No estoy al tanto del debate actual en la materia pero observo que:

1. Se mantiene una centralización de la captación de ingresos por el Estado Federal. Los estados y municipios dependen de las participaciones federales y de los fondos federales especializados, mientras continúan con una muy baja recaudación propia. Subsiste y no parece estar en revisión el pacto federal en esta materia.
2. Está ocurriendo una reconsideración y reversión de la agresiva política de descentralización adoptada en la década de los años noventas a partir del Consenso de Washington, del triunfo del pensamiento ortodoxo y de la adopción del modelo neoliberal de políticas social y económica (recentralización de la compra de medicamentos y del pago de la nómina de los maestros, la propuesta del INE)
3. Se han hecho evidentes los crecientes niveles de endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales y los altos niveles de corrupción en el ejercicio de los recursos federales por los gobiernos subnacionales. Opacidad en el manejo de las participaciones y corrupción en el manejo de los fondos: SUBSEMUN y Seguro Popular.
4. Se hace cada vez más evidente la incapacidad de gestión de recursos y de políticas y programas de muchos gobiernos municipales parte por la falta de actualización de la arquitectura institucional municipal frente a la ampliación de atribuciones, funciones y recursos que recibieron en los últimos años: parte por la ausencia de un servicio civil de carrera municipal de carrera o de modelos de certificación de calificaciones profesionales y por la captura de los gobiernos municipales por la delincuencia organizada, los caciques tradicionales o por políticos que ven en ellos fuentes interesantes de recursos.
5. La dificultad de hacer sostenibles las políticas y programas sociales que se observan al nivel federal se agudiza a los niveles subnacionales por la alternancia de partidos en los gobiernos, por partidos distintos en el los gobiernos estatales respecto de los que gobiernan los municipios y el federal, por conflictos al interior de los partidos y por la poca duración de los gobiernos municipales.
6. Ausencia de mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas y de contrapesos en el ejercicio de la función pública al nivel subnacional por el control de los gobernadores de los organismos autónomos o en vías de serlo como los institutos de acceso a la información, la comisiones de derechos humanos, los institutos electorales; así como también de los poderes legislativo y judicial y de órganos de auditoría de los legislativos.

Parto de la hipótesis de que experimentamos:

1. Gobiernos débiles en sus capacidades de diseño y gestión de políticas y sin experiencia y conocimiento de la cosa pública,
2. Desmantelamiento de instrumentos de política gubernamental que le daban fortalezas a los Estados o al menos al Estado Federal, para orientar el desarrollo del país, por ejemplo el desastre que se vive en el campo mexicano a partir de la desaparición de varias herramientas y programas públicos (crédito, aseguramiento, insumos, acopio, etc.) y del cambio de prioridades; MENOS ESTADO Y MAS MERCADO
3. Deterioro en la calidad de los servicios públicos sociales tradicionales como la salud, la educación escolarizada, los programas de vivienda, la seguridad social, la política de protección laboral y de los ingresos, con un salario mínimo legal que está por los suelos.
4. Con ello, pérdida del sentido de lo público como un bien y una responsabilidad común y que se manifiesta en bajas retribuciones a los servidores públicos y desprestigio de la función pública; la presencia de una gran número de trabajadores de gobierno en relaciones informales de trabajo (honorarios, lista de raya, pago con autogenerados, contratos temporales, outsourcing, etc.); ineficiencia, corrupción y maltrato a la ciudadanía cuando acuden o utilizan un servicio público
5. Muy pocas políticas de Estado que se sostiene en el tiempo a través de las distintas administraciones. Programas y acciones sociales que se van superponiendo, pocas se eliminan, las más se mantienen con bajos niveles de desempeño y representan generaciones distintas de lo que se entiende por política social. CONEVAL.
6. Ciudadanía de baja intensidad, desigualmente organizada en el territorio nacional, con precarios mecanismos de participación en la arena pública y sin herramientas para llamar a cuentas a los políticos en posiciones de Estado. Impunidad inacabable y evidente enriquecimiento con recursos públicos.

Mi interés en esta plática, que insisto busca ser más una conversación en donde quiero compartirles mi visión de la cuestión social actualmente y trasmitirles mi preocupación por lo que percibo como incapacidad del Estado Mexicano en sus distintos niveles para hacer frente a las transformaciones sociales que estamos experimentando y a la creciente complejidad social en un mundo globalizado.

Considero que esa creciente complejidad y los déficits sociales que de ella derivan no puede ser enfrentada de manera individual o por las familias y que se requiere de una organización colectiva que hasta ahora hemos llamado Estado para que ayude a enfrentar las viejas y nuevas problemáticas sociales y organice y controle las normas de convivencia pacífica. No creo tampoco que los bienes y servicios del mercado cubrirán las necesidades que derivan de esos déficits sociales.

Es decir, requerimos de un pacto actualizado entre individuos, familias, Estado y mercado a partir del reconocimiento de la complejidad social actual y de los déficits en las necesidades de las personas. Posiblemente incluso requerimos de un pacto global por los niveles de interdependencia que hemos alcanzado y la presencia de poderosas empresas trasnacionales que doblegan a los Estados Nacionales a sus intereses de lucro y acumulación.

Propongo en mi intervención una reflexión más referida a la naturaleza de las políticas sociales que actualmente son necesarias; misma que rebasa la división sectorial de política social que se expresa en lo que hemos concebido como derechos sociales: alimentación, salud, vivienda incluyendo infraestructura de servicios, educación, seguridad social y protección laboral. Debemos ampliar la concepción de política social hacia otros temas de las necesidades humanas para alcanzar una vida feliz como son las necesidades del cuidado, del descanso y del uso del tiempo libre, del reconocimiento de los derechos y necesidades de los diferentes grupos poblacionales (infancia, juventud, mujeres, adultos mayores, etc.), de la seguridad en distintos aspectos de la vida, incluso la seguridad al interior de las familias, de acceso a un medio ambiente limpio, también al afecto, a la participación, a la inclusión y al reconocimiento como personas dignas, a la belleza, a la cultura y a los desarrollos tecnológicos.

