La Silla Rota 18.07.24

En el curso de la administración que está por terminar estamos a un paso de retroceder una vez más, en la realización y respeto de nuestros derechos humanos.

La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial no mejorará el sistema de justicia que tanto afecta a millones de ciudadanos en el país. Tampoco acabará con la corrupción que existe en la procuración e impartición de justicia, como no se ha acabado con la que prevalece en los congresos, ni en los poderes ejecutivos.

Por lo tanto, es un gran absurdo que dos poderes donde persiste la corrupción quieran llevar a cabo un cambio como el que se propone. No es en beneficio de la ciudadanía. Es una gran mentira.

El propósito en realidad es la captura por la 4T del único poder que pone límites a las constantes violaciones que realiza el presidente de la República a la Constitución y a las leyes que de ella se derivan. Es acabar con la figura del amparo, único medio que actualmente tenemos para defendernos de los atropellos y arbitrariedades de las autoridades. También acabar con la posibilidad de frenar leyes expedidas por el Congreso que violan los preceptos constitucionales.

El sometimiento del poder judicial a elecciones por voto directo del “pueblo” significará el control absoluto del poder político del país por la presidente. Es volver a los años sesenta del siglo pasado si además el Congreso aprueba las otras modificaciones a la Constitución propuestas por el actual presidente.

El Estado mexicano ha sido incapaz de construir un sistema de justicia que proporcione a la población seguridad en su integridad, en su vida, en su libertad, en su patrimonio, ni en su actividad de trabajo y que responda a los principios de igualdad, imparcialidad, derecho al debido proceso, presunción de inocencia y reparación del daño.

Los crecientes niveles de violencia que hemos experimentado en esta administración se relacionan en parte importante, con la elevada impunidad que prevalece en el país. Los delincuentes saben que difícilmente serán capturados y juzgados.

El sistema de justicia no sólo incluye al poder judicial y a tribunales de diversas materias, federales y estatales. También se integra por la defensoría pública, los medios alternativos de solución de conflictos y de manera muy importante, por los ministerios públicos que deberían encargarse de investigar y armar los expedientes.

Nada ha propuesto la 4T sobre las fiscalías. Aun cuando la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México son instituciones autónomas han sido utilizadas por las actuales autoridades para meter y mantener a personas injustamente en la cárcel, para investigar a quienes consideran adversarios o para aplicar la prisión preventiva ampliada por el actual gobierno. Además, en las fiscalías tanto federal como estatales prevalecen altos niveles de corrupción.

Ese es el futuro de un poder judicial sometido a una elección de tipo político: perder su independencia y quedar al servicio del partido en el poder.

Grave regresión.

La Silla Rota 01.08.2024

La destrucción de capacidades del estado mexicano por la 4T para cumplir las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de la población ha sido sostenida y mucha más profunda que aquella realizada por los gobiernos “neoliberales”.

Llevada a cabo de manera irracional, con una profunda ignorancia sobre la organización y las funciones de un estado social de derecho y sobre el aumento de la complejidad social y los riesgos de la humanidad, se argumenta que cumple con los “principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y el derecho a una mejor administración”; la famosa austeridad republicana o nadie puede ganar más que el presidente de la República.

Con mucha frecuencia me he preguntado a quién le encargaron reducir a machetazos presupuestos, desparecer o minimizar instituciones, áreas de gobierno como subsecretarías y oficialías mayores, fideicomisos, bancos de desarrollo, organismos públicos autónomos.

¿Cuál es el proyecto de administración pública de la 4T? ¿Se reduce a recaudar impuestos para entregarlos a la población mediante transferencias directas individuales y sin que los beneficiarios tengan que hacer nada por recibirlas? Además, diciéndoles, mediante un ejército de servidores de la nación, que son beneficios que les otorga el presidente.

