¿Son las transferencias monetarias directas una política social de izquierda? ¿Sólo las izquierdas reconocen que la pobreza y la desigualdad son dos graves problemas nacionales?

En nuestro país, fueron los llamados gobierno “neoliberales” los que iniciaron los programas de transferencias monetarias de ingreso: Progresa inició en 1997 en la presidencia de Zedillo; se mantuvo como Oportunidades en la administración de Fox, para transformarse en Progresa, en el gobierno de Peña Nieto.

Buscaron atender educación, salud y alimentación y hasta la última etapa, abrir la entrada a programas para mejorar ingresos y producción. Durante veinte años se avanzó en los sistemas y reglas para controlar el acceso a los beneficios y en la calidad de sus padrones.

La administración actual los mantiene con cambios de nombre, con beneficiaros más específicos e individuales y con menor transparencia y calidad en sus padrones y reglas de operación.

Varias investigaciones encuentran que este tipo de programas generan dependencia, desaniman la participación, no construyen ciudadanía. No son diseñados con la participación de quienes los reciben. No generan agencia, ni el deseo de dejar de depender de ellos.

En algunos casos, incluso, propician los motivos por los cuales se otorgan. Hay familias que acumulan los beneficios de varios de ellos.  Estos riesgos se agudizan cuando su diseño y operación son deficientes y existen posibilidades de duplicación de beneficiarios.

Una justificación para echar mano de ellos es hacerlo de manera temporal en tanto se desarrollan las capacidades de los gobiernos para mejorar la calidad y el acceso a servicios públicos de salud, educación, urbanos o de vivienda.

Lamentablemente, en nuestro país, a pesar de tener más de 25 años centrada la política social en programas de transferencias de ingresos, los gobiernos no han podido y tal vez ni querido, mejorar la disponibilidad de servicios públicos sociales que construyen ciudadanía y responden a los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Las transferencias de ingreso hacen que las personas tengan que acudir al mercado privado para adquirir los bienes y servicios que necesitan en lugar de acceder a bienes públicos. En las últimas décadas han surgido grandes empresas que atienden el mercado de las poblaciones pobres con tiendas de proximidad, para alimentos extra procesados, servicios médicos y medicinas, escuelas y estancias infantiles privadas.

El capital privado ya no sólo extrae ingresos de las familias con malos salarios y prestaciones, sino que también lo hace por la vía del consumo.

Por ello me pregunto si continuar centrando la política social sólo en programas de transferencia de ingresos, sin mejorar sustancialmente el acceso a derechos por la vía de mejores servicios públicos, es realmente una política social de izquierda.

¿No será que los candidatos de oposición ofrecen mantenerlos por temor a no atraer a las clientelas electorales cultivadas por el gobierno de izquierda?

¿Qué es un hombre de Estado?  ¿Por qué lamentamos la partida de Porfirio Muñoz Ledo y lo reconocemos como uno de los pocos mexicanos que merecen ese título?

Tuve la enorme oportunidad de aprender de dos hombres de estado mexicanos: Víctor L. Urquidi y Porfirio Muñoz Ledo.

Los dos tenían un profundo conocimiento del mundo en el que vivían y una enorme capacidad para mirar hacia el futuro y comprender la complejidad. Reconocían la importancia de desarrollar capacidades del estado para revertir los déficits históricos en materia de bienestar y para enfrentar los nuevos retos que surgían a partir de los cambios previsibles en materia política, económica, demográfica, tecnológica, medio ambiental, educativa, del empleo y el trabajo; Urquidi como economista, profesor e investigador destacado y Porfirio como jurista, funcionario y político socialdemócrata. Los dos como excepcionales internacionalistas.

Porfirio me invitó en varias ocasiones a acompañarlo en sus iniciativas. Sólo me referiré a una de ellas: cuando fue secretario del trabajo y previsión social de 1972 a 1975.

Tenía una visión amplia y moderna y un proyecto claro de cómo concretar el cambio de la autoridad laboral. Se empeñó en actualizar y ampliar la legislación y la institucionalidad estatal para proteger los derechos de los trabajadores formales, promover el empleo e impulsar la productividad. Fueron años luminosos para esos trabajadores y sus familias.

