Archivo de la categoría: Pobreza

Destrucción de capacidades institucionales, avance de empresas criminales

Clara Jusidman

9 septiembre 2025

La Silla Rota

Hay actividades empresariales, sociales y ahora también criminales, que perduran a lo largo del tiempo frente a capacidades del Estado que se destruyen, se anquilosan o no se desarrollan.

Las primeras responden a intereses privados, derivan de grupos de poder relativamente pequeños, tienen una gran capacidad de incorporación de nuevas tecnologías y de adaptación a cambios  en el entorno.

Las instituciones del Estado, por el contrario, tardan en concebirse, en ser aprobadas, en contar con presupuestos para desarrollarse o en su caso, adecuarse a los cambios. Asimismo, participan múltiples actores en su diseño, desarrollo y operación (la ciudadanía, los distintos niveles de gobierno y los congresos). Tienen muy poca flexibilidad para responder a situaciones imprevistas. Resultan fácilmente susceptibles de ser eliminadas como hemos experimentado en los últimos siete años.

Y lo más importante, su funcionamiento puede ser afectado por corrupción en favor de intereses privados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en particular se dedicó a destruir capacidades de gobierno cuya eliminación ha resultado en el resurgimiento de problemáticas que habíamos logrado superar.

La historia reciente está llena de resultados negativos por la destrucción institucional promovida por la 4T.

Los casos de huachicol fiscal son particularmente emblemáticos. Provocan el desvío de recursos públicos para ser capturados por intereses privados y criminales. El robo al erario por el huachicol de gasolinas y diésel se estima en 544 mil millones de pesos.

La falta de control sanitario de los productos que ingresan a nuestro país como es el ganado vacuno de Centroamérica, ha derivado en la presencia nuevamente en el territorio nacional del gusano barrenador lo que ha provocado el cierre de la frontera de EE. UU. para las exportaciones de ganado mexicano. Los productores agrícolas enfrentan una grave crisis ya por tres años y la dependencia de importaciones de granos va en aumento.

Otros ejemplos son el desabasto de medicamentos y de insumos para la salud, la caída notable en los niveles de vacunación de la población infantil cuando llegamos a tener coberturas cercanas al 100%. Ahora vemos un número creciente de casos de sarampión, tos ferina y tuberculosis.

Además de la desaparición o la recentralización de funciones de gobierno el mayor daño fue el despido entre 2019 y 2021 de los servidores públicos que mantenían la operación de las instituciones como los directores de área, los subdirectores y los jefes de departamento. Se sustituyeron capacidades por lealtades personales o de partido.

Esta brutal destrucción de capacidades para gobernar por soberbia e ignorancia ha creado, además, un campo propicio para la proliferación de empresas criminales. Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad, menciona el caso de la explotación de especies marinas para los mercados asiáticos y señala su preocupación por la rapidez con las que el crimen organizado está entrando a otros mercados ilícitos.

El vaciamiento de capacidades para gobernar, la enorme corrupción y la centralización de los poderes del Estado bajo el control presidencial han creado un terreno propicio para la proliferación de negocios ilícitos donde participan delincuentes, pero también políticos, funcionarios y empresarios.

Salarios mínimos, democracia y reforma del Estado

Clara Jusidman

11 septiembre 2025

La Silla Rota

Dos grandes fallas cometimos en la transición democrática mexicana: no haber realizado una profunda reforma del Estado y no haber subido los salarios mínimos que para el año 2000 tenían la mitad del valor que alcanzaron en 1976.

Los únicos que comprendieron que al caer el gobierno del PRI debería llevarse a cabo una profunda reforma del estado fue un grupo de personas coordinadas por Porfirio Muñoz Ledo, que se abocaron a concebirla. Para el efecto, establecieron varias mesas de trabajo algunas de las cuales debieron continuar una vez que se hiciera el cambio de gobierno.

Lamentablemente el nuevo gobierno no llevó a cabo los cambios propuestos a la estructura y organización del Estado, ni mantuvo los trabajos que aún faltaban para terminar su diseño. La transición terminó así convirtiéndose sólo en el ascenso de otro partido al poder.

