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Porfirio Muñoz Ledo: un hombre de Estado

¿Qué es un hombre de Estado?  ¿Por qué lamentamos la partida de Porfirio Muñoz Ledo y lo reconocemos como uno de los pocos mexicanos que merecen ese título?

Tuve la enorme oportunidad de aprender de dos hombres de estado mexicanos: Víctor L. Urquidi y Porfirio Muñoz Ledo.

Los dos tenían un profundo conocimiento del mundo en el que vivían y una enorme capacidad para mirar hacia el futuro y comprender la complejidad. Reconocían la importancia de desarrollar capacidades del estado para revertir los déficits históricos en materia de bienestar y para enfrentar los nuevos retos que surgían a partir de los cambios previsibles en materia política, económica, demográfica, tecnológica, medio ambiental, educativa, del empleo y el trabajo; Urquidi como economista, profesor e investigador destacado y Porfirio como jurista, funcionario y político socialdemócrata. Los dos como excepcionales internacionalistas.

Porfirio me invitó en varias ocasiones a acompañarlo en sus iniciativas. Sólo me referiré a una de ellas: cuando fue secretario del trabajo y previsión social de 1972 a 1975.

Tenía una visión amplia y moderna y un proyecto claro de cómo concretar el cambio de la autoridad laboral. Se empeñó en actualizar y ampliar la legislación y la institucionalidad estatal para proteger los derechos de los trabajadores formales, promover el empleo e impulsar la productividad. Fueron años luminosos para esos trabajadores y sus familias.

Desde la Comisión Nacional Tripartita (1973) impulsó varias instituciones en apoyo a los trabajadores como el INFONAVIT para vivienda, el FONACOT para crédito, el CONACURT para la cultura, el CONAPROST para proteger el salario, mismo que llevó a la creación del Instituto Nacional (INCO) y la Procuraduría del Consumidor. También estableció las Direcciones Generales de Productividad y de Formación Profesional y el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo (INET) para investigar y formar personal especializado.

En ese entonces yo estaba poniendo en marcha la primera encuesta continua de población en México, la que ahora se llama de Empleo y Ocupación (ENOE). Mi interés era hacer visibles la magnitud y las condiciones de los trabajadores en la informalidad.

Porfirio me invitó en 1974 como secretaria técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM). En 1975, en ese contexto, se dio un histórico aumento -desde mi punto de vista exagerado- de 23% a los salarios mínimos legales para compensar la devaluación del peso ocurrida en septiembre de ese año. Me tocó firmar esa resolución de la Comisión. Desde ahí fui testigo de los grandes cambios realizados en las autoridades laborales.

Lamentablemente, la institucionalidad promovida por Muñoz Ledo, fue destruida en la etapa neoliberal, por Arsenio Farell, secretario del trabajo de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Asimismo, los salarios disminuyeron duranta dos décadas y se estancaron otras dos.

Sirva este breve testimonio para reconocer la capacidad creativa y el compromiso social de Porfirio Muñoz Ledo como hombre de estado. Descanse en paz.

La soberbia conduce a la violencia

06.07.2023

La Silla Rota

Pensar que uno es superior a otras personas por raza, religión, color de piel, conocimientos, cultura, riqueza, posición o poder político, conduce a diversos tipos de violencia, provoca discriminación, maltrato, exclusión, explotación, abuso e incluso, la muerte de otras personas.

El 2 de julio pasado participé en la presentación de un libro que contiene el relato de una persona de origen judío, Bronislaw Zajbert, que vivió, de los 7 a los 12 años, en el gueto de Lodz, en Polonia. Con su padre, su madre y su hermanito, estuvieron recluidos en la cocina de una casa del gueto de 1940 a 1945.

Este era un campo de trabajos forzados, donde se fabricaban diversos productos de consumo para la población alemana, incluso ropa interior para mujeres.