Desde la Comisión Nacional Tripartita (1973) impulsó varias instituciones en apoyo a los trabajadores como el INFONAVIT para vivienda, el FONACOT para crédito, el CONACURT para la cultura, el CONAPROST para proteger el salario, mismo que llevó a la creación del Instituto Nacional (INCO) y la Procuraduría del Consumidor. También estableció las Direcciones Generales de Productividad y de Formación Profesional y el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo (INET) para investigar y formar personal especializado.

En ese entonces yo estaba poniendo en marcha la primera encuesta continua de población en México, la que ahora se llama de Empleo y Ocupación (ENOE). Mi interés era hacer visibles la magnitud y las condiciones de los trabajadores en la informalidad.

Porfirio me invitó en 1974 como secretaria técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM). En 1975, en ese contexto, se dio un histórico aumento -desde mi punto de vista exagerado- de 23% a los salarios mínimos legales para compensar la devaluación del peso ocurrida en septiembre de ese año. Me tocó firmar esa resolución de la Comisión. Desde ahí fui testigo de los grandes cambios realizados en las autoridades laborales.

Lamentablemente, la institucionalidad promovida por Muñoz Ledo, fue destruida en la etapa neoliberal, por Arsenio Farell, secretario del trabajo de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Asimismo, los salarios disminuyeron duranta dos décadas y se estancaron otras dos.

Sirva este breve testimonio para reconocer la capacidad creativa y el compromiso social de Porfirio Muñoz Ledo como hombre de estado. Descanse en paz.

Enfrentamos una administración pública federal pasmada y disminuida, incapaz siquiera de responder a las necesarias actividades de regulación de la convivencia colectiva, menos a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Instituciones destrozadas, eliminadas o subsumidas en otras; reducidas en sus presupuestos, encabezadas por personas que no tienen la más mínima idea de qué hacer con ellas o, cuando lo tienen, están paralizadas por temor a emprender alguna iniciativa que no le guste al presidente o a su círculo cercano.

Poseedores de la única fórmula para enfrentar la desigualdad, los estrategas de la 4t procuran el empoderamiento y la creación de una identidad común de los “desposeídos”, alias “pueblo”. Para el efecto, mediante estrategias de comunicación que polarizan, construyen un enemigo único: los “conservadores”, los “corruptos”, los “fifis”.

Un enemigo formado por personas que no se acogen al resentimiento social de la 4T y a una sola forma de atender la desigualdad. Son presentados como los verdaderos culpables de la pobreza, la violencia, la explotación y las desgracias que padece el “pueblo”. Incluye a comunicadores, científicos, académicos, lideres de organizaciones, antiguos servidores públicos, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, jueces y magistrados, feministas, artistas, pequeños y medianos empresarios, productores agrícolas comerciales, entre muchos otros y otras.

Los verdaderos estrategas de la 4T están obsesionados por destruir lo que consideran el andamiaje legal, institucional y organizativo que, según su dicho, fue construido por los “conservadores” para acceder y gozar de sus privilegios. Por ello, el embate contra las instituciones, leyes y regulaciones que limitan el poder de la 4T, es sostenido.

En esa lógica, la ignorancia, la mediocridad y la falta de imaginación campean en muchos puestos directivos de la administración federal. En ellos han sido colocados amigos, familiares o “buenas personas” de acuerdo con los criterios definidos desde las mañaneras y que no implican riesgo de que vayan a hacer bien las cosas. Asimismo, se mantiene en posiciones de poder a personajes de probada deshonestidad o de mortal negligencia.

Entre tanto, la presencia del crimen organizado y la violencia se extiende en todo el territorio; comunidades desalojadas, despojadas y empobrecidas; Chiapas al borde de una guerra interna; enfrentamientos entre los carteles con participación del ejército; asesinatos, desapariciones, extorsiones; explotación de las poblaciones migrantes;  escasez de medicamentos, eliminación de normas y ausencia de servicios de salud dignos; protestas de los agricultores que producen granos para los mercados en 22 estados.

El país arde. El miedo se extiende. La destrucción de capacidades estatales se profundiza. La respuesta es el montaje de una gran función de circo, protagonizada por las lastimosamente llamadas “corcholatas”.

