Reunión de Evaluación de la política de equidad de género en los ámbitos federal y estatal.

INMUJERES-COLEF

Gracias por la invitación al Colef y al Inmujeres. Me permite revisar el tema, lo cual me ocurre periódicamente y actualizarme en materia de políticas de género.

Centrada más en el análisis y la promoción de los DESCA y en el análisis de la construcción económica, social y cultural de la violencia social y de género en las ciudades, a partir del estudios sobre la Realidad Social de Juárez que hicimos desde Incide Social en colaboración con el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social de esa ciudad y que publicó la UACJ en 2007 y que ahora estamos utilizando como metodología para analizar lo que ocurre en otras cinco ciudades y actualizando la investigación de Juárez.

Generalmente me he dedicado a los diagnósticos sociales y al diseño y ejecución de programas, el campo de la evaluación de políticas públicas no es mi fuerte y mi comentario en esta reunión  plantea algunas dudas sobre la situación actual de las políticas de género en los gobiernos federal y estatales que refieren más a una evaluación más macro de sus efectos y efectividad.

Intereses prácticos e intereses estratégicos

Parto de reconocer que algunas tendencias en la evolución de diversos indicadores de avance en la condición de las mujeres y en la igualdad de género, traen una inercia derivada de intervenciones públicas que se han realizado a lo largos ya de varios años y que resultan de procesos, desarrollos institucionales e inversiones realizados en distintos momentos.

Con frecuencia la evolución de esos indicadores, se relacionan con avances generales de políticas sociales dirigidas a mejorar en el nivel de vida de la población y que permiten la ampliación de coberturas para incorporar poblaciones marginadas o previamente desprotegidas, entre las que su ubicaron por siglos las mujeres.

Atienden principalmente a los intereses prácticos de las mujeres que se relacionan a necesidades inmediatas vinculadas a las carencias o insuficiencias de servicios y bienes materiales básicos y que fueron el gatillo para desatar la participación de las mujeres en la vida pública; acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al crédito, a la tierra, al ingreso. En estas materias no existe conflicto y hay un reconocimiento amplio de los derechos de las mujeres. Persisten sin embargo, brechas entre hombres y mujeres en el acceso y los niveles de cobertura y protección  y la desigualdad entre mujeres de distintos estratos sociales y ubicaciones territoriales se convierte en un tema central  de preocupación.

Sin embargo, el centro de las preocupaciones actuales en materia de políticas de género se ubica en el campo de las necesidades estratégicas que refieren al reconocimiento y toma de conciencia de la posición de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad. Se trata de la transformación de las relaciones sociales de género y  la consecución  de libertad, igualdad real, construcción de autoestima y de empoderamiento. Son temas como:

Abolición de la división sexual del trabajo

Disminución de la carga doméstica

Eliminación de  la discriminación

Políticas de igualdad y libertad

Reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos

Medidas contra la violencia y el control masculino sobre las mujeres

Participación en las estructuras de toma de decisiones

En el campo de los intereses estratégicos los avances son más difíciles pues cuestionan las bases mismas de las relaciones de poder que sostienen a las sociedades androcéntricas. Son también las materias en las que existe mayor conflicto y tensión y en las que suelen ocurrir retrocesos como vimos en sociedades como Irán y Egipto, por ejemplo, particularmente cuando persisten estructuras de poder religioso arraigadas y muy presentes y las sociedades no se han secularizado suficientemente.

En materia de intereses estratégicos la evolución de los indicadores de avance no suele ser lineal y progresiva. Se pueden presentar rupturas en las tendencias, tanto en sentido positivo como negativo. Por ejemplo, debemos estar atentos a un posible retroceso en los índices de mortalidad materna ante las modificaciones en las constituciones de los estados respecto del derecho a la vida, las hemos observado anteriormente en materia de cobertura del uso de métodos de anticoncepción, ante la reducción de su acceso y disponibilidad en las instituciones de salud de algunos estados.

Es decir, si bien amplios sectores de las mujeres permanecen en condiciones graves de pobreza, estas condiciones también la padecen millones de varones y al avanzar en su superación, es posible que las mujeres también se beneficien.

No es así en las disputas por el poder político o por el control del cuerpo y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, o la eliminación de la violencia de género. Se trata de retos más complejos, enraizados en la cultura y que significan sesiones de espacios de control y poder.

