Clara Jusidman

Universidad de Tlaxcala

23 de enero 2024

Agradezco a la maestra Citlalli Hernández Xochitiotzin, presidenta de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Tlaxcala y al Dr. Serafín Ortíz Ortíz, Rector de esta casa universitaria, su amable invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Derecho Humanos y Paz.

Antecedentes

Como seguramente todos y todas ustedes saben la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 en Paris, por 48 estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, formada entonces por sólo 58 naciones, fue resultado de un largo camino recorrido por la humanidad.

La Declaración constituye una especie de acuerdo de paz entre los países participantes, después de una larga guerra que para algunos historiadores inicia desde 2017 y concluye en 1945, es decir consideran que la primera y la segunda guerra mundial son un continuum.

En un texto que preparé para el Seminario hace algunos años, señalaba lo siguiente:

“A lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido personas que controlan y subordinan a otras. Grupos que ejercen poder sobre otros y los someten a su voluntad, los excluyen, les dan un mal trato, los desconsideran como iguales, no les dan oportunidades para desarrollarse como seres humanos dignos. Esto ha ocurrido en todos los tiempos y en las diversas culturas y civilizaciones”

“La desigualdad de trato se ha manifestado históricamente contra las mujeres, contra los no propietarios, contra los que profesan una religión distinta o tienen un color de piel diferente, provienen de otros territorios o países, son de otra raza o piensan distinto con respecto al grupo dominante”

El antecedente más antiguo del reconocimiento de derechos data del año 539 a.c. cuando Ciro el Grande, después de conquistar Babilonia, liberó a todos los esclavos y les permitió regresar a sus casas; asimismo declaró que las personas tenían derecho a escoger su propia religión.

Es hasta el Siglo XVIII en 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se proclama el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Pero el antecedente histórico que mayor reconocimiento tiene es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en agosto de 1989, como el resultado más importante de la Revolución Francesa. Se trata igualmente en un pacto de paz ente los sectores sociales que combatieron el feudalismo y el absolutismo prevaleciente en Francia. Esta Declaración incluyen los derechos de las personas y de la comunidad y establece que los hombres nacen y permanecen libes e iguales en derechos. Define a “la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” como los derechos naturales e imprescriptibles del hombre.

“La Revolución Francesa sentó las bases para que todas las personas fueran consideradas iguales y con derechos. A partir de entonces, los derechos naturales en su momento, o los fundamentales en otro, se fueron incluyendo en las constituciones elaboradas en los países” de occidente, principalmente. Asimismo, se sentaron las bases de la democracia moderna a partir de la representación, basada en el principio de soberanía popular y la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y nacional.

Los derechos de las mujeres

Sin embargo, esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no se refirió a los derechos de las mujeres ni a suprimir la esclavitud, aunque esta última fue abolida en 1794 en Francia.

Por lo que dos años más tarde de la Declaración, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de las Mujeres y la Ciudadana, en la que planteaba la equiparación jurídica y legal de las mujeres respecto de los varones.  Este atrevimiento constituyó una afrenta para los hombres de la Revolución Francesa; se enfrentó a Robespierre y terminó condenada a muerte y en la guillotina

Las mujeres ocuparon las calles durante las semanas previas a la insurrección y tuvieron un papel protagónico al inicio de la Revolución, pero al no permitírseles participar en la Guardia Nacional, que era el pueblo armado, ni en asambleas políticas, se organizaron en clubes femeninos para informarse y hablar en las plazas públicas. Estos clubes fueron prohibidos en 1993. El Código Napoléonico, aprobado en 1804 terminó con la esperanza de las mujeres de redimir sus derechos a la igualdad y a la libertad. Por el contrario, ratificó su condición subordinada a los varones: padres, esposos e hijos.

 Fue ante la experiencia adquirida por algunas mujeres en las luchas en contra de la esclavitud, que empiezan a defender su derecho al voto. La primera manifestación pública por ese derecho se llevó a cabo en Estados Unidos en 1848. Con la Declaración de Niágara Falls se crea el movimiento sufragista en ese país.

Sin embargo, es hasta principios del siglo XX que los estados empiezan a reconocer el derecho al voto de las mujeres. En 1918 les es otorgado en Gran Bretaña y en 1920 en Estados Unidos. En México fue hasta 1953, en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines.

En 1975 en nuestro país, se llevó a cabo la Conferencia Mundial del Año Internacional la Mujer, bajo la consigna de igualdad, desarrollo y paz en la que participaron 133 gobiernos. A partir de entonces se llevan a cabo conferencias de esta naturaleza cada 5 años, destacando por sus resultados la realizada en Beijing en 1995.

En 1979 la Asamblea de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el primer instrumento internacional que reconoce de manera más integral los derechos de la población femenina. Posteriormente, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se volvió un documento clave para el progreso  y el empoderamiento de las mujeres y para el logro de la igualdad de género. Una de sus doce esferas refiere a los derechos humanos de la mujer.

Casi dos siglos después el mundo reconoció que las mujeres también son personas humanas y tienen derechos.

La Carta de las Naciones Unidas

En la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar entre 1939 y 1945, para muchos historiadores considerada como la prolongación de la Primera Guerra Mundial, participaron las que eran entonces las grandes potencias del mundo divididas en dos bloques: las potencias del Eje (lidereadas por la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini y el Imperio Japonés) y las potencias  Aliadas  (comandadas por el Reino Unido con Churchill a la cabeza, Estados Unidos con Franklin D. Roosvelt como presidente y la Unión Soviética de José Stalin).