Un tema de gran actualidad se refiere al “nearshoring”, esto es la relocalización de plantas industriales, tanto ensambladoras como productoras de partes, en territorios más cercanos a los mercados finales.

México está en el ojo de esta nueva tendencia, sin una estrategia que le permita aprovecharla en beneficio de una población tan carenciada como la nuestra.

Desde una perspectiva humana lo que podría ocurrir con la relocalización de empresas en México, confirmaría mi predicción de hace veinte años cuando señalé que Ciudad Juárez era una ventana hacia el futuro del país. En esa ciudad se vivía un nuevo auge de las empresas maquiladoras con una fuerte demanda de trabajadoras y la aparición del homicidio de mujeres por razones de género, posteriormente nombrados como feminicidios.

En 2001-2003 un grupo de organizaciones civiles realizamos un primer estudio socioeconómico para conocer las causas y los efectos de las violencias en esa ciudad.

Como resultado del mismo se hizo evidente el enorme descuido de los gobiernos y la gran irresponsabilidad de las empresas, al no prever los requerimientos para la vida que surgirían a partir de la migración de miles de personas en busca de oportunidades laborales y de ingreso.

Por el contrario, con recursos de los programas sociales se construyeron parques industriales para atraer inversiones. Se desatendió completamente el desarrollo de viviendas dignas, servicios urbanos (calles, agua, drenaje, alumbrado, energía) escuelas, guarderías, estancias infantiles, servicios de salud y de transporte.

Los partidos políticos promovieron invasiones de tierra, las viviendas se construían con deshechos de las plantas maquiladoras. Las mujeres trabajadoras se tenían que trasladar al centro de la ciudad y de ahí tomar camiones para acudir a sus centros de trabajo. En esos traslados desparecían algunas, otras eran violadas y otras más asesinadas.

La ciudad duplicó su población en pocos años, 50% eran migrantes. Debido a la especulación del suelo, Juárez creció horizontalmente haciendo los traslados más prolongados.

Los adolescentes abandonaban los estudios en la secundaria para esperar, sin mayor ocupación, cumplir 16 años a fin de entrar a la maquila. Paulatinamente fueron reclutados por los carteles de la droga.

¿Tendrá idea el joven gobernador de Nuevo León del efecto en la convivencia y el bienestar de la población del traslado de varias empresas desde China y de la instalación de la gran planta de Tesla? ¿Tendrá alguna estrategia para evitar que su estado se convierta en una Ciudad Juárez ampliada?

¿Dejará el gobierno federal de tratar de resolver la pobreza mediante transferencias monetarias directas? ¿Asumirá sus obligaciones de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes de México? ¿Desarrollará alguna estrategia para evitar como efecto de la relocalización una profundización de las violencias en el país?

En México estamos por destruir el instrumento que asegura la identidad de la población con 18 años y más: la credencial electoral.  Es el único medio de identificación reconocido por autoridades, bancos y notarías. Hay sólo una para cada ciudadano, cuenta con candados que dificultan su falsificación.

La puesta en práctica del llamado Plan B en materia electoral, conlleva despedir al 85% del personal del Instituto Nacional Electoral lo que significa destruir las capacidades profesionales desarrolladas durante 30 años, para expedir y actualizar alrededor de 96 millones de credenciales de elector.

En la década de los años noventa del siglo pasado, cientos de miles de mexicanos y mexicanas dejaron de ser ¨no-personas¨ por no contar con actas de nacimiento o de bautizo, cartilla militar, licencia o pasaporte. Cada vez que realizaban algún trámite, pasaban por un viacrucis o simplemente no podían realizarlos. Ahora bastaba con que acudieran al IFE con dos personas que atestiguaran su identidad, para obtener ese documento mágico con su fotografía que les abría puertas, hasta entonces cerradas.

Por muchos años el padrón electoral fue manejado por el gobierno. La desconfianza en el mismo era una de las fuentes principales de controversia en los procesos electorales. Aparecían nombres repetidos, de personas muertas o que no existían. Una misma persona votaba varias veces con credenciales distintas. Ello permitía a los gobiernos priistas controlar las elecciones.

