Archivo de la categoría: Ciudadanía

Destrucción de capacidades institucionales, avance de empresas criminales

Ciudadanía, Democracia, Desigualdad, Economía del cuidado, Familias, Pobreza, Política Social, Temas varios, ,

Clara Jusidman

9 septiembre 2025

La Silla Rota

Hay actividades empresariales, sociales y ahora también criminales, que perduran a lo largo del tiempo frente a capacidades del Estado que se destruyen, se anquilosan o no se desarrollan.

Las primeras responden a intereses privados, derivan de grupos de poder relativamente pequeños, tienen una gran capacidad de incorporación de nuevas tecnologías y de adaptación a cambios  en el entorno.

Las instituciones del Estado, por el contrario, tardan en concebirse, en ser aprobadas, en contar con presupuestos para desarrollarse o en su caso, adecuarse a los cambios. Asimismo, participan múltiples actores en su diseño, desarrollo y operación (la ciudadanía, los distintos niveles de gobierno y los congresos). Tienen muy poca flexibilidad para responder a situaciones imprevistas. Resultan fácilmente susceptibles de ser eliminadas como hemos experimentado en los últimos siete años.

Y lo más importante, su funcionamiento puede ser afectado por corrupción en favor de intereses privados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en particular se dedicó a destruir capacidades de gobierno cuya eliminación ha resultado en el resurgimiento de problemáticas que habíamos logrado superar.

La historia reciente está llena de resultados negativos por la destrucción institucional promovida por la 4T.

Los casos de huachicol fiscal son particularmente emblemáticos. Provocan el desvío de recursos públicos para ser capturados por intereses privados y criminales. El robo al erario por el huachicol de gasolinas y diésel se estima en 544 mil millones de pesos.

La falta de control sanitario de los productos que ingresan a nuestro país como es el ganado vacuno de Centroamérica, ha derivado en la presencia nuevamente en el territorio nacional del gusano barrenador lo que ha provocado el cierre de la frontera de EE. UU. para las exportaciones de ganado mexicano. Los productores agrícolas enfrentan una grave crisis ya por tres años y la dependencia de importaciones de granos va en aumento.

Otros ejemplos son el desabasto de medicamentos y de insumos para la salud, la caída notable en los niveles de vacunación de la población infantil cuando llegamos a tener coberturas cercanas al 100%. Ahora vemos un número creciente de casos de sarampión, tos ferina y tuberculosis.

Además de la desaparición o la recentralización de funciones de gobierno el mayor daño fue el despido entre 2019 y 2021 de los servidores públicos que mantenían la operación de las instituciones como los directores de área, los subdirectores y los jefes de departamento. Se sustituyeron capacidades por lealtades personales o de partido.

Esta brutal destrucción de capacidades para gobernar por soberbia e ignorancia ha creado, además, un campo propicio para la proliferación de empresas criminales. Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad, menciona el caso de la explotación de especies marinas para los mercados asiáticos y señala su preocupación por la rapidez con las que el crimen organizado está entrando a otros mercados ilícitos.

El vaciamiento de capacidades para gobernar, la enorme corrupción y la centralización de los poderes del Estado bajo el control presidencial han creado un terreno propicio para la proliferación de negocios ilícitos donde participan delincuentes, pero también políticos, funcionarios y empresarios.

La persistencia de la NO-respuesta del No-gobierno

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Clara Jusidman

6 noviembre 2025

Las pasadas festividades del Día de Muertos marcan un momento de gran hartazgo ciudadano después de una serie de eventos que han venido ocurriendo y respecto de los cuales no hay respuestas nuevas, empáticas, creíbles o mínimamente esperanzadoras de parte del Gobierno Federal.

Ya se agotaron las respuestas de que sean los políticos y funcionarios puestos en evidencia los que respondan; o que si no hay denuncias concretas el gobierno no puede hacer nada o las promesas de que se investigará hasta encontrar a los culpables y se aplicará toda la fuerza de la Ley. 

