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Destrucción de capacidades institucionales, avance de empresas criminales

Ciudadanía, Democracia, Desigualdad, Economía del cuidado, Familias, Pobreza, Política Social, Temas varios, ,

Clara Jusidman

9 septiembre 2025

La Silla Rota

Hay actividades empresariales, sociales y ahora también criminales, que perduran a lo largo del tiempo frente a capacidades del Estado que se destruyen, se anquilosan o no se desarrollan.

Las primeras responden a intereses privados, derivan de grupos de poder relativamente pequeños, tienen una gran capacidad de incorporación de nuevas tecnologías y de adaptación a cambios  en el entorno.

Las instituciones del Estado, por el contrario, tardan en concebirse, en ser aprobadas, en contar con presupuestos para desarrollarse o en su caso, adecuarse a los cambios. Asimismo, participan múltiples actores en su diseño, desarrollo y operación (la ciudadanía, los distintos niveles de gobierno y los congresos). Tienen muy poca flexibilidad para responder a situaciones imprevistas. Resultan fácilmente susceptibles de ser eliminadas como hemos experimentado en los últimos siete años.

Y lo más importante, su funcionamiento puede ser afectado por corrupción en favor de intereses privados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en particular se dedicó a destruir capacidades de gobierno cuya eliminación ha resultado en el resurgimiento de problemáticas que habíamos logrado superar.

La historia reciente está llena de resultados negativos por la destrucción institucional promovida por la 4T.

Los casos de huachicol fiscal son particularmente emblemáticos. Provocan el desvío de recursos públicos para ser capturados por intereses privados y criminales. El robo al erario por el huachicol de gasolinas y diésel se estima en 544 mil millones de pesos.

La falta de control sanitario de los productos que ingresan a nuestro país como es el ganado vacuno de Centroamérica, ha derivado en la presencia nuevamente en el territorio nacional del gusano barrenador lo que ha provocado el cierre de la frontera de EE. UU. para las exportaciones de ganado mexicano. Los productores agrícolas enfrentan una grave crisis ya por tres años y la dependencia de importaciones de granos va en aumento.

Otros ejemplos son el desabasto de medicamentos y de insumos para la salud, la caída notable en los niveles de vacunación de la población infantil cuando llegamos a tener coberturas cercanas al 100%. Ahora vemos un número creciente de casos de sarampión, tos ferina y tuberculosis.

Además de la desaparición o la recentralización de funciones de gobierno el mayor daño fue el despido entre 2019 y 2021 de los servidores públicos que mantenían la operación de las instituciones como los directores de área, los subdirectores y los jefes de departamento. Se sustituyeron capacidades por lealtades personales o de partido.

Esta brutal destrucción de capacidades para gobernar por soberbia e ignorancia ha creado, además, un campo propicio para la proliferación de empresas criminales. Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad, menciona el caso de la explotación de especies marinas para los mercados asiáticos y señala su preocupación por la rapidez con las que el crimen organizado está entrando a otros mercados ilícitos.

El vaciamiento de capacidades para gobernar, la enorme corrupción y la centralización de los poderes del Estado bajo el control presidencial han creado un terreno propicio para la proliferación de negocios ilícitos donde participan delincuentes, pero también políticos, funcionarios y empresarios.

El viejo debate sobre la medición de la pobreza en México

Bienestar, Ciudadanía, Discriminación, Justicia, Tejido social, , ,

Clara Jusidman

28 agosto 2025

La Silla Rota

La medición de la pobreza sigue en el centro de la atención cuando debería ser más importante el conocimiento sobre las condiciones en que viven las poblaciones pobres en los diferentes contextos territoriales con el fin de aplicar políticas de gobierno diferenciadas, más pertinentes.

Desde hace varios días los resultados de la medición de la pobreza en México han ocupado la atención de los medios de comunicación. El INEGI tuvo el buen tino de no cambiar la metodología desarrollada por el desaparecido CONEVAL para calcular la llamada pobreza multidimensional que considera tanto los ingresos monetarios como las carencias que experimenta la población en la realización de ciertos derechos básicos como salud, educación y vivienda.

Sin embargo, sigue en pie un viejo debate sobre como medir la pobreza. Las políticas que se aplican continúan considerando que todas las personas pobres son iguales, son atendidas como individuos y no en contextos diferenciados de familias y comunidades.

Por ejemplo, ¿qué significa vivir en pobreza en las ciudades violentas del norte del país, respecto de la que la sufren en las ciudades del centro y del sur? ¿De qué se sostienen, cuáles son sus carencias más agudas, dónde adquieren los bienes y servicios que utilizan, cuáles son las amenazas y peligros que las acosan?