El enojo ciudadano y de los partidos de oposición provocó que en 1990 el gobierno priista, tomara la decisión de generar un padrón nuevo y credenciales con candados de seguridad, tarea que fue encabezada por Carlos Almada y Manuel Herrero.

Personalmente me tocó participar en dos procesos que permitieron asegurar la calidad y veracidad del nuevo padrón electoral que fue transferido en 1996, al IFE ciudadano y autónomo.

En 1994 el Dr. Jorge Carpizo, en ese entonces secretario de Gobernación, convocó a un comité ciudadano, formado por ocho investigadores, para que vigiláramos una gran auditoria de los procesos implícitos en el desarrollo del padrón. Esta fue realizada por varias empresas especializadas. En esa vigilancia a la auditoria participaron también los partidos políticos.

Comprobada la confianza en el nuevo padrón, acepté en 1997, la dirección del Registro Federal de Electores, en apoyo al primer consejo ciudadano del IFE autónomo, encabezado por José Woldenberg.

Si la Suprema Corte de Justicia permite que el Plan B en materia electoral se ponga en práctica, más de treinta años de esfuerzos y miles de millones de recursos públicos, invertidos para crear un padrón y credenciales electorales confiables, se irán a la basura.

Restaurar el daño que se causaría tomaría nuevamente, varias décadas y muchos recursos.

Destruir las seguridades que permiten al ciudadano ejercer sus libertades y ser reconocido como persona digna, es una mala forma de ejercer el poder.

Para Silla Rota.

En memoria del Dr. José Ignacio Chapela Castañares.

La desigualdad, la pandemia, el crimen organizado, la corrupción, la destrucción de instituciones públicas y un gobierno que polariza, tienen a México roto, sin un camino compartido hacia el futuro.

Las conversaciones y los encuentros entre los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo y de escuela se han visto disminuidos por los encerramientos motivados por la COVID19. Si acaso persiste la interacción, es principalmente mediante el uso de plataformas y de dispositivos celulares. Los chats se han vuelto el modo privilegiado de comunicación.

Por su parte, la creciente desconfianza y el miedo que deriva de la presencia protagónica, a la vez que soterrada, de la delincuencia y del crimen organizado en el país, inhiben la expresión libre, promueven el silencio, nos impulsan a encerrarnos.

Nos hemos visto obligados a ocultarnos, a no exponernos, a no reclamar, a no demandar nuestros derechos, a guardar silencio. Es mejor no ser notado en la comunidad, en el transporte, en la escuela, en el trabajo, con el fin de evitar cualquier riesgo de agresión, de violencia, de extorsión, de despojo o de desaparición. Nos hemos convertido en un país sumido en una violencia crónica, en una violencia normalizada, que se ensaña particularmente contra las mujeres, los jóvenes y la niñez.

La destrucción de instituciones y capacidades públicas, pretextando una austeridad republicana o la existencia de corrupción, abona a una sensación de indefensión, de creciente ausencia de autoridades dispuestas a poner orden, a regular las relaciones sociales y económicas y evitar con ello los abusos y la violación de nuestros derechos, de nuestra integridad, de nuestra libertad e incluso, de nuestra vida.

En tanto, en la arena pública, en los medios de comunicación, en las mañaneras del presidente, sólo escuchamos confrontaciones entre los buenos y los malos, peleas anticipadas por el poder político, descalificaciones, acusaciones y mentiras.

Oleadas de información fugaz, noticias que duran el tiempo en que son comunicadas. No acabamos de conocer de una tragedia, de un asesinato múltiple, de la desaparición de personas o de un accidente, cuando ya hay otros cien en la lista de los comunicadores, que se pelean por dar las primicias.

Urge reencontrarnos, reconocernos como parte de un todo, de un país a la deriva que si se hunde, nos hundimos todos.

Escuchar al otro, conversar, disentir civilizadamente, ceder, oír de los dolores que nos aquejan, aceptar nuestra excepcional diversidad y encontrar, como una hazaña colectiva, el material dorado que utilizan los japoneses para reparar las piezas rotas, como nos diría Arnaldo Coen.

Noticiero IMER.

