La Silla Rota 6. 06.2024

Escribo este editorial el 3 de junio a las 19;15 después de haber tratado de escuchar el domingo, a Guadalupe Taddei dando las cifras del conteo rápido. No resistí y me fui a dormir. Mi perplejidad ya estaba agotada al escuchar a Mario Delgado decir, casi inmediatamente después del cierre de las casillas, que Claudia había ganado la elección con más del doble de votos. TELEVISA y las empresas de las encuestas de salida, seguramente contratadas por Morena, comprobaron el dicho de Delgado.

El día de hoy mi perplejidad se elevó con la información de que Morena y su coalición de partidos impresentables y rémoras, habían obtenido mayoría calificada en las dos cámaras, la de senadores y la de diputados, lo que les permitirá cambiar la Constitución.

Además, está la confirmación en el PREP de que con el 92.8% de las actas contabilizadas hasta esa hora del día 3, Claudia había recibido 33 millones de votos y Xóchitl sólo15.5 millones.

Me enteré de que habían ganado en Veracruz, después de un gobierno abusivo y represor, en Morelos que sufrió con un gobernador incapaz y un crecimiento del control territorial del crimen organizado, en Yucatán con una población altamente politizada y con un candidato de baja calidad, en Ciudad de México con una diferencia de alrededor de 10 puntos entre Clara Brugada y Santiago Taboada.

Estos resultados no son compatibles con la crisis de violencias que vivimos, ni en materia de salud y de migración; ni por la destrucción de capacidades institucionales y del servicio púbico; de repetidos fiascos en materia internacional; de la creciente militarización, de la falta de transparencia en el destino de los recursos públicos, de la destrucción del medio ambiente y de otras más que ya han sido compartidas por diversas personas en las redes y en los medios.

No refleja tampoco lo que viví semanas antes de la elección. Encontré a pocas personas que me hablaran bien de la 4T. Se quejaban de no encontrar sus medicamentos, de haber perdido a algún familiar en la pandemia por negligencia, del deplorable estado de los elevadores en  Siglo XXI y en el hospital Gabriel Mancera o de la falta de insumos para continuar sus investigaciones o para llevar a cabo cirugías; de una pareja de maestros que perdió todo su patrimonio en el huracán de Acapulco; del cobro de piso, o la decisión de una familia  de irse del país; de  la reclusión de una joven por la corrupción en la fiscalía de la Ciudad de México y por la ampliación de motivos para la prisión preventiva.  

Para mi sorpresa, por primera vez frente a una elección presidencial, me encontré con varios amigos y familiares, radicados fuera del país, que vinieron sólo para votar.

Lo que más me sorprendió fue que según el INE sólo participó el 60% de la lista nominal. ¿Y las larguísimas colas? ¿Y las horas de espera? ¿Y las mareas rosas en todo el país?

Creo que se les pasó la mano con los resultados que difundieron.

La Silla Rota 20.06.24

Se realizaron al fin las elecciones Se terminó la campaña electoral más larga e inequitativa de la historia reciente de nuestro país. Como suele suceder 40 % de la ciudadanía no acudió a votar.

Del 60 % que si voto 35 % lo hizo por la candidata del oficialismo y 25% por los candidatos de la oposición. Los resultados muestran que una parte de la población prefiere tener el dinero en el bolsillo, derivado del muy justo y necesario aumento del salario mínimo legal, de las transferencias que otorga el gobierno, de las remesas y de los miles de millones de pesos ilegales que se usaron para comprar votos. Al parecer no les interesa esperar a que alguien se ocupe de hacer efectivos sus derechos sociales con servicios públicos de salud, educación y protección social.

Una parte del voto por Claudia Sheinbaum, según algunos articulistas, provino de las clases media y altas con la esperanza, que dado su perfil de científica, lleve a cabo un mejor gobierno que el de AMLO. Ni Xóchitl Gálvez ni las propuestas de la  alianza opositora las convencieron de que podían gobernar.

Pero al despertar de la larga pesadilla de las campañas y la jornada electoral, nos dimos cuenta que los graves problemas colectivos que debieron ser atendidos por el gobierno actual, seguían allí y se siguen generando nuevos.