A partir de esa apertura de lo que concebimos como política social que define los campos donde se requieren intervenciones del Estado, podríamos también reflexionar sobre qué responsabilidades corresponderían o sería mejor que asumieran los distintos niveles de gobierno, a partir de criterios definidos. Tal vez podríamos hablar de políticas sociales de proximidad.

Los requerimientos para la vida

Maslow nos planteó una jerarquía de las necesidades humanas en la que establece una escala donde a partir de la satisfacción de las necesidades más básicas, las de naturaleza fisiológica como respirar, beber agua, alimentarse, descansar eliminar los desechos corporales, evitar el dolor, tener relaciones sexuales y mantener la temperatura corporal en un ambiente cálido o con vestimenta; los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados que ubica en los escalones superiores de su pirámide poniendo en segundo nivel las necesidades de seguridad y protección (física, de recursos, de protección de bienes y activos, de vivienda), en tercero las necesidades de afiliación (amistad afecto, intimidad sexual, participación, aceptación social), en cuarto la necesidad de reconocimiento nivel bajo (auto-respeto, confianza, competencia, logros, independencia y libertad) nivel alto (atención, aprecio, reconocimiento, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio o poder) y finalmente la necesidad de autorrealización o de motivación del crecimiento ubicada en la cima de la jerarquía. Es a través de su realización que se encuentra una justificación o sentido de la vida mediante el desarrollo de una actividad.

Desde INCIDE Social empezamos hace varios años una reflexión sobre el desarrollo y la política social con miras a preparar los materiales de una taller que impartíamos en un curso de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio nacional auspiciado por el INDESOL. Iniciábamos el taller dividiendo en grupos a los participantes y les proporcionábamos dos figuras humanas: un niño y una niña. El ejercicio consistía en que cada grupo tenían que definir cuáles eran los requerimientos que esas personas tenían para lograr una vida feliz, de calidad o una buena vida.

Al llevar a cabo el ejercicio en contextos territoriales distintos, fuimos recogiendo aportaciones interesantes y logramos integrar lo que llamamos una matriz de requerimientos para la vida humana. Los funcionarios de INDESOL le pusieron el “Felizómetro”

La pregunta que se encuentra detrás del nombre de este seminario[1] es si los programas que forman parte de la actual política social en México, contribuyen al desarrollo de ciudadanía, reconociendo a los seres humanos como titulares de derechos sociales y propiciando que estos les sean protegidos, respetados, garantizados y promovidos por el Estado.

Para Carretón (1995) la ciudadanía plantea la reivindicación y reconocimiento de derechos y deberes de un sujeto frente a un poder. Significa una liberación de la condición humana de relaciones de sujeción y subordinación que durante tantos siglos caracterizaron las relaciones entre los individuos y de estos con los poderes.[2]

El concepto mismo de ciudadanía expresa un proceso en el que se pasa de ser súbdito a ciudadano. Norberto Bobbio lo llama “el pasaje de la prioridad de los deberes de los súbditos a la prioridad de los derechos de los ciudadanos”.[3]

Una analogía posible desde la mirada de los programas y políticas sociales significa pasar desde el reconocimiento a nivel público de la existencia de una situación de exclusión inicial, transitando por la calidad de beneficiarios (programas de asistencia social) hasta convertirse en titulares de derechos (programas de protección y seguridad social).

Para fomentar este proceso de tránsito hacia la ciudadanía es necesario que las personas conozcan sus derechos y la forma de exigirlos, así como sus obligaciones como ciudadanas y sus responsabilidades ante su incumplimiento. En el caso de los derechos y, en particular de los derechos sociales, se considera que si la ciudadanía reconoce sus derechos sociales como tales y no como prestaciones discrecionales del gobierno, estará en posibilidad de tomar acciones para demandar su cumplimiento.

Pero también significa la capacidad de las sociedades de ampliar derechos sociales al reconocer los nuevos riesgos que emergen ante las rápidas transformaciones que están ocurriendo en el mundo y que están generando nuevos tipos de exclusiones y vulnerabilidades, frente a la ausencia de responsables claros de atenderlas y superarlas y la presencia de poderes difusos e inasibles. El derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad y contra la esclavitud y la explotación, el derecho a una familia, o incluso a padre y madre, a la libertad de tránsito, al trabajo decente, al ingreso, entre muchos otros, están experimentando violaciones inimaginables de nuevo cuño donde los seres humanos y sus cuerpos han sido convertidos en mercancías transables, libremente disponibles y desechables.

En este sentido, actualmente enfrentamos no sólo el déficit o el rezago en la realización de los derechos sociales hasta ahora reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para un gran número de personas que no alcanzan a adquirir ciudadanía plena, en tanto que por otra parte, emergen, nuevos derechos por las grandes transformaciones de las sociedades que al no ser reconocidos contribuyen al mantenimiento de profundas desigualdades e injusticias. Son los casos, por ejemplo, de las poblaciones migrantes, de las personas desplazadas y de las que viven situaciones de violencia crónica o los derechos relacionados con las nuevas tecnologías.

El marco internacional y la interdependencia de los derechos

Ahora bien, el ejercicio pleno de ciudadanía significa tanto derechos como obligaciones y responsabilidades en materia política, civil, económica, social y cultural y se fundamenta en principios de igualdad, libertad y justicia. Parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas.

Los atributos de los derechos desde el enfoque de derechos humanos señalan que son:[4]

• Universales-Corresponden a todas las personas y todas las personas tienen igual condición con respecto a esos derechos.
• Inalienables– No se puede ser despojado de ellos por otros, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente.
• Indivisibles– Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son igualmente necesarios para una vida digna. No hay una jerarquía entre ellos. No se pueden reprimir algunos para promover otros.
• Interdependientes- La realización de unos depende de que los otros también se cumplan y por tanto, no es posible el ejercicio de una ciudadanía fragmentada: sólo política, sólo económica o sólo social, por ejemplo.
• Exigibles- Los titulares de los derechos frente a un Estado pueden reclamar su cumplimiento y exigir a este que honre las obligaciones aceptadas en la firma de diversos instrumentos internacionales.