Fue una guerra donde estuvieron involucrados varios países, incluyendo a Amín al-Husayni, el gran Muftí de Jerusalén. Aliado con el régimen nazi. Provocó entre 50 y 70 millones de víctimas. Una gran parte de las víctimas murieron la ideología racista nazi, que sostenía la supremacía de la raza germana.

Iniciaron en 1939 con el exterminio de 150 mil personas con discapacidad, entre ellos muchos niños y niñas con discapacidades mentales. A partir de ese año empezaron a concentrar a las poblaciones judías del Este de Europa en campos de trabajo denominados guetos y después exterminados en campos de concentración con los más diversos métodos. Los exterminios incluyeron a población homosexual, gitanos, eslavos, Testigos de Jehová, comunistas, españoles republicanos, sacerdotes católicos y de otras religiones. Se calcula que al menos 20 millones de personas fueron exterminadas por su religión, etnia, origen nacional, orientación sexual o ideológica.

El mundo sufrió una gran devastación. Murieron millones de chinos, soviéticos, alemanes, polacos, japoneses y de otras nacionalidades, tanto militares como civiles.

La búsqueda de poder sobre poblaciones, territorios y recursos naturales, la imposición de ideologías y de verdades únicas por parte de los Estados, destruyeron vidas y riquezas acumuladas por varias generaciones en las numerosas ciudades que fueron bombardeadas. La bomba atómica fue utilizada por primera vez en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas.

Una tragedia como la vivida en esos años, no podía repetirse en la historia de la humanidad. Los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, creada el 24 de octubre de 1945, a través de su Consejo Económico y Social establecieron la Comisión de Derechos Humanos, formada por 18 representantes de Estados miembro a quienes encomendaron elaborar una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos frente a posibles abusos de los Estados.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy es la piedra angular del sistema internacional de derechos humanos fue un gran logro de la humanidad y un documento básico en el reconocimiento de la calidad humana de todas las personas en plena igualdad. En diciembre pasado cumplió 75 años de su aprobación. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz.

La Declaración contiene 30 derechos y libertadas que pertenecen a todas las personas: incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, a la libertad de expresión a la educación, a buscar asilo.

1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales

2. Todas las personas son iguales con independencia de su raza, color, sexo. Idioma, religión, política o el lugar donde ha nacido

3. Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad

4. Toda persona tiene derecho a no ser sometido a esclavitud.

5. Toda persona tiene derecho a no ser sometida a tortura

6. Toda persona tiene derecho a ser reconocida ante la ley

7. Todas las personas somos iguales ante la ley.

8. Todas las personas tienen derecho a pedir justicia se  violan sus derechos

9. Ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida, presa, ni desterrada.

10. Toda persona tiene derecho a un juicio justo.

11. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

12. Toda persona tiene derecho a la intimidad y a no sufrir ataques en su honra.

13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a salir de su propio país y regresar a él.

14. Toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de persecución.

15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

16. Toda persona tiene derecho a casarse y a tener una familia

17. Toda persona tiene derecho a la propiedad.

18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

21 Toda personas tiene derecho a participar en el gobierno y a acceder , en condiciones de igualdad, a las funciones públicas

22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social.

23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a una remuneración equitativa, a la protección contra el desempleo y derecho a fundar sindicatos y sindicarse.

24. Toda persona tiene derecho al descanso y al ocio.

25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno, lo que incluye alimentación, vivienda, asistencia médica y servicios sociales.

26. Toda persona tiene derecho a la educación.

27. Toda persona tiene derecho a participar en la cultura, el arte y la ciencia, y a disfrutar de ellos.

28. Toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se hagan plenamente efectivos los derechos contenidos en esta declaración.

29.Tenemos deberes respecto de a las demás personas, cuyos derechos y libertades debemos proteger.

30. Nadie puede arrebatarnos estos derechos y libertades.

Los derechos humanos son los atributos y garantías que toda persona debe gozar para vivir una vida de libertad y dignidad. Se trata de las condiciones fundamentales que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente su inteligencia y conciencia para alcanzar la satisfacción de los requerimientos fundamentales que le imponen su vida espiritual y natural para su realización personal en el contexto de su comunidad.

Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e independientes. Todos los DDHH tienen la misma importancia para la dignidad humana y todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis.

Los Estados que forman parte de los tratados de derechos humanos deben cumplir cuatro obligaciones: respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos que han sido incluidos y aceptados en esos tratados.

Luigi Ferrajoli señala que los derechos fundamentales son los derechos que pertenecen universalmente a todos en cuanto personas con capacidad de obrar y que son tanto indisponibles como inalienables. Es decir, no pueden ser negados por autoridad o gobierno alguno ya que forman parte de la esencia misma de las personas. Sostiene que si se quiere garantizar un derecho como fundamental se debe sustraer tanto a la disponibilidad política como a la del mercado; es decir, no están sujetos a la voluntad de los gobernantes, ni dependen de que exista suficiente oferta en el mercado de los productos y servicios que son necesarios para cubrir esos requerimientos.

Los derechos humanos se hacen efectivos cuando los individuos gozan de las libertades protegidas por el derecho y el ejercicio del derecho está garantizado y cuando hay mecanismos sociales suficientes para resguardar a la persona de la amenaza contra el ejercicio de las libertades amparadas por esos derechos.

La evolución de los derechos humanos

 Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada Guerra Fría, el mundo se dividió en dos bloques: el de las economías capitalistas de mercado y el de las economías socialistas.

En los derechos incluidos en la Declaración Universal se encuentran tanto derechos civiles y políticos que hacen a las libertades y a los derechos individuales, como también derechos económicos, sociales y culturales que son considerados como derechos sociales, que hacen a la colectividad.