Lamentablemente varios de las modificaciones que se fueron implementado entre los años 2000 y el 2018 para evitar la concentración y el manejo discrecional del poder han sido revertidos por los gobiernos de la 4T. Incluso han avanzado en una profunda contrarreforma como ha sido la desaseada elección de los integrantes de los poderes judiciales. Retornamos al siglo XX.

Por cuanto a los salarios las experiencias de Chile y Brasil muestran la importancia de haber iniciado la recuperación de los salarios mínimos después de la caída que experimentaron durante las dictaduras militares. (1964-1985 en Brasil y 1973-1990 en Chile).  

En Brasil con el gobierno de José Sarney 1985-1990 se estableció el compromiso de recomponer los salarios, pero fue en el gobierno de José Enrique Cardoso a partir de 1990 cuando se realizaron aumentos reales más sistemáticos. Conel gobierno de Lula se inició una política de ajuste más real al vincularlos al aumento del PIB y la inflación.

Patricio Awlyn, el presidente de la Concertación en Chile de 1990 a 1994, adoptó una política explícita de recuperación gradual del salario mínimo en diálogo con empresarios y sindicatos que se mantuvo en los siguientes gobiernos.

En México, Carlos Abascal, Secretario del trabajo de Vicente Fox, promovió en 2001 la creación de una Comisión Consultiva de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) para la modernización/recuperación gradual y sostenida del salario mínimo.

Como resultado de sus trabajos, a pesar de que la mayoría de sus integrantes estaban de acuerdo en la urgente necesidad de iniciar un proceso de aumento de los salarios mínimos, los representantes de la Secretaría de Haciende, del Banco de México y del ITAM, con argumentos falaces se opusieron.

México decidió incorporarse a los mercados mundiales ofreciendo mano de obra barata. Esa decisión se mantuvo hasta 2016 y significó la depreciación del valor del trabajo, fuente principal del ingreso familiar. Esto, además, en una etapa en donde la presencia de jóvenes en los mercados de trabajo ha sido particularmente alta por el llamado bono demográfico.

La lamentable decisión de 2001 explica por qué la transición a la democracia no significó mayor cambio para millones de mexicanos, por qué un 56% de la población ocupada está en condiciones de informalidad y por qué muchos jóvenes han sido capturados por la delincuencia organizada.

Deterioro de la capacidad social para la construcción de seres humanos.

Clara Jusidman

31 de julio de 2025

La Silla Rota

Todos los días vivimos o nos enteramos de actos de violencia en nuestro país que muestran un grave nivel de deshumanización y una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y de la integridad de las personas.

Homicidios dolosos, descuartizamientos, torturas, desapariciones, venta y explotación de mujeres, niños y niñas, venta de órganos, esclavitud de adolescentes, desplazamientos, despojos, extorsión y violencia intrafamiliar y escolar son muestras de una crueldad extendida y creciente.

Sin bien es cierto que los gobiernos de la 4T han sido incapaces de brindar seguridad y justicia a la población e incluso, algunos están coludidos con los perpetradores de violencia, el ejercicio del poder en México ha implicado el derecho de matar, esclavizar o explotar a otros y otras a lo largo de varias décadas. Así ejercieron los gobiernos del PRI su poder, así se expresa el machismo mexicano, así se manifiesta el poder militar y el del crimen organizado.

En reportaje de El País se nos informa además que las causas penales contra adolescentes se disparan en México. Crecen más de 40% en dos años y se observa un aumento de la participación de mujeres en la comisión de delitos.

Entre las causas estructurales del aumento de las violencias que estamos viviendo y de la participación de jóvenes como víctimas-victimarios hay dos que quisiera destacar.

Una refiere al gran desperdicio que ha hecho nuestro país del llamado bono demográfico que se define como la etapa de la estructura de la población en que las personas activas (entre 15 y 64 años) superan a las dependientes (menores de 15 y mayores de 65).

Es una etapa en donde el crecimiento económico puede ser más rápido y el ingreso de las familias aumenta al contar con un mayor número de sus miembros que pueden ingresar a los mercados de trabajo. En México ese bono dio inicio en 1978 y terminará en 2030.

