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La violencia como la basura, la producimos todos y todas

La pandemia y el consecuente encerramiento, la inseguridad y la violencia prevalecientes, la polarización política y el aumento del tiempo utilizado en las redes sociales están afectando nuestras relaciones de convivencia, destruyendo tejido social, generando soledad y abonando a más violencia.

Ya no nos reconocemos en los otros, ni nos interesamos por el bien de los demás. Estamos ensimismados, muchos buscando un sentido de vida, otros el éxito y el reconocimiento personal, otros más esperanzados en que el gobierno les resuelva la vida, o aquellos que viven en sus espacios de alabanzas mutuas.

Las semanas recientes fuimos testigos de más actos de violencia. El problema es que ya nos son sólo los actos resultantes del crimen organizado y del nivel de crueldad que ejerce al destruir vidas, cancelar libertades y someter a nuevas esclavitudes.

Cada vez es más evidente que nos hemos convertido en una sociedad violenta, que nuestras relaciones cotidianas son violentas, así el joven que maltrata al vigilante o al mesero, aquellos que hacen caer a una persona mayor en la calle y la patean, los automovilistas que agreden a los ciclistas o los motociclistas que ponen en peligro sus vidas y las de otros o los niños y niñas que se relacionan a golpes con sus compañeros.

Lamentablemente los más frecuente son las prácticas de violencias de todo tipo en los hogares, incluso asesinando a las parejas. Quienes la ejercen ponen el ejemplo de la violencia como forma de ejercer el poder o resolver conflictos a las generaciones jóvenes. Convierten el ser violento como un patrón para ser reconocido y poderoso.

Los actos disruptivos ejercidos por militantes de un partido político en el Congreso de Nuevo León el 29  de noviembre en desacato a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial son un claro ejemplo del nivel de violencia e impunidad que hemos alcanzado.

La creciente ausencia del Estado Mexicano en el uso legítimo de la fuerza para facilitar una convivencia con claros límites a la trasgresión de las normas que determinan nuestro pacto social y la polarización alentada desde el poder político están llevándonos por un camino de confrontación que puede estallar en el próximo proceso electoral.

Muchos nos preguntamos ¿qué podemos hacer personalmente para detener la espiral de violencia en que vivimos? Lo primero es hacer conciencia de nuestras propias prácticas de violencia  como maltratar a nuestros hijos, no saludar y reconocer la presencia de otras personas en los espacios públicos, sumergirnos y aislarnos en nuestros teléfonos celulares, no pagar dignamente  los trabajos que otros realizan para nosotros, utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para insultar, burlarse, difundir mentiras y agresiones o no respetar las reglas de tránsito y ser corteses con otros usuarios de las calles.

La violencia, como la basura, la producimos todos y todas. Para detener la espiral de violencia hagamos conciencia de nuestras propias conductas violentas y procedamos a cambiarlas.

Urge construir escenarios posibles de futuro para México

Vivimos una época de profunda incertidumbre sobre el futuro; sobre ¿cómo nos afectará a nosotros y a nuestros hijos y nietos el deterioro del medio ambiente o los efectos positivos y negativos del desarrollo tecnológico? o ¿qué ocurrirá con la relocalización económica en la distribución de las riquezas, los empleos y los ingresos?

A muchos nos tiene azorados las expresiones más recientes de guerras incontrolables, resurgimiento del fascismo, del terrorismo y de las ortodoxias religiosas, del suprematismo blanco, de dictaduras populistas de diverso signo y por lo tanto, de la evidente incapacidad e insuficiencia de los modelos políticos nacionales e internacionales que se construyeron después de la segunda guerra mundial para generar acuerdos, definir reglas y límites y respetar los derechos humanos.

Como país los cambios geopolíticos, culturales y económicos a nivel mundial nos están asignando un papel que asumimos simplemente como un hecho, cuando tendrán un efecto profundo en todo el territorio tanto en lo social, como en lo económico, lo cultural y en el medio ambiente.