Las economías capitalistas o de mercado consideraban como un derecho fundamental el derecho a la propiedad privada de tierras, de bienes de producción, de los recursos naturales, la libertad de los mercados de capitales, de trabajo y de bienes y servicios, una muy reducida participación del Estado en la economía y la responsabilidad de las personas por su propio bienestar y por el disfrute de sus libertades. Por lo tanto, privilegiaban a los derechos y libertades individuales, los de carácter político y civil.

Las economías socialistas en cambio consideraban al Estado como el propietario de los bienes y tierras para producir, fijaba los precios del trabajo y de los bienes, proveían los servicios de educación, salud, vivienda, acceso al trabajo, pero limitaban las libertades de movimiento, de expresar opiniones, de elección del trabajo de las personas.

Con el propósito de hacer ver que los Estados, ya fueran del bloque capitalista o del bloque socialista, debían cumplir sus obligaciones tanto en materia de derechos políticos y civiles, como los derechos económicos, sociales y culturales, en Naciones Unidas el contenido de la Declaración Universal se dividió en dos Pactos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, sociales y culturales mismos que tienen el carácter de legislación internacional que debe ser cumplida obligatoriamente al ser ratificada y firmada por un cierto número de Estados.

La evolución del Sistema Internacional de Derechos Humanos

Actualmente hay diez principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Cada uno de estos tiene un Comité de Expertos encargados de supervisar la aplicación del tratado por los Estados que han aceptado formar parte de estos. Los Estados tienen obligación de presentar informes periódicos sobre la forma como han cumplido sus obligaciones en cada una de las materias de derechos humanos correspondiente a cada instrumento.

En paralelo las organizaciones de la sociedad civil nacionales, expertas en cada campo de los derechos humanos, aportan al Sistema de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, “informes sombra” donde exponen su opinión y sus evidencias sobre el grado de cumplimiento de los Estados de sus obligaciones. Los Comités de los tratados llevan a cabo reuniones con representantes de los Estados y de las organizaciones de la sociedad civil y a partir de la escucha y la respuesta a sus interrogantes, emiten observaciones y recomendaciones a los Estados para que cumplan con los tratados.

Los 10 principales tratados internacionales de Derechos Humanos:

1. Declaración Universal de Derechos Humanos
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con sus dos Protocolos Facultativos
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con un Protocolo Facultativo.
4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
5. Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo.
6. Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y su Protocolo Facultativo
7. Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos. Uno relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados y otro relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.
8. Convención Internacional sobre la protección de Derechos de todos los trabajadores Migrantes y de sus Familiares.
9. Convención internacional para la Protección de todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas
10. Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Los protocolos facultativos abordan cuestiones específicas de los tratados.

Existe también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que parte de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuenta con convenciones en los mismos campos que el sistema internacional. Agrega la protección de otros temas y grupos de población con convenciones específicas.

Son los casos de las convenciones americanas sobre la Abolición de la Pena de Muerte, contra toda forma de discriminación e intolerancia, sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ha establecido también Principios sobre libertad de expresión, sobre la protección de las personas privadas de libertad, sobre políticas públicas de memoria.

Los dos sistemas cuentas con relatores especializados que realizan visitas a los países, evalúan las situaciones y emiten informes a las oficinas de los sistemas de DDHH.

Los derechos humanos son susceptibles de ir aumentando, de acuerdo con las necesidades de protección y el desarrollo científico y tecnológico de una época o un lugar determinado.

Preservan dos características la defensa de la persona humana y las limitaciones del Estado y de otras entidades públicas o privadas sobre las personas.

Hay en el mundo un gran número de instituciones, organizaciones y especialistas que por 75 años han venido reflexionando y avanzando en la protección de los derechos humanos, en la forma de hacerlos exigibles y justiciables y de hacer posible en la práctica el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados parte.

La evolución normativa de los derechos humanos ha dado lugar a tres llamadas generaciones de estos:

De acuerdo con el PNUD la primera generación son los derechos civiles que consagran al individuo frente a la ley y garantizan su habilidad para participar libremente en la vida política, económica y civil de las sociedades.

La segunda generación, la de los derechos económicos, sociales y culturales promueven el florecimiento individual, el desarrollo económico y social, la autoestima y la identidad.

Los derechos de tercer generación son los derechos de solidaridad cuyos instrumentos internacionales son de más reciente factura y se refieren a temas que afectan en común a la humanidad, convocan a que los países tomen medidas en conjunto para atender el derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano, al patrimonio común, el derecho de los pueblos y los derechos de la tierra y la naturaleza

La situación en México

A grandes rasgos lo ocurrido en nuestro país en materia de derechos humanos muestran que hasta finales del siglo pasado los gobiernos provenientes del PRI aprobaban y firmaban todos los pactos y tratados internacionales y regionales de derechos humanos, sin embargo, no tenían interés real en hacerlos efectivos. No era un tema incluido en la agenda pública.

No se permitía la visita de los relatores de los sistemas de DDHH, no había mayor relación con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Constitución Mexicana hablaba de garantías individuales.

Sólo a finales del Gobierno de Ernesto Cedillo se estableció una relación con Mary Robinson que ocupaba la Oficina del Alto Comisionado y se realizaron algunos cursos de capacitación en la materia.

Desde los años setenta del siglo pasado surgieron organizaciones civiles, muchas de matriz religiosa, que empezaron a defender los derechos humanos de personas afectadas por acciones del Estado y a denunciar las violaciones a esos derechos. Fue la época de la llamada Guerra Sucia que es actualmente investigada por una Comisión especial establecida por la actual administración para esclarecer las violaciones cometidas por agentes estatales.

