Archivo de la categoría: Democracia

Destrucción de capacidades institucionales, avance de empresas criminales

Ciudadanía, Democracia, Desigualdad, Economía del cuidado, Familias, Pobreza, Política Social, Temas varios, ,

Clara Jusidman

9 septiembre 2025

La Silla Rota

Hay actividades empresariales, sociales y ahora también criminales, que perduran a lo largo del tiempo frente a capacidades del Estado que se destruyen, se anquilosan o no se desarrollan.

Las primeras responden a intereses privados, derivan de grupos de poder relativamente pequeños, tienen una gran capacidad de incorporación de nuevas tecnologías y de adaptación a cambios  en el entorno.

Las instituciones del Estado, por el contrario, tardan en concebirse, en ser aprobadas, en contar con presupuestos para desarrollarse o en su caso, adecuarse a los cambios. Asimismo, participan múltiples actores en su diseño, desarrollo y operación (la ciudadanía, los distintos niveles de gobierno y los congresos). Tienen muy poca flexibilidad para responder a situaciones imprevistas. Resultan fácilmente susceptibles de ser eliminadas como hemos experimentado en los últimos siete años.

Y lo más importante, su funcionamiento puede ser afectado por corrupción en favor de intereses privados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en particular se dedicó a destruir capacidades de gobierno cuya eliminación ha resultado en el resurgimiento de problemáticas que habíamos logrado superar.

La historia reciente está llena de resultados negativos por la destrucción institucional promovida por la 4T.

Los casos de huachicol fiscal son particularmente emblemáticos. Provocan el desvío de recursos públicos para ser capturados por intereses privados y criminales. El robo al erario por el huachicol de gasolinas y diésel se estima en 544 mil millones de pesos.

La falta de control sanitario de los productos que ingresan a nuestro país como es el ganado vacuno de Centroamérica, ha derivado en la presencia nuevamente en el territorio nacional del gusano barrenador lo que ha provocado el cierre de la frontera de EE. UU. para las exportaciones de ganado mexicano. Los productores agrícolas enfrentan una grave crisis ya por tres años y la dependencia de importaciones de granos va en aumento.

Otros ejemplos son el desabasto de medicamentos y de insumos para la salud, la caída notable en los niveles de vacunación de la población infantil cuando llegamos a tener coberturas cercanas al 100%. Ahora vemos un número creciente de casos de sarampión, tos ferina y tuberculosis.

Además de la desaparición o la recentralización de funciones de gobierno el mayor daño fue el despido entre 2019 y 2021 de los servidores públicos que mantenían la operación de las instituciones como los directores de área, los subdirectores y los jefes de departamento. Se sustituyeron capacidades por lealtades personales o de partido.

Esta brutal destrucción de capacidades para gobernar por soberbia e ignorancia ha creado, además, un campo propicio para la proliferación de empresas criminales. Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad, menciona el caso de la explotación de especies marinas para los mercados asiáticos y señala su preocupación por la rapidez con las que el crimen organizado está entrando a otros mercados ilícitos.

El vaciamiento de capacidades para gobernar, la enorme corrupción y la centralización de los poderes del Estado bajo el control presidencial han creado un terreno propicio para la proliferación de negocios ilícitos donde participan delincuentes, pero también políticos, funcionarios y empresarios.

La persistencia de la NO-respuesta del No-gobierno

Ciudadanía, Democracia, Desigualdad, Estado de derecho, Justicia, Violencias, , , ,

Clara Jusidman

6 noviembre 2025

Las pasadas festividades del Día de Muertos marcan un momento de gran hartazgo ciudadano después de una serie de eventos que han venido ocurriendo y respecto de los cuales no hay respuestas nuevas, empáticas, creíbles o mínimamente esperanzadoras de parte del Gobierno Federal.

Ya se agotaron las respuestas de que sean los políticos y funcionarios puestos en evidencia los que respondan; o que si no hay denuncias concretas el gobierno no puede hacer nada o las promesas de que se investigará hasta encontrar a los culpables y se aplicará toda la fuerza de la Ley. 

Tampoco sirve  la amenaza de que si queremos que vuelvan Calderón y García Luna o la salida de que todo mal proviene de los gobiernos anteriores a la 4T, o que son conspiraciones de la derecha o de la oposición y pronto también se adjudicarán a las agencias de Estados Unidos.