Por ello, ante la falta de perspectiva de mediano y largo plazo que domina a nuestra pobre esfera política, resulta urgente construir escenarios posibles de futuro para nuestro país.

Creo que si desde las organizaciones de la sociedad civil y de la academia no asumimos una actividad proactiva frente a nuestro futuro, con visiones de mediano y largo plazo, todo México se convertirá en una Ciudad Juárez, como lo advertimos hace varios años: un país maquilador, que genera pobreza laboral, destruye el tejido social y de las familias, padece del crimen organizado, carece de capacidades institucionales y conduce a los adolescentes y a las juventudes al mundo de la criminalidad como opción de movilidad social.

Por ejemplo, ¿Cuál será el efecto social de la relocalización industrial si no presionamos a gobiernos y a empresas para que tomen responsabilidad sobre el bienestar de los trabajadores y sus familias, desarrollen viviendas dignas, escuelas y clínicas suficientes y de calidad, incluso servicios recreativos y propicien una mayor armonía entre trabajo y vida familiar?

Repetir la historia de usar recursos públicos para construir sólo la infraestructura necesaria para atraer la inversión externa, o actualmente, cuarteles de la guardia nacional para brindar “seguridad” como en Acapulco, sólo abonará al aumento de la desigualdad y la pobreza, así como al mayor deterioro de la convivencia familiar y a mayor violencia.

Ejercer el poder para seguir ejerciendo el poder

La Silla Rota

9.11.2023

El deficiente y perjudicial manejo de la pandemia de COVID y la lenta, tardía e insensible respuesta al desastre provocado por el huracán Otis en Guerrero, son claros ejemplos del cambio de los objetivos de gobernar en nuestro país.

Se ha ido perdiendo el propósito de hacerlo para generar bienestar y seguridad en un territorio compartido. Cada vez más el interés se centra en mantener el poder y el control político. Cerrarse al diálogo y a la construcción de consensos es la consigna.

Se atenta contra el derecho a la participación, a la organización, a la solidaridad y a ser corresponsable frente a las tragedias que afectan a la población.  Actualmente, todo tiene que ser decidido, organizado y provisto por el gobierno federal y el ejército. Sólo el gobierno federal provee las vacunas, aunque las que ofrece no sirvan para proteger a la población de la variedad actual del virus.

La decisión presidencial inicial fue que sólo el ejército distribuyera los apoyos sociales para las personas afectadas en Guerrero, para evitar privilegios o con el fin de usarlos para las campañas políticas en curso. Afortunadamente el ímpetu de la sociedad civil, tantas veces evidenciado frente a las recurrentes catástrofes, impidió que esa decisión se mantuviera.

De acuerdo con la doctrina de la 4T vivir en pobreza significa ser bueno, digno, aceptar todas las decisiones que el presidente toma porque lo hace por el bien de los pobres, del pueblo. El propósito es eliminar los privilegios. El interés parece ser nivelar hacia abajo a todos aquellos que viven por encima de la línea de pobreza, porque cualquier deseo de superarla, se interpreta como ¨aspiracionistas”.

Lo importante es mantenerse en el poder para cambiar la cultura y empoderar a la población pobre y seguir destruyendo todo lo que se oponga al proyecto de la 4T.

Por eso no importa borrar de un plumazo instituciones y violar legislación que tomó años crear para contar, por ejemplo, con capacidades y recursos asegurados para la previsión y atención de desastres, proteger y evitar el deterioro del medio ambiente, apoyar las ciencias y el desarrollo tecnológico,  la atención a víctimas o la provisión de cuidados.

Tampoco importa, usar los puestos del gobierno para colocar a personas de confianza sin capacidad alguna, que desconocen sus funciones y responsabilidades y cómo ejercerlas como es el caso de la gobernadora de Guerrero o mantener a diputados y senadores que van a votar siempre a favor de las iniciativas presidenciales por temor precisamente, a perder sus privilegios y su participación en puestos de poder.