Tampoco sirve  la amenaza de que si queremos que vuelvan Calderón y García Luna o la salida de que todo mal proviene de los gobiernos anteriores a la 4T, o que son conspiraciones de la derecha o de la oposición y pronto también se adjudicarán a las agencias de Estados Unidos.

Cómo ejemplo de la ausencia de respuestas que vivimos, muchos ciudadanos nos preguntamos si realmente fueron los sobrinos del anterior secretario de Marina los jefes del enorme fraude que representa el llamado “huachicol fiscal”. ¿Ellos tuvieron la capacidad y los recursos políticos, económicos y estratégicos para sustraer cerca de 600 mil millones de pesos de los recursos públicos, o de articular a 500 empresas, o de tener las pipas, vagones y barcos necesarios y conseguir la connivencia de tantos “servidores públicos”?

Esas No-respuestas se suman a la evidente incapacidad del Estado y con frecuencia desinterés, de responder a la crisis que viven los agricultores comerciales de grano o la de los cañeros que se cuestionan si levantarán la cosecha de este año y de los ganaderos que enfrentan el cierre de la frontera con Estados Unidos por la presencia de gusano barrenador debido al descontrol en la entrada de contrabando de azúcar y de ganado.

Tampoco hay respuesta o siquiera muestras de solidaridad para las víctimas de las violencias directas e indirectas como son los miles de jóvenes que han muerto, desparecido o viven esclavizados en campos de concentración operados por los cárteles como el encontrado en Teuchitlán, Jalisco; o como los periodistas, sacerdotes, defensores de la tierra y de derechos humanos, políticos y funcionarios municipales asesinados como el lamentable caso de Carlos Manzo; las madres buscadoras o los niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos o las miles de personas que han fallecido o no reciben atención en materia de salud.

La pregunta de fondo es ¿qué está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum o qué hizo el de López Obrador para atender e impedir los múltiples desastres que agobian a la población en todo el territorio? Es evidente que las transferencias monetarias no dan respuesta a la diversidad de carencias que vive la población nacional.

 Tal vez lo que pasa es que los agricultores y ganaderos que nos alimentan y las víctimas de las violencias no son “pueblo” como tampoco lo son las poblaciones desplazadas, ni los trabajadores irregulares que están siendo maltratados, capturados, recluidos en condiciones infames y deportados por el gobierno de EE. UU.

Las promesas de la presidente Sheinbaum de no impunidad, fortalecimiento del acceso a la justicia y atención a las causas de las violencias no parecen ponerse en práctica, no están dando resultados o son mera retórica.

El viejo debate sobre la medición de la pobreza en México

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Clara Jusidman

28 agosto 2025

La Silla Rota

La medición de la pobreza sigue en el centro de la atención cuando debería ser más importante el conocimiento sobre las condiciones en que viven las poblaciones pobres en los diferentes contextos territoriales con el fin de aplicar políticas de gobierno diferenciadas, más pertinentes.

Desde hace varios días los resultados de la medición de la pobreza en México han ocupado la atención de los medios de comunicación. El INEGI tuvo el buen tino de no cambiar la metodología desarrollada por el desaparecido CONEVAL para calcular la llamada pobreza multidimensional que considera tanto los ingresos monetarios como las carencias que experimenta la población en la realización de ciertos derechos básicos como salud, educación y vivienda.

Sin embargo, sigue en pie un viejo debate sobre como medir la pobreza. Las políticas que se aplican continúan considerando que todas las personas pobres son iguales, son atendidas como individuos y no en contextos diferenciados de familias y comunidades.

Por ejemplo, ¿qué significa vivir en pobreza en las ciudades violentas del norte del país, respecto de la que la sufren en las ciudades del centro y del sur? ¿De qué se sostienen, cuáles son sus carencias más agudas, dónde adquieren los bienes y servicios que utilizan, cuáles son las amenazas y peligros que las acosan?

De acuerdo con la sentencia del CONEVAL de “Lo que no se mide no se mejora” tal vez lo que se mide no es lo más relevante para las personas y familias que viven en pobreza.

Parecería entonces que darles directamente dinero es una buena solución para que ellas decidan en que lo gastan, pero si ello conlleva dejar deteriorar el salario social disminuyendo el acceso y calidad de los servicios públicos de salud y de educación que recibían, en realidad lo que se les proporciona por un lado se les quita por el otro.