Como parte de la estrategia del presidente Carlos Salinas para proyectar una buena imagen en Estados Unidos, con miras a la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, decidió crear en 1992 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el carácter de agencia descentralizada. Por su parte, los gobiernos estatales establecieron comisiones de derechos humanos a nivel estatal. En 1999, una reforma constitucional, le concedió a la Comisión Nacional su actual autonomía presupuestaria y de gestión, desvinculándola del poder ejecutivo. Es uno de los órganos autónomos que el presidente López Obrador no piensa quitarle su autonomía.

La incorporación de los derechos humanos en la narrativa pública y en la agenda del estado ocurre realmente en el Gobierno de Vicente Fox cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores promueve la creación en nuestro país, de una oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la elaboración en 2003 de un diagnóstico sobre los obstáculos en México para la realización de los derechos humanos y permite la entrada de relatores de los dos sistemas para hacer escrutinios sobre los que venía ocurriendo en relación con el cumplimiento de las obligaciones del estado mexicano en la materia.

Fue un periodo de gran comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajábamos derechos humanos y el gobierno nacional. Se desarrollaron metodologías, indicadores y mucha formación de cuadros expertos en derechos humanos.

En cumplimiento a lo previsto en la Convención de Viena de 1993, se elaboraron dos programas de derechos humanos con la participación y opinión de las organizaciones y se avanzó en la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en los presupuestos públicos.

Incluso se elaboraron algunos programas estatales de derechos humanos.

Fue en 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, que se llevó a cabo la importante reforma constitucional que incorporó el concepto de derechos humanos en el Artículo primero Constitucional, el reconocimiento de los instrumentos internacionales como parte de la legislación nacional y el principio pro homine.

Sin embargo, el inició de la guerra contra el crimen organizado de Calderón disminuyó drásticamente el protagonismo de las agencias estatales de derechos humanos. En el gobierno de Peña Nieto se creó una Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación que poco pudo hacer para rescatar la importancia del cumplimiento de las obligaciones del estado en materia de derechos humanos.

Las organizaciones civiles por su parte han tenido que involucrare en la investigación y defensa de violaciones graves a derechos humanos consecuencia del grave incremento de las violencias en el país, así como a la protección de sus propios integrantes ante el aumento de desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos.

Lamentablemente, en la actual administración el tema de derechos humanos ha quedado fuera de la agenda del gobierno. La militarización de múltiples actividades de gobierno que deberían estar a cargo de autoridades y servidores civiles han aumentado los casos de violaciones de derechos humanos por agentes estatales. Los sujetos de transferencias monetarias de diversa naturaleza han quedado como beneficiarios, más que como sujetos de derecho.

A nivel mundial la polarización social y política, diez países en guerra y el surgimiento de expresiones extremistas están destruyendo el entramado construido después de la Segunda Guerra Mundial como un intento de pacto civilizatorio para avanzar en el respeto a la vida, a la dignidad, al buen vivir y a la libertad de todos los seres humanos.

La construcción de paz

En un contexto de crecientes violencias que atentan contra la vida, la libertad, la integridad y la dignidad de las personas, diversas instituciones, organizaciones y personas se han interesado en la posibilidad de construir entornos de paz, donde se recuperen los vínculos, las relaciones, los acuerdos y la confianza entre vecinos y hacia las instituciones.

Hemos detectado cinco plataformas donde participan personas y organizaciones nacionales e internacionales interesadas en construir agendas de paz. Sus aproximaciones son diversas, así como sus integrantes.

Por ejemplo, una de las plataformas está constituida por treinta organizaciones de derechos humanos que participaron en conversatorios que se llevaron a cabo en todo el país a lo largo de 2018 y como resultado formularon una Agenda de Justicia Transicional, actualmente están trabajando los temas de democracia, seguridad y justicia. Ellos postulan que el Estado debe ser garante de los derechos.

Otra plataforma congrega organizaciones y personas que trabajan el tema de paz desde muy distintos ángulos, con muchas metodologías y en varias partes del país.  Utilizan métodos para la transformación de conflictos, técnicas de fortalecimiento del tejido social, el arte, la atención psicosocial, la no violencia, la defensa jurídica, la incidencia para la construcción de paz, los procesos pedagógicos, la protección de personas defensoras y periodistas, la autoprotección y sanación, la comunicación no-violenta y la generación de materiales educativos. Buscan generar un repositorio de las diversas metodologías de sus integrantes en cuanto a su trabajo por la paz para luego consolidar las formas en las que las diferentes capacidades conectan con procesos de base y comunitarios para atender necesidades concretas señaladas por las propias comunidades.

Cumbre por la Paz. Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia

Su origen fue un esfuerzo binacional para llevar a cabo foros en México y Estados Unidos para convocar a movimientos sociales, organizaciones y

considerando las dinámicas de violencia que se viven en ambos lados de la frontera. Realizaron una Cumbre por la Paz en la Ciudad de México a la que asistieron personas de ambos países. Se generó una agenda con 12 prioridades temáticas que tratan de recuperar los intereses de todas las personas que participaron. Esa agenda inicial, se aterrizó en 10 propuestas concretas, cuya viabilidad y capacidad de avance es distinto.

Entre sus demandas a los gobiernos de México y de Estados Unidos plantean detener el flujo legal e ilegal de armas de Estados Unidos a México; abrir los cuarteles a sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia; cooperar en la búsqueda de personas desaparecidas en la región y establecer mecanismos de justicia, verdad, memoria y reparación.

Incluyen el reconocer y terminar el racismo y su legado histórico en todo nivel y garantizar el respeto a las comunidades y pueblos indígenas.

Proponen cambiar el modelo actual de gestión migratoria para acabar con la detención y deportación de personas migrantes; establecer un camino para la desmilitarización completa de los territorios y las fronteras e impulsar acuerdos laborales en ambos países que protejan a las y los trabajadores, sindicatos y castiguen a las compañías que se aprovechan de la migración forzada.

