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Destrucción de capacidades institucionales, avance de empresas criminales

Ciudadanía, Democracia, Desigualdad, Economía del cuidado, Familias, Pobreza, Política Social, Temas varios, ,

Clara Jusidman

9 septiembre 2025

La Silla Rota

Hay actividades empresariales, sociales y ahora también criminales, que perduran a lo largo del tiempo frente a capacidades del Estado que se destruyen, se anquilosan o no se desarrollan.

Las primeras responden a intereses privados, derivan de grupos de poder relativamente pequeños, tienen una gran capacidad de incorporación de nuevas tecnologías y de adaptación a cambios  en el entorno.

Las instituciones del Estado, por el contrario, tardan en concebirse, en ser aprobadas, en contar con presupuestos para desarrollarse o en su caso, adecuarse a los cambios. Asimismo, participan múltiples actores en su diseño, desarrollo y operación (la ciudadanía, los distintos niveles de gobierno y los congresos). Tienen muy poca flexibilidad para responder a situaciones imprevistas. Resultan fácilmente susceptibles de ser eliminadas como hemos experimentado en los últimos siete años.

Y lo más importante, su funcionamiento puede ser afectado por corrupción en favor de intereses privados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en particular se dedicó a destruir capacidades de gobierno cuya eliminación ha resultado en el resurgimiento de problemáticas que habíamos logrado superar.

La historia reciente está llena de resultados negativos por la destrucción institucional promovida por la 4T.

Los casos de huachicol fiscal son particularmente emblemáticos. Provocan el desvío de recursos públicos para ser capturados por intereses privados y criminales. El robo al erario por el huachicol de gasolinas y diésel se estima en 544 mil millones de pesos.

La falta de control sanitario de los productos que ingresan a nuestro país como es el ganado vacuno de Centroamérica, ha derivado en la presencia nuevamente en el territorio nacional del gusano barrenador lo que ha provocado el cierre de la frontera de EE. UU. para las exportaciones de ganado mexicano. Los productores agrícolas enfrentan una grave crisis ya por tres años y la dependencia de importaciones de granos va en aumento.

Otros ejemplos son el desabasto de medicamentos y de insumos para la salud, la caída notable en los niveles de vacunación de la población infantil cuando llegamos a tener coberturas cercanas al 100%. Ahora vemos un número creciente de casos de sarampión, tos ferina y tuberculosis.

Además de la desaparición o la recentralización de funciones de gobierno el mayor daño fue el despido entre 2019 y 2021 de los servidores públicos que mantenían la operación de las instituciones como los directores de área, los subdirectores y los jefes de departamento. Se sustituyeron capacidades por lealtades personales o de partido.

Esta brutal destrucción de capacidades para gobernar por soberbia e ignorancia ha creado, además, un campo propicio para la proliferación de empresas criminales. Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad, menciona el caso de la explotación de especies marinas para los mercados asiáticos y señala su preocupación por la rapidez con las que el crimen organizado está entrando a otros mercados ilícitos.

El vaciamiento de capacidades para gobernar, la enorme corrupción y la centralización de los poderes del Estado bajo el control presidencial han creado un terreno propicio para la proliferación de negocios ilícitos donde participan delincuentes, pero también políticos, funcionarios y empresarios.

La persistencia de la NO-respuesta del No-gobierno

Ciudadanía, Democracia, Desigualdad, Estado de derecho, Justicia, Violencias, , , ,

Clara Jusidman

6 noviembre 2025

Las pasadas festividades del Día de Muertos marcan un momento de gran hartazgo ciudadano después de una serie de eventos que han venido ocurriendo y respecto de los cuales no hay respuestas nuevas, empáticas, creíbles o mínimamente esperanzadoras de parte del Gobierno Federal.

Ya se agotaron las respuestas de que sean los políticos y funcionarios puestos en evidencia los que respondan; o que si no hay denuncias concretas el gobierno no puede hacer nada o las promesas de que se investigará hasta encontrar a los culpables y se aplicará toda la fuerza de la Ley. 