El deterioro de la calidad de vida para toda la población será cada vez mayor y más evidente por este desprecio a la función pública, aunado a la expulsión de servidores públicos con conocimientos y experiencia para ser substituidos por personas cuyo único mérito es tener la confianza del presidente de la república y sus allegados, así como por la falta de inversión suficiente en mantenimiento y equipamiento de servicios públicos sociales de salud, educación, transporte, distribución de agua, entre otros.

Ya lo estamos experimentamos con la dificultad para enfrentar los incendios forestales de este año, con la pérdida de calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el aumento de alergias y enfermedades respiratorias, con la incapacidad del gobierno para enfrentar el desastre en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán, con el aumento de las extorsiones y la impunidad, con la escasez de medicamentos y la disminución de la vacunación infantil, con la mayor frecuencia de descompostura de los aparatos eléctricos por fallas en la provisión de energía eléctrica, con la afectación a los productores de alimentos por la desaparición de la financiera para el desarrollo agropecuario o con los crecientes problemas que enfrenta la población para la realización de trámites.

La integración de varios organismos públicos autónomos a las secretarías de la administración central del gobierno propuestos en el Plan C  bajo el pretexto de simplificación orgánica, representa un gran retroceso en la lucha ciudadana por la democracia que buscó quitarle al gobierno autoritario del PRI decisiones que le permitían reproducir y mantener su poder mediante concesiones y permisos o por vía de la organización de las elecciones, así como obligarlo a ser transparente en el uso de los recursos públicos y el ejercicio del poder. Un retroceso de al menos 30 años.

El pasado 3 de agosto falleció José Agustín Ortiz Pinchetti actor clave en la lucha ciudadana por la democracia. Como amiga de José Agustín y de Loretta Ortiz Ahlf lamento su partida, aunque creo que al final descansó.

Conocí a José Agustín en 1991 cuando fui invitada por Miguel Basáñez a integrarme junto con Amalia García, al grupo que se autodenominaba de Los Nueve y que se había integrado en 1990 con tres militantes de las corrientes democráticas del PRI, PAN y de la izquierda. Su interés era intercambiar posturas e información en relación con eventos importantes que estaban ocurriendo en el país después de la desastrosa elección presidencial de 1988.

Participaban en ese grupo José Agustín, Basáñez y Demetrio Sodi por el PRI, Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Zinser y Graco Ramírez por la corriente de izquierda y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jesús González Schmal y Bernardo Bátiz   por el PAN.

José Agustín siempre fue un hombre amable, cariñoso, con una profunda espiritualidad y un gran interés por contribuir al avance democrático y a la justicia social. Quisiera recordar sólo algunas actividades en las que participé con José Agustín.

Desde ACUDE, Acuerdo Nacional para la Democracia, organización derivada del grupo de Los Nueve y que José Agustín presidió primero, participamos en actividades de observación electoral en tiempos que éstas causaban enorme enojo al gobierno priista, formulamos los “20 Compromisos por la Democracia” y fuimos una de las siete organizaciones que crearon Alianza Cívica. El plebiscito de 1993 en el Distrito Federal y el Grupo San Ángel también fueron proyectos a los que contribuyó ACUDE.

Cuando José Agustín fue consejero ciudadano del Instituto Electoral participé en el Comité Técnico para la vigilancia de las auditorías al padrón electoral, intervención que contribuyó a dar certeza de que ese padrón ya era confiable.

Varios integrantes de ACUDE colaboraron con José Agustín y Santiago Creel en el Seminario del Castillo de Chapultepec que sentó las bases para la reforma electoral aprobada por los partidos en 1996.

Ese año también formamos Causa Ciudadana, una de las primeras asociaciones políticas nacionales resultantes de esa reforma y que tuvo un desempeño ejemplar.

Finalmente, fui testigo del gran esfuerzo que José Agustín y María de los Ángeles Moreno, otra entrañable amiga, hicieron para que se aprobara la reforma política del Distrito Federal y se otorgara mayor presupuesto al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad.

Un periodo memorable de participación y organización ciudadana en el que José Agustín Ortiz Pinchetti jugó un papel protagónico.