Cómo ejemplo de la ausencia de respuestas que vivimos, muchos ciudadanos nos preguntamos si realmente fueron los sobrinos del anterior secretario de Marina los jefes del enorme fraude que representa el llamado “huachicol fiscal”. ¿Ellos tuvieron la capacidad y los recursos políticos, económicos y estratégicos para sustraer cerca de 600 mil millones de pesos de los recursos públicos, o de articular a 500 empresas, o de tener las pipas, vagones y barcos necesarios y conseguir la connivencia de tantos “servidores públicos”?

Esas No-respuestas se suman a la evidente incapacidad del Estado y con frecuencia desinterés, de responder a la crisis que viven los agricultores comerciales de grano o la de los cañeros que se cuestionan si levantarán la cosecha de este año y de los ganaderos que enfrentan el cierre de la frontera con Estados Unidos por la presencia de gusano barrenador debido al descontrol en la entrada de contrabando de azúcar y de ganado.

Tampoco hay respuesta o siquiera muestras de solidaridad para las víctimas de las violencias directas e indirectas como son los miles de jóvenes que han muerto, desparecido o viven esclavizados en campos de concentración operados por los cárteles como el encontrado en Teuchitlán, Jalisco; o como los periodistas, sacerdotes, defensores de la tierra y de derechos humanos, políticos y funcionarios municipales asesinados como el lamentable caso de Carlos Manzo; las madres buscadoras o los niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos o las miles de personas que han fallecido o no reciben atención en materia de salud.

La pregunta de fondo es ¿qué está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum o qué hizo el de López Obrador para atender e impedir los múltiples desastres que agobian a la población en todo el territorio? Es evidente que las transferencias monetarias no dan respuesta a la diversidad de carencias que vive la población nacional.

 Tal vez lo que pasa es que los agricultores y ganaderos que nos alimentan y las víctimas de las violencias no son “pueblo” como tampoco lo son las poblaciones desplazadas, ni los trabajadores irregulares que están siendo maltratados, capturados, recluidos en condiciones infames y deportados por el gobierno de EE. UU.

Las promesas de la presidente Sheinbaum de no impunidad, fortalecimiento del acceso a la justicia y atención a las causas de las violencias no parecen ponerse en práctica, no están dando resultados o son mera retórica.

Salarios mínimos, democracia y reforma del Estado

Bienestar, Demografía, Economía del cuidado, Electoral, Familias, Pobreza, Temas varios,

Clara Jusidman

11 septiembre 2025

La Silla Rota

Dos grandes fallas cometimos en la transición democrática mexicana: no haber realizado una profunda reforma del Estado y no haber subido los salarios mínimos que para el año 2000 tenían la mitad del valor que alcanzaron en 1976.

Los únicos que comprendieron que al caer el gobierno del PRI debería llevarse a cabo una profunda reforma del estado fue un grupo de personas coordinadas por Porfirio Muñoz Ledo, que se abocaron a concebirla. Para el efecto, establecieron varias mesas de trabajo algunas de las cuales debieron continuar una vez que se hiciera el cambio de gobierno.

Lamentablemente el nuevo gobierno no llevó a cabo los cambios propuestos a la estructura y organización del Estado, ni mantuvo los trabajos que aún faltaban para terminar su diseño. La transición terminó así convirtiéndose sólo en el ascenso de otro partido al poder.

Lamentablemente varios de las modificaciones que se fueron implementado entre los años 2000 y el 2018 para evitar la concentración y el manejo discrecional del poder han sido revertidos por los gobiernos de la 4T. Incluso han avanzado en una profunda contrarreforma como ha sido la desaseada elección de los integrantes de los poderes judiciales. Retornamos al siglo XX.

Por cuanto a los salarios las experiencias de Chile y Brasil muestran la importancia de haber iniciado la recuperación de los salarios mínimos después de la caída que experimentaron durante las dictaduras militares. (1964-1985 en Brasil y 1973-1990 en Chile).  