Ubicando así desde mi personal óptica, el reto actual de las políticas de género, plantearía algunos interrogantes que podrían ser objeto de evaluación:

1.- ¿En qué medida estamos desarrollando y aplicando políticas gubernamentales de igualdad de género y no realmente políticas públicas? Es decir políticas que deriven del diálogo y la participación de mujeres y hombres en todo su ciclo de desarrollo; participación que tenga en cuenta la diversidad territorial y de situación social, étnica, religiosa. ¿Cuáles son y cómo funcionan los mecanismos de participación que permiten decir que efectivamente se están aplicando políticas públicas?

2.- ¿En que medida estamos impulsando políticas hacia las mujeres, más que políticas de igualdad de género donde se incida sobre los dos componentes de las relaciones asimétricas: hombres y mujeres? y cómo consecuencia de ello ¿tenemos evaluaciones de la forma en que los hombres están asumiendo y procesando los cambios  como para garantizar que a la vuelta del tiempo, no se retorne a las situaciones asimétricas de origen en las relaciones de poder?

3.- ¿Cuánto están las políticas de género incidiendo en las estructuras y el funcionamiento de las instituciones que fueron construidas bajo una lógica de asimetría del poder entre hombres y mujeres o de determinados roles de género? Por ejemplo, las reglas de funcionamiento del mundo del trabajo, de las instituciones que prestan servicios públicos, de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, de las instituciones del Estado: poder legislativo, poderes ejecutivos y judiciales (carrera judicial dedicatoria y disponibilidad absoluta) ¿Se tiene una reflexión y propuestas de modificación de la arquitectura institucional de los poderes del Estado con perspectiva de género?

4.- ¿Existe una estrategia consistente y mecanismos efectivos que articulen o alinien las intervenciones de distintas agencias gubernamentales y de los distintos niveles de gobierno bajo objetivos compartidos, generando sinergias? ¿O se trata de una miríada de intervenciones o programas llevados a cabo por muchas agencias, con muy pocos recursos, sin revisión de experiencias previas o de otros y por tanto, con poca efectividad e incluso, con riesgo de que se anulen entre sí o se dupliquen?

5.- ¿Cuántas personas en el territorio conocen efectivamente la posibilidad de acceder y los requisitos para hacerlo, a los distintos programas y servicios?¿Existen indicadores de accesibilidad, disponibilidad, calidad y asequibilidad de los servicios y la oferta que significan muchos de los programas?

6.- ¿Existen definiciones claras a partir de mediciones y proyecciones sobre las necesidades de ampliación de coberturas? Pienso por ejemplo, en servicios accesibles de atención psicológica, jurídica, económica, de refugio frente a la violencia de género; servicios de salud; estancias y guarderías; transporte especializado, etc.;

7.- Es frecuente que las políticas en materia de equidad de género se traduzcan en el desarrollo de leyes, normas y la creación de instituciones, y que el progreso en la igualdad de género se mida por el número de normas, leyes e instituciones que se han establecido y dictado ¿Antes de aprobarlas o de echarlas a andar se calcula su costo de implementación (personal, instalaciones, equipamiento, acuerdos de colaboración, etc,)?¿Se asegura que se hubiese llevado a cabo la revisión de experiencias previas nacionales o al nivel local o internacional como para tener mayor seguridad de que la política o programa adoptado tiene mayores posibilidades de éxito respecto del objetivo deseado?

8.- En el mismo sentido ¿Las evaluaciones que se realizan de programas públicos por ejemplo, revisan en qué medida la construcción de los mismos tomó en cuenta lecciones aprendidas de otros programas o políticas similares, o experiencias del sector social o privado como para reducir la extensión y el costo de la curva de aprendizaje? Con frecuencia las agencias y los nuevos funcionarios repiten intervenciones sin consultar esas experiencias y caen o repiten errores e incurren en costos.

9.- ¿Se han cancelado programas cuando las evaluaciones hacen evidente que no cumple con los propósitos que se fijo, o está muy mal montado u operado, o genera efectos secundarios no esperados e inconvenientes? ¿Hay efectos vinculatorios de las evaluaciones para los ejecutores de los programas?

10.- ¿Se cuenta con metodologías de evaluación que nos permitan efectivamente saber si los miles de cursos y talleres de sensibilización en materia de género que se dan a los servidores públicos, provocan algún cambio en sus conductas o ya hay metodologías de sensibilización con mayor seguridad de impacto?

11.- ¿Existen en alguna parte montados mecanismos que vayan haciendo prospectiva en materia de relaciones de género y de las nuevas problemáticas emergentes ante los cambios sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales que se están dando? Por ejemplo: efectos diferenciados de catástrofes naturales y humanas; cambios en las cargas familiares por el envejecimiento poblacional; modificaciones en  las estructuras de solidaridad familiar y reproducción y crianza ante la movilidad territorial en aumento de miembros de las familias. Ello como para ir haciendo prevención y mitigar la profundización de asimetrías, el aumento de las cargas de trabajo y las responsabilidades de las mujeres.