Lamentablemente no logramos avanzar en una democracia participativa fundada en la escucha y el diálogo y en el reconocimiento de la complejidad y la diversidad social, económica y cultural de la población en el vasto territorio nacional. Mucho menos avanzamos en la formulación de un nuevo pacto social para generar un país incluyente, equitativo y con una perspectiva que permitiera desarrollar instituciones novedosas para enfrentar los nuevos riesgos que plantea el cambio de época que está viviendo la humanidad.

Cuando una madre acude a una fiscalía a solicitar que la ayuden a localizar a su hija recién desparecida y le contestan que seguramente se fue con el novio, es que el Estado se ha deshumanizado.

Cuando un grupo de madres buscadoras solicitan la protección de las autoridades para ir a escarbar en los terrenos donde posiblemente se encuentren los restos de sus familiares y nadie las acompaña y protege, es que el Estado está disminuido.

Cuando las personas y las comunidades no saben a quien acudir frente a un grupo de hombres armados que entran a sus casas, a su pueblo o a su barrio con el fin de secuestrarlos, matarlos o despojarlos, es que el Estado ha desaparecido.

¿Dónde quedó el Estado mexicano?

Las respuestas que recibimos ante la crisis de violencias que vive el país son muy diversas como:

• Estamos atacando las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
• Con el Programa “Jóvenes construyendo el futuro” estamos evitando que los jóvenes ingresen a la delincuencia.
• “Abrazos y no balazos” porque los delincuentes también son seres humanos.
• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en marzo de 2023, el 62.1 por ciento de la población se sentía insegura en su ciudad, y para marzo de 2024 ya sólo fue el 61.0 por ciento.
• Lo que ocurre en realidad, nos dicen, es que organizaciones conservadoras como el Frayba y el Prodh están exagerando y montando escenas para que se crea que en Chiapas hay un desastre por la presencia del crimen organizado.

La triste realidad es que las autoridades, a quienes elegimos democráticamente para hacerse cargo de los poderes del Estado, han renunciado al uso legítimo de la fuerza.

Eso significa renunciar a una facultad que les es exclusiva para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social.

Es una tragedia que instituciones civiles que deberían estar a cargo de las tareas de seguridad pública como las policías municipales y las estatales hayan sido desmanteladas, paralizadas o capturadas por la delincuencia en lugar de haberlas fortalecido, capacitado, dotado de equipamiento, tratado con dignidad y apoyado con inteligencia.

Argumentar que se están enfrentando las “causas estructurales” de las violencias no justifica permitir que tantas vidas se pierdan, que tantas personas sean sometidas a modalidades actualizadas de esclavitud, que miles de niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos violentos y en soledad y vean morir o desaparecer a sus madres, padres, hermanos o compañeros. Con ello se recrean causas estructurales.

Los programas sociales no funcionan como prevención de las violencias en entornos donde éstas se han normalizado si no va acompañados de intervenciones que, haciendo uso legítimo de la fuerza, restauren el orden público, la seguridad y la paz social.

Frente a la difundida y creciente violencia en nuestro país se están desarrollando varios esfuerzos para construir agendas de paz y proponérselas a quienes se disputarán la presidencia, las gubernaturas y las presidencias municipales en nuestro país.

Conozco cinco plataformas de la sociedad civil y de las iglesias que están vinculando a personas y organizaciones interesadas en la materia, así como a aquéllas que llevan a cabo proyectos exitosos de seguridad, justicia, construcción de tejido social y economía solidaria.

Se trata entre otros aspectos, de recuperar y difundir experiencias de buenas prácticas de policías de proximidad, acuerdos y mesas de seguridad, solución pacífica de conflictos, recuperación de la convivencia y de la confianza mediante actividades culturales, fiestas, deportes y rescate de tradiciones. Obviamente además de propuestas para que los gobiernos realicen y se comprometan a reducir la conflictividad y las violencias y recuperan la confianza de las personas y comunidades.

