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¿Tiene futuro nuestra democracia?

IMER. 14 de septiembre de 2022.

El pasado 8 de septiembre en el Palacio de Minería, la Universidad Nacional Autónoma de México y el periódico El Universal le hicieron un homenaje al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Para el efecto organizaron un coloquio sobre “Democracia y futuro de México” en cuyo contexto el Ing. Cárdenas realizó una importante reflexión sobre el estado de nuestra democracia y se llevaron a cabo dos mesas: la primera sobre Legalidad, seguridad y democracia en México. La segunda versó sobre La agenda pendiente de la democracia mexicana.

La grabación del evento completo puede escucharse en el sitio de YouTube de El Universal https://www.youtube.com/watch?v=yUfK3btPywM. Uno puede escoger sólo las intervenciones que le interesa escuchar.

La del propio Ingeniero Cárdenas no debe perderse pues hace una magnifica y sintética exposición sobre lo que significa e implica la democracia en un sentido amplio y no sólo referida a lo electoral cito “reflejada sólo en la validez y respeto del voto, que todos puedan votar sin trabas, sin presiones de la autoridad o de intereses determinados, y que resulten elegidos, quienes en esas condiciones reciban la mayoría de los votos¨.

En su concepción amplia de democracia señala,  cito de nuevo, si “se refiere a un régimen político, lo primero que debe verse es cuáles son sus alcances, por ejemplo: si está limitada al sistema electoral, imponiendo el respeto al voto y reglamentando la vida de los partidos; si la igualdad se da ante la ley, la sociedad y las oportunidades de mejoramiento; si los derechos legalmente reconocidos son universales o su ejercicio se reduce a determinados grupos sociales, si los derechos legalmente reconocidos a todos, son ejercitables en la práctica y exigibles ante el Estado, o si están en la letra pero por impedimentos diversos no pueden ejercerse universalmente, o está previsto el acceso a su ejercicio con gradualidad”

Agrega otros elementos importantes como es la vigencia del Estado de derecho, es decir, que se cumplan y hagan cumplir los mandatos constitucionales y de las leyes; observa como lastimado ese Estado de Derecho en México por la corrupción, cito “la creciente presencia de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, así como la gran desigualdad social y económica”

En las mesas varios coincidimos y bordamos en torno de los planteamientos iniciales, comprensivos y sintéticamente expuestos por el Ing. Cárdenas respecto de los alcances amplios de la democracia.

Destacaría sólo dos temas que personalmente considero centrales.

  1. El que la democracia no puede limitarse a lo electoral, que su vigencia requiere del respeto al Estado de Derecho y que, en su caso, los cambios a la Constitución y a las leyes deben provenir de una voluntad y participación amplia y expresa de la población y no de definiciones cupulares o autoritarias o de legisladores subordinados a los poderes políticos y económicos y que no representan a la población.
  2. En segundo lugar, que es muy importante que la vigencia de un régimen democrático se refleje en el bienestar y en el cierre de las brechas de desigualdad al hacer efectivo y exigible el acceso universal a los derechos sociales y económicos o por lo menos, el tener un compromiso, un proyecto y recursos para irlos haciendo realidad de manera paulatina.

Indudablemente la democracia no funciona frente a los niveles de corrupción, inseguridad, violencia y autoritarismo en que ha operado nuestro país desde el año 2000 en que finalmente logramos quitar del poder al partido que lo detentó por 70 años.

Muchas personas en el mundo y en México han dejado de creer en la democracia pues su supuesta vigencia no ha tenido un efecto concreto y palpable sobre sus condiciones de vida. Con la inseguridad y las violencias descontroladas, incluso han perdido libertades, patrimonio, fuentes de ingreso, paz, confianza, sentido de comunidad y muchos, incluso amigos y familiares.

Por ello, mi participación en el coloquio se llamó “La democracia que no fue” y sostuve que si en 1988 el Ing. Cárdenas hubiese llegado a la Presidencia de la República habría hecho todo lo que estuviera a su alcance para cambiar el rumbo del país hacia un régimen con mayor justicia social, mayor participación ciudadana y mayor presencia y responsabilidad del Estado.