La entrega de dinero las lleva a acudir a proveedores privados de bienes y servicios. Proliferan las empresas que atienden el mercado de la población pobre como son las cadenas de farmacias, las Coppel, Azteca, Oxxo, las BBB. Aumenta el gasto de bolsillo en salud, el consumo de alimentos ultraprocesados  y disminuye la asistencia escolar por la inaccesibilidad de las escuelas privadas. El dinero público derramado en transferencias monetarias acaba en manos del pequeñísimo porcentaje de la población de más altos ingresos: los dueños de FEMSA, los Coppel, Salinas Pliego. La desigualdad en realidad aumenta.

Santiago Levy y su equipo que desarrollaron el Programa Progresa en 1997, el primero en México de transferencias monetarias, antes de ponerlo en práctica hicieron pruebas piloto y dialogaron ampliamente con expertos del Consejo Nacional de Población. Sus recomendaciones llevaron a operarlo en el contexto de las familias y no individualmente, a hacer las transferencias por la vía de las mujeres y a condicionar para otorgarlas a que los niñas y niños acudieran a la escuela y a las clínicas de salud.

Lamentablemente el gobierno anterior, con un voluntarismo irresponsable, puso en práctica varios de los programas sociales sin dialogar ni con las poblaciones a ser atendidas, ni con las personas que llevan años trabajando e investigando la pobreza en México.

La precariedad del tejido social urbano y las violencias.

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Clara Jusidman

14 agosto 2025

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos, ropa y enseres de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no investigan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y nunca se investiga.

Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes sólo caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de detener lo que estaba ocurriendo o de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que toleremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2024, las 120 mil personas desparecidas no encontradas?

Esta situación refleja una destrucción sostenida de los tejidos sociales: no nos reconocemos como personas dignas, no hay empatía, no confiamos, no acompañamos a las víctimas y hemos normalizado la violencia.

En 2024 25.5 millones de personas vivían en situación de pobreza en zonas urbanas, casi el doble de los 13 millones que vivían en zonas ruarles.

Pensemos en los millones de jóvenes que han crecido en condiciones de gran precariedad en las ciudades, viendo como sus padres se empobrecían ante la falta de empleos que les permitiera mantener a sus familias en condiciones dignas y además siendo testigos de las enormes desigualdades.

El desarrollo de tejido social urbano no ha sido una preocupación de la política urbana: en los años cincuenta se construyeron unidades habitacionales enormes que actualmente experimentan altos niveles de violencia. Muchas colonias surgieron de invasiones que tardaron tiempo en lograr el acceso a servicios urbanos. En este siglo los desarrollos de vivienda se hicieron alejados de los centros urbanos.

El proceso de urbanización se ha llevado a cabo en forma muy desordenada en el país. Existe una segmentación social urbana y una ausencia de espacios de encuentro y convivencia en muchos desarrollos y colonias de bajos ingresos.

La desigualdad, el empobrecimiento de poblaciones urbanas y la ausencia de tejido social urbano, seguramente han contribuido a las violencias que dominan nuestra convivencia.

La indiferencia y el miedo

Bienestar, Ciudadanía, Derechos Humanos, Discriminación, Familias, Justicia, Juventud, Temas varios, ,

Clara Jusidman

14 agosto 2025

En las últimas semanas hemos conocido los niveles de maldad humana y deshumanización a los que hemos llegado y del gran sufrimiento de las víctimas.

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos humanos, ropa y y diversas prendas de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en manos de diez delincuentes en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no investigan, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y que nunca se investigan.

La sorpresa y la indignación se expresan en los medios. Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho que operaba desde 2012, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que ignoremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2026 y los 120 mil desparecidos que no han sido encontrados?

La desigualdad, una población en pobreza donde 7 de cada diez viven en ciudades y pueblos en condiciones de gran precariedad

Lamentablemente muchos ocurren al interior de las familias donde la violencia maltrata niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores. Recrea seres violentos que sufrieron maltratos, nunca fueron reconocidos y están muy enojados.