El más grave de todos es la violencia dado el poder y el control de territorio que ejerce la delincuencia organizada. Ahora a la necesidad de separar el poder político del económico, se agrega la de separar el poder político del poder criminal. Quienes afirman que las elecciones fueron pacíficas que  pregunten a los candidatos amenazados y asesinados, a quienes  fueron electos y están en riesgo, así como a las poblaciones que fueron obligadas a dar su voto por la candidata oficial.

Los homicidios, las masacres, las desapariciones, los despojos, los desalojos, el cobro de piso y la extorsión siguen aumentando y extendiéndose de manera exponencial como es el caso de Chiapas.

Otro grave problema es la polarización que, si bien ha creado una identidad entre las poblaciones históricamente explotadas, genera confrontaciones, incluso odio y separa a amigos, parientes y vecinos. Es combustible para la violencia.

La presidente electa se enfrentará a una destrucción institucional que ha cancelado o disminuido capacidades centrales para el ejercicio de gobierno. Por ejemplo. se ha abonado a una política social neoliberal mediante las transferencias monetarias al continuar trasladar la demanda de servicios de salud y educación al sector privado..

Asimismo, han desaparecido o reducido los presupuestos de instituciones que permiten ejercer una necesaria actividad regulatoria o atender a grupos vulnerados de la sociedad como los refugiados y las mujeres violentadas o proteger recursos como el agua, los bosques, los recursos  mineros o la diversidad ecológica.

La Silla Rota 18.07.24

En el curso de la administración que está por terminar estamos a un paso de retroceder una vez más, en la realización y respeto de nuestros derechos humanos.

La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial no mejorará el sistema de justicia que tanto afecta a millones de ciudadanos en el país. Tampoco acabará con la corrupción que existe en la procuración e impartición de justicia, como no se ha acabado con la que prevalece en los congresos, ni en los poderes ejecutivos.

Por lo tanto, es un gran absurdo que dos poderes donde persiste la corrupción quieran llevar a cabo un cambio como el que se propone. No es en beneficio de la ciudadanía. Es una gran mentira.

El propósito en realidad es la captura por la 4T del único poder que pone límites a las constantes violaciones que realiza el presidente de la República a la Constitución y a las leyes que de ella se derivan. Es acabar con la figura del amparo, único medio que actualmente tenemos para defendernos de los atropellos y arbitrariedades de las autoridades. También acabar con la posibilidad de frenar leyes expedidas por el Congreso que violan los preceptos constitucionales.

El sometimiento del poder judicial a elecciones por voto directo del “pueblo” significará el control absoluto del poder político del país por la presidente. Es volver a los años sesenta del siglo pasado si además el Congreso aprueba las otras modificaciones a la Constitución propuestas por el actual presidente.

El Estado mexicano ha sido incapaz de construir un sistema de justicia que proporcione a la población seguridad en su integridad, en su vida, en su libertad, en su patrimonio, ni en su actividad de trabajo y que responda a los principios de igualdad, imparcialidad, derecho al debido proceso, presunción de inocencia y reparación del daño.

Los crecientes niveles de violencia que hemos experimentado en esta administración se relacionan en parte importante, con la elevada impunidad que prevalece en el país. Los delincuentes saben que difícilmente serán capturados y juzgados.

El sistema de justicia no sólo incluye al poder judicial y a tribunales de diversas materias, federales y estatales. También se integra por la defensoría pública, los medios alternativos de solución de conflictos y de manera muy importante, por los ministerios públicos que deberían encargarse de investigar y armar los expedientes.

Nada ha propuesto la 4T sobre las fiscalías. Aun cuando la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México son instituciones autónomas han sido utilizadas por las actuales autoridades para meter y mantener a personas injustamente en la cárcel, para investigar a quienes consideran adversarios o para aplicar la prisión preventiva ampliada por el actual gobierno. Además, en las fiscalías tanto federal como estatales prevalecen altos niveles de corrupción.

Ese es el futuro de un poder judicial sometido a una elección de tipo político: perder su independencia y quedar al servicio del partido en el poder.

