Archivo de la categoría: Justicia

La persistencia de la NO-respuesta del No-gobierno

Clara Jusidman

6 noviembre 2025

Las pasadas festividades del Día de Muertos marcan un momento de gran hartazgo ciudadano después de una serie de eventos que han venido ocurriendo y respecto de los cuales no hay respuestas nuevas, empáticas, creíbles o mínimamente esperanzadoras de parte del Gobierno Federal.

Ya se agotaron las respuestas de que sean los políticos y funcionarios puestos en evidencia los que respondan; o que si no hay denuncias concretas el gobierno no puede hacer nada o las promesas de que se investigará hasta encontrar a los culpables y se aplicará toda la fuerza de la Ley. 

Tampoco sirve  la amenaza de que si queremos que vuelvan Calderón y García Luna o la salida de que todo mal proviene de los gobiernos anteriores a la 4T, o que son conspiraciones de la derecha o de la oposición y pronto también se adjudicarán a las agencias de Estados Unidos.

Cómo ejemplo de la ausencia de respuestas que vivimos, muchos ciudadanos nos preguntamos si realmente fueron los sobrinos del anterior secretario de Marina los jefes del enorme fraude que representa el llamado “huachicol fiscal”. ¿Ellos tuvieron la capacidad y los recursos políticos, económicos y estratégicos para sustraer cerca de 600 mil millones de pesos de los recursos públicos, o de articular a 500 empresas, o de tener las pipas, vagones y barcos necesarios y conseguir la connivencia de tantos “servidores públicos”?

Esas No-respuestas se suman a la evidente incapacidad del Estado y con frecuencia desinterés, de responder a la crisis que viven los agricultores comerciales de grano o la de los cañeros que se cuestionan si levantarán la cosecha de este año y de los ganaderos que enfrentan el cierre de la frontera con Estados Unidos por la presencia de gusano barrenador debido al descontrol en la entrada de contrabando de azúcar y de ganado.

Tampoco hay respuesta o siquiera muestras de solidaridad para las víctimas de las violencias directas e indirectas como son los miles de jóvenes que han muerto, desparecido o viven esclavizados en campos de concentración operados por los cárteles como el encontrado en Teuchitlán, Jalisco; o como los periodistas, sacerdotes, defensores de la tierra y de derechos humanos, políticos y funcionarios municipales asesinados como el lamentable caso de Carlos Manzo; las madres buscadoras o los niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos o las miles de personas que han fallecido o no reciben atención en materia de salud.

La pregunta de fondo es ¿qué está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum o qué hizo el de López Obrador para atender e impedir los múltiples desastres que agobian a la población en todo el territorio? Es evidente que las transferencias monetarias no dan respuesta a la diversidad de carencias que vive la población nacional.

 Tal vez lo que pasa es que los agricultores y ganaderos que nos alimentan y las víctimas de las violencias no son “pueblo” como tampoco lo son las poblaciones desplazadas, ni los trabajadores irregulares que están siendo maltratados, capturados, recluidos en condiciones infames y deportados por el gobierno de EE. UU.

Las promesas de la presidente Sheinbaum de no impunidad, fortalecimiento del acceso a la justicia y atención a las causas de las violencias no parecen ponerse en práctica, no están dando resultados o son mera retórica.

A 30 años de Beijing

Clara Jusidman

25 septiembre 2025

La Silla Rota

La IV Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing en septiembre de 1995, hace 30 años, dejó una hoja de ruta para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el mundo y fue un parteaguas en el desarrollo de legislación y la creación de instituciones en México.

Todas las mujeres que participaron en el proceso para definir la posición de México respecto de las 12 áreas de preocupación seleccionadas para ser tratadas en la Conferencia, todas las integrantes de la delegación oficial, así como las participantes en el Foro paralelo de ONG que tuvo lugar en Huairou, recuerdan su experiencia como algo que marcó sus vidas.

Hasta ahora en el mundo se sigue haciendo referencia a esa Conferencia como la más exitosa para la definición de la agenda de las mujeres.

