Archivo de la categoría: Violencias

La persistencia de la NO-respuesta del No-gobierno

Clara Jusidman

6 noviembre 2025

Las pasadas festividades del Día de Muertos marcan un momento de gran hartazgo ciudadano después de una serie de eventos que han venido ocurriendo y respecto de los cuales no hay respuestas nuevas, empáticas, creíbles o mínimamente esperanzadoras de parte del Gobierno Federal.

Ya se agotaron las respuestas de que sean los políticos y funcionarios puestos en evidencia los que respondan; o que si no hay denuncias concretas el gobierno no puede hacer nada o las promesas de que se investigará hasta encontrar a los culpables y se aplicará toda la fuerza de la Ley. 

Tampoco sirve  la amenaza de que si queremos que vuelvan Calderón y García Luna o la salida de que todo mal proviene de los gobiernos anteriores a la 4T, o que son conspiraciones de la derecha o de la oposición y pronto también se adjudicarán a las agencias de Estados Unidos.

Cómo ejemplo de la ausencia de respuestas que vivimos, muchos ciudadanos nos preguntamos si realmente fueron los sobrinos del anterior secretario de Marina los jefes del enorme fraude que representa el llamado “huachicol fiscal”. ¿Ellos tuvieron la capacidad y los recursos políticos, económicos y estratégicos para sustraer cerca de 600 mil millones de pesos de los recursos públicos, o de articular a 500 empresas, o de tener las pipas, vagones y barcos necesarios y conseguir la connivencia de tantos “servidores públicos”?

Esas No-respuestas se suman a la evidente incapacidad del Estado y con frecuencia desinterés, de responder a la crisis que viven los agricultores comerciales de grano o la de los cañeros que se cuestionan si levantarán la cosecha de este año y de los ganaderos que enfrentan el cierre de la frontera con Estados Unidos por la presencia de gusano barrenador debido al descontrol en la entrada de contrabando de azúcar y de ganado.

Tampoco hay respuesta o siquiera muestras de solidaridad para las víctimas de las violencias directas e indirectas como son los miles de jóvenes que han muerto, desparecido o viven esclavizados en campos de concentración operados por los cárteles como el encontrado en Teuchitlán, Jalisco; o como los periodistas, sacerdotes, defensores de la tierra y de derechos humanos, políticos y funcionarios municipales asesinados como el lamentable caso de Carlos Manzo; las madres buscadoras o los niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos o las miles de personas que han fallecido o no reciben atención en materia de salud.

La pregunta de fondo es ¿qué está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum o qué hizo el de López Obrador para atender e impedir los múltiples desastres que agobian a la población en todo el territorio? Es evidente que las transferencias monetarias no dan respuesta a la diversidad de carencias que vive la población nacional.

 Tal vez lo que pasa es que los agricultores y ganaderos que nos alimentan y las víctimas de las violencias no son “pueblo” como tampoco lo son las poblaciones desplazadas, ni los trabajadores irregulares que están siendo maltratados, capturados, recluidos en condiciones infames y deportados por el gobierno de EE. UU.

Las promesas de la presidente Sheinbaum de no impunidad, fortalecimiento del acceso a la justicia y atención a las causas de las violencias no parecen ponerse en práctica, no están dando resultados o son mera retórica.

La precariedad del tejido social urbano y las violencias.

Clara Jusidman

14 agosto 2025

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos, ropa y enseres de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no investigan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y nunca se investiga.

Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes sólo caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de detener lo que estaba ocurriendo o de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que toleremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2024, las 120 mil personas desparecidas no encontradas?

Esta situación refleja una destrucción sostenida de los tejidos sociales: no nos reconocemos como personas dignas, no hay empatía, no confiamos, no acompañamos a las víctimas y hemos normalizado la violencia.

En 2024 25.5 millones de personas vivían en situación de pobreza en zonas urbanas, casi el doble de los 13 millones que vivían en zonas ruarles.

Pensemos en los millones de jóvenes que han crecido en condiciones de gran precariedad en las ciudades, viendo como sus padres se empobrecían ante la falta de empleos que les permitiera mantener a sus familias en condiciones dignas y además siendo testigos de las enormes desigualdades.

El desarrollo de tejido social urbano no ha sido una preocupación de la política urbana: en los años cincuenta se construyeron unidades habitacionales enormes que actualmente experimentan altos niveles de violencia. Muchas colonias surgieron de invasiones que tardaron tiempo en lograr el acceso a servicios urbanos. En este siglo los desarrollos de vivienda se hicieron alejados de los centros urbanos.