Grave regresión.

La Silla Rota 01.08.2024

La destrucción de capacidades del estado mexicano por la 4T para cumplir las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de la población ha sido sostenida y mucha más profunda que aquella realizada por los gobiernos “neoliberales”.

Llevada a cabo de manera irracional, con una profunda ignorancia sobre la organización y las funciones de un estado social de derecho y sobre el aumento de la complejidad social y los riesgos de la humanidad, se argumenta que cumple con los “principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y el derecho a una mejor administración”; la famosa austeridad republicana o nadie puede ganar más que el presidente de la República.

Con mucha frecuencia me he preguntado a quién le encargaron reducir a machetazos presupuestos, desparecer o minimizar instituciones, áreas de gobierno como subsecretarías y oficialías mayores, fideicomisos, bancos de desarrollo, organismos públicos autónomos.

¿Cuál es el proyecto de administración pública de la 4T? ¿Se reduce a recaudar impuestos para entregarlos a la población mediante transferencias directas individuales y sin que los beneficiarios tengan que hacer nada por recibirlas? Además, diciéndoles, mediante un ejército de servidores de la nación, que son beneficios que les otorga el presidente.

El deterioro de la calidad de vida para toda la población será cada vez mayor y más evidente por este desprecio a la función pública, aunado a la expulsión de servidores públicos con conocimientos y experiencia para ser substituidos por personas cuyo único mérito es tener la confianza del presidente de la república y sus allegados, así como por la falta de inversión suficiente en mantenimiento y equipamiento de servicios públicos sociales de salud, educación, transporte, distribución de agua, entre otros.

Ya lo estamos experimentamos con la dificultad para enfrentar los incendios forestales de este año, con la pérdida de calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el aumento de alergias y enfermedades respiratorias, con la incapacidad del gobierno para enfrentar el desastre en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán, con el aumento de las extorsiones y la impunidad, con la escasez de medicamentos y la disminución de la vacunación infantil, con la mayor frecuencia de descompostura de los aparatos eléctricos por fallas en la provisión de energía eléctrica, con la afectación a los productores de alimentos por la desaparición de la financiera para el desarrollo agropecuario o con los crecientes problemas que enfrenta la población para la realización de trámites.

La integración de varios organismos públicos autónomos a las secretarías de la administración central del gobierno propuestos en el Plan C  bajo el pretexto de simplificación orgánica, representa un gran retroceso en la lucha ciudadana por la democracia que buscó quitarle al gobierno autoritario del PRI decisiones que le permitían reproducir y mantener su poder mediante concesiones y permisos o por vía de la organización de las elecciones, así como obligarlo a ser transparente en el uso de los recursos públicos y el ejercicio del poder. Un retroceso de al menos 30 años.

El pasado 3 de agosto falleció José Agustín Ortiz Pinchetti actor clave en la lucha ciudadana por la democracia. Como amiga de José Agustín y de Loretta Ortiz Ahlf lamento su partida, aunque creo que al final descansó.

Conocí a José Agustín en 1991 cuando fui invitada por Miguel Basáñez a integrarme junto con Amalia García, al grupo que se autodenominaba de Los Nueve y que se había integrado en 1990 con tres militantes de las corrientes democráticas del PRI, PAN y de la izquierda. Su interés era intercambiar posturas e información en relación con eventos importantes que estaban ocurriendo en el país después de la desastrosa elección presidencial de 1988.

Participaban en ese grupo José Agustín, Basáñez y Demetrio Sodi por el PRI, Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Zinser y Graco Ramírez por la corriente de izquierda y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jesús González Schmal y Bernardo Bátiz   por el PAN.

José Agustín siempre fue un hombre amable, cariñoso, con una profunda espiritualidad y un gran interés por contribuir al avance democrático y a la justicia social. Quisiera recordar sólo algunas actividades en las que participé con José Agustín.