1. H. Marshall escribía en los años cuarenta del siglo pasado sobre tres tipos de ciudadanías: la política, la civil y la social y señalaba que una no podía desarrollarse sin la otra, aunque fijaba cierto grado de prioridad a la civil, después a la política y por último a la social (Marshall, 1992:21-23).

En materia de derechos sociales los instrumentos internacionales[5] de derechos humanos reconocen los siguientes como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA):

• No discriminación
• A la igualdad entre hombres y mujeres en el gozo de los DESCA
• A un trabajo libremente escogido y aceptado
• Al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias
• A la libre sindicación
• A la seguridad social
• A la más amplia protección y asistencia posible a la familia
• A un nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuadas y a una mejora continua de las condiciones de existencia
• Al más alto nivel posible de salud física, mental y social
• A la educación
• A los beneficios de la cultura y del progreso científico y tecnológico
• A un medio ambiente sano
• Los derechos de la niñez
• Los derechos de protección de los ancianos
• Los derechos de protección de los minusválidos

Este marco normativo es permanentemente enriquecido con el reconocimiento de otros derechos como es el derecho al agua y al desarrollo.

Como se puede ver la lista de DESCA incluye un amplio espectro de necesidades para la consecución de una vida digna que ha sido objeto de las políticas sociales sectoriales, pero también incluye los derechos de grupos de población y de las familias, considerando los derechos al trabajo y del trabajo que establecen la articulación entre lo social y lo económico.

En este contexto una política social que se rigiera por los principios de igualdad de acceso y trato, inclusión de todos y todas en la protección social universal y considerara la posibilidad y desarrollara los instrumentos jurídicos e institucionales para ejercer exigibilidad en el cumplimiento de los derechos sociales, contribuiría a la construcción de ciudadanía social y apoyaría el desarrollo de ciudadanía civil y política. Permitiría abatir la desigualdad, la exclusión y la discriminación.

El objetivo último es que todas las personas se sientan seguras y cuenten con la certeza de que frente a los riesgos sociales (empobrecimiento, vejez, desempleo, enfermedad, accidentes, muerte, hambre, catástrofes humanas y ambientales) existirán los mecanismos de protección social que evitarán que caigan en situaciones de pobreza, exclusión o abandono y que su dignidad como seres humanos estará garantizada por el conjunto social al que pertenecen. A su vez ellas cumplirían con sus responsabilidades ciudadanas contribuyendo con sus esfuerzos y recursos al bienestar colectivo y acatando los marcos legales de convivencia que permiten mantener un entorno armónico de cohesión social, democracia, participación y desarrollo.

Si bien se reconoce que en muchos países existen grupos desde muy amplios hasta muy específicos que carecen de las recursos mínimos necesarios para llevar una vida libre de pobreza y que ante la escasez de recursos públicos deberían recibir atención prioritaria a fin de superar esa condición, es importante que el objetivo de largo plazo sea incorporarlos a una red de protección social universal. Esta debe garantizar a todas las personas de acuerdo a los recursos disponibles y a los estándares socialmente aceptados en el contexto específico, el acceso, la disponibilidad, la calidad y la adecuación de los bienes y servicios que les aseguren el mantenimiento de una vida digna. Es decir, la posibilidad de transitar de ser sujetos o beneficiarios de programas de asistencia social a ser titulares de derechos de protección social.

El marco de derechos humanos propone para lograr la realización de los DESCA o lo que ahora consideraríamos una protección social universal, que cada sociedad determine de acuerdo al máximo de recursos de que dispone, los niveles básicos de garantía que puede asegurar a su población y de manera progresiva avanzar en el mejoramiento de esos niveles básicos. También se señala que sólo ante situaciones extremas, como guerras, crisis, catástrofes naturales, los países pueden disminuir los recursos destinados a la consecución de los derechos sociales y afectar los niveles de protección o cobertura ya logrados. Es por ello que se suele considerar a los DESCA como derechos programáticos.

En ese marco una pregunta que podríamos formularnos es si los programas y acciones sociales federales que se encuentran en operación tienen realmente como propósito lograr la realización de los derechos sociales de los mexicanos o son resultado de inercias históricas, de ocurrencias o modas de época, de estrategias políticas para ganar o mantener el poder, de una estrategia que utiliza los programas para evitar el conflicto social, en tanto se logran otro tipo de metas económicas y políticas o realmente derivan de una real preocupación por las poblaciones más pobres del país.

La política social en México

Ahora bien, en la relación entre ciudadanía y política social en la historia más reciente del país y a partir de raíces previas relacionadas con la dominancia de un sistema autoritario y corporativo subsiste “el uso político de los recursos públicos, en particular los dirigidos al desarrollo social, que históricamente se han caracterizado por rasgos clientelistas, patrimonialistas y corporativistas” (Gómez Álvarez, 2009).

En todo el territorio nacional se encuentran vestigios del viejo régimen autoritario de manipulación de los programas sociales que se manifiestan en formas cada vez más sofisticadas. La permanencia de viejas relaciones autoritarias en varios estados y municipios conllevan particularmente el manejo clientelar y discrecional de los recursos destinados al desarrollo social al nivel local. Es así que la mayor opacidad se registra en los programas sociales estatales y municipales que se convierten en fuentes de recursos para mantener relaciones de dependencia, subordinadas y clientelares de los sectores empobrecidos de la población. Esto también se caracteriza por el uso patrimonial de los recursos y provoca una desviación en su destino en contra de la atención de importantes vulnerabilidades sociales.

La experiencia durante el proceso electoral federal del 2012 volvió a colocar el uso discrecional, clientelar y corporativo de recursos de diverso origen, entre ellos los destinados a programas sociales para inducir los votos y conculcar los derechos políticos de los ciudadanos. Las evidencias indican que todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral, hicieron uso de mecanismos de presión y amenazas a la población fundadas en su posible inclusión o exclusión de programas sociales tanto federales como locales, para obtener su voto.