Tampoco sirve  la amenaza de que si queremos que vuelvan Calderón y García Luna o la salida de que todo mal proviene de los gobiernos anteriores a la 4T, o que son conspiraciones de la derecha o de la oposición y pronto también se adjudicarán a las agencias de Estados Unidos.

Cómo ejemplo de la ausencia de respuestas que vivimos, muchos ciudadanos nos preguntamos si realmente fueron los sobrinos del anterior secretario de Marina los jefes del enorme fraude que representa el llamado “huachicol fiscal”. ¿Ellos tuvieron la capacidad y los recursos políticos, económicos y estratégicos para sustraer cerca de 600 mil millones de pesos de los recursos públicos, o de articular a 500 empresas, o de tener las pipas, vagones y barcos necesarios y conseguir la connivencia de tantos “servidores públicos”?

Esas No-respuestas se suman a la evidente incapacidad del Estado y con frecuencia desinterés, de responder a la crisis que viven los agricultores comerciales de grano o la de los cañeros que se cuestionan si levantarán la cosecha de este año y de los ganaderos que enfrentan el cierre de la frontera con Estados Unidos por la presencia de gusano barrenador debido al descontrol en la entrada de contrabando de azúcar y de ganado.

Tampoco hay respuesta o siquiera muestras de solidaridad para las víctimas de las violencias directas e indirectas como son los miles de jóvenes que han muerto, desparecido o viven esclavizados en campos de concentración operados por los cárteles como el encontrado en Teuchitlán, Jalisco; o como los periodistas, sacerdotes, defensores de la tierra y de derechos humanos, políticos y funcionarios municipales asesinados como el lamentable caso de Carlos Manzo; las madres buscadoras o los niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos o las miles de personas que han fallecido o no reciben atención en materia de salud.

La pregunta de fondo es ¿qué está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum o qué hizo el de López Obrador para atender e impedir los múltiples desastres que agobian a la población en todo el territorio? Es evidente que las transferencias monetarias no dan respuesta a la diversidad de carencias que vive la población nacional.

 Tal vez lo que pasa es que los agricultores y ganaderos que nos alimentan y las víctimas de las violencias no son “pueblo” como tampoco lo son las poblaciones desplazadas, ni los trabajadores irregulares que están siendo maltratados, capturados, recluidos en condiciones infames y deportados por el gobierno de EE. UU.

Las promesas de la presidente Sheinbaum de no impunidad, fortalecimiento del acceso a la justicia y atención a las causas de las violencias no parecen ponerse en práctica, no están dando resultados o son mera retórica.

Salarios mínimos, democracia y reforma del Estado

Bienestar, Demografía, Economía del cuidado, Electoral, Familias, Pobreza, Temas varios,

Clara Jusidman

11 septiembre 2025

La Silla Rota

Dos grandes fallas cometimos en la transición democrática mexicana: no haber realizado una profunda reforma del Estado y no haber subido los salarios mínimos que para el año 2000 tenían la mitad del valor que alcanzaron en 1976.

Los únicos que comprendieron que al caer el gobierno del PRI debería llevarse a cabo una profunda reforma del estado fue un grupo de personas coordinadas por Porfirio Muñoz Ledo, que se abocaron a concebirla. Para el efecto, establecieron varias mesas de trabajo algunas de las cuales debieron continuar una vez que se hiciera el cambio de gobierno.

Lamentablemente el nuevo gobierno no llevó a cabo los cambios propuestos a la estructura y organización del Estado, ni mantuvo los trabajos que aún faltaban para terminar su diseño. La transición terminó así convirtiéndose sólo en el ascenso de otro partido al poder.

Lamentablemente varios de las modificaciones que se fueron implementado entre los años 2000 y el 2018 para evitar la concentración y el manejo discrecional del poder han sido revertidos por los gobiernos de la 4T. Incluso han avanzado en una profunda contrarreforma como ha sido la desaseada elección de los integrantes de los poderes judiciales. Retornamos al siglo XX.