Los nazis sustituyeron con trabajo esclavo judío a los trabajadores alemanes que reclutaron para sus ejércitos de conquista territorial. Crearon más de mil cien guetos en territorios ocupados, desde Polonia hasta Rusia. Cerca de la mitad de los judíos que vivían en esa área fueron deportados a un gueto.

Cuando el gueto de Lodz fue creado en 1940, los nazis encerraron a 163 mil 177 judíos en el mismo. A la llegada de las tropas de los países aliados, la familia de Broni fue parte de los 877 judíos que quedaron con vida.

Era un gueto totalmente cerrado al exterior, del cual salían camiones con judíos para los campos de exterminio. Los habitantes del gueto pensaban que eran trasladados a otros campos de trabajo, no sabían que su destino era la muerte.

No puedo imaginarme el grado de soberbia y perversidad de los nazis, perpetradores de una violencia ejercida durante tantos años, en tan diversas formas y con tanta sangre fría, en contra de seres humanos a los que no consideraban como tales. Buscaron, idearon y probaron diversos métodos masivos para borrar la existencia de razas y culturas como fueron 6 millones de judíos, 250 mil romaníes, 312 mil serbios, 250 mil personas con discapacidad, además de miles de comunistas, sacerdotes y personas homosexuales.

Sólo han pasado 80 años de las brutales torturas, de los inhumanos experimentos médicos, de las cámaras de gas, de las muertes por fusilamiento, por ahogamiento, por enfermedades desatendidas o por hambre y frío, ante el enclaustramiento y hacinamiento de miles de seres humanos en guetos y campos de concentración y exterminio.

Las masacres sólo fueron reconocidas por los países aliados, al término de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aún tuvieron que pasar varias décadas para que la magnitud y la naturaleza de las mismas fueran investigadas y documentadas, y para que las comunidades judías procesaran el enorme trauma con sus secuelas, e hicieran un esfuerzo de recuperación de la memoria.

Actualmente hay un interés especial por obtener testimonios como el de Bronislaw Zajbert, pues los sobrevivientes de esa gran masacre están despareciendo. “Mi nombre es Broni” es el de un adulto de 90 años que vivió y vio truncada su niñez, durante el Holocausto.

Continúa la gran función de circo

Enfrentamos una administración pública federal pasmada y disminuida, incapaz siquiera de responder a las necesarias actividades de regulación de la convivencia colectiva, menos a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Instituciones destrozadas, eliminadas o subsumidas en otras; reducidas en sus presupuestos, encabezadas por personas que no tienen la más mínima idea de qué hacer con ellas o, cuando lo tienen, están paralizadas por temor a emprender alguna iniciativa que no le guste al presidente o a su círculo cercano.

Poseedores de la única fórmula para enfrentar la desigualdad, los estrategas de la 4t procuran el empoderamiento y la creación de una identidad común de los “desposeídos”, alias “pueblo”. Para el efecto, mediante estrategias de comunicación que polarizan, construyen un enemigo único: los “conservadores”, los “corruptos”, los “fifis”.

Un enemigo formado por personas que no se acogen al resentimiento social de la 4T y a una sola forma de atender la desigualdad. Son presentados como los verdaderos culpables de la pobreza, la violencia, la explotación y las desgracias que padece el “pueblo”. Incluye a comunicadores, científicos, académicos, lideres de organizaciones, antiguos servidores públicos, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, jueces y magistrados, feministas, artistas, pequeños y medianos empresarios, productores agrícolas comerciales, entre muchos otros y otras.

Los verdaderos estrategas de la 4T están obsesionados por destruir lo que consideran el andamiaje legal, institucional y organizativo que, según su dicho, fue construido por los “conservadores” para acceder y gozar de sus privilegios. Por ello, el embate contra las instituciones, leyes y regulaciones que limitan el poder de la 4T, es sostenido.