Además, los partidos han venido desarrollando diversas herramientas para verificar que el compromiso clientelar que se establece con las personas sea cumplido. Esto incluye el uso de imágenes captadas mediante teléfonos celulares de las boletas cruzadas, el acompañamiento de los votantes por niños que vigilan la forma de ejercer el voto, hasta la presencia dentro de las casillas electorales de los responsables de la compra y condicionamiento del voto en calidad de observadores ciudadanos o representantes de los partidos, a fin de generar inseguridad e intimidar a los votantes. Existen evidencias de una amplia contratación por los partidos políticos de operadores en tierra de las campañas electorales dedicados a la compra y coacción del voto ciudadano (Alianza Cívica, 2012).

“Los problemas asociados con el uso político de los programas sociales son el resultado acumulado de décadas de prácticas clientelistas y corporativistas que caracterizaron al Estado mexicano… La tradición del uso político de los recursos públicos, que por mucho tiempo prevaleció en el país, hacía de la asignación de los recursos sociales un asunto de reparto político: los distintos grupos de poder al interior del partido hegemónico negociaban entre sí, bajo la lógica de cuotas y con el arbitrio del presidente de la república, para llegar a acuerdos políticos distributivos que resultaban ineficientes, pero eficaces. Ineficientes porque la asignación de los recursos sociales no siempre llegaba a los más necesitados sino a los grupos sociales con mayor capacidad de movilización política; eficaces, porque el control político de los grupos sociales corporativizados hacía los acuerdos relativamente estables y duraderos (Fox, 1994). El rezago social, que desde entonces ya existía, no se correspondía con el conflicto social, lo cual significaba que existía una alta gobernabilidad, aunque desde luego no de carácter democrático sino de corte autoritario”. (Gómez Álvarez, 2009)

La pregunta entonces es si al menos al nivel de los programas sociales federales se han logrado superar prácticas clientelares o si el problema es ahora por el tipo de programas sociales privilegiados en los últimos años, la generación de dependencia que dificulta la autonomía de las personas y de las familias y, por tanto, la superación de relaciones subordinadas. Es decir, si los programas efectivamente apoyan la construcción de ciudadanía social.

Los programas federales sociales en la administración calderonista

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), puso a disposición un inventario para el 2011 de Programas y Acciones Federales para el Desarrollo Social en su página de internet[6]. Registra un total de 273 programas y acciones vigentes en 2011 de los cuales 91, 33.3% del total, los vinculada de manera directa con el Derecho a la Educación, 57 (20.9%) con la Dimensión de Bienestar Económico, los que relaciona con el Derecho a la Salud son 42, (15.4%), respectivamente. Asimismo, los programas y las acciones que atribuye a los derechos de Vivienda, Seguridad Social y Alimentación, representan de manera conjunta el 7.7% del Inventario CONEVAL 2011 (21 programas).

De acuerdo a la información contenida en el Inventario, de 2004 a 2011 se triplicó el número de programas y acciones al pasar de 89 a 273, aunque al analizar los cuadros específicos, para algunos programas que tenían varios años en operación se les asigna como fecha de creación el 2008. Más bien parecería que las cifras anuales resultan de cambios en la clasificación, aunque en parte es cierto que en la administración de Felipe Calderón se incorporaron nuevos programas y acciones sociales sin una clara estrategia del conjunto.

Gráfica 1. Número total de programas y acciones por año

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en el Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social

2004-2011.

Nota: La información para el periodo 2004-2007 corresponde a los programas con modalidad “S” (Sujetos a Reglas de

Operación), mientras que para el periodo 2008-2011 la información corresponde a los programas con las cuatro

modalidades presupuestales (S, U, E y B)

 

Cuadro1. Clasificación de programas y acciones de acuerdo con su modalidad

presupuestal 2008-2011

Programas y acciones	2008	2011	% de aumento presupuestal	Proporción del presupuesto total
S Con reglas de operación	104	101	163.3	36.1
U Otros programas de subsidios	35	78	83.7	20.8
E Prestación de servicios públicos	104	90	16.4	43.5
B Provisión de bienes públicos	3	4	5.3	0.6

 

En particular el mayor crecimiento del número de programas se observa en la modalidad presupuestal U que son “otros programas de subsidios”.

 

“El Inventario CONEVAL cuenta con información sobre el presupuesto original de los programas y acciones para el periodo 2004-2011. Se observa que las cuatro modalidades presentan una tendencia positiva; los programas con modalidad “S” incrementaron su presupuesto en 157,153 millones de pesos (163.3 por ciento) de 2004 a 2011. Los programas con modalidad “U” crecieron de 2008 a 2011 un total de 64,704 millones de pesos (83.7 por ciento), mientras que en 2006 se obtuvo información para 82 programas con un presupuesto de 16,687 millones de pesos. Las acciones con modalidad “E” presentaron un crecimiento en su presupuesto original de 42,922 millones de pesos de 2008 a 2011 (16.4 por ciento). Las acciones con modalidad “B” crecieron en el mismo periodo 1,475 millones de peso (5.2 por ciento)”.

En 2011 se destinaron un total de 701,191.39 millones de pesos a los incluidos en el inventario.

En las gráficas siguientes tomadas del documento de CONEVAL se registra un incremento exponencial de los presupuestos de las distintas instituciones a partir del 2007, particularmente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Gráfica 2. Presupuesto original de programas y acciones federales (MDP) por

Institución, 2004-2011 (en pesos de 2011)

Al analizar la información llama la atención que los programas sociales se clasifican en tres modalidades presupuestales:

 

Subsidios: sector social y privado o Entidades Federativas y Municipios que incluye los de clasificación S que son los sujetos a reglas de operación definidos en el PEF y los que se incorporen en el ejercicio y los U. Otros subsidios que son aquellos para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso se otorgan mediante convenios. Como S se registra IMSS-Oportunidades, Habitat, Abasto social de leche, Opciones productivas, el FONAFE, Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, 3 por 1 para migrantes, atención a jornaleros agrícolas. Con clasificación U se encuentra el Seguro Popular, el Fortalecimiento de las redes de salud, Prevención contra la Obesidad, Vigilancia epidemiológica, Programa de Apoyo a la Productividad o el Programa de impulso para el empleo de jóvenes y grupos en desventaja.