12.- ¿Se han aplicado evaluaciones del efecto que tiene la narcocultura y la creciente violencia social en las libertades y los derechos de las mujeres y en las asimetrías de géneros, más allá del reconocimiento de su condición de víctimas directas de la violencia?

Agradezco al PNUD y a la Secretaría Presidencial de la Mujer la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la relación entre política económica y género, relación que hasta recientemente, se ha venido incorporando en el debate sobre equidad de género.

Como algunos y algunas recordarán las mujeres iniciaron desde principios de siglo una lucha por alcanzar sus derechos politicos: poder votar y poder ser elegidas. Tomó muchos años lograrlo y generalizarlo en la mayoría de los países del mundo.  En Canadá por ejemplo, se logró hasta 1940, en Guatemala en 1946, en Honduras y Nicaragua en 1955. En México no fue sino hasta 1953 cuando se otorgó el derecho al voto de las mujeres, y recientemente se aprobaron modificaciones al Código Electoral que obligan a los partidos políticos a que al menos un 30% de sus candidaturas sean ocupadas por mujeres.

En los años setentas la demanda de las mujeres mujeres se centró en la idea de defender su derecho a “ser incorporadas al desarrollo” lo que significaba  acceder a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al empleo.  Estas reivindicaciones fueron seguidas por una etapa que aún no termina, en defensa de los derechos reproductivos y al control de la sexualidad.  Se abrió entonces la puerta del closset que ocultaba la violencia doméstica en el mundo de lo privado y se generaron leyes y mecanismos para sancionar a los perpetradores y se han ido creando las instituciones para detectar, prevenir y atender esa problemática.

En la conferencia de Pekin de 1995 surgieron nuevos temas de interés para las mujeres: el acceso al poder y a la toma de decisiones en el espacio público; el respeto a los derechos humanos de las mujeres; la protección de las mujeres productoras de alimentos y de las mujeres niñas, índigenas, migrantes y refugiadas; la protección de las mujeres en situaciones de conflicto armado; los derechos de las mujeres empresarias, el efecto de la pobreza en las mujeres, etc. Además de temas más tradicionales sobre acceso a la salud, a la educación al empleo y a la remuneración en condiciones de equidad.

Más recientemente han venido introduciéndose en las mesas de discusión,  lentamente por la falta de mujeres especializadas en economía y equidad de género, los temas económicos que hasta ahora sólo habían sido tratados mediante el analísis de las modalidades de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo.  Son abundantes ya los estudios que muestran la segmentación de esos mercados por sexo, las diferencias salariales en trabajos iguales, las barreras en el acceso al empleo como son las pruebas de no embarazo, la ubicación proporcionalmente mayor de las mujeres en trabajos precarios mal remunerados y en el sector informal y los problemas de acoso sexual en los lugares de trabajo.

Durante la etapa más dura de los programas de ajuste estructural a mediados de los años ochenta, aparecieron varios  libros publicados por UNICEF que denunciaban cómo de la aplicación de esa combinación de políticas macroeconómicas restrictivas, en todos los países endeudados del mundo, las mayores víctimas  eran los niños, las niñas y las mujeres y pugnaban por un  “Ajuste con Rostro Humano”[1].  Fue una importante llamada de atención que tuvo como consecuencia en los años noventa, la generación de  diversos programas compensatorios para atacar la pobreza, promovidos principalmente por el Banco Mundial, que fueron calificados como las ambulancias destinadas a recoger a las victimas de los programas de ajuste estructural.  Muchas veces, esas ambulancias pasaron de largo a las verdaderas víctimas de los programas de ajuste estructural de los años ochentas, que fueron los grupos de asalaridos del sector formal que en esa etapa perdieron sus empleos y engrosaron las filas de los pobres, bajo la denominación de “nuevos pobres”.

La pregunta que surge ahora de acuerdo a los avances en la teoría de género, que se incorpora en el análisis en America Latina a partir de  los años noventa, es si era posible prevenir y atenuar los efectos diferenciales por sexo y edad, de las medidas de ajuste estructural y sí hubiera sido posible distribuir mejor los costos del ajuste.

Las y los expertos en incorporar perspectiva de género en las políticas de gobierno, contestarian inmediatamente que  si y que ello hubiera hecho menos costosos esos programas, en términos del sufrimiento humano que generaron.