El proceso de urbanización se ha llevado a cabo en forma muy desordenada en el país. Existe una segmentación social urbana y una ausencia de espacios de encuentro y convivencia en muchos desarrollos y colonias de bajos ingresos.

La desigualdad, el empobrecimiento de poblaciones urbanas y la ausencia de tejido social urbano, seguramente han contribuido a las violencias que dominan nuestra convivencia.

Deterioro de la capacidad social para la construcción de seres humanos.

Clara Jusidman

31 de julio de 2025

La Silla Rota

Todos los días vivimos o nos enteramos de actos de violencia en nuestro país que muestran un grave nivel de deshumanización y una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y de la integridad de las personas.

Homicidios dolosos, descuartizamientos, torturas, desapariciones, venta y explotación de mujeres, niños y niñas, venta de órganos, esclavitud de adolescentes, desplazamientos, despojos, extorsión y violencia intrafamiliar y escolar son muestras de una crueldad extendida y creciente.

Sin bien es cierto que los gobiernos de la 4T han sido incapaces de brindar seguridad y justicia a la población e incluso, algunos están coludidos con los perpetradores de violencia, el ejercicio del poder en México ha implicado el derecho de matar, esclavizar o explotar a otros y otras a lo largo de varias décadas. Así ejercieron los gobiernos del PRI su poder, así se expresa el machismo mexicano, así se manifiesta el poder militar y el del crimen organizado.

En reportaje de El País se nos informa además que las causas penales contra adolescentes se disparan en México. Crecen más de 40% en dos años y se observa un aumento de la participación de mujeres en la comisión de delitos.

Entre las causas estructurales del aumento de las violencias que estamos viviendo y de la participación de jóvenes como víctimas-victimarios hay dos que quisiera destacar.

Una refiere al gran desperdicio que ha hecho nuestro país del llamado bono demográfico que se define como la etapa de la estructura de la población en que las personas activas (entre 15 y 64 años) superan a las dependientes (menores de 15 y mayores de 65).

Es una etapa en donde el crecimiento económico puede ser más rápido y el ingreso de las familias aumenta al contar con un mayor número de sus miembros que pueden ingresar a los mercados de trabajo. En México ese bono dio inicio en 1978 y terminará en 2030.

Lamentablemente ha sido un periodo en donde la inversión estatal en servicios sociales como educación y salud ha sido muy baja e incluso disminuye. Asimismo, la política de contención salarial emprendida particularmente desde 1982 ha impedido que las familias participen con mayor disponibilidad de tiempo en el cuidado de niños, niñas y adolescentes al tener que destinar más tiempo a la obtención de ingresos. Como resultado los aportes del Estado y de las familias en los cuidados de las personas se han reducido y su calidad ha disminuido.

A esto se agrega que llevamos al menos 25 años con altos niveles de homicidios y desapariciones. El número de niñas, niños y jóvenes que han sido violentados, privados de sus padres, maltratados, esclavizados, explotados o abandonados es un componente creciente de las víctimas que deben estar profundamente resentidas con una sociedad y un Estado que las ha abandonado, no las reconoce y las invisibiliza.

Es decir, desde hace varias décadas hemos venido empobreciendo la capacidad social para la construcción de seres humanos que valoren su propia vida y la de otros, desarrollen habilidades para relacionarse y dialogar con los demás, respeten reglas de convivencia y aprendan formas pacíficas de resolución de conflictos.

La seguridad pública que importa

Clara Jusidman

24 abril 2025

La Silla Rota

¿Es realmente el principal objetivo de la estrategia de seguridad pública reducir la producción y distribución de fentanilo para los consumidores de Estados Unidos y detener a las poblaciones migrantes para que no crucen la frontera? ¿Para eso usamos a la guardia nacional, a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia?

La delincuencia en nuestro país es cada vez más compleja, afecta de diferente manera a la población nacional. Requiere de capacidades distintas de los gobiernos para enfrentarla.

La producción y distribución de drogas viene ocurriendo desde hace varias décadas y se ha expandido hasta volverse una empresa criminal global. Se beneficia de la cercanía del principal mercado de drogas y armas que es Estados Unidos, abastece a poblaciones de altos ingresos, pero también a numerosas personas que viven en los márgenes de las sociedades afluentes.

Sus elevadas ganancias y su utilidad para manipular a poblaciones suburbanas y a soldados en guerras absurdas, conlleva colusión y corrupción con gobiernos, políticos, entidades financieras y empresas nacionales y extranjeras.

La delincuencia denominada “común” realizada por individuos o pequeñas bandas afecta en cambio directamente a la población local especialmente a la urbana de ingresos medios y bajos, mediante asaltos en la calle y en el trasporte público, robo a comercios y a casas habitación, entre otros. Se denuncia poco ante la inoperancia y la desconfianza en las fiscalías.