El Diálogo Nacional por la Paz tuvo lugar en Puebla, en septiembre pasado., como resultado de 15 meses de trabajo a nivel local en los que se llevaron a cabo 1,004 conversatorios y 50 foros estatales albergados en universidades públicas y privadas con la colaboración de asociaciones y empresas. Se recogió la mirada de alrededor de 20 mil personas y 1600 organizaciones en la construcción de tejido social, seguridad, justicia y reclusorios lo que permitió elaborar una Agenda Nacional por la Paz y detectar doscientas buenas prácticas en esos ámbitos.

En una segunda etapa se busca priorizar las acciones impulsadas desde las comunidades, escuelas, parroquias y familias, así como los centros de trabajo.

Este recuento de iniciativas de paz en el país nos muestra que las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las organizaciones sociales y empresariales y las propias comunidades están buscando caminos para restaurar una convivencia pacífica que permita a las familias el cuidado y la crianza de los nuevos ciudadanos en términos no violentos, que abata los niveles de muerte de jóvenes y que permita a las víctimas acceder a la justicia, la memoria, a la verdad y a la reparación del daño.

Me parece que López Obrador se percató de que durante su gobierno le sería imposible reducir los niveles de inseguridad que ya prevalecían en el país. Decidió sacar la seguridad como una de sus prioridades y dejar su atención en manos del ejército. Por precaución, limito las intervenciones de este y de la Guardia Nacional con su frase “abrazos y no balazos” para no correr el riesgo de tener que enfrentar políticamente masacres responsabilidad de las fuerzas armadas.

Es decir, evitó el costo político que le representaría no tener avances en materia de seguridad y dejó que el ejército cargara con la responsabilidad. Igual hizo con la pandemia, utilizando como escudo a López Gatel. Este fue el que quedó como culpable de la desastrosa respuesta del gobierno y de los efectos acrecentados de la pandemia en México.

El superempoderamiento del ejército, la cancelación de los trabajos y el maltrato a los espcecialistas de la Comisión relacionada con la Guerra Sucia, y la reducción del número de militares que resultaron involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes, que entiendo eran más de 80 y se redujo a sólo 21, forma parte de las negociaciones de AMLO con el ejército para que aceptaran cargar con la inexistente estrategia de seguridad en el país.

Por el tipo de funcionarios que ha elegido para encargarse de la seguridad nacional y de la procuración de justicia, por el trato que ha dado a las víctimas entre ellas los padres de los estudiantes, así como a los expertos del GIEI, al fiscal del caso Ayotzinapa, a la Comisión para investigar la Guerra Sucia, me parece que no tiene el más mínimos interés y compromiso por la verdad, la justicia y la reparación del daño para los cientos de miles de víctimas que hay en el país, ni para evitar que el territorio quede crecientemente en manos de las bandas delincuenciales.

Tampoco le interesan los efectos que ese empoderamiento del ejército y del crimen organizado tendrá para el futuro de la sociedad nacional. Su mirada es de corto plazo desde el punto de vista político. No mira al futuro, excepto en su deseo de mantener el poder y cambiar la mentalidad de la población que considera ha estado subordinada a las élites. Si el ejército le sirve a eso, lo usa como instrumento. Su  reiterada referencia a los gobiernos pasados como culpables de lo que ocurre a cinco años de su presidencia, es una fórmula más que le ha servido para engañar a la población que difícilmente tiene tiempo para acceder a la información y para analizarla.

Su interés real es que la militarización, la inseguridad creciente y el evidente fracaso para enfrentarla, no lo afecte políticamente.

Sus reacciones y acciones muestran una carencia total de humanidad y de empatía con las víctimas. Nada lo toca, excepto aquello que logra vulnerar su profundo deseo de poder.

Clara Jusidman      13 de diciembre de 2023.

Edición 2023 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

28 de noviembre 2023

Universidad de Guadalajara.

Agradezco al Maestro Tonatiuh Bravo Padilla la invitación a este merecido homenaje a la vida de Porfirio Muñoz Ledo un muy destacado intelectual, diplomático, servidor público, legislador y maestro.

Aunque me pidieron hablar de su participación en el proceso constituyente de la Ciudad de México, quisiera usar unos minutos para contar el porqué de mi enorme reconocimiento, respeto y aprecio por Porfirio Muñoz Ledo como constructor de instituciones del Estado y promotor de la democracia.

Lo conocí en el año de 1974 cuando ocupaba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Luis Echeverría, un personaje de luces y sombras de nuestra historia. Posiblemente algunas de las pocas luces de esa presidencia como la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, se debieron a la gran inteligencia y visión de Porfirio Muñoz Ledo.

Durante la presidencia de Echeverría los avances en materia económica no fueron suficientes para enfrentar la crisis económica internacional, provocada por la escasez de petróleo.  Disminuyó la inversión privada, el gasto público y la deuda externa aumentaron de forma considerable. El tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de 12.50 pesos por dólar, al final de ese sexenio llegó a  20 pesos por dólar. 

Para solucionar de algún modo la crisis y apoyar al sector obrero que empezaba a resentir una creciente inflación, en 1973 se creó la Comisión Nacional Tripartita, un gran espacio de diálogo social, formado por empresarios, líderes sindicales y funcionarios públicos.

De la Comisión Nacional Tripartita y seguramente producto de la enorme capacidad de Porfirio para construir instituciones del estado, nacieron varias destinadas a proteger el salario en su ejercicio, la más destacada fue el INFONAVIT, pero también el FONACOT y el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario CONAMPROS. Este último antecedente de otras dos instituciones impulsadas por Porfirio y creadas en 1975: el Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor.