La democracia que no fue

Coloquio Democracia y futuro de México

Mesa 2.- La agenda pendiente de la democracia mexicana

Palabras de Clara Jusidman en el marco del Homenaje el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

8 de septiembre 2022                                                         Palacio de Minería

En la segunda mitad del siglo XX varios luchamos por diversas vías y con costos diferenciados, por instaurar una democracia que nos permitiera avanzar hacia la justicia social para reducir la desigualdad y la pobreza y crear un Estado Social y Democrática de Derecho.

Sin embargo, la avaricia, la violación a la dignidad de los seres humanos, la estupidez y la destrucción de nuestros bienes naturales, de capacidades estatales y del sentido de comunidad, han marcado en nuestro país los últimos 40 años del ejercicio del poder.

Desde mi óptica en ese período ha habido tres momentos donde alcanzamos un límite de malestar político, social y económico e intentamos impulsar una vía pacífica y civilizada de cambios de rumbo que finalmente, no llegaron a concretarse. Tres momentos donde el hartazgo social causado por los abusos de poder, los niveles de corrupción y de impunidad, el autoritarismo, la injusticia y el fallido modelo económico exigían un cambio en la estructura política para terminar con los privilegios y abusos de las élites y avanzar hacia una justicia social que beneficiara a las mayorías.

En las tres oportunidades hicimos una apuesta por la democracia, con miras a que todas y todos pudiéramos dialogar, alcanzar consensos y aportar sobre el necesario cambio de régimen político y de estrategia económica, para que nuestros derechos humanos se hicieran efectivos y recuperáramos el sentido de colectividad.

El primero de esos momentos fue 1988 cuando pusimos las esperanzas en que la corriente democrática del PRI, posteriormente transformada en un partido político de izquierda, lograra llevar a la presidencia al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El espectacular fraude cometido mediante una institucionalidad electoral y pública totalmente dominadas por el PRI y sus socios corporativos, así como de los poderosos medios de comunicación, nos llevó por un rumbo totalmente  contrario al que muchos deseábamos: se privilegió la economía de mercado, se redujo la presencia del Estado en la economía, se abatió la disponibilidad y calidad de los servicios públicos para la población y se abrió sin restricción alguna, la economía a la globalización con un espectacular sacrificio de la planta industrial que tanto nos había costado.

Desapareció la política industrial que desde los años cuarenta fue el motor de la economía. Se privilegiaron los tratados y la política comercial. No sólo se deterioró el salario social, sino que se mantuvo y profundizo una política salarial de despojo a las familias trabajadoras con el objetivo de competir con mano de obra barata en el mercado mundial. Esta política tuvo un efecto muy nocivo en la construcción y desarrollo de la infancia y juventud de las últimas cuatro décadas.

Lo único positivo del periodo 1988 al 2000 fue la profundización de los cambios a la legislación y a la institucionalidad electoral iniciados desde 1977. El gobierno comprendió que ya no podían estirar más la liga en el manejo de las elecciones. Se creó el IFE “ciudadano” y un padrón electoral renovado.

Pero la caldera social continuó calentándose ante el fraude del 88 y por el curso tomado por la política económica y social del país.

La sociedad nacional volvió a colocar sus esperanzas de cambio de rumbo en las elecciones del 2000.  Se generó un amplio movimiento democrático de la sociedad civil, antecedido por varios importantes movimientos sociales y compartido por los partidos de oposición y que recibe además, un gran impulso con el levantamiento zapatista de 1994.

En las elecciones del año 2000 finalmente se logra la salida del PRI del Gobierno Federal. Entra el primer gobierno del PAN en elecciones organizadas por un IFE conducido por un consejo ciudadano-académico autónomo.

Nuevamente las esperanzas de avanzar en una democracia donde se escucharan y respondiera a las preocupaciones y las voces de la población en todo el territorio nacional y se introdujera una necesaria reforma de Estado que transformara la institucionalidad heredada de 70 años de gobiernos del PRI y 20 años de funcionarios neoliberales, se vieron frustradas. Se mantuvieron las instituciones, los marcos legales y la política económica que respondían a los intereses de las élites. Se eligió el camino de la tolerancia y la negociación con el PRI. La estructura del Estado pasó a beneficiar a las élites conservadoras elegidas ¨democráticamente¨ para dirigir la nación. Políticos y empresarios sin experiencia colonizaron la administración pública.