La superioridad racial, religiosa o ideológica y las violencias

La superioridad racial, religiosa o ideológica y las violencias

Clara Jusidman

30 de enero 2025

La Silla Rota

La historia de la humanidad ha estado dominada por violencias, guerras y masacres promovidas por ortodoxias religiosas, ideológicas y culturales o por una supuesta superioridad racial. Han sido usadas para la expansión territorial y el despojo de riquezas de diverso tipo.

Las violencias conllevan la elección de grupos de población como chivos expiatorios o calificados como de inferioridad racial por aquellos que buscan el poder y el control.

La expansión colonial de la Europa blanca en América, África, el Medio Oriente y  Asia significó la destrucción y muerte de pobladores originarios como fueron los grupos indígenas en el norte de América, así como en Argentina, Chile y Paraguay; el sometimiento de los pueblos mesoamericanos y el inhumano comercio de personas desde el continente africano en calidad de fuerza de trabajo esclava para la explotación de tierras y minerales.

Significó asimismo, la división de los continentes en estados nación de acuerdo a los intereses del colonialismo europeo en forma tal que les permitiera seguir controlando los territorios conquistados. Este es el origen de la confrontación entre israelíes y palestinos. El imperio inglés definió de acuerdo a sus intereses, la división del Medio Oriente en estados nación y intercambió un trozo de ese territorio para asentamientos judíos por recursos para seguir financiando sus guerras.

Desde que el pueblo judío fue culpado de la muerte de Cristo ha sido uno de los chivos expiatorios preferidos de la Europa cristiana. Fué maltratado en Inglaterra y Francia, recluido en guetos y acusado de provocar las pestes en la Edad Media. 

Los Reyes Católicos decretaron su expulsión de España,  después de hacerlo con los moros. Utilizaron sus bienes para seguir financiando sus guerras de conquista y crearon el Tribunal de la Santa Inquisición, que por trescientos años los persiguió y condenó a morir en la hoguera en todas sus colonias, incluyendo a México. Portugal se sumó a ese maltrato.

En la Europa zarista fueron objeto de pogromos, incluso hasta el siglo XX. Stalin los persiguió, los condenó a muerte, los recluyó en Siberia y en los gulags. 

La gran masacre de los judíos, principalmente de Europa del Este, de 6 millones de personas, ocurrió bajo el nacionalsocialismo alemán encabezado por un enfermo mental como fue Adolfo Hitler. Esa masacre incluyó a gitanos, curas católicos, comunistas, personas homosexuales, prostitutas, rusos y polacos. Todos considerados como razas o grupos inferiores o amenazantes para la raza superior germana.

La historia continúa con religiones, razas e ideologías que se consideran superiores, que exterminan a quienes se atreven a reclamar sus territorios como los armenios y los kurdos frente a Turquía; a defender su religión y su cultura como los musulmanes frente a los hindúes  o los yugures en China.

Dos reflexiones finales. Después de cientos de años de persecución y muerte del pueblo judío en su diáspora ¿no es explicable el movimiento sionista que procuró un territorio en donde pudieran vivir sin ser perseguidos?

Ante el imperialismo trumpista ¿no serán los migrantes de América Latina un chivo expiatorio del suprematismo blanco?

La violencia como la basura, la producimos todos y todas

La pandemia y el consecuente encerramiento, la inseguridad y la violencia prevalecientes, la polarización política y el aumento del tiempo utilizado en las redes sociales están afectando nuestras relaciones de convivencia, destruyendo tejido social, generando soledad y abonando a más violencia.

Ya no nos reconocemos en los otros, ni nos interesamos por el bien de los demás. Estamos ensimismados, muchos buscando un sentido de vida, otros el éxito y el reconocimiento personal, otros más esperanzados en que el gobierno les resuelva la vida, o aquellos que viven en sus espacios de alabanzas mutuas.

Las semanas recientes fuimos testigos de más actos de violencia. El problema es que ya nos son sólo los actos resultantes del crimen organizado y del nivel de crueldad que ejerce al destruir vidas, cancelar libertades y someter a nuevas esclavitudes.

Cada vez es más evidente que nos hemos convertido en una sociedad violenta, que nuestras relaciones cotidianas son violentas, así el joven que maltrata al vigilante o al mesero, aquellos que hacen caer a una persona mayor en la calle y la patean, los automovilistas que agreden a los ciclistas o los motociclistas que ponen en peligro sus vidas y las de otros o los niños y niñas que se relacionan a golpes con sus compañeros.