En ese entonces yo trabajaba en la Dirección General de Estadística montando lo que ahora se conoce como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la primera encuesta continua por muestreo para captar las características de la población en los periodos intercensales.  Porfirio Muñoz Ledo me llamó y me propuso que dejara la Dirección General de Estadística donde “nunca sería reconocida por nada que hiciera ahí” y para que me convirtiera en la secretaria técnica del Consejo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Acepté el ofrecimiento y empecé a trabajar en la Comisión. En 1975, como secretaria técnica me tocó firmar una supuesta resolución del Consejo General de la Comisión donde se aprobaba un significativo aumento al salario mínimo del 23% para 1976. Ello como respuesta a una devaluación equivalente del peso mexicano y para proteger el poder adquisitivo del salario mínimo. En realidad, la decisión de ese aumento fue del propio Luis Echeverría, seguramente promovida por Porfirio Muñoz Ledo.

A partir de ese momento las resoluciones de la Comisión Nacional, influidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, empezaron a dejar caer el salario mínimo legal por los siguientes 20 años hasta alcanzar una cuarta parte del valor que tuvo en 1976. Fue en el gobierno de Ernesto Zedillo que se detuvo esa caída. Sin embargo, por otros 20 años más nuevamente por presión de Hacienda y Banco de México, en las fijaciones anuales sólo se les reponían la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de los precios del año previo. Todo intento por reponerle al salario su poder adquisitivo como fue en 2002 el de Carlos Abascal Carranza, secretario del Trabajo de Vicente Fox era frustrado por esas dos conservadoras instituciones.

Estoy convencida que el fracaso de nuestra democracia, el aumento de la pobreza laboral y de la violencia en el país subyacen en esa sostenida pérdida de ingresos de los trabajadores.

Hasta 2018 el gobierno de López Obrador reconoció que era urgente empezar a reponer el poder adquisitivo perdido por la clase trabajadora a lo largo de 40 años.

Ahora bien, al término de la presidencia de Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo fue designado Secretario de Educación Pública cargo en el que lamentablemente para el país, permaneció por muy poco tiempo debido a intrigas políticas.

Yo permanecí en el sector laboral, en calidad de Directora General del Empleo, invitada por Pedro Ojeda Paullada. Desde esa posición fui testigo de la gran transformación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que había realizado Porfirio Muñoz Ledo y la gran calidad del equipo de personas que lo acompañaron. Como hombre de gran inteligencia supo rodearse de personas inteligentes y expertas.

Porfirio, que estaba al tanto del Programa Mundial del Empleo, lanzado en la década de los años setenta por la OIT, creó una subsecretaría especializada en empleo y productividad, trato de sacar la formación profesional de los trabajadores de la SEP y pasarla a institutos especializados dentro del sector laboral como ocurría en Brasil, Colombia y Costa Rica; creo el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, el INET, para la investigación y la formación de personal especializado para el sector laboral. También incorporó a académicos y funcionarios latinoamericanos muy destacados que huyeron de las dictaduras militares, como expertos de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La Secretaría dejó de ser una institución menor en el gabinete presidencial, encargada solo de la conciliación laboral, los contratos colectivos y las inspecciones del trabajo. Ojeda Paullada tuvo el acierto de mantener las innovaciones introducidas por Porfirio Muñoz Ledo. La mediocridad, los interese y la corrupción de Arsenio Farell, secretario del Trabajo de Miguel de la Madrid, destruyeron la institucionalidad avanzada por Porfirio, para hacer retornar a la Secretaría del Trabajo y PS a las sombras.

La presencia de Muñoz Ledo como secretario del Trabajo de 1971 a 1975 ha sido la época más luminosa del sector público laboral en la historia de México.

Yo permanecí hasta 1991 colaborando en el servicio público. Después de 20 años y una vez incorporada en el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia, Porfirio que estaba participando activamente en las reformas a la legislación e instituciones electorales por el PRD, me llamó en 1994 para pedirme que me integrara al Consejo Técnico para la Evaluación de la Auditoría del Padrón Electoral. Una actividad que permitiría asegurar la calidad del Padrón que por muchos años había sido el instrumento electoral más controvertido y criticado.

Inicié así una relación amistosa con Porfirio que me convocaba a otros emprendimientos que asumía, o para participar en sus programas en televisión mexiquense.

El proceso de la Constituyente de la Ciudad de México

En 2016 el Congreso aceptó los cambios al artículo 122 constitucional para dotar a la Ciudad de México de una constitución política y reconocer los derechos que habían sido conculcados a los ciudadanos del Distrito Federal durante siglos, y que se profundizaron a partir de 1928 cuando Álvaro Obregón canceló la autonomía de los municipios de la Ciudad de México para elegir a sus gobernantes y sustituirlos por zonas delegacionales.

Finalmente, se había vencido la reiterada oposición del Senado de la Republica para que la ciudad, centro de la lucha democrática y de tantos acontecimientos precursores de la misma, se convirtiera en una entidad federativa, en la cual su ciudadanía elegiría con su voto, a sus autoridades. Se superaría, de acuerdo con Muñoz Ledo, “la subordinación política, la marginación económica y la discriminación que desde sus orígenes habían vivido los pobladores de la ciudad de México”. La Constitución sería el primer pacto social de las y los capitalinos.

Miguel Ángel Mancera había nombrado desde el inicio de su gobierno a Porfirio Muñoz Ledo como Comisionado para la Reforma Política del Distrito Federal y secretario ejecutivo de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución para la Ciudad de México.

Me invitaron a formar parte de un grupo de personas que se encargarían de formular un proyecto de constitución para la Ciudad de México que serviría cómo base de discusión de la Asamblea Constituyente qué se crearía en septiembre de ese mismo año.

