Todas las entradas de: Clara Jusidman

Las organizaciones civiles frente a los procesos electorales federales

Sociedad civil

Desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado varias organizaciones de ciudadanos y ciudadanas independientes, acompañadas por intelectuales desilusionados de su militancia en diversos partidos decidieron iniciar una lucha por la democracia en el país. El llamado fraude patriótico en Chihuahua y los resultados de los procesos electorales en San Luis Potosí donde participó el Dr. Salvador Nava, así como de la muy cuestionada elección presidencial de 1988, dejaron clara la necesidad de rescatar la organización de las elecciones de manos de los gobiernos.

Lo que se ha llamado la democracia electoral se consideraba como un paso necesario para alcanzar una democracia participativa en donde la diversidad social estuviera adecuadamente representada en las estructuras del poder y se colocara el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales y corporativos.

La década de los ochenta fue una década pérdida para el desarrollo del país y marcó el cambio hacia un proyecto económico neoliberal que afectó profundamente el bienestar de la población y cambió de manera autoritaria y sin una propuesta alternativa esperanzadora, el proyecto de país que se venía construyendo desde mediados del siglo XX.

En este contexto se inicia una amplia participación de una incipiente sociedad civil organizada con miras en un principio a evitar la repetición de los fraudes electorales, posteriormente a realizar una reforma profunda de la institucionalidad electoral, para finalmente conducir a procesos electorales equitativos donde los votos de los ciudadanas “contaran y se contaran bien”. Era en el fondo una lucha por rescatar los derechos políticos de la población mexicana.

Se puede formular así una periodización de la participación ciudadana en la consecución de una democracia electoral o de procesos electorales confiables, transparentes, equitativos, pacíficos y certeros al nivel federal. La primera etapa buscó atacar los ámbitos e instrumentos de la organización de elecciones respecto de los cuales existía mayor desconfianza de la población: la calidad del padrón electoral y de la jornada electoral. La segunda etapa se centró en apoyar y promover la ciudadanización de las instituciones responsables de organizar las elecciones y ampliar la participación de ciudadanos independientes en la organización y realización de las mismas. La tercera etapa tiene tres componentes, por una parte defender los avances logrados y evitar retrocesos, ampliar los ámbitos de la observación ciudadana al desempeño y participación de los distintos actores involucrados y procurar reducir el costo de las elecciones.

La primera etapa inicia con grupos de ciudadanos que sin mayores instrumentos y metodología deciden observar la jornada electoral desde fuera de las casillas para denunciar acarreo de votantes, llenado y robo de urnas, propaganda de los partidos el día de las elecciones, condicionamiento de programas sociales, etc. Se realiza con la participación de organizaciones con agendas diversas pero interesadas en lograr un cambio. Es animada por el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) que se constituye en una red de organizaciones con un fuerte contenido de activistas provenientes de organizaciones eclesiales de base en todo el territorio nacional. Los observadores del MCD acuden de distintas zonas del país a observar las elecciones estatales e incluso logran convocar a observadores s de otros países. Se inicia asimismo un esfuerzo por revisar y cuestionar públicamente la calidad de la lista de electores y los medios de comprobación para votar.

En la segunda etapa, se introducen a partir de la experiencia acumulada elementos de profesionalización de los procesos de observación electoral y se logra una gran coalición de organizaciones, académicos, y líderes de opinión que conforman Alianza Cívica en 1994. Constituida originalmente por acuerdo de siete organizaciones que contribuyen con activistas distribuidos en todo el territorio, recursos tecnológicos importantes, expertos e intelectuales de la política y voceros en los medios de comunicación, Alianza Cívica logra llevar a cabo un amplio ejercicio de observación en las elecciones federales de ese año. Esta incluyó la revisión y cuestionamiento del padrón electoral, la observación de acciones de compra y coacción y el uso de recursos públicos en apoyo a candidatos, la observación de la jornada electoral con instrumentos de captación homogéneos que después permitieron contabilizar las anomalías observadas, así como un conteo rápido y la participación de observadores internacionales en todo el país.

Surgieron entonces otras organizaciones de observadores de carácter nacional como las animadas por la COPARMEX, el SNTE y la ANCIFEM esencialmente abocadas a vigilar la jornada electoral.

Como resultado de la amplia movilización ciudadana del 1994 y del interés de algunos funcionarios públicos se realizan en ese periodo varias acciones que otorgan confianza en el padrón electoral y consolidan el uso de una credencial para votar con diversos dispositivos de seguridad, se establecen mecanismos de participación de los partidos políticos en la organización de las elecciones y lo más importante, se realiza una reforma electoral que sustrae del control del Gobierno Federal la organización de las elecciones y la confía a concejos electorales ciudadanos, a saber: el general, 32 consejos locales y 300 consejos distritales.

La nueva estructura de los consejos electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) se convierte en el pilar de la participación ciudadana en la organización de las elecciones y permite ir difundiendo y mejorando la capacidad de los ciudadanos no partidistas para hacerse cargo de la organización de los procesos electorales.

Los procesos electorales del 2003, 2006 y del 2009 llevaron a las organizaciones de observadores a ampliar las materias objeto de su trabajo ante la evidencia de una creciente captura de las instituciones electorales por los partidos políticos y las distorsiones a la competencia electoral introducida por la poderosa presencia del duopolio de los medios de comunicación electrónica.

Por la preocupación derivada de la composición fuertemente partidista del Consejo General del IFE en 2003, un grupo de organizaciones, académicos y expertos electorales constituyeron una red de observación denominada Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE). Esta red amplió los campos de observación ciudadana e incluyó en el 2006 el seguimiento y análisis de los procesos de selección y capacitación de funcionarios de casilla, la metodología del conteo rápido, la intervención de diversos actores en las campañas políticas y el recuento de votos realizado por el Poder Judicial ante el conflicto derivado de los resultados de la elección presidencial. En el 2009, nuevamente dio seguimiento a la selección y capacitación de funcionarios de casilla, al montaje de la red de monitoreo de medios del IFE y evaluó el apego a los Principios de Brandemburgo de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial y del propio Consejo General de IFE.

En ambos procesos se llevó a cabo un proyecto denominado Congreso con Rostro cuyo propósito es observar la calidad democrática de los métodos de selección de candidatos seguida por los partidos políticos, así como poner a disposición de los ciudadanos información curricular de los candidatos a diputaciones de mayoría con el fin de que los electores pudieran realizar un voto informado y razonado. La idea subyacente es obligar a los partidos a explicar cómo y por qué eligen a sus candidatos y a dar a la ciudadanía información sobre ellos.

Como resultado de sus trabajos el CCOE aportó en el 2006 una propuesta de reforma electoral centrada en la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, que fue tomada en cuenta para la reforma electoral del 2007.

Para el proceso electoral en curso el CCOE ha considerado necesario centrar su observación en una evaluación objetiva del apego de los partidos políticos a la legalidad y de la calidad democrática de su cultura y prácticas. Al tener estos por ley el monopolio de la representación ciudadana resulta fundamental hacer una evaluación del acceso de los ciudadanos a los partidos políticos, del respeto a los derechos de sus militantes, del grado de transparencia en el manejo de sus recursos y de la congruencia entre sus documentos básicos y sus campañas políticas. La mira es derivar en nuevas disposiciones en el COFIPE o proponer una Ley de Partidos Políticos que los obligue a rendir cuentas, apegarse a la legalidad y a respetar los derechos políticos de los ciudadanos y de sus militantes.

Este recuento de algunas experiencias de observación de elecciones sólo toca de manera muy escueta y superficial los muy diversos espacios que tienen los ciudadanos para contribuir al desarrollo de elecciones confiables y evitar retrocesos indeseables. La masa de ciudadanos expertos en procesos electorales se ha ido ampliando y ese sólo hecho es una buena noticia.

 

Política social a nivel subnacional en México

Política Social

 

No estoy al tanto del debate actual en la materia pero observo que:

  1. Se mantiene una centralización de la captación de ingresos por el Estado Federal. Los estados y municipios dependen de las participaciones federales y de los fondos federales especializados, mientras continúan con una muy baja recaudación propia. Subsiste y no parece estar en revisión el pacto federal en esta materia.
  2. Está ocurriendo una reconsideración y reversión de la agresiva política de descentralización adoptada en la década de los años noventas a partir del Consenso de Washington, del triunfo del pensamiento ortodoxo y de la adopción del modelo neoliberal de políticas social y económica (recentralización de la compra de medicamentos y del pago de la nómina de los maestros, la propuesta del INE)
  3. Se han hecho evidentes los crecientes niveles de endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales y los altos niveles de corrupción en el ejercicio de los recursos federales por los gobiernos subnacionales. Opacidad en el manejo de las participaciones y corrupción en el manejo de los fondos: SUBSEMUN y Seguro Popular.
  4. Se hace cada vez más evidente la incapacidad de gestión de recursos y de políticas y programas de muchos gobiernos municipales parte por la falta de actualización de la arquitectura institucional municipal frente a la ampliación de atribuciones, funciones y recursos que recibieron en los últimos años: parte por la ausencia de un servicio civil de carrera municipal de carrera o de modelos de certificación de calificaciones profesionales y por la captura de los gobiernos municipales por la delincuencia organizada, los caciques tradicionales o por políticos que ven en ellos fuentes interesantes de recursos.
  5. La dificultad de hacer sostenibles las políticas y programas sociales que se observan al nivel federal se agudiza a los niveles subnacionales por la alternancia de partidos en los gobiernos, por partidos distintos en el los gobiernos estatales respecto de los que gobiernan los municipios y el federal, por conflictos al interior de los partidos y por la poca duración de los gobiernos municipales.
  6. Ausencia de mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas y de contrapesos en el ejercicio de la función pública al nivel subnacional por el control de los gobernadores de los organismos autónomos o en vías de serlo como los institutos de acceso a la información, la comisiones de derechos humanos, los institutos electorales; así como también de los poderes legislativo y judicial y de órganos de auditoría de los legislativos.