Lamentablemente los más frecuente son las prácticas de violencias de todo tipo en los hogares, incluso asesinando a las parejas. Quienes la ejercen ponen el ejemplo de la violencia como forma de ejercer el poder o resolver conflictos a las generaciones jóvenes. Convierten el ser violento como un patrón para ser reconocido y poderoso.

Los actos disruptivos ejercidos por militantes de un partido político en el Congreso de Nuevo León el 29  de noviembre en desacato a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial son un claro ejemplo del nivel de violencia e impunidad que hemos alcanzado.

La creciente ausencia del Estado Mexicano en el uso legítimo de la fuerza para facilitar una convivencia con claros límites a la trasgresión de las normas que determinan nuestro pacto social y la polarización alentada desde el poder político están llevándonos por un camino de confrontación que puede estallar en el próximo proceso electoral.

Muchos nos preguntamos ¿qué podemos hacer personalmente para detener la espiral de violencia en que vivimos? Lo primero es hacer conciencia de nuestras propias prácticas de violencia  como maltratar a nuestros hijos, no saludar y reconocer la presencia de otras personas en los espacios públicos, sumergirnos y aislarnos en nuestros teléfonos celulares, no pagar dignamente  los trabajos que otros realizan para nosotros, utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para insultar, burlarse, difundir mentiras y agresiones o no respetar las reglas de tránsito y ser corteses con otros usuarios de las calles.

La violencia, como la basura, la producimos todos y todas. Para detener la espiral de violencia hagamos conciencia de nuestras propias conductas violentas y procedamos a cambiarlas.

Índice de Paz México 2023

El pasado martes el Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer la décima edición del Índice de Paz México, un esfuerzo que permite seguir las tendencias de las violencias y de la paz en nuestro país, tanto a nivel nacional como por estados.

De la valiosa información sistematizada en el documento sólo destacaré algunos datos sobre las tendencias entre 2015 y 2022.

En ese periodo la paz en México se ha deteriorado en 14.8 %, aunque ha mejorado 3.6% en los últimos tres años. Es decir, estamos muy lejos de alcanzar siquiera los ya de por sí bajos niveles de paz que teníamos en 2015.

La tasa nacional de homicidios aumentó en 63% de 15.1 a 24.5 muertes por cada 100,000 habitantes y la de delincuencia organizada en 64.2 % desde 2015, impulsada por un aumento del 149% de la tasa de delitos de narcomenudeo.

En la última década, México se ha convertido en un lugar altamente peligroso para los activistas sociales en defensa de los derechos humanos y ambientales. Ocupa el segundo lugar más mortífero en el mundo para periodistas. En 2022 un total de 403 policías fueron asesinados. Agregaría que un número creciente de sacerdotes son asesinados, 33 en la última década. El más reciente, el de Javier García Villafaña, cometido el lunes en Michoacán. 

Desde mi óptica el tráfico de estupefacientes ha sido la actividad principal del crimen organizado en nuestro país. Lamentablemente, cambios importantes en la composición de la demanda de drogas en Estados Unidos producen mucha inestabilidad en las ganancias que recibe la delincuencia organizada. De un elevado consumo de mariguana, cambió a una mayor demanda de cocaína y a opiáceos sintéticos como el fentanilo, en los últimos años. Las drogas de diseño complejizan las posibilidades de participación en su producción y comercialización.

La política prohibicionista impuesta por el gobierno de Estados Unidos, conlleva la ilegalidad y a que las disputas entre grupos delincuenciales se diriman, con violencia. 

Al ver reducidas sus ganancias, situados en la ilegalidad, con elevados niveles de impunidad y con una política de seguridad laxa, penetran y controlan crecientemente actividades económicas legales. Someten y extraen ingresos de productores y comerciantes por la vía de la extorsión, cobro de piso, control de proveedores y de las ventas.

Asimismo, expanden su actividad a otros delitos como la trata de personas, los desalojos para tomar tierras, bosques y fuentes de agua o la extracción ilícita de combustibles, minerales y especies animales, entre otros.

Es así como la población ha llegado a estar sometida, explotada y abusada por los carteles y las bandas del crimen organizado. Sus actividades, además, están coludidas y protegidas por políticos, empresarios y militares que, con ello, acrecientan su riqueza y su poder.

En razón de esta gravísima situación, varias organizaciones de la sociedad civil han colocado como prioridad en sus agendas, la consecución de paz y la reducción de las violencias.

Requisitos mínimos para una política de prevención social de las violencias y del delito

Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia:

hacia una política de Estado centrada en los Derechos Humanos.

 

 

 

Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la invitación para participar en esta segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

Se nos ha pedido comentar sobre la importancia de las políticas de prevención social y comunitaria para promover y proteger derechos relacionados con la seguridad ciudadana, sobre las características de esas políticas, o sobre casos de éxito o lecciones aprendidas en la aplicación de políticas de prevención social y comunitaria.