 

Desempeño de las funciones

Prestación de servicios

“E Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:

 

1. i) Funciones de gobierno. Por ejemplo, para la atención de los derechos políticos y civiles de las personas: población (seguridad pública y nacional), grupos vulnerables (prevención de la discriminación), pasaportes, víctimas de delitos (ministerios públicos), trabajadores (tribunales de conciliación y arbitraje), ejidatarios y comuneros (tribunales agrarios), contribuyentes (SAT, tribunal fiscal), extranjeros (servicios migratorios), etc. Incluye los demás servicios públicos en cumplimiento a las funciones programáticas relacionadas y atribuciones de la Ley Orgánica de la APF.
2. ii) Funciones de desarrollo social. Para atención de los derechos para el desarrollo social, cultural y humano de la población, por ejemplo: educación, salud, seguridad social, suministro de agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado, vivienda, servicios culturales y deportivos.

iii) Funciones de desarrollo económico. Las que realiza la APF para proporcionar y facilitar el desarrollo económico de las personas físicas y morales: por ejemplo, servicios de energía eléctrica, servicios en vías de comunicación y telecomunicaciones, servicios turísticos, protección al consumidor, correos.

Incluye los Pp’s de servicios para el desarrollo ambiental y sustentable, científico y tecnológico, así como el financiero; otorgamiento de créditos, aseguramiento y garantías.

Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento.

Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico. Los beneficiarios de la prestación de servicios públicos pueden ser la totalidad o parte de la comunidad (servicios colectivos), o personas ó grupos limitados de la comunidad en particular (servicios individuales)[7]

 

Provisión de bienes públicos

B Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del Sector Público Federal. Incluye las actividades relacionadas con la compra de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior distribución a la población.

Dos cuestiones llaman la atención en los textos del CONEVAL y en la clasificación de modalidades presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En primer lugar la incorporación de un lenguaje derivado de la normatividad en materia de derechos humanos. CONEVAL clasifica los programas y acciones de acuerdo a su proximidad con la realización de alguno de los DESCA y la Secretaría de Hacienda por su parte menciona la atención de los derechos civiles y políticos y de los derechos para el desarrollo social, cultural y humano de la población. El riesgo es que los mismos programas que se han venido aplicando desde hace tiempo ahora se presenten como el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, sin que realmente cumplan con los atributos de estos y los preceptos establecidos en los marcos en la materia.

En segundo lugar, la clasificación de modalidades presupuestales parecería intentar clarificar cuáles son programas y acciones sociales que son obligatorios para el Estado Federal y cuáles otros, al ser subsidios para el sector social, privado y para entidades federativas y municipios, se podrán trasladar en su operación y financiamiento en un futuro a otros agentes de la sociedad que se transformen o amplíen la provisión de bienes y servicios para cubrir la realización de los derechos sociales.                                                     

El enfoque de derechos humanos en la programación y presupuestación

El enfoque de derechos humanos sociales refiere a aquellas condiciones de vida que cualquier miembro de una sociedad debería tener aseguradas en todo momento. Implica colocar como objetivos del proyecto nacional garantizar niveles esenciales y progresivos para toda la población de alimentación suficiente y adecuada, de protección de la salud y de la seguridad social, de un medio ambiente sano, de un trabajo decente, de un ingreso digno, de educación, de vivienda adecuada, de beneficios de la cultura y del avance tecnológico, de un nivel de vida adecuado, entre otros.

Una forma de verificar en qué medida efectivamente existe un compromiso en la estrategia nacional de desarrollo de incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión pública puede hacerse formulando una serie de preguntas a los marcos legislativos y al programático presupuestal como por ejemplo:

Verificación del marco legislativo

¿Está incorporado el derecho en la legislación y en su caso, cómo se enuncia?

¿Cuáles son las garantías básicas que permiten realizar el derecho?

¿Qué previsiones existen en la legislación nacional y estatal para cumplir las obligaciones de los Estados en cada uno de los derechos?

• No discriminación,
• Progresividad,
• Garantizar niveles esenciales,
• Mecanismos y modalidades de exigibilidad y justiciabilidad,
• Mecanismos y modalidades de reparación del daño,
• Previsiones frente a acciones de terceros que violen los DDHH,
• Transparencia y acceso a la información,
• Participación de la población,
• Recursos ante tribunales que ampare a la persona contra actos que violen sus derechos reconocidos por la ley,
• Sanciones a los delitos cometidos por servidores públicos y agentes privados que violen o atenten contra los DESCA.

¿Se define una institución o entidad pública responsable de cumplir las obligaciones del Estado en materia de ese derecho?