Podríamos considerar los libros de UNICEF como un primer esfuerzo por indagar los efectos diferenciados por sexo y edad de un paquete de medidas macroeconómicas.

Políticas macroeconómicas, transformación productiva y equidad de género.

El primer tema de esta reflexión se refiere a la necesidad urgente de incorporar perspectiva de género en las políticas macroeconómicas como son: la fiscal, la de presupuesto y gasto público, la monetaria, la sectorial económica, la de comercio exterior, la de financiamiento, la de remuneraciones, la de inversiones públicas, etc.

Hasta ahora poco se ha trabajado en procurar que se evalúe respecto de esas políticas ¿cuál es su efecto probable, antes de instrumentarlas, en las relaciones de género? Al menos ¿cuál fué una vez que se han aplicado? Es decir, ¿cómo impactan? o, si ¿impactan diferencialmente, a hombres y mujeres? o; si modifican en algo los sistemas de género, que se refieren a las normas culturales sobre los roles asignados a unos y otras, en una sociedad y época determinada.

Tomemos por ejemplo la política presupuestal.  En esta política se decide qué actividades nuevas del gobierno van a ser apoyadas con recursos, cuáles actividades simplemente se dejarán operar como hasta ese momento, o cuáles otras serán ampliadas y cuáles serán disminuidas. También se toman decisiones entre otras cosas, sobre la contratación o no de empleados públicos y sobre el incremento salarial que se otorgará a éstos.

Supongamos que existe una decisión al más alto nivel, de ampliar la oferta de servicios públicos de educación preescolar. Esta decisión tiene al menos, tres impactos en las relaciones de género: 1. Siginificará un aumento en la demanda de educadoras, que generalmente son mujeres 2. Representa la asunción social de una parte de los costos de la reproducción implicados en la crianza y cuidado de los niños pequeños, lo que significa liberar tiempo de trabajo de las familias y, particularmente de las mujeres, que siguen siendo las responsables principales de esas tareas 3. En tanto no se plantee la obligatoriedad de esa enseñanza, las mujeres podrán optar entre enviar a sus hijos a la escuela o continuar atendiéndolos ellas mismas, es decir, les permite decidir.

Obviamente, la decisión de ampliar esa oferta estará tomada sobre la base de que hay una disponibilidad suficiente de educadoras o bien,  dentro de  la instrumentación del programa, se habrán previsto acciones de formación de este tipo de personal especializado y el tiempo necesario para hacerlo. Si la situación es esta última, incorporando perspectiva de género al programa, se pudiera promover una mayor inclusión de varones en los cursos de formación de educadores, por las ventajas que ello tiene, primero en la ampliación de oportunidades de empleo para hombres jóvenes, segundo en el rompimiento de un estereotipo de género donde decir educadora, es decir mujer, y tercero por las ganancias en los procesos de socialización de los niños y niñas, donde estos podrán ver que tanto hombres como mujeres, participan en actividades de crianza y cuidado.

Respecto del apoyo que esto representa para las familias, liberaría tiempo de trabajo doméstico para destinarlo al trabajo extradoméstico o a cualquier otra cosa, particularmente de las mujeres que siguen siendo las responsables principales de estas tareas. O bién, contribuiría a disminuir la tensión que para muchas mujeres, significa dejar sólos a los niños o a cargo de hermanos mayores, mientras ellas salen a trabajar para completar el ingreso familiar. Desde la óptica económica, es posible que una medida de esa naturaleza aumente la productividad de las mujeres beneficiadas con el servicio que tendrán mayor tranquilidad respecto de la seguridad de sus hijos e hijas.

Otro ejemplo podría surgir de una decisión de no incluir en el presupuesto, un aumento a los salarios de los empleados públicos e incluso en reducir parte de las prestaciones a los mismos. Esto debido a que se prevé una caida en los ingresos fiscales del gobierno en razón de una desaceleración de la economía. Esta decisión seguramente afectará la composición por sexos del empleo público. Es más probable que los varones opten por dejar sus empleos en la administración pública y se decidan a explorar opciones en el sector informal, en tanto que las mujeres permanecerán en un empleo que generalmente significa menores jornadas comparativamente con otros sectores de la economía y por lo tanto, les facilita la combinación con sus tareas domésticas y además, es probable, que les signifique acceso a una guardería para sus hijos. Una situación de este tipo ocurrió con la femenización de los servicios docentes en las universidades mexicanas como resultado del deterioro de los salarios sufridos por los profesores, a partir de la década de los años ochenta.