Después de haber realizado un esfuerzo importante desde INCIDE Social A.C. durante al menos 20 años, para que gobiernos de los tres órdenes comprendieran y adoptaran políticas gubernamentales para la prevención social de las violencias, aprovecharía esta oportunidad para hacer una reflexión sobre las lecciones aprendidas frente a un intento fracasado para lograr ese propósito.

Una aclaración que me parece necesario formular consiste establecer una diferencia entre una política o un programa de prevención social y comunitaria de las violencias diseñado y operado por el Estado que puede contar o no con apoyo de actores no estatales, respecto de un programa de prevención social y comunitaria donde quienes operan son los actores no estatales o las organizaciones comunitarias y civiles y el Estado financia sus proyectos. Es decir, considero que hay una gran diferencia entre una política gubernamental o pública diseñada y ejecutada por el Estado, respecto de modelos o experiencias de intervención concretas de actores no estatales. La primera tiene escala en todo el territorio nacional o en territorios seleccionados y las segundas sólo pueden reproducirse en la medida en que el actor no estatal o la organización civil cuente con los medios, los recursos humanos y de dirección necesarios y sostenibles en el tiempo.

El trabajo de INCIDE Social A.C. ha estado orientado a tratar de incidir en el desarrollo de políticas públicas para la prevención social de las violencias.

Como antecedente mencionaré muy brevemente algunas de las acciones que emprendimos en primer lugar desde el Gobierno del Distrito Federal entre 1998 al 2000, las que llevamos a cabo en segundo lugar, en apoyo a la construcción de una política de prevención social en Ciudad Juárez entre 2003 al 2010, en tercer lugar los trabajos para sustentar mediante investigaciones diagnósticas, programas de prevención en cuatro áreas metropolitanas y varios municipios y finalmente, en cuarto lugar, la formulación de un manual para evaluar proyectos de desarrollo inmobiliario con criterios de seguridad ciudadana.

En el Gobierno de la ahora Ciudad de México desarrollamos un programa denominado Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) que consistió en recuperar cerca de trescientos espacios públicos entre centros de desarrollo social, casas de cultura y centros deportivos con el propósito de ofrecer a la diversidad de vecinos de las comunidades circundantes actividades y talleres en tres vertientes principales: salud mental comunitaria, arte y cultura y deporte y recreación. Los objetivos para seleccionar y desarrollar las actividades y talleres consistían en: a) permitir un uso constructivo del tiempo libre particularmente de la infancia y las juventudes, dada la cortedad de los horarios escolares y las actividades de trabajo de los padres; b) construir ciudadanía mediante actividades concretas que permitieran desarrollar valores de respeto, convivencia, solidaridad, confianza, aprendizaje de límites y aceptación de reglas; c) construir comunidad y tejido social mediante la convivencia, el desarrollo de proyectos colaborativos y de redes de protección en la comunidad circundante y d) detectar con oportunidad condiciones personales de salud mental que de no ser atendidas en sus expresiones primarias podían poner en peligro la vida o integridad  de la persona  o de otros.

El SECOI se puso en práctica después de un proceso de negociación con las autoridades de las Delegaciones quienes tenían el control de los espacios públicos mencionados. Estos fueron actualizados y equipados con ludotecas, talleres de estimulación temprana, libroclubs, talleres de ciencias y de artes, entre otros; se capacitaron 1500 promotores en 17 modelos de intervención, además de 1500 educadoras para la salud: También se concertaron actividades con algunos actores no estatales que cumplían con el diseño del programa como los del Teatro del Pueblo.

SECOI tuvo una vida de año y medio. Al entrar en 2000 el nuevo gobierno de la Ciudad se canceló. No se le dio el tiempo suficiente de vida como para probar sus bondades o sus fallas.

En 2003, ya como una organización civil que pretende hacer incidencia en políticas públicas, iniciamos en Ciudad Juárez un ciclo de investigaciones diagnósticas para tratar de conocer las causas de las violencias, particularmente agudas en determinadas ciudades y municipios. El propósito era poner en evidencia la necesidad de programas de prevención social de las violencias para enfrenten con anticipación la evolución de los procesos que conducen a éstas.

La contribución que pretendió hacer INCIDE Social en esa etapa fue la de elevar el interés público y político por la adopción de medidas de prevención social y no sólo de seguridad pública policial o militar. Algún efecto tuvimos en la  inclusión de una política y de programas de prevención social a finales del gobierno de Felipe Calderón y posiblemente incluso con el propósito inicial, posteriormente cancelado, del Gobierno actual, de poner en práctica un Programa de Prevención Social de las Violencias.

