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Empobrecer a la República para combatir la desigualdad

Clara Jusidman

17 de julio de 2025

La Silla Rota

Al regresar de unas semanas de descanso recordaba una tesis que sosteníamos hace varios años para contribuir a reducir la persistente desigualdad en nuestro país.

Se trataba de elevar la calidad de los servicios de salud que atendían a población abierta o no asegurada, operados en ese entonces por la Secretaría de Salud y Asistencia, a los niveles que ofrecían los servicios de salud del IMSS.

En esos años, antes de la entrada de Arsenio Farell a dirigir el IMSS, había una relación virtuosa entre personal médico con excelente formación y los servicios de salud del Instituto, así como con los ofrecidos por los Institutos de Salud Pública del tercer nivel como Nutrición, Cardiología, Cancerología y Psiquiatría, entre otros. 

Médicos y médicas con posgrados en diversas partes del mundo trabajaban en esas instituciones a cambio de una baja remuneración, pero con su participación en la salud pública contribuían a elevar la calidad de los servicios a la población asegurada y a aquella en condiciones de pobreza, así como a formar a los nuevos doctores y avanzar en la investigación para el tratamiento de enfermedades de la pobreza.

El IMSS atendía sólo a la población trabajadora y a sus familiares y los Institutos y los Hospitales servían a la población de menores ingresos de toda la República que padecía enfermedades complejas y de carácter crónico degenerativo. La buena calidad de sus servicios hacía que incluso personas de altos ingresos buscaran acceder a ellos.

Parecería que las administraciones de la 4T han decidido reducir las brechas de desigualdad destruyendo lo que consideran “privilegios”  cancelando o reduciendo presupuestos, destruyendo instituciones y servicios públicos básicos y denostando a quienes trabajan en proyectos de cultura, artísticos, académicos, de investigación y en organizaciones de diverso tipo, así como sustituyendo a servidores públicos conocedores de sus materias por sus parientes, vecinos y amigos.

Se trata de un afán por empobrecer a la Republica llevando a la mediocridad el desempeño del país en todos esos campos.

Los efectos de la pésima política en materia de salud de la 4T han llevado por ejemplo, al deterioro de los servicios proporcionados por los Institutos de Salud Pública de Tercer Nivel:  postergan cirugías, consultas y estudios de diverso tipo, carecen de materiales, medicamentos y del mantenimiento y actualización de sus equipos.

Los llamados “privilegios” no desaparecen simplemente ahora son otorgados a personas que carecen de las cualidades y la formación para recibirlos y que, con su sometimiento incondicional al poder, buscarán permanecer en ellos.

La integración de la Suprema Corte de Justicia y de las Cámaras del Congreso, así como del INE y el Tribunal Electoral son ejemplos vivos de ese empobrecimiento.

Entre tanto las personas super-ricas del país continúan enriqueciéndose con los negocios y contratos con las administraciones de la 4T.

La 4T y la desigualdad en salud y alimentación

Estamos de acuerdo con la 4T en que la desigualdad y la pobreza afectan a millones de mexicanos y mexicanas. Que las políticas que privilegian el funcionamiento del mercado como mecanismo de distribución del ingreso, exacerban esos problemas.

Actualmente en nuestro país al menos 14 familias están incluidas en la lista de Forbes con más de 1,400 millones de pesos. Aún en este pequeño grupo, las diferencias son muy grandes: la de Carlos Slim Helú cuenta con 93,000 millones de pesos, una riqueza 66 veces mayor a la de Alfredo Harp Helú. Otras familias en la lista son Larrea, Salinas Pliego, Bailleres y Aramburuzabala.

En la otra punta de la distribución, en 2020 se encontraban 10.4 millones de personas en pobreza extrema, mismas que aún si dedicaran todo su ingreso a la compra de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para lograr una vida sana.

Cuatro años de políticas de la 4T ¿han modificado en algo esta gran desigualdad?

Indudablemente, elevar sustantivamente los salarios mínimos y llevar a cabo reformas en materia laboral, son medidas importantes tomadas por la actual administración.