En esa lógica, la ignorancia, la mediocridad y la falta de imaginación campean en muchos puestos directivos de la administración federal. En ellos han sido colocados amigos, familiares o “buenas personas” de acuerdo con los criterios definidos desde las mañaneras y que no implican riesgo de que vayan a hacer bien las cosas. Asimismo, se mantiene en posiciones de poder a personajes de probada deshonestidad o de mortal negligencia.

Entre tanto, la presencia del crimen organizado y la violencia se extiende en todo el territorio; comunidades desalojadas, despojadas y empobrecidas; Chiapas al borde de una guerra interna; enfrentamientos entre los carteles con participación del ejército; asesinatos, desapariciones, extorsiones; explotación de las poblaciones migrantes;  escasez de medicamentos, eliminación de normas y ausencia de servicios de salud dignos; protestas de los agricultores que producen granos para los mercados en 22 estados.

El país arde. El miedo se extiende. La destrucción de capacidades estatales se profundiza. La respuesta es el montaje de una gran función de circo, protagonizada por las lastimosamente llamadas “corcholatas”.

Destruir capacidades de producción de alimentos

Cada mañana despertamos con la noticia de la desaparición de alguna institución, de alguna norma, del cambio de una ley o de la reducción de un presupuesto.

Las capacidades para gobernar, para ordenar la vida colectiva, están siendo sistemáticamente destruidas por un gobierno crecientemente centralizado y autoritario.

Bajo lo que llaman “austeridad republicana”, combate al conservadurismo y respeto a una supuesta voluntad del “pueblo”, un día sí y otro también, destruyen al Estado. Gobiernan con soberbia, resentimiento, confrontando, e imponiendo.

Son los únicos que saben lo que el “pueblo” quiere, no dudan, no preguntan, no dialogan. No consultan ni a la población que afectan con sus decisiones, ni a los expertos, a quienes desprecian profundamente.

Ahora abandonan a su suerte, no obstante, lo que prescribe la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a los productores comerciales de grano de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato y de los estados del Golfo de México, que pertenecen tanto al sector social, como al privado.

Se trata de productores de maíz, trigo, sorgo que fueron sometidos por los gobiernos, a partir de los tratados de libre comercio de América del Norte, a la competencia con una agricultura tecnificada y altamente subsidiada de Estados Unidos, así como a precios impuestos por las poderosas comercializadoras trasnacionales de granos.

Los productores nacionales pasan actualmente una situación crítica. Operan en distritos de riego deteriorados, además han enfrentado una fuerte sequía. El gobierno actual redujo a los huesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y destruyó, recientemente, los últimos instrumentos que aún ayudaban a los productores como la Financiera Rural (FND), debido a deficiencias en su manejo.

En el Acuerdo de Cajeme que elaboraron recientemente, los productores se quejan “de una caída estrepitosa de los precios internacionales que se cruza con incrementos exponenciales en los costos de producción”.

Advierten que “Si el gobierno federal se mantiene sin ver ni oír, sin dimensionar las consecuencias de no acudir al rescate de los productores nacionales, estaremos sufriendo una herida cuyas repercusiones económicas, políticas y sociales tendrán un impacto de consecuencias impredecibles para todos los mexicanos”

Marcan la urgencia de una redefinición absoluta de la política alimentaria, la reinstalación de los instrumentos para lograr duplicar la producción de granos básicos como son precios de garantía, crédito, un sistema nacional de acopio, producción de semillas, extensionismo e infraestructura hidráulica.

México importa en la actualidad el 52 % de su consumo total de granos y oleaginosas. Para 2022 se cubrió un 39% del consumo interno de maíz con importaciones y con 65%, el de trigo. Somos el tercer importador de sorgo en el mundo.

¿A la destrucción de capacidades estatales sigue la destrucción de capacidades productivas?

Índice de Paz México 2023

El pasado martes el Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer la décima edición del Índice de Paz México, un esfuerzo que permite seguir las tendencias de las violencias y de la paz en nuestro país, tanto a nivel nacional como por estados.

De la valiosa información sistematizada en el documento sólo destacaré algunos datos sobre las tendencias entre 2015 y 2022.