También desarrollamos un manual que permite verificar si los proyectos de desarrollo inmobiliario tienen previsiones para elevar la seguridad de sus ocupantes o usuarios. Ello en razón de que encontramos en las investigaciones diagnósticas que una causa que contribuye a las violencias es el crecimiento y la caótica urbanización que hemos experimentado particularmente en los últimos 25 años, a partir de que se modificó el artículo 27 constitucional y se liberó el mercado de tierras.

¿Qué lecciones aprendimos después de poco más de 15 años de buscar colocar la prevención social de las violencias en la mira de las políticas públicas de seguridad ciudadana?

  1. Persiste una falta de acuerdo sobre qué debería entenderse por programas de prevención social de las violencias, además de una desafortunada competencia entre los funcionarios responsables de promoverla y en su caso, ejecutarla. A esto contribuimos también las propias organizaciones civiles al competir por los recursos destinados a proyectos de las organizaciones.
  2. La equívoca decisión de considerar que la prevención social de las violencias es parte de la seguridad pública y por tanto debe estar a cargo de las agencias de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Estas no la entienden y no saben cómo llevarla a cabo. Desde mi óptica se requiere articular intervenciones de las secretarías sociales como salud, educación, desarrollo urbano y vivienda e incluso de desarrollo económico. Es un error que la Subsecretaría encargada de la prevención social de las violencias sea parte de la Secretaría de Gobernación y que sean las áreas de seguridad de los municipios y de los estados las que manejen los programas y los recursos de prevención social.
  3. Hay una dependencia total de acciones y proyectos realizados por organizaciones civiles y comunitarias sin que exista una estructura propia de los gobiernos municipales, estatales y federal. Se hace lo que se llama acupuntura social sin que esta tenga efecto en todo el cuerpo social, ni alcance la escala de una política pública. La simulación y la discrecionalidad, en un ambiente de corrupción e impunidad, conlleva a un enorme desvío de los recursos destinados a la prevención social.
  4. La suposición de que con intervenciones de prevención terciaria o de mitigación,el grave problema de violencia y la crisis humanitaria que vive el país se van a revertir o dejarán de crecer. Las acciones se concentran en territorios afectados por las violencias o en grupos como son: las víctimas, las personas con adicciones, las pandillas juveniles, la población en reclusorios.
  5. La enorme dificultad para mantener el tiempo necesario los programas y acciones de prevención social de las violencias para empezar a dar resultados en el desarrollo de resiliencia personal y comunitaria, en la recuperación del tejido social y de la confianza, en la creación de una cultura de paz y el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, en la construcción de autoconfianza y el desarrollo de proyectos de vida entre los y las jóvenes, por ejemplo.
  6. Los constantes cambios de gobierno, la destrucción de programas iniciados por gobiernos previos, la ausencia de presupuestos multianuales y la exigencia de cumplir con metas e indicadores programáticos ajenos a las complejas realidades en las que actúan los programas de prevención, anulan toda la posibilidad de permanecer el suficiente tiempo para dar resultados. Esto genera la sensación entre muchos funcionarios de que estos programas son una pérdida de dinero y tiempo pues los resultados no se reflejan en los índices de criminalidad.
  7. Personalmente la principal lección aprendida es que la destrucción del Estado mexicano, la pérdida de estatalidad, que ya lleva por lo menos 35 años, impide o al menos dificulta, el diseño y puesta en práctica de una política pública de prevención social que efectivamente sea llevada a cabo con presupuesto y con personal de gobierno y con la escala social suficiente para atender a la población en general (prevención primaria), así como a las comunidades y a la población que están en riesgo (prevención secundaria) y a la que ya está siendo afectada por las violencias (prevención terciaria)

Por lo anterior, para diseñar y poner en práctica una política de prevención social y comunitaria de las violencias sería necesario:

  1. Que las agencias que participen se pongan de acuerdo en qué se entenderá por prevención social de las violencias y que clarifiquen cuáles serán sus contribuciones y compromisos.
  2. Que la coordinación del programa se ubique en una Secretaría de Desarrollo Social renovada que amplié sus miras y salga de ser una secretaría antipobreza.
  3. Que se defina un programa a por lo menos 20 años cuyo cumplimiento sea obligatorio para todas las agencias estatales que participen y para el cual se prevean mecanismos de ajuste y actualización frente a los cambios que ocurran.
  4. Que este programa y los que de él deriven al nivel de territorios, sean protegidos por ley de modo que al cambio de gobiernos estos se vean obligados a mantener los programas, excepto que demuestren que es necesario hacer cambios.
  5. Que se garantice la disponibilidad de recursos en el tiempo para las acciones clave del Programa: formación y contratación de promotores, desarrollo y adecuación de modelos de intervención, participación y contraloría ciudadana, entre otros.
  6. Que se pongan en práctica metodologías de evaluación de resultados pertinentes a la naturaleza de un programa de prevención con resultados a largo plazo y que se apliquen de manera que puedan aportar para la corrección de rumbos y la superación de errores.
  7. Que el programa sea diseñado y ejecutado por administradores públicos con conocimiento en la materia y se eliminen los tramos de discrecionalidad que facilitan la corrupción.