Los trabajos preparatorios se iniciaron en nuestro país desde septiembre de 1993, dos años antes de la realización de la Conferencia en septiembre de 1995, cuando Carlos Salinas era presidente y la conferencia tuvo lugar en el periodo de Ernesto Zedillo.

El proceso de la Conferencia de Beijing estuvo entonces a cargo de dos administraciones de gobierno, cuatro secretarios de gobernación y dos secretarios del Consejo Nacional de Población.

En los dos años de preparación 1994 fue un año particularmente convulso: desde el levantamiento zapatista en enero, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, el 23 de marzo; la primera elección presidencial organizada por el IFE con autonomía parcial el 21 de agosto; el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, el 28 de septiembre; la toma de posesión del Ernesto Zedillo como presidente el 1 de diciembre y el estallamiento de la “crisis de diciembre”, como cierre del año.

Personalmente en mí ya larga vida, no recuerdo haber vivido un año más complejo que el de 1994.

Afortunadamente, quien se mantuvo durante todos los 24 meses a cargo de la Comisión para los trabajos preparatorios de la Conferencia fue Gloria Brasdefer una ejemplar servidora pública que había colaborado con Pedro Ojeda Paullada en la realización de la Primera Conferencia Mundial que tuvo lugar en nuestro país en 1975, así como Aida González en ese momento desde Relaciones Exteriores. Gloria me invitó como asesora.

Decidimos iniciar un proceso de articulación y diálogo inédito: constituir 19 grupos de trabajo Técnico-Temáticos integrados por mujeres de la academia, funcionarias y de las organizaciones no gubernamentales.

Alcanzamos varios resultados. En primer lugar once cuadernillos temáticos que después le sirvieron a Aida González y a su equipo para preparar el texto de la posición de México frente a las 12 áreas de preocupación de la Conferencia; rompimos la desconfianza entre organizaciones no gubernamentales, académicas y funcionarias; rompimos también la persistente negativa de los funcionarios de Relaciones Exteriores  a escuchar las voces de la sociedad civil y a permitir la participación de sus representantes en las delegaciones oficiales a eventos internacionales. Lo más importante es que se creó un espíritu de cuerpo que prevaleció en las reuniones de Nueva York y Mar de Plata, previas a la Conferencia, así como una colaboración y distribución del trabajo en las doce comisiones que se organizaron en Beijing.

Mi reconocimiento al Dr. Manuel Urbina, secretario del Consejo Nacional de Población hasta diciembre de 1994, por su aliento y apoyo a ese experimento y a José Gómez de León quien ocupó esa posición al entrar el gobierno del Presidente Zedillo. El Dr. Gómez de León, acompañado por otro excepcional académico y servidor público Rodolfo Tuirán, fue el Jefe de la Delegación que asistió a Beijing. En la delegación fueron incorporadas varias mujeres de diversos partidos políticos y al menos dos representantes impuestas por la iglesia católica. Las representantes de las ONGs fueron coordinadas durante todo el proceso por dos excepcionales mujeres Cecilia Loría y Patricia Mercado.

Desde mi perspectiva Beijing marca el fin del periodo en donde la prioridad se centraba en reclamar el derecho de las mujeres a ser incorporadas al desarrollo (acceso a salud, trabajo, educación, protección social, al crédito , a tierras) para transitar hacia el objetivo de reconocimiento de que su condición de desigualdad deriva de relaciones de poder inequitativas surgidas del patriarcado. Inició la lucha por la igualdad de género, concepto que por primera vez se incluyó en las conferencias mundiales. Esto se tradujo en reclamar el reconocimiento de su derecho al control de su propio cuerpo y de su libertad, de su derecho a acceder al poder y a eliminar los obstáculos que impiden el reconocimiento de sus derechos humanos como personas plenas y dignas y a una vida libre de violencia.