Por cuanto a los salarios las experiencias de Chile y Brasil muestran la importancia de haber iniciado la recuperación de los salarios mínimos después de la caída que experimentaron durante las dictaduras militares. (1964-1985 en Brasil y 1973-1990 en Chile).  

En Brasil con el gobierno de José Sarney 1985-1990 se estableció el compromiso de recomponer los salarios, pero fue en el gobierno de José Enrique Cardoso a partir de 1990 cuando se realizaron aumentos reales más sistemáticos. Conel gobierno de Lula se inició una política de ajuste más real al vincularlos al aumento del PIB y la inflación.

Patricio Awlyn, el presidente de la Concertación en Chile de 1990 a 1994, adoptó una política explícita de recuperación gradual del salario mínimo en diálogo con empresarios y sindicatos que se mantuvo en los siguientes gobiernos.

En México, Carlos Abascal, Secretario del trabajo de Vicente Fox, promovió en 2001 la creación de una Comisión Consultiva de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) para la modernización/recuperación gradual y sostenida del salario mínimo.

Como resultado de sus trabajos, a pesar de que la mayoría de sus integrantes estaban de acuerdo en la urgente necesidad de iniciar un proceso de aumento de los salarios mínimos, los representantes de la Secretaría de Haciende, del Banco de México y del ITAM, con argumentos falaces se opusieron.

México decidió incorporarse a los mercados mundiales ofreciendo mano de obra barata. Esa decisión se mantuvo hasta 2016 y significó la depreciación del valor del trabajo, fuente principal del ingreso familiar. Esto, además, en una etapa en donde la presencia de jóvenes en los mercados de trabajo ha sido particularmente alta por el llamado bono demográfico.

La lamentable decisión de 2001 explica por qué la transición a la democracia no significó mayor cambio para millones de mexicanos, por qué un 56% de la población ocupada está en condiciones de informalidad y por qué muchos jóvenes han sido capturados por la delincuencia organizada.

Deterioro de la capacidad social para la construcción de seres humanos.

Bienestar, Ciudadanía, Derechos Humanos, Desigualdad, Género, Justicia, Juventud, Mujeres, Pobreza, Seguridad, Temas varios, Violencias, , , ,

Clara Jusidman

31 de julio de 2025

La Silla Rota

Todos los días vivimos o nos enteramos de actos de violencia en nuestro país que muestran un grave nivel de deshumanización y una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y de la integridad de las personas.

Homicidios dolosos, descuartizamientos, torturas, desapariciones, venta y explotación de mujeres, niños y niñas, venta de órganos, esclavitud de adolescentes, desplazamientos, despojos, extorsión y violencia intrafamiliar y escolar son muestras de una crueldad extendida y creciente.

Sin bien es cierto que los gobiernos de la 4T han sido incapaces de brindar seguridad y justicia a la población e incluso, algunos están coludidos con los perpetradores de violencia, el ejercicio del poder en México ha implicado el derecho de matar, esclavizar o explotar a otros y otras a lo largo de varias décadas. Así ejercieron los gobiernos del PRI su poder, así se expresa el machismo mexicano, así se manifiesta el poder militar y el del crimen organizado.

En reportaje de El País se nos informa además que las causas penales contra adolescentes se disparan en México. Crecen más de 40% en dos años y se observa un aumento de la participación de mujeres en la comisión de delitos.

Entre las causas estructurales del aumento de las violencias que estamos viviendo y de la participación de jóvenes como víctimas-victimarios hay dos que quisiera destacar.

Una refiere al gran desperdicio que ha hecho nuestro país del llamado bono demográfico que se define como la etapa de la estructura de la población en que las personas activas (entre 15 y 64 años) superan a las dependientes (menores de 15 y mayores de 65).

Es una etapa en donde el crecimiento económico puede ser más rápido y el ingreso de las familias aumenta al contar con un mayor número de sus miembros que pueden ingresar a los mercados de trabajo. En México ese bono dio inicio en 1978 y terminará en 2030.