Existe inclusive un importante esfuerzo internacional, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Son más de 100 organizaciones de Guatemala, Honduras, México, Colombia, Estados Unidos y Canadá.  

Incluye a comunidades mexicanas, mexicano-americanas, afrolatinas y latinx que han venido elaborando una Agenda Binacional que presentarán aquí a finales de febrero.

Entre sus demandas a los gobiernos de México y de Estados Unidos plantean detener el flujo legal e ilegal de armas de Estados Unidos a México; abrir los cuarteles a sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia; cooperar en la búsqueda de personas desaparecidas en la región y establecer mecanismos de justicia, verdad, memoria y reparación.

Incluyen el reconocer y terminar el racismo y su legado histórico en todo nivel y garantizar el respeto a las comunidades y pueblos indígenas.

Proponen cambiar el modelo actual de gestión migratoria para acabar con la detención y deportación de personas migrantes; establecer un camino para la desmilitarización completa de los territorios y las fronteras e impulsar acuerdos laborales en ambos países que protejan a las y los trabajadores, sindicatos y castiguen a las compañías que se aprovechan de la migración forzada.

Será una importante agenda que refleja el sentir de trabajadores, agricultores, campesinos, artesanos, mujeres, jóvenes y niños y niñas, migrantes, afrodescendientes, pueblos originarios, que son víctimas de un capitalismo salvaje, globalizado, que explota a miles de millones de seres humanos, extrae recursos naturales en todo el globo, somete gobiernos y compra e impone políticos, se alía y controla bandas delincuenciales y promueve guerras para seguir explotando tierras y personas.

Un capitalismo salvaje que, por la avaricia irrefrenable y el deseo de poder y control de sus protagonistas, está llevando a la humanidad a su extinción.

Muchos y muchas compartimos una gran incertidumbre y un creciente temor sobre lo que ocurrirá en nuestro país en 2024.

En un contexto mundial de guerras y destrucción, aumento de los extremismos políticos y religiosos, elecciones en países donde habitan 3.5 mil millones de personas, creciente concentración de poder en empresas tecnológicas globales y un futuro de riesgos ambientales en aumento, México está participando en condiciones poco favorables.

Posiblemente continuará expandiéndose el control del territorio y de las actividades económicas por el crimen organizado.  Ello frente a una destrucción y centralización de capacidades institucionales para gobernar y brindar bienestar, protección y seguridad a la población.

Desde junio de 2022, a raíz del asesinato en Cerocahui, Chihuahua de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas, la Compañía de Jesús en México inició un proceso de conversatorios y foros para la construcción de paz en todo el país.

En una primera etapa se escucharon las voces, las esperanzas, los dolores y los miedos de más de 20 000 personas en comunidades rurales y en ciudades. Cómo resultado de esta primera etapa, un grupo de personas expertas rescataron y ordenaron las preocupaciones y las propuestas y formularon una Agenda Nacional de Paz en torno a cuatro temas: justicia, seguridad, tejido social y cárceles.

La Agenda fue presentada en noviembre al presidente de la República y a las dos candidatas a la presidencia en reuniones con la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Poco después, la sometida Comisión Nacional de Derecho Humanos acompañada por varias instituciones de gobierno y universidades,

emitió una extraña DECLARACIÓN sobre “paz crítica” que pareció ser una respuesta del gobierno federal a la Agenda Nacional mencionada.

En la actualidad se está llevando a cabo una segunda etapa del Diálogo Nacional por la Paz. Se continua con los conversatorios al nivel local y se sumó el trabajo de siete comisiones integradas por personas expertas a nivel nacional. En esta etapa se pretende elaborar agendas de paz locales y profundizar las propuestas en los cuatro temas mencionados, así como abordar de manera particular la situación de los adolescentes y jóvenes.