El efecto de una medida de la naturaleza mencionada, obliga a las familias de los empleados público a repensar la organización del tiempo total de trabajo de que dispone cada una de las familias afectadas. Así, puede llevar a la incorporación al trabajo extradoméstico a mujeres madres jóvenes, cuando el afectado es un trabajador hombre perteneciente a una familia en la etapa inicial del curso de vida familiar, optándose por reducir el tiempo dedicado a la crianza y cuidado de los hijos y a aumentar la venta de trabajo por pago en el mercado, para enfrentar el estancamiento y probable disminución real en el salario del proveedor principal.

Algo similar pasa con una política administrada de salarios hacia la baja para favorecer la competitividad internacional del país: aumenta la oferta de fuerza de trabajo de las familias que deben sostener un mínimo de ingresos para sobrevivir y se reduce el tiempo destinado a la tareas de reproducción doméstica de esa fuerza de trabajo, lo que en última instancia significa una reducción en las tareas de formación de capital humano que realizan directamente las familias y que generalmente, no son reconocidas como tales ni contabilizadas como inversión.

Un tercer ejemplo sería que en el país existiera una gran preocupación por la inflación y se decide a nivel macroeconómico, que los costos de la intermediación del comercio son muy elevados, por existir cadenas de intermediarios muy alargadas, y que es necesario modernizar al sector del comercio de bienes básicos. Se invita a los inversionistas nacionales o a las grandes cadenas transnacionales como Wall- Mart, Carrefour, Auchán, Sams, etc. a que se instalen en el país y compitan con las redes de pequeños comerciantes que, regados por todas partes, venden esos productos a precios relativamente elevados. Los costos para las mujeres en el caso de que  la acción tuviera éxito  serían: pago de pasajes y un costo en tiempos de traslado  para llegar a la gran tienda que seguramente estará más alejada de su vivienda; le demandaría además, contar con un ingreso y capacidad  de almacenaje en su vivienda, que le permita comprar no del diario como suelen hacerlo muchas mujeres de bajos ingresos, sino para varios días, así como efectuar un desembolso inmediato en efectivo. Además tendrán el riesgo, por las estrategias de venta de esas grandes tiendas, de que una parte de su gasto termine destinando a bienes no necesarios, que  son colocados como tentaciones en el camino que debe recorrer, hasta encontrar los bienes básicos. Generalmente, los departamentos de frutas, verduras y carne se colocan en el fondo, en las secciones más alejadas de los grandes almacenes.

En el pequeño comercio ella podía comprar a granel y el tendero le llevaba una cuenta que cubría cada quincena o cada mes, al llegar el ingreso familiar. Sería una decisión de política macro económica a consultar previamente, con las propias mujeres para ver qué les conviene y facilita más el desempeño de su rol de compradoras dentro de la familia, y tal vez, llegar a acuerdos con las grandes tiendas para que vendan también a granel, introduzcan productos que no requieran, refrigeración,  acepten pagos quincenales o mensuales, etc.

Tomemos cualquier otra política macroeconómica que sirva para alentar la transformación productiva del país con miras a entrar a los mercados mundiales: la fiscal, la de comercio exterior, la de inversión pública, la de crédito, por ejemplo. Estas pueden usarse para impulsar el desarrollo de ciertas actividades productivas o desalentar otras. Pongamos que en Guatemala se seleccionaron para ser apoyadas con créditos subsidiados, bajos impuestos, inversiones en infraestructura, etc. las agroindustrias y dentro de ello, la floricultura y la horticultura de exportación; también se decidió apoyar las artesanías no tradicionales con nuevos diseños y facilidades de mercadeo, la explotación de los bosques y el turismo.

Seguramente, se habrán definido las zonas del país con mayor vocación para impulsar estas actividades o en las que se desea por otras razones, promover nuevas actividades productivas. Es muy probable que se esté partiendo del supuesto de la existencia de una  oferta ilimitada de mano de obra disponible para llevar a cabo la instalación y la operación de esas actividades, – y la idea dominante es que ésta es mayor a la que reflejan las tasas de desempleo-, dado que en todos los estudios disponible sobre el mercado de trabajo se menciona que hay desempleo, subempleo y un amplio grupo de trabajadores en el sector informal de la economía. Es decir, un  excedente de mano de obra que estará disponible para trasladarse a las nuevas actividades.

Supongamos que estas actividades fueran las mencionadas. De acuerdo a la cultura laboral en el país, el empleo en ellas absorbe una alta proporción de mujeres, dado que tienen desarrollada la habilidad para hacer tareas fina, que demandan de mucho cuidado, o dedos y manos pequeñas o bien, porque como en el turismo, se trata de actividades en las que participan una alta proporción de mujeres por ser una extensión de sus tareas domésticas: aseo de las habitaciones de hoteles o de las instalaciones, preparado y servicio de alimentos, lavado de la ropería, etc. o en la explotación de los bosques, donde son las principales recolectoras de productos del bosque.

