1.- El estudio de la juventud no es mi campo de especialidad, pero si es uno de mis ámbitos de preocupación desde hace varios años. Reconozco la existencia de una creciente literatura de investigación y de organizaciones e instituciones que trabajan el tema juvenil y les expreso mi respeto.

2.- Desde hace varios años he buscado cómo aproximarme a los temas y políticas juveniles desde la mirada de las políticas sociales. Hace ya casi doce años llevamos a cabo algunos enfoques de política juvenil desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D.F. de forma exploratoria, de pequeña escala, pocos recursos y por un breve tiempo, obteniendo tres aprendizajes importantes. Las intervenciones con jóvenes deben:

a) Crear confianza entre los agentes de las instituciones y los grupos de jóvenes y para ello se requiere de acercamientos respetuosos, suaves, lentos, sostenidos y dialogantes. Toman tiempo e implican trabajo en el territorio. Hay que acercarse a ellos y no esperar que ellos y ellas se acerquen a las instituciones.

b) Esa construcción de procesos debe ser sinceramente participativa, como suele decirse: nada para los jóvenes sin los jóvenes

c) La principal demanda de la población juvenil de la Ciudad de México en ese momento, era la posibilidad de contar con espacios públicos: donde encontrarse con sus coetáneos, donde realizar actividades colectivas, donde expresarse en su diversidad. Me queda claro que una de las transiciones en la etapa juvenil de la vida es pasar del mundo de lo privado al mundo de lo público y de lo colectivo.

3.- Pero las cosas han cambiado fuertemente de entonces para acá y las transformaciones más importantes se han dado en el contexto social, económico, político y cultural afectando de manera particular la vida y el desarrollo de la población juvenil conduciendo a varios fenómenos que si bien, ya se venían presentando, nunca con la velocidad y magnitud que observamos en la última década:

a) Migración. Una salida espectacular de hombres y mujeres jóvenes hacia Estados Unidos para encontrar opciones de trabajo y nuevos cursos de vida. Con ello la pérdida de una gran cantidad de jóvenes con educación diversa, incluso de posgrado y una transformación de los contextos familiares por las ausencias físicas, aunque con las contribuciones de remesas para completar el gasto familiar. Desde la óptica nacional podemos afirmar que hemos estado trasladando parte del bono demográfico mexicano y de las inversiones en educación y salud realizadas en la población mexicana, para beneficio de la economía estadounidense y de su población envejecida. Representa la pérdida para el país de un promedio anual de 500 mil mexicanos en su mayor parte jóvenes, a cambio de un flujo de remesas que paulatinamente se irá reduciendo en el tiempo. Otros opinarían que decidimos exportar seres humanos al mercado internacional.

b) La profundización de una cultura adulta de discriminación, criminalización y exclusión hacia las poblaciones juveniles y la incomprensión de su diversidad, donde los cuerpos de seguridad se han convertido en el instrumento principal para perseguir y agredir a los jóvenes, principalmente a los hombres.

c) Un retroceso en los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las poblaciones jóvenes y principalmente de las mujeres, ante una clase política crecientemente conservadora.

d) La presencia de una economía de la delincuencia y del crimen organizado que se ha apoderado de territorios completos en el país: municipios y estados, que utiliza a los jóvenes como sus trabajadores, ofreciéndoles oportunidades de ingreso, pero también como sus principales víctimas: como consumidores de droga, de materiales pirata y de contrabando, de sus asesinatos (juvenicidios y feminicidios), víctimas principales del secuestro y del desarrollo de nuevos delitos.

e) El uso de jóvenes como miembros del ejército y de las fuerzas públicas y privadas de seguridad para proteger a las élites y las clases medias urbanas en todo el país.

f) Una oferta insuficiente de opciones educativas en los niveles de media superior y profesional, en paralelo del deterioro creciente de la educción por la falta de calidad y relevancia de los contenidos para la realidad que viven y enfrentan actualmente las poblaciones juveniles. Recientemente en algunas investigaciones se ha encontrado que los jóvenes se aburren en las escuelas.

g) Un modelo económico que al privilegiar la economía de la producción y las ganancias privadas, altamente concentradas, ha desatendido la reproducción de su población, afectando particularmente el desarrollo de la infancia y la juventud, al precarizar los salarios y las prestaciones y flexibilizar en la realidad, los términos de las relaciones laborales. Ello además, ante la ausencia de una política de estado distributiva del ingreso y la riqueza, por los bajos niveles de carga fiscal y los privilegios que se otorgan en la materia y por el tipo de política social adoptada que se focaliza en la atención de la pobreza y no en la garantía, promoción, respeto y protección de derechos humanos.

h) Como consecuencia se observa una transformación de las familias que conlleva una precarización de la economía del cuidado y de los ámbitos de protección, aprendizaje y desarrollo de las poblaciones infantiles y juveniles frente a la ausencia de intervenciones oportunas, suficientes, adecuadas e integrales del Estado para apoyar esa economía y esos ámbitos.

Las políticas hacia, con y para la población joven en México.

