Me parece que López Obrador se percató de que durante su gobierno le sería imposible reducir los niveles de inseguridad que ya prevalecían en el país. Decidió sacar la seguridad como una de sus prioridades y dejar su atención en manos del ejército. Por precaución, limito las intervenciones de este y de la Guardia Nacional con su frase “abrazos y no balazos” para no correr el riesgo de tener que enfrentar políticamente masacres responsabilidad de las fuerzas armadas.

Es decir, evitó el costo político que le representaría no tener avances en materia de seguridad y dejó que el ejército cargara con la responsabilidad. Igual hizo con la pandemia, utilizando como escudo a López Gatel. Este fue el que quedó como culpable de la desastrosa respuesta del gobierno y de los efectos acrecentados de la pandemia en México.

El superempoderamiento del ejército, la cancelación de los trabajos y el maltrato a los espcecialistas de la Comisión relacionada con la Guerra Sucia, y la reducción del número de militares que resultaron involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes, que entiendo eran más de 80 y se redujo a sólo 21, forma parte de las negociaciones de AMLO con el ejército para que aceptaran cargar con la inexistente estrategia de seguridad en el país.

Por el tipo de funcionarios que ha elegido para encargarse de la seguridad nacional y de la procuración de justicia, por el trato que ha dado a las víctimas entre ellas los padres de los estudiantes, así como a los expertos del GIEI, al fiscal del caso Ayotzinapa, a la Comisión para investigar la Guerra Sucia, me parece que no tiene el más mínimos interés y compromiso por la verdad, la justicia y la reparación del daño para los cientos de miles de víctimas que hay en el país, ni para evitar que el territorio quede crecientemente en manos de las bandas delincuenciales.

Tampoco le interesan los efectos que ese empoderamiento del ejército y del crimen organizado tendrá para el futuro de la sociedad nacional. Su mirada es de corto plazo desde el punto de vista político. No mira al futuro, excepto en su deseo de mantener el poder y cambiar la mentalidad de la población que considera ha estado subordinada a las élites. Si el ejército le sirve a eso, lo usa como instrumento. Su  reiterada referencia a los gobiernos pasados como culpables de lo que ocurre a cinco años de su presidencia, es una fórmula más que le ha servido para engañar a la población que difícilmente tiene tiempo para acceder a la información y para analizarla.

Su interés real es que la militarización, la inseguridad creciente y el evidente fracaso para enfrentarla, no lo afecte políticamente.

Sus reacciones y acciones muestran una carencia total de humanidad y de empatía con las víctimas. Nada lo toca, excepto aquello que logra vulnerar su profundo deseo de poder.

Clara Jusidman      13 de diciembre de 2023.

Edición 2023 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

28 de noviembre 2023

Universidad de Guadalajara.

Agradezco al Maestro Tonatiuh Bravo Padilla la invitación a este merecido homenaje a la vida de Porfirio Muñoz Ledo un muy destacado intelectual, diplomático, servidor público, legislador y maestro.

Aunque me pidieron hablar de su participación en el proceso constituyente de la Ciudad de México, quisiera usar unos minutos para contar el porqué de mi enorme reconocimiento, respeto y aprecio por Porfirio Muñoz Ledo como constructor de instituciones del Estado y promotor de la democracia.

Lo conocí en el año de 1974 cuando ocupaba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Luis Echeverría, un personaje de luces y sombras de nuestra historia. Posiblemente algunas de las pocas luces de esa presidencia como la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, se debieron a la gran inteligencia y visión de Porfirio Muñoz Ledo.

Durante la presidencia de Echeverría los avances en materia económica no fueron suficientes para enfrentar la crisis económica internacional, provocada por la escasez de petróleo.  Disminuyó la inversión privada, el gasto público y la deuda externa aumentaron de forma considerable. El tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de 12.50 pesos por dólar, al final de ese sexenio llegó a  20 pesos por dólar. 

Para solucionar de algún modo la crisis y apoyar al sector obrero que empezaba a resentir una creciente inflación, en 1973 se creó la Comisión Nacional Tripartita, un gran espacio de diálogo social, formado por empresarios, líderes sindicales y funcionarios públicos.