Parto de la hipótesis de que experimentamos:

  1. Gobiernos débiles en sus capacidades de diseño y gestión de políticas y sin experiencia y conocimiento de la cosa pública,
  2. Desmantelamiento de instrumentos de política gubernamental que le daban fortalezas a los Estados o al menos al Estado Federal, para orientar el desarrollo del país, por ejemplo el desastre que se vive en el campo mexicano a partir de la desaparición de varias herramientas y programas públicos (crédito, aseguramiento, insumos, acopio, etc.) y del cambio de prioridades; MENOS ESTADO Y MAS MERCADO
  3. Deterioro en la calidad de los servicios públicos sociales tradicionales como la salud, la educación escolarizada, los programas de vivienda, la seguridad social, la política de protección laboral y de los ingresos, con un salario mínimo legal que está por los suelos.
  4. Con ello, pérdida del sentido de lo público como un bien y una responsabilidad común y que se manifiesta en bajas retribuciones a los servidores públicos y desprestigio de la función pública; la presencia de una gran número de trabajadores de gobierno en relaciones informales de trabajo (honorarios, lista de raya, pago con autogenerados, contratos temporales, outsourcing, etc.); ineficiencia, corrupción y maltrato a la ciudadanía cuando acuden o utilizan un servicio público
  5. Muy pocas políticas de Estado que se sostiene en el tiempo a través de las distintas administraciones. Programas y acciones sociales que se van superponiendo, pocas se eliminan, las más se mantienen con bajos niveles de desempeño y representan generaciones distintas de lo que se entiende por política social. CONEVAL.
  6. Ciudadanía de baja intensidad, desigualmente organizada en el territorio nacional, con precarios mecanismos de participación en la arena pública y sin herramientas para llamar a cuentas a los políticos en posiciones de Estado. Impunidad inacabable y evidente enriquecimiento con recursos públicos.

Mi interés en esta plática, que insisto busca ser más una conversación en donde quiero compartirles mi visión de la cuestión social actualmente y trasmitirles mi preocupación por lo que percibo como incapacidad del Estado Mexicano en sus distintos niveles para hacer frente a las transformaciones sociales que estamos experimentando y a la creciente complejidad social en un mundo globalizado.

Considero que esa creciente complejidad y los déficits sociales que de ella derivan no puede ser enfrentada de manera individual o por las familias y que se requiere de una organización colectiva que hasta ahora hemos llamado Estado para que ayude a enfrentar las viejas y nuevas problemáticas sociales y organice y controle las normas de convivencia pacífica. No creo tampoco que los bienes y servicios del mercado cubrirán las necesidades que derivan de esos déficits sociales.

Es decir, requerimos de un pacto actualizado entre individuos, familias, Estado y mercado a partir del reconocimiento de la complejidad social actual y de los déficits en las necesidades de las personas. Posiblemente incluso requerimos de un pacto global por los niveles de interdependencia que hemos alcanzado y la presencia de poderosas empresas trasnacionales que doblegan a los Estados Nacionales a sus intereses de lucro y acumulación.

Propongo en mi intervención una reflexión más referida a la naturaleza de las políticas sociales que actualmente son necesarias; misma que rebasa la división sectorial de política social que se expresa en lo que hemos concebido como derechos sociales: alimentación, salud, vivienda incluyendo infraestructura de servicios, educación, seguridad social y protección laboral. Debemos ampliar la concepción de política social hacia otros temas de las necesidades humanas para alcanzar una vida feliz como son las necesidades del cuidado, del descanso y del uso del tiempo libre, del reconocimiento de los derechos y necesidades de los diferentes grupos poblacionales (infancia, juventud, mujeres, adultos mayores, etc.), de la seguridad en distintos aspectos de la vida, incluso la seguridad al interior de las familias, de acceso a un medio ambiente limpio, también al afecto, a la participación, a la inclusión y al reconocimiento como personas dignas, a la belleza, a la cultura y a los desarrollos tecnológicos.

A partir de esa apertura de lo que concebimos como política social que define los campos donde se requieren intervenciones del Estado, podríamos también reflexionar sobre qué responsabilidades corresponderían o sería mejor que asumieran los distintos niveles de gobierno, a partir de criterios definidos. Tal vez podríamos hablar de políticas sociales de proximidad.

Los requerimientos para la vida

Maslow nos planteó una jerarquía de las necesidades humanas en la que establece una escala donde a partir de la satisfacción de las necesidades más básicas, las de naturaleza fisiológica como respirar, beber agua, alimentarse, descansar eliminar los desechos corporales, evitar el dolor, tener relaciones sexuales y mantener la temperatura corporal en un ambiente cálido o con vestimenta; los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados que ubica en los escalones superiores de su pirámide poniendo en segundo nivel las necesidades de seguridad y protección (física, de recursos, de protección de bienes y activos, de vivienda), en tercero las necesidades de afiliación (amistad afecto, intimidad sexual, participación, aceptación social), en cuarto la necesidad de reconocimiento nivel bajo (auto-respeto, confianza, competencia, logros, independencia y libertad) nivel alto (atención, aprecio, reconocimiento, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio o poder) y finalmente la necesidad de autorrealización o de motivación del crecimiento ubicada en la cima de la jerarquía. Es a través de su realización que se encuentra una justificación o sentido de la vida mediante el desarrollo de una actividad.

Desde INCIDE Social empezamos hace varios años una reflexión sobre el desarrollo y la política social con miras a preparar los materiales de una taller que impartíamos en un curso de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio nacional auspiciado por el INDESOL. Iniciábamos el taller dividiendo en grupos a los participantes y les proporcionábamos dos figuras humanas: un niño y una niña. El ejercicio consistía en que cada grupo tenían que definir cuáles eran los requerimientos que esas personas tenían para lograr una vida feliz, de calidad o una buena vida.

Al llevar a cabo el ejercicio en contextos territoriales distintos, fuimos recogiendo aportaciones interesantes y logramos integrar lo que llamamos una matriz de requerimientos para la vida humana. Los funcionarios de INDESOL le pusieron el “Felizómetro”

Comentario en torno a la publicación La Teoría de la Economía Política del Envejecimiento. Un enfoque para la gerontología social en México.

Derechos Humanos, Grupos de atención prioritaria

 

Quisiera agradecer a Ana Díaz- Tendero la invitación para participar en la presentación de la publicación que deriva de su tesis doctoral e iniciar felicitándola ampliamente tanto por el trabajo de investigación realizado como por la posibilidad que brinda a la comunidad interesada en el tema del envejecimiento de acceder a su trabajo vía la publicación de El Colegio de la Frontera Norte.

No es menor esto último conociendo las exigencias del COLEF para apoyar textos a ser publicados bajo su auspicio.

Aunque comenté con Ana mi dificultad de tiempo para hacer una lectura extensa y cuidadosa del amplio texto que nos ofrece, en lo que logré revisar reconozco que realizó una revisión y síntesis cuidadosa de la literatura norteamericana y europea que se ha venido produciendo sobre el tema del envejecimiento durante ya varios años y que ello nos aporta en México marcos teóricos que por lo que ella relata, no necesariamente han estado presentes en las investigaciones y publicaciones que se han realizado en México sobre el tema. Estas se ubican en el campo de “estudios de población” más que como análisis de lo que ocurre en México respecto de alguna de las teorías del mundo occidental desarrollado sobre el envejecimiento que de acuerdo a la autora ya tienen tres generaciones, esencialmente la teorías micro o individualistas; las teorías macro o estructuralistas y la teorías vinculantes.

El desarrollo del primer capítulo del libro me pareció especialmente iluminador y muy claramente expuesto pues sistematiza lo que son hasta ahora estas tres generaciones de teorías y sus principales postulados y me parece que al final reflejan por una parte, las diversas interpretaciones del proceso individual de envejecimiento en los contextos de los países de origen de los autores y por otra las relaciones que se dan entre las estructuras económicas, sociales y culturales de esos mismos países con el envejecimiento.

El tema que me parece que preocupa más a la autora es que esas teorías y conceptualizaciones, como nos sucede en nuestros países en muchos otros campos sociales, se refieren a sociedades con alto grado de homogeneidad y posiblemente equidad y por ello no se integra la dimensión de la diversidad incluso en términos de cohortes, ni tampoco de estratos socioeconómicos, raza, etnia y un poco menos de género.

Al exponer la Teoría de la Economía Política del Envejecimiento en su capítulos tercero y cuarto entiendo, porque no los alcance a revisar, que la autora trata de postular que esta teoría si estaría ofreciendo elementos más apegados a sociedades que como la mexicana adolecen de problemas de profunda desigualdad y falta de equidad, discriminación e inclusión exclusión de grupos de población de distintos estratos socioeconómicos, sexos, etnias, razas, ubicación territorial y cohortes.