Cuando uno observa las cifras de desempleo femenino de Guatemala para 1999, se encuentra que a diferencia de la mayoría de los países de  América Latina, la tasa de desempleo femenino 1.9 %, es menor a la tasa de desempleo masculino, 3.6%. Esto debe estar motivado, como hipótesis, por el empleo en la maquila y posiblemente, por la migración de mujeres hacia el mercado norteamericano y tal vez, mexicano, de trabajo.  Debe tratarse de mujeres jóvenes y solteras ocupadas en esos mercados.

Si es así, el programa de transformación productiva deberá competir con la maquila y con la migración, ofreciendo mejores condiciones de trabajo o bien, ubicarse en localidades donde se tiene certeza de la disponibilidad de mano de obra femenina dispuesta a incorporarse al trabajo extradoméstico, o bien deberá convocarse a las mujeres casadas, incorporando una programa de guarderías y escuelas de jornada larga. Una tarea no menor es convencer a los hombres y a la comunidad en general, el que acepten el trabajo por pago de las mujeres, pues existen fuertes restricciones impuestas por normas culturales, que determinan un alto nivel de ausentismo y deserción de las mujeres.

Asimismo, se deberían examinar los procesos de trabajo en cada una de esas actividades  y ver en cuáles tareas es posible alentar la ocupación de hombres y de este modo, prever las dinámicas culturales perversas que surgen en zonas con alto empleo femenino y gran desocupación masculina. Tal vez, incluso resultara de utilidad y culturalmente más aceptable que en las nuevas áreas de desarrollo, se combinaran actividades con alta demanda de mano de obra femenina, y otras, que ofrezcan opciones ocupacionales para los hombres.

En el caso de las actividades silvícolas es necesario recordar que muchas familias pobres dependen en gran medida de la recolección de productos naturales para consumo (leña, frutos, forrajes) y venta de toda clase de productos forestales de propiedad común. Las mujeres son las principales recolectoras, preparadoras, secadoras y almacenadoras de esos productos. Además son las que más utilizan los productos forestales para su aplicación a la agricultura y a la cría de animales de traspatio. Diversos productos del bosque como miel, flores, semillas, plantas medicinales, forrajes y frutos silvestres son recogidos por las mujeres para consumo doméstico o venta, con lo que consiguen una importante fuente estacional de alimentos e ingresos. Adicionalmente los bosques ofrecen materia prima para la elaboración de productos artesananles, como los cestos y las esteras.

Con frecuencia los bosques constituyen la única fuente de ingresos monetarios de que pueden disponer las mujeres pobres en ciertas regiones. [2]

Por lo que cualquier transformación de los bosques para convertirlos en explotaciones de naturaleza comercial deberá tener en cuenta el efecto en las familias que dependen de su aprovechamiento y en particular, de las mujeres.

Si una de las propuestas de la transformación productiva es atacar la pobreza en determinadas regiones del país, otro aspecto a cuidar es el destino de las retribuciones recibidas por  a las personas que trabajen en los nuevos desarrollos. Particularmente, en materia de artesanías,  las productoras son las mujeres indígenas y los intermediarios y comerciantes son los hombres o las mujeres ladinas o mestizas, que se quedan con la mayor proporción del producto de la venta. Una típica relación asimétrica de género  e interétnica.

Asimismo, para prevenir que las ganancias acrecentadas de los productores artesanales, terminen en las manos de los comerciantes locales, que seguramente tenderán a aumentar los precios de las mercancias de consumo necesario para aprovechar el flujo de ingresos en la zona, se podría pensar en alentar la formación de cooperativas de producción y consumo entre las productoras. Estas cooperativas comprarían en forma consolidada las materias primas y los insumos para la producción, así como los bienes de consumo necesarios y venderían, también en forma consolidada la producción, para mejor hacer frente a los volúmenes de producción y control de calidad que con frecuencia, demandan los mercados internacionales. Serían empresas de la comunidad que evitarían la extracción de ganancias injustificadas por parte de agentes externos. Incluso esas cooperativas podrían ofrecer otros servicios como los de cuidado infantil que permitieran harmonizar mejor el trabajo doméstico y el extradoméstico de las mujeres involucradas, además de generar otras fuentes de trabajo local.