En Brasil con el gobierno de José Sarney 1985-1990 se estableció el compromiso de recomponer los salarios, pero fue en el gobierno de José Enrique Cardoso a partir de 1990 cuando se realizaron aumentos reales más sistemáticos. Conel gobierno de Lula se inició una política de ajuste más real al vincularlos al aumento del PIB y la inflación.

Patricio Awlyn, el presidente de la Concertación en Chile de 1990 a 1994, adoptó una política explícita de recuperación gradual del salario mínimo en diálogo con empresarios y sindicatos que se mantuvo en los siguientes gobiernos.

En México, Carlos Abascal, Secretario del trabajo de Vicente Fox, promovió en 2001 la creación de una Comisión Consultiva de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) para la modernización/recuperación gradual y sostenida del salario mínimo.

Como resultado de sus trabajos, a pesar de que la mayoría de sus integrantes estaban de acuerdo en la urgente necesidad de iniciar un proceso de aumento de los salarios mínimos, los representantes de la Secretaría de Haciende, del Banco de México y del ITAM, con argumentos falaces se opusieron.

México decidió incorporarse a los mercados mundiales ofreciendo mano de obra barata. Esa decisión se mantuvo hasta 2016 y significó la depreciación del valor del trabajo, fuente principal del ingreso familiar. Esto, además, en una etapa en donde la presencia de jóvenes en los mercados de trabajo ha sido particularmente alta por el llamado bono demográfico.

La lamentable decisión de 2001 explica por qué la transición a la democracia no significó mayor cambio para millones de mexicanos, por qué un 56% de la población ocupada está en condiciones de informalidad y por qué muchos jóvenes han sido capturados por la delincuencia organizada.

El viejo debate sobre la medición de la pobreza en México

Bienestar, Ciudadanía, Discriminación, Justicia, Tejido social, , ,

Clara Jusidman

28 agosto 2025

La Silla Rota

La medición de la pobreza sigue en el centro de la atención cuando debería ser más importante el conocimiento sobre las condiciones en que viven las poblaciones pobres en los diferentes contextos territoriales con el fin de aplicar políticas de gobierno diferenciadas, más pertinentes.

Desde hace varios días los resultados de la medición de la pobreza en México han ocupado la atención de los medios de comunicación. El INEGI tuvo el buen tino de no cambiar la metodología desarrollada por el desaparecido CONEVAL para calcular la llamada pobreza multidimensional que considera tanto los ingresos monetarios como las carencias que experimenta la población en la realización de ciertos derechos básicos como salud, educación y vivienda.

Sin embargo, sigue en pie un viejo debate sobre como medir la pobreza. Las políticas que se aplican continúan considerando que todas las personas pobres son iguales, son atendidas como individuos y no en contextos diferenciados de familias y comunidades.

Por ejemplo, ¿qué significa vivir en pobreza en las ciudades violentas del norte del país, respecto de la que la sufren en las ciudades del centro y del sur? ¿De qué se sostienen, cuáles son sus carencias más agudas, dónde adquieren los bienes y servicios que utilizan, cuáles son las amenazas y peligros que las acosan?

De acuerdo con la sentencia del CONEVAL de “Lo que no se mide no se mejora” tal vez lo que se mide no es lo más relevante para las personas y familias que viven en pobreza.

Parecería entonces que darles directamente dinero es una buena solución para que ellas decidan en que lo gastan, pero si ello conlleva dejar deteriorar el salario social disminuyendo el acceso y calidad de los servicios públicos de salud y de educación que recibían, en realidad lo que se les proporciona por un lado se les quita por el otro.

La entrega de dinero las lleva a acudir a proveedores privados de bienes y servicios. Proliferan las empresas que atienden el mercado de la población pobre como son las cadenas de farmacias, las Coppel, Azteca, Oxxo, las BBB. Aumenta el gasto de bolsillo en salud, el consumo de alimentos ultraprocesados  y disminuye la asistencia escolar por la inaccesibilidad de las escuelas privadas. El dinero público derramado en transferencias monetarias acaba en manos del pequeñísimo porcentaje de la población de más altos ingresos: los dueños de FEMSA, los Coppel, Salinas Pliego. La desigualdad en realidad aumenta.