El grupo se instaló el 5 de febrero de 2016 y estaba conformado por 28 personas entre las cuales se encontraban miembros de la academia, artistas, representantes de la cultura, de organizaciones civiles, de los pueblos originarios, prominentes juristas e historiadores.

Anteriormente, Porfirio desde su oficina había llevado a cabo múltiples reuniones, consultado y escuchado a diversos sectores de la población y personas expertas en la materia, incluso, recibido varias propuestas completas del texto constitucional.

Como era frecuente Muñoz Ledo se había rodeado de un equipo de profesionistas jóvenes de una calidad excepcional y con un gran compromiso. Mencionaría a tres con los cuales interactuamos intensamente durante los 11 meses que tomó el desarrollo del proyecto y los trabajos de la Asamblea Constituyente. Los habitantes de la Ciudad de México, tenemos una gran deuda: Gustavo Vela, Brenda Gómez Carrillo y Andrea Pérez.

La experiencia del desarrollo del proyecto fue sumamente enriquecedora, prevalecía un entusiasmo y un gran interés tanto de algunos de los integrantes del Grupo Redactor, como de varios asesores externos de las universidades, expertos en desarrollo urbano, en derechos humanos, en derechos de los pueblos, en sistemas electorales y en temas de gobernanza.

Se tuvieron que remontar varios obstáculos en el desarrollo del proyecto como fue una competencia por el liderazgo del proceso, intentos de simulación del trabajo del grupo o de imponer  proyectos previamente redactados. Expertos constitucionalistas tomaron posiciones muy críticas por la extensión que estaba adquiriendo el proyecto. Se referían a la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica como el modelo a seguir por su brevedad.

Porfirio resistía con firmeza y convicción. Sabía que la tarea era históricamente trascendente. Decía que sería la primera constitución formulada en el siglo XXI, como secuencia de la serie de constituciones sociales que se aprobaron a finales del siglo XX en América Latina.

El Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México entregado por el Dr. Mancera el 15 de septiembre de 2016 a la Asamblea Constituyente refleja gran parte el pensamiento de Porfirio Muñoz Ledo en los últimos años de su vida.

Ratifica su compromiso y trata de avanzar respecto de la Constitución Política en los derechos laborales y sindicales por ejemplo, propone una jornada laboral de 40 horas; en el derecho a la educación, diseña una sistema de educación con jornadas ampliadas para la ciudad; así para los derechos de los pueblos originarios, la democracia y la participación ciudadana que cruzan todo el proyecto, la revocación de mandato, la reducción de la edad para votar a 16 años, la renta básica universal y la defensa del principio de subsidiariedad. Muñoz Ledo quiso dotar a la ciudad de México de un marco constitucional que le permitiera actualizar y avanzar en el reconocimiento de derechos ciudadanos surgidos a partir de la vida urbana y una organización más avanzada de la institucionalidad de su gobierno como fue la propuesta del sistema de planeación y ordenamiento urbano, con miras de largo plazo.

Propuso usar como como marco de la Constitución, la estructura de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, una iniciativa surgida y negociada desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal por diversas organizaciones del movimiento urbano popular[1].

La Asamblea Constituyente quedó integrada por 87 diputados y diputadas designados por los partidos políticos y por sus fracciones de legisladores, un diputado ciudadano, seis nombrados por el presidente de la República, que de inmediato se sumaron a la fracción del PRI y seis designados por el Jefe de Gobierno.

No fue una Asamblea realmente representativa de los habitantes de la ciudad. La mayoría de los diputados, eran originarios de muy diversas entidades federativas del país, pocos habían nacidos en la ciudad o tenían experiencia de gobierno en ella. No comprendieron el alcance y sentido del Proyecto y procedieron a deslavarlo, a incorporar sus intereses personales o de sus partidos y a frenar cualquier disposición que fuera más allá de lo prescrito en la Constitución Política del país.

La bancada del PRI, poderosa aún debido a que el gobierno federal estaba en manos de ese partido, tomo posesión física de inmediato de las bancas centrales en el Palacio de Xicoténcatl; mostró una disciplina total; el sentido de sus votos les era comunicado por vía de sus teléfonos celulares desde un comando central controlado por la Secretaría de Gobernación; incorporó a expertas que fueron instruidas previamente. Fueron particularmente duras dos diputadas respecto de los artículos relacionados con el derecho a la educación y los derechos de los trabajadores, tan cercanos a Muñoz Ledo.

La bancada del PRD apoyada por el gobierno de la ciudad, asumió la defensa del Proyecto presentado por el Dr. Mancera. Incorporó a varios expertos como diputados. Dolores Padierna, tomó el liderazgo de la fracción y de las discusiones. Se hizo el propósito de sacar la constitución a toda costa y costo, negociando con los diversos partidos. Hizo a un lado a Porfirio evitando que presidiera la Asamblea Constituyente y relegándolo a una comisión para conciliaría lo que se fuera aprobando. Porfirio con su equipo y el pequeño grupo de diputados designados por Mancera, buscamos estrategias para evitar lo más posible los cambios  al Proyecto.

La bancada del PAN funcionaba dividida en tres fracciones: los ultraconservadores, los defensores de los intereses privados en la ciudad y los conciliadores.

Obviamente la bancada menos organizada y más grande, era la de Morena, que apenas estaba en proceso de constitución. A  Bernardo Batiz, coordinador de ésta, le costaba mucho trabajo controlar el protagonismo de algunos personajes que constantemente se oponían a todo y tomaban la tribuna con largas intervenciones.