Sólo el presidente, con el voto de sus legisladores, decide el destino de los recursos que aportamos todos y todas o que provienen de la explotación de nuestros bienes comunes. Por ello, únicamente si viene una orden presidencial, los legisladores de Morena se atreverán a destinar recursos del presupuesto de 2024 para atender la emergencia y la reconstrucción de Acapulco y de varias comunidades afectadas de Guerrero.

Lo importante es el acceso a la justicia

Perder el tiempo para atacar de manera artera y carente de verdad al Poder Judicial de la Federación afecta el equilibrio entre poderes, así como a nuestra precaria democracia y pospone la urgente necesidad de atender la falta de acceso a la justicia de la población.

Los tres poderes del estado y los tres niveles de gobierno deberían estar ocupados, articulados y usando su tiempo para resolver la desesperante falta de acceso a la justicia que nos coloca en el lugar 131 de 140 países en el Índice de acceso a la justicia civil (WJP) y con el menor gasto en seguridad pública y en el sistema de justicia de cualquier país de América Latina. 

Cientos de miles de víctimas, tanto del crimen organizado como de la delincuencia común, sufren la ineficacia, la corrupción y la insuficiencia de las fiscalías y de los tribunales responsables de procurar e impartir justicia, que además resuelven muy pocos casos.

Las policías y fiscalías se concentran en delitos de poca monta o capturan personas en flagrancia o a quienes les “siembran pruebas”. Llenan las cárceles con población de escasos recursos y por delitos menores.

La percepción de la comunidad es que quienes cometen delitos no sufren consecuencia alguna y que denunciar los crímenes no sirve para nada (Agenda Nacional de Paz).

Se trata de 32 fiscalías y 32 tribunales estatales donde la situación de acceso a la justicia es la peor: sometidos a los gobernadores, sin suficientes recursos, sin capacidades profesionales, ni tecnología actualizada.

Se suman la Fiscalía Federal, también carente de toda autonomía y de profesionalismo, y finalmente, el Poder Judicial de la Federación que ha mejorado su desempeño y está defendiendo su independencia.

Uno se pregunta: si desde el inicio de su administración el presidente sabía de la existencia de los trece fideicomisos del Poder Judicial Federal que pretende desaparecer, ¿por qué  hasta ahora  quiere pasar los 15 mil millones de pesos que suman sus recursos a una caja negra sin control alguno?

¿Será porque los mecanismos que ha usado para someter a la Corte Federal no le han funcionado? ¿Será porque la composición de esta ha frenado varias de sus iniciativas de ley?

¿Por qué tanto encono del presidente contra la presidente y los ministros de la corte?

Un día sí y otro también, los insulta y los descalifica como recién ocurrió contra el ministro Juan Luis González Alcántara, quien en ejercicio de sus derechos y congruente con su historia de jurista destacado y honorable, acompañó las marchas del domingo pasado para protestar contra este nuevo abuso del poder presidencial.

Lo que menos interesa al gobierno son las necesidades reales de acceso a la justicia de la población. Un derecho humano totalmente conculcado en el país al no haber consecuencias para delitos que agobian y mantienen a la población en una situación de miedo y violencia normalizada y crónica.

El terrorismo no es justificable

Los actos de terrorismo realizados por el brazo armado de Hamás contra la población civil israelí, planeado durante varios meses y seguramente financiado y asesorado por intereses políticos del complejo mundo de los países árabes, no es aceptable, ni justificable.

Ni el asesinato, ni la tortura, ni el tratamiento cruel, inhumano o degradante ejercido contra cualquier persona, son excusables. Se trata de actos de lesa humanidad.

Masacrar o secuestrar a niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas mayores y con discapacidad, penetrando en sus casas y en sus comunidades para generar muerte, terror, incertidumbre y desconfianza entre la población civil de Israel, no pueden justificarse mediante explicaciones históricas.