En la comisión nacional encargada de proponer políticas, programas y acciones para la construcción de tejido social enfrentamos grandes retos: cómo desarrollar modalidades de socialización que generen espacios de confianza y pongan límites a conductas violentas; cómo construir seres humanos que respeten y reconozcan el valor de la vida, de la libertad y de la  integridad de otros; cómo recuperar y reintegrar socialmente a los miles de víctimas-victimarios a partir de que ellos mismos sean reconocidos como seres valiosos y con derechos; como enfrentar las tecnologías que deshumanizan, aíslan y destruyen las relaciones humanas.

Retos de difícil respuesta frente a las revoluciones industriales en curso, la ausencia de mecanismos de gobernanza mundiales, la extensión de conflictos bélicos y un año de elecciones en nuestro país.

Pronto iniciará 2024. Muchos seguramente deseamos que no resulte tan violento, ni tan conflictivo como sería de esperar en un año en el que 20 mil 263 cargos públicos serán objeto de elección. Estos incluyen a la presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados, 9 gobernaturas, entre ellas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y 1,803 presidencias municipales. El resto son sindicaturas, regidurías, concejalías y cargos auxiliares.

Por varios meses  la conversación y la disputa pública han girado en torno a las candidaturas, a las encuestas amañadas, a las confrontaciones entre cúpulas de los partidos,  a la paridad en las candidaturas, a los equipos que acompañarán a quienes resultaron ganadoras de obscuros procesos de selección, así como sobre las múltiples violaciones a la legislación electoral por todos los que están en la pelea por el poder político y también por quienes operan como árbitros del proceso: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF)

No recuerdo haber vivido un proceso electoral tan prolongado, tan descompuesto y con tantos intereses contrapuestos. Ni tampoco que lleve tantos meses desviando la atención de asuntos tan urgentes e importantes para el país como el incremento del control de la delincuencia en actividades económicas legales, la muerte de jóvenes en asesinatos colectivos que quedan totalmente impunes, el aumento de la violencia hacia las mujeres o los daños provocados por el huracán Otis en Guerrero.

Sólo se mira el corto plazo y la superficie y se desatienden problemas estructurales que deterioran cada día más nuestra convivencia.

Quisiera expresar por ello varios deseos para el 2024.

Primero que las autoridades electorales puedan integrarse debida y oportunamente: el Tribunal con los magistrados que faltan tanto en la sala federal como en las regionales, responsabilidad ésta del Senado, y que el INE finalmente acuerde colocar funcionarios con experiencia a cargo de su secretaría y de sus direcciones ejecutivas.

Que los magistrados y los consejeros tengan presente que están al servicio y muy bien remunerados por la ciudadanía y no por los partidos políticos. Que están obligados a preservar su independencia como árbitros, así como la integridad del proceso electoral y la confianza en el mismo.

Que las cúpulas de los partidos políticos reconozcan que son sólo eso, cúpulas sin militantes, y acepten que otras candidaturas son posibles y necesarias y que no postulen delincuentes como candidatos.

Finalmente, que en especial el presidente, las candidatas, los gobernadores y el congreso federal comprendan que han sido muchos años, mucho esfuerzo de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, muchas vidas y años de cárcel y muchos recursos públicos dedicados a construir una democracia que, aunque perfectible e incompleta, nos ha permitido transitar en paz entre gobiernos de diferentes partidos desde hace cerca de un cuarto de siglo.

Los actos de terrorismo realizados por el brazo armado de Hamás contra la población civil israelí, planeado durante varios meses y seguramente financiado y asesorado por intereses políticos del complejo mundo de los países árabes, no es aceptable, ni justificable.

Ni el asesinato, ni la tortura, ni el tratamiento cruel, inhumano o degradante ejercido contra cualquier persona, son excusables. Se trata de actos de lesa humanidad.

Masacrar o secuestrar a niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas mayores y con discapacidad, penetrando en sus casas y en sus comunidades para generar muerte, terror, incertidumbre y desconfianza entre la población civil de Israel, no pueden justificarse mediante explicaciones históricas.

Los extremismos ortodoxos confrontados, la intolerancia frente a las diferencias, la polarización utilizada por élites religiosas y políticas para imponer o conservar su poder y someter a millones de personas, son una expresión del abismo al que se dirige la humanidad.