De acuerdo con la sentencia del CONEVAL de “Lo que no se mide no se mejora” tal vez lo que se mide no es lo más relevante para las personas y familias que viven en pobreza.

Parecería entonces que darles directamente dinero es una buena solución para que ellas decidan en que lo gastan, pero si ello conlleva dejar deteriorar el salario social disminuyendo el acceso y calidad de los servicios públicos de salud y de educación que recibían, en realidad lo que se les proporciona por un lado se les quita por el otro.

La entrega de dinero las lleva a acudir a proveedores privados de bienes y servicios. Proliferan las empresas que atienden el mercado de la población pobre como son las cadenas de farmacias, las Coppel, Azteca, Oxxo, las BBB. Aumenta el gasto de bolsillo en salud, el consumo de alimentos ultraprocesados  y disminuye la asistencia escolar por la inaccesibilidad de las escuelas privadas. El dinero público derramado en transferencias monetarias acaba en manos del pequeñísimo porcentaje de la población de más altos ingresos: los dueños de FEMSA, los Coppel, Salinas Pliego. La desigualdad en realidad aumenta.

Santiago Levy y su equipo que desarrollaron el Programa Progresa en 1997, el primero en México de transferencias monetarias, antes de ponerlo en práctica hicieron pruebas piloto y dialogaron ampliamente con expertos del Consejo Nacional de Población. Sus recomendaciones llevaron a operarlo en el contexto de las familias y no individualmente, a hacer las transferencias por la vía de las mujeres y a condicionar para otorgarlas a que los niñas y niños acudieran a la escuela y a las clínicas de salud.

Lamentablemente el gobierno anterior, con un voluntarismo irresponsable, puso en práctica varios de los programas sociales sin dialogar ni con las poblaciones a ser atendidas, ni con las personas que llevan años trabajando e investigando la pobreza en México.

La indiferencia y el miedo

Bienestar, Ciudadanía, Derechos Humanos, Discriminación, Familias, Justicia, Juventud, Temas varios, ,

Clara Jusidman

14 agosto 2025

En las últimas semanas hemos conocido los niveles de maldad humana y deshumanización a los que hemos llegado y del gran sufrimiento de las víctimas.

 Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos humanos, ropa y y diversas prendas de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en manos de diez delincuentes en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.

Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no investigan, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y que nunca se investigan.

La sorpresa y la indignación se expresan en los medios. Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.

Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.

Varias preguntas tendríamos que hacernos:

¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho que operaba desde 2012, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.

¿Cómo es posible que ignoremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2026 y los 120 mil desparecidos que no han sido encontrados?

La desigualdad, una población en pobreza donde 7 de cada diez viven en ciudades y pueblos en condiciones de gran precariedad

Lamentablemente muchos ocurren al interior de las familias donde la violencia maltrata niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores. Recrea seres violentos que sufrieron maltratos, nunca fueron reconocidos y están muy enojados.

TELEVISA LEAKS. Dominar por vía de la narrativa

Bienestar, Ciudadanía, Derechos Humanos, Justicia, Medio de comunicación, Política Social, Tejido social, Temas varios, , ,

Clara Jusidman

La Silla Rota

8 de mayo 2025

Lo importante actualmente en la política es ganar la narrativa para dominar al “pueblo”. Se cuentan historias, llenas de mentiras, en los medios de comunicación y en las redes sociales para mantener engañadas a las personas que recurren a ellas para informarse o seguir a algún ídolo político o artístico. Las granjas de bots contribuyen a la construcción de narrativas mentirosas. Además, quien apele más a las emociones será más exitoso.

En la política ya no se trata de proponer un proyecto de país, de plantear un posible futuro y de explicar cómo y con qué se va a alcanzar. A veces también se construyen y publicitan castillos de fantasía que al primer golpe de viento se desmoronan.

Lo más vergonzoso es cuando los concesionarios de los medios de comunicación, muchas veces coludidos con políticos o con empresarios, con total impunidad utilizan la narrativa en medios y redes para destruir prestigios, promover a personas impresentables, incapaces o incluso criminales a puestos políticos, eliminar obstáculos a sus intereses económicos y desprestigiar a sus competidores,

Cuando las consecuencias de esas prácticas producen muertes, enfermedad o un daño moral grave a personas inocentes se convierten claramente en actos criminales que deberían ser sancionados.

Gracias a Carmen Aristegui y a su excelente equipo de investigación, así como a un valiente joven llamado Germán Gómez García se está develando y analizando el contenido de un disco con una gran cantidad de información usada en una “fábrica de mentiras” llamada el PALOMAR dirigida por Javier Tejada Dondé, funcionario de TELEVISA por cerca de 40 años.