Santiago Levy y su equipo que desarrollaron el Programa Progresa en 1997, el primero en México de transferencias monetarias, antes de ponerlo en práctica hicieron pruebas piloto y dialogaron ampliamente con expertos del Consejo Nacional de Población. Sus recomendaciones llevaron a operarlo en el contexto de las familias y no individualmente, a hacer las transferencias por la vía de las mujeres y a condicionar para otorgarlas a que los niñas y niños acudieran a la escuela y a las clínicas de salud.

Lamentablemente el gobierno anterior, con un voluntarismo irresponsable, puso en práctica varios de los programas sociales sin dialogar ni con las poblaciones a ser atendidas, ni con las personas que llevan años trabajando e investigando la pobreza en México.

La precariedad del tejido social urbano y las violencias.

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Clara Jusidman

14 agosto 2025

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos, ropa y enseres de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no investigan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y nunca se investiga.

Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes sólo caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de detener lo que estaba ocurriendo o de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que toleremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2024, las 120 mil personas desparecidas no encontradas?

Esta situación refleja una destrucción sostenida de los tejidos sociales: no nos reconocemos como personas dignas, no hay empatía, no confiamos, no acompañamos a las víctimas y hemos normalizado la violencia.

En 2024 25.5 millones de personas vivían en situación de pobreza en zonas urbanas, casi el doble de los 13 millones que vivían en zonas ruarles.

Pensemos en los millones de jóvenes que han crecido en condiciones de gran precariedad en las ciudades, viendo como sus padres se empobrecían ante la falta de empleos que les permitiera mantener a sus familias en condiciones dignas y además siendo testigos de las enormes desigualdades.

El desarrollo de tejido social urbano no ha sido una preocupación de la política urbana: en los años cincuenta se construyeron unidades habitacionales enormes que actualmente experimentan altos niveles de violencia. Muchas colonias surgieron de invasiones que tardaron tiempo en lograr el acceso a servicios urbanos. En este siglo los desarrollos de vivienda se hicieron alejados de los centros urbanos.

El proceso de urbanización se ha llevado a cabo en forma muy desordenada en el país. Existe una segmentación social urbana y una ausencia de espacios de encuentro y convivencia en muchos desarrollos y colonias de bajos ingresos.

La desigualdad, el empobrecimiento de poblaciones urbanas y la ausencia de tejido social urbano, seguramente han contribuido a las violencias que dominan nuestra convivencia.

La indiferencia y el miedo

Bienestar, Ciudadanía, Derechos Humanos, Discriminación, Familias, Justicia, Juventud, Temas varios, ,

Clara Jusidman

14 agosto 2025

En las últimas semanas hemos conocido los niveles de maldad humana y deshumanización a los que hemos llegado y del gran sufrimiento de las víctimas.

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos humanos, ropa y y diversas prendas de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en manos de diez delincuentes en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no investigan, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y que nunca se investigan.

La sorpresa y la indignación se expresan en los medios. Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho que operaba desde 2012, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que ignoremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2026 y los 120 mil desparecidos que no han sido encontrados?

La desigualdad, una población en pobreza donde 7 de cada diez viven en ciudades y pueblos en condiciones de gran precariedad

Lamentablemente muchos ocurren al interior de las familias donde la violencia maltrata niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores. Recrea seres violentos que sufrieron maltratos, nunca fueron reconocidos y están muy enojados.

Deterioro de la capacidad social para la construcción de seres humanos.

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Clara Jusidman

31 de julio de 2025

La Silla Rota

Todos los días vivimos o nos enteramos de actos de violencia en nuestro país que muestran un grave nivel de deshumanización y una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y de la integridad de las personas.

Homicidios dolosos, descuartizamientos, torturas, desapariciones, venta y explotación de mujeres, niños y niñas, venta de órganos, esclavitud de adolescentes, desplazamientos, despojos, extorsión y violencia intrafamiliar y escolar son muestras de una crueldad extendida y creciente.

Sin bien es cierto que los gobiernos de la 4T han sido incapaces de brindar seguridad y justicia a la población e incluso, algunos están coludidos con los perpetradores de violencia, el ejercicio del poder en México ha implicado el derecho de matar, esclavizar o explotar a otros y otras a lo largo de varias décadas. Así ejercieron los gobiernos del PRI su poder, así se expresa el machismo mexicano, así se manifiesta el poder militar y el del crimen organizado.