Lamentablemente ha sido un periodo en donde la inversión estatal en servicios sociales como educación y salud ha sido muy baja e incluso disminuye. Asimismo, la política de contención salarial emprendida particularmente desde 1982 ha impedido que las familias participen con mayor disponibilidad de tiempo en el cuidado de niños, niñas y adolescentes al tener que destinar más tiempo a la obtención de ingresos. Como resultado los aportes del Estado y de las familias en los cuidados de las personas se han reducido y su calidad ha disminuido.

A esto se agrega que llevamos al menos 25 años con altos niveles de homicidios y desapariciones. El número de niñas, niños y jóvenes que han sido violentados, privados de sus padres, maltratados, esclavizados, explotados o abandonados es un componente creciente de las víctimas que deben estar profundamente resentidas con una sociedad y un Estado que las ha abandonado, no las reconoce y las invisibiliza.

Es decir, desde hace varias décadas hemos venido empobreciendo la capacidad social para la construcción de seres humanos que valoren su propia vida y la de otros, desarrollen habilidades para relacionarse y dialogar con los demás, respeten reglas de convivencia y aprendan formas pacíficas de resolución de conflictos.

Empobrecer a la República para combatir la desigualdad

Bienestar, Desigualdad, Economía del cuidado, Familias, Salud, Temas varios, , ,

Clara Jusidman

17 de julio de 2025

La Silla Rota

Al regresar de unas semanas de descanso recordaba una tesis que sosteníamos hace varios años para contribuir a reducir la persistente desigualdad en nuestro país.

Se trataba de elevar la calidad de los servicios de salud que atendían a población abierta o no asegurada, operados en ese entonces por la Secretaría de Salud y Asistencia, a los niveles que ofrecían los servicios de salud del IMSS.

En esos años, antes de la entrada de Arsenio Farell a dirigir el IMSS, había una relación virtuosa entre personal médico con excelente formación y los servicios de salud del Instituto, así como con los ofrecidos por los Institutos de Salud Pública del tercer nivel como Nutrición, Cardiología, Cancerología y Psiquiatría, entre otros. 

Médicos y médicas con posgrados en diversas partes del mundo trabajaban en esas instituciones a cambio de una baja remuneración, pero con su participación en la salud pública contribuían a elevar la calidad de los servicios a la población asegurada y a aquella en condiciones de pobreza, así como a formar a los nuevos doctores y avanzar en la investigación para el tratamiento de enfermedades de la pobreza.

El IMSS atendía sólo a la población trabajadora y a sus familiares y los Institutos y los Hospitales servían a la población de menores ingresos de toda la República que padecía enfermedades complejas y de carácter crónico degenerativo. La buena calidad de sus servicios hacía que incluso personas de altos ingresos buscaran acceder a ellos.

Parecería que las administraciones de la 4T han decidido reducir las brechas de desigualdad destruyendo lo que consideran “privilegios”  cancelando o reduciendo presupuestos, destruyendo instituciones y servicios públicos básicos y denostando a quienes trabajan en proyectos de cultura, artísticos, académicos, de investigación y en organizaciones de diverso tipo, así como sustituyendo a servidores públicos conocedores de sus materias por sus parientes, vecinos y amigos.

Se trata de un afán por empobrecer a la Republica llevando a la mediocridad el desempeño del país en todos esos campos.

Los efectos de la pésima política en materia de salud de la 4T han llevado por ejemplo, al deterioro de los servicios proporcionados por los Institutos de Salud Pública de Tercer Nivel:  postergan cirugías, consultas y estudios de diverso tipo, carecen de materiales, medicamentos y del mantenimiento y actualización de sus equipos.

Los llamados “privilegios” no desaparecen simplemente ahora son otorgados a personas que carecen de las cualidades y la formación para recibirlos y que, con su sometimiento incondicional al poder, buscarán permanecer en ellos.

La integración de la Suprema Corte de Justicia y de las Cámaras del Congreso, así como del INE y el Tribunal Electoral son ejemplos vivos de ese empobrecimiento.