En ese periodo la paz en México se ha deteriorado en 14.8 %, aunque ha mejorado 3.6% en los últimos tres años. Es decir, estamos muy lejos de alcanzar siquiera los ya de por sí bajos niveles de paz que teníamos en 2015.

La tasa nacional de homicidios aumentó en 63% de 15.1 a 24.5 muertes por cada 100,000 habitantes y la de delincuencia organizada en 64.2 % desde 2015, impulsada por un aumento del 149% de la tasa de delitos de narcomenudeo.

En la última década, México se ha convertido en un lugar altamente peligroso para los activistas sociales en defensa de los derechos humanos y ambientales. Ocupa el segundo lugar más mortífero en el mundo para periodistas. En 2022 un total de 403 policías fueron asesinados. Agregaría que un número creciente de sacerdotes son asesinados, 33 en la última década. El más reciente, el de Javier García Villafaña, cometido el lunes en Michoacán. 

Desde mi óptica el tráfico de estupefacientes ha sido la actividad principal del crimen organizado en nuestro país. Lamentablemente, cambios importantes en la composición de la demanda de drogas en Estados Unidos producen mucha inestabilidad en las ganancias que recibe la delincuencia organizada. De un elevado consumo de mariguana, cambió a una mayor demanda de cocaína y a opiáceos sintéticos como el fentanilo, en los últimos años. Las drogas de diseño complejizan las posibilidades de participación en su producción y comercialización.

La política prohibicionista impuesta por el gobierno de Estados Unidos, conlleva la ilegalidad y a que las disputas entre grupos delincuenciales se diriman, con violencia. 

Al ver reducidas sus ganancias, situados en la ilegalidad, con elevados niveles de impunidad y con una política de seguridad laxa, penetran y controlan crecientemente actividades económicas legales. Someten y extraen ingresos de productores y comerciantes por la vía de la extorsión, cobro de piso, control de proveedores y de las ventas.

Asimismo, expanden su actividad a otros delitos como la trata de personas, los desalojos para tomar tierras, bosques y fuentes de agua o la extracción ilícita de combustibles, minerales y especies animales, entre otros.

Es así como la población ha llegado a estar sometida, explotada y abusada por los carteles y las bandas del crimen organizado. Sus actividades, además, están coludidas y protegidas por políticos, empresarios y militares que, con ello, acrecientan su riqueza y su poder.

En razón de esta gravísima situación, varias organizaciones de la sociedad civil han colocado como prioridad en sus agendas, la consecución de paz y la reducción de las violencias.

La 4T y la desigualdad en salud y alimentación

Estamos de acuerdo con la 4T en que la desigualdad y la pobreza afectan a millones de mexicanos y mexicanas. Que las políticas que privilegian el funcionamiento del mercado como mecanismo de distribución del ingreso, exacerban esos problemas.

Actualmente en nuestro país al menos 14 familias están incluidas en la lista de Forbes con más de 1,400 millones de pesos. Aún en este pequeño grupo, las diferencias son muy grandes: la de Carlos Slim Helú cuenta con 93,000 millones de pesos, una riqueza 66 veces mayor a la de Alfredo Harp Helú. Otras familias en la lista son Larrea, Salinas Pliego, Bailleres y Aramburuzabala.

En la otra punta de la distribución, en 2020 se encontraban 10.4 millones de personas en pobreza extrema, mismas que aún si dedicaran todo su ingreso a la compra de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para lograr una vida sana.

Cuatro años de políticas de la 4T ¿han modificado en algo esta gran desigualdad?

Indudablemente, elevar sustantivamente los salarios mínimos y llevar a cabo reformas en materia laboral, son medidas importantes tomadas por la actual administración.

Sin embargo, muchos esperábamos acciones para reducir las desigualdades en materia de salud, educación y acceso a servicios básicos. Se optó en cambio por una mala estrategia de transferencias monetarias directas que generan gran dependencia de quienes las reciben.