Deterioro de la capacidad social para la construcción de seres humanos.

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Clara Jusidman

31 de julio de 2025

La Silla Rota

Todos los días vivimos o nos enteramos de actos de violencia en nuestro país que muestran un grave nivel de deshumanización y una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y de la integridad de las personas.

Homicidios dolosos, descuartizamientos, torturas, desapariciones, venta y explotación de mujeres, niños y niñas, venta de órganos, esclavitud de adolescentes, desplazamientos, despojos, extorsión y violencia intrafamiliar y escolar son muestras de una crueldad extendida y creciente.

Sin bien es cierto que los gobiernos de la 4T han sido incapaces de brindar seguridad y justicia a la población e incluso, algunos están coludidos con los perpetradores de violencia, el ejercicio del poder en México ha implicado el derecho de matar, esclavizar o explotar a otros y otras a lo largo de varias décadas. Así ejercieron los gobiernos del PRI su poder, así se expresa el machismo mexicano, así se manifiesta el poder militar y el del crimen organizado.

En reportaje de El País se nos informa además que las causas penales contra adolescentes se disparan en México. Crecen más de 40% en dos años y se observa un aumento de la participación de mujeres en la comisión de delitos.

Entre las causas estructurales del aumento de las violencias que estamos viviendo y de la participación de jóvenes como víctimas-victimarios hay dos que quisiera destacar.

Una refiere al gran desperdicio que ha hecho nuestro país del llamado bono demográfico que se define como la etapa de la estructura de la población en que las personas activas (entre 15 y 64 años) superan a las dependientes (menores de 15 y mayores de 65).

Es una etapa en donde el crecimiento económico puede ser más rápido y el ingreso de las familias aumenta al contar con un mayor número de sus miembros que pueden ingresar a los mercados de trabajo. En México ese bono dio inicio en 1978 y terminará en 2030.

Lamentablemente ha sido un periodo en donde la inversión estatal en servicios sociales como educación y salud ha sido muy baja e incluso disminuye. Asimismo, la política de contención salarial emprendida particularmente desde 1982 ha impedido que las familias participen con mayor disponibilidad de tiempo en el cuidado de niños, niñas y adolescentes al tener que destinar más tiempo a la obtención de ingresos. Como resultado los aportes del Estado y de las familias en los cuidados de las personas se han reducido y su calidad ha disminuido.

A esto se agrega que llevamos al menos 25 años con altos niveles de homicidios y desapariciones. El número de niñas, niños y jóvenes que han sido violentados, privados de sus padres, maltratados, esclavizados, explotados o abandonados es un componente creciente de las víctimas que deben estar profundamente resentidas con una sociedad y un Estado que las ha abandonado, no las reconoce y las invisibiliza.

Es decir, desde hace varias décadas hemos venido empobreciendo la capacidad social para la construcción de seres humanos que valoren su propia vida y la de otros, desarrollen habilidades para relacionarse y dialogar con los demás, respeten reglas de convivencia y aprendan formas pacíficas de resolución de conflictos.

TELEVISA LEAKS. Dominar por vía de la narrativa

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Clara Jusidman

La Silla Rota

8 de mayo 2025

Lo importante actualmente en la política es ganar la narrativa para dominar al “pueblo”. Se cuentan historias, llenas de mentiras, en los medios de comunicación y en las redes sociales para mantener engañadas a las personas que recurren a ellas para informarse o seguir a algún ídolo político o artístico. Las granjas de bots contribuyen a la construcción de narrativas mentirosas. Además, quien apele más a las emociones será más exitoso.

En la política ya no se trata de proponer un proyecto de país, de plantear un posible futuro y de explicar cómo y con qué se va a alcanzar. A veces también se construyen y publicitan castillos de fantasía que al primer golpe de viento se desmoronan.