En reportaje de El País se nos informa además que las causas penales contra adolescentes se disparan en México. Crecen más de 40% en dos años y se observa un aumento de la participación de mujeres en la comisión de delitos.

Entre las causas estructurales del aumento de las violencias que estamos viviendo y de la participación de jóvenes como víctimas-victimarios hay dos que quisiera destacar.

Una refiere al gran desperdicio que ha hecho nuestro país del llamado bono demográfico que se define como la etapa de la estructura de la población en que las personas activas (entre 15 y 64 años) superan a las dependientes (menores de 15 y mayores de 65).

Es una etapa en donde el crecimiento económico puede ser más rápido y el ingreso de las familias aumenta al contar con un mayor número de sus miembros que pueden ingresar a los mercados de trabajo. En México ese bono dio inicio en 1978 y terminará en 2030.

Lamentablemente ha sido un periodo en donde la inversión estatal en servicios sociales como educación y salud ha sido muy baja e incluso disminuye. Asimismo, la política de contención salarial emprendida particularmente desde 1982 ha impedido que las familias participen con mayor disponibilidad de tiempo en el cuidado de niños, niñas y adolescentes al tener que destinar más tiempo a la obtención de ingresos. Como resultado los aportes del Estado y de las familias en los cuidados de las personas se han reducido y su calidad ha disminuido.

A esto se agrega que llevamos al menos 25 años con altos niveles de homicidios y desapariciones. El número de niñas, niños y jóvenes que han sido violentados, privados de sus padres, maltratados, esclavizados, explotados o abandonados es un componente creciente de las víctimas que deben estar profundamente resentidas con una sociedad y un Estado que las ha abandonado, no las reconoce y las invisibiliza.

Es decir, desde hace varias décadas hemos venido empobreciendo la capacidad social para la construcción de seres humanos que valoren su propia vida y la de otros, desarrollen habilidades para relacionarse y dialogar con los demás, respeten reglas de convivencia y aprendan formas pacíficas de resolución de conflictos.

TELEVISA LEAKS. Dominar por vía de la narrativa

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Clara Jusidman

La Silla Rota

8 de mayo 2025

Lo importante actualmente en la política es ganar la narrativa para dominar al “pueblo”. Se cuentan historias, llenas de mentiras, en los medios de comunicación y en las redes sociales para mantener engañadas a las personas que recurren a ellas para informarse o seguir a algún ídolo político o artístico. Las granjas de bots contribuyen a la construcción de narrativas mentirosas. Además, quien apele más a las emociones será más exitoso.

En la política ya no se trata de proponer un proyecto de país, de plantear un posible futuro y de explicar cómo y con qué se va a alcanzar. A veces también se construyen y publicitan castillos de fantasía que al primer golpe de viento se desmoronan.

Lo más vergonzoso es cuando los concesionarios de los medios de comunicación, muchas veces coludidos con políticos o con empresarios, con total impunidad utilizan la narrativa en medios y redes para destruir prestigios, promover a personas impresentables, incapaces o incluso criminales a puestos políticos, eliminar obstáculos a sus intereses económicos y desprestigiar a sus competidores,

Cuando las consecuencias de esas prácticas producen muertes, enfermedad o un daño moral grave a personas inocentes se convierten claramente en actos criminales que deberían ser sancionados.

Gracias a Carmen Aristegui y a su excelente equipo de investigación, así como a un valiente joven llamado Germán Gómez García se está develando y analizando el contenido de un disco con una gran cantidad de información usada en una “fábrica de mentiras” llamada el PALOMAR dirigida por Javier Tejada Dondé, funcionario de TELEVISA por cerca de 40 años.

En lo que Aristegui-noticias ha denominado TELEVISA LEAKS se están dando a conocer las formas utilizadas por ese Segundo Poder que ha sido TELEVISA en nuestro país (Dayan dixit), para desarrollar guiones, campañas, falsas actuaciones para cometer ilícitos destruyendo el prestigio de personas y empresas, construir presidentes fantásticos y guapos, candidatos a ministros de la corte impecables y políticos comprometidos y honrados.