De la Comisión Nacional Tripartita y seguramente producto de la enorme capacidad de Porfirio para construir instituciones del estado, nacieron varias destinadas a proteger el salario en su ejercicio, la más destacada fue el INFONAVIT, pero también el FONACOT y el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario CONAMPROS. Este último antecedente de otras dos instituciones impulsadas por Porfirio y creadas en 1975: el Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor.

En ese entonces yo trabajaba en la Dirección General de Estadística montando lo que ahora se conoce como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la primera encuesta continua por muestreo para captar las características de la población en los periodos intercensales.  Porfirio Muñoz Ledo me llamó y me propuso que dejara la Dirección General de Estadística donde “nunca sería reconocida por nada que hiciera ahí” y para que me convirtiera en la secretaria técnica del Consejo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Acepté el ofrecimiento y empecé a trabajar en la Comisión. En 1975, como secretaria técnica me tocó firmar una supuesta resolución del Consejo General de la Comisión donde se aprobaba un significativo aumento al salario mínimo del 23% para 1976. Ello como respuesta a una devaluación equivalente del peso mexicano y para proteger el poder adquisitivo del salario mínimo. En realidad, la decisión de ese aumento fue del propio Luis Echeverría, seguramente promovida por Porfirio Muñoz Ledo.

A partir de ese momento las resoluciones de la Comisión Nacional, influidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, empezaron a dejar caer el salario mínimo legal por los siguientes 20 años hasta alcanzar una cuarta parte del valor que tuvo en 1976. Fue en el gobierno de Ernesto Zedillo que se detuvo esa caída. Sin embargo, por otros 20 años más nuevamente por presión de Hacienda y Banco de México, en las fijaciones anuales sólo se les reponían la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de los precios del año previo. Todo intento por reponerle al salario su poder adquisitivo como fue en 2002 el de Carlos Abascal Carranza, secretario del Trabajo de Vicente Fox era frustrado por esas dos conservadoras instituciones.

Estoy convencida que el fracaso de nuestra democracia, el aumento de la pobreza laboral y de la violencia en el país subyacen en esa sostenida pérdida de ingresos de los trabajadores.

Hasta 2018 el gobierno de López Obrador reconoció que era urgente empezar a reponer el poder adquisitivo perdido por la clase trabajadora a lo largo de 40 años.

Ahora bien, al término de la presidencia de Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo fue designado Secretario de Educación Pública cargo en el que lamentablemente para el país, permaneció por muy poco tiempo debido a intrigas políticas.

Yo permanecí en el sector laboral, en calidad de Directora General del Empleo, invitada por Pedro Ojeda Paullada. Desde esa posición fui testigo de la gran transformación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que había realizado Porfirio Muñoz Ledo y la gran calidad del equipo de personas que lo acompañaron. Como hombre de gran inteligencia supo rodearse de personas inteligentes y expertas.

Porfirio, que estaba al tanto del Programa Mundial del Empleo, lanzado en la década de los años setenta por la OIT, creó una subsecretaría especializada en empleo y productividad, trato de sacar la formación profesional de los trabajadores de la SEP y pasarla a institutos especializados dentro del sector laboral como ocurría en Brasil, Colombia y Costa Rica; creo el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, el INET, para la investigación y la formación de personal especializado para el sector laboral. También incorporó a académicos y funcionarios latinoamericanos muy destacados que huyeron de las dictaduras militares, como expertos de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La Secretaría dejó de ser una institución menor en el gabinete presidencial, encargada solo de la conciliación laboral, los contratos colectivos y las inspecciones del trabajo. Ojeda Paullada tuvo el acierto de mantener las innovaciones introducidas por Porfirio Muñoz Ledo. La mediocridad, los interese y la corrupción de Arsenio Farell, secretario del Trabajo de Miguel de la Madrid, destruyeron la institucionalidad avanzada por Porfirio, para hacer retornar a la Secretaría del Trabajo y PS a las sombras.

La presencia de Muñoz Ledo como secretario del Trabajo de 1971 a 1975 ha sido la época más luminosa del sector público laboral en la historia de México.

Yo permanecí hasta 1991 colaborando en el servicio público. Después de 20 años y una vez incorporada en el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia, Porfirio que estaba participando activamente en las reformas a la legislación e instituciones electorales por el PRD, me llamó en 1994 para pedirme que me integrara al Consejo Técnico para la Evaluación de la Auditoría del Padrón Electoral. Una actividad que permitiría asegurar la calidad del Padrón que por muchos años había sido el instrumento electoral más controvertido y criticado.