Entre tanto las personas super-ricas del país continúan enriqueciéndose con los negocios y contratos con las administraciones de la 4T.

La 4T y la desigualdad en salud y alimentación

Desigualdad, , ,

Estamos de acuerdo con la 4T en que la desigualdad y la pobreza afectan a millones de mexicanos y mexicanas. Que las políticas que privilegian el funcionamiento del mercado como mecanismo de distribución del ingreso, exacerban esos problemas.

Actualmente en nuestro país al menos 14 familias están incluidas en la lista de Forbes con más de 1,400 millones de pesos. Aún en este pequeño grupo, las diferencias son muy grandes: la de Carlos Slim Helú cuenta con 93,000 millones de pesos, una riqueza 66 veces mayor a la de Alfredo Harp Helú. Otras familias en la lista son Larrea, Salinas Pliego, Bailleres y Aramburuzabala.

En la otra punta de la distribución, en 2020 se encontraban 10.4 millones de personas en pobreza extrema, mismas que aún si dedicaran todo su ingreso a la compra de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para lograr una vida sana.

Cuatro años de políticas de la 4T ¿han modificado en algo esta gran desigualdad?

Indudablemente, elevar sustantivamente los salarios mínimos y llevar a cabo reformas en materia laboral, son medidas importantes tomadas por la actual administración.

Sin embargo, muchos esperábamos acciones para reducir las desigualdades en materia de salud, educación y acceso a servicios básicos. Se optó en cambio por una mala estrategia de transferencias monetarias directas que generan gran dependencia de quienes las reciben.

Hasta el momento los dos mayores fracasos de la 4T se han expresado en dos derechos humanos   de gran relevancia: el acceso a la alimentación y el acceso a la atención en salud.

La extracción de 15 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), el doble de los extraído por el PRI en la “Estafa Maestra”, afectan claramente a los mexicanos en pobreza extrema que experimentan hambre, así como a los productores de alimentos. Además, aumentan nuestra creciente dependencia de importaciones.

Los actos de corrupción hasta ahora detectados en SEGALMEX no explican el enorme fraude cometido. Obviamente, nunca sabremos a donde fue a parar el dinero extraído de nuestras contribuciones.

Por su parte, la reducción en cuatro años de la esperanza de vida de las y los mexicanos, así como un millón de muertes por encima de la tendencia histórica en 2020 y 2021, resultan del fracaso del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), del pésimo manejo de la pandemia y de la compra de medicamentos por el gobierno federal. Dos buenos ejemplos son 22 millones de recetas no surtidas por el IMSS-Ordinario en 2021 y el aumento de 70% de los gastos de bolsillo en salud de la población más pobre.

Es así que, en los cuatro años transcurridos, la 4T terminó contribuyó al aumento de las carencias y de las desigualdades en materia de alimentación y salud, mientras que los milmillonarios, bien gracias.

Otro clavo más a la concentración del poder

Bienestar, Desigualdad, Pobreza,

El 18 de abril la presidencia de la República envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para suprimir, fusionar o incorporar 18 instituciones.

Entre las que se propone fusionar están por lo menos cuatro que protegen los derechos y promueven políticas y programas entre varias instancias y niveles de gobierno.

Se trata del SIPINNA para la infancia y la adolescencia, el INJUVE para las juventudes, el INAPAM para las personas mayores y la COMAR que atiende a los refugiados. 

También será fusionado el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que promueve la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional.

En una larga y bien estructurada exposición de motivos de la iniciativa se señala que “La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”.

Hay cuatro planteamientos que considero sustentan la propuesta:

Que la proliferación y dispersión de organismos descentralizados y desconcentrados, responde a una política neoliberal de la administración pública que buscó satisfacer los intereses de los empresarios, académicos y de organizaciones sociales y civiles.

Que la administración central del gobierno federal, formada esencialmente por las Secretarías de Estado, cuenta con la capacidad y el interés de diseñar, incluir y coordinar políticas transversales con enfoques multidisciplinarios para cumplir con las obligaciones de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de los grupos de población mencionados.

