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Presentación del libro Lobby y democracia. Lo positivo y lo negativo del cabildeo de Walter Astié-Burgos

Quisiera agradecer al Embajador Astié en primer lugar, el haberme invitado a ser una de las personas que presentaran su muy interesante e ilustrativo libro; en segundo lugar, por haber escrito y publicado el texto para lo que entiendo es su interés principal, de sensibilizar a la sociedad civil mexicana de la importancia del cabildeo para promover lo que el autor llama “bien común”, bienestar colectivo o la protección de los intereses de las mayorías por encima de los intereses especiales, de los grupos de interés o poderes fácticos y de las grandes corporaciones y en tercer lugar, por aportar evidencias históricas concretas en distintos contextos de cómo esos intereses especiales logran pervertir y usar en su beneficio, herramientas o instrumentos desarrollados para estar al servicio de la democracia.

Conocí al autor como alto funcionario del servicio exterior en la embajada de México en Estados Unidos cuando Gustavo Petriccioli era embajador. Para entonces yo era Subsecretaria de Pesca en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Corrían los años 1989 a 1991 que marcaban el inicio de la preparación de la gran estrategia de cabildeo por parte de la tecnocracia conservadora gobernante en México, para lograr la aprobación del TELECAN.

Contra la corriente marcada por Salinas de hacer todo lo posible por congraciarse con el gobierno de Bush padre, el equipo de la Secretaría de Pesca que encabezaba María de los Ángeles Moreno, trataba de presentar argumentos sustentados en evidencia científica a fin de defender el derecho de la flota pesquera de atún mexicana para pescar atún aleta amarilla en la zona económica exclusiva del Pacífico Oriental, frente a la costa de nuestro país. Las grandes empacadoras de atún de capital norteamericano que operaban desde Tailandia, después de años de haber explotado con sus propias flotas el recurso en el Pacifico frente a las costas de los países de América Latina y haber capturado miles de delfines en sus redes atuneras, habían armado una estrategia amplia de cabildeo para impedir el acceso del atún embasado en enlatadoras mexicanas al mercado de Estados Unidos. El argumento de las empacadoras y la utilización de organizaciones y congresistas seudoambientalistas como Earth Island y Barbara Boxer de California, consistía en que la flota mexicana estaba capturando delfines en acompañamiento a la pesca de atún y que por lo tanto se tenía que aplicar un embargo al comercio de México de ese producto, si no se cumplían las disposiciones de tasas de mortalidad de diversas especies de delfines, previstas en legislación norteamericana, que esas mismas empacadoras habían cabildeado en el Congreso de Estados Unidos.

Así que de manera colateral, luchando contra el embajador de no grata memoria John Dimitri Negroponte, contra la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) que con sede en Costa Rica pero controlada por Estados Unidos fijaba las cuotas que se autorizaban a las flotas que operaban en el Pacífico Oriental, pero fundamentalmente, sin el apoyo de los doctores en el gobierno de Salinas, me tocó atestiguar la forma como el Gobierno de México fue destinando enormes recursos para contratar empresas de lobbysmo y relaciones públicas como Burson Marsteller para tramitar la aprobación del TELECAN muy bien relatada en el capítulo 4 el texto que hoy se presenta. Esta inició tratando de convencer al público norteamericano de que México estaba llevando a cabo una buena campaña contra las drogas y merecía recibir una buena evaluación de los autodesignados jueces norteamericanos y que por lo tanto, era un país confiable para firmar un tratado de libre comercio.

La defensa del derecho de pesca de México en su ZEE me llevó a tener que hablar con varios senadores norteamericanos y sus equipos representantes de distintos grupos de interés como la flota comercial de Estados Unidos, los pescadores de camarón de Louisiana o de los grupos hispanoamericanos. Me sentía como una desarmada embajadora de una colonia que tenía que acudir al senado del Imperio a pedir permiso para que se le permitiera alimentar a su propia población con sus propios recursos, sin ser castigada por los intereses comerciales de ese Imperio.

Tuvimos que acudir también a hacer cabildeo en varios países de Europa para que nos apoyaran y siguieran comprando atún mexicano, aún cuando el imperio los había amenazado de embargarles a ellos sus ventas de productos marinos, si nos seguían comprando atún a nosotros.

Así que muchas de los apuntamientos que realiza Walter Astié en su muy documentado texto, enriquecido con sus experiencias personales, me tocó vivirlas directamente, como fue la poca experiencia que el gobierno mexicano tenía en estrategias de cabildeo al haber dejado de practicarlo durante varias décadas de gobiernos priistas y a pesar de que en el gobierno de Porfirio Díaz y aún en los primeros gobiernos revolucionarios le habían rendido al país interesantes frutos.

Como señala el autor, aún la extraordinaria experiencia y desarrollo de capacidades de cabildeo y relaciones públicas que se adquirió en torno a las negociaciones del TELECAN y dirigida desde la Secretaría de Comercio y la Presidencia de la República, se dejaron perder una vez conseguido el objetivo, en lugar de haber fortalecido los recursos de lobbysmo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Astié se lamenta de que en México no exista una verdadera política de Estado en materia de cabildeo que le permita al país prever y dar seguimiento a los procesos que ocurren en el mundo globalizado para actuar oportunamente y con estrategias que permitan defender y promover los interese del país y no sólo causas puntuales y dispersas. Como ejemplo incluye los fracasados intentos del Gobierno de Fox por promover una legislación migratoria en Estados Unidos.