Verificación del marco programático, institucional y presupuestal

• ¿Existen instituciones públicas responsables de cumplir las obligaciones del Estado en el derecho específico?
• ¿Existe una estrategia explícita o un programa para garantizar el derecho?
• ¿Los programas operativos anuales permiten hacer efectivo el ejercicio del derecho?
• ¿En los programas se define a partir de un nivel básico de provisión definido del bien o servicio una estrategia de progresividad para avanzar en el cumplimiento de ese estándar básico y para elevar el mismo?
• ¿Se cuentan con los servicios públicos o se proveen los bienes necesarios para hacer efectivo el derecho?
• ¿Están esos servicios o bienes públicos accesibles física, económica y culturalmente para toda la población?
• Cuando una parte de los bienes o servicios es proporcionada por terceros como pueden ser organizaciones o empresas del sector privado o social, ¿cuenta el Estado con mecanismos para proteger a las personas y asegurar la calidad, la accesibilidad económica y física y la disponibilidad de los bienes y servicios provistos?
• ¿Hay un presupuesto público asignado a la promoción, protección y garantía del derecho?
• ¿Cumple ese presupuesto con los estándares definidos internacionalmente?
• ¿Hay progresividad en la asignación de presupuesto para el efecto?
• ¿Se cuenta con mecanismos para evitar la discriminación en el acceso a los servicios?
• ¿Se cuenta con información estadística sistematizada e indicadores para dar seguimiento a la realización del derecho?
• ¿Se cuenta con mecanismos de evaluación que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones del Estado?
• ¿Se cuenta con mecanismos institucionales que permitan la participación de la población?
• ¿La política, estrategia o programa en materia del derecho se formuló con la participación de la población?
• ¿Existen mecanismos para acceder y hacer pública la información relacionada con los servicios vinculados al derecho?
• ¿Existen instancias donde la población puede presentar denuncias y quejas ante violaciones a sus DESCA?
• ¿Existen mecanismos para la reparación del daño? 

Conclusiones

No parecería existir en realidad una concepción estratégica que integre los distintos programas y acciones sociales del Gobierno Federal y menos una concepción del uso de los mismos en el propósito de construcción de ciudadanía social. Más bien parecerían estar en operación una serie de bloques-programa que no alcanzan a formar una estructura arquitectónica institucional clara. Esto se hace evidente cuando los mismos programas son incorporados en el momento que se plantea una estrategia de combate a la pobreza, u otra de prevención social de la delincuencia o una para erradicar el hambre.

La falta de una visión estratégica de largo plazo que establezca con claridad y con participación social una Política Social de Estado, tiene como consecuencia la agregación de nuevos programas y acciones sociales en cada nueva administración, sin que necesariamente se cancelen programas anteriores, ni tampoco se les refuerce. Se dejan simplemente estar y en algunos casos desaparecen por desatención.

Posiblemente la incorporación de un número de programas y acciones sociales del gobierno federal a reglas de operación definidas y públicas, disminuye el grado de discrecionalidad de aplicación de los recursos destinados a esos programas y acciones y, por lo tanto, de clientelismo. La transparencia de esas reglas de operación permite a la población tener información sobre las poblaciones a los que van dirigidos, los requisitos para acceder a los bienes o servicios que proporciona el programa, en qué consisten estos, etc.

Un aspecto muy importante para transformar la percepción de las personas en cuanto a que son beneficiarios de programas sociales y que deben estar agradecidos a los gobiernos en turno al ser incorporados a los mismos, es la posibilidad de que existan mecanismos ágiles para que los ciudadanos puedan exigir ser incorporados y que haya costos para el Estado por su exclusión. Lograr que las personas adquieran la percepción de que son titulares de derechos y que pueden exigirle al Estado su realización, es un asunto complejo en un país tan desigual, donde las obligaciones ciudadanas son a su vez tan laxas.

Sin embargo, lo que también es claro es que la inclusión de reglas de operación rigidiza los programas y el menú de opciones ante contextos territoriales y sociales diversos y acota su posibilidad de adaptación ante situaciones crecientemente complejas.

Las últimas generaciones de programas sociales parecen responder más a una visión de asistencia social y menos a la de desarrollar sistemas de protección social universales. Si bien es cierto que los grandes rezagos sociales que experimentan muchas personas en el país demandan de programas de asistencia social, la mira debería ser ir incorporando a esas poblaciones a un sistema de protección social universal que privilegie el desarrollo de modalidades de seguridad social.

Sólo una visión de largo plazo que permita ir cumpliendo y avanzando en las garantías para la realización de los derechos sociales conduciría al ejercicio de ciudadanía social plena.

Fuentes de consulta

Alianza Cívica (2012). Resultados Preliminares de la Observación de la Calidad de la Jornada Electoral. México. Alianza Cívica.

Álvarez, David. (2009). Candados y Contrapesos. La protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina. México. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012). Inventario CONEVAL de programas acciones federales de Desarrollo Social 2011-2012. México. CONEVAL.

Lamas Rojas, Héctor Alejandro, Construcción de ciudadanía

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Declaración y el Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/23
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Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», 17 de noviembre de 1988,

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T.H. Marshall (1992), Ciudadanía y clase social. In T.H. Marshall y Tom Bottomore, Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza.

[1] Seminario titulado “Ciudadanía y Política Social”, celebrado el lunes 5 de noviembre de 2012 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

[2] Lamas Rojas, Héctor Alejandro, “Construcción de ciudadanía”, http://www.ilustrados.com/tema/9732/Construccion-ciudadania.html

[3] Idem.

[4] Los atributos de los derechos humanos son abordados en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. La Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993) establece que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”. La Declaración de Derechos Humanos (1948), El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), La Declaración y Programa de Acción de Viena, La Declaración de Quito, 24 de julio de1998, también hacen referencia a dichos atributos.

[5] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y Protocolo de San Salvador.

[6] Considera PROGRAMAS a los programas presupuestarios de modalidad S (reglas de operación) o U (otros programas de subsidios). Considera ACCIONES a los programas presupuestarios de modalidad E (Prestación de servicios públicos) y B (Provisión de bienes públicos). Son responsabilidad de una dependencia o entidad de la administración pública federal. Están alineados con algunos de los Derechos Sociales o con la Dimensión de Bienestar Económico. (CONEVAL, 2012) http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx

[7] Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Bajar presentación: El aumento de la complejidad social

Bajar presentación:Requerimientos para la vida y nuevos riesgos sociales

 

A la preocupación por avanzar en una política social que permita enfrentar la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación se suma ahora la necesidad de prevenir y mitigar las violencias que agobian a un número importante de personas en varios territorios del país.