Hasta el momento los dos mayores fracasos de la 4T se han expresado en dos derechos humanos   de gran relevancia: el acceso a la alimentación y el acceso a la atención en salud.

La extracción de 15 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), el doble de los extraído por el PRI en la “Estafa Maestra”, afectan claramente a los mexicanos en pobreza extrema que experimentan hambre, así como a los productores de alimentos. Además, aumentan nuestra creciente dependencia de importaciones.

Los actos de corrupción hasta ahora detectados en SEGALMEX no explican el enorme fraude cometido. Obviamente, nunca sabremos a donde fue a parar el dinero extraído de nuestras contribuciones.

Por su parte, la reducción en cuatro años de la esperanza de vida de las y los mexicanos, así como un millón de muertes por encima de la tendencia histórica en 2020 y 2021, resultan del fracaso del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), del pésimo manejo de la pandemia y de la compra de medicamentos por el gobierno federal. Dos buenos ejemplos son 22 millones de recetas no surtidas por el IMSS-Ordinario en 2021 y el aumento de 70% de los gastos de bolsillo en salud de la población más pobre.

Es así que, en los cuatro años transcurridos, la 4T terminó contribuyó al aumento de las carencias y de las desigualdades en materia de alimentación y salud, mientras que los milmillonarios, bien gracias.

Otro clavo más a la concentración del poder

El 18 de abril la presidencia de la República envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para suprimir, fusionar o incorporar 18 instituciones.

Entre las que se propone fusionar están por lo menos cuatro que protegen los derechos y promueven políticas y programas entre varias instancias y niveles de gobierno.

Se trata del SIPINNA para la infancia y la adolescencia, el INJUVE para las juventudes, el INAPAM para las personas mayores y la COMAR que atiende a los refugiados. 

También será fusionado el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que promueve la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional.

En una larga y bien estructurada exposición de motivos de la iniciativa se señala que “La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”.

Hay cuatro planteamientos que considero sustentan la propuesta:

Que la proliferación y dispersión de organismos descentralizados y desconcentrados, responde a una política neoliberal de la administración pública que buscó satisfacer los intereses de los empresarios, académicos y de organizaciones sociales y civiles.

Que la administración central del gobierno federal, formada esencialmente por las Secretarías de Estado, cuenta con la capacidad y el interés de diseñar, incluir y coordinar políticas transversales con enfoques multidisciplinarios para cumplir con las obligaciones de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de los grupos de población mencionados.

Que, con los programas como la Pensión para adultos mayores, Jóvenes construyendo el futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, Becas para la población con discapacidad, entre otros, el gobierno federal atiende los derechos de esas poblaciones, simplificando los mismos a entregas de dinero.

Que la participación de representantes de las poblaciones referidas, de organizaciones y de  expertos en su problemática, podrá realizarse en las secretarias de la administración central del gobierno federal. Ello si cambiara la política de cerrazón actual al diálogo.

Sería muy útil que el Congreso conociera de los riesgos de falta de comprensión de la complejidad de las necesidades y problemas que aquejan a estas poblaciones, de las experiencias previas con dependencias federales que tienen responsabilidades muy amplias, así como del histórico desinterés de las y los secretarios por apoyar políticas y programas cuya coordinación cae en otras secretarías, por eso de no dejar que otros se cuelguen las medallitas, si los programas tienen éxito.

Las instituciones no son las corruptas, redundantes e inservibles son las personas que las dirigen, de la reducción de los recursos que se les asignan y de la ausencia de una política social comprensiva.

Franquicias sociales ante la nueva ola de inversiones industriales

Sería una ingenuidad esperar que en México los gobiernos y las nuevas empresas prevean y realicen las inversiones requeridas para atender las necesidades de servicios sociales de las personas trabajadoras y sus familias, que se movilizarán en busca de empleos e ingresos, ante la relocalización industrial que está teniendo lugar.