Sin embargo, muchos esperábamos acciones para reducir las desigualdades en materia de salud, educación y acceso a servicios básicos. Se optó en cambio por una mala estrategia de transferencias monetarias directas que generan gran dependencia de quienes las reciben.

Hasta el momento los dos mayores fracasos de la 4T se han expresado en dos derechos humanos   de gran relevancia: el acceso a la alimentación y el acceso a la atención en salud.

La extracción de 15 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), el doble de los extraído por el PRI en la “Estafa Maestra”, afectan claramente a los mexicanos en pobreza extrema que experimentan hambre, así como a los productores de alimentos. Además, aumentan nuestra creciente dependencia de importaciones.

Los actos de corrupción hasta ahora detectados en SEGALMEX no explican el enorme fraude cometido. Obviamente, nunca sabremos a donde fue a parar el dinero extraído de nuestras contribuciones.

Por su parte, la reducción en cuatro años de la esperanza de vida de las y los mexicanos, así como un millón de muertes por encima de la tendencia histórica en 2020 y 2021, resultan del fracaso del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), del pésimo manejo de la pandemia y de la compra de medicamentos por el gobierno federal. Dos buenos ejemplos son 22 millones de recetas no surtidas por el IMSS-Ordinario en 2021 y el aumento de 70% de los gastos de bolsillo en salud de la población más pobre.

Es así que, en los cuatro años transcurridos, la 4T terminó contribuyó al aumento de las carencias y de las desigualdades en materia de alimentación y salud, mientras que los milmillonarios, bien gracias.

Franquicias sociales ante la nueva ola de inversiones industriales

Sería una ingenuidad esperar que en México los gobiernos y las nuevas empresas prevean y realicen las inversiones requeridas para atender las necesidades de servicios sociales de las personas trabajadoras y sus familias, que se movilizarán en busca de empleos e ingresos, ante la relocalización industrial que está teniendo lugar.

Por años hemos atestiguado la insuficiencia de los servicios públicos de salud, educación, transporte y de infraestructura urbana como calles pavimentadas, drenaje, distribución de agua, así como la falta de mantenimiento de los existentes. Con los cambios de gobiernos programas sociales que daban alguna esperanza como las escuelas de tiempo completo, la recuperación de espacios públicos, las estancias infantiles, de prevención de las violencias, han sido abandonados.  

Hemos vivido con la esperanza de que el Estado provea servicios de salud, educación, seguridad social, energía y acceso al agua de calidad con cobertura universal o al menos, para quienes no pueden acceder con sus propios recursos. Con cada cambio de gobierno nuestras expectativas se ven frustradas.

Las tendencias de los últimos tiempos parecen apuntar hacia rumbos distintos. Se trata del surgimiento de una serie de iniciativas de servicios sociales que son realizados por entes privados a bajo costo, para las poblaciones de menores recursos.

Un ejemplo son los consultorios adyacentes a las farmacias que proporcionan el nivel básico de salud, tan abandonado por los gobiernos. Dan una atención rápida y cercana, a cambio de comprar los medicamentos en la farmacia correspondiente.   En 2021 proporcionaron una de cada cinco consultas médicas en el país.

Otro ejemplo son los servicios de Salud Digna que incluyen consultas médicas, lentes, estudios de imagen y de laboratorio a precios muy accesibles. Existen más de 170 en 80 ciudades en México.

Nada que ver con las cadenas privadas que aprovechan el mercado de las poblaciones pobres ofreciendo una variedad de productos chatarra y servicios financieros abusivos para despojarlas de sus precarios ingresos.

Frente a la incapacidad y el desinterés de larga data, mostrado por el Estado mexicano para ampliar el presupuesto y mejorar la calidad y la disponibilidad de servicios sociales públicos ¿será posible que empresas socialmente responsables desarrollen otros servicios sociales accesibles y de calidad para combatir la enorme desigualdad que prevalece en el país?

En ese propósito podrían crearse sinergias interesantes entre organizaciones civiles, sociales y comunitarias y agentes desarrolladores de modelos de atención, bajo un formato de franquicias sociales. Su debida puesta en práctica, sus precios y su funcionamiento sería vigilado por mecanismos de contraloría ciudadana, frente a la destrucción intencionada de capacidades de regulación del Estado.