Lamentablemente ha sido un periodo en donde la inversión estatal en servicios sociales como educación y salud ha sido muy baja e incluso disminuye. Asimismo, la política de contención salarial emprendida particularmente desde 1982 ha impedido que las familias participen con mayor disponibilidad de tiempo en el cuidado de niños, niñas y adolescentes al tener que destinar más tiempo a la obtención de ingresos. Como resultado los aportes del Estado y de las familias en los cuidados de las personas se han reducido y su calidad ha disminuido.

A esto se agrega que llevamos al menos 25 años con altos niveles de homicidios y desapariciones. El número de niñas, niños y jóvenes que han sido violentados, privados de sus padres, maltratados, esclavizados, explotados o abandonados es un componente creciente de las víctimas que deben estar profundamente resentidas con una sociedad y un Estado que las ha abandonado, no las reconoce y las invisibiliza.

Es decir, desde hace varias décadas hemos venido empobreciendo la capacidad social para la construcción de seres humanos que valoren su propia vida y la de otros, desarrollen habilidades para relacionarse y dialogar con los demás, respeten reglas de convivencia y aprendan formas pacíficas de resolución de conflictos.

Otro clavo más a la concentración del poder

El 18 de abril la presidencia de la República envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para suprimir, fusionar o incorporar 18 instituciones.

Entre las que se propone fusionar están por lo menos cuatro que protegen los derechos y promueven políticas y programas entre varias instancias y niveles de gobierno.

Se trata del SIPINNA para la infancia y la adolescencia, el INJUVE para las juventudes, el INAPAM para las personas mayores y la COMAR que atiende a los refugiados. 

También será fusionado el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que promueve la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional.

En una larga y bien estructurada exposición de motivos de la iniciativa se señala que “La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”.

Hay cuatro planteamientos que considero sustentan la propuesta:

Que la proliferación y dispersión de organismos descentralizados y desconcentrados, responde a una política neoliberal de la administración pública que buscó satisfacer los intereses de los empresarios, académicos y de organizaciones sociales y civiles.

Que la administración central del gobierno federal, formada esencialmente por las Secretarías de Estado, cuenta con la capacidad y el interés de diseñar, incluir y coordinar políticas transversales con enfoques multidisciplinarios para cumplir con las obligaciones de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de los grupos de población mencionados.

Que, con los programas como la Pensión para adultos mayores, Jóvenes construyendo el futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, Becas para la población con discapacidad, entre otros, el gobierno federal atiende los derechos de esas poblaciones, simplificando los mismos a entregas de dinero.

Que la participación de representantes de las poblaciones referidas, de organizaciones y de  expertos en su problemática, podrá realizarse en las secretarias de la administración central del gobierno federal. Ello si cambiara la política de cerrazón actual al diálogo.

Sería muy útil que el Congreso conociera de los riesgos de falta de comprensión de la complejidad de las necesidades y problemas que aquejan a estas poblaciones, de las experiencias previas con dependencias federales que tienen responsabilidades muy amplias, así como del histórico desinterés de las y los secretarios por apoyar políticas y programas cuya coordinación cae en otras secretarías, por eso de no dejar que otros se cuelguen las medallitas, si los programas tienen éxito.

Las instituciones no son las corruptas, redundantes e inservibles son las personas que las dirigen, de la reducción de los recursos que se les asignan y de la ausencia de una política social comprensiva.

Desigualdad, pobreza y Cruzada contra el hambre

 

México en el contexto de América Latina ha tenido en los últimos años un pobre desempeño en la reducción de las brechas de desigualdad y en el abatimiento de la pobreza. En cambio Argentina, Brasil, Chile,  Perú y Ecuador entre otros han mostrado resultados muy positivos pues lograron crecer y reducir la desigualdad, así como los índices de pobreza en razón de las políticas adoptadas, entre ellas medidas macroeconómicas expansivas,  mejoría en la educación, un desempeño favorable del mercado de trabajo y la revisión de las políticas salariales.