 A partir de lo anterior me parece que el reto en materia de políticas juveniles tiene al menos, tres ejes:

a) El reconocimiento de la importancia de una política nacional de juventud de gran envergadura e integral, con sus claras expresiones y adecuaciones al nivel territorial y definición de responsabilidades por niveles de gobierno y con suficientes apoyos legislativos, institucionales y presupuestales. Personalmente creo que si los Institutos de Juventud han de servir para algo es para convocar y conducir el diseño de esa política nacional y de transversalizar el enfoque juvenil en todas las políticas gubernamentales y para convertirlas realmente en políticas públicas, garantizar una participación en su diseño, instrumentación y evaluación de representantes juveniles.

b) La creación de un ambiente propicio para la protección, el aprendizaje y el desarrollo de las poblaciones juveniles con cambios en las políticas económica, social, cultural y ambiental y también, en los procesos e instituciones políticas. Es decir, actuar sobre el entorno o el contexto desde la perspectiva juvenil.

c) El desarrollo de políticas públicas de, para y con los jóvenes con un enfoque de integralidad y de derechos que podríamos enunciar en los siguientes rubros en términos de derechos humanos:

• derecho a la no discriminación y a la igualdad de género
• derechos sexuales y reproductivos
• derecho al disfrute del nivel más altos de salud física, mental y social
• derecho al trabajo y del trabajo y a un nivel de vida adecuado
• derecho a la educación
• derechos culturales y reacceso a la tecnología y el conocimiento científico
• derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, de respeto a las libertades fundamentales como libertad de expresión y de acceso a la información, de reunión y de asociación, a la privacidad y al honor, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de movimiento.
• Derecho a la vivienda
• Derecho a un medio ambiente sano

Rogelio Marcial  considera que los espacios de mayor riesgo en la actualidad para las poblaciones juveniles tienen que ver con los campos de: sexualidad, educación, empleo, consumo de sustancias y jóvenes en conflicto con la ley lo que podría orientar las prioridades de políticas. Estas deberían ser las prioridades en el diseño de una política integral en el corto plazo.

Desde la mirada del tema que nos convoca que es la discriminación, algunos de los campos anteriores de derechos tendrían mayor relevancia, aunque en todos ellos las prácticas de exclusión de ciertos grupos de jóvenes tendrían que enfrentarse.

Siempre he pensado que la superación o atenuación de conductas discriminatorias tiene que ver con la forma en que construimos y desarrollamos a los seres humanos y que hace a cambios profundos en la cultura y que una de las intervenciones que ha probado su eficacia en esta materia, son las acciones positivas que obligan a la convivencia cotidiana de representaciones diversas.

Si en la primera infancia, etapa de la vida fundamental en el desarrollo de valores, es más difícil la intervención intencionada para propiciar la convivencia de la diversidad económica, social, cultural, religiosa, étnica, racial, de género, política y de capacidades físicas y mentales, si es factible propiciarla en las instituciones, espacios y programas públicos en etapas posteriores de la vida. Esa convivencia de la diversidad debería ser en las políticas juveniles un criterio fundamental en el desarrollo de programas públicos de educación, salud, culturales, recreativos, deportivos, laborales y de servicios y utilización de los espacios  públicos, en general.

Es necesario combatir la creciente segmentación que se observa en los ámbitos de educación como son las universidades, en los servicios de salud o en las actividades culturales y de recreación, por ejemplo, y propiciar más espacios de encuentro y convivencia de la diversidad.

Las acciones afirmativas que obliguen a la convivencia de la diversidad deberían aplicarse a los servicios privados también como son las escuelas y universidades, donde la formación de los hijos de las clases medias y altas se lleva a cabo de manera aislada sin contacto con la infancia y los jóvenes provenientes de las clases populares y en pobreza. No se trata de que acepten a uno o dos jóvenes de familias de bajos ingresos, sino que para tener un impacto real, al menos, treinta por ciento de la matrícula de escuelas particulares debería asignarse y en su caso, sea apoyada con recursos públicos, para niños, niñas y jóvenes de origen diverso.

Finalmente quisiera referirme a un tema de creciente preocupación entre la población juvenil y que es su relación con los cuerpos de seguridad ante la creciente violencia criminal e institucional en la vida de todos los mexicanos. Algunos autores señalan que los cuerpos de seguridad asumen como suyos los valores de las clases dominantes y que verán como peligrosos a aquellas personas que son consideradas como tales por las élites.

Al no existir un proyecto de las élites económicas y políticas mexicanas para la enorme población juvenil en la estructura demográfica actual del país, pues no asumen como su responsabilidad la creación de una economía que crezca, genere empleos, distribuya y sea sustentable, los jóvenes -por su energía, cuestionamiento de la autoridad y las instituciones, defensa del ejercicio de su libertad-, son colocados como poblaciones peligrosas, pues no aceptan su pertenencia a los sectores subordinados.

Los cuerpos de seguridad se convierten entonces en el instrumento para subordinarlos y si se revelan  acaban en el mejor de los casos, en los reclusorios, que tiene un elevado y creciente porcentaje de población entre 18 y 29 años, y en el peor, entre los miles de muertos por la violencia criminal e institucional.

Son las élites económicas y políticas las que deben entender el enorme riesgo en que están colocando la viabilidad del país al no reconocer y asumir el enorme valor actual y  futuro que representa la elevada proporción de jóvenes en la estructura poblacional del país. Es en etapas similares de la historia poblacional de los países desarrollados donde se hizo posible el despegue económico por las bajas tasas de dependencia.

En México en cambio, hemos elegido acosarlos, correrlos del país o destruirlos. Un grave error histórico, además de una profunda tragedia humana.