Desde mi personal perspectiva me parece de gran pertinencia pensar que el proceso de envejecimiento es una construcción cultural, económica, social e incluso política y por lo tanto histórica, que coloca y forma a las personas adultas mayores en determinados estereotipos y roles según la época y cohorte a la que pertenecen y que los procesos individuales de envejecimiento están cruzados y marcados por esos estereotipos y roles y por su adscripción a determinados grupos socieconómicos, sexo, etnia y raza e incluso territorio y experiencia ocupacional.

No es lo mismo envejecer en una comunidad donde prevalecen valores de solidaridad intra e intergeneracional que en una sociedad dominada por la competencia individual y el éxito personal en el mercado; no es lo mismo ser viejo en un estado de bienestar de coberturas universales que en estados de protecciones sociales duales como ha sido el caso de México; no es lo mismo tener una trayectoria de ocupación formal protegida que provenir del sector informal de la economía; no es lo mismo ser un adulto mayor hombre que serlo como mujer; no son las mismas experiencias de la cohorte actual de viejos entre 65 y 80 años que la que vivirán los millones de jóvenes que actualmente tienen entre 15 y 29 años; no es lo mismo ser viejo en una ciudad de maquila de la frontera norte que serlo en una comunidad rural del sur de la República o en una familia extensa respecto de una familia nuclear.

El tema que se plantea entonces es el de las políticas públicas que deben asumirse frente al proceso de envejecimiento de la población mexicana. Ana Díaz Tendero nos advierte sobre la velocidad a la que envejecerá la población en México cuando nos dice que en Francia transcurrieron más de dos siglos (1750 a 2000) para que la proporción de adultos mayores sobre el total de la población pasara de 5.2 por ciento a 16.2 por ciento. En el caso mexicano, citando a Ham, en un lapso reducido a poco más de tres décadas (2000 a 2036) se hará el mismo recorrido. Actualmente se estima que la población adulta mayor representa el 6 por ciento y en 2036 será de 16 por ciento y en 2050 de 24 por ciento (32.5 millones de personas) de acuerdo a cifras de CONAPO.

No es un asunto menor que de 6 adultos mayores por cada cien personas en 2050 pasemos a 25 adultos mayores por cada 100 personas.

En la lógica de evolución de la estructura demográfica de México durante las etapas de las altas tasas de crecimiento demográfico la preocupación central de las políticas sociales fue ampliar la infraestructura de bienes y servicios dirigidos a la atención de la infancia. Fue una etapa de un crecimiento económico bueno y que permitió disponer de recursos públicos para montar la enorme infraestructura de educación primaria con la que aún actualmente envejecida, aún contamos, también permitió ampliar la infraestructura de salud y el desarrollo de programas de subsidio en materia de alimentación y las posibilidades de empleo, salarios decentes y protección social para los padres de esas generaciones.

No ha ocurrido lo mismo en la etapa de la demografía nacional donde la presencia de las cohortes de jóvenes ha crecido fuertemente. Lamentablemente esta etapa ha coincidido con un estancamiento de la economía nacional que ya dura 30 años, en el que ni la infraestructura social (educativa, de salud, de recreación y esparcimiento) ni los empleos y los salarios, ni la protección social han tenido avances como para incorporar a esas cohortes a niveles de vida dignos y darles un sentido y un proyecto de vida que les brinde esperanza.

Los adultos mayores del mañana provendrán de las generaciones de jóvenes de ahora que han estado privadas de un proyecto de país para su inclusión y su consideración como personas dignas.

La pregunta es ante que características de modelo y de crecimiento económico se va a enfrentar ese veloz proceso de envejecimiento de la población mexicana.

¿Continuaremos con un proyecto económico de economía de mercado no competitiva que privilegia a los grupos de poder monopólico privado? Continuaremos trasladando la propiedad y la riqueza nacional para su explotación y depredación por intereses privados nacionales y extranjeros? ¿Lograremos recuperar nuestro derecho al Estado, a la propiedad nacional de bienes y recursos estratégicos, así como a bienes y servicios públicos que realmente reflejen los intereses de las poblaciones y reconozcan su diversidad?

Agradezco nuevamente a Ana su invitación a esta participación y su aporte a una urgente y necesaria reflexión sobre la gerontología social y las políticas sociales que deberán acompañar la etapa de cambio demográfico hacia la que estamos avanzando de manera acelerada pues lo más preocupante es que no tenemos gobiernos a todos los niveles que se preocupen por el bienestar de las personas y con las capacidades de previsión de largo plazo, tan necesarias en esta etapa de la vida de México. ¿Cómo superar el inmediatismo del beneficio privado en los grupos que han capturado al Estado mexicano?

 

 

Movimientos contra la inseguridad: un desafío para los partidos y gobiernos

Violencias

Coloquio Internacional: Demandas ciudadanas: dilemas y desafíos para la política.

Panel: Movimientos contra la inseguridad: un desafío para los partidos y gobiernos

Los movimientos contra la inseguridad en México

Seguramente la invitación de la Fundación Ebert para participar en este panel tiene relación con mi colaboración en el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad que surgió en abril pasado, a raíz del asesinato del hijo de Javier Sicilia en manos de la delincuencia organizada.

Personalmente, y en el marco de INCIDE Social A.C. hemos venido reflexionando e investigando el tema de las violencias como construcciones económicas, sociales, culturales y políticas y consideramos que como tales pueden revertirse, aminorarse o contenerse.

En el 2003 entramos en el tema de las violencias con una investigación sobre la situación social en Ciudad Juárez, en colaboración con el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de esa ciudad, constituido por cerca de 40 organizaciones civiles[1].

Para nosotros el interés radicaba en tratar de encontrar un explicación más estructural a los feminicidios ocurridos en esa Ciudad, que en ese momento ocupaban las principales columnas de los medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros.

Partíamos de la hipótesis de que los feminicidios eran la punta de un iceberg cuya masa está conformada por capas de abusos, omisiones, exclusiones, discriminación, corrupción e impunidad a las que contribuyen numerosos actores sociales: funcionarios corruptos y omisos, partidos políticos en lucha por el poder y los recursos que lo acompañan, especuladores de la tierra y de los recursos naturales, mafias criminales con presencia histórica en la ciudad, sindicatos blancos, jerarquías eclesiásticas coludidas con las élites económicas y con la delincuencia, etc. es decir, algo que podríamos llamar una burguesía que se había enriquecido a partir de la explotación y el abuso del poder político, de los recursos y de las personas en paralelo con una enorme ausencia de Estado.

La ciudad como todas las de la frontera sufría de una desatención histórica por parte del Gobierno Federal, cuyas políticas nunca se compadecieron de las circunstancias particulares que viven las ciudades de frontera; además fue sistemáticamente relegada por los gobiernos estatales radicados en la Ciudad de Chihuahua, y sufrió de gobiernos municipales sin capacidad de gestión, y como todos los gobiernos municipios en México, carecen de presupuesto, herramientas, recursos humanos capacitados y de arquitectura institucional para enfrentar los retos que les planteaba una ciudad que crecía a velocidades extremas por el desarrollo de la industria maquiladora y que estaba viviendo transformaciones y problemáticas inéditas en el país.

La ausencia de Estado en Ciudad Juárez alentó la creación de un número importante de organizaciones civiles que iniciaron luchando por servicios urbanos (agua, drenaje, luz, etc.) para las colonias formadas por viviendas de trabajadores, que fueron construidas con deshechos de la maquila y asentadas en terrenos inhóspitos. Esas organizaciones evolucionaron para ofrecer servicios de atención a los jóvenes, a la infancia, a las mujeres, a los migrantes, a la población indígena. En distintos momentos se han articulado en redes con el fin de promover políticas públicas sociales para superar las graves situaciones de riesgo en que viven varios de los grupos poblacionales señalados.

Desde mi óptica el primer movimiento contra la inseguridad en México fue constituido en la década de los noventas, por mujeres y sus organizaciones que en Ciudad Juárez iniciaron haciendo visibles las múltiples muertes de mujeres jóvenes y demandando justicia. Colocaron el tema en la agenda política del país y a nivel internacional. Lograron concitar el apoyo de los movimientos feminista y de derechos humanos en todo el país, así como de muchos movimientos y organizaciones del resto del mundo, incluyendo a comunicadores y artistas. Casa Amiga, Nuestras hijas de regreso a casa, el movimiento Ni una Más, las Mujeres de Negro son algunas expresiones de este gran movimiento de protesta contra la violencia de género y las muertes de mujeres y que se sostiene hasta la fecha.

Como todo movimiento ha tenido etapas de gran actividad y visibilidad, ha utilizado estrategias muy creativas para mantener el tema en el imaginario colectivo y también ha sido objeto del embate de los políticos y los partidos políticos en el poder. Durante varios años el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU) fue utilizado para debilitar la fuerza del Movimiento mediante la compra o cooptación de algunas de las familias de las mujeres asesinadas para evitar que continuaran participando en actividades de denuncia y movilización.