Se mantuvo y profundizó la política económica pro mercado, la contención salarial, la precarización de las condiciones laborales, la política social limitada a sobrellevar la pobreza, la colusión con los dueños de los medios de comunicación y los liderazgos sindicales corruptos.

Se abrieron nuevas oportunidades de negocios para las élites empresariales  como fue el mercado de los consumidores pobres con los programas de transferencias monetarias y el mayor debilitamiento de los servicios sociales públicos, la subrogación de servicios de salud, el acceso a grandes y valiosas extensiones de  tierras y recursos  mediante la compra de “derechos ejidales”, la adquisición de suelo urbano a precios ridículos y los desarrollos de vivienda social que crearon al ogro inmobiliario, las concesiones mineras y de agua, así como los casinos.

La violencia criminal se extendió en el territorio nacional, se ampliaron los delitos como el secuestro, el despojo, el robo de autos y en carreteras, la producción y tráfico de estupefacientes, los asesinatos y desapariciones, la colusión de autoridades con el crimen organizado. Se declaró la guerra contra el narco. Nuevas identidades surgieron en el país como víctimas de las violencias: los huérfanos, la personas con discapacidades por armas de fuego, personas adictas a drogas duras, mujeres y familias víctimas que perdieron a alguno de sus integrantes, personas despojadas y desplazadas, jóvenes sicarios y halcones sometidos al poder de los capos, migrantes desaparecidos.

Lo poco positivo que pudiera rescatarse de esa etapa fue la incorporación del discurso de Derechos Humanos en la esfera pública, la creación de algunos organismos autónomos para fortalecer los contrapesos al poder y cámaras legislativas con mayor pluralidad. La articulación con la economía resultó beneficiosa para ciertas actividades y regiones.

En las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 las élites volvieron a  colocar  a sus candidatos con estrategias concebidas desde influyentes medios de comunicación y controlando el resultado de las elecciones.

El retorno del PRI en 2012 profundizó la tragedia nacional. Los problemas se agudizaron, el crimen organizado empezó a desarrollar gobiernos paralelos y a penetrar las actividades económicas como la producción y exportación de aguacate, la extorsión y el pago de piso. El extractivismo de recursos naturales por empresas coludidas con bandas del crimen organizado sometió a comunidades enteras, las despojó, contaminó sus recursos y las obligó a desplazarse. El tráfico de personas surgió como un gran negocio con migrantes, infancia y mujeres. Crecieron los feminicidios.

Las políticas sociales y económicas que privilegian al mercado y favorecen la concentración de la riqueza, se prolongaron por dieciocho años. La inseguridad y desigualdad, así como la percepción de las mismas, se agudizó. La corrupción y los abusos del gobierno peñista se hicieron evidentes e incontenibles.

Así llegamos a la elección de 2018 con un malestar social renovado y potenciado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Pensamos que en esta tercera ocasión si tendríamos un gobierno que avanzaría en la reconstrucción de los servicios públicos de salud, educación, vivienda,  acceso al agua y a energías limpias para reducir las brechas de desigualdad y enfrentar la pobreza; que respetaría y promovería los derechos de las poblaciones sujetas a discriminación como las mujeres, la infancia, los jóvenes, las personas con discapacidad; que revertiría el despojo a los pueblos originarios de sus tierras y recursos y respetaría su cultura y procesos colectivos; que combatiría con efectividad la corrupción y la impunidad; enfrentaría y controlaría al crimen organizado y la delincuencia;  daría fin a la política de contención salarial y precarización laboral; protegería nuestras riquezas naturales y revertiría las concesiones extractivistas; respetaría a la libertad de expresión; apoyaría el acceso a la justicia y a la verdad de los cientos de miles de víctimas, impulsaría una política migratoria decente y digna y avanzaría en la construcción de una Estado Social y Democrático de Derecho.