En síntesis, una decisión de avanzar en la transformación productiva debería prever el impacto diferenciado en la demanda de fuerza de trabajo femenina y masculina, el impacto en la distribución del tiempo total de trabajo de las familias, los impactos en los consumos y fuentes de ingresos tradicionales de las familias, con el fin de prevenir los efectos perversos y alentar realmente, la mejoría en los niveles de vida y en las relaciones al interior de las familias involucradas en las nuevas actividades.

 Las relaciones entre trabajo doméstico y extradoméstico.

 Otro tema de enorme trascendencia en la construcción de un mundo más equitativo entre los sexos es el que se refiere a la valoración de la contribución que efectivamente realizan las mujeres al bienestar de los seres humanos. Es un tema típicamente económico y que hasta ahora a sido desconsiderado en los sistemas de Cuentas Nacionales y en  los sistemas de remuneración y pensiones.  Muchas mujeres adultas mayores, que trabajaron larga e intensamente para criar y desarrollar a sus familias, no son sujetas de pago por jubilación y caen en la pobreza. Incluso, muchas leyes realcionadas a la separación y el divorcio desconsideran el aporte que las mujeres han hecho al bienestar de las familias y las excluyen de una distribución equitativa del patrimonio formado durante el tiempo de duración de la vida conyugal.

A partir de la Conferencia de Pekín mucho hemos avanzado en América Latina en el  reconocimiento, al menos estadístico, de la importancia de medir el trabajo doméstico y valorar su aportación al bienestar de las familias y de la sociedad. Las estimaciones disponibles evidencian la mayor carga de trabajo total que tienen las mujeres.[3]

Es indudable la necesidad de incidir en la cultura para otorgar igual valor al trabajo doméstico que al extradoméstico. En la medida que el primero se mantenga subvaluado y no reconocido, y se abran oportunidades de trabajo extradoméstico para las mujeres o éstas se vean obligadas a trabajar para completar los ingresos familiares, menos personas tendrán interés en realizar las tareas domésticas.

Es probable que en el futuro se empiece a retribuir económicamente el trabajo doméstico realizado por miembros de la familia. Esa es la única forma de hacerlo atractivo y reconocer efectivamente su aporte al bienestar. Ya Arthur Cecil Pigou, el pionero de la economía del bienestar, señalaba como una contradicción el hecho de que en las estimaciones del ingreso nacional  se agregaba al valor del trabajo doméstico realizado para pago por terceros, pero no el efectuado por el ama de casa. El señalaba que si un hombre soltero se casaba con su ama de llaves, el ingreso nacional caería, dado que el trabajo previamente pagado ahora sería realizado sin pago.

En tanto se llega a reconocer el valor y el pago al trabajo doméstico y los niveles de ingreso de la mayoría de las familias se mantengan deprimidos, el trabajo doméstico va a sufrir en favor del trabajo extradoméstico. Es decir, se van a sacrificar las tareas de reproducción y desarrollo de los seres humanos responsabilidad de las familias; por ejemplo, la transmisión de saberes para la vida como son las habilidades de comunicación, que incluye el aprendizaje de la lengua; el aseo, arreglo y limpieza personal y de la casa; las formas de relacionarse con otros seres humanos y de resolver conflictos; las formas de alimentarse y las costumbres de la mesa, las habilidades de cortejo, la información fundamental sobre la salud y la muerte, etc.

Esta reducción de horas destinadas a las tareas de reproducción de los seres humanos en favor de actividades por pago impacta de manera importante, la formación de capital humano de las sociedades, en tanto que no sean asumidas por otros agentes sociales.

Las organizaciones de mujeres han promovido distintas estrategias de tipo cultural,  para promover una mejor distribución de las responsabilidades familiares entre los miembros de la familia, en particular, la necesidad de un mayor involucramiento de los hombres en los trabajos domésticos.

Partimos en esta reflexión de la certeza y el convencimiento de que la salida de las mujeres a la esfera pública, es irreversible y constituye un sello cultural muy importante del siglo XX. Por lo tanto es necesario desarrollar otras posibilidades de apoyo a las tareas de reproducción de los seres humanos, incluso algunas generarían fuentes de empleo ampliadas. Habría tres agentes sociales más que debieran asumir responsabilidades en esta materia y socializar los costos de la reproducción: la comunidad cercana, las empresas e instituciones de trabajo y los gobiernos.