Inicié así una relación amistosa con Porfirio que me convocaba a otros emprendimientos que asumía, o para participar en sus programas en televisión mexiquense.

El proceso de la Constituyente de la Ciudad de México

En 2016 el Congreso aceptó los cambios al artículo 122 constitucional para dotar a la Ciudad de México de una constitución política y reconocer los derechos que habían sido conculcados a los ciudadanos del Distrito Federal durante siglos, y que se profundizaron a partir de 1928 cuando Álvaro Obregón canceló la autonomía de los municipios de la Ciudad de México para elegir a sus gobernantes y sustituirlos por zonas delegacionales.

Finalmente, se había vencido la reiterada oposición del Senado de la Republica para que la ciudad, centro de la lucha democrática y de tantos acontecimientos precursores de la misma, se convirtiera en una entidad federativa, en la cual su ciudadanía elegiría con su voto, a sus autoridades. Se superaría, de acuerdo con Muñoz Ledo, “la subordinación política, la marginación económica y la discriminación que desde sus orígenes habían vivido los pobladores de la ciudad de México”. La Constitución sería el primer pacto social de las y los capitalinos.

Miguel Ángel Mancera había nombrado desde el inicio de su gobierno a Porfirio Muñoz Ledo como Comisionado para la Reforma Política del Distrito Federal y secretario ejecutivo de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución para la Ciudad de México.

Me invitaron a formar parte de un grupo de personas que se encargarían de formular un proyecto de constitución para la Ciudad de México que serviría cómo base de discusión de la Asamblea Constituyente qué se crearía en septiembre de ese mismo año.

El grupo se instaló el 5 de febrero de 2016 y estaba conformado por 28 personas entre las cuales se encontraban miembros de la academia, artistas, representantes de la cultura, de organizaciones civiles, de los pueblos originarios, prominentes juristas e historiadores.

Anteriormente, Porfirio desde su oficina había llevado a cabo múltiples reuniones, consultado y escuchado a diversos sectores de la población y personas expertas en la materia, incluso, recibido varias propuestas completas del texto constitucional.

Como era frecuente Muñoz Ledo se había rodeado de un equipo de profesionistas jóvenes de una calidad excepcional y con un gran compromiso. Mencionaría a tres con los cuales interactuamos intensamente durante los 11 meses que tomó el desarrollo del proyecto y los trabajos de la Asamblea Constituyente. Los habitantes de la Ciudad de México, tenemos una gran deuda: Gustavo Vela, Brenda Gómez Carrillo y Andrea Pérez.

La experiencia del desarrollo del proyecto fue sumamente enriquecedora, prevalecía un entusiasmo y un gran interés tanto de algunos de los integrantes del Grupo Redactor, como de varios asesores externos de las universidades, expertos en desarrollo urbano, en derechos humanos, en derechos de los pueblos, en sistemas electorales y en temas de gobernanza.

Se tuvieron que remontar varios obstáculos en el desarrollo del proyecto como fue una competencia por el liderazgo del proceso, intentos de simulación del trabajo del grupo o de imponer  proyectos previamente redactados. Expertos constitucionalistas tomaron posiciones muy críticas por la extensión que estaba adquiriendo el proyecto. Se referían a la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica como el modelo a seguir por su brevedad.

Porfirio resistía con firmeza y convicción. Sabía que la tarea era históricamente trascendente. Decía que sería la primera constitución formulada en el siglo XXI, como secuencia de la serie de constituciones sociales que se aprobaron a finales del siglo XX en América Latina.

El Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México entregado por el Dr. Mancera el 15 de septiembre de 2016 a la Asamblea Constituyente refleja gran parte el pensamiento de Porfirio Muñoz Ledo en los últimos años de su vida.

Ratifica su compromiso y trata de avanzar respecto de la Constitución Política en los derechos laborales y sindicales por ejemplo, propone una jornada laboral de 40 horas; en el derecho a la educación, diseña una sistema de educación con jornadas ampliadas para la ciudad; así para los derechos de los pueblos originarios, la democracia y la participación ciudadana que cruzan todo el proyecto, la revocación de mandato, la reducción de la edad para votar a 16 años, la renta básica universal y la defensa del principio de subsidiariedad. Muñoz Ledo quiso dotar a la ciudad de México de un marco constitucional que le permitiera actualizar y avanzar en el reconocimiento de derechos ciudadanos surgidos a partir de la vida urbana y una organización más avanzada de la institucionalidad de su gobierno como fue la propuesta del sistema de planeación y ordenamiento urbano, con miras de largo plazo.