Hace 75 años la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal compartido.  Fue un pacto mundial para evitar la repetición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y del exterminio, ejercidos por los estados de varios países durante la Segunda Guerra Mundial, destacadamente Alemania, contra poblaciones con identidades religiosas, ideológicas y de origen étnico diversas.

Lamentablemente, las instituciones creadas a nivel internacional y nacional para hacer efectivo ese pacto, así como los instrumentos internacionales que se fueron creando para reconocer los derechos humanos y para exigir su cumplimiento, se encuentran impotentes y debilitadas frente a la violación de estos por distintos agentes.

Ya no son sólo los estados que los incumplen, son las empresas globales de tecnología, las productoras y vendedoras de armas, las farmacéuticas, los terroristas, el crimen organizado, entre otros.

La crueldad, las violencias y las guerras se extienden en el mundo sin que exista poder alguno que las pare. Los estados nación y los organismos internacionales resultan impotentes y están rebasados.

Haber llevado a cabo este ataque por mar, tierra y cielo a una población civil indefensa durante la madrugada, merece una reprobación absoluta.

“El reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”

La Silla Rota

14.09.2023

Es indudable el alto nivel de aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con una encuesta promovida por el Centro de Investigaciones Pew, realizada en marzo y abril de 2023, 82% de los mexicanos adultos tienen una opinión positiva de AMLO, 42.5% incluso, muy positiva.

Asimismo, la empresa Oráculos que agrega los resultados de las principales encuestas, estimó que, para agosto de 2023, AMLO tenía un 65% de aprobación.

Un factor fundamental para mantener esos altos niveles, tiene relación con el reconocimiento que éste hace, a través de sus “mañaneras” y de sus políticas sociales, a grupos de la población que históricamente han vivido en condiciones precarias y en una situación subordinada en las relaciones económicas y sociales.

Una primera forma de reconocimiento ha sido el notable aumento del salario mínimo legal otorgado a partir de 2019. El poder adquisitivo de ese salario se ha elevado en más del 90% en la administración de López Obrador.

Es una forma de reconocer el valor del trabajo que aportan millones de mexicanos y mexicanas, que desde 1976 y por veinte años, vieron reducirse cada año y por otros 20, hasta 2018, se mantuvo estable en la quinta parte de su valor inicial.

El no haber elevado el salario mínimo legal fue el gran error cometido por los tres regímenes de la transición democrática: Fox, Calderón y Peña Nieto. Nunca entendieron que ese aumento era una forma de hacer llegar un efecto positivo del cambio democrático a las familias trabajadoras.

Por su parte, mediante las mañaneras, AMLO ha creado, para los mismos grupos, un país de fantasía donde todo marcha bien: la economía, la salud, la educación, la seguridad, la inversión, las mega-obras, el empleo, cuando, en todos ellos, hay gravísimos problemas y una sistemática destrucción de las capacidades institucionales para ofrecer los servicios públicos indispensables y de calidad.

AMLO ha generado una identidad y un reconocimiento, para lo que llama “pueblo bueno y sabio”, que ha sido maltratado y abusado por un gran enemigo formado por los “corruptos”, “conservadores”, “fachos” y “aspiracionistas”, grupo que realmente está integrado por las personas de clase media y media alta, que, con su trabajo y sus impuestos, generan los recursos que AMLO reparte con sus programas sociales.

Curiosamente, las 30 familias milmillonarias de nuestro país no han sido tocadas. Algunos de sus miembros acompañaron al presidente a inaugurar el Tren Maya.

De esta manera, quien llegue a la presidencia en el 2024 heredará un país de fantasía: endeudado, confrontado, militarizado, además de violento, inseguro e ingobernable por la destrucción de instituciones y la presencia del crimen organizado, aunque con mejores tasas de crecimiento de la economía y del empleo por la relocalización de empresas que está ocurriendo a nivel mundial, para acercarse al mercado de Estados Unidos.