En nuestro país en cambio, el discurso político que habla de reducir la desigualdad y la pobreza parece sólo cambiar la envoltura externa del paquete manteniendo las mismas líneas de política social y fundamentalmente de política económica, centrada en la protección de los equilibrios macroeconómicos básicos y de las bases de acumulación de riqueza de los sectores más poderosos, destacadamente los monopolios que dominan varios sectores de la economía mexicana. A la par de ello, la ausencia de Estado de Derecho, la corrupción y la impunidad generalizadas en el país constituyen formas de extracción de recursos de los sectores medios y pobres por parte de las élites políticas, económicas y criminales.

Los programas sociales continúan focalizándose hacia los sectores pobres rurales y urbanos, mediante acciones de corte fundamentalmente asistencial mismos que profundizan la dependencia de millones de familias y personas. Son aquellos programas que les hacen transferencias de ingresos, les entregan directamente bienes y servicios en calidad de beneficiarios o de sujetos de crédito y no de titulares de derechos; o les amplían el acceso al seguro popular pero que por  grandes desvíos de recursos, no se amplió la disponibilidad de la infraestructura y de servicios de salud.[1]

En 2014 el Ejecutivo anunció la transformación del emblemático programa de transferencias “Oportunidades” a “PROSPERA”. El cambio según fue anunciado consiste en sumar a la entrega de transferencias monetarias programas relacionados con fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico e inclusión financiera y laboral para los beneficiarios. A estos se dirigirán también los programas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  (SAGARPA) y de la Secretaría de Economía. Todo esto en el marco de los anuncios que ha realizado el Poder Ejecutivo sobre el cambio hacia una “política social de nueva generación”. Sin embargo, no se logra observar nuevos programas productivos, ni modificaciones en los programas ya existentes, ni una nueva distribución de los recursos.

Estos escasos programas dirigidos a fortalecer las actividades económicas y las capacidades de producción y de los pequeños y medianos productores, comerciantes y prestadores de servicios que a su vez son importantes generadores de empleo, no llegan a compensar el embate que estos enfrentan por parte de las cadenas comerciales y de servicios que han encontrado, ni tampoco la magnitud del contrabando y la piratería que se presenta en el país o el cobro de protección, de piso y las extorsiones que les impone el crimen organizado. Además,  la reciente reducción presupuestal por la baja del precio del petróleo, está impactando a algunos de los programas dirigidos a esos pequeños y medianos productores,

Los programas públicos de apoyo a la producción agrícola y ganadera por su lado, se dirigen hacia los productores medios y grandes esencialmente dedicados a la producción para la exportación. Asimismo, el sistema financiero ha tenido ganancias extraordinarias en los últimos años, lavando dinero, alentando el crédito al consumo y al endeudamiento de millones de familias y cobrando tarifas extraordinarias por sus servicios, con una grave ausencia en el otorgamiento de créditos para la producción en general y agroalimentaria en especial.

La política salarial que permite reconocer y dignificar el trabajo humano y redistribuir entre capital y trabajo las ganancias de la productividad, es una zona de desastre desde hace casi cuarenta años. Es causa eficiente de la incorporación de miles de jóvenes de las generaciones del llamado “bono demográfico” a actividades riesgosas e ilegales, generadoras de ingresos rápidos y sustantivamente más elevados que los minisalarios que se pagan en las actividades “formales”. Incluso el CONEVAL en su reciente evaluación de la política social, ha señalado que “si variables importantes del mercado laboral –productividad, salario y ocupación- mejoran, se reducirá la vulnerabilidad en el empleo, mejorarán los ingresos y disminuirán los índices de pobreza.”[2]

Es decir, todo el funcionamiento social, económico y político del país parece conspirar contra cualquier intento tímido de revertir la ampliación de las brechas de ingreso y el incremento de la miseria y de las violencias.

Y esa ha sido la situación de la Cruzada contra el Hambre. No es una estrategia de la actual administración que tenga la fuerza desde concepción y estrategia, ni de políticas y programas y menos de recursos y de acciones concretas, para lograr revertir la profundización de la pobreza y la desigualdad en el país.