El Gobierno Federal durante la administración de Vicente Fox, se vio obligado a crear varias instancias para atender a las familias afectadas y para localizar e identificar los cadáveres. Sin embargo, por el origen social de las víctimas, fundamentalmente mujeres jóvenes de familias de bajos ingresos, el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición les han sido sistemáticamente denegados.

El acompañamiento de abogados especialistas en derechos humanos les ha permitido llevar algunos casos a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de haber agotado las instancias nacionales de justicia. La sentencia de esa Corte en relación con tres de ocho de las mujeres asesinadas y enterradas en el Campo Algodonero es un caso emblemático de la incapacidad del Estado Mexicano y posiblemente del desinterés mostrado por los gobiernos de los tres niveles, para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En la actualidad el tema de los feminicidios ha sido opacado por los elevados niveles de violencia de la guerra que se está librando en las calles de Ciudad Juárez entre los cárteles de la droga, así como por los múltiples otros delitos que han florecido en la ciudad como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de armas.

Las mujeres del Movimiento de las muertas de Ciudad Juárez no ceja en su lucha, sigue elevando su voz, participando con otros movimientos y clamando por justicia. Tampoco, lamentablemente los feminicidios se han terminado, siguen apareciendo mujeres jóvenes asesinadas, ahora sumadas a las decenas de personas que diariamente mueren en Ciudad Juárez.

La incapacidad del PRI y del PAN y de sus gobiernos para enfrentar y acabar con el problema e instaurar el Estado de Derecho en Chihuahua, tiene mucha relación con los graves niveles de corrupción y de impunidad de las élites empresariales y políticas que gobiernan el Estado y la Ciudad y que participan de los beneficios económicos que genera el crimen organizado, del cual forman parte o son cómplices.

Un segundo movimiento de víctimas del crimen organizado se relaciona con familiares de personas secuestradas, desaparecidas y en algunos casos, asesinadas, pertenecientes a los estratos de población de altos ingresos y con influencia y redes políticas. Su presencia pública se inicia a finales de la última década del siglo pasado a la luz del incremento de los secuestros de empresarios y de familiares de estos.

Aunque más que un movimiento se trata de personas que en lo individual o con su grupo familiar empezaron con la búsqueda y el rescate de sus familiares victimizadas. Algunos incluso, han realizado directamente las investigaciones para atrapar a los delincuentes. A partir de su experiencia personal, se han convertido en un grupo de presión con gran poder para modificar legislación, procedimientos, remover funcionarios; es un grupo de exigibilidad para el Estado Federal y mantienen un muy buen nivel de interlocución con las instituciones de seguridad nacionales.

Es el grupo de víctimas que acompaña y participa en los diálogos sobre seguridad que promueve el Gobierno Federal; integra varios consejos consultivos o de política y realizan proyectos apoyados con recursos públicos.

Varios de sus integrantes se han convertido en voceros funcionales a la estrategia de seguridad militar y policial adoptada por el Gobierno Federal. Tienen amplia presencia en los medios de comunicación, comparten una visión conservadora, punitiva y autoritaria de la estrategia de seguridad. Aprueban la presencia del Ejército en funciones de seguridad pública, pugnan por el aumento de penas a los delincuentes y muchos consideran a los defensores de derechos humanos como defensores de estos.

Más que un movimiento se trata de un conjunto de personalidades que a veces colaboran generando iniciativas compartidas. Han logrado convocar a varias marchas contra la inseguridad a las que ha asistido una pluralidad social, con un importante componente de sectores medios y altos.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que como señalábamos surge en abril de este año, es el primero que coloca la paz como su objetivo a partir de un reconocimiento de que el país está en guerra.

Si bien en años recientes se ha ido creando una red de organizaciones que promueven la cultura de paz (RECUPAZ) en el país, el Movimiento es el primero que alcanza una gran visibilidad pública postulando la paz como su centro de acción. Se asume como un movimiento de víctimas donde las organizaciones sociales y civiles y los académicos y expertos que participan contribuyen a la búsqueda del fin de la guerra, del acceso a la justicia y a la verdad para las victimas y a la reconstrucción del tejido social, con énfasis en la atención de los jóvenes.

Privilegia el diálogo por sobre la confrontación, pero práctica un diálogo sin limites de lo que se asume como “políticamente correcto”. Utiliza un lenguaje claro y directo, sin rodeos, denuncia cara a cara con los representantes del poder estatal, sus omisiones, equívocos, ineficacia, simulaciones y complicidades pero también aporta propuestas concretas de aquello que se deben hacer para modificar el estado de cosas y terminar con la guerra.

Exige un cambio a la estrategia de seguridad seguida por el Ejecutivo Federal por una que permita ir retirando a las Fuerzas Armadas de las calles con un programa de restructuración de las autoridades civiles de seguridad y justicia para que retomen su responsabilidad de garantes de la seguridad pública; un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, incluyendo a servidores públicos, políticos, empresarios, organizaciones diversas, así como la reducción del poder económico alcanzado por los cárteles del crimen organizado y un esfuerzo participativo y democrático que permita recuperar el tejido social, con énfasis en la inclusión de los jóvenes en proyectos de vida digna. Postula a construcción desde lo local hacia lo nacional.

Se podría caracterizar dentro de los nuevos movimientos sociales definidos por Habermas. Es un tanto líquido, inasible y poco comparable con otras experiencias; es una especie de organismo vivo, evita las jerarquías y las estructuras; surgió sin intencionalidad como resultado de circunstancias graves. Tiene una clara separación respecto del Estado y sus instituciones; no busca el poder político, pero si el cambio de las instituciones. Tiene una composición social heterogénea, una organización basada en un liderazgo múltiple y una actitud eminentemente antiestatal.

Sin bien sus postulados básicos están contenidos en el documento leído en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo pasado, clasificados en seis ejes ordenadores, sus actividades desde las Caravanas, los diálogos con los poderes del Estado, los procesos de construcción democrática de sus propuestas, sus acercamientos a muy diversas organizaciones e instituciones y la centralidad de las víctimas y de sus experiencias han permitido una especie de fertilización cruzada entre sus miembros que ha ido afinando y concretando una agenda en torno al fin de la guerra y la construcción de la paz.

Desarrolla actividades para estar en constante movimiento y presencia; cuenta con expertos en resistencia civil y está procurando generar núcleos en varios territorios del país.

La cultura del Movimiento resulta extraña y desconcertante, incluso molesta para muchos, incluyendo a algunos de sus propios integrantes. Hay un respeto básico en las relaciones; el afecto y el reconocimiento de la humanidad del otro es evidenciada mediante abrazos y besos. Salvo raras excepciones no hay imposiciones, hay procesos democráticos y participativos.

Se transita sin mayores recursos económicos; los que se tienen, provienen de los propios integrantes, de campañas de boteo, de ventas de libros, de donaciones individuales, nada que genera lazos de dependencia. El gran aporte de sus integrantes es el tiempo personal y algunas instalaciones de organizaciones que participan.

Es un espacio que permite la imaginación, la creación de opciones a partir del reconocimiento de la complejidad y la constante transformación de la realidad. Esto es totalmente diferente de lo que ocurre en los partidos políticos y en los gobiernos, donde las libertades de creación e imaginación han sido canceladas. Donde prevalece la rigidez, la inflexibilidad y el dominio del sistema. Donde se prohíbe pensar.

El principal valor del Movimiento consiste en dar espacio, en visibilizar, en reconocer el dolor de las víctimas que no tienen ni los recursos económicos, ni las redes de poder para ser atendidas por el Estado y que son revictimizadas por las instancias públicas de seguridad y justicia.

Su mayor riesgo es el cansancio de sus miembros, el agotamiento de los recursos personales y de tiempo de éstos. Como organismo vivo tiene que ir renovando constantemente sus células y tejidos y tiene que mantenerse en permanente movimiento. Su eficacia para apoyar y orientar a las víctimas se convierte en uno de sus grandes retos.

Mantiene diferencias respecto del diagnóstico y de las propuestas con relación al grupo de víctimas de altos ingresos y del propio Gobierno Federal. Ve a los delincuentes como el producto de una sociedad profundamente injusta y desigual, considera a las víctimas no sólo de la delincuencia sino también las resultantes de intervenciones y omisiones del Estado a quienes el Gobierno Federal se niega a reconocer. Señala la existencia de una guerra que los mexicanos no quisimos iniciar y que el Gobierno de Felipe Calderón ahora niega. Reclama el desarrollo de una sistema integral de atención a víctimas en su acepción amplia; la creación de una fondo de atención a víctimas, la creación de una comisión de la verdad, de una legislación y un fondo para emergencias sociales; la creación de contralores ciudadanos para las instituciones de seguridad y justicia, entre varias otras propuestas.

El día de hoy se inició la Caravana al Sur del Movimiento. Caminará por territorio de los Zetas y dará cuenta de las múltiples violencias y violaciones de derechos humanos que el Estado Mexicano ha ejercido en las comunidades indígenas y en las zonas más pobres del país. Las comunidades victimizadas por gobiernos corruptos y abusivos seguramente ocuparán el centro de las denuncias y se incorporarán a la lista de las víctimas que no deja de crecer por la absurda guerra contra las bandas del crimen organizado, pero también por el despojo de bienes y recursos comunes que la economía globalizada está perpetrando en nuestro país con la complacencia de nuestros gobiernos y partidos políticos.