Uno de los mayores placeres de muchos de las y los viejos servidores públicos era ver cómo lograban hacer realidad una nueva institución, un servicio, un sistema de información, una obra o cualquier otro mecanismo gubernamental que contribuyera a mejorar el bienestar de la población.

Había un claro sentido del servicio público: aportar al desarrollo del país para avanzar hacia una mayor justicia social. Existía un orgullo de trabajar en el gobierno, ya sea como maestro, enfermera, profesionista o empleado de oficina.  El gobierno se constituía en una opción para servir, no para servirse.

Se tenía entonces la oportunidad de construir capacidades públicas para ir respondiendo tanto a las viejas como a las nuevas necesidades de una creciente población, así como de una complejidad cada vez mayor del país y del mundo.

Programas y políticas iban y venían, pero las instituciones, las obras públicas, los servicios de salud o de educación, los archivos y sistemas de información quedarían al servicio de futuras generaciones y se irían ampliando y perfeccionando.

Constituía entonces un orgullo decir que se había estudiado en una escuela pública. Las personas buscaban acceder a los buenos servicios de salud del seguro social.

Los puestos de dirección de las instituciones públicas eran ocupados por personas profesionistas expertas en las respectivas materias: ingenieros civiles o hidráulicos; médicos, profesoras, economistas, abogados e intelectuales reconocidos. La UNAM formaba a los profesionistas necesarios para el desarrollo del país.

Nunca nos imaginamos que vendría una etapa, iniciada en los años ochenta del siglo pasado, donde el afán gubernamental se orientó a reducir la calidad de los servicios públicos, asignándoles presupuestos cada vez más raquíticos, mal pagando y maltratando al personal y propiciando su privatización; asimismo, reduciendo la inversión pública necesaria para el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura productiva, social y cultural del país  o propiciando que empresas nacionales industriales y financieras fueran vendidas a inversionistas extranjeros.

El servicio público se fue desprestigiando y perdiendo dignidad. Los salarios de los profesores, los policías y de los burócratas en general, se fueron deteriorando al igual que los salarios del resto de la población.

Pero muchos guardamos la esperanza y por ello luchamos, de que con el tránsito a “la democracia” los servicios públicos volverían a recuperar su importante papel para el bienestar de la población. Por el contrario, los puestos en la administración pública se volvieron botín de los partidos políticos: legisladores salientes se convertían en delegados de desarrollo social, políticos y empresarios sin experiencia de gestión pública, eran designados como directivos de las instituciones y entidades gubernamentales.

La corrupción floreció al aceptar posiciones públicas para las que no se tenía preparación y al considerar éstas como espacios para utilizar los recursos en beneficio personal o político.

Ahora bien, ¿a qué viene esta reflexión? Me explico.

México ocupa uno de los primeros cinco lugares de los países megadiversos del mundo. En la secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) acaba de ser designada una persona sin experiencia ni antecedente alguno en relación con sistemas de generación y gestión del conocimiento sobre biodiversidad.

Ante lo sucedido, lamentablemente para el país, el Dr. José Sarukhán, prominente científico y servidor público, decidió retirarse de la Coordinación de esa Comisión después de haberla creado y cuidado durante 30 años.

CONABIO es una institución ejemplar, reconocida a nivel mundial: “ha generado un invaluable acervo de información científica sobre la biodiversidad mexicana y desarrollado un conjunto de herramientas de acceso público, que permiten conocer, proteger y manejar sustentablemente el patrimonio natural de México” (CeiBA).

Me pregunto si no incurre en corrupción quien acepta una función directiva en una institución pública tan especializada como la CONABIO para la que no está preparado, no cuenta con experiencia y con ello, pone en riesgo una riqueza nacional en información y conocimiento desarrollados y conservados por servidores públicos tan comprometidos como el Dr. Sarukhán.

Sólo es una pregunta.

Noticiero IMER 2022.

En México el miedo es posiblemente una de las emociones más compartidas y presentes entre la población. A la percepción de peligros que derivan del hecho de estar vivo, donde los riesgos surgen de causas naturales o generadas por acciones humanas involuntarias, se suman aquellas llevadas a cabo con toda intencionalidad con miras a ejercer el poder sobre otras personas, para subordinarlas, explotarlas y conculcarles sus libertades.