Vista desde su concepción y estrategia la Cruzada se enfoca a un grupo limitado de población, afectada por déficit de alimentación y la nutrición y desatiende por ejemplo, la crisis de obesidad y diabetes que afecta a 7 de cada 10 adultos en el país y que es consecuencia de malos hábitos promovidos por los intereses comerciales, pero que a su vez refleja carencias previas en materia nutricional. Tampoco asumió o reconoció el enorme peso económico que tiene el sistema alimentario en el país y los múltiples actores e intereses que participan en él. La Cruzada se colocó en la fase final del sistema, la del consumo buscando asegurar alimentos a la población elegida que es poco más de 7 millones de personas. Tampoco asumió la gran destrucción que se ha hecho a lo largo de los últimos treinta años de todos los instrumentos de política gubernamental que permitieron intervenir en ese sistema y dar seguridad alimentaria y erradicar el hambre en ciertas etapas de la historia moderna de México. No se adoptó jamás una estrategia para enfrentar  la volatilidad de los precios internacionales de alimentos básicos en el mundo como son los granos y los cárnicos, ni para hacer frente a la concentración de la producción y del comercio de esos productos en unas cuantas empresas transnacionales, o para actuar respecto de los efectos en la producción de alimentos derivados del cambio climático, del crecimiento de la demanda de los países emergentes y del crecimiento de la producción de biocombustibles. La Cruzada no ha planteado hasta ahora ninguna propuesta para hacer frente a la creciente dependencia de alimentos importados para cubrir la demanda interna en México, diferencia sustantiva con las estrategias contra el hambre de países como Brasil y Uruguay.

Respecto de las políticas, programas, recursos y acciones concretos de la Cruzada contra el Hambre en dos años de implementación ha quedado claro que se contó con muy pocos recursos nuevos que podrían resumirse en la creación de Comedores Comunitarios y la Tarjeta sin Hambre. El resto de los esfuerzos consistió en la  alineación  de noventa programas y acciones ya existentes en varias secretarías e instituciones federales que se concentraron en  los municipios seleccionados, por ejemplo, el único cambio en las reglas de operación de estos programas consistió en señalar que se daría prioridad a los municipios de la Cruzada. Posteriormente se fueron excluyendo algunos de los 90 programas originales al darse cuenta la SEDESOL que poco o nada tenía que ver con el objetivo de la Cruzada.

Si bien se hizo un esfuerzo por firmar acuerdos con gobiernos estatales y municipales, empresas de alimentos y sociedad civil (fundamentalmente la que ofrece algún tipo de asistencia alimentaria) para lograr también que sus acciones y recursos convergieran en los objetivos y territorios seleccionados por la Cruzada, hasta ahora, destaca la firma con empresas tan polémicas como Nestlé y Pepsi Co.

La creación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) incluye un mecanismo de concertación entre instituciones federales la llamada Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, así como un Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre integrado por representantes de diversas organizaciones de los sectores social y privado, de instituciones académicas y de organismos e instituciones internacionales. También se tiene la representación, en carácter de invitados, de los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas. Se ha formado asimismo un Comité de Expertos, integrado por investigadores y académicos en las áreas sociales, de salud y de economía cuyo propósito es realizar diagnósticos y propuestas de acción.

Se han creado Comités Comunitarios con el fin de propiciar la participación social de quienes son beneficiarios de los programas sociales de la Cruzada contra el Hambre. Sus funciones son: colaborar en la implementación de los programas, en la selección de las y los beneficiarios, así como supervisar que los programas cumplan con las metas establecidas. La reciente evaluación publicada por Coneval en 2014 señala,[3] que de 60 mil Comités creados según SEDESOL, “algunos no se han reunido después de su instalación, no cuentan con indicadores para saber su grado de avance y no hay evidencia de que la información generada por ellos sea utilizada para la planeación gubernamental”.

A dos años de su implementación preocupa que la Cruzada no ha contado con recursos nuevos o reorientados a partir de la eliminación de otras erogaciones en el presupuesto; que más bien pareció centrarse en una Cruzada de convencimiento a muchos de los intereses creados en torno a los programas federales que integró, los cuales  ya beneficiaban a determinados territorios y clientelas, ya tenían a sus operadores y a sus proveedores; así también preocupa que incorporó a los gobiernos estatales y municipales que han manejado hasta ahora con total discrecionalidad y libertad sus programas y recursos sociales beneficiando también a determinados grupos e intereses; o convenciendo a las empresas de alimentos que han atentado contra la buena nutrición de los mexicanos desprestigiando las dietas originarias e introduciendo alimentos industrializados con efectos devastadores en la salud de los mexicanos o acudiendo al auxilio de las grandes instituciones de beneficencia privada que operan bajo un enfoque de asistencia y no de derechos.