Existen múltiples muestras de modalidades de organización comunitaria en apoyo a las tareas domésticas, algunas son: las guarderías comunitarias, las cocinas comunitarias, los centros de día para los adultos mayores y las escuelas de jornada completa con apoyo de la comunidad. Muchas de estas iniciativas requieren de un impulso inicial de los gobiernos para ponerse en marcha que puede ser desde la dotación de un local,  la inversión en mobiliario y equipo,  la capacitación en los modelos de atención, el pago inicial de los operadores,  la dotación de despensas o víveres, etc. Significan una opción muy interesante de empleo para algunos miembros de la propia comunidad pudiéndose desarrollar un sector de empresas de “proximidad” como se les conoce en Francia. Estas emrpesas comunitarias podrían ofrecer además de los servicios mencionados, servicios de limpieza y aseo de viviendas, lavado de ropa,  cuidados a domicilio de adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos, distribución de alimentos calientes, actividades de educación informal y recreación como bibliotecas, ludotecas, centros de crianza y estimulación temprana, etc. Un apoyo gubernamental a iniciativas comunitarias en este sentido, contribuiría a atender necesidades ingentes de los grupos domésticos, que difícilmente pueden pagar estos servicios a empresas del mercado.

En segundo lugar, es necesario crear una conciencia entre las empresas y las instituciones de su responsabilidad social para que procuren una harmonización entre trabajo doméstico y trabajo por pago del personal que ocupan y demostarles los beneficios que derivan para la propia empresa, aumentando la productividad de sus trabajadores. Lo anterior comprende:

• Servicios de recreación, deporte, salud, educación y cultura para los trabajadores y sus familias.
• Facilidades en tiempos y horarios de trabajo y diversas adecuaciones en las condiciones del trabajo (horarios flexibles, compactación de jornadas, permisos parentales, teletrabajo, etc.)
• Guarderías y programas vacacionales para los hijos de los trabajadores.

Finalmente, el Estado tiene que reconocer los cambios que están ocurriendo al nivel de los grupos familiares y en la organización del trabajo total, ampliando su participación en la prestación de servicios de apoyo a las tareas de reproducción como son guarderías, educación preescolar, ampliación de horarios escolares con enriquecimiento del currículum, cursos de verano y vacacionales, actividades recreativas, culturales y deportivas, apoyo a iniciativas comunitarias y desarrollo de empresas de “proximidad”, etc. Posiblemente estas son tareas competencia de los gobiernos locales.

La agenda pendiente para incluir la equidad de género en materia económica es muy extensa. La mayor incorporación de la mujer al trabajo extradoméstico en los últimos 20 años en America Latina se relaciona más con una distribución inequitativa de los costos del ajuste económico entre los sexos, que con políticas expresas para lograrlo. Hay ámbitos de lo económico que permanecen intocados en las discusiones sobre las inequidades genéricas. Por ello, el reto en esta materia es enorme y tendría que empezar a enfrentarse de inmediato.

Derivado de estas reflexiones sería de gran utilidad que en las escuelas y facultades que forman a los economistas y administradores, tanto públicos como privados, se incluyera la materia de teoría de género o de equidad. Igualmente seria conveniente que los funcionarios de las áreas de economía de los gobiernos centrales y locales tomaran alguno de los diplomados de género o se actualizaran en torno al tema de equidad, en general.

En última instancia, el hogar o las familias son unidades económicas de decisión sobre el consumo, el ingreso y el uso del tiempo disponible de los miembros;  están basados en contratos de prestación y contraprestación de servicios entre los miembros, a veces explícitos pero las más de las veces, implícitos y generalmente están atravezados por relaciones genéricas e intergeneracionales inequitativas.

Así también, las grandes decisiones a nivel macroeconómico se expresan en el mundo de lo concreto e impactan para bien y para mal, la vida de las personas. Esas decisiones deben ser acompañadas de acciones o proyectos concretos que potencien los efectos positivos y disminuyan los negativos.

Esto nos lleva necesariamente a la incorporación de objetivos sociales explícitos en el diseño y ejecución de de las políticas macroeconómicas, objetivos entre los que está el combate a la porbreza, la reducciónde la desigualdad y el logro de la equidad social. Seguir esperando a que el crecimiento económico genere un derrame hacia las familias,  es una promesa vieja en nuestra región, lamentable y reiteradamente incumplida.

[1] Richard Jolly y G. Andrea Cornia, ‘Efectos de la Recesión Mundial sobre la Infancia’, Siglo XXI de España Editores, Primera edición en español diciembre de 1984.

[2] Véase una detallada descripcion de la relación de las mujeres con los bosques y la propiedad de la tierra en OIT, Género, pobreza y empleo: guía para la acción, Tutín, Italia, 1996.

[3] Véase PNUD, Informe de Desarrollo Humano 1995, publicado por este organismo como aporte a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer.