En México estamos por destruir el instrumento que asegura la identidad de la población con 18 años y más: la credencial electoral.  Es el único medio de identificación reconocido por autoridades, bancos y notarías. Hay sólo una para cada ciudadano, cuenta con candados que dificultan su falsificación.

La puesta en práctica del llamado Plan B en materia electoral, conlleva despedir al 85% del personal del Instituto Nacional Electoral lo que significa destruir las capacidades profesionales desarrolladas durante 30 años, para expedir y actualizar alrededor de 96 millones de credenciales de elector.

En la década de los años noventa del siglo pasado, cientos de miles de mexicanos y mexicanas dejaron de ser ¨no-personas¨ por no contar con actas de nacimiento o de bautizo, cartilla militar, licencia o pasaporte. Cada vez que realizaban algún trámite, pasaban por un viacrucis o simplemente no podían realizarlos. Ahora bastaba con que acudieran al IFE con dos personas que atestiguaran su identidad, para obtener ese documento mágico con su fotografía que les abría puertas, hasta entonces cerradas.

Por muchos años el padrón electoral fue manejado por el gobierno. La desconfianza en el mismo era una de las fuentes principales de controversia en los procesos electorales. Aparecían nombres repetidos, de personas muertas o que no existían. Una misma persona votaba varias veces con credenciales distintas. Ello permitía a los gobiernos priistas controlar las elecciones.

El enojo ciudadano y de los partidos de oposición provocó que en 1990 el gobierno priista, tomara la decisión de generar un padrón nuevo y credenciales con candados de seguridad, tarea que fue encabezada por Carlos Almada y Manuel Herrero.

Personalmente me tocó participar en dos procesos que permitieron asegurar la calidad y veracidad del nuevo padrón electoral que fue transferido en 1996, al IFE ciudadano y autónomo.

En 1994 el Dr. Jorge Carpizo, en ese entonces secretario de Gobernación, convocó a un comité ciudadano, formado por ocho investigadores, para que vigiláramos una gran auditoria de los procesos implícitos en el desarrollo del padrón. Esta fue realizada por varias empresas especializadas. En esa vigilancia a la auditoria participaron también los partidos políticos.

Comprobada la confianza en el nuevo padrón, acepté en 1997, la dirección del Registro Federal de Electores, en apoyo al primer consejo ciudadano del IFE autónomo, encabezado por José Woldenberg.

Si la Suprema Corte de Justicia permite que el Plan B en materia electoral se ponga en práctica, más de treinta años de esfuerzos y miles de millones de recursos públicos, invertidos para crear un padrón y credenciales electorales confiables, se irán a la basura.

Restaurar el daño que se causaría tomaría nuevamente, varias décadas y muchos recursos.

Destruir las seguridades que permiten al ciudadano ejercer sus libertades y ser reconocido como persona digna, es una mala forma de ejercer el poder.

Para Silla Rota.

En memoria del Dr. José Ignacio Chapela Castañares.

La desigualdad, la pandemia, el crimen organizado, la corrupción, la destrucción de instituciones públicas y un gobierno que polariza, tienen a México roto, sin un camino compartido hacia el futuro.

Las conversaciones y los encuentros entre los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo y de escuela se han visto disminuidos por los encerramientos motivados por la COVID19. Si acaso persiste la interacción, es principalmente mediante el uso de plataformas y de dispositivos celulares. Los chats se han vuelto el modo privilegiado de comunicación.

Por su parte, la creciente desconfianza y el miedo que deriva de la presencia protagónica, a la vez que soterrada, de la delincuencia y del crimen organizado en el país, inhiben la expresión libre, promueven el silencio, nos impulsan a encerrarnos.

Nos hemos visto obligados a ocultarnos, a no exponernos, a no reclamar, a no demandar nuestros derechos, a guardar silencio. Es mejor no ser notado en la comunidad, en el transporte, en la escuela, en el trabajo, con el fin de evitar cualquier riesgo de agresión, de violencia, de extorsión, de despojo o de desaparición. Nos hemos convertido en un país sumido en una violencia crónica, en una violencia normalizada, que se ensaña particularmente contra las mujeres, los jóvenes y la niñez.

La destrucción de instituciones y capacidades públicas, pretextando una austeridad republicana o la existencia de corrupción, abona a una sensación de indefensión, de creciente ausencia de autoridades dispuestas a poner orden, a regular las relaciones sociales y económicas y evitar con ello los abusos y la violación de nuestros derechos, de nuestra integridad, de nuestra libertad e incluso, de nuestra vida.

En tanto, en la arena pública, en los medios de comunicación, en las mañaneras del presidente, sólo escuchamos confrontaciones entre los buenos y los malos, peleas anticipadas por el poder político, descalificaciones, acusaciones y mentiras.

Oleadas de información fugaz, noticias que duran el tiempo en que son comunicadas. No acabamos de conocer de una tragedia, de un asesinato múltiple, de la desaparición de personas o de un accidente, cuando ya hay otros cien en la lista de los comunicadores, que se pelean por dar las primicias.

Urge reencontrarnos, reconocernos como parte de un todo, de un país a la deriva que si se hunde, nos hundimos todos.

Escuchar al otro, conversar, disentir civilizadamente, ceder, oír de los dolores que nos aquejan, aceptar nuestra excepcional diversidad y encontrar, como una hazaña colectiva, el material dorado que utilizan los japoneses para reparar las piezas rotas, como nos diría Arnaldo Coen.