Propuso usar como como marco de la Constitución, la estructura de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, una iniciativa surgida y negociada desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal por diversas organizaciones del movimiento urbano popular[1].

La Asamblea Constituyente quedó integrada por 87 diputados y diputadas designados por los partidos políticos y por sus fracciones de legisladores, un diputado ciudadano, seis nombrados por el presidente de la República, que de inmediato se sumaron a la fracción del PRI y seis designados por el Jefe de Gobierno.

No fue una Asamblea realmente representativa de los habitantes de la ciudad. La mayoría de los diputados, eran originarios de muy diversas entidades federativas del país, pocos habían nacidos en la ciudad o tenían experiencia de gobierno en ella. No comprendieron el alcance y sentido del Proyecto y procedieron a deslavarlo, a incorporar sus intereses personales o de sus partidos y a frenar cualquier disposición que fuera más allá de lo prescrito en la Constitución Política del país.

La bancada del PRI, poderosa aún debido a que el gobierno federal estaba en manos de ese partido, tomo posesión física de inmediato de las bancas centrales en el Palacio de Xicoténcatl; mostró una disciplina total; el sentido de sus votos les era comunicado por vía de sus teléfonos celulares desde un comando central controlado por la Secretaría de Gobernación; incorporó a expertas que fueron instruidas previamente. Fueron particularmente duras dos diputadas respecto de los artículos relacionados con el derecho a la educación y los derechos de los trabajadores, tan cercanos a Muñoz Ledo.

La bancada del PRD apoyada por el gobierno de la ciudad, asumió la defensa del Proyecto presentado por el Dr. Mancera. Incorporó a varios expertos como diputados. Dolores Padierna, tomó el liderazgo de la fracción y de las discusiones. Se hizo el propósito de sacar la constitución a toda costa y costo, negociando con los diversos partidos. Hizo a un lado a Porfirio evitando que presidiera la Asamblea Constituyente y relegándolo a una comisión para conciliaría lo que se fuera aprobando. Porfirio con su equipo y el pequeño grupo de diputados designados por Mancera, buscamos estrategias para evitar lo más posible los cambios  al Proyecto.

La bancada del PAN funcionaba dividida en tres fracciones: los ultraconservadores, los defensores de los intereses privados en la ciudad y los conciliadores.

Obviamente la bancada menos organizada y más grande, era la de Morena, que apenas estaba en proceso de constitución. A  Bernardo Batiz, coordinador de ésta, le costaba mucho trabajo controlar el protagonismo de algunos personajes que constantemente se oponían a todo y tomaban la tribuna con largas intervenciones.

En fin, habría mucho que contar de las vicisitudes por las que pasó Porfirio Muñoz Ledo en esta experiencia.

Sin embargo, su inteligencia, su extraordinaria memoria, su experiencia, sus amplios conocimientos, su entrega comprometida a la tarea a pesar de sus condiciones de salud y el gran esfuerzo que hizo para dialogar, escuchar e incluir a la diversidad de actores políticos, sociales, económicos y culturales de la ciudad de México, fueron un factor fundamental para que los derechos de los habitantes de ésta se equiparen con los del  resto país.

Fue un honor trabajar a su lado y compartir una partecita de su larga y valiosa lucha.

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[1] Ciudad democrática, Ciudad incluyente, Ciudad sostenible, Ciudad productiva, Ciudad educadora,  Ciudad habitable, Ciudad segura ante los desastres y accidentes, Ciudad segura libre de violencia, Ciudad saludable, Ciudad convivencial y culturalmente diversa

Quiero empezar agradeciendo al jurado del Premio Compartir el otorgarme el correspondiente a “compromiso social” de este 2023.

El proceso de selección no debe ser una tarea fácil, debido a la complejidad y heterogeneidad de lo que llamamos sociedad civil en México.

Lo agradezco además porque al asignármelo a mí y a SERAPAZ, se tiende un puente hacia los activistas civiles que luchamos por la justicia social y el reconocimiento de los derechos humanos de nuestra diversidad social. Nos hemos enfrentado, por años, a los poderes políticos y económicos que desconocen, maltratan, controlan o discriminan a las poblaciones por su condición social y económica, o por su origen, raza, género o diversidad sexual.