Lo más vergonzoso es cuando los concesionarios de los medios de comunicación, muchas veces coludidos con políticos o con empresarios, con total impunidad utilizan la narrativa en medios y redes para destruir prestigios, promover a personas impresentables, incapaces o incluso criminales a puestos políticos, eliminar obstáculos a sus intereses económicos y desprestigiar a sus competidores,

Cuando las consecuencias de esas prácticas producen muertes, enfermedad o un daño moral grave a personas inocentes se convierten claramente en actos criminales que deberían ser sancionados.

Gracias a Carmen Aristegui y a su excelente equipo de investigación, así como a un valiente joven llamado Germán Gómez García se está develando y analizando el contenido de un disco con una gran cantidad de información usada en una “fábrica de mentiras” llamada el PALOMAR dirigida por Javier Tejada Dondé, funcionario de TELEVISA por cerca de 40 años.

En lo que Aristegui-noticias ha denominado TELEVISA LEAKS se están dando a conocer las formas utilizadas por ese Segundo Poder que ha sido TELEVISA en nuestro país (Dayan dixit), para desarrollar guiones, campañas, falsas actuaciones para cometer ilícitos destruyendo el prestigio de personas y empresas, construir presidentes fantásticos y guapos, candidatos a ministros de la corte impecables y políticos comprometidos y honrados.

La seguridad pública que importa

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Clara Jusidman

24 abril 2025

La Silla Rota

¿Es realmente el principal objetivo de la estrategia de seguridad pública reducir la producción y distribución de fentanilo para los consumidores de Estados Unidos y detener a las poblaciones migrantes para que no crucen la frontera? ¿Para eso usamos a la guardia nacional, a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia?

La delincuencia en nuestro país es cada vez más compleja, afecta de diferente manera a la población nacional. Requiere de capacidades distintas de los gobiernos para enfrentarla.

La producción y distribución de drogas viene ocurriendo desde hace varias décadas y se ha expandido hasta volverse una empresa criminal global. Se beneficia de la cercanía del principal mercado de drogas y armas que es Estados Unidos, abastece a poblaciones de altos ingresos, pero también a numerosas personas que viven en los márgenes de las sociedades afluentes.

Sus elevadas ganancias y su utilidad para manipular a poblaciones suburbanas y a soldados en guerras absurdas, conlleva colusión y corrupción con gobiernos, políticos, entidades financieras y empresas nacionales y extranjeras.

La delincuencia denominada “común” realizada por individuos o pequeñas bandas afecta en cambio directamente a la población local especialmente a la urbana de ingresos medios y bajos, mediante asaltos en la calle y en el trasporte público, robo a comercios y a casas habitación, entre otros. Se denuncia poco ante la inoperancia y la desconfianza en las fiscalías.

Escuchar para impartir justicia

Ciudadanía, Democracia, Estado de derecho

Transcurrió el 8 de marzo con gritos y cantos de miles de mujeres de la diversidad social y etaria. Mostraron que están empoderadas, sin sumisión y sin miedo a manifestarse. Nos recordaron que las violencias, las desigualdades y la discriminación por razón de género persisten y se agudizan en un contexto nacional de polarización e impunidad. 

Arribaron a la Plaza de la Constitución en el transcurso de varias horas, como ríos que fluían desde más de 70 puntos de la Ciudad de México, portando simbólicas prendas verdes y moradas.

De las instituciones del estado, cuyos responsables se guardaron en sus oficinas rodeadas de vallas metálicas, se escapó y destacó la voz de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia por mérito propio.

Al reconocer, por medio de un importante mensaje difundido en las redes sociales, las deudas históricas del sistema judicial y la falta de efectividad de la impartición de justicia hacia las mujeres, se comprometió a una escucha permanente y progresiva, las voces de las mujeres que sufren diversas formas de “vulnerabilidad acrecentada”.

La ministra marca así un cambio histórico respecto de la alejada e inaccesible forma de proceder de la Suprema Corte con la población en general, al establecer un compromiso de escuchar directamente a las mujeres.

Ha sido la Corte el poder del estado mexicano que con mayor lentitud incorporó la perspectiva de género en sus trabajos. La ministra Piña es la primera mujer en presidir la Corte y aún no se alcanza la paridad, en la composición de ésta.

Fue el poder que creó más tardíamente un área especializada en los temas de género y en introducir esa perspectiva en la impartición de justicia, materia en la que sigue existiendo una gran deuda.

