Clara Jusidman
31 de julio de 2025
La Silla Rota
Todos los días vivimos o nos enteramos de actos de violencia en nuestro país que muestran un grave nivel de deshumanización y una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y de la integridad de las personas.
Homicidios dolosos, descuartizamientos, torturas, desapariciones, venta y explotación de mujeres, niños y niñas, venta de órganos, esclavitud de adolescentes, desplazamientos, despojos, extorsión y violencia intrafamiliar y escolar son muestras de una crueldad extendida y creciente.
Sin bien es cierto que los gobiernos de la 4T han sido incapaces de brindar seguridad y justicia a la población e incluso, algunos están coludidos con los perpetradores de violencia, el ejercicio del poder en México ha implicado el derecho de matar, esclavizar o explotar a otros y otras a lo largo de varias décadas. Así ejercieron los gobiernos del PRI su poder, así se expresa el machismo mexicano, así se manifiesta el poder militar y el del crimen organizado.
En reportaje de El País se nos informa además que las causas penales contra adolescentes se disparan en México. Crecen más de 40% en dos años y se observa un aumento de la participación de mujeres en la comisión de delitos.
Entre las causas estructurales del aumento de las violencias que estamos viviendo y de la participación de jóvenes como víctimas-victimarios hay dos que quisiera destacar.
Una refiere al gran desperdicio que ha hecho nuestro país del llamado bono demográfico que se define como la etapa de la estructura de la población en que las personas activas (entre 15 y 64 años) superan a las dependientes (menores de 15 y mayores de 65).
Es una etapa en donde el crecimiento económico puede ser más rápido y el ingreso de las familias aumenta al contar con un mayor número de sus miembros que pueden ingresar a los mercados de trabajo. En México ese bono dio inicio en 1978 y terminará en 2030.
Lamentablemente ha sido un periodo en donde la inversión estatal en servicios sociales como educación y salud ha sido muy baja e incluso disminuye. Asimismo, la política de contención salarial emprendida particularmente desde 1982 ha impedido que las familias participen con mayor disponibilidad de tiempo en el cuidado de niños, niñas y adolescentes al tener que destinar más tiempo a la obtención de ingresos. Como resultado los aportes del Estado y de las familias en los cuidados de las personas se han reducido y su calidad ha disminuido.
A esto se agrega que llevamos al menos 25 años con altos niveles de homicidios y desapariciones. El número de niñas, niños y jóvenes que han sido violentados, privados de sus padres, maltratados, esclavizados, explotados o abandonados es un componente creciente de las víctimas que deben estar profundamente resentidas con una sociedad y un Estado que las ha abandonado, no las reconoce y las invisibiliza.
Es decir, desde hace varias décadas hemos venido empobreciendo la capacidad social para la construcción de seres humanos que valoren su propia vida y la de otros, desarrollen habilidades para relacionarse y dialogar con los demás, respeten reglas de convivencia y aprendan formas pacíficas de resolución de conflictos.