Que, con los programas como la Pensión para adultos mayores, Jóvenes construyendo el futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, Becas para la población con discapacidad, entre otros, el gobierno federal atiende los derechos de esas poblaciones, simplificando los mismos a entregas de dinero.

Que la participación de representantes de las poblaciones referidas, de organizaciones y de  expertos en su problemática, podrá realizarse en las secretarias de la administración central del gobierno federal. Ello si cambiara la política de cerrazón actual al diálogo.

Sería muy útil que el Congreso conociera de los riesgos de falta de comprensión de la complejidad de las necesidades y problemas que aquejan a estas poblaciones, de las experiencias previas con dependencias federales que tienen responsabilidades muy amplias, así como del histórico desinterés de las y los secretarios por apoyar políticas y programas cuya coordinación cae en otras secretarías, por eso de no dejar que otros se cuelguen las medallitas, si los programas tienen éxito.

Las instituciones no son las corruptas, redundantes e inservibles son las personas que las dirigen, de la reducción de los recursos que se les asignan y de la ausencia de una política social comprensiva.

Una nueva ola de autoritarismo

Ciudadanía, Democracia, ,

La Silla Rota

24.10.2024

La decisión tomada por el Consejo del INE con el voto de siete consejeros para otorgar la mayoría calificada a la coalición de Morena en la Cámara de Diputados responde a nuestra vocación en favor de regímenes autoritarios y centralistas.

En los 200 años de vida independiente de México han existido tres prolongados regímenes autoritarios. En 2018 iniciamos el cuarto.

Antonio López de Santa Anna dominó la vida política por 32 años, entre 1823 y 1855. Fue once veces presidente y dos veces gobernador. A partir de 1876, Porfirio Díaz duró 34 años en el poder. El PRI controló al país por 71 años desde 1929 y colocó a 14 presidentes. En todos ellos hubo un dominio del poder ejecutivo federal sobre el congreso y el poder judicial.

La Constitución de 1924 definió que los Estados Unidos Mexicanos serían una república representativa, democrática, laica y federal. Sin embargo, en el siglo XIX por cerca de 50 años, se dio una batalla entre centralistas y federalistas debido al poder que tenían los jefes regionales. Es a partir de Porfirio Díaz que el ejecutivo federal empezó a controlar también a las gobernaturas.

Desde el año 2000, por un corto período de sólo 24 años, tuvimos alternancia de los partidos en la presidencia y en las gobernaturas, congresos plurales, una mayor independencia, al menos, del poder judicial federal, y la creación de varios órganos autónomos.  Parece que estamos retornando al inicio de una nueva ola de centralización del poder en la presidencia de la República. En esta ocasión con mayores posibilidades de acallar cualquier disidencia por la ampliación de las causas de prisión preventiva y por la militarización.

Otros ejemplos del retorno al autoritarismo son la desaparición en curso de varios órganos autónomos creados para quitarle al gobierno federal las herramientas que usó el PRI para mantenerse en el poder durante 71 años.

El gobierno de Morena busca recuperar el control y organización de las elecciones al subordinar al INE y al TEPJF; concentrar en lo que queda de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y  los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. El control del acceso a la información gubernamental y a la protección de los datos personales se pasarán a la inútil Secretaría de la Función Pública; al INEGI se le agregará la evaluación de programas sociales. Ahora la llaman “austeridad republicana”, hermana de la austeridad neoliberal.

El peor atropello de todo el llamado Plan C a la seguridad ciudadana, son los cambios propuestos para la elección por voto popular de las autoridades del Poder Judicial. Somos un país en donde el Estado ha perdido el control de al menos, una tercera parte del territorio en manos del crimen organizado.  Un país que vive una ciudadanía de baja intensidad por el desinterés de los gobiernos de las últimas cuatro décadas para avanzar en la realización de los derechos humanos de la población.

En lugar de ser la 4T, por “cuarta transformación”, debería ser la 4R por la “cuarta regresión”. Tendremos un septiembre lleno de obscuridad.