Los extremismos ortodoxos confrontados, la intolerancia frente a las diferencias, la polarización utilizada por élites religiosas y políticas para imponer o conservar su poder y someter a millones de personas, son una expresión del abismo al que se dirige la humanidad.

Hace 75 años la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal compartido.  Fue un pacto mundial para evitar la repetición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y del exterminio, ejercidos por los estados de varios países durante la Segunda Guerra Mundial, destacadamente Alemania, contra poblaciones con identidades religiosas, ideológicas y de origen étnico diversas.

Lamentablemente, las instituciones creadas a nivel internacional y nacional para hacer efectivo ese pacto, así como los instrumentos internacionales que se fueron creando para reconocer los derechos humanos y para exigir su cumplimiento, se encuentran impotentes y debilitadas frente a la violación de estos por distintos agentes.

Ya no son sólo los estados que los incumplen, son las empresas globales de tecnología, las productoras y vendedoras de armas, las farmacéuticas, los terroristas, el crimen organizado, entre otros.

La crueldad, las violencias y las guerras se extienden en el mundo sin que exista poder alguno que las pare. Los estados nación y los organismos internacionales resultan impotentes y están rebasados.

Haber llevado a cabo este ataque por mar, tierra y cielo a una población civil indefensa durante la madrugada, merece una reprobación absoluta.

“El reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”

Escuchar los dolores de las personas en el territorio

1002 conversatorios comunitarios, 50 foros estatales y temáticos, 18,000 personas participantes fueron la base para llevar a cabo el Diálogo Nacional por la Paz en la Universidad Iberoamericana de Puebla del 21 al 23 de septiembre.

Asistimos al evento cerca de 1,200 personas. La organización fue impecable y la calidez de nuestros anfitriones notable. Escuchamos conferencias magistrales, foros de especialistas, de víctimas, migrantes e indígenas y la exposición de buenas prácticas al nivel local en materia de seguridad, justicia y tejido social.

Tuvimos la oportunidad de conversar y conocernos en 44 grupos de 20 personas y al final nos reunimos por estados para evaluar lo ocurrido y mirar hacia el futuro.

Algunos eventos se pueden escuchar en el canal de YouTube de la Ibero Puebla. Considero especialmente valiosos el resumen de los Diálogos Sociales presentado por el P. Hernández Quezada, SJ; la conferencia magistral sobre la realidad del país a cargo de Elena Azaola y Jorge Atilano y el foro sobre buenas prácticas de seguridad ciudadana.

Resumo lo que más me impactó del evento

En primer lugar, el buen espíritu y la cordialidad que privaba. Había un deseo de escuchar, intercambiar, aprender y fundamentalmente, de encontrar alguna ruta para salir del abismo que vivimos ante una violencia inaudita y descontrolada.

En segundo lugar, la importancia del reconocimiento. Todas las personas son valiosas y merecen ser bien tratadas, desde los niños y niñas pequeñas, las juventudes, las mujeres, las personas indígenas y las mayores, así como aquellas que nos brindan un servicio y que muchas veces portan uniformes como los policías, las que limpian los espacios públicos, las meseras, entre muchos otros. Basta saludarnos y mirarnos para sentirnos reconocidos.

Los jóvenes entran a la delincuencia para tener reconocimiento por las camionetas, la ropa o las armas que portan. Quieren ser “influencers” para obtener muchos “likes” y ganar dinero.

En tercer lugar, la importancia de las autoridades locales y la necesidad de fortalecer a los gobiernos y policías municipales. En los diálogos se hizo evidente el miedo, la ansiedad, el estrés y el daño a su salud mental que experimentan los servidores públicos locales y sus familias. Sin embargo, se hizo muy claro que recuperar la seguridad en las comunidades, barrios y colonias sólo puede ser logrado por los gobiernos locales. Dignificar la función de policías, maestras y personal sanitario, en contacto directo con los ciudadanos, cambiaría la desconfianza hacia los gobernantes. Se advirtió del enorme riesgo que corremos si por la vía electoral, ese nivel de gobierno es capturado por la delincuencia.