En fin, que finalmente llegaba al poder un gobierno que escucharía a la población, atendería sus preocupaciones y avanzaría en una democracia participativa donde todas y todos tuviéramos vías para contribuir a un nuevo pacto social y  a un proyectos distinto de país, aspecto que ha preocupado al Ingeniero desde hace varios años.

La mayoría de esas expectativas no han sido cumplidas. Por el contrario, nos enfrentamos a una concentración del poder en la figura presidencial, a una polarización promovida desde la presidencia, que confronta un día sí y otro también, la libertad de expresión;  destruye capacidades estatales, científicas y tecnológicas valiosas y costosas; soslaya el despojo de tierras y recursos naturales de las poblaciones originarias; permite la apropiación privada de los recursos públicos y   maneja los programas y la institucionalidad estatal para cautivar y mantener clientelas políticas.

Al mismo tiempo, las conductas discriminatorias de las élites urbanas y su incapacidad y desinterés por entender las preocupaciones de la mayoría de la población profundizan el malestar y la desigualdad social.

En un panorama como el descrito uno podría concluir que “la democracia nunca nos alcanzó” y la posibilidad de lograrlo se aleja cada vez más.

Finalizo con algunas razones de ello:

  1. Amplios sectores de la población ya no creen que la democracia mejorará sus condiciones de vida, ni abatirá la inseguridad.
  2. Las juventudes afectadas por nuestro fracaso social y la cultura individualista, muestran poco interés en la política, en las elecciones, en la participación y en la construcción colectiva de un proyecto de país.
  3. Las herramientas de la democracia representativa como los partidos políticos, las elecciones y el congreso o bien están desprestigiadas o se miran como inútiles.
  4. Las y los políticos profesionales se preocupan más por su permanencia en el poder y por el acceso a recursos públicos que por el bienestar de la población. Se mueven en un mercado donde se compran y venden votos, saltan de un partido a otro, aceptan posiciones para las que no cuentan con preparación alguna, cuando son legisladores se mantienen muy lejos de las poblaciones que representan, optan por obedecer a quien les garantiza  permanencia en posiciones de poder.
  5. Las benditas redes sociales, la utilización maliciosa de la inteligencia artificial, la posverdad y las fake-news propalan mentiras, alimentan el conflicto y la polarización, manipulan a las personas, alientan el consumismo y el individualismo, generan personajes que influyen a miles de seguidores. El voto informado, libre y secreto se ha ido al cajón de los recuerdos.
  6. Las organizaciones de la sociedad civil son cada vez más combatidas por regímenes autoritarios y populistas en todo el mundo.
  7. El miedo es actualmente una emoción dominante por el aumento de la inseguridad y la violencia, la interminable pandemia, la incertidumbre económica, el ejercicio abusivo del poder, la fragilidad de las fuentes de ingreso, la inflación, el poder de las empresas globales y los conflictos en el mundo. No es una emoción propicia para la construcción de democracia. Esto requiere de tiempos, disposición al diálogo, aceptación del conflicto y cesión de privilegios.

En fin, llevo muchos años luchando por la participación, la organización y el respeto a los derechos de la población, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y creo que lo que estamos viviendo tiene dos cursos de salida: a partir del aprovechamiento de los avances tecnológicos llevarnos a nuevas y más amplias posibilidades de participación ciudadana y de construcción y control del poder político, o bien conducirnos a una mayor concentración del poder y al agravamiento de nuestro deterioro social.

Ingeniero Cárdenas, es una pena que usted no hubiese llegado a la presidencia de la República de 1988. Seguramente hubiera cambiado el rumbo del país hacia un régimen con mayor justicia social, mayor participación y mayor presencia y responsabilidad del Estado. No sabremos si hubiera usted podido enfrentar las tendencias económicas dominantes en Occidente, ni someter a las estructuras de poder político, económico y mediático de la época. Yo estoy cierta que hubiera usted hecho todo lo que estuviera a su alcance.

Otra forma de corrupción

Noticiero IMER.

Uno de los mayores placeres de muchos de las y los viejos servidores públicos era ver cómo lograban hacer realidad una nueva institución, un servicio, un sistema de información, una obra o cualquier otro mecanismo gubernamental que contribuyera a mejorar el bienestar de la población.