Desde ACUDE, Acuerdo Nacional para la Democracia, organización derivada del grupo de Los Nueve y que José Agustín presidió primero, participamos en actividades de observación electoral en tiempos que éstas causaban enorme enojo al gobierno priista, formulamos los “20 Compromisos por la Democracia” y fuimos una de las siete organizaciones que crearon Alianza Cívica. El plebiscito de 1993 en el Distrito Federal y el Grupo San Ángel también fueron proyectos a los que contribuyó ACUDE.

Cuando José Agustín fue consejero ciudadano del Instituto Electoral participé en el Comité Técnico para la vigilancia de las auditorías al padrón electoral, intervención que contribuyó a dar certeza de que ese padrón ya era confiable.

Varios integrantes de ACUDE colaboraron con José Agustín y Santiago Creel en el Seminario del Castillo de Chapultepec que sentó las bases para la reforma electoral aprobada por los partidos en 1996.

Ese año también formamos Causa Ciudadana, una de las primeras asociaciones políticas nacionales resultantes de esa reforma y que tuvo un desempeño ejemplar.

Finalmente, fui testigo del gran esfuerzo que José Agustín y María de los Ángeles Moreno, otra entrañable amiga, hicieron para que se aprobara la reforma política del Distrito Federal y se otorgara mayor presupuesto al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad.

Un periodo memorable de participación y organización ciudadana en el que José Agustín Ortiz Pinchetti jugó un papel protagónico.

Lamentablemente no logramos avanzar en una democracia participativa fundada en la escucha y el diálogo y en el reconocimiento de la complejidad y la diversidad social, económica y cultural de la población en el vasto territorio nacional. Mucho menos avanzamos en la formulación de un nuevo pacto social para generar un país incluyente, equitativo y con una perspectiva que permitiera desarrollar instituciones novedosas para enfrentar los nuevos riesgos que plantea el cambio de época que está viviendo la humanidad.

Cuando una madre acude a una fiscalía a solicitar que la ayuden a localizar a su hija recién desparecida y le contestan que seguramente se fue con el novio, es que el Estado se ha deshumanizado.

Cuando un grupo de madres buscadoras solicitan la protección de las autoridades para ir a escarbar en los terrenos donde posiblemente se encuentren los restos de sus familiares y nadie las acompaña y protege, es que el Estado está disminuido.

Cuando las personas y las comunidades no saben a quien acudir frente a un grupo de hombres armados que entran a sus casas, a su pueblo o a su barrio con el fin de secuestrarlos, matarlos o despojarlos, es que el Estado ha desaparecido.

¿Dónde quedó el Estado mexicano?

Las respuestas que recibimos ante la crisis de violencias que vive el país son muy diversas como:

• Estamos atacando las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
• Con el Programa “Jóvenes construyendo el futuro” estamos evitando que los jóvenes ingresen a la delincuencia.
• “Abrazos y no balazos” porque los delincuentes también son seres humanos.
• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en marzo de 2023, el 62.1 por ciento de la población se sentía insegura en su ciudad, y para marzo de 2024 ya sólo fue el 61.0 por ciento.
• Lo que ocurre en realidad, nos dicen, es que organizaciones conservadoras como el Frayba y el Prodh están exagerando y montando escenas para que se crea que en Chiapas hay un desastre por la presencia del crimen organizado.

La triste realidad es que las autoridades, a quienes elegimos democráticamente para hacerse cargo de los poderes del Estado, han renunciado al uso legítimo de la fuerza.

Eso significa renunciar a una facultad que les es exclusiva para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social.

Es una tragedia que instituciones civiles que deberían estar a cargo de las tareas de seguridad pública como las policías municipales y las estatales hayan sido desmanteladas, paralizadas o capturadas por la delincuencia en lugar de haberlas fortalecido, capacitado, dotado de equipamiento, tratado con dignidad y apoyado con inteligencia.

Argumentar que se están enfrentando las “causas estructurales” de las violencias no justifica permitir que tantas vidas se pierdan, que tantas personas sean sometidas a modalidades actualizadas de esclavitud, que miles de niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos violentos y en soledad y vean morir o desaparecer a sus madres, padres, hermanos o compañeros. Con ello se recrean causas estructurales.

Los programas sociales no funcionan como prevención de las violencias en entornos donde éstas se han normalizado si no va acompañados de intervenciones que, haciendo uso legítimo de la fuerza, restauren el orden público, la seguridad y la paz social.