En el contexto actual de violencia crónica, pobreza, polarización política y desastres naturales, es necesario que reunamos nuestras fuerzas, nuestros recursos de conocimiento y experticia y nos convirtamos en un actor social fuerte, que ofrezca alternativas y realice proyectos para impedir que el país continúe cayendo por el tobogán en el que estamos.

Pero, además, frente al cambio de época que estamos viviendo y ante la falta de perspectiva de mediano y largo plazo que domina a nuestra esfera política, tenemos que construir juntos escenarios posibles de futuro para nuestro país.

Los cambios geopolíticos y económicos a nivel mundial nos están asignando   un papel que asumimos simplemente como un hecho, cuando tendrán un efecto profundo en lo social, en lo económico, en lo cultural y en el medio ambiente.

Si desde la sociedad civil no asumimos una actividad proactiva frente a nuestro futuro, con visiones de mediano y largo plazo, todo México se convertirá en una Ciudad Juárez, como lo advertía yo hace varios años: un país maquilador, que genera pobreza laboral, destruye el tejido social y de las familias, padece del crimen organizado y conduce a los adolescentes y a las juventudes al mundo de la criminalidad como opción de movilidad social.

Por ejemplo, ¿Cuál será el efecto social del near-shoring si no presionamos a gobiernos y a empresas para que tomen responsabilidad sobre el bienestar de los trabajadores y sus familias como lo hicieron en su momento Don Eugenio Garza Sada y Don Antonio Ruiz Galindo?

Además, debemos reconocer que la situación política que estamos viviendo es resultado de una profundización de la desigualdad, no sólo económica y territorial, sino también social.

Es así por la contención y el deterioro de los salarios por 40 años, la segregación territorial entre pobres y ricos encerrados en guetos en las ciudades, el acceso diferenciado a servicios de salud, de educación, de transporte, al agua, a empleos dignos, más la destrucción de espacios públicos de encuentro entre personas y familias.

Se fue generado una brecha de tal magnitud, que tenía que llevarnos, tarde o temprano, al tipo de gobierno que hoy tenemos.

La cancelación de los canales de movilidad social -educación, empleo y seguridad social- y la creciente precarización de los trabajos, determinaron que los modelos de consumo promovidos por los medios de comunicación y practicados por las élites mexicanas, se transformaran en modelos aspiracionales para la adolescencia y las juventudes.

Lamentablemente, algunos optaron por el camino de la delincuencia, apoyados incluso por sus familias, para poder acceder a las grandes camionetas, a las residencias, relojes y ropa de lujo. Para empoderarse y ser reconocidos.

Se convirtieron así de víctimas de la profunda desigualdad, en victimarios.  Como sociedad, debemos encontrar vías para rescatarlos e impedir que sigan aumentando como víctimas-victimarios.

Para terminar, quisiera mencionar que toda mi vida pública la he dedicado a observar y visibilizar injusticias como las cometidas en el mundo del empleo y la informalidad, o en el crecimiento urbano desordenado y segregador, así como por la exclusión y violación de los derechos de las mujeres, de las personas mayores o de la primera infancia.

Siempre le aposté a la escucha y al diálogo y participé activamente en la lucha por la democracia, por el respeto a los derechos políticos y a la participación ciudadana. Promoví diversos espacios de encuentro y diálogo para la construcción de acuerdos.

Mi pasión siempre fue el desarrollo de instituciones públicas y civiles, de capacidades de buen gobierno y de políticas públicas, así como de proyectos concretos particularmente en los ámbitos del desarrollo social.

Mi mayor fracaso ha sido la imposibilidad de crear suficiente conciencia sobre los profundos cambios en los entornos familiares donde se construye a los seres humanos.

No es un tema que atañe sólo a la esfera privada. Las unidades familiares son construcciones sociales y es necesario que se asuman responsabilidades públicas que contribuyan a la crianza y al desarrollo de personas dignas.

Todos tenemos el derecho a cuidar y a ser cuidados, así como al tiempo propio.

Por último, no quisiera de dejar de felicitar a Premios Compartir y al Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. por su aniversario número 35 y dar las gracias nuevamente por el reconocimiento.