que violenta impunemente las leyes. Utiliza a sus ejércitos de abogados para destruir vidas, arrebatar propiedades y cometer fraudes financieros como lo ha hecho el Sr. Ricardo Salinas, ejemplo de la mala ética privada en el país, o que como es el caso de TELEVISA construye y promueve candidatos a la presidencia del país, tiene capturadas diversas áreas del Estado y concentra y controla el negocio del deporte y del entretenimiento y con ello la vida y destino de miles de personas que se ocupan en estos sectores.

Pero lo que quisiera destacar en esta intervención es el enorme costo social que para el país ha significado la concentración privada de los medios de comunicación electrónica por más de cincuenta años.

Estoy convencida que muchos de los síntomas graves de esto que estamos llamando emergencia nacional tienen que ver con construcciones históricas perversas que como sociedad hemos tolerado y dejado que ocurran y que además se han acelerado a partir del modelo de liberación del mercado y reducción del Estado, vigente en el país desde hace 30 años.

En esas construcciones históricas perversas los medios electrónicos han contribuido de manera destacada. Son causa eficiente de la obesidad y malnutrición, de la normalización de la violencia, de la ruptura de tejido social y la creciente individuación y del consumismo como forma de realización personal.

Los medios de comunicación junto con las familias, la escuela y los grupos de pares son los agentes de socialización de las personas. Son agentes que transmiten la cultura a los nuevos seres humanos que se incorporan a las sociedades: influyen en la alimentación, en la forma de hablar y decir las cosas, en la forma de resolver los conflictos, en los modelos de cortejo y relación con otros, en la forma de relacionarnos con el medio ambiente, entre otras muchas cosas.

Los medios son una herramienta fundamental de la cultura y la civilización actual y es para México una verdadera desgracia que paulatinamente hayan quedado en las manos de empresarios privados cuya calidad moral es muy cuestionable y que los gobiernos y los poderes legislativos hayan renunciado a su función reguladora y a su obligación de proteger los derechos de todos y todas frente a las intervenciones de terceros.

Los medios electrónicos no están interesados ni comprometidos con la formación de seres humanos dignos, responsables, conscientes, críticos. Su objetivo es convertirnos a todos en consumidores acríticos.

Al hacer uso de los conocimientos más actualizados de la psicología nos colocan modelos aspiracionales de consumo, de comportamiento y nos proponen ídolos. Ellos nos establecen el deber ser y alimentan con ello las conductas violentas para alcanzar esos modelos, ante una sociedad tan profundamente desigual y excluyente como la nuestra.

Para la sociedad mexicana representa una alto costo y tiene consecuencias graves las miles de horas que los niños, las niñas y los adolescentes pasan frente a las llamadas “cajas idiotas” con una programación insulsa, de pésima calidad y malintencionada para convertirlos en consumidores desde pequeños y en votantes dóciles de adultos.

 

Construyamos la Coalición Cuidadana Democracia y Medios y demos la bienvenida a esta lucha al movimiento de los jóvenes universitarios. Harían una enorme contribución a la historia de este país si lograran la ruptura del duopolio privado de los medios de comunicación, obligando a los poderes del Estado mexicano a cumplir sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos de todas y todos y entre ellos el derecho al acceso al conocimiento y a los desarrollos tecnológicos y científicos más actualizados. el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.

 

Trabajemos juntos contra la naturalización o normalización de la violencia y la cultura de guerra desde la sociedad civil con acciones directas y con incidencia en políticas públicas.

Violencias

 

Se recomienda leer uno de los cuentos de Doris Lessing Premio nobel de Literatura en su libro Las abuelas. Cómo en forma sutil se puede pasar de una civilización floreciente respetuosa de las personas y la paz a una sociedad de guerra.

Expertos señalan que tardaremos dos generaciones en cambiar la cultura de la violencia; ello si las élites se percatan de la catástrofe humana que estamos viviendo y se deciden a tomar medidas para revertirla.

Estamos en un contexto de:

  1. Corrupción, impunidad-ausencia de Estado de Derecho y de rendición de cuentas
  2. Mercado internacional de drogas y armas
  3. Presencia de poderes fácticos económicos, sociales y políticos
  4. Creciente individualización moral
  5. Ruptura de tejidos sociales que han sido resultado de una construcción lenta e histórica, su destrucción se ve acelerada por la elevada movilidad de las poblaciones consecuencia de la modernidad y de la economía global, de la pobreza y de la carencia de oportunidades en sus comunidades.

Agentes y procesos que influyen en la socialización de los seres humanos:

  1. Las familias
  2. Las escuelas
  3. Pares y comunidades de trabajo
  4. Medios de comunicación
  5. Entorno y proceso urbano

Estos agentes y procesos desarrollan y/o consolidan en las personas valores, actitudes, comportamientos y creencias.

Socialización en la cultura de la violencia

Familia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pares y comunidades de trabajo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto proceso urbano

 

 

 Papel que juega:

Aprendizaje de la forma de resolver conflictos y tomar decisiones

Afectos primarios

Construcción de la identidad

Valores, creencias, actitudes y comportamientos.

Violencia doméstica entre sexos y generaciones

 

Papel que juega:

Aprendizaje de la convivencia con pares y adultos externos.