[1] La investigación fue publicada en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como La Realidad Social de Ciudad Juárez. Entre 2009 y 2010 INCIDE Social a petición de CONAVIM organizó, promovió y coordinó investigaciones sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en cuatro Zonas Metropolitanas: Guadalajara, Tijuana, Aguascalientes y una actualización de Ciudad Juárez. Las mismas se pueden consultar en www.incidesocial.org y en www.conavim.gob. Se analizan doce ámbitos de la realidad

El enfoque de derechos humanos en la política social y en la Cruzada contra el Hambre

Alimentación, Derechos Humanos, DESC

La importante reforma constitucional del 10 de junio de 2011 amplía el reconocimiento de los derechos humanos y señala obligaciones para el Estado en la elaboración e implementación de las políticas públicas. Eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, adopta el principio pro persona y reconoce que todas las autoridades del país tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Se adoptan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para la aplicación de los derechos humanos, entre otros aspectos destacados.

Los derechos humanos son un conjunto de garantías jurídicas universales que hacen a la dignidad humana y que protegen a los individuos y a los grupos, contra acciones y omisiones con las libertades y los derechos fundamentales. Los derechos y libertades reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos son producto de una larga historia de luchas sociales derivadas de repetidas injusticias y afectaciones a la dignidad humana. Los que se encuentran reconocidos en esos instrumentos internacionales son resultado de negociaciones a lo largo casi 70 años entre países con una diversidad de regímenes sociales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge en 1948 como un acuerdo entre países para generar precisamente un marco normativo de las relaciones entre el Estado y las personas con el propósito de que no se volvieran a repetir los atroces abusos cometidos por regímenes autoritarios tanto capitalistas como socialistas que utilizaron la fuerza del Estado para limitar las libertades, truncar las vidas, despojar de sus identidades y de sus propiedades y desarraigar a millones de seres humanos a lo largo del Siglo XX. Por lo tanto es el Estado el obligado y la población la titular de los derechos humanos.

Además la violación a los derechos humanos realizada por terceros como pueden ser las empresas nacionales y extranjeras, los delincuentes y el crimen organizado, las organizaciones sociales, las iglesias, entre otros actores no estatales se consideran responsabilidad del Estado quien tiene la obligación de “proteger” a las personas de la comisión de abusos y daños por parte de terceros. Desde la perspectiva de esta obligación de protección el Estado Mexicano debe por ejemplo asegurar la calidad, la inocuidad, la disponibilidad, la accesibilidad económica y física y la adecuación cultural de los alimentos que las empresas que producen, procesan y distribuyen alimentos ofrecen a toda la población del país.

Pero también el marco normativo de los derechos humanos establece que el Estado tiene la obligación de “respetar” lo que significa no interferir con su disfrute; es decir, el Estado y sus agentes deben abstenerse de interferir en la realización de los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, no pueden despojar o apoyar el despojo de los recursos de distinto tipo que las personas utilizan para atender sus derechos por sí mismas: por ejemplo, producir sus propios alimentos, acceder al agua, al bosque, al mar, gozar de una vivienda, acceder a medios para allegarse información, etc. Desde esta perspectiva el Estado está claramente violando los derechos humanos de las poblaciones que habitan y viven de las costas, cuando promueve y autoriza la instalación de escaleras naúticas o de desarrollos turísticos que destruyen o afectan los recursos de pesca, o los derechos humanos de las poblaciones serranas cuando realiza concesiones de explotación minera que propician y alientan la expulsión de la comunidades originarias y contaminan y destruyen el medio ambiente o cuando no interviene ante la entrada del exterior de alimentos legales o ilegales que provocan caídas intencionadas de los precios para los productores locales.

Por último el Estado tiene la obligación de satisfacer, facilitar, proveer o tomar medidas que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez que una persona (o grupo) no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí misma con los recursos a su disposición. Esta obligación es la que delimita en qué casos el Estado debe proveer directamente los bienes y servicios que hacen directamente a la realización de los derechos humanos de las personas o promover actividades de terceros para lograr esa provisión y es sólo para aquellas personas que no cuentan con los medios para realizar sus derechos humanos por razones ajenas a su voluntad. Por ejemplo, no es que el Estado daba construir directamente y proveer de vivienda a todas las familias que las necesitan pero si debe promover las acciones necesarias para que el acceso a estas sea posible y asegurar que sean viviendas adecuadas y dignas en los términos definidos y acordados en las instancias internacionales.

Desde la perspectiva de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se puede considerar que la Cruzada contra el Hambre estaría enfocada a cumplir con esta tercera obligación y refiere a satisfacer los requerimientos de alimentación de las poblaciones en pobreza con carencia alimentaria y que se estimó en poco más de 7 millones de personas en el 2010. La Cruzada lo hace por la vía de propiciar el acceso y la disponibilidad de alimentos directamente a esas poblaciones, mediante apoyos monetarios como Oportunidades o la tarjeta Sin Hambre, la entrega directa de alimentos gratuitos o subsidiados por la vía de los comedores comunitarios y de las escuelas de tiempo completo, las tiendas Diconsa y el programa de Liconsa o bien indirectamente, al plantearse como objetivo: “aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas” para lo cual estará tomando medidas que permitan a esos pequeños agricultores contar con recursos suficientes para enfrentar sus requerimientos de vida, entre ellos los alimentos, además de propiciar con estas acciones un aumento en la oferta interna de estos.

En la revisión de los principios de los derechos humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte, surgen otras obligaciones para el Estado mexicano además de las tres fundamentales mencionadas las de respetar, proteger y garantizar y son las siguientes:

  • Tutelar sin discriminación todos los derechos
  • Tomar todas las medidas apropiadas para hacer efectivos los derechos dentro de su territorio.
  • Por la diversidad de regímenes sociales se deja en libertad a cada país sobre el tipo de medidas que adoptará pero se señala que deberán demostrar que las medidas tomadas son las más apropiadas para alcanzar la realización efectiva de los derechos.
  • Lograr progresivamente la satisfacción de los derechos establecidos, entendiendo por progresividad la obligación de hacerlo de manera inmediata y continua;
  • Asegurar niveles mínimos de satisfacción de los derechos, lo que le obliga a definir estándares a partir de los cuales se irá avanzando en la protección universal de los derechos
  • Destinar (y acreditarlo) el máximo de recursos disponibles a cumplir con el objetivo de satisfacer plenamente los derechos;
  • No dar marcha atrás en los niveles de realización alcanzados; en periodos de crisis o ajustes estructurales y cuando no es posible mantener esos niveles por causas de fuerza mayor como catástrofes naturales o humanas dar una explicación sustentada de ello;
  • En periodos de crisis, priorizar la protección de los miembros más vulnerables de la sociedad;
  • Establecer vías judiciales para llevar ante los tribunales las posibles violaciones a los derechos señalados; es lo que refiere a la creación de procedimientos y normas para hacer exigibles y justiciables los derechos.

Ahora bien, desde la perspectiva de INCIDE Social[1], “aterrizar el discurso de los derechos humanos, requiere de la construcción de un marco de políticas que: considere transversalmente sus principios; traduzca las garantías legales en instituciones públicas, políticas públicas y acciones de gobierno; y que éstas hagan realizables cada uno de los derechos para todas las personas. Es así que surge la discusión acerca de lo que significa la “perspectiva o enfoque” de los derechos humanos, a partir del cual se busca articular el acuerdo internacional ético en torno a la defensa de la dignidad humana con el desarrollo de políticas, estrategias y programas para la realización de cada derecho”.

“La literatura acerca de la estructura del enfoque, establece un proceso causal imbricado, que parte de la identificación de principios que dan sentido filosófico, normativo y operativo, cada uno de los cuales deviene en una serie de atributos mínimos indispensables. Una revisión reciente de la discusión internacional, permite establecer un consenso que señala como fundamentales los principios de: a) Universalidad, es decir reconocimiento general de las personas como titulares; b) Igualdad y no discriminación, entendida como la prohibición de distinciones entre personas por su sexo, raza, condición social, opinión o ideología; c) Exigibilidad y justiciabililidad, que consiste en la capacidad personal y existencia de mecanismos institucionales que hagan posible la demanda (vinculante o no) frente a la realización de los derechos; d) Participación, consistente en la posibilidad para todas las personas de intervenir en la toma de decisiones públicas y; e) Integralidad, que refiere a la vinculación que existe entre los derechos y la necesidad de articular mecanismos para su realización. Estos principios, provienen del marco jurídico internacional y para su incorporación en las políticas públicas, se desdoblan en una serie de atributos cuya instrumentación contribuye directamente a la construcción de ciudadanía, creando un “nuevo campo de poder social” (Cunill 2006) (PNUD,2012) (Abramovich, 2006).

“La revisión de la literatura permitió sistematizar un conjunto de 23 atributos para los cinco principios identificados como fundamentales, como muestra la tabla 1.