En la evolución de la política social en México a los programas relacionados con los sectores sociales históricos: salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad social, se agregaron a partir de los años setenta, los focalizados dirigidos a grupos en pobreza y a zonas marginadas principalmente rurales, en los noventas se sumaron programas dispersos y enfoques trasversales a partir de instituciones especializadas relacionados con género, jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGTTTBI. El agregado más reciente son los programas de prevención del delito que en una visión reduccionista incluyen atención y prevención de adicciones, recuperación de espacios públicos y promoción de actividades productivas, con los que supuestamente se busca reconstruir tejido social, y que fueron retomados como una prioridad por Peña Nieto al anunciar el 1 de diciembre sus 13 decisiones iniciales.

De acuerdo a las trece decisiones del discurso de Peña Nieto del 1 de diciembre su interés inmediato en lo social se concentra en prevenir el delito, atacar el hambre y mejorar la calidad de los servicios educativos, ofrecer un seguro de vida a las madres jefas de familia y universalizar las pensiones para las personas de 65 años y más.

Sin embargo, la creciente complejidad social incluye diversas dimensiones:

1. a) las cinco problemáticas mencionadas: desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación e inseguridad;
2. b) los ámbitos sociales sectoriales (equiparables a los derechos sociales mencionados en el PIDESC y en el Protocolo de san Salvador),
3. c) los grupos poblacionales, que además se van diversificando por la visibilización de las problemáticas de los migrantes, la población desplazada, las víctimas de la inseguridad, las personas sujetas a trata, etc.
4. d) las condiciones diversas que se viven en el territorio que dificultan generalizaciones e intervenciones sociales homogéneas y biunívocas,
5. e) las transformaciones de las familias que enfrentan crecientes dificultades para cumplir su rol de reproducción social de las personas.

Una posición bastante compartida por los grupos progresistas en política social señalaría que desde la federación deberían definirse y manejarse los programas destinados a garantizar igualdad de acceso y de disponibilidad de servicios de calidad para realizar los derechos económicos, sociales y culturales universales de todas y todos los mexicanos. es decir, definir los estándares básicos o los pisos de partida de bienes y servicios para de cumplimiento al acceso para todos a educación, salud, alimentación, infraestructura básica de servicios, vivienda, remuneraciones y prestaciones laborales, seguridad social incluyendo seguros de desempleo y pensiones.

Sin embargo, en razón de la complejidad mencionada considero que no basta exigir a la política social la universalización de acceso a un piso básico de bienes y servicios, que resultarían de programas y acciones aplicados desde los sectores sociales de la administración pública. Si bien esto ayudaría a atender la problemática de la desigualdad y de la pobreza, no bastaría para revertir las enormes brechas entre los grupos socioeconómicos y el avance de la conflictividad por la disparidad en los niveles de vida. Asimismo la descentralización de al menos tres herramientas fundamentales: el aparato de educación pública, el de salud y el DIF hará que persistan los problemas de desigualdad en la calidad de los servicios en el territorio: servicios de calidad para los ricos y servicios pobres para los pobres si no se encuentra una estrategia para revertir esa situación, tal vez ofreciendo mejores remuneraciones al personal docente y de salud que trabaje en zonas de menores ingresos.

Para la incorporación de la perspectiva de los grupos sociales en situación de discriminación si bien es importante su inclusión en igualdad de condiciones a los bienes y servicios de tipo sectorial social (educación ,salud, vivienda,etc) habrá que hacer algunas previsiones en las instalaciones y en los modelos de atención para considerar las necesidades específicas de algunos de estos grupos: por ejemplo, hacer accesibles las instalaciones físicamente, atender las problemáticas de salud específicas por sexo y grupos etarios y desarrollar el personal y las instalaciones y equipamientos apropiados para su atención, desarrollar una oferta educativa para los distintos grupos etarios, considerar la accesibilidad lingüística de los programas de educación y de salud, promover remuneraciones iguales por trabajos iguales.

Pero la atención de grupos de población específicos significa el desarrollo de acciones e intervenciones que van más allá de las tradicionalmente consideradas en los sectores sociales sectoriales en razón de que responden a problemáticas específicas de los grupos y que derivan de relaciones sociales conflictivas, de actitudes discriminatorias, de desconsideración y abandono. La modificación de este tipo de situaciones significa la puesta en práctica de programas de tipo cultural (campañas contra la discriminación), de acceso a la justicia (violencia intrafamiliar y de género), de apoderamiento y organización ciudadana, de salud mental, de convivencia, cuidado y protección (albergues, centros de día, unidades de rehabilitación, etc.) entre otras. Muchos de estos programas deben ser instrumentadas muy cerca de los ciudadanos, en el territorio, de manera de que sean accesibles y cercanos a las personas.

Este tipo de intervenciones han sido abandonadas por el gobierno federal, las pocas que tenía el DIF han sido reducidas a algunas intervenciones realizadas por interés de algunos DIF municipales, con poca sostenibilidad en el tiempo por la naturaleza de las administraciones municipales que sólo duran tres años. En otros casos se han transferido o son realizadas por entes privados de tipo empresarial o de organizaciones de la sociedad civil, especialmente de tipo asistencial.

Con la pérdida de control del personal docente y del personal de salud, ahora trasladado a los gobiernos estatales, el Gobierno Federal no tiene agentes que trabajen en el territorio y tiene que depender de la concertación con autoridades estatales para introducir algunos programas que atacan las problemáticas descritas.

Es así que la diversidad de problemáticas que afectan a los distintos grupos de población en el territorio, representan un reto para la política social del futuro pues el interés y la capacidad para instrumentar programas dirigidos a atenderlas varía grandemente dentro del heterogéneo mundo de los municipios mexicanos. Los programas de prevención del delito como los llamó EPN o los de prevención social de las violencias requieren de un aterrizaje y adecuación a las condiciones específicas en los distintos territorios; no es lo mismo aplicarlos en territorios aún libres de violencia criminal que en aquellos que ya se encuentran en una situación de violencia crónica. Asimismo requieren ser sostenidos en el tiempo pues inciden en aspectos de tipo cultural que tardan en ser asumidos. La arquitectura institucional de los gobiernos municipales no garantiza la posibilidad ni de implementarlos adecuadamente y menos de sostenerlos en el tiempo.