Varios grupos se han venido reuniendo para proponer agendas a las y los candidatos.  Convendría que escucharan los dolores expresados por la población en los diálogos sociales, promovidos por los jesuitas y apoyados por toda la iglesia católica en todo el territorio. Sería recomendable también que revisaran la Agenda Nacional de Paz que resulta de ese proceso.

Heredarás un país de fantasía

La Silla Rota

14.09.2023

Es indudable el alto nivel de aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con una encuesta promovida por el Centro de Investigaciones Pew, realizada en marzo y abril de 2023, 82% de los mexicanos adultos tienen una opinión positiva de AMLO, 42.5% incluso, muy positiva.

Asimismo, la empresa Oráculos que agrega los resultados de las principales encuestas, estimó que, para agosto de 2023, AMLO tenía un 65% de aprobación.

Un factor fundamental para mantener esos altos niveles, tiene relación con el reconocimiento que éste hace, a través de sus “mañaneras” y de sus políticas sociales, a grupos de la población que históricamente han vivido en condiciones precarias y en una situación subordinada en las relaciones económicas y sociales.

Una primera forma de reconocimiento ha sido el notable aumento del salario mínimo legal otorgado a partir de 2019. El poder adquisitivo de ese salario se ha elevado en más del 90% en la administración de López Obrador.

Es una forma de reconocer el valor del trabajo que aportan millones de mexicanos y mexicanas, que desde 1976 y por veinte años, vieron reducirse cada año y por otros 20, hasta 2018, se mantuvo estable en la quinta parte de su valor inicial.

El no haber elevado el salario mínimo legal fue el gran error cometido por los tres regímenes de la transición democrática: Fox, Calderón y Peña Nieto. Nunca entendieron que ese aumento era una forma de hacer llegar un efecto positivo del cambio democrático a las familias trabajadoras.

Por su parte, mediante las mañaneras, AMLO ha creado, para los mismos grupos, un país de fantasía donde todo marcha bien: la economía, la salud, la educación, la seguridad, la inversión, las mega-obras, el empleo, cuando, en todos ellos, hay gravísimos problemas y una sistemática destrucción de las capacidades institucionales para ofrecer los servicios públicos indispensables y de calidad.

AMLO ha generado una identidad y un reconocimiento, para lo que llama “pueblo bueno y sabio”, que ha sido maltratado y abusado por un gran enemigo formado por los “corruptos”, “conservadores”, “fachos” y “aspiracionistas”, grupo que realmente está integrado por las personas de clase media y media alta, que, con su trabajo y sus impuestos, generan los recursos que AMLO reparte con sus programas sociales.

Curiosamente, las 30 familias milmillonarias de nuestro país no han sido tocadas. Algunos de sus miembros acompañaron al presidente a inaugurar el Tren Maya.

De esta manera, quien llegue a la presidencia en el 2024 heredará un país de fantasía: endeudado, confrontado, militarizado, además de violento, inseguro e ingobernable por la destrucción de instituciones y la presencia del crimen organizado, aunque con mejores tasas de crecimiento de la economía y del empleo por la relocalización de empresas que está ocurriendo a nivel mundial, para acercarse al mercado de Estados Unidos.

Privatizar el bienestar

En los últimos días han abundado los debates sobre si los niveles de pobreza y desigualdad disminuyeron entre 2018 y 2022, si lo hicieron ¿en cuánto? y, en su caso, ¿por qué?  

Para unos la reducción de los índices de pobreza por ingresos de 49.9%   a 43.5% es decir, de 61.8 a 56.1 millones de personas, así como de pobreza extrema de 14.0 % a 12.1% que bajó 17.3 a 15.5 millones de personas (CONEVAL) son prueba de que las políticas del gobierno de la 4T han sido un éxito, a pesar de la pandemia vivida.