A 30 años de la Conferencia observamos avances: el desarrollo de muchas herramientas e instituciones para incorporar la perspectiva de género en la vida pública y privada. Prevalece sin embargo un gran lastre que son las violencias contra las mujeres que se incrementan, encuentran nuevas expresiones o recuperan viejas formas de explotarlas. La creciente violencia que experimentamos en México recae sobre el cuerpo y la libertad de muchas mujeres y aumenta su condición de víctimas indirectas que pierden a sus seres queridos y no encuentran empatía en el cuerpo social, ni en los gobiernos.

Estamos ante un cambio de época con una perspectiva de mayor violencia frente a los autoritarismos, los populismos, la polarización y la exclusión extrema; frente a visiones totalmente confrontadas respecto de lo que está ocurriendo.

No son buenos augurios para avanzar en los derechos de las mujeres. Por el contrario, veo que estamos entrando en una etapa de retroceso de las olas del feminismo por las ideologías de derecha que están adquiriendo fuerza, por la narco cultura y por el debilitamiento de los organismos internacionales que defendían derechos humanos entre ellos los relacionados con el cumplimiento de la CEDAW.

Tal vez sería útil empezar a pensar en escenarios de futuro para proponer cuáles podrían ser las prioridades en la lucha por la igualdad sustantiva una vez que la destrucción, la locura y las violencias que actualmente prevalecen en el mundo, sean superadas.

El viejo debate sobre la medición de la pobreza en México

Clara Jusidman

28 agosto 2025

La Silla Rota

La medición de la pobreza sigue en el centro de la atención cuando debería ser más importante el conocimiento sobre las condiciones en que viven las poblaciones pobres en los diferentes contextos territoriales con el fin de aplicar políticas de gobierno diferenciadas, más pertinentes.

Desde hace varios días los resultados de la medición de la pobreza en México han ocupado la atención de los medios de comunicación. El INEGI tuvo el buen tino de no cambiar la metodología desarrollada por el desaparecido CONEVAL para calcular la llamada pobreza multidimensional que considera tanto los ingresos monetarios como las carencias que experimenta la población en la realización de ciertos derechos básicos como salud, educación y vivienda.

Sin embargo, sigue en pie un viejo debate sobre como medir la pobreza. Las políticas que se aplican continúan considerando que todas las personas pobres son iguales, son atendidas como individuos y no en contextos diferenciados de familias y comunidades.

Por ejemplo, ¿qué significa vivir en pobreza en las ciudades violentas del norte del país, respecto de la que la sufren en las ciudades del centro y del sur? ¿De qué se sostienen, cuáles son sus carencias más agudas, dónde adquieren los bienes y servicios que utilizan, cuáles son las amenazas y peligros que las acosan?

De acuerdo con la sentencia del CONEVAL de “Lo que no se mide no se mejora” tal vez lo que se mide no es lo más relevante para las personas y familias que viven en pobreza.

Parecería entonces que darles directamente dinero es una buena solución para que ellas decidan en que lo gastan, pero si ello conlleva dejar deteriorar el salario social disminuyendo el acceso y calidad de los servicios públicos de salud y de educación que recibían, en realidad lo que se les proporciona por un lado se les quita por el otro.

La entrega de dinero las lleva a acudir a proveedores privados de bienes y servicios. Proliferan las empresas que atienden el mercado de la población pobre como son las cadenas de farmacias, las Coppel, Azteca, Oxxo, las BBB. Aumenta el gasto de bolsillo en salud, el consumo de alimentos ultraprocesados  y disminuye la asistencia escolar por la inaccesibilidad de las escuelas privadas. El dinero público derramado en transferencias monetarias acaba en manos del pequeñísimo porcentaje de la población de más altos ingresos: los dueños de FEMSA, los Coppel, Salinas Pliego. La desigualdad en realidad aumenta.

Santiago Levy y su equipo que desarrollaron el Programa Progresa en 1997, el primero en México de transferencias monetarias, antes de ponerlo en práctica hicieron pruebas piloto y dialogaron ampliamente con expertos del Consejo Nacional de Población. Sus recomendaciones llevaron a operarlo en el contexto de las familias y no individualmente, a hacer las transferencias por la vía de las mujeres y a condicionar para otorgarlas a que los niñas y niños acudieran a la escuela y a las clínicas de salud.