Frente a la difundida y creciente violencia en nuestro país se están desarrollando varios esfuerzos para construir agendas de paz y proponérselas a quienes se disputarán la presidencia, las gubernaturas y las presidencias municipales en nuestro país.

Conozco cinco plataformas de la sociedad civil y de las iglesias que están vinculando a personas y organizaciones interesadas en la materia, así como a aquéllas que llevan a cabo proyectos exitosos de seguridad, justicia, construcción de tejido social y economía solidaria.

Se trata entre otros aspectos, de recuperar y difundir experiencias de buenas prácticas de policías de proximidad, acuerdos y mesas de seguridad, solución pacífica de conflictos, recuperación de la convivencia y de la confianza mediante actividades culturales, fiestas, deportes y rescate de tradiciones. Obviamente además de propuestas para que los gobiernos realicen y se comprometan a reducir la conflictividad y las violencias y recuperan la confianza de las personas y comunidades.

Existe inclusive un importante esfuerzo internacional, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Son más de 100 organizaciones de Guatemala, Honduras, México, Colombia, Estados Unidos y Canadá.  

Incluye a comunidades mexicanas, mexicano-americanas, afrolatinas y latinx que han venido elaborando una Agenda Binacional que presentarán aquí a finales de febrero.

Entre sus demandas a los gobiernos de México y de Estados Unidos plantean detener el flujo legal e ilegal de armas de Estados Unidos a México; abrir los cuarteles a sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia; cooperar en la búsqueda de personas desaparecidas en la región y establecer mecanismos de justicia, verdad, memoria y reparación.

Incluyen el reconocer y terminar el racismo y su legado histórico en todo nivel y garantizar el respeto a las comunidades y pueblos indígenas.

Proponen cambiar el modelo actual de gestión migratoria para acabar con la detención y deportación de personas migrantes; establecer un camino para la desmilitarización completa de los territorios y las fronteras e impulsar acuerdos laborales en ambos países que protejan a las y los trabajadores, sindicatos y castiguen a las compañías que se aprovechan de la migración forzada.

Será una importante agenda que refleja el sentir de trabajadores, agricultores, campesinos, artesanos, mujeres, jóvenes y niños y niñas, migrantes, afrodescendientes, pueblos originarios, que son víctimas de un capitalismo salvaje, globalizado, que explota a miles de millones de seres humanos, extrae recursos naturales en todo el globo, somete gobiernos y compra e impone políticos, se alía y controla bandas delincuenciales y promueve guerras para seguir explotando tierras y personas.

Un capitalismo salvaje que, por la avaricia irrefrenable y el deseo de poder y control de sus protagonistas, está llevando a la humanidad a su extinción.

Muchos y muchas compartimos una gran incertidumbre y un creciente temor sobre lo que ocurrirá en nuestro país en 2024.

En un contexto mundial de guerras y destrucción, aumento de los extremismos políticos y religiosos, elecciones en países donde habitan 3.5 mil millones de personas, creciente concentración de poder en empresas tecnológicas globales y un futuro de riesgos ambientales en aumento, México está participando en condiciones poco favorables.

Posiblemente continuará expandiéndose el control del territorio y de las actividades económicas por el crimen organizado.  Ello frente a una destrucción y centralización de capacidades institucionales para gobernar y brindar bienestar, protección y seguridad a la población.

Desde junio de 2022, a raíz del asesinato en Cerocahui, Chihuahua de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas, la Compañía de Jesús en México inició un proceso de conversatorios y foros para la construcción de paz en todo el país.

En una primera etapa se escucharon las voces, las esperanzas, los dolores y los miedos de más de 20 000 personas en comunidades rurales y en ciudades. Cómo resultado de esta primera etapa, un grupo de personas expertas rescataron y ordenaron las preocupaciones y las propuestas y formularon una Agenda Nacional de Paz en torno a cuatro temas: justicia, seguridad, tejido social y cárceles.