 

Universalidad Reconocimiento del marco normativo de DD. HH.
Territorialidad
Exigibilidad y justiciabilidad Responsabildiad
Quejas y denuncias
Reparación del daño
Integralidad Realización complementaria
Coordinación y articulación
Intergubernamentalidad
Igualdad y no discriminación Igualdad de oportunidades
Igualdad de género
Justicia distributiva
Respeto a la diversidad
Participación Pluralidad y diversidad
Inclusión
Empoderamiento
Intersectorialidad
Transparencia
Rendición de cuentas
Efectividad Cumplimiento de objetivos
Sustentabilidad
Realización progresiva
Máximo uso de recursos disponibles
Indicadores y puntos de referencia

Tabla 1. Principios y atributos

 

Este conjunto de principios y atributos, constituyen el mapa de características que deberán considerarse para la transversalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y, de manera particular, en la política social”

“Las siguientes tablas muestran una síntesis de los componentes que, mínimamente, deberían establecerse desde el Programa General de Desarrollo para su incorporación en las políticas públicas.

La primera tabla muestra las características que deben contener las políticas para la realización de los derechos sociales. La segunda muestra los componentes mínimos que, una vez incorporados al actuar institucional, permitirán a las personas contar con capacidades para poder hacer exigibles y justiciables sus derechos frente a las autoridades.

Estándar mínimo DESCA
 Dimensiones / Atributos Derechos sociales
 Alimentación  Salud  Educación  Vivienda  Seguridad social Nivel de vida adecuado
  

1.Accesibilidad

 •     Ampliación progresiva de cobertura (acceso institucional)

•     Favorecimiento del acceso geográfico a bienes y servicios

•     Mejoramiento de las condiciones de acceso físico a servicios públicos

•     Mejoramiento de las condiciones económicas para el acceso a servicios y bienes asociados con los derechos
 2.Disponibilidad •     Igualación de la magnitud de recursos financieros y físicos (inter e intra institucional e inter e intra espacial)

•     Ampliación progresiva de la oferta (infraestructura, recursos financieros y físicos)

•     Aprovechamiento eficiente de los servicios públicos por parte de la población

•     Monitoreo de la disponibilidad y suficiencia de servicios
 3.Calidad •     Homogeneizar la calidad en servicios (inter e intra institucional e inter e intra espacial)

•     Revaloración los servicios públicos por parte de los usuarios

•     Monitoreo de la calidad

•     Creación y cumplimiento de estándares
 4.Aceptabilidad •      Reconocimiento de programas, servicios y bienes públicos como derechos

•      Eliminación de la discriminación

•      Respeto a la diversidad y prácticas culturales

•      Igualación del uso de servicios entre diferentes grupos sociales
 5.Justiciabilidad •     Introducción de mecanismos institucionales para la exigencia de los derechos sociales

•     Incorporación de mecanismos para la justicia de los derechos sociales

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar mínimo Institucional
 Dimensiones / Atributos   
  

 

1.Transparencia y Acceso a la información

 •     Medidas para asegurar los atributos de la información: accesibilidad, aceptabilidad, pertinencia, oportunidad.

•     Medidas para que los usuarios de las políticas sean objetivo de la publicación de información.

•     Medidas sobre un nivel básico y periódico de difusión de información «relevante». Esto es de la información sintética de los resultados de la política instrumentada, los recursos utilizados, tendencias y perspectivas

•     Medidas de monitoreo sobre el uso, capacidades y barreras existentes en el uso efectivo de la información.

•     Acciones de capacitación sobre el uso y explotación de la información

 
  

2.Participación

 •     Mecanismos de presentación de quejas y propuestas de mejora de los derechohabientes

•     Incorporación de los derechohabientes en el monitoreo de las políticas públicas.

•     Incorporación de los usuarios/derechohabientes en la evaluación de las acciones o programas de la política social.

•     Creación de capacidades y   estímulo en materia de participación

 
  

 

3.Contraloría Social

 •     Medidas para el aseguramiento de la «integralidad» de la contraloría social, esto es, la contraloría social como eje de las políticas públicas.

•     Acciones de estímulo y fomento de la contraloría social en la provisión de los servicios social y los programas sociales.

•     Medidas de incorporación de los productos (sugerencias) derivados de los ejercicios de contraloría social para la mejora de la política pública.

•     Medidas para la incorporación de OSC y especialistas externos en la evaluación de la política pública.

 
  

 

4.Educación Cívica

 •     Medidas para reforzar el rol de la educación cívica como elemento integrador de las capacidades ciudadanas respecto a los espacios de interacción socio-estatal.

•     Medidas para la integración de los diferentes componentes de la educación cívica en la política pública. Uso de la política social como plataforma para la educación cívica.

•     Medidas para la generación de capacidades para la maximización de los avances en los otros mínimos de operación de la política pública (transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, etc)

•     Medidas para la incorporación de la educación cívica y ética en la estrategia de profesionalización de la administración pública, particularmente de los sectores relacionados con la política social y educativa

 

 

 

El enfoque de DDHH como cambio cultural

Operacionalizar o poner en práctica el enfoque de derechos humanos plasmado en el Artículo primero constitucional en las políticas públicas requiere efectuar un profundo cambio cultural en la forma de concebir y llevar a cabo esas políticas, así como los programas y la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de legislación, la creación de institucionalidad, la impartición de justica y la asignación y aplicación de los presupuestos, pero esencialmente exige de un cambio en los términos de relación entre los servidores públicos y los usuarios de bienes y servicios gubernamentales.

Demanda en primer lugar de un reconocimiento, de una aceptación por parte de los servidores públicos de que en el ejercicio de sus funciones estatales ellos son los obligados en respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población que vive y transita por nuestro territorio y que es la población la titular de esos derechos, misma que debe disponer de mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables.

El reto consiste entonces en adecuar al enfoque de derechos humanos las normas, los procesos y las prácticas del servicio público a todos los niveles de gobierno y fundamentar las acciones educativas a partir de esas adecuaciones.

La hipótesis que manejamos desde INCIDE Social es que en la medida que se adecuen las normas, los procesos y las prácticas que atañen al trabajo específico que realizan los servidores públicos y dentro de ello se establezcan las sanciones a que estarán sujetos si no acatan esa normas específicas, respetan los procesos y realizan las prácticas como han sido definidas, las posibilidades de modificar las conductas de los servidores públicos para que adopten una perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de su función se hace más factible. Es decir, hay que trabajar trajes a la medida de las distintas funciones que realizan los servidores públicos mismos que tendrán que usar hasta que se logre el cambio y que es esencialmente un cambio de actitud y de trato hacia los usuarios de los bienes y servicios públicos. Algo parecido a la imposición de acciones afirmativas.

Se trata entonces de clarificarle al servidor público cómo debe cambiar su actuación para que se encuentre apegada al marco de los derechos humanos y cumpla su papel como sujeto de obligaciones.

Por muchos años el Estado ha definido planes y programas de desarrollo, ha desarrollado legislación, ha creado instituciones pero estos se encuentran tan lejanos de los servidores públicos que tiene que ponerlos en práctica que las inercias derivadas de modalidades de gestión pública anteriores permanecen inalteradas. Ya no digamos el alejamiento y desconocimiento de esos instrumentos de política pública por parte de los habitantes del país.

El Estado no hace un esfuerzo suficiente de traducción y acercamiento de los planes y programas, reformas estructurales, legislación u oferta de servicios institucionales a la práctica concreta de los servidores públicos y al entendimiento y el posible aprovechamiento por la población.

La propuesta consiste en revisar las normas, los procesos y las prácticas de la administración pública desde el enfoque de derechos humanos y a partir de ello educar a los servidores públicos y a la población usuaria o titular de derechos del significado concreto que en su quehacer o en su beneficio tiene el haber realizado el importante cambio al Artículo primero de nuestra constitución para incorporar los derechos humanos y sustituir el enfoque de garantías individuales.

 

 

[1] INCIDE Social Alfonso Celestino, Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. El ¿Cómo? Del “decidamos juntos. Nueva generación de instituciones para el bienestar

Comentarios de Clara Jusidman a los textos presentados en INDESOL

Tejido social

 