Lamentablemente el gobierno anterior, con un voluntarismo irresponsable, puso en práctica varios de los programas sociales sin dialogar ni con las poblaciones a ser atendidas, ni con las personas que llevan años trabajando e investigando la pobreza en México.

La precariedad del tejido social urbano y las violencias.

Clara Jusidman

14 agosto 2025

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos, ropa y enseres de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no investigan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y nunca se investiga.

Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes sólo caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de detener lo que estaba ocurriendo o de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que toleremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2024, las 120 mil personas desparecidas no encontradas?

Esta situación refleja una destrucción sostenida de los tejidos sociales: no nos reconocemos como personas dignas, no hay empatía, no confiamos, no acompañamos a las víctimas y hemos normalizado la violencia.

En 2024 25.5 millones de personas vivían en situación de pobreza en zonas urbanas, casi el doble de los 13 millones que vivían en zonas ruarles.

Pensemos en los millones de jóvenes que han crecido en condiciones de gran precariedad en las ciudades, viendo como sus padres se empobrecían ante la falta de empleos que les permitiera mantener a sus familias en condiciones dignas y además siendo testigos de las enormes desigualdades.

El desarrollo de tejido social urbano no ha sido una preocupación de la política urbana: en los años cincuenta se construyeron unidades habitacionales enormes que actualmente experimentan altos niveles de violencia. Muchas colonias surgieron de invasiones que tardaron tiempo en lograr el acceso a servicios urbanos. En este siglo los desarrollos de vivienda se hicieron alejados de los centros urbanos.

El proceso de urbanización se ha llevado a cabo en forma muy desordenada en el país. Existe una segmentación social urbana y una ausencia de espacios de encuentro y convivencia en muchos desarrollos y colonias de bajos ingresos.

La desigualdad, el empobrecimiento de poblaciones urbanas y la ausencia de tejido social urbano, seguramente han contribuido a las violencias que dominan nuestra convivencia.

La indiferencia y el miedo

Clara Jusidman

14 agosto 2025

En las últimas semanas hemos conocido los niveles de maldad humana y deshumanización a los que hemos llegado y del gran sufrimiento de las víctimas.

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos humanos, ropa y y diversas prendas de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en manos de diez delincuentes en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no investigan, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y que nunca se investigan.

La sorpresa y la indignación se expresan en los medios. Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho que operaba desde 2012, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que ignoremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2026 y los 120 mil desparecidos que no han sido encontrados?

La desigualdad, una población en pobreza donde 7 de cada diez viven en ciudades y pueblos en condiciones de gran precariedad

Lamentablemente muchos ocurren al interior de las familias donde la violencia maltrata niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores. Recrea seres violentos que sufrieron maltratos, nunca fueron reconocidos y están muy enojados.

Deterioro de la capacidad social para la construcción de seres humanos.

Clara Jusidman

31 de julio de 2025

La Silla Rota

Todos los días vivimos o nos enteramos de actos de violencia en nuestro país que muestran un grave nivel de deshumanización y una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y de la integridad de las personas.

Homicidios dolosos, descuartizamientos, torturas, desapariciones, venta y explotación de mujeres, niños y niñas, venta de órganos, esclavitud de adolescentes, desplazamientos, despojos, extorsión y violencia intrafamiliar y escolar son muestras de una crueldad extendida y creciente.

Sin bien es cierto que los gobiernos de la 4T han sido incapaces de brindar seguridad y justicia a la población e incluso, algunos están coludidos con los perpetradores de violencia, el ejercicio del poder en México ha implicado el derecho de matar, esclavizar o explotar a otros y otras a lo largo de varias décadas. Así ejercieron los gobiernos del PRI su poder, así se expresa el machismo mexicano, así se manifiesta el poder militar y el del crimen organizado.

En reportaje de El País se nos informa además que las causas penales contra adolescentes se disparan en México. Crecen más de 40% en dos años y se observa un aumento de la participación de mujeres en la comisión de delitos.