Había un claro sentido del servicio público: aportar al desarrollo del país para avanzar hacia una mayor justicia social. Existía un orgullo de trabajar en el gobierno, ya sea como maestro, enfermera, profesionista o empleado de oficina.  El gobierno se constituía en una opción para servir, no para servirse.

Se tenía entonces la oportunidad de construir capacidades públicas para ir respondiendo tanto a las viejas como a las nuevas necesidades de una creciente población, así como de una complejidad cada vez mayor del país y del mundo.

Programas y políticas iban y venían, pero las instituciones, las obras públicas, los servicios de salud o de educación, los archivos y sistemas de información quedarían al servicio de futuras generaciones y se irían ampliando y perfeccionando.

Constituía entonces un orgullo decir que se había estudiado en una escuela pública. Las personas buscaban acceder a los buenos servicios de salud del seguro social.

Los puestos de dirección de las instituciones públicas eran ocupados por personas profesionistas expertas en las respectivas materias: ingenieros civiles o hidráulicos; médicos, profesoras, economistas, abogados e intelectuales reconocidos. La UNAM formaba a los profesionistas necesarios para el desarrollo del país.

Nunca nos imaginamos que vendría una etapa, iniciada en los años ochenta del siglo pasado, donde el afán gubernamental se orientó a reducir la calidad de los servicios públicos, asignándoles presupuestos cada vez más raquíticos, mal pagando y maltratando al personal y propiciando su privatización; asimismo, reduciendo la inversión pública necesaria para el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura productiva, social y cultural del país  o propiciando que empresas nacionales industriales y financieras fueran vendidas a inversionistas extranjeros.

El servicio público se fue desprestigiando y perdiendo dignidad. Los salarios de los profesores, los policías y de los burócratas en general, se fueron deteriorando al igual que los salarios del resto de la población.

Pero muchos guardamos la esperanza y por ello luchamos, de que con el tránsito a “la democracia” los servicios públicos volverían a recuperar su importante papel para el bienestar de la población. Por el contrario, los puestos en la administración pública se volvieron botín de los partidos políticos: legisladores salientes se convertían en delegados de desarrollo social, políticos y empresarios sin experiencia de gestión pública, eran designados como directivos de las instituciones y entidades gubernamentales.

La corrupción floreció al aceptar posiciones públicas para las que no se tenía preparación y al considerar éstas como espacios para utilizar los recursos en beneficio personal o político.

Ahora bien, ¿a qué viene esta reflexión? Me explico.

México ocupa uno de los primeros cinco lugares de los países megadiversos del mundo. En la secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) acaba de ser designada una persona sin experiencia ni antecedente alguno en relación con sistemas de generación y gestión del conocimiento sobre biodiversidad.

Ante lo sucedido, lamentablemente para el país, el Dr. José Sarukhán, prominente científico y servidor público, decidió retirarse de la Coordinación de esa Comisión después de haberla creado y cuidado durante 30 años.

CONABIO es una institución ejemplar, reconocida a nivel mundial: “ha generado un invaluable acervo de información científica sobre la biodiversidad mexicana y desarrollado un conjunto de herramientas de acceso público, que permiten conocer, proteger y manejar sustentablemente el patrimonio natural de México” (CeiBA).

Me pregunto si no incurre en corrupción quien acepta una función directiva en una institución pública tan especializada como la CONABIO para la que no está preparado, no cuenta con experiencia y con ello, pone en riesgo una riqueza nacional en información y conocimiento desarrollados y conservados por servidores públicos tan comprometidos como el Dr. Sarukhán.

Sólo es una pregunta.

Vivir con miedo

Noticiero IMER 2022.

En México el miedo es posiblemente una de las emociones más compartidas y presentes entre la población. A la percepción de peligros que derivan del hecho de estar vivo, donde los riesgos surgen de causas naturales o generadas por acciones humanas involuntarias, se suman aquellas llevadas a cabo con toda intencionalidad con miras a ejercer el poder sobre otras personas, para subordinarlas, explotarlas y conculcarles sus libertades.