Por años hemos atestiguado la insuficiencia de los servicios públicos de salud, educación, transporte y de infraestructura urbana como calles pavimentadas, drenaje, distribución de agua, así como la falta de mantenimiento de los existentes. Con los cambios de gobiernos programas sociales que daban alguna esperanza como las escuelas de tiempo completo, la recuperación de espacios públicos, las estancias infantiles, de prevención de las violencias, han sido abandonados.  

Hemos vivido con la esperanza de que el Estado provea servicios de salud, educación, seguridad social, energía y acceso al agua de calidad con cobertura universal o al menos, para quienes no pueden acceder con sus propios recursos. Con cada cambio de gobierno nuestras expectativas se ven frustradas.

Las tendencias de los últimos tiempos parecen apuntar hacia rumbos distintos. Se trata del surgimiento de una serie de iniciativas de servicios sociales que son realizados por entes privados a bajo costo, para las poblaciones de menores recursos.

Un ejemplo son los consultorios adyacentes a las farmacias que proporcionan el nivel básico de salud, tan abandonado por los gobiernos. Dan una atención rápida y cercana, a cambio de comprar los medicamentos en la farmacia correspondiente.   En 2021 proporcionaron una de cada cinco consultas médicas en el país.

Otro ejemplo son los servicios de Salud Digna que incluyen consultas médicas, lentes, estudios de imagen y de laboratorio a precios muy accesibles. Existen más de 170 en 80 ciudades en México.

Nada que ver con las cadenas privadas que aprovechan el mercado de las poblaciones pobres ofreciendo una variedad de productos chatarra y servicios financieros abusivos para despojarlas de sus precarios ingresos.

Frente a la incapacidad y el desinterés de larga data, mostrado por el Estado mexicano para ampliar el presupuesto y mejorar la calidad y la disponibilidad de servicios sociales públicos ¿será posible que empresas socialmente responsables desarrollen otros servicios sociales accesibles y de calidad para combatir la enorme desigualdad que prevalece en el país?

En ese propósito podrían crearse sinergias interesantes entre organizaciones civiles, sociales y comunitarias y agentes desarrolladores de modelos de atención, bajo un formato de franquicias sociales. Su debida puesta en práctica, sus precios y su funcionamiento sería vigilado por mecanismos de contraloría ciudadana, frente a la destrucción intencionada de capacidades de regulación del Estado.

Los riesgos sociales del «nearshoaring»

Un tema de gran actualidad se refiere al “nearshoring”, esto es la relocalización de plantas industriales, tanto ensambladoras como productoras de partes, en territorios más cercanos a los mercados finales.

México está en el ojo de esta nueva tendencia, sin una estrategia que le permita aprovecharla en beneficio de una población tan carenciada como la nuestra.

Desde una perspectiva humana lo que podría ocurrir con la relocalización de empresas en México, confirmaría mi predicción de hace veinte años cuando señalé que Ciudad Juárez era una ventana hacia el futuro del país. En esa ciudad se vivía un nuevo auge de las empresas maquiladoras con una fuerte demanda de trabajadoras y la aparición del homicidio de mujeres por razones de género, posteriormente nombrados como feminicidios.

En 2001-2003 un grupo de organizaciones civiles realizamos un primer estudio socioeconómico para conocer las causas y los efectos de las violencias en esa ciudad.

Como resultado del mismo se hizo evidente el enorme descuido de los gobiernos y la gran irresponsabilidad de las empresas, al no prever los requerimientos para la vida que surgirían a partir de la migración de miles de personas en busca de oportunidades laborales y de ingreso.

Por el contrario, con recursos de los programas sociales se construyeron parques industriales para atraer inversiones. Se desatendió completamente el desarrollo de viviendas dignas, servicios urbanos (calles, agua, drenaje, alumbrado, energía) escuelas, guarderías, estancias infantiles, servicios de salud y de transporte.