Entre las causas estructurales del aumento de las violencias que estamos viviendo y de la participación de jóvenes como víctimas-victimarios hay dos que quisiera destacar.

Una refiere al gran desperdicio que ha hecho nuestro país del llamado bono demográfico que se define como la etapa de la estructura de la población en que las personas activas (entre 15 y 64 años) superan a las dependientes (menores de 15 y mayores de 65).

Es una etapa en donde el crecimiento económico puede ser más rápido y el ingreso de las familias aumenta al contar con un mayor número de sus miembros que pueden ingresar a los mercados de trabajo. En México ese bono dio inicio en 1978 y terminará en 2030.

Lamentablemente ha sido un periodo en donde la inversión estatal en servicios sociales como educación y salud ha sido muy baja e incluso disminuye. Asimismo, la política de contención salarial emprendida particularmente desde 1982 ha impedido que las familias participen con mayor disponibilidad de tiempo en el cuidado de niños, niñas y adolescentes al tener que destinar más tiempo a la obtención de ingresos. Como resultado los aportes del Estado y de las familias en los cuidados de las personas se han reducido y su calidad ha disminuido.

A esto se agrega que llevamos al menos 25 años con altos niveles de homicidios y desapariciones. El número de niñas, niños y jóvenes que han sido violentados, privados de sus padres, maltratados, esclavizados, explotados o abandonados es un componente creciente de las víctimas que deben estar profundamente resentidas con una sociedad y un Estado que las ha abandonado, no las reconoce y las invisibiliza.

Es decir, desde hace varias décadas hemos venido empobreciendo la capacidad social para la construcción de seres humanos que valoren su propia vida y la de otros, desarrollen habilidades para relacionarse y dialogar con los demás, respeten reglas de convivencia y aprendan formas pacíficas de resolución de conflictos.

TELEVISA LEAKS. Dominar por vía de la narrativa

Clara Jusidman

La Silla Rota

8 de mayo 2025

Lo importante actualmente en la política es ganar la narrativa para dominar al “pueblo”. Se cuentan historias, llenas de mentiras, en los medios de comunicación y en las redes sociales para mantener engañadas a las personas que recurren a ellas para informarse o seguir a algún ídolo político o artístico. Las granjas de bots contribuyen a la construcción de narrativas mentirosas. Además, quien apele más a las emociones será más exitoso.

En la política ya no se trata de proponer un proyecto de país, de plantear un posible futuro y de explicar cómo y con qué se va a alcanzar. A veces también se construyen y publicitan castillos de fantasía que al primer golpe de viento se desmoronan.

Lo más vergonzoso es cuando los concesionarios de los medios de comunicación, muchas veces coludidos con políticos o con empresarios, con total impunidad utilizan la narrativa en medios y redes para destruir prestigios, promover a personas impresentables, incapaces o incluso criminales a puestos políticos, eliminar obstáculos a sus intereses económicos y desprestigiar a sus competidores,

Cuando las consecuencias de esas prácticas producen muertes, enfermedad o un daño moral grave a personas inocentes se convierten claramente en actos criminales que deberían ser sancionados.

Gracias a Carmen Aristegui y a su excelente equipo de investigación, así como a un valiente joven llamado Germán Gómez García se está develando y analizando el contenido de un disco con una gran cantidad de información usada en una “fábrica de mentiras” llamada el PALOMAR dirigida por Javier Tejada Dondé, funcionario de TELEVISA por cerca de 40 años.

En lo que Aristegui-noticias ha denominado TELEVISA LEAKS se están dando a conocer las formas utilizadas por ese Segundo Poder que ha sido TELEVISA en nuestro país (Dayan dixit), para desarrollar guiones, campañas, falsas actuaciones para cometer ilícitos destruyendo el prestigio de personas y empresas, construir presidentes fantásticos y guapos, candidatos a ministros de la corte impecables y políticos comprometidos y honrados.