La Agenda fue presentada en noviembre al presidente de la República y a las dos candidatas a la presidencia en reuniones con la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Poco después, la sometida Comisión Nacional de Derecho Humanos acompañada por varias instituciones de gobierno y universidades,

emitió una extraña DECLARACIÓN sobre “paz crítica” que pareció ser una respuesta del gobierno federal a la Agenda Nacional mencionada.

En la actualidad se está llevando a cabo una segunda etapa del Diálogo Nacional por la Paz. Se continua con los conversatorios al nivel local y se sumó el trabajo de siete comisiones integradas por personas expertas a nivel nacional. En esta etapa se pretende elaborar agendas de paz locales y profundizar las propuestas en los cuatro temas mencionados, así como abordar de manera particular la situación de los adolescentes y jóvenes.

En la comisión nacional encargada de proponer políticas, programas y acciones para la construcción de tejido social enfrentamos grandes retos: cómo desarrollar modalidades de socialización que generen espacios de confianza y pongan límites a conductas violentas; cómo construir seres humanos que respeten y reconozcan el valor de la vida, de la libertad y de la  integridad de otros; cómo recuperar y reintegrar socialmente a los miles de víctimas-victimarios a partir de que ellos mismos sean reconocidos como seres valiosos y con derechos; como enfrentar las tecnologías que deshumanizan, aíslan y destruyen las relaciones humanas.

Retos de difícil respuesta frente a las revoluciones industriales en curso, la ausencia de mecanismos de gobernanza mundiales, la extensión de conflictos bélicos y un año de elecciones en nuestro país.

Pronto iniciará 2024. Muchos seguramente deseamos que no resulte tan violento, ni tan conflictivo como sería de esperar en un año en el que 20 mil 263 cargos públicos serán objeto de elección. Estos incluyen a la presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados, 9 gobernaturas, entre ellas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y 1,803 presidencias municipales. El resto son sindicaturas, regidurías, concejalías y cargos auxiliares.

Por varios meses  la conversación y la disputa pública han girado en torno a las candidaturas, a las encuestas amañadas, a las confrontaciones entre cúpulas de los partidos,  a la paridad en las candidaturas, a los equipos que acompañarán a quienes resultaron ganadoras de obscuros procesos de selección, así como sobre las múltiples violaciones a la legislación electoral por todos los que están en la pelea por el poder político y también por quienes operan como árbitros del proceso: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF)

No recuerdo haber vivido un proceso electoral tan prolongado, tan descompuesto y con tantos intereses contrapuestos. Ni tampoco que lleve tantos meses desviando la atención de asuntos tan urgentes e importantes para el país como el incremento del control de la delincuencia en actividades económicas legales, la muerte de jóvenes en asesinatos colectivos que quedan totalmente impunes, el aumento de la violencia hacia las mujeres o los daños provocados por el huracán Otis en Guerrero.

Sólo se mira el corto plazo y la superficie y se desatienden problemas estructurales que deterioran cada día más nuestra convivencia.

Quisiera expresar por ello varios deseos para el 2024.

Primero que las autoridades electorales puedan integrarse debida y oportunamente: el Tribunal con los magistrados que faltan tanto en la sala federal como en las regionales, responsabilidad ésta del Senado, y que el INE finalmente acuerde colocar funcionarios con experiencia a cargo de su secretaría y de sus direcciones ejecutivas.

Que los magistrados y los consejeros tengan presente que están al servicio y muy bien remunerados por la ciudadanía y no por los partidos políticos. Que están obligados a preservar su independencia como árbitros, así como la integridad del proceso electoral y la confianza en el mismo.

Que las cúpulas de los partidos políticos reconozcan que son sólo eso, cúpulas sin militantes, y acepten que otras candidaturas son posibles y necesarias y que no postulen delincuentes como candidatos.

Finalmente, que en especial el presidente, las candidatas, los gobernadores y el congreso federal comprendan que han sido muchos años, mucho esfuerzo de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, muchas vidas y años de cárcel y muchos recursos públicos dedicados a construir una democracia que, aunque perfectible e incompleta, nos ha permitido transitar en paz entre gobiernos de diferentes partidos desde hace cerca de un cuarto de siglo.