En fin, habría mucho que contar de las vicisitudes por las que pasó Porfirio Muñoz Ledo en esta experiencia.

Sin embargo, su inteligencia, su extraordinaria memoria, su experiencia, sus amplios conocimientos, su entrega comprometida a la tarea a pesar de sus condiciones de salud y el gran esfuerzo que hizo para dialogar, escuchar e incluir a la diversidad de actores políticos, sociales, económicos y culturales de la ciudad de México, fueron un factor fundamental para que los derechos de los habitantes de ésta se equiparen con los del  resto país.

Fue un honor trabajar a su lado y compartir una partecita de su larga y valiosa lucha.

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[1] Ciudad democrática, Ciudad incluyente, Ciudad sostenible, Ciudad productiva, Ciudad educadora,  Ciudad habitable, Ciudad segura ante los desastres y accidentes, Ciudad segura libre de violencia, Ciudad saludable, Ciudad convivencial y culturalmente diversa

Quiero empezar agradeciendo al jurado del Premio Compartir el otorgarme el correspondiente a “compromiso social” de este 2023.

El proceso de selección no debe ser una tarea fácil, debido a la complejidad y heterogeneidad de lo que llamamos sociedad civil en México.

Lo agradezco además porque al asignármelo a mí y a SERAPAZ, se tiende un puente hacia los activistas civiles que luchamos por la justicia social y el reconocimiento de los derechos humanos de nuestra diversidad social. Nos hemos enfrentado, por años, a los poderes políticos y económicos que desconocen, maltratan, controlan o discriminan a las poblaciones por su condición social y económica, o por su origen, raza, género o diversidad sexual.

En el contexto actual de violencia crónica, pobreza, polarización política y desastres naturales, es necesario que reunamos nuestras fuerzas, nuestros recursos de conocimiento y experticia y nos convirtamos en un actor social fuerte, que ofrezca alternativas y realice proyectos para impedir que el país continúe cayendo por el tobogán en el que estamos.

Pero, además, frente al cambio de época que estamos viviendo y ante la falta de perspectiva de mediano y largo plazo que domina a nuestra esfera política, tenemos que construir juntos escenarios posibles de futuro para nuestro país.

Los cambios geopolíticos y económicos a nivel mundial nos están asignando   un papel que asumimos simplemente como un hecho, cuando tendrán un efecto profundo en lo social, en lo económico, en lo cultural y en el medio ambiente.

Si desde la sociedad civil no asumimos una actividad proactiva frente a nuestro futuro, con visiones de mediano y largo plazo, todo México se convertirá en una Ciudad Juárez, como lo advertía yo hace varios años: un país maquilador, que genera pobreza laboral, destruye el tejido social y de las familias, padece del crimen organizado y conduce a los adolescentes y a las juventudes al mundo de la criminalidad como opción de movilidad social.

Por ejemplo, ¿Cuál será el efecto social del near-shoring si no presionamos a gobiernos y a empresas para que tomen responsabilidad sobre el bienestar de los trabajadores y sus familias como lo hicieron en su momento Don Eugenio Garza Sada y Don Antonio Ruiz Galindo?

Además, debemos reconocer que la situación política que estamos viviendo es resultado de una profundización de la desigualdad, no sólo económica y territorial, sino también social.

Es así por la contención y el deterioro de los salarios por 40 años, la segregación territorial entre pobres y ricos encerrados en guetos en las ciudades, el acceso diferenciado a servicios de salud, de educación, de transporte, al agua, a empleos dignos, más la destrucción de espacios públicos de encuentro entre personas y familias.

Se fue generado una brecha de tal magnitud, que tenía que llevarnos, tarde o temprano, al tipo de gobierno que hoy tenemos.

La cancelación de los canales de movilidad social -educación, empleo y seguridad social- y la creciente precarización de los trabajos, determinaron que los modelos de consumo promovidos por los medios de comunicación y practicados por las élites mexicanas, se transformaran en modelos aspiracionales para la adolescencia y las juventudes.

Lamentablemente, algunos optaron por el camino de la delincuencia, apoyados incluso por sus familias, para poder acceder a las grandes camionetas, a las residencias, relojes y ropa de lujo. Para empoderarse y ser reconocidos.

Se convirtieron así de víctimas de la profunda desigualdad, en victimarios.  Como sociedad, debemos encontrar vías para rescatarlos e impedir que sigan aumentando como víctimas-victimarios.

Para terminar, quisiera mencionar que toda mi vida pública la he dedicado a observar y visibilizar injusticias como las cometidas en el mundo del empleo y la informalidad, o en el crecimiento urbano desordenado y segregador, así como por la exclusión y violación de los derechos de las mujeres, de las personas mayores o de la primera infancia.

Siempre le aposté a la escucha y al diálogo y participé activamente en la lucha por la democracia, por el respeto a los derechos políticos y a la participación ciudadana. Promoví diversos espacios de encuentro y diálogo para la construcción de acuerdos.

Mi pasión siempre fue el desarrollo de instituciones públicas y civiles, de capacidades de buen gobierno y de políticas públicas, así como de proyectos concretos particularmente en los ámbitos del desarrollo social.

Mi mayor fracaso ha sido la imposibilidad de crear suficiente conciencia sobre los profundos cambios en los entornos familiares donde se construye a los seres humanos.

No es un tema que atañe sólo a la esfera privada. Las unidades familiares son construcciones sociales y es necesario que se asuman responsabilidades públicas que contribuyan a la crianza y al desarrollo de personas dignas.

Todos tenemos el derecho a cuidar y a ser cuidados, así como al tiempo propio.

Por último, no quisiera de dejar de felicitar a Premios Compartir y al Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. por su aniversario número 35 y dar las gracias nuevamente por el reconocimiento.