La seguridad pública que importa

Clara Jusidman

24 abril 2025

La Silla Rota

¿Es realmente el principal objetivo de la estrategia de seguridad pública reducir la producción y distribución de fentanilo para los consumidores de Estados Unidos y detener a las poblaciones migrantes para que no crucen la frontera? ¿Para eso usamos a la guardia nacional, a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia?

La delincuencia en nuestro país es cada vez más compleja, afecta de diferente manera a la población nacional. Requiere de capacidades distintas de los gobiernos para enfrentarla.

La producción y distribución de drogas viene ocurriendo desde hace varias décadas y se ha expandido hasta volverse una empresa criminal global. Se beneficia de la cercanía del principal mercado de drogas y armas que es Estados Unidos, abastece a poblaciones de altos ingresos, pero también a numerosas personas que viven en los márgenes de las sociedades afluentes.

Sus elevadas ganancias y su utilidad para manipular a poblaciones suburbanas y a soldados en guerras absurdas, conlleva colusión y corrupción con gobiernos, políticos, entidades financieras y empresas nacionales y extranjeras.

La delincuencia denominada “común” realizada por individuos o pequeñas bandas afecta en cambio directamente a la población local especialmente a la urbana de ingresos medios y bajos, mediante asaltos en la calle y en el trasporte público, robo a comercios y a casas habitación, entre otros. Se denuncia poco ante la inoperancia y la desconfianza en las fiscalías.

Lo importante es el acceso a la justicia

Perder el tiempo para atacar de manera artera y carente de verdad al Poder Judicial de la Federación afecta el equilibrio entre poderes, así como a nuestra precaria democracia y pospone la urgente necesidad de atender la falta de acceso a la justicia de la población.

Los tres poderes del estado y los tres niveles de gobierno deberían estar ocupados, articulados y usando su tiempo para resolver la desesperante falta de acceso a la justicia que nos coloca en el lugar 131 de 140 países en el Índice de acceso a la justicia civil (WJP) y con el menor gasto en seguridad pública y en el sistema de justicia de cualquier país de América Latina. 

Cientos de miles de víctimas, tanto del crimen organizado como de la delincuencia común, sufren la ineficacia, la corrupción y la insuficiencia de las fiscalías y de los tribunales responsables de procurar e impartir justicia, que además resuelven muy pocos casos.

Las policías y fiscalías se concentran en delitos de poca monta o capturan personas en flagrancia o a quienes les “siembran pruebas”. Llenan las cárceles con población de escasos recursos y por delitos menores.

La percepción de la comunidad es que quienes cometen delitos no sufren consecuencia alguna y que denunciar los crímenes no sirve para nada (Agenda Nacional de Paz).

Se trata de 32 fiscalías y 32 tribunales estatales donde la situación de acceso a la justicia es la peor: sometidos a los gobernadores, sin suficientes recursos, sin capacidades profesionales, ni tecnología actualizada.

Se suman la Fiscalía Federal, también carente de toda autonomía y de profesionalismo, y finalmente, el Poder Judicial de la Federación que ha mejorado su desempeño y está defendiendo su independencia.

Uno se pregunta: si desde el inicio de su administración el presidente sabía de la existencia de los trece fideicomisos del Poder Judicial Federal que pretende desaparecer, ¿por qué  hasta ahora  quiere pasar los 15 mil millones de pesos que suman sus recursos a una caja negra sin control alguno?

¿Será porque los mecanismos que ha usado para someter a la Corte Federal no le han funcionado? ¿Será porque la composición de esta ha frenado varias de sus iniciativas de ley?

¿Por qué tanto encono del presidente contra la presidente y los ministros de la corte?

Un día sí y otro también, los insulta y los descalifica como recién ocurrió contra el ministro Juan Luis González Alcántara, quien en ejercicio de sus derechos y congruente con su historia de jurista destacado y honorable, acompañó las marchas del domingo pasado para protestar contra este nuevo abuso del poder presidencial.

Lo que menos interesa al gobierno son las necesidades reales de acceso a la justicia de la población. Un derecho humano totalmente conculcado en el país al no haber consecuencias para delitos que agobian y mantienen a la población en una situación de miedo y violencia normalizada y crónica.