Capital Social y Organizaciones de la Sociedad Civil

  1. Investigación de BISAC que es una A.C. y que fue financiada con recursos del Fondo de Coinversión
  2. Basada en el análisis de los resultados de una encuesta a una muestra de 31 organizaciones de la sociedad civil extraída de un universo de 142 organizaciones del Distrito Federal que presentaron proyectos para acceder al FCS en 2009, 2010 y 2011
  3. El informa presentado por la organización contiene un capítulo donde se discuten los enfoques sobre capital social fundamentalmente de Putman, Coleman y Bordieu y se incluyen las definiciones de CEPAL y del Banco Mundial,
  4. Los autores construyen el siguiente concepto de capital social para los propósitos de su investigación: El capital social es la capacidad que tienen las unidades de análisis (individuos, grupos, comunidades, estados) de acceder a recursos escasos (como recursos monetarios y financieros o capital económico; reconocimiento social, prestigio, autoridad, distinción o capital simbólico; e información, conocimiento, destrezas técnicas, o capital cultural) gracias a que pertenecen a redes, estructuras, grupos, instituciones o vínculos sociales.
  5. Es decir los autores optan por tratar de medir el capital social en o de las OSC participantes en el PCS del INDESOL del año 2009 a 2011 y no la proporción del capital social general que representan o aportan las OSC como “instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto, si asumimos la definición de CEPAL”
  6. Parece entonces que en su definición los autores se acercan más al concepto de capital social de Bordieu que entiende a este como el conformado por los recursos de diversa índole que pueden ser movilizados por los actores en función de la pertenencia a diversas redes sociales, agrupaciones y organizaciones.
  7. Al leer el análisis de los resultados de la encuesta parecería que lo que  quieren explicar o entender los autores es cuáles es lo que llaman capital social, que poseen las OSC que acceden a fondos del PCS en comparación con aquellas que no acceden. Desde mi personal óptica, se trata más de las capacidades y recursos que ponen en juego para obtener recursos de PSC. Es decir, qué hace la diferencia entre las que acceden y las que no acceden a esos fondos. Las recomendaciones finales del trabajo tratan de proponer a las OSC qué características deben tener para ser ganadoras de recursos del PCS.
  8. Colocan un énfasis particular en investigar y explicar quiénes son las personas o grupos que diseñan los proyectos que van a someter las OSC a las convocatorias de INDESOL, cuáles son sus niveles de formación y en dónde estudiaron, si pertenecen o no a la organización, qué hacen las organizaciones cuando esos “especialistas” no están pues supongo que una de las hipótesis de trabajo es que el acceso a fondos del PCS depende en gran medida de la calidad de los proyectos que se presentan.
  9. Algunas preocupaciones emergen a lo largo de la lectura del texto y que pretendo comentar por la utilidad más general que significan los conceptos y las interpretaciones equivocadas sobre el mundo de las OSC.
  • Una primera preocupación se relaciona con el nivel de conocimiento que tienen los autores sobre la diversidad que existe entre las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, parecería colegirse que para las OSC es fundamental o central el obtener los recursos del PCS y no se investigan a profundidad las diversas fuentes de financiamiento que pueden tener y la importancia que adquieren los recursos del PCS dentro de los recursos totales a los que acceden. No parece entenderse que las OSC pueden tener varios proyectos financiados por diferentes fuentes.
  • Este ejemplo se observa en el análisis de otras variables donde las respuestas de las OSC no llevan a una única respuesta sino que pueden ser múltiples, es decir no es una sola fuente de financiamiento, pueden ser varias, los proyectos no los elabora una sola persona o grupo sino que puede haber un proceso en el que participan varias instancias de la organización, los diseñadores pueden haber estudiado en varias universidades y tomado varios cursos de capacitación. Esto los lleva en algunos de los cuadros que presentan como es el 20, a incluir las combinaciones posibles de universidades donde estudiaron las licenciaturas y o el cuadro 34 que registra a los actores con los que la OSC participa comúnmente tiene 18 combinaciones posibles; entonces la información y el análisis se vuelven irrelevantes pues la muestra de sólo 31 casos se les distribuye muy ampliamente.
  • Extraña un comentario que dice “Sobresale que el 100% de las organizaciones entrevistas tienen una constitución legal” No podría ser de otra manera pues el universo de 142 OSC para seleccionar las 31 a estudiar se toma de aquellas OSC que presentaron proyectos para acceder al PCS y un requisito es que estén legalmente constituidas. En las recomendaciones le sugieren en consecuencia a las OSC que asuman una constitución legal.
  • Los autores parecerían entender a las OSC sólo como organizaciones que proporcionan servicios a terceros y les preguntan sobre cuántas filiales tienen y a cuántos beneficiaros atienden y las valoran de acuerdo al número de beneficiarios que atienden señalando que sólo tres de las incluidas en la muestra tienen capacidad para atender a más de 1000 beneficiarios mensualmente. En las recomendaciones terminan sugiriéndole a las OSC que para ser ganadoras es mejor que no tengan filiales.
  • Insistiría en el tema de diversidad de las OSC Si bien una proporción importante proporciona servicios de asistencia social y tiene claramente beneficiarios, otras se dedican a atender pocos casos complejos por ejemplo, de víctimas de violación de derechos humanos en el que cada caso demanda de muchos recursos y tiempo de las OSC para sacar adelante la reparación del daño, el acceso a la justicia y a la verdad. Los beneficiarios -en esa vaguedad del término- pueden ser considerados como los que tomaron un taller de un día o asistieron a una conferencia de dos horas, las personas atendidas en consultorios médicos ambulatorios o los enfermos crónicos atendidos en hospitales de las organizaciones o los niños o niñas víctimas de abuso sexual a los que la organización les brinda apoyo jurídico, social, económico y psicológico. Es decir, el tipo, el esfuerza y la calidad de la atención difiere aun en aquellas que ofrecen servicios y cuentan con beneficiarios.
  • Pero existimos muchas organizaciones que no podemos responder a la pregunta de a cuántos beneficiarios les llegan nuestra actividad pues nos dedicamos a promover e incidir en políticas públicas, a investigar, a apoyar el desarrollo de legislación y la construcción de instituciones públicas, a observar y vigilar elecciones, a participar en instancias públicas de deliberación, a acusar y evidenciar la corrupción, la violación de derechos humanos entre ellos los ambientales o el abuso de las compañías mineras, a exigir acceso a la información y transparencia, etc. La gran pregunta es cómo podemos estimar la población beneficiada por esas actividades cívicas y que hacen más al aporte de las organizaciones como entidades que representan el capital social por que derivan de la confianza, la solidaridad, el apoyo y las redes que logramos construir las OSC.
  1. Otro concepto igualmente vago en el caso de las OSC es el de integrantes debido a las diferentes formas de organización y actividades de las mismas. Hay OSC cuyos integrantes serían en estricto sentido un grupo pequeño de consejeros que contratan a un número variable de personas para que se hagan cargo de los proyectos o le pagan a una pequeña estructura formada por trabajadores de la organización. Me parece que ha sido muy poco analizado el funcionamiento variado de las OSC y que muchas veces se consideran como asociados o integrantes personas que participan en el trabajo de la organización por que fueron contratados y reciben un sueldo. Este debe ser el caso más frecuente entre las organizaciones que brindan asistencia social. Así al responder a la entrevista ¿qué es lo que se está contabilizando como integrantes de la organización?
  • Lamento decir que las recomendaciones finales del trabajo me parecen poco fundadas, en algunos casos irrelevantes pues hay supuestos de causa efecto insostenibles y menos con una muestra tan pequeña de casos. Por ejemplo sugerir cual es el número de beneficiarios que hay que tener para tener más probabilidades de obtener recursos del PCS o el tener o no filiales.
  • Finalmente me parece que los autores olvidan el contexto externo, los números y las distribuciones de los universos de las OSC que son los que en última instancia frecuentemente llevan a los resultados que ellos encuentran. Es decir, hay más AC que IAP y SC y por lo tanto hay mayor probabilidad de que las organizaciones que analizan sean AC.
  • Sinceramente sugiero una revisión y evaluación cuidadosa del trabajo si es que se tiene interés en publicarlo.

La acción solidaria de los mexicanos una aproximación CEMEFI ENsAV 2005 y 2012

El segundo texto presentado el día de hoy es un documento de divulgación, bien escrito y accesible al lector en torno a la importancia, el tamaño y los ejercicios de medición de las actividades solidarias en México y en varios países del mundo. Contiene una introducción clara sobre el sentido del documento elaborada por Jorge Villalobos, Director de CEMEFI y es seguido por cinco capítulos formulados por diferentes autores que llevan ya varios años colocando en la agenda pública la importancia de dichas actividades por su contribución al bienestar y generación de vínculos y por el potencial que representan en nuestro país de contarse con políticas de promoción que lo apoyen.

Desde el inicio se destaca que los ámbitos donde principalmente se concreta esa actividad voluntaria son las iglesias, las escuelas y la comunidad o barrio. A lo largo del texto se define que se trata de acciones de voluntad libre, sin fines de lucro y en beneficio de terceros y que aparecen en materias como involucramiento en la atención de desastres, producción de bienestar y en resolución de conflictos, como ejemplos destacados. Que INEGI estimo para 2010 en México un total de 1,235,000 voluntarios, que el 76% de los mexicanos realizan acciones voluntarias a favor de terceros y que lo hacen en promedio 2.5 veces al año.

Dentro de los capítulos del texto Jacqueline Butcher en Dimensiones y cuantificación de las actividades solidarias en México: importancia y experiencias internacionales de medición enlista y describe brevemente documentos importantes de N.U. y de la OIT hace un recuento como lo hacen otros capítulos, de los esfuerzos de medición y de las fuentes que esclarecen aspectos sobre las actividades voluntarias en México como es la encuesta realizada por CEMEFI (ENCUP) y analizada por Gustavo Verduzco y la misma Jacqueline del 2005, los trabajos y encuestas realizadas de Layton y Moreno (ENAF 2005 y 2008), la Encuesta Nacional de Capital Social de 2006 de SEDESOL/PNUD y los esfuerzos realizados por el INEGI para medir el aporte al PIB de las actividades voluntarias y filantrópicas dentro de una subcuenta del Sistema de Cuentas Nacionales.

En el capítulo denominado el voluntariado en México: Marcos Teóricos y Experiencias nacionales de medición en un texto breve Lorena Cortés Vázquez realiza una discusión sobre el concepto de capital social indicando que de acuerdo a algunos autores si este concepto no incluye el facilitar el acceso a otros recursos no es más que otra palabra para referirse a relaciones y redes sociales. Enlista las cinco fuentes fundamentales en México para acceder a información sobre participación, capital social y voluntariado: la ENCUP, la ENCASO, la ENAP y la ENSAF.