Algunas razones que conducen a las personas a vivir con miedo es el riesgo de perder algo que se logró o se obtuvo y de lo que depende su bienestar. Me refiero al temor de perder el trabajo y caer en la pobreza, a perder las cosechas por eventos climáticos, a fracasar en una empresa, perder patrimonio por cambios en la economía, a enfermar, por ejemplo. Esos miedos son parte natural de la vida.

Sin embargo, una forma de ejercer el poder sobre otras personas consiste en infundirles miedo, generarles inseguridad, incertidumbre y a partir de ello, obtener beneficios de ellas, explotarlas, someterlas. Tres formas de hacerlo son las siguientes:

Amenazar e infundir terror- La delincuencia organizada en México avanza cada día en el territorio nacional a través de acosar e infundir miedo a personas de todo nivel: aquellas que reciben pensiones, las que viven de sembrar y producir alimentos, los comerciantes y empresarios medianos y grandes, los comunicadores y especialmente a las autoridades.

Los recientes acontecimientos en varias ciudades de Baja California, en Jalisco,  Guanajuato, Michoacán  y en Ciudad Juárez, donde quemaron autobuses de pasajeros, vehículos particulares y tiendas de conveniencia e incluso, mataron a civiles, de acuerdo a algunos opiniones, parecerían querer enviar un mensaje al gobierno de México para que no acepte, con el de Estados Unidos, convenios de extradición de grandes capos de las mafias del narcotráfico y de la trata de personas o continúe con decomisos de drogas. Según expertos en la materia, de ser ese el caso, de acuerdo a diversas definiciones y al artículo 139 del Código Penal Federal, estaríamos hablando de terrorismo.

Ahora bien, una segunda modalidad como el cobro de piso incluso a vendedores ambulantes, el financiamiento a pequeños productores de alimentos obligándolos a que entreguen sus productos para que sean las bandas que los comercialicen, o el crédito “gota a gota”. Son sólo algunas de las innumerables formas que ha encontrado la delincuencia organizada para obligar a la población a trabajar para ellos. Significan una creciente penetración de las bandas criminales en el corazón de las actividades económicas del país.

Como resultado de este tipo de acciones que se expanden en todo el territorio, las poblaciones están abandonando sus comunidades. Hay un crecimiento notable de población desplazada, cerca de 30,000 personas en 2021 (CMDPDH), fenómeno que hasta hace 15 años era desconocido en México. También se estima que un 40% de los migrantes que llegan a Estados Unidos son mexicanos desplazados por la inseguridad y el miedo. Nuevamente, como dice Tonatiuh Guillén la migración se desbordó.

Se trata de una creciente normalización de la violencia, del nivel de victimización que hemos alcanzado; evidencias de la impotencia, el cansancio, y de la pérdida de esperanza de que la situación cambie.

Pero en México existe una tercera forma de ejercer y conservar el poder infundiendo miedo. Desde hace muchos años, los gobiernos y los partidos políticos utilizan los programas sociales consistentes en entregas de dinero, así como las dádivas en las campañas, para obligar a aquellos que las reciben a ejercer el voto en su favor. Se conoce como “compra y coacción del voto”.  A pesar de todas las reformas a las leyes electorales que hemos tenido en las últimas décadas, esta forma de conculcar la libertad del voto no ha podido frenarse.

En este caso, la población tiene miedo de perder los recursos que recibe de los programas sociales o durante las campañas políticas y está dispuesta a ejercer su voto en favor de aquéllos que le garantizan seguir recibiendo esos beneficios. Es una forma de corromper la democracia representativa pues las personas no eligen con libertad quién las representará.

En el Gobierno de Vicente Fox se intentó llevar a cabo un “blindaje de los programas sociales” como “Oportunidades” obligando a que fueran estos fueran transparentes, se publicaran y difundiera de manera accesible las reglas para acceder a ellos, así como los padrones de beneficiarios.

En la actualidad, con una política social ejercida a partir de programas de entregas de dinero a la población y la carencia total de información de cómo operan y quienes las reciben, las personas y las familias viven con un gran miedo de perderlas.

Una acción más que contribuye a vivir con miedo y aceptar sujetarse al poder de otros.