Señalan que los buenos resultados, son producto de los aumentos en los salarios mínimos y las políticas laborales, incluyendo la reducción del outsourcing; los programas de transferencias monetarias directas, en particular la pensión para adultos mayores, y los proyectos de inversión en el Sureste del país: Dos Bocas, Tren Maya y el Transístmico que generan empleo e ingresos en estados pobres.

Los críticos señalan que los programas de transferencias monetarias directas tienen un impacto muy pequeño en la reducción de la pobreza medida por ingresos (menos del 2%).

Reconocen que si ésta se mide por carencias de acceso a derechos, se observa una pequeña disminución en los índices de pobreza total pero ninguna en los de pobreza extrema.  Por ejemplo, en la medición de la pobreza multidimensional se encuentra un incremento de 16.2% a 39.1% de las personas con carencia de acceso a los servicios de salud lo que significa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas entre 2018 y 2022. Se señala que esto se debe al fracaso de la transición del Seguro Popular a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Además, con datos de la OCDE, muestran que el por ciento del Producto Interno Bruto dedicado a la política social no ha variado y que está muy por debajo del que se observa en otros países como son Costa Rica, Chile o Colombia. Además, que la proporción del gasto social dirigido a las transferencias monetarias directas ha aumentado en contra de la que se destina a los servicios públicos sociales como son los de salud y educación.

Es indudable que los aumentos a los salarios mínimos han mejorado de manera importante, al menos en 20 %, los ingresos de las familias que viven fundamentalmente de la venta de su fuerza de trabajo y que se encuentran en los estratos más bajos de ingreso. Fue ese aumento lo que permitió reducir las carencias en materia de alimentación pues esta necesidad se cubre comprando alimentos en el mercado privado. No existen programas públicos de provisión de alimentos, ni tampoco de control de precios de alimentos. Posiblemente también permitió el mayor gasto de las familias en medicamentos y en servicios de salud privados.

El problema es que el gobierno no tiene la capacidad ni el interés, de vigilar la calidad,  los precios, ni el tipo de productos y servicios que ofrecen los mercados privados a la población como son los alimentos ultra-procesados o los servicios de médicos de las farmacias.

Es el camino neoliberal a una privatización del bienestar, como ya ocurrió con la producción de viviendas: en lugar de ser un derecho ahora es una mercancía.

20 compromisos por la democracia y órganos autónomos

El 17 de enero se cumplieron 30 años de la publicación de los 20 compromisos por la democracia, un importante documento firmado por más de 2500 personas que se sumaron a la lucha por un cambio del partido en el poder.

Habían trascurrido sólo 17 días del levantamiento del EZLN. 1994 fue un año de gran intensidad en la lucha por la democracia en el país.  Por más de seis décadas, el PRI controlaba a los tres poderes del Estado y a los tres órdenes de gobierno.

La demanda de los 20 compromisos era la continuación de un largo camino recorrido desde los años cincuenta por la vía de los movimientos de maestros, de los ferrocarrileros, de los médicos, pasado por la guerra sucia, el movimiento del 68 y por el 10 de junio, por el movimiento navista, la movilización ciudadana para enfrentar el sismo de 1985, por el fraude del 88 y por la muerte de 1500 militantes del frente democrático y del PRD.

Largo, importante y costoso camino en vidas y cárcel de muchos, que ha sido borrado de la historia nacional por quienes ahora detentan el poder y se autodenominan Cuarta Transformación. Un salto mágico de la Revolución de 1917 al 2018.

Los 20 compromisos por la democracia convocaban a los entonces candidatos a la presidencia de la República, a “un acuerdo político para garantizar elecciones limpias, creíbles y con amplia participación ciudadana” y a las reformas del sistema político que aseguraran “el pleno cumplimiento de la división de poderes, el federalismo y el respeto a las garantías individuales que marca nuestra Constitución”.

Como primer compromiso se planteó el respeto al voto mediante un acuerdo de las dirigencias nacionales de los partidos políticos para “vigilar la actuación imparcial de los organismos electorales y la legitimidad y transparencia de los comicios federales de agosto de 1994”.