Finalmente, estoy personalmente convencida de la importancia de una articulación positiva entre los programas de prevención social y comunitaria de las violencias con los programas de seguridad pública. Los primeros no sustituyen a los segundos. Incluso habrá territorios donde no se podrán realizar acciones de prevención si no existe un programa de seguridad pública que proteja y de cobertura a las acciones de prevención.

Familias y Violencia. Comentario a la ponencia de la Dra. Gina Zabludovsky*

Lo que nos plantea Gina Zabludovsky en su presentación, es que la cultura del trabajo, del trabajo por pago, sigue siendo una cultura fundada en una concepción en que existe un ganador de pan, una persona remunerada en cada familia y que las mujeres se dedican esencialmente a la reproducción de la fuerza de trabajo.

Es este modelo androcéntrico en términos de la cultura de trabajo, donde se espera que el hombre sea el que obtenga el dinero y que por ello esté disponible para el trabajo remunerado a tiempo completo. De ahí deriva la enorme dificultad de las mujeres para poder entrar a este mundo regido por una serie de jerarquías, horarios, estructuras basadas en la disponibilidad total, en tanto que ellas tienen que realizar otras tareas de cuidado y reproducción. La distribución entre sexos de las tareas domésticas y de obtención de ingresos siguen siendo muy inequitativa.

Cuando la mujer entra a realizar estudios superiores no se libera de reproducir los roles para los cuales fue socializada a nivel de las familias; entra a estudios en los campos de la educación, los cuidados en salud, la atención de otros y eso hace que también al insertarse en las empresas, las ocupaciones en donde lo hacen más mujeres sean generalmente aquellas que son una extensión de su función en el hogar. Lo que me parece interesante del planteamiento de Gina es que, aún a niveles directivos, en el desempeño al interior del trabajo, cuando llegan a ocupar posiciones de dirección, reproducen nuevamente tareas que se relacionan mucho con su construcción social y cultural como mujeres.

Uno de los temas incluido en las demandas actuales del movimiento feminista, es la conciliación o armonización entre el trabajo y la vida familiar. Es uno de los temas donde se está dando una lucha en dos vertientes: una por el lado del “parental leave” o permiso parental en el que se ha estado avanzando con cierta rapidez al incluirse en la legislación de varios estados, y por otra parte se plantea la necesidad de crear sistemas de cuidado que puedan ayudar y suplir algunas de las tareas en la atención, desarrollo y protección de los seres humanos, que lamentablemente, por varias causas que comentaré después, han sido desatendidas. Se observa una disminución de los tiempos que los miembros adultos de las familias destinan al cuidado de las nuevas generaciones. Ese es el tema que desde INCIDE Social, nos ha preocupado, porque consideramos que es una de las causas de las múltiples violencias que estamos experimentando.

En INCIDE Social estudiamos a las familias desde hace 20 años y nos ha preocupado más lo que ocurre con éstas en los últimos años por la guerra en la que estamos y por la crisis humanitaria que vivimos. En esta guerra terrible nos preguntamos qué ha pasado con las familias en su rol de reproducción de seres humanos, en su papel como espacio fundamental para la socialización de la infancia y lo que hemos encontrado es que las familias son una construcción social y cultural que ha estado cambiando permanentemente, por factores económicos, sociales, demográficos, culturales e incluso políticos; que observamos ya la presencia de una serie de estructuras familiares que no nos hubiéramos imaginado anteriormente. Hay por ejemplo algo que llaman las familias “dona”, que son aquéllas en la que están solo los abuelos con los nietos debido a que la generación intermedia, padre y madre, migraron o fueron desplazados o asesinados. Hay familias donde sólo viven hermanos y hermanas, sin adultos. Observamos un cambio muy importante en las estructuras familiares y uno de ellos es que el 25% de las familias están encabezadas por mujeres.