Algunas razones que conducen a las personas a vivir con miedo es el riesgo de perder algo que se logró o se obtuvo y de lo que depende su bienestar. Me refiero al temor de perder el trabajo y caer en la pobreza, a perder las cosechas por eventos climáticos, a fracasar en una empresa, perder patrimonio por cambios en la economía, a enfermar, por ejemplo. Esos miedos son parte natural de la vida.

Sin embargo, una forma de ejercer el poder sobre otras personas consiste en infundirles miedo, generarles inseguridad, incertidumbre y a partir de ello, obtener beneficios de ellas, explotarlas, someterlas. Tres formas de hacerlo son las siguientes:

Amenazar e infundir terror- La delincuencia organizada en México avanza cada día en el territorio nacional a través de acosar e infundir miedo a personas de todo nivel: aquellas que reciben pensiones, las que viven de sembrar y producir alimentos, los comerciantes y empresarios medianos y grandes, los comunicadores y especialmente a las autoridades.

Los recientes acontecimientos en varias ciudades de Baja California, en Jalisco,  Guanajuato, Michoacán  y en Ciudad Juárez, donde quemaron autobuses de pasajeros, vehículos particulares y tiendas de conveniencia e incluso, mataron a civiles, de acuerdo a algunos opiniones, parecerían querer enviar un mensaje al gobierno de México para que no acepte, con el de Estados Unidos, convenios de extradición de grandes capos de las mafias del narcotráfico y de la trata de personas o continúe con decomisos de drogas. Según expertos en la materia, de ser ese el caso, de acuerdo a diversas definiciones y al artículo 139 del Código Penal Federal, estaríamos hablando de terrorismo.

Ahora bien, una segunda modalidad como el cobro de piso incluso a vendedores ambulantes, el financiamiento a pequeños productores de alimentos obligándolos a que entreguen sus productos para que sean las bandas que los comercialicen, o el crédito “gota a gota”. Son sólo algunas de las innumerables formas que ha encontrado la delincuencia organizada para obligar a la población a trabajar para ellos. Significan una creciente penetración de las bandas criminales en el corazón de las actividades económicas del país.

Como resultado de este tipo de acciones que se expanden en todo el territorio, las poblaciones están abandonando sus comunidades. Hay un crecimiento notable de población desplazada, cerca de 30,000 personas en 2021 (CMDPDH), fenómeno que hasta hace 15 años era desconocido en México. También se estima que un 40% de los migrantes que llegan a Estados Unidos son mexicanos desplazados por la inseguridad y el miedo. Nuevamente, como dice Tonatiuh Guillén la migración se desbordó.

Se trata de una creciente normalización de la violencia, del nivel de victimización que hemos alcanzado; evidencias de la impotencia, el cansancio, y de la pérdida de esperanza de que la situación cambie.

Pero en México existe una tercera forma de ejercer y conservar el poder infundiendo miedo. Desde hace muchos años, los gobiernos y los partidos políticos utilizan los programas sociales consistentes en entregas de dinero, así como las dádivas en las campañas, para obligar a aquellos que las reciben a ejercer el voto en su favor. Se conoce como “compra y coacción del voto”.  A pesar de todas las reformas a las leyes electorales que hemos tenido en las últimas décadas, esta forma de conculcar la libertad del voto no ha podido frenarse.

En este caso, la población tiene miedo de perder los recursos que recibe de los programas sociales o durante las campañas políticas y está dispuesta a ejercer su voto en favor de aquéllos que le garantizan seguir recibiendo esos beneficios. Es una forma de corromper la democracia representativa pues las personas no eligen con libertad quién las representará.

En el Gobierno de Vicente Fox se intentó llevar a cabo un “blindaje de los programas sociales” como “Oportunidades” obligando a que fueran estos fueran transparentes, se publicaran y difundiera de manera accesible las reglas para acceder a ellos, así como los padrones de beneficiarios.

En la actualidad, con una política social ejercida a partir de programas de entregas de dinero a la población y la carencia total de información de cómo operan y quienes las reciben, las personas y las familias viven con un gran miedo de perderlas.

Una acción más que contribuye a vivir con miedo y aceptar sujetarse al poder de otros.