Los partidos políticos promovieron invasiones de tierra, las viviendas se construían con deshechos de las plantas maquiladoras. Las mujeres trabajadoras se tenían que trasladar al centro de la ciudad y de ahí tomar camiones para acudir a sus centros de trabajo. En esos traslados desparecían algunas, otras eran violadas y otras más asesinadas.

La ciudad duplicó su población en pocos años, 50% eran migrantes. Debido a la especulación del suelo, Juárez creció horizontalmente haciendo los traslados más prolongados.

Los adolescentes abandonaban los estudios en la secundaria para esperar, sin mayor ocupación, cumplir 16 años a fin de entrar a la maquila. Paulatinamente fueron reclutados por los carteles de la droga.

¿Tendrá idea el joven gobernador de Nuevo León del efecto en la convivencia y el bienestar de la población del traslado de varias empresas desde China y de la instalación de la gran planta de Tesla? ¿Tendrá alguna estrategia para evitar que su estado se convierta en una Ciudad Juárez ampliada?

¿Dejará el gobierno federal de tratar de resolver la pobreza mediante transferencias monetarias directas? ¿Asumirá sus obligaciones de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes de México? ¿Desarrollará alguna estrategia para evitar como efecto de la relocalización una profundización de las violencias en el país?

Escuchar para impartir justicia

Transcurrió el 8 de marzo con gritos y cantos de miles de mujeres de la diversidad social y etaria. Mostraron que están empoderadas, sin sumisión y sin miedo a manifestarse. Nos recordaron que las violencias, las desigualdades y la discriminación por razón de género persisten y se agudizan en un contexto nacional de polarización e impunidad. 

Arribaron a la Plaza de la Constitución en el transcurso de varias horas, como ríos que fluían desde más de 70 puntos de la Ciudad de México, portando simbólicas prendas verdes y moradas.

De las instituciones del estado, cuyos responsables se guardaron en sus oficinas rodeadas de vallas metálicas, se escapó y destacó la voz de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia por mérito propio.

Al reconocer, por medio de un importante mensaje difundido en las redes sociales, las deudas históricas del sistema judicial y la falta de efectividad de la impartición de justicia hacia las mujeres, se comprometió a una escucha permanente y progresiva, las voces de las mujeres que sufren diversas formas de “vulnerabilidad acrecentada”.

La ministra marca así un cambio histórico respecto de la alejada e inaccesible forma de proceder de la Suprema Corte con la población en general, al establecer un compromiso de escuchar directamente a las mujeres.

Ha sido la Corte el poder del estado mexicano que con mayor lentitud incorporó la perspectiva de género en sus trabajos. La ministra Piña es la primera mujer en presidir la Corte y aún no se alcanza la paridad, en la composición de ésta.

Fue el poder que creó más tardíamente un área especializada en los temas de género y en introducir esa perspectiva en la impartición de justicia, materia en la que sigue existiendo una gran deuda.

Proponerse escuchar directamente a las mujeres para mejor atender a sus problemas, marca una clara diferencia respecto de la sistemática y sostenida negativa del presidente de la República para dialogar y conocer de viva voz sus problemas y reconocer sus enormes aportaciones y capacidades para hacer de México un país justo.

Sólo conociendo y atendiendo los dolores y las ingratas experiencias que viven todos los días las personas, y en especial las mujeres, en el campo, en las ciudades, en las fronteras, en los reclusorios, en las escuelas, en el transporte, en los tribunales o en los ministerios públicos, será posible transformar el ejercicio del poder en nuestro país. 

La presidente de la Suprema Corte de Justicia, la maestra   Piña, cuenta con el apoyo de muchas personas que lamentamos las mentiras y el maltrato de que ha sido objeto por quienes se arrogan representar al pueblo. 

Por el bien de todos y todas deseamos que logre un profundo cambio en el acceso a la justicia, aunque reconocemos que su tarea es más difícil, sin fiscalías autónomas, profesionales, actualizadas y comprometidas con una buena procuración de justicia.