Palabras de Clara Jusidman en el lanzamiento de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo Nueva República

21/07/22

Me da mucho gusto participar en el lanzamiento de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo, Nueva República, por dos razones fundamentales. La primera por ser una institución que permitirá recuperar y sistematizar los aportes de Porfirio Muñoz Ledo al desarrollo político, social e institucional, del país, así como a la política internacional y la segunda, porque la Fundación se constituirá en un centro de reflexión y construcción de opciones políticas, sociales y culturales para México en un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa.

Conocí a Porfirio Muñoz Ledo durante la Comisión Nacional Tripartita, un evento de gran trascendencia para actualizar el pacto social entre el gobierno, las organizaciones obreras y las patronales convocado por el presidente Luis Echeverría en 1971. Este pacto le había permitido a México en las décadas previas, llevar a cabo un proceso de industrialización y la creación de un sistema dual de seguridad social.

Era necesario renovarlo y fortalecerlo mejorando las condiciones de vida de los trabajadores asalariados y sus familias ante el agotamiento del impulso económico previo.

Como producto del proceso de la Comisión Nacional Tripartita se crearon varias instituciones en beneficio del sector obrero. Destacan entre ellas el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, el INFONAVIT, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT y el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario de los Trabajadores, el CONAMPROST. Ese proceso continuó con la creación en 1975 del Instituto Nacional del Consumidor y de la respectiva Procuraduría y culminó con un aumento a los salarios mínimos del 23% en 1976, instruido por el presidente, frente a una devaluación del peso mexicano.   

Entre 1973 y 1976 la Secretaría del Trabajo experimentó cambios fundamentales ampliando sus funciones al fomento del empleo y la productividad, al desarrollo de capacidades profesionales de los trabajadores, así como a la investigación y formación de cuadros especializados en la administración del sector laboral.

Porfirio Muñoz Ledo como secretario del Trabajo y Previsión Social en esos años, estuvo detrás de los resultados de la Comisión Nacional Tripartita, de la creación de las instituciones de protección al consumo y de los fundamentales cambios a la Secretaría del Trabajo.  Cuando llegó Arsenio Farell como secretario destruyó todo y regresó a la Secretaría a su función de mediadora en los conflictos laborales, donde se encontraban sus intereses particulares.

En el gobierno de José López Portillo, Porfirio Muñoz Ledo pasó a ser secretario de Educación, pero por conflictos con un personaje oscuro y poderoso de esa administración, tuvo que dejar esa Secretaría.  Siempre he pensado que, de haber permanecido Muñoz Ledo como secretario de Educación, no tendríamos el desastre en la educación pública mexicana que actualmente experimentamos.

En esos años Porfirio me invitó a participar como directora técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos argumentándome que en la Dirección General de Estadística donde estaba encargada de sentar las bases de la actual Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, no tendría posibilidades de crecer. Acepté su oferta, pero mi decisión se basó en la pérdida de interés del nuevo director de Estadística por ampliar y potenciar el campo de las encuestas por muestreo que apenas iniciaba en el país.

Desde entonces, que son casi 50 años, Porfirio me ha invitado a participar en diversas iniciativas que ha impulsado. Todas ellas con una especial visión de futuro y un compromiso con la construcción de capacidades estatales.

En ese sentido me invitó en 1994 a participar en un Comité Técnico que debía vigilar las auditorías al nuevo padrón electoral elaborado por el Gobierno de Carlos Salinas para remontar una de las mayores objeciones a las elecciones controladas desde la Secretaría de Gobernación, que era la calidad de las listas electorales que se utilizaban. Porfirio Muñoz Ledo estaba muy activo en el proceso de cambio de legislación electoral para arribar a la reforma de 1997 que finalmente “ciudadanizó” la realización de las elecciones a través de la creación del Instituto Nacional Electoral.

En 1999 me convocó al desarrollo de una Reforma del Estado cuando fue la elección de Vicente Fox. Como era en el contexto de esa candidatura, no acepté. Ahora reconozco que Porfirio fue el único que vislumbró la necesidad de contar con una estrategia clara de reforma del Estado una vez que se diera el cambio de partido en el poder.

