IMER. 19 de octubre de 2022.

Sería un gravísimo error del Congreso Federal aprobar una reforma electoral  a diez meses de que inicie, en septiembre próximo, el proceso electoral para las elecciones  en 2024. Ninguna de las reformas electorales realizadas anteriormente se llevó a cabo en tales condiciones.

No alcanzarían a concretarse y a consolidarse las propuestas de cambio en los organismos responsables de la organización de las elecciones como  sustituir al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) haciéndolo responsable de organizar todas las elecciones en el país, con organismos locales que sólo funcionarían en tiempos electorales.

Sería un daño irreparable para la calidad de nuestras elecciones, desaparecer el cuerpo de profesionales que en todo el país como se propone.  Con gran experiencia y apoyados por la ciudadanía, el personal profesional de las juntas locales y distritales trabaja de manera permanente actualizando la cartografía y el padrón electoral, definiendo la ubicación y el número de casillas para facilitar el acceso de los votantes, seleccionando y capacitando a personas para integrar las mesas electorales con ciudadanía imparcial, distribuyendo y recogiendo la papelería electoral, impartiendo educación cívica.

La calidad y certeza del proceso electoral se pondría en grave riesgo y podría desembocar en cientos de conflictos en el país, que de por sí ya está tan polarizado.

Debemos seguir avanzando en una mayor calidad y confianza en las elecciones.  No retroceder en lo hasta ahora logrado que nos garantiza ejercer nuestro derecho al voto en forma libre y secreta, que éste se cuente y se cuente bien y que sea la ciudadanía y personal profesional y con experiencia y no los partidos políticos, los que organicen las elecciones.

Es necesario que el padrón, las listas electorales y nuestras credenciales sigan gozando de nuestra confianza y sigan bajo el control de un organismo autónomo ciudadano. No es posible volver a darle el control del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación y menos con la creciente militarización del país. El padrón y las listas electorales en manos de los gobiernos del PRI eran motivo de controversias, herramienta para el fraude, para hacer ingeniería electoral: mantener personas fallecidas, inflar las listas, eliminar votantes de partidos contrarios.

Fueron muchas batallas y horas destinadas por la ciudadanía organizada y por los partidos de oposición para conseguir un padrón y una credencial electoral confiable, ejemplo a nivel mundial, que nos permite contar con una identificación ampliamente aceptada.

Asimismo, al eliminarle a los partidos políticos la asignación de dinero público para sus gastos ordinarios como se está proponiendo en la reforma electoral de la presidencia de la República estemos exponiéndonos a que la delincuencia organizada y los poderes económicos de hecho se apropien de partidos políticos a través de su financiamiento.

Es cierto, que es necesario reducir las asignaciones de recursos públicos a los partidos revisando la fórmula para asignárselos, pero también tenemos que evitar que reciban dinero por debajo de la mesa de fuentes privadas y condicionado al otorgamiento de privilegios y canonjías. Se dice que por cada peso de recursos públicos para las campañas políticas se reciben 15 de fuentes privadas.

Los programas sociales y mucho dinero son usados por los partidos y por los gobiernos para condicionar y comprar votos. Debemos luchar contra ello, contra el clientelismo y denunciar cuando esto ocurre y las formas como se lleva a cabo.

Fueron muchos años, muchos actores y movimientos sociales y muchas batallas las que dimos para lograr remontar 70 años de represión, pérdida de vidas, encarcelamientos, impedir la participación y la organización de la ciudadanía y sufrir altos niveles de corrupción.

Nuestra democracia electoral ha permitido al menos, la alternancia política para tener representaciones diversas y con distintos proyectos, en los congresos y en los poderes ejecutivos federal y locales. Con ello hemos evitado que todos los poderes del Estado los controle un solo partido político como nos sucedió por siete décadas de gobiernos del PRI. 

Si bien nuestro sistema electoral es perfectible no podemos aceptar una reforma electoral que retroceda en lo que hemos alcanzado ni que se lleve a cabo con premura. Corremos el enorme riesgo de volver al autoritarismo y a que se violen nuestros derechos políticos y civiles.