La convocatoria a la participación de todos estos agentes para tener resultados contundentes en el abatimiento de la pobreza y del hambre, -que no de la desigualdad porque no se contempló ninguna acción destinada a afectar o a reducir brechas- demandaría un gobierno fuerte que comprometa recursos financieros y humanos, recupere y utilice instrumentos de política, que intervenga y regule la libertad absoluta de los mercados de tierras y de alimentos, asuma la complejidad de la cuestión alimentaria y nutricional y por tanto, diseñe una estrategia consistente y que cuente con la capacidad para implementar los programas y acciones que se definan.

Ojalá, a dos años de su puesta en marcha y dadas las limitaciones que ha mostrado la Cruzada, el Presidente Peña Nieto realice un verdadero compromiso con el derecho humano a la alimentación adecuada, suficiente y satisfactoria para dar pasos reales hacia el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos y reconozca la situación tan delicada y vulnerable que se enfrenta en este campo en razón de la economía globalizada, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad.

[1]Aunado a esto, el estudio Indicadores de Acceso y Uso Efectivo de los Servicios de Salud de Afiliados al Seguro Popular realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en 2014 señala que, de los derechohabientes, la población afiliada al Seguro Popular fue la que más reportó no recibir atención a sus problemas de salud, destacando entre los motivos: la falta de dinero, el tiempo de espera para ser atendido y la escasez de medicamentos.

[2]CONEVAL (2014), Informe sobre la política de Desarrollo Social 2014.

[3]Idem.

El vínculo entre investigación y política pública en la lucha contra la pobreza en México

Agradezco a Enrique Valencia la invitación para comentar los resultados de esta interesante investigación sobre la relación entre la academia y las políticas publicas para erradicar la pobreza en México,  pues una lectura rápida de algunas partes del texto me resultó muy interesante.

Me gustaría para este comentario iniciar señalando cuál es mi postura frente a las políticas y programas para la erradicación de la pobreza en México con el fin de contextualizar mis comentarios sobre la investigación.

1.- Siempre me preocupó la paulatina transformación de una concepción amplia de política social hacia una concepción limitada que la homologa a los programas de erradicación de la pobreza y en cierto momento, sólo de la pobreza rural. El cambio de paradigma como se menciona en el texto.

2.- Más me preocupó el enorme gasto de energía, recursos e inteligencia que ha tomado en este país la discusión sobre los mejores métodos para medirla. Llevamos años en ese debate y no parece tener visos de terminarse.

3.- Desde mi óptica la pobreza es una de las manifestaciones de la problemática social y económica en el país pero la desigualdad, la discriminación y la exclusión, constituyen problemáticas tan graves como la pobreza y si no se enfrentan éstas, difícilmente se erradicará la pobreza.

4.- La pobreza no es sólo un problema social, es también económico, cultural y político y los programas sociales de transferencia de ingresos, aún cuando sean condicionados, no atienden a la complejidad del problema, no construyen ciudadanía social, no empoderan a las personas, actúan sobre la oferta solamente (el desarrollo de capacidades de los individuos en materia de salud, educación y alimentación) y soslayan los problemas estructurales de la demanda que refieren a modificaciones en el contexto económico, social, cultural y político donde se dan los graves niveles de pobreza que nos agobian.