Muchos habíamos participado en lograr ese cambio, pero no teníamos una propuesta para completar la transición. Lamentablemente se perdió una oportunidad histórica para el país debido a personajes del Gobierno de Fox que prefirieron no hacer olas, permitieron la sobrevivencia del PRI y desecharon la Reforma del Estado propuesta por Porfirio Muñoz Ledo y respaldada por 200 especialistas.

Acudo a esos recuerdos porque refieren a cuatro campos incluidos en las múltiples preocupaciones y acciones de Porfirio Muñoz Ledo en su larga y fructífera vida. 

Es fundamental estudiar a profundidad y entender el papel que jugarán esos cuatro ámbitos en el cambio de época que estamos viviendo: la educación y la formación de capacidades profesionales, los cambios en el mundo del trabajo, las modificaciones en las formas y niveles de los consumos y las estructuras políticas que deberán sustentar la reorganización del Estado y de la gobernanza global.

La velocidad de los cambios en materia tecnológica, resultado de las cuarta y quinta revoluciones industriales, están incidiendo en el contenido y la práctica de la educación, en los niveles y modalidades del consumo y en las ocupaciones, la organización y las relaciones laborales. Inclusive las formas de prestación de servicios públicos estatales están experimentando modificaciones aceleradas: la telemedicina, la educación por medio de plataformas y a distancia, el tipo de conocimientos y capacidades requeridas en el mundo del trabajo; las compras por medios de plataformas; la excesiva información sobre consumo distribuida en redes sociales. La riesgosa evolución de la inteligencia artificial. Estas tendencias están modificando profundamente los patrones de uso del tiempo, de ingreso y de gasto, de movilidad y de relaciones entre las personas y las familias. Las estructuras y las capacidades de las instituciones del Estado deberán actualizarse, modernizarse y hacerse accesibles en todo el territorio nacional.

Además del reto que significa anticipar esos cambios y sus posibles efectos para maximizar sus beneficios y minimizar sus daños, se vuelve indispensable convocar a diálogos en el territorio que conduzcan a un pacto social constitucional renovado, reiterada aspiración de Porfirio Muñoz Ledo y del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Necesariamente deberá actualizarse el pacto social ante la presencia de identidades que no han sido reconocidas hasta ahora en los pactos implícitos vigentes una vez que se abandonó y deterioró el pacto tripartito. Identidades con presencia poderosa como son las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, las personas mayores, los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, las identidades territoriales, entre otros, deberán ser convocados a diálogos donde sus requerimientos y derechos sean tomados en cuenta.

Este cambio de época y las problemáticas que estamos viviendo en México en materia de inseguridad, desigualdad, pobreza, discriminación, destrucción de capacidades estatales, polarización, mayores retrocesos en nuestra precaria democracia y riesgos climático y económico, demandan de centros de reflexión que, fundamentados en las capacidades de convocatoria, confianza y escucha, puedan aportar a la construcción de una nueva Constitución.

Es urgente avanzar en el cambio y actualización de las leyes, instituciones y prácticas políticas construidas a lo largo de 100 años por las élites económicas, sociales y políticas del país, en su propio beneficio. Ello demanda tener claridad en el proyecto de organización política que se requiere establecer, acordado por todos los sectores y estratos sociales en el territorio nacional.

La Fundación cuya creación hoy celebramos, permitirá recoger la visión sobre el futuro de Porfirio Muñoz Ledo, como político, intelectual y persona de estado y aportará importantes elementos para los debates.

Bienvenida la iniciativa y los mejores augurios.

Una estrategia de política gubernamental y de colaboración social

PARA APOYAR A LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE VIVEN AL DÍA .

Publicado en el sitio WEB del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe (PNUD), parte de Lustig, N. & Tommasi, M. (2020). El COVID-19 y la protección social de los grupos pobres y vulnerables. UNDP. (Próximo a ser publicado)

Ante la emergencia que ha generado la pandemia, es urgente tomar medidas a la brevedad para conservar los empleos formales existentes y proveer de ingresos a todas las personas y familias que pierden la fuente de los mismos en razón de las medidas de aislamiento que se están adoptando.

 

 

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