En lo que Aristegui-noticias ha denominado TELEVISA LEAKS se están dando a conocer las formas utilizadas por ese Segundo Poder que ha sido TELEVISA en nuestro país (Dayan dixit), para desarrollar guiones, campañas, falsas actuaciones para cometer ilícitos destruyendo el prestigio de personas y empresas, construir presidentes fantásticos y guapos, candidatos a ministros de la corte impecables y políticos comprometidos y honrados.

La seguridad pública que importa

Ciudadanía, Democracia, Desigualdad, Economía del cuidado, Familias, Justicia, Seguridad, Temas varios, Violencias, , , , ,

Clara Jusidman

24 abril 2025

La Silla Rota

¿Es realmente el principal objetivo de la estrategia de seguridad pública reducir la producción y distribución de fentanilo para los consumidores de Estados Unidos y detener a las poblaciones migrantes para que no crucen la frontera? ¿Para eso usamos a la guardia nacional, a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia?

La delincuencia en nuestro país es cada vez más compleja, afecta de diferente manera a la población nacional. Requiere de capacidades distintas de los gobiernos para enfrentarla.

La producción y distribución de drogas viene ocurriendo desde hace varias décadas y se ha expandido hasta volverse una empresa criminal global. Se beneficia de la cercanía del principal mercado de drogas y armas que es Estados Unidos, abastece a poblaciones de altos ingresos, pero también a numerosas personas que viven en los márgenes de las sociedades afluentes.

Sus elevadas ganancias y su utilidad para manipular a poblaciones suburbanas y a soldados en guerras absurdas, conlleva colusión y corrupción con gobiernos, políticos, entidades financieras y empresas nacionales y extranjeras.

La delincuencia denominada “común” realizada por individuos o pequeñas bandas afecta en cambio directamente a la población local especialmente a la urbana de ingresos medios y bajos, mediante asaltos en la calle y en el trasporte público, robo a comercios y a casas habitación, entre otros. Se denuncia poco ante la inoperancia y la desconfianza en las fiscalías.

Lo importante es el acceso a la justicia

Justicia

Perder el tiempo para atacar de manera artera y carente de verdad al Poder Judicial de la Federación afecta el equilibrio entre poderes, así como a nuestra precaria democracia y pospone la urgente necesidad de atender la falta de acceso a la justicia de la población.

Los tres poderes del estado y los tres niveles de gobierno deberían estar ocupados, articulados y usando su tiempo para resolver la desesperante falta de acceso a la justicia que nos coloca en el lugar 131 de 140 países en el Índice de acceso a la justicia civil (WJP) y con el menor gasto en seguridad pública y en el sistema de justicia de cualquier país de América Latina. 

Cientos de miles de víctimas, tanto del crimen organizado como de la delincuencia común, sufren la ineficacia, la corrupción y la insuficiencia de las fiscalías y de los tribunales responsables de procurar e impartir justicia, que además resuelven muy pocos casos.

Las policías y fiscalías se concentran en delitos de poca monta o capturan personas en flagrancia o a quienes les “siembran pruebas”. Llenan las cárceles con población de escasos recursos y por delitos menores.

La percepción de la comunidad es que quienes cometen delitos no sufren consecuencia alguna y que denunciar los crímenes no sirve para nada (Agenda Nacional de Paz).

Se trata de 32 fiscalías y 32 tribunales estatales donde la situación de acceso a la justicia es la peor: sometidos a los gobernadores, sin suficientes recursos, sin capacidades profesionales, ni tecnología actualizada.

Se suman la Fiscalía Federal, también carente de toda autonomía y de profesionalismo, y finalmente, el Poder Judicial de la Federación que ha mejorado su desempeño y está defendiendo su independencia.

Uno se pregunta: si desde el inicio de su administración el presidente sabía de la existencia de los trece fideicomisos del Poder Judicial Federal que pretende desaparecer, ¿por qué  hasta ahora  quiere pasar los 15 mil millones de pesos que suman sus recursos a una caja negra sin control alguno?

¿Será porque los mecanismos que ha usado para someter a la Corte Federal no le han funcionado? ¿Será porque la composición de esta ha frenado varias de sus iniciativas de ley?

¿Por qué tanto encono del presidente contra la presidente y los ministros de la corte?

Un día sí y otro también, los insulta y los descalifica como recién ocurrió contra el ministro Juan Luis González Alcántara, quien en ejercicio de sus derechos y congruente con su historia de jurista destacado y honorable, acompañó las marchas del domingo pasado para protestar contra este nuevo abuso del poder presidencial.

Lo que menos interesa al gobierno son las necesidades reales de acceso a la justicia de la población. Un derecho humano totalmente conculcado en el país al no haber consecuencias para delitos que agobian y mantienen a la población en una situación de miedo y violencia normalizada y crónica.