Para mí, la gran interrogante en este momento es desde dónde y cómo se podrá realizar una política social en el territorio que atienda los nuevos riesgos sociales y cuáles son precondiciones necesarias para poder hacerlo. Ello en un contexto en donde las familias se han transformado y cambiado su capacidad para construir seres humanos dotados de atributos que les permitan navegar en el proceloso mar de las ambiciones y los conflictos humanos.

Finalmente la interrogante es ¿cuáles deberían ser las prioridades de la política social y quiénes deberían responsabilizarse de la instrumentación de ésta o qué aspecto le toca al Estado (poderes y gobiernos municipales, estatales y federal), al mercado, a las familias y a los individuos?

No creo que la política social pueda seguir concentrándose en la atención de la pobreza. Pienso que se requiere de una política social compleja pero no veo quién la pueda diseñar y operar y si hay los recursos suficientes para hacerlo.

 

 

Es muy frecuente que los expertos en política y desarrollo social o en algunas de sus ramas como es la alimentaria, la de salud, la del trabajo o la de vivienda mencionen derechos humanos y sociales, o derechos humanos y laborales. No se acaba de asumir que los derechos humanos incluyen no sólo a los civiles y políticos sino también a los económicos, sociales, culturales y ambientales.

La tradición y la concepción dominante es que los derechos humanos tienen que ver esencialmente con libertades como la de expresión, la de movimiento, de reunión, de trabajo o con las protecciones a la vida y a la integridad como el derecho al debido proceso, a no ser sujeto a tortura y malos tratos, a ser privado de la libertad, etc. y refieren a la no interferencia del Estado en la libertad y la vida de las personas.

Pero desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho al trabajo y del trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida digno, al nivel más alto de salud, etc. ya formaban parte de esta concepción más amplia de los derechos humanos pues hacen a la dignidad de las personas e incluso se plantea que son:

• Universales-Corresponden a todas las personas y todas las personas tienen igual condición con respecto a esos derechos
• Indivisidibles– Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales son igualmente necesarios para una vida digna. No hay una jerarquía entre ellos. No se pueden reprimir algunos para promover otros.
• Inalienables– No se puede ser despojado de ellos por otros, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente
• Interdependientes
• Exigibles

Hay que recordar que la Declaración y los subsiguientes Pactos de Derechos Políticos y Civiles y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en conjunto integran la Carta de las Naciones Unidas, son el resultado del consenso entre los países de economía de mercado que privilegian los derechos civiles y políticos y los países socialistas que ponen énfasis en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales

Por su parte la política social puede tener muchos enfoques como es el de brindar asistencia social a los grupos más desprotegidos o marginados, centrarse en la superación de la pobreza, atacar las desigualdades, proporcionar seguridad social a ciertos grupos e incluso compensar y controlar a los sectores excluidos de la corriente principal del desarrollo.

Desde INCIDE Social pensamos que el enfoque de derechos humanos en la política social contiene propósitos más comprensivos pues parte de reconocer la dignidad de las personas y de iluminar sobre cuáles son los derechos frente al Estado que traducen el significado de vida digna.

Los derechos humanos son aquellos que determinan la relación de las personas con el Estado y este tiene la obligación de respetarlos, protegerlos, satisfacerlos y promoverlos y por ello la política social sería la estrategia y los programas que el Estado adopta para cumplir sus obligaciones en materia principalmente de los DESC. En el enunciado original de la Carta de Naciones Unidas los DESC incorporados consideran los aspectos del desarrollo de la vida humana que aseguran la subsistencia y el desarrollo de la calidad humana de las personas: la alimentación, la salud, la vivienda, el vestido, la educación, el trabajo y la seguridad social, a los beneficios de la cultura y del progreso científico y tecnológico, a la protección y asistencia de la familia, al medio ambiente. Más recientemente se han incorporado el derecho al agua y al desarrollo.

La política social en un sentido amplio incorpora esos campos de trabajo y desarrolla las herramientas como programas, acciones, servicios para atenderlos.

La política social se enriquece enormemente al incorporar en su concepción el enfoque de derechos humanos pues arroja claridad sobre lo qué significa cada uno de esos campos de los social, cuáles son las garantías en forma de bienes y servicios que deben garantizarse y como irlos satisfaciendo de manera progresiva. Establece también principios generales como la no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, la participación y la trasparencia y rendición de cuentas.

Las llamadas Observaciones Generales aclaran con detalle el significado de cada derecho y su traducción en garantías. Los informes de los relatores especiales por su parte, esclarecen el tipo de problemáticas nuevas que van surgiendo a través de los años y contribuyen grandemente a las definiciones conceptuales. Es decir hay un gran y continuo trabajo de actualización de los contenidos de los derechos acordes con la evolución de la humanidad.

Nos hacen ver por ejemplo, las dimensiones que deben considerarse para evaluar en qué medida los derechos se realizan o no, y en cuáles dimensiones se presentan omisiones. Estas son la accesibilidad física y económica del bien o servicio, la disponibilidad de infraestructura, de insumos, de personal, para proporcionar el bien o servicio, la calidad necesaria de estos y la asequibilidad para incorporar la diversidad. Muchas veces en la política social le damos prioridad a la cobertura (acceso), pero olvidamos la calidad o su adecuación a diferentes culturas y si estas no cumplen con ciertos estándares la violación de los derechos humanos sigue presente.

Desde esta mirada el derecho universal a la educación básica no se cumple en México pues si bien los niveles llegan a tener cobertura universal, la calidad del servicio es tan deficiente, o las instalaciones y el personal docente son tan insuficientes que se incumple lo acordado en instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte.

En INCIDE Social buscamos:

• Promover la incorporación del enfoque de derechos humanos en la política social
• Aportar al debate sobre la operacionalización del enfoque de DDHH en el diseño, ejecución y evaluación de la política social
• Desarrollar herramientas para el control ciudadano de la política social

El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social se construyó esencialmente como una herramienta de control ciudadano pero también aporta a los dos primeros objetivos.