En el capítulo cuarto escrito por Pablo Parás García y Lorena Cortés principales encargados del levantamiento de la ENSAF 2012 se hace una explicación clara del método de muestreo polietápico adoptado para seleccionar los hogares a ser incluidos en la muestra y posteriormente a las personas a ser entrevistadas, así como la capacitación y supervisión de los encuestadores que realizaron las 1600 entrevistas, después de enfrentar un nivel de 55 % de rechazo de personas contactadas.

En el siguiente capítulo Gustavo Verduzco realiza una exploración inicial de los resultados de la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria en México 2012. Parte narrando las experiencias y resultados sobre la acción voluntaria en Alemania, Canadá y Estados Unidos destacando los hallazgos más relevantes por grupo de edad, sexo, nivel educativo y tipo de actividad voluntaria y la proporción de población total y de horas promedio que destinan a dicho trabajo. Esto con el propósito de proporcionar elementos comparativos con los resultados obtenidos en México.

Del análisis de primeros resultados de la Encuesta del 2012 se destaca un aumento de la participación voluntaria de la población de 15 años y más que alcanza al 76% cifra que se compara favorablemente con la de otros países; se detecta una participación más alta de las mujeres que forman el 53% de la actividad voluntaria; por regiones, la región centro que incluye al D.F. y al Estado de México muestra niveles bajos de participación voluntaria (68%) a diferencia de la sur y la centro occidente que son más altas (80%). Verduzco reitera que los ámbitos de acción voluntaria principales continúan siendo las escuela, la iglesia y el barrio o comunidad encontrándose un crecimiento de las acciones voluntarias que se concreta en las escuelas, respecto a lo encontrado en el 2006.

Las mujeres participan más en actividades de cuidado de los niños, de salud y religiosas y los hombres en actividades voluntarias de la colonia y en las deportivas; por estratos socioeconómicos los de alto nivel aplican su trabajo voluntario a actividades religiosas y al cuidado de salud y de niños que pudieran estar comprendidas en actividades de beneficencia en cambio los estratos bajos y medios lo hacen respecto a la escuela y a actividades relacionadas con medio ambiente y cultura.

 

Verduzco va planteando a lo largo de su capítulo algunas hipótesis a comprobar a partir de los primeros hallazgos en la Encuesta como para profundizar y buscar algunas explicaciones causales de los resultados; por ejemplo sugiere que en México el trabajo voluntario en las escuelas es mayor que en otros países por la precariedad en que se encuentran las mismas y por la necesidad de seguridad y vigilancia que ha aumentado y que demanda que los padres estén presentes y apoyen la entrada y la salida de los niños y niñas.

Por su parte Pablo Parás intenta hacer una exploración empírica de lo que lleva a las personas a ayudar a otras. En promedio los mexicanos realizan 2.5 acciones voluntarias por año, 25% no realiza acción alguna y otro 25% realiza cuatro y más acciones al año.

Parás sostiene que existe una relación entre las acciones voluntarias que se detonan y la existencia de ámbitos e instituciones que permitan concretarla y se pregunta si habría la cantidad de donaciones si no existiera la Cruz Roja o el Teletón. Es decir, podría uno deducir que si el sector voluntario organizado como estructura que alberga este tipo de actividades, se hiciera más visible y ofreciera opciones para aportar trabajo voluntario posiblemente aumentaría la participación de la población en actividades voluntarias.

Calcula un índice de acciones voluntarias teniendo como fundamente la lista de 23 posibles acciones voluntarias y con el ratifica el hecho de que se da una mayor participación voluntaria en el ámbito escolar comparativamente con el religioso y bastante menor en lo comunitario, donde encuentra que el 75% de los mexicanos no realizan ninguna actividad voluntaria. Este sólo dato puede ser de enorme utilidad para los diseñadores de políticas de prevención social de las violencias y la delincuencia que están basando mucho la estrategia en la activación del espacio público como detonador de reconstrucción de tejido social. Es decir, tendrán que definir medidas más potentes para atraer a la población hacia la participación en actividades en ese espacio público, pues la expectativa es que sean las propias comunidades las que lo mantengan en actividad y vivo.

Mediante el índice AVA Parás realiza un análisis estadístico a nivel del individuo y como conclusiones ratifica algunas de las cuestiones ya planteadas por Verduzco en el sentido, de que son las mujeres las que más participan en acciones voluntarias, así como las personas en edades medias, a mayor ingreso y mayor escolaridad mayor participación, las zonas rurales y el sur como la región con mayores acciones voluntarias y el mayor aporte de acciones voluntarias de aquellos que se sienten amenazados en su seguridad

Al desarrollar otros cuatro índices con base en los datos de la ENSAF 2012 Parás encuentra que parecería existir un avance progresivo en la proporción de personas que se involucran en acciones voluntarias, que tres cuartas partes de las personas no pertenecen a agrupaciones y que 66.6% no reciben apoyos ellos mismos pero que en cambio si tres cuartas partes de la población dona.

Procede a utilizar modelos matemáticos para tratar de determinar por qué las personas ayudan a otras personas y encuentra que las personas que ayudaron anteriormente continúan ayudando es decir quién aprendió o se socializó ayudando continuará haciéndolo; que quienes participan en agrupaciones son más activos.

Con modelos de interrelación más complejos Parás corrobora que las variables explicativas de la participación en acciones voluntarias tienen que ver fundamentalmente con la experiencia previa de haber participado, con la pertenencia a agrupaciones, con el donar y haber recibido donativos.

El Fortalecimiento del Tejido Social

Tejido social

El número de personas y familias afectadas por las violencias en México está creciendo aceleradamente y exige una revisión profunda de los muchos y desintegrados programas sociales que se han venido aplicando, centrados principalmente en la reducción de la pobreza o en brindar asistencia social.

La criminalidad y la delincuencia nos están obligando a voltear a ver cómo restituimos o construimos las capacidades personales y sociales que permitían ejercer un control social sobre los conflictos y enfrentar las amenazas de manera que la vida social transcurra esencialmente de manera pacífica. Por ello estamos preocupados por el tejido social.

Es reconocer qué el tejido social compuesto por las relaciones de reciprocidad, solidaridad y protección de los seres humanos en los ámbitos familiares, escolares, del trabajo, religiosos, comunitarios, vecinales y de las organización civiles, sociales y políticas, se ha venido fracturando como consecuencia de cambios muy rápidos de la tecnología y de los mercados.

La flexibilidad y la incertidumbre que caracteriza a los mercados provocan una gran inseguridad en las personas respecto de su trabajo, sus ingresos y su patrimonio. Determinan su creciente movilidad en el territorio y van aislando al individuo o encerrándolo en su núcleo familiar básico.

Muchas personas ya no se mantienen por largos periodos en los mismos trabajos, en las mismas zonas de vivienda, en las mismas escuelas; migran y se mueven en búsqueda de mejores oportunidades de ingreso y de trabajo.

La ruptura del tejido social coloca en mayor riesgo a aquellos grupos de población que se encuentran en proceso de crecimiento y desarrollo y que requieren del cuidado y de la protección de otras personas como son los niños y las niñas, los y las adolescentes y jóvenes. Las mujeres que muchas veces se ven limitadas en su crecimiento, se vuelven también un grupo en riesgo.

Los necesarios esfuerzos para fortalecer el tejido social demandan de acciones de diversa índole al menos en cuatro contextos:

  1. Un primero y fundamental refiere a la preservación y protección de aquellos espacios donde aún se mantiene un importante tejido social, que protege y da seguridad a las personas que participan de sus beneficios. Significa impedir que acciones de los gobiernos o de agentes privados atenten contra la vida comunitaria, contra las actividades económicas e inclusive religiosas y culturales que dan sustento a ese tejido social y generan fuertes identidades. Es el caso de las comunidades y pueblos indios crecientemente acosadas para sustraerles sus recursos, afectar sus usos y costumbres o destruir sus sitios sagrados.
  1. Otro esfuerzo tendría que orientarse a apoyar la absorción positiva de cambios en comunidades que teniendo un fuerte tejido social se están viendo afectadas por nuevas actividades económicas, por el ingreso de poblaciones migrantes, o la emigración de ciertos grupos de población como son los jóvenes.
  1. Un gran reto radica en desarrollar tejido social en comunidades formadas por personas provenientes de diversos territorios, distintas experiencias de trabajo, o niveles socioeconómicos como ha sucedido en ciudades de gran atracción de migrantes, o en los enormes desarrollos de vivienda que han proliferado en todo el país.
  1. Finalmente, el problema se concentra en como recomponer, fortalecer o desarrollar tejido social en territorios afectados por la violencia criminal y delincuencial. El fortalecimiento de tejido social desde una visión de contención de las violencias, significa que las personas se conozcan, desarrollen confianza y construyan solidaridades que les permita realizar en forma colectiva actividades de mutua protección, de apoyo ante eventualidades y de resistencia frente amenazas. Ello demanda de experiencias y vivencias compartidas, de espacios de encuentro, de un apoyo decidido a la organización y a la asociatividad y de actividades que empoderen a los ciudadanos.

No basta construir escuelas, centros de desarrollo social, espacios públicos, centros recreativos o deportivos lo importante son las actividades que se organizan en su interior, contar con un estrategia hacia objetivos muy claros para que estas se integren y no resulten en eventos inconexos y la disponibilidad de promotores y facilitadores que entiendan muy bien el proyecto y sus propósitos.