Proponerse escuchar directamente a las mujeres para mejor atender a sus problemas, marca una clara diferencia respecto de la sistemática y sostenida negativa del presidente de la República para dialogar y conocer de viva voz sus problemas y reconocer sus enormes aportaciones y capacidades para hacer de México un país justo.

Sólo conociendo y atendiendo los dolores y las ingratas experiencias que viven todos los días las personas, y en especial las mujeres, en el campo, en las ciudades, en las fronteras, en los reclusorios, en las escuelas, en el transporte, en los tribunales o en los ministerios públicos, será posible transformar el ejercicio del poder en nuestro país. 

La presidente de la Suprema Corte de Justicia, la maestra   Piña, cuenta con el apoyo de muchas personas que lamentamos las mentiras y el maltrato de que ha sido objeto por quienes se arrogan representar al pueblo. 

Por el bien de todos y todas deseamos que logre un profundo cambio en el acceso a la justicia, aunque reconocemos que su tarea es más difícil, sin fiscalías autónomas, profesionales, actualizadas y comprometidas con una buena procuración de justicia.

Una nueva ola de autoritarismo

Ciudadanía, Democracia, ,

La Silla Rota

24.10.2024

La decisión tomada por el Consejo del INE con el voto de siete consejeros para otorgar la mayoría calificada a la coalición de Morena en la Cámara de Diputados responde a nuestra vocación en favor de regímenes autoritarios y centralistas.

En los 200 años de vida independiente de México han existido tres prolongados regímenes autoritarios. En 2018 iniciamos el cuarto.

Antonio López de Santa Anna dominó la vida política por 32 años, entre 1823 y 1855. Fue once veces presidente y dos veces gobernador. A partir de 1876, Porfirio Díaz duró 34 años en el poder. El PRI controló al país por 71 años desde 1929 y colocó a 14 presidentes. En todos ellos hubo un dominio del poder ejecutivo federal sobre el congreso y el poder judicial.

La Constitución de 1924 definió que los Estados Unidos Mexicanos serían una república representativa, democrática, laica y federal. Sin embargo, en el siglo XIX por cerca de 50 años, se dio una batalla entre centralistas y federalistas debido al poder que tenían los jefes regionales. Es a partir de Porfirio Díaz que el ejecutivo federal empezó a controlar también a las gobernaturas.

Desde el año 2000, por un corto período de sólo 24 años, tuvimos alternancia de los partidos en la presidencia y en las gobernaturas, congresos plurales, una mayor independencia, al menos, del poder judicial federal, y la creación de varios órganos autónomos.  Parece que estamos retornando al inicio de una nueva ola de centralización del poder en la presidencia de la República. En esta ocasión con mayores posibilidades de acallar cualquier disidencia por la ampliación de las causas de prisión preventiva y por la militarización.

Otros ejemplos del retorno al autoritarismo son la desaparición en curso de varios órganos autónomos creados para quitarle al gobierno federal las herramientas que usó el PRI para mantenerse en el poder durante 71 años.

El gobierno de Morena busca recuperar el control y organización de las elecciones al subordinar al INE y al TEPJF; concentrar en lo que queda de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y  los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. El control del acceso a la información gubernamental y a la protección de los datos personales se pasarán a la inútil Secretaría de la Función Pública; al INEGI se le agregará la evaluación de programas sociales. Ahora la llaman “austeridad republicana”, hermana de la austeridad neoliberal.

El peor atropello de todo el llamado Plan C a la seguridad ciudadana, son los cambios propuestos para la elección por voto popular de las autoridades del Poder Judicial. Somos un país en donde el Estado ha perdido el control de al menos, una tercera parte del territorio en manos del crimen organizado.  Un país que vive una ciudadanía de baja intensidad por el desinterés de los gobiernos de las últimas cuatro décadas para avanzar en la realización de los derechos humanos de la población.

En lugar de ser la 4T, por “cuarta transformación”, debería ser la 4R por la “cuarta regresión”. Tendremos un septiembre lleno de obscuridad.