La seguridad pública que importa

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Clara Jusidman

24 abril 2025

La Silla Rota

¿Es realmente el principal objetivo de la estrategia de seguridad pública reducir la producción y distribución de fentanilo para los consumidores de Estados Unidos y detener a las poblaciones migrantes para que no crucen la frontera? ¿Para eso usamos a la guardia nacional, a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia?

La delincuencia en nuestro país es cada vez más compleja, afecta de diferente manera a la población nacional. Requiere de capacidades distintas de los gobiernos para enfrentarla.

La producción y distribución de drogas viene ocurriendo desde hace varias décadas y se ha expandido hasta volverse una empresa criminal global. Se beneficia de la cercanía del principal mercado de drogas y armas que es Estados Unidos, abastece a poblaciones de altos ingresos, pero también a numerosas personas que viven en los márgenes de las sociedades afluentes.

Sus elevadas ganancias y su utilidad para manipular a poblaciones suburbanas y a soldados en guerras absurdas, conlleva colusión y corrupción con gobiernos, políticos, entidades financieras y empresas nacionales y extranjeras.

La delincuencia denominada “común” realizada por individuos o pequeñas bandas afecta en cambio directamente a la población local especialmente a la urbana de ingresos medios y bajos, mediante asaltos en la calle y en el trasporte público, robo a comercios y a casas habitación, entre otros. Se denuncia poco ante la inoperancia y la desconfianza en las fiscalías.

20 compromisos por la democracia y órganos autónomos

Democracia

El 17 de enero se cumplieron 30 años de la publicación de los 20 compromisos por la democracia, un importante documento firmado por más de 2500 personas que se sumaron a la lucha por un cambio del partido en el poder.

Habían trascurrido sólo 17 días del levantamiento del EZLN. 1994 fue un año de gran intensidad en la lucha por la democracia en el país.  Por más de seis décadas, el PRI controlaba a los tres poderes del Estado y a los tres órdenes de gobierno.

La demanda de los 20 compromisos era la continuación de un largo camino recorrido desde los años cincuenta por la vía de los movimientos de maestros, de los ferrocarrileros, de los médicos, pasado por la guerra sucia, el movimiento del 68 y por el 10 de junio, por el movimiento navista, la movilización ciudadana para enfrentar el sismo de 1985, por el fraude del 88 y por la muerte de 1500 militantes del frente democrático y del PRD.

Largo, importante y costoso camino en vidas y cárcel de muchos, que ha sido borrado de la historia nacional por quienes ahora detentan el poder y se autodenominan Cuarta Transformación. Un salto mágico de la Revolución de 1917 al 2018.

Los 20 compromisos por la democracia convocaban a los entonces candidatos a la presidencia de la República, a “un acuerdo político para garantizar elecciones limpias, creíbles y con amplia participación ciudadana” y a las reformas del sistema político que aseguraran “el pleno cumplimiento de la división de poderes, el federalismo y el respeto a las garantías individuales que marca nuestra Constitución”.

Como primer compromiso se planteó el respeto al voto mediante un acuerdo de las dirigencias nacionales de los partidos políticos para “vigilar la actuación imparcial de los organismos electorales y la legitimidad y transparencia de los comicios federales de agosto de 1994”.

Ello reflejaba un enorme hartazgo de la ciudadanía por el control y manejo corrupto, sesgado y obscuro de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación, control que tuvo su máxima expresión en el fraude electoral de 1988.

Pero también destacaban como derechos ciudadanos la necesidad de dar autonomía a dos organismos importantes: a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al organismo responsable de elaborar las estadísticas nacionales.

Son dos funciones que, para proteger los derechos ciudadanos, deben quedar bajo el control de organismos imparciales: los derechos humanos son una coraza frente a actuaciones abusivas de los gobiernos y el acceso a información estadística no manipulada permite conocer la evolución real de la economía y de la sociedad.

Posteriormente se hizo evidente que para avanzar en la democracia era necesario pasar otras funciones de gobierno a órganos imparciales.  Es el caso de la transparencia, el acceso a la información pública, las telecomunicaciones y la procuración de justicia.

Por ello, desaparecer los órganos autónomos y devolver sus funciones al gobierno federal, es concentrar nuevamente el poder en el partido que gobierna y darle herramientas para eternizarse en el poder. Es un retroceso y un atentado contra la democracia.