Otro asunto apuntado por el autor y que pude comprobar era el escaso desarrollo del cabildeo en Europa en esos años pues tuvimos que hacer uso de la filial europea de la empresa norteamericana Burson Marsteller con muy pocos resultados por su propio desconocimiento de la cultura política de esa región. Tuvimos que apoyarnos más en las propias embajadas de México en ese continente. El impresionante desarrollo que señala el autor del cabildeo en Europa, ocurre en la última década y en relación con los órganos de gobierno de la Unión Europea ubicados fundamentalmente en Bruselas.

Ahora bien con respecto a mi segundo agradecimiento al autor por el esfuerzo que realiza para sensibilizar a la sociedad civil mexicana sobre la utilidad de la herramienta del cabildeo para la promoción de los intereses y agendas más colectivas, dado su convencimiento de que este no es muy utilizado por las organizaciones civiles y sociales en México ahora que el Legislativo ha dejado de estar subordinado al Ejecutivo quisiera compartir algunas reflexiones.

Primero, que al igual que lo ocurrido en Estados Unidos y en Europa, se trata de un asunto de aprendizaje ante las nuevas condiciones de los poderes del Estado en lo que hemos querido llamar democracia en México. Primero, venimos de una historia de gobiernos autoritarios donde cualquier esfuerzo de organización de los ciudadanos o era promovido, cooptado o destruido por el gobierno en turno. Las organizaciones independientes y autónomas de trabajadores, campesinos, profesionistas o ciudadanos eran perseguidas y combatidas a lo largo de varias décadas.

Lentamente y partir de los años setenta, empezaron a formarse pequeños grupos de mujeres, de defensores de derechos humanos y de medioambientalistas que defendían agendas que parecían no cuestionar de fondo al sistema.

En la actualidad muchas organizaciones y activistas sociales y cívicos realizan trabajos de cabildeo para promover o parar legislación, incidir en políticas públicas y presentar amicus curie ante la Suprema Corte de Justicia; incluso realizan litigios estratégicos ante organismos internacionales de derechos humanos.

La reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos es resultados de una amplia coalición de organizaciones civiles y de académicos que realizaron un intenso y sostenido trabajo de cabildeo ante el Senado y la Cámara de Diputados y tuvieron que enfrentar y parar la incomprensión de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, las capacidades y los recursos de lo que llamamos sociedad civil organizada no tienen comparación alguna con los que destinan las grandes corporaciones nacionales y trasnacionales que operan en el país como son las farmacéuticas, las automotrices, las tabacaleras, mencionadas también por el autor en su libro, los monopolios de las telecomunicaciones, las cementeras, los bancos, etc. Estas y otros grupos de interés como son la iglesia católica, los grupos delincuenciales, los nuevos gobernadores-caciques y los grupos de ultraderecha hacen uso de todas las prácticas que cita Walter Astié en su libro como es la invitación a viajes todo pagado con las familias de los legisladores o funcionarios, las promesas de trabajo una vez que concluyan su gestión, los costosos regalos, la organización de eventos, reuniones y misas, pasando por las amenazas y culminando en los recursos para las campañas políticas.

Un tema que el autor trata tomando alguna investigación realizada por Jaime Cárdenas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es la presencia creciente y conspicua de empleados de las grandes corporaciones empresariales como legisladores, tanto senadores como diputados, promovidos por todos los partidos políticos. Por ejemplo en esta ocasión el PRI aceptó postular en cada cámara al menos a dos representantes de los intereses de las televisoras. El PVEM se caracteriza por ser un partido franquicia que vende sus posiciones al mejor postor. Los porcentajes que menciona el autor de legisladores actuales que han sido consejeros de organizaciones empresariales es realmente alarmante.

En cambio y ante el monopolio de la representación que ejercen los partidos políticos, no hay candidatos y candidatas de origen ciudadano independiente que no militan en partidos y que no cuentan con recursos para comprarle a los partidos su postulación. El único partido que dejaba una posición para la comunidad LGTB y para las organizaciones de mujeres era el PRD, pero al parecer las peleas de las tribus por candidaturas aún esa representación será cancelada.

Es decir, los intereses especiales y los poderes fácticos se están incrustando paulatinamente en el poder ejecutivo y del legislativo.

Lamentablemente el cabildeo requiere de recursos económicos como lo señala el autor en varias ocasiones y por ello desde mi óptica personal, ya no es un verdadero instrumento del derecho de petición y de gestión de los ciudadanos. Es una más de las herramientas de la democracia que son tomadas y pervertidas por los grupos de interés que encubiertos en la defensa de derechos ciudadanos promueven sus intereses particulares, la mayoría de las veces en contra del interés común.