5.- De este modo; la opción de enfatizar en programas de erradicación de pobreza desde el desarrollo de capacidades y esencialmente con programas focalizados de transferencias condicionadas de ingreso:

a) No pone en riesgo las desiguales estructuras de distribución de la riqueza, del ingreso y del poder, es decir permiten la regulación de las poblaciones pobres para que no molesten en la realización de las políticas económicas del “mainstream” que tienden a la privatización de bienes y servicios públicos, a la concentración de la riqueza y el ingreso, al mayor empobrecimiento de las poblaciones trabajadoras a favor de las propietarias.

b) Es consistente con la promoción de actividades del mercado para la provisión de alimentos y bienes a las poblaciones pobres. Finalmente convierte a éstas en consumidores y sujetos del mercado. De productores y trabajadores, los transforma en consumidores y consuma el sueño perseguido por las políticas del Banco Mundial de acabar con los productores de autoconsumo y con la producción campesina.

c) Los programas focalizados de trasferencias de ingreso representan opciones muy simplificadoras y manejables por burocracias limitadas para enfrentar problemas sociales crecientemente complejos, entre ellos el de la pobreza que no sólo conlleva privaciones materiales, sino aspectos psicosociales de vulnerabilidad e indefensión, además de ausencia de acceso a la justicia y a activos productivos, entre otras carencias.

d) Ha permitido el deterioro, la desarticulación, el desarmado y la pérdida de calidad, así como la lenta privatización de los servicios públicos básicos de educación, salud, alimentación y seguridad social que constituían las bases de un entramado institucional dirigido a la atención de necesidades fundamentales de la población.

e) Ha dificultado además el avance de las políticas y los servicios públicos para enfrentar los problemas de creciente complejidad, de la cuestión social como los requerimientos específicos por sexo, grupos etarios, territorios, etnias, los que derivan del avance tecnológico o de las vulnerabilidades ambientales, del desarrollo global del crimen organizado, etc. ello además, sin haber resuelto los temas básicos de seguridad humana y de realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Dicho lo anterior, pasemos a algunos comentarios sobre el texto, combinados con algunas de mis percepciones sobre la participación de los académicos en el ciclo de las políticas de erradicación de la pobreza:

1.- Origina disciplinar de los académicos analizados y supuestamente más influyentes: predominan los economistas, algunos sociólogos y son pocos los antropólogos, los psicólogos sociales, los expertos en desarrollo urbano, demógrafos, etc. Posible causa del enfoque sesgado hacia la medición y hacia  las intervenciones de tipo material, que ven a los seres humanos como un producto al que hay que mantener saludable, alimentado y educado para que sea competitivo en el mercado y por tanto, el reducido trabajo en salud mental e intervenciones en lo psicoemocional, la consideración de la diversidad genérica, etaria, territorial, la importancia de la construcción de ciudadanía, la incorporación del enfoque de derechos humanos, reconociendo que los DESCA forman parte de estos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y menos aún los temas relacionados con el abuso y el uso creciente de seres humanos por el crimen organizado, en todo lo cual la población en pobreza se encuentra inmersa.

2.- La importancia de la generación a la que pertenecen los académicos que fueron analizados y relacionado con ello los centros de educación superior en donde realizaron sus estudios universitarios y de posgrado. A partir de 1970, se dio un cambio en México en la formación educativa de los cuadros académicos y de los profesionales que paulatinamente se fueron incorporando a funciones de gobierno. Las escuelas keynesiana/marxista/socialdemócrata fueron sustituidas por académicos y funcionarios formados por los neoclásicos, los neoliberales y los defensores del mercado. En la época de Kennedy y Johnson al pasar los keynesianos como Galbraith a funciones de gobierno, la escuela de Fridman se apoderó de los centros de formación de nuevos cuadros en las universidades norteamericanas y se dedicaron a atraer jóvenes de los países de América Latina que ya venían siendo formados en universidades privadas locales que florecieron también en la década de los setentas. Tres generaciones 55 y más (keynesianos, marxistas, socialdemócratas), 40 a 55 (neoliberales, neoclásicos, tecnócratas), 25 a 40 (mezcla y diversidad con nuevos enfoques: política pública, evaluación, evidencia cuantitativa, derechos humanos , escuela heterodoxa )

3.- Predomina el debate teórico, conceptual y estadístico por sobre la investigación empírica; lejanía de los académicos economistas del trabajo de campo, de los estudios de la economía familiar y comunitaria, del trabajo en el territorio. Investigación hasta hace muy poco de las realidades sociales en los distintos territorios, en las ciudades, por ejemplo.

