Clara Jusidman
14 agosto 2025
Al menos tres acontecimientos los muestran: el redescubrimiento del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco con restos, ropa y enseres de jóvenes desaparecidos; el infame secuestro, tortura y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz en Álamo, Veracruz y el hallazgo de los restos de Fernandito niño de 5 años secuestrado, golpeado y abandonado por una deuda de 1000.00 pesos de su madre en el Estado de México.
Nos indignamos por la ausencia de seguridad y justicia proveniente de las instituciones del Estado: no protegen, no vigilan, no investigan, no atienden las denuncias, no responden con oportunidad, no guardan el debido proceso. Nunca encuentran a los culpables, nunca los castigan o lo hace en un porcentaje ínfimo. Se abren expedientes que llenan las bodegas de las fiscalías y nunca se investiga.
Las autoridades repiten mil veces que los crímenes no quedarán impunes, que se harán las investigaciones pertinentes y que los perpetradores serán debidamente castigados.
Las mentiras, el engaño, la ineptitud y lo peor, el total desinterés en conocer lo sucedido y a quién castigar poniendo límites a estas conductas aberrantes sólo caen en el barril sin fondo de la impunidad, contribuyen a la desconfianza y a la repetición de actos llenos de crueldad.
Varias preguntas tendríamos que hacernos:
¿Dónde y qué hicieron los vecinos del rancho, los cercanos al secuestro y los de la colonia donde habitaba Fernandito y su madre? ¿Trataron de detener lo que estaba ocurriendo o de apoyar a las víctimas, de denunciar, de convocar a otros vecinos para evitar los actos crueles? O permanecieron indiferentes, con miedo de involucrarse o sólo mirando los que sucedía.
¿Cómo es posible que toleremos los 200 mil asesinatos ocurridos entre 2018 y 2024, las 120 mil personas desparecidas no encontradas?
Esta situación refleja una destrucción sostenida de los tejidos sociales: no nos reconocemos como personas dignas, no hay empatía, no confiamos, no acompañamos a las víctimas y hemos normalizado la violencia.
En 2024 25.5 millones de personas vivían en situación de pobreza en zonas urbanas, casi el doble de los 13 millones que vivían en zonas ruarles.
Pensemos en los millones de jóvenes que han crecido en condiciones de gran precariedad en las ciudades, viendo como sus padres se empobrecían ante la falta de empleos que les permitiera mantener a sus familias en condiciones dignas y además siendo testigos de las enormes desigualdades.
El desarrollo de tejido social urbano no ha sido una preocupación de la política urbana: en los años cincuenta se construyeron unidades habitacionales enormes que actualmente experimentan altos niveles de violencia. Muchas colonias surgieron de invasiones que tardaron tiempo en lograr el acceso a servicios urbanos. En este siglo los desarrollos de vivienda se hicieron alejados de los centros urbanos.
El proceso de urbanización se ha llevado a cabo en forma muy desordenada en el país. Existe una segmentación social urbana y una ausencia de espacios de encuentro y convivencia en muchos desarrollos y colonias de bajos ingresos.
La desigualdad, el empobrecimiento de poblaciones urbanas y la ausencia de tejido social urbano, seguramente han contribuido a las violencias que dominan nuestra convivencia.