Como economista, algo que me interesa es estudiar a la unidad familiar como unidad generadora de ingresos y como unidad de gasto, y lo que hemos visto es que las fuentes principales de ingreso de las familias, que es casi el casi el 70% se obtiene de trabajo asalariado y el 11% de trabajo independiente. Estas fuentes de ingreso familiar han sido muy dañadas por la política económica adoptada por nuestro país por cerca de 40 años. Los niveles de ingreso familiar tienen mucho que ver con la fijación del salario mínimo en este país, misma que ha permitido que ese salario vaya cayendo espectacularmente. Actualmente se requiere de cuatro personas pagadas con un salario mínimo para ganar lo que una sola obtenía en 1976 o sea, si uno ve las gráficas de salario mínimo es para ponerse a llorar, estamos con un salario mínimo por debajo incluso de los países más pobres de AL, debido a que la estrategia de contención salarial es la base de la ventaja comparativa que ofrece México en la economía globalizada, es decir, mano de obra barata.

Y esto ha tenido un efecto perverso en las familias, que han debido usar a todos sus miembros adultos y aveces hasta a los niños para poder obtener ingresos en una economía de mercado.

Ya estamos hablando de cerca del 80% de la población de México que vive en zonas urbanas, que para poder cubrir sus necesidades tienen que salir obligadamente a obtener el ingreso fuera de su hogar y esto ha provocado una desatención de las tareas de cuidado particularmente de niños y adolecentes.

Lo que encontramos es que muchos niños y adolecentes de este país, y particularmente en las zonas de maquila, que son las ciudades más violentas en el norte del país, Tijuana, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, los niños, estos llamados peyorativamente “ninis” (lo que me parece un error que se les llame así), se encuentran solos, viven mucho tiempo solos, porque sus padres trabajan en la maquila en horas cambiantes e inciertos. Lo que planteamos es que este país como constructor de seres humanos ha fallado y ello tiene mucho que ver con los niveles de violencia que vivimos.

Por el lado del consumo, las familias de menores ingresos ocupan el 50% de su ingreso en alimentos, 11% en transporte y otro 11% en energía y combustibles y esos tres ámbitos del consumo han experimentado incrementos de precios espectaculares, porque hemos generado una dependencia alimentaria del exterior, así como de los combustibles. Entonces cuando hay problemas internacionales como los que hubo en el 2007 y 2008, con un incremento notable de los precios de los alimentos, las familias sufrieron mucho y se empobrecieron debido a esa dependencia.

Así, tanto por el lado del ingreso como por el lado del consumo las familias de menores ingresos se están viendo muy agobiadas. Un mecanismo de compensación también usado por las familias ha sido el mandar trabajadores al exterior que les permite la obtención de remesas, así como los programas de transferencia monetaria de ingreso. En la actualidad el 10% de población en el extremo de la pobreza deriva el 37% de sus ingresos de transferencias monetarias. En este momento el programa más grande de transferencias monetarias alcanza a más de 6 millones de familias.

En un contexto de este tipo uno se pregunta cómo no vamos a tener un país violento, si hemos construido niños abandonados, solos. Las escuelas ya no ejercen una función de socialización adecuada, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, los maestros cada vez se separan más de los niños, les tienen miedo y ya no ejercen una función de contención y acompañamiento.

Lo que hemos destruido debido a diversos factores son las capacidades de contención de los grupos familiares, de las escuelas y de las comunidades. Hemos fomentado en cambio el individualismo y la competencia.

El tema es cómo podemos desarrollar políticas de familia que permitan recuperar, no sé si se puedan recuperar, esas capacidades de contención y de fijación de límites y reglas que tenían las familias.

Desde esa óptica, vemos el surgimiento de grupos de víctimas consecuencia de la guerra en México: 310 mil personas desplazadas en el país, miles de viudas, huérfanos, personas discapacitadas por armas de fuego y adicciones. En 15 años ha habido 330 mil homicidios dolosos, en una mayor proporción hombres, lo que implica quitarle a las familias a uno de sus miembros para la obtención de ingresos. Las familias están también afectadas por desapariciones de sus integrantes que se calculan en cerca de 34 mil, así como por los desplazamientos, por los que están perdiendo sus patrimonios, se han tenido que salir de las zonas donde no solo está el crimen organizado sino incluso empresas mineras que están en colusión con el crimen organizado y acaban expulsando a las familias de sus comunidades. La delincuencia está despojando a personas de sus tierras y de su patrimonio en varios estados de México.

En conclusión, desde mi punto de vista,hay una presión externa muy fuerte sobre las realidades y las tareas que tendrían que cumplir las familias como constructoras de seres humanos dignos, particularmente las familias de más bajos ingresos en el país.

 

*International Conference: Inequalities and families: an interdisciplinary perspective 29-30 November & 1 December 2017 Mexico City Committee on Family Research, RC06, International Sociological Association & National Autonomous University of Mexico.