Aprendizaje a partir de las conductas del maestro de valores, comportamientos

Manejo de grupo por los maestros: participación vs silencio; autoritarismo, represión; sumisión, miedo Bulling

 

Papel que juegan:

Aprendizaje de formas de relacionarse con otros del grupo y externos

De formas de toma de decisiones: democráticas o autoritarias

Amistades y afectos no de familia

Depende del objetivo y el liderazgo del grupo si es una influencia positiva o negativa.

(amigos-enemigos: parejas)

Relaciones asimétricas de poder: jefe-subordinado; líder-miembro de pandilla o banda.

Crueldad, maltrato, discriminación y destrucción de los ‘otros’

Acoso sexual

 

Influyen en:

Formación de hábitos de consumo, de estereotipos y de referentes.

Creencias, valores, actitudes y comportamientos

Lenguaje

Actitudes discriminatorias

Alientan la individuación

Violencia visual: guerra, conflictos domésticos y entre personas, maltrato, asesinatos, muertes, etc.

Construyen y normalizan la cultura de la violencia

 

 

Contribuye a generar en las personas:

Identidad

Mecanismos de defensa y sobrevivencia

Conciencia de clase o estrato socioeconómico

Violencia urbana: barrial, vial, corrupción, impunidad, discriminación, desigualdad

 

La sociedad civil organizada en México es relativamente pequeña; sin recursos; diversa; desarticulada por la diversidad de agendas, de protagonismos y de liderazgos; de bajo impacto social.

Creativa, constructora de colectividad, comprometida, solidaria

Posibles intervenciones o campos de trabajo desde la sociedad civil organizada para la construcción de una cultura de paz.

Familias

  1. Educación en resolución pacífica de conflictos
  2. En modelos democráticos de toma de decisiones
  3. En reconocimiento y respeto a derechos de sexos y generaciones
  4. En establecimiento de límites, responsabilidades y penas a trasgresiones. Cultura de la legalidad
  5. En modalidades de crianza para el afecto y el desarrollo de la infancia
  6. Alentar la lactancia materna al menos por ocho meses

Escuela

  1. Formación de maestros en:
  • Técnicas de resolución de conflictos
  • Democracia en el aula
  • Acompañamiento a estudiantes con problemas y conflictos (psicólogos) o creación de servicios de apoyo psicoemocional en las escuelas.
  • Sistema de límites, responsabilidades y sanciones (cultura de la legalidad)
  1. Reinserción escolar de desertores
  2. Becas escolares
  3. Servicios de estancias y atención extraescolar
  4. Extensión de horarios con actividades creativas y de recreación y formación de ciudadanía
  5. Involucrar a los padres en actividades recreativas y deportivas con los hijos y en la vida de las escuelas.
  6. Uso de los espacios educativos para el encuentro de familias y comunidad en los fines de semana

Pares y comunidades de trabajo

  1. Trabajo comunitario con jóvenes y adolescentes (arte y cultura, educación sexual, solución pacífica de conflictos, adicciones y resiliencia)
  2. Trabajo interbarrial de encuentros y construcción de solidaridades y tejido social
  3. Opciones de educación, capacitación y empleo
  4. Actividades de recreación y encuentro entre las familias de la comunidad de trabajo
  5. Desarrollo de estructuras de participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa.

Medios de comunicación

  1. Concertar revisión de contenidos violentos de la programación
  2. Formación de conductores, artistas y deportistas como referentes positivos para los jóvenes.
  3. Matizar su rol de jueces sin consecuencias
  4. Sistema de premios y reconocimientos a labores contra la cultura de la violencia y en favor de una cultura de paz.
  5. Fijación de estándares y difusión de buenas prácticas en medios de comunicación.

Entorno urbano

  1. Recuperación del espacio público para asegurar la presencia de la diversidad y alentar el encuentro y el diálogo con promotores de diverso origen: público, social, empresarial, debidamente capacitados (SECOI)
  2. Reordenamiento urbano para reconstrucción de tejido social (mezcla de usos, movilidad y accesibilidad, humanizar las ciudades)
  3. Promover una agenda para cambiar y actualizar la institucionalidad municipal y asesoramiento y trabajo con presidencias municipales
  4. Programas de cultura urbana (campañas de paz, de cultura urbana de respecto y paz, de acercamiento vecinal, de respeto a la ciudad, etc.)
  5. Diálogo y sensibilización a los actores que influyen en la construcción del espacio urbano (empresas inmobiliarias, autoridades, empresarios, dueños de la tierra, etc.)
  6. Utilización de los terrenos baldíos para ocuparse o para fines de la comunidad
  7. Alentar y apoyar formas distintas al automóvil con un pasajero para moverse en la ciudad (organización de caminatas, calles sólo para peatones, ciclopistas, uso colectivo de los automóviles, cierre de ingreso de autos a determinadas zonas de las ciudades, mejoramiento en la calidad del transporte público)

Es necesario deconstruir el creciente individualismo, materialismo, la competencia destructiva y la cultura de la violencia.

Hay que trabajar en la reconstrucción de la solidaridad, el tejido social, la responsabilidad compartida y la identidad nacional y territorial y en posicionar una cultura de paz.