4.- Los académicos en centros de investigación en México no han sido los únicos que han hecho investigación, que introducen nuevos temas y enfoques en la agenda social. Hasta antes del 2000 había una capacidad de investigación y una experiencia acumulada en la propia administración pública, como lo expresa la investigación. Desde hace varias décadas hay una intelectualidad vinculada al trabajo de organizaciones sociales y civiles que trabajan en el territorio y captan las nuevas problemáticas y colocan temas en la agenda, desarrollan modelos de intervención para problemáticas complejas.

5.- La necesidad de reconocimiento de los académicos por el Sistema Nacional de Investigadores y en publicaciones y universidades extranjeras, hace que muchos de ellos estén más interesados en ser oídos y citados por otros académicos nacionales y extranjeros y por trascender en sus disciplinas, más que por estudiar e influir en su entorno social y comunitario concreto.

Por ello desde la óptica del estudio resultan interesantes aquellos que forman lo que la investigación llama comunidades epistémicos e interactúan en redes de investigadores en las que también participan funcionarios, exfucionarios y activistas civiles. La riqueza del intercambio de los enfoques teóricos y conceptuales, con la práctica concreta de la administración pública y la actividad en comunidad o en agendas diversas permite más la difusión y compartición de temas, enfoques y propuestas.

6.- Aún cuando los nuevos funcionarios de las administraciones panistas a partir del año 2000 han tenido mayor interacción con ciertos grupos de académicos, no dejan de ser con aquellos con los que existen coincidencias ideológicas, que no les representan amenazas, que son acríticos de su ignorancia y desconocimiento de los campos que administran. Aún las evaluaciones, campo en el que están participando más activamente los académicos se procura sean realizadas por académicos o centros de educación superior afines. Esto tanto en los gobiernos del PAN como del PRD. Desconozco si los del PRI promueven evaluaciones de sus programas.

7.- Finalmente me gustaría expresar una preocupación de lo que veo ocurre en esta interacción entre academia y programas de erradicación de la pobreza y se relaciona con algunas recomendaciones listadas en el cuadro que concentra las recomendaciones en el apartado de  “democracia y participación”. Me refiero a las recomendaciones en torno a “mayor accountability constitucional, mayor transparencia en la asignación y administración de los recursos de los programas para el combate a la pobreza, criterios objetivos no discrecionales para la identificación de zonas marginadas, programas “electoralmente imparciales” El resultado de algo que parecería ser positivo para evitar la corrupción y el manejo discrecional de los programas de pobreza está determinando un peligrosa rigidez de los programas para enfrentar pobreza que limita seriamente la posibilidad de adoptar intervenciones oportunas y pertinentes ante situaciones diversas, a veces de gran emergencia, como son las catástrofes humanas y la necesaria ayuda a las víctimas de la violencia. El ejemplo de la intervención social “Juárez somos todos” compuesta por 160 acciones, extraídas de los menús de programas predeterminados de las dependencias participantes, la ha transformado en una intervención que pasa por encima de las victimas de la violencia: familias de las personas que han sido asesinadas o desaparecidas, huérfanos de las víctimas, un número creciente de personas discapacitadas por disparos de armas de fuego, familias con hambre por desempleo y muerte, etc.

Sólo marco el cambio radical de paradigma de un programa como PRONASOL a un programa como Oportunidades en términos de participación ciudadana y flexibilidad. El primero empezó con metodologías de planeación participativa al nivel de comunidad para armas programas que pretendían ser trajes a la medida de cada comunidad. Esto es un extremo que ante su inviabilidad llevó a la definición de líneas de intervención que surgieron de las necesidades más sentidas y repetitivas encontradas en la planeación participativa: escuela digna, becas solidaridad, caminos rurales, hospitales dignos, programa de empleo productivo, etc. Llegaron a funcionar 150 mil comités de slidaridad

En el extremo opuesto Oportunidades es un paquete único de intervención, los beneficiaros son seleccionados de acuerdo a las definiciones de las reglas de operación, por una máquina y no hay participación comunitaria alguna. Se elimina toda discrecionalidad, pero también la construcción  de cuidadanía, la solidaridad, el desarrollo de tejido social y seguramente, la pertinencia de la intervención para romper el ciclo de la pobreza.