Ello reflejaba un enorme hartazgo de la ciudadanía por el control y manejo corrupto, sesgado y obscuro de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación, control que tuvo su máxima expresión en el fraude electoral de 1988.

Pero también destacaban como derechos ciudadanos la necesidad de dar autonomía a dos organismos importantes: a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al organismo responsable de elaborar las estadísticas nacionales.

Son dos funciones que, para proteger los derechos ciudadanos, deben quedar bajo el control de organismos imparciales: los derechos humanos son una coraza frente a actuaciones abusivas de los gobiernos y el acceso a información estadística no manipulada permite conocer la evolución real de la economía y de la sociedad.

Posteriormente se hizo evidente que para avanzar en la democracia era necesario pasar otras funciones de gobierno a órganos imparciales.  Es el caso de la transparencia, el acceso a la información pública, las telecomunicaciones y la procuración de justicia.

Por ello, desaparecer los órganos autónomos y devolver sus funciones al gobierno federal, es concentrar nuevamente el poder en el partido que gobierna y darle herramientas para eternizarse en el poder. Es un retroceso y un atentado contra la democracia.

Las transferencias monetarias ¿Política social de izquierda?

¿Son las transferencias monetarias directas una política social de izquierda? ¿Sólo las izquierdas reconocen que la pobreza y la desigualdad son dos graves problemas nacionales?

En nuestro país, fueron los llamados gobierno “neoliberales” los que iniciaron los programas de transferencias monetarias de ingreso: Progresa inició en 1997 en la presidencia de Zedillo; se mantuvo como Oportunidades en la administración de Fox, para transformarse en Progresa, en el gobierno de Peña Nieto.

Buscaron atender educación, salud y alimentación y hasta la última etapa, abrir la entrada a programas para mejorar ingresos y producción. Durante veinte años se avanzó en los sistemas y reglas para controlar el acceso a los beneficios y en la calidad de sus padrones.

La administración actual los mantiene con cambios de nombre, con beneficiaros más específicos e individuales y con menor transparencia y calidad en sus padrones y reglas de operación.

Varias investigaciones encuentran que este tipo de programas generan dependencia, desaniman la participación, no construyen ciudadanía. No son diseñados con la participación de quienes los reciben. No generan agencia, ni el deseo de dejar de depender de ellos.

En algunos casos, incluso, propician los motivos por los cuales se otorgan. Hay familias que acumulan los beneficios de varios de ellos.  Estos riesgos se agudizan cuando su diseño y operación son deficientes y existen posibilidades de duplicación de beneficiarios.

Una justificación para echar mano de ellos es hacerlo de manera temporal en tanto se desarrollan las capacidades de los gobiernos para mejorar la calidad y el acceso a servicios públicos de salud, educación, urbanos o de vivienda.

Lamentablemente, en nuestro país, a pesar de tener más de 25 años centrada la política social en programas de transferencias de ingresos, los gobiernos no han podido y tal vez ni querido, mejorar la disponibilidad de servicios públicos sociales que construyen ciudadanía y responden a los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Las transferencias de ingreso hacen que las personas tengan que acudir al mercado privado para adquirir los bienes y servicios que necesitan en lugar de acceder a bienes públicos. En las últimas décadas han surgido grandes empresas que atienden el mercado de las poblaciones pobres con tiendas de proximidad, para alimentos extra procesados, servicios médicos y medicinas, escuelas y estancias infantiles privadas.

El capital privado ya no sólo extrae ingresos de las familias con malos salarios y prestaciones, sino que también lo hace por la vía del consumo.

Por ello me pregunto si continuar centrando la política social sólo en programas de transferencia de ingresos, sin mejorar sustancialmente el acceso a derechos por la vía de mejores servicios públicos, es realmente una política social de izquierda.

¿No será que los candidatos de oposición ofrecen mantenerlos por temor a no atraer a las clientelas electorales cultivadas por el gobierno de izquierda?