Creo que el libro que hoy presentamos y cuya lectura recomiendo ampliamente por lo ameno y bien escrito que está, nos permite hacer un recorrido de los orígenes y de la historia del cabildeo en Estados Unidos, Europa, México y del cabildeo internacional, facilita entender su complejidad y las estrategias y prácticas para llevarlo a cabo, pero fundamentalmente nos deja como tarea a aquellos que aún creemos en la democracia que se trata de otro gran instrumento que debemos rescatar, como lo son las instituciones electorales, los órganos autónomos de Estado y la independencia de los Poderes, para proteger y defender los derechos de las personas frente a los intereses especiales,

 

La incorporación de la agenda de los grupos de población en situación de discriminación

 

En el presente texto hago una reflexión sobre la forma y las razones por las que varias organizaciones de la sociedad civil (osc) se fueron creando en torno a la visibilización y la defensa de los derechos humanos de los distintos grupos de la población que en México experimentan situaciones de discriminación y en varios casos, incluso, riesgos particulares que los convierten en poblaciones altamente vulnerables. Estas organizaciones han contribuido ampliamente al desarrollo de políticas públicas dirigidas a la atención de esos grupos, como son los instrumentos internacionales y leyes nacionales que protegen sus derechos, y las instituciones y presupuestos públicos para su atención. Además de esta incidencia en políticas públicas varias organizaciones ofrecen servicios directamente a la población que experimenta discriminación, capacitan y sensibilizan mediante campañas y talleres, a diversos agentes sociales para evitar actos de discriminación y exclusión.

Plantearé tres premisas para sentar las bases de la reflexión. La primera es que después de la segunda Guerra Mundial, el desarrollo de México privilegió un enfoque sectorial para el tratamiento de la cuestión social en el país. En tal sentido, se asignó mayor énfasis a la generación de capacidades nacionales para incorporar a toda la población en edad escolar en oportunidades educativas, construir un sistema de seguridad social que fuera incorporando a la población asalariada urbana, ofrecer servicios básicos de salud a la población que no ingresaba a los servicios de la seguridad social, proveer servicios e infraestructura urbana (calles, agua, energía eléctrica, drenaje) y asegurar la disponibilidad de alimentos.

Ese enfoque acompañó y apoyó el proyecto nacional dominante fundado en la modernización de la economía mexicana a partir del desarrollo de la industria. Los traslados de población rural dedicada a la producción agropecuaria hacia las nacientes urbes para incorporarla como fuerza de trabajo industrial se sustentaron con una oferta creciente de servicios sociales en las ciudades: educación, salud, servicios urbanos, incluso viviendas, subsidios en alimentación y transporte, la garantía de un salario mínimo legal y condiciones de trabajo protegidas.

Se profundizó bajo este modelo la discriminación que históricamente ha existido en México respecto de los pobladores de las zonas rurales, que en muchos territorios son predominantemente indígenas, y se contribuyó al aumento de la desigualdad, exclusión y pobreza diferenciada entre lo rural y lo urbano.

La segunda premisa se refiere al presupuesto de homogeneidad de todos los habitantes del país sobre el que se construyó la oferta de servicios sociales a lo largo de muchos años. Los servicios que se ofrecían no consideraban las diferencias de oportunidades, condiciones y características de la población por sexo, edad, capacidades, situación socioeconómica, ni culturales, ni étnicas. Como han señalado los movimientos feministas, se trataba de modelos androcéntricos construidos en torno al ideal del hombre adulto, blanco y católico, representativo de la elite criolla dominante. Lamentablemente ese modelo subsiste hasta nuestros días.

Otra premisa sobre las que se montó el modelo social de posguerra en México, se refiere a la presunción de que la organización familiar nuclear representaba el tipo de relaciones familiares dominantes. Esto supone el ejercicio de responsabilidades diferenciadas entre sexos y generaciones, y la asignación de roles de género en la construcción social de los seres humanos: el hombre como proveedor, la mujer como cuidadora y los hijos como dependientes. Tal modelo se asienta en una limitación de las libertades y de la autonomía de los distintos miembros de las familias e incluso conlleva una limitación en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Como puede verse, existe en estas bases del desarrollo social moderno de México una clara situación de discriminación y de no reconocimiento de la diversidad.

Las primeras que empezaron a organizarse para demandar la igualdad de derechos fueron las mujeres. En las décadas de los setenta y ochenta del siglo xx, se formaron varias organizaciones civiles de mujeres y comenzó un amplio movimiento feminista que reclamaba el derecho de las mujeres al desarrollo. En sentido estricto se demandaba igualdad de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la vivienda.

Como ocurrió con otros grupos poblacionales que a partir de esos años empezaron a visibilizar sus agendas específicas de derechos, las conferencias mundiales organizadas por el sistema de Naciones Unidas en torno a grupos poblacionales específicos desempeñaron un papel fundamental para decantar y clarificar los derechos de esos grupos. Por ejemplo, se establecieron diálogos y se intercambiaron apoyos entre las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de diversos países del mundo. Las conferencias se convirtieron en espacios de socialización de experiencias y construcción de agendas regionales y mundiales que desembocaron en la formulación de instrumentos regionales e internacionales de protección de derechos de los grupos poblacionales diversos, que obligan a los países parte a su cumplimiento.[1]

La crisis mundial de principios de los años ochenta afectó de manera especial a las mujeres y a la infancia, y varios estudios promovidos por Unicef hicieron evidente esa situación; por ello, a finales de esa década la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño[2] y en la década de los noventa del siglo xx convocó a la Cumbre Mundial a favor de la Infancia.

En nuestro país la década de los noventa fue particularmente importante para colocar el tema de la diversidad y para cambiar el paradigma de la igualdad por el de la equidad, entendido como la igualdad en la diferencia.

El levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas colocó en la escena internacional la discriminación, explotación y despojo sufridos por los pueblos indios desde la Colonia, así como la situación de pobreza a que han sido relegados. Muchas organizaciones civiles, en particular las dedicadas a los derechos humanos y al medio ambiente, fortalecieron sus actividades a favor de los derechos colectivos de los pueblos indios y los defendieron ante las sistemáticas violaciones derivadas de las acciones y omisiones del Estado mexicano. La discriminación de los pueblos originarios se convirtió a partir de ese histórico levantamiento en un tema de debate internacional y motivó el encuentro de esos pueblos en reuniones internacionales para converger sus agendas e impulsar instrumentos de protección de sus derechos de alcance mundial.[3]

El vínculo entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos con los pueblos indios se estrechó en la primera década de este siglo, y actualmente la defensa de violaciones de sus derechos individuales y colectivos motiva nuevas estrategias de defensa utilizadas por las osc, como los llamados litigios estratégicos. Los casos de Vicente Radilla, Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, así como el de las hermanas González Pérez han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de evidenciar a nivel internacional la total desconsideración que el aparato de justicia mexicano tiene respecto de las violaciones de derechos humanos y la discriminación que siguen padeciendo los pueblos indios en nuestro país.

La falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que marcan los compromisos derivados de los diálogos entre el Ejército Zapatista y el gobierno mexicano sigue siendo un reclamo a las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno. A ellos se han agregado, en años recientes, nuevas demandas acompañadas por organizaciones civiles y sus redes en la defensa del subsuelo que está siendo entregado para la explotación minera a empresas monopólicas mexicanas y extranjeras. También la defensa del agua y de las costas ha pasado a ser materia de litigios ante la avaricia de empresas francesas y españolas, apoyadas por autoridades mexicanas corruptas.

Las comunidades indígenas, acompañadas por diversas organizaciones civiles y movimientos sociales, se han convertido en las mayores defensoras de los llamados bienes comunes ante el embate de las empresas globalizadas a las que sólo les interesa aumentar sus ganancias aun a costa de la destrucción ambiental, del tejido social comunitario y de los bienes culturales, con lo que contribuyen al despojo de los pueblos originarios y a la generación de violencia.

En la década de los noventa del siglo xx los poderes del Estado empezaron a cambiar las visiones puramente sectoriales de la política social mexicana para incorporar el tema de la diversidad y reconocer la existencia en el país de una cultura fuertemente discriminatoria hacia los pueblos indios, las mujeres, la comunidad lgbttti, las personas con discapacidad, las y los jóvenes de sectores pobres y las personas adultas mayores. Este reconocimiento entre los tomadores de decisiones tiene su fundamento en el activismo de las organizaciones civiles cuya agenda y razón de ser ha sido la defensa de los derechos de los grupos sujetos de discriminación.

En el segundo lustro de esa década comenzó la formulación de legislación específica sobre los derechos de algunos de estos grupos, la creación de instituciones especializadas en la protección de sus derechos y la asignación de presupuestos directamente vinculados a su atención; todas esas acciones continuaron en primer lustro de este siglo xxi. De manera importante, se impulsó la transversalización de las políticas, programas y acciones de los tres poderes del Estado mexicano con las perspectivas de género y de juventud. El ritmo y el paso en este sentido han sido marcados por las organizaciones de mujeres y las que defienden la igualdad de género, que históricamente han innovado en materia de incidencia en políticas públicas.

Sin embargo, el reconocimiento de la existencia de prácticas y conductas discriminatorias hacia los diversos grupos poblacionales afectados y el subsiguiente reconocimiento de sus derechos y la promoción de políticas públicas específicas e integradas han sido muy desiguales. Tal vez esto se relaciona también con una desigual evolución y poder de organizaciones civiles que asuman la defensa de las agendas de las y los jóvenes, de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, por ejemplo, frente a los poderes del Estado.

Si bien, existen muchas organizaciones de jóvenes y para jóvenes que trabajan con este grupo poblacional a nivel territorial, se trata de organizaciones que ofrecen servicios de distinto tipo, acompañan procesos y apoyan a jóvenes que enfrentan circunstancias de riesgo, pero no muestran mayor interés en trabajar con las instituciones. Ello es también reflejo de la falta de confianza que la población juvenil tiene hacia las instituciones del Estado o incluso hacia las privadas.

Hasta la fecha y a pesar de la importancia que desde hace varios años tienen las y los jóvenes en la estructura demográfica del país, se observa la ausencia de políticas y programas, de legislación, de instituciones y de presupuestos públicos dirigidos a su atención y desarrollo. Sus problemas se miran desde la lupa de la educación y los aumentos de la matrícula; por lo tanto, las acciones se reducen a la ampliación de becas escolares. La solución a los problemas de salud de este sector se traducen en centros para la atención de adicciones.

No se contempla la heterogeneidad de las poblaciones juveniles, los distintos niveles de riesgo y de amenazas que enfrentan, así como su diversidad territorial. La criminalización de las poblaciones juveniles de bajos ingresos por los cuerpos de seguridad policial y militar se ha convertido en uno de los más serios problemas de discriminación en el país, pues las y los jóvenes son perseguidos, desaparecidos, torturados y asesinados por su edad y apariencia física; entre ellos se incluye a las y los jóvenes migrantes centroamericanos. Las poblaciones en los reclusorios mexicanos están integradas sobre todo por personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad, en su gran mayoría primodelincuentes, por delitos menores a tres mil pesos.

México no ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (cidj), tratado internacional firmado el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España, es el primer y único tratado internacional que reconoce a la juventud como un grupo poblacional con derechos específicos.

En relación con las poblaciones con discapacidad fuera de los avances logrados en la década de los noventa del siglo xx en la formulación y adopción de legislaciones locales y la adaptación de algunas instalaciones públicas para hacerlas accesibles, no fue sino hasta la administración de Vicente Fox en que se alcanzaron mayores logros. En ese entonces México desempeñó un papel central en la promoción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el sistema de Naciones Unidas, y logró la adopción de ésta en 2006.

Un grupo que aún no logra una visibilización fuerte en el ámbito de la toma de decisiones públicas son las personas adultas mayores. Aun cuando desde hace años existe una institución nacional que con distintas denominaciones ha logrado promover ciertas prestaciones y servicios a la población adulta mayor, el nivel de asociatividad de esta población y su poder de incidencia aún es muy débil.

Esta mirada a vuelo de pájaro de la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la consecución del reconocimiento de los derechos y el abatimiento de la discriminación en contra de ciertos grupos poblacionales sólo nos habla de los largos caminos que todavía hay que recorrer. Se trata del impulso de cambios culturales necesarios en la población mexicana para que se reconozca a los otros, se acepte su calidad de seres humanos dignos y con derechos, y se enfatice la necesidad de lograr una sociedad más justa, igualitaria y equitativa.

Lamentablemente la situación de guerra interna y de polarización política en que nos encontramos no parece ofrecer muchas esperanzas para seguir avanzando en ese camino. Por el contrario, las miradas progresistas sobre la no discriminación están siendo derrotadas por las miradas conservadoras que han logrado introducir cambios legislativos e institucionales que nos regresan a tiempos de intolerancia y de la imposición de valores y de la legalidad de las elites dominantes: masculinas, católicas, blancas, urbanas y afluentes.

Estamos avanzando a pasos agigantados hacia la intolerancia, el miedo, el aislamiento y el desprecio y la desconsideración de lo diferente y diverso. Se trata de un camino que abona a la violencia y a la guerra, y que atenta contra la construcción de la paz.

[1] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), adoptada y abierta a firma y ratificación el 18 de diciembre de 1979 y en vigor a partir del 3 de septiembre de 1981; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Convención de Belém do Pará, adoptada el 6 de septiembre de 1994.

[2] Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a firma el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.

[3] Sin embargo, fue hasta el 13 de septiembre de 2007 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con la firma de 143 Estados a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América) y 11 abstenciones entre las que se incluyen Colombia y la Federación Rusa. La Declaración aborda, entre otros temas, los derechos individuales y colectivos que abarcan aspectos referentes a la identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma; también condena la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les atañen.

Los derechos de las personas con discapacidad

Me da mucho gusto compartir esta importante celebración del sesentenario del Instituto Mexicano de la Audición y del Lenguaje, institución ejemplar producto de la pasión compartida por varios miembros de la familia Berruecos que han logrado sostenerla con su empeño. Un homenaje para Doña Paz y Don Pedro, fundadores del proyecto.

Por su relevancia, por su alto nivel de compromiso y por su dedicación a la atención de personas con discapacidad auditiva pero también a la formación de profesionales en el campo de la audición y del lenguaje, el IMAL constituye ya un activo valioso para la sociedad mexicana que estamos obligados a preservar, proteger y apoyar.

Su actividad es un ejemplo para las instituciones privadas cuyo interés es brindar posibilidades de desarrollo e inclusión a miles de personas que por sus problemáticas específicas son altamente vulnerables a vivir aisladas, excluidas y relegadas en un país donde la atención pública no alcanza a ofrecer servicios suficientes, pertinentes y de calidad para las personas afectadas por condiciones de discapacidad.

El IMAL cumple plenamente con el objetivo de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad auditiva y del lenguaje y promueve el respeto de su dignidad inherente, para fraseando el Artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada en marzo de 2007.

Pero también quisiera resaltar el hecho de que el IMAL no sólo se ha preocupado por brindar directamente servicios sino que también se ha hecho el propósito de promover y defender los derechos humanos de las personas con discapacidad y trata de incidir en las políticas públicas que tocan a este grupo de la población.

Por ello su preocupación por la disponibilidad y calidad de los servicios públicos y privados que actualmente se ofrecen en México para la atención de al menos medio millón de mexicanos y mexicanas con discapacidad auditiva de acuerdo al Censo de Población de 2010.

En la Convención citada una de sus disposiciones refiere a la habilitación y rehabilitación para que las personas con discapacidad congénita y las que tengan una discapacidad adquirida, puedan alcanzar y mantener su máxima independencia y capacidad.

Obliga asimismo al Estado entre otras cosas, a proteger y fomentar los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas y a suspender toda práctica que infrinja los derechos de las personas con discapacidad.

El Estado es responsable de velar que tanto el sector público, como el sector privado y los individuos respeten los derechos de las personas con discapacidad y para ello debe desarrollar una serie de capacidades y servicios como lo señala la Convención.

Otras medidas que debe ser implementados por los Estados partes son:

  • Emprender la investigación y desarrollo de productos, servicios y tecnología accesibles a las personas con discapacidad y alentar a otros a que realicen esa investigación.
  • Proporcionar información accesible sobre tecnología de apoyo a las personas con discapacidad.
  • Promover la capacitación sobre los derechos de la Convención de profesionales y personal que trabajen con personas con discapacidad.
  • Consultar a personas con discapacidad y hacer que éstas participen en la formulación y aplicación de legislación y de políticas y en las decisiones que les afecten.[1]

Asimismo, los Estados Parte que firman y ratifican la Convención se obligan a:[2]

Respetar: los Estados partes no deben interferir en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

  • Ejemplo, los Estados no deben realizar experimentos médicos en personas con discapacidad sin su consentimiento ni excluir a ninguna persona de la escuela por razón de discapacidad.

Proteger: los Estados partes deben impedir la vulneración de estos derechos por terceros.

  • Ejemplo, los Estados deben exigir a los empleadores privados que establezcan condiciones de trabajo justas y favorables para las personas con discapacidad, incluido un ajuste razonable. Los Estados deben mostrar diligencia en la protección de las personas con discapacidad contra los malos tratos o abusos.

Realizar: los Estados partes deben tomar las medidas oportunas de orden legislativo, administrativo, presupuestario, judicial y de otra índole que sean necesarias para el pleno ejercicio de estos derechos

 

Esther Fleischman y otros identificaron distintos principios educativos de las personas sordas relacionados con sus derechos humanos[3], entre ellos:

  1. Atención médica. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho
  • a recibir una orientación adecuada en cuanto a su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
  • a que un médico, psicólogo o neurólogo les dé a conocer todas las opciones de rehabilitación (oralismo, lenguaje manual, logogenia, etcétera);
  • a que su caso sea estudiado con atención y cuidado con el objeto de alcanzar resultados óptimos;
  • a tener la orientación adecuada que les permita encontrar la atención médica que requieren.
  1. b) Educación de calidad. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho
  • a recibir la orientación indispensable para seleccionar los métodos de enseñanza más adecuados;
  • a ser respetadas como personas sordas, recibiendo las oportunidades que tiene el resto de la población;
  • a que sus estudios sean interpretados en lenguaje de señas por personal calificado.
  1. c) Derecho a ser oralizados. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho a recibir una orientación adecuada para su oralización, para lo cual debe realizarse un buen diagnóstico, debe adaptarse un auxiliar auditivo, tiene que recibir una terapia de lenguaje realizada eficazmente y conseguir asistencia a una escuela regular.
  • d) Derecho a los avances tecnológicos. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho a utilizar todos los avances tecnológicos, tales como los programas subtitulados de televisión, el despertador, el timbre y los avisos luminosos, el teléfono de teclas, el internet y el correo electrónico, el radiolocalizador, entre otros.
  • e) Derecho a que se estudie la lengua de señas. Las personas que trabajan para brindar un servicio a las personas con pérdida auditiva (médicos, maestros, terapeutas y psicólogos) deben tener la preparación adecuada para que, en un momento dado, puedan comunicarse con lenguaje manual, con el objeto de brindar la atención que todo individuo merece.

Las convenciones e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos nos ofrecen un marco ético estupendo en relación con la dignidad de todas las personas.

El desarrollo de los instrumentos se origina en la declaración Universal de los Derechos Humanos, siguió con los Pactos Internacionales en materia de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Ha continuado definiendo instrumentos para proteger los derechos humanos de la infancia, de las mujeres, de los migrantes y ya contamos con la Convención sobre las personas con discapacidad del 2006.

El Protocolo Facultativos de la misma está en proceso de firma y permitirá que se presenten quejas y demandas ante mecanismos internacionales cuando se violen derechos previstos en la Convención. Hessel, ideólogo de los Indignados participó en la construcción de la Declaración Universal junto con otros destacados humanistas

Por otra parte, México cuenta con la Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), instancia creada por la Ley General para las Personas con Discapacidad, cuenta con varios programas que tienen el objetivo de “asegurar el cumplimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena”.[4]

 

Fuente: INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010.

 

Fuentes

Naciones Unidas. De la exclusión a la igualdad. Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo. 2007.

Fleischman, Mar. Esther, Manero Soto, Consuelo y Carriedo Bonilla, Sonia, Coordinación a cargo de Borjón López-Coterilla, Inés, “Los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva”, México, 2002, Comisión Nacional de Derechos Humanos, p. 14-20.

http://www.conadis.salud.gob.mx/interior/acerca/mision1.html

http://www.inegi.org.mx/default.aspx

[1] Naciones Unidas. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 2006.

[2] Naciones Unidas. De la exclusión a la igualdad. Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo. 2007.

 

[3] Fleischman, Mar. Esther, Manero Soto, Consuelo y Carriedo Bonilla, Sonia, Coordinación a cargo de Borjón López-Coterilla, Inés, “Los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva”, México, 2002, Comisión Nacional de Derechos Humanos, p. 14-20.

[4] Los programas son: Programa Nacional para el Desarrollo de la Personas con Discapacidad; Atención Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad; Tamiz auditivo neonatal; y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la educación Especial y de la Integración educativa. Véase http://www.conadis.salud.gob.mx/interior/acerca/mision1.html

Políticas de Derechos y Protección Social

 

El tema de esta mesa relaciona dos vertientes de la reflexión sobre el bienestar social que están tratando de vincularse para clarificar las responsabilidades e interrelaciones entre los distintos actores sociales que participan en los sistemas de bienestar social. Esos actores son el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, misma que incluye a las organizaciones sociales, civiles, políticas, las iglesias, etc.

Entendería que el mayor interés de la misma radica en clarificar el rol que juegan las organizaciones civiles y asistenciales en los sistemas de bienestar social.

Ahora bien, las dos vertientes de reflexión se refieren por una parte a la promoción en los últimos 15 años, de las obligaciones del Estado Mexicano en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos, con igual jerarquía que los derechos humanos civiles y políticos, y que hacen a la dignidad de las personas y al bien vivir.

La segunda vertiente de reflexión avanza en una definición amplia de protección social que va más allá de la cobertura de los riesgos de las poblaciones que trabajan bajo relaciones asalariadas, origen del concepto, para incluir a toda la población. No sólo considera una red de protección de riesgos ante eventualidades como el desempleo, la enfermedad, los accidentes, la muerte, la vejez y la asistencia a las familias, sino también la seguridad de acceso a bienes y servicios que permiten el desarrollo humano y el bien vivir de toda la población como la vivienda, la educación y el acceso a la cultura y a la tecnología.

El bienestar social puede ser entendido como el estado en el cual la sociedad, y no solamente una parte de ésta logra satisfacer todas sus necesidades fundamentales de forma perdurable y sostenible, incluyendo las responsabilidades entre generaciones. El grado de bienestar en determinado momento no puede ser visto como algo permanente, sino como algo siempre sujeto a mejoras.

Asumido el bienestar social como “el conjunto de cosas para vivir bien”, es posible considerar que Protección Social sea el conjunto de instrumentos utilizados por el Estado con objetivo de promover y mejorar este bienestar. Desde el enfoque de derechos humanos, no necesariamente significa la provisión universal por parte del Estado, sino que incluye las obligaciones de respetar cuando las personas pueden resolver sus necesidades por si mismas, las de proteger, cuando la satisfacción de alguna necesidad implica una relación con terceros y las de promover, como sería el apoyar las organizaciones sociales y civiles y a las empresas que contribuyen a la provisión de protección social.

La CEPAL recogiendo los debates que en América Latina se han venido dando entre derechos humanos y protección social en los últimos años, señala como objetivos de esta “garantizar un ingreso que permita mantener niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas; posibilitar el acceso a servicios sociales y de promoción, y procurar la universalización del trabajo decente. Para lograrlos deben considerarse tres grandes componentes: la protección social no contributiva (tradicionalmente conocida como asistencia social, que puede incluir tanto medidas universales como focalizadas); la protección social contributiva (o seguridad social), y la regulación de los mercados laborales, que consiste en normativas y estándares orientados a fomentar y proteger el trabajo decente.”

CEPAL adopta “una concepción de la protección social —explícitamente radicada en los derechos económicos, sociales y culturales— aun más amplia y proactiva, que incluye a los individuos y familias en todas las etapas del ciclo de vida y considera entre sus funciones la promoción del trabajo decente. Asimismo, la protección se encarga de asegurar el acceso no solo a la salud y la vivienda, sino también a la educación y otros servicios sociales”.

Se reconoce que “otros tres grandes actores —el mercado, las familias y las organizaciones sociales y comunitarias— son también proveedores de bienestar y protección social y que un sistema integral de protección tiene que tomar en cuenta sus interacciones. Sin embargo, la responsabilidad primaria de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales recae sobre el Estado” al concebirse la protección social como un derecho y no como un privilegio.

 

Las OSC y la protección social.

 

De los tres componentes de la protección social, la contributiva o seguridad social, la no contributiva o asistencia social y la regulación de los mercados laborales, el sector de las organizaciones sociales, civiles y comunitarias que proveen directamente bienes y servicios para el bien vivir de grupos específicos de personas, participa directamente en la protección social no contributiva o asistencia social y con frecuencia suple las ausencias de servicios del Estado. En México constituyen la mayoría, tanto por número como por manejo de recursos, de las organizaciones civiles. Son también el sector más antiguo de las organizaciones y atienden a grupos vulnerables generalmente desatendidos o insuficientemente atendidos por las instituciones y programas del Estado. Experimentan la ausencia de una política de Estado en materia de asistencia social y como todo el sector de organizaciones civiles, sociales y comunitarias, sufren de la escasez de recursos, excepto las relacionadas con las pocas empresas que asignan fondos para la filantropía.

 

Son muy reducidas las experiencias de organizaciones sociales, civiles o comunitarias que desarrollen modalidades contributivas de protección social como pudieran ser las mutualidades y las cooperativas de servicios.

 

Me interesa destacar tres otros grupos de organizaciones civiles que participan en las políticas de derechos y en la protección social: las que realizan incidencia en políticas públicas, las que defienden y promueven los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y las que ejercen actividades de contraloría social y evaluación de las políticas de protección social.

 

Desde INCIDE Social participamos en la incidencia en políticas públicas de protección social o de desarrollo social mediante investigación, desarrollo metodológico, capacitación, articulación y diálogo, así como en actividades de contraloría social o vigilancia, mediante el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos y el desarrollo de herramientas para fijar estándares mínimos de evaluación de programas sociales.

25 años de avances y retos de la sociedad civil

¿Cómo describiría el sector hace 25 años?¿Cuál es el principal contraste con el actual?

Para el propósito de aclarar desde dónde es mi mirada respecto de la evolución de la sociedad civil en los últimos 25 años quisiera señalar que sociedad civil que no es lo mismo que sector filantrópico. Esta incluye a otros sectores organizados de la población como son los clubes y organizaciones deportivas, asociaciones de ciudadanos, clubes sociales, grupos religiosos, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones barriales o comunitarias. Se trata de la diversidad de personas que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales..

Es decir la sociedad civil mexicana podría dividirse al menos en tres grupos:

Aquellas personas que se organizan para ayuda a terceros sin fines de lucro que considero es el sector de la filantropía.

Aquellas personas que se organizan para defender derechos y actuar en el campo de lo público, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político. (Muchas veces este tipo de organizaciones fungen como mediadores entre los individuos y el Estado como señalaba Tocqueville)

Un tercer grupo estaría constituido por las organizaciones de personas que promueven o satisfacen sus propios intereses, derechos o ideologías: sindicatos, organizaciones religiosas, clubes sociales y deportivos.

Sector filantrópico.

Me parece que en 1988 si bien había una variedad de organizaciones que prestaban servicios de asistencia privada o de fundaciones que financiaban a estas aún no se hablaba de sociedad civil ni de organizaciones no gubernamentales. Los orígenes de las instituciones y de las fundaciones filantrópicas en algunos casos se remontan a la Época de la Colonia como son los Montepíos. Con recursos de patronos o de la iglesia católica en su mayoría, en todo el territorio nacional operaban y aún operan instituciones que asumen el cuidado y la atención de grupos vulnerabilizados por su condición económica, edad o situación de salud física o mental. Brindan alojamiento, alimentación, servicios de salud y servicios educativos o de capacitación. Algunas han sido vigiladas y obligadas a acogerse a las Juntas o Instituciones de Asistencia privada que operan y continúan operando en varios estados para garantizar que los fondos y los objetivos de las instituciones privadas definidos por sus fundadores no tuvieran un mal uso o se desvirtuaran. Otras aparecían como OR “obras religiosas” a cargo de miembros de la iglesia católica.

La filantropía definida como amor al ser humano suplió al término de “caridad” y se relaciona con el servicio a terceros sin fines de lucro. En estos 25 años mi impresión es que este sector de la sociedad civil, sin duda el más grande y el más poderoso económicamente ha continuado amplíandose, se ha modernizado, profesionalizado, artículado en redes y organizaciones de segundo piso, ha aumentado las fuentes de sus recursos a través de la creación de fundaciones empresariales, con modelos interesantes como es la FECHAC y ahora la FEYAC y ha entrado a acceder a fondos internacionales. Su campo de actuación se ha ampliado para atender nuevas vulnerabilidades como son las adicciones, el VIH Sida, las víctimas de desastres ambientales, entre otros, inclusive han salido a auxiliar a la población de otros países como es el caso de Haiti. Algunas organizaciones de filantropía incluso han entrado al campo de la incidencia en políticas públicas cuando se trata de aquellas leyes, instituciones y programas públicos que se relacionan con las poblaciones que ellas atienden o también para tratar de mejorar el ambiente en el que desarrollan sus propias actividades vía creación de fondos públicos, condiciones fiscales más favorables, profesionalización de sus miembros y trabajadores, investigación, etc.

No es un sector con el que yo esté en contacto permanentemente y tengo dudas sobre el estado que guardan en tres temas que siempre me han interesado: el avance en transparencia y rendición de cuentas, la investigación y la actualización de los modelos de atención a las personas que reciben los servicios del sector filantrópico y la garantía de respeto de los derechos de esas personas.

Entiendo también que el sector filantrópico ha venido a suplir la ausencia de servicios públicos para atender a las poblaciones vulnerabilizadas, ausencia que se ha agudizado en los últimos años por la desestructuración de los gobiernos mexicanos.

Organizaciones que promueven y defienden derechos.

El ámbito de sociedad civil en el que yo me muevo y al que considero conocer mejor es el de las organizaciones que defienden derechos de las personas frente a los abusos del Estado y de terceros.

Este sector surgió en condiciones difíciles de existencia cuando el Gobierno Mexicano las consideraba como organizaciones opositoras al régimen. El caso más emblemático son las organizaciones que defienden derechos humanos que fueron acompañadas en la década de los setentas por organizaciones de mujeres y las de lucha por el medio ambiente.

Vistas a 25 años de distancia se ha legitimado y ha dejado de ser perseguidas por los gobiernos de distintos partidos, aunque algunos lo miran con más tolerancia y otros aún le manifiestan una profunda desconfianza e incluso rechazo. Esto se debe a la función que realizan y que esencialmente consiste en defender la vulneración de los derechos humanos de las personas y de diferentes grupos específicos frente a los abusos u omisiones del Estado. En este sector se encuentran las organizaciones que hacen incidencia en política pública.

El desarrollo de este grupo de organizaciones ha tenido luces y sombras a lo largo de los últimos cinco lustros desde varios aspectos:

Logros– Han sido exitosas colocando temas en la agenda pública, en las políticas públicas y en el desarrollo de institucionalidad: democracia, participación ciudadana, derechos humanos, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, derechos sexuales y reproductivos; derecho a la alimentación; derechos de la infancia y de los jóvenes; medio ambiente, prevención social de las violencias; debido proceso y juicios orales; migrantes. Posiciones progresistas que avanzan en favor de los derechos ciudadanos y de la convivencia.

Articulación. Han logrado establecer redes temáticas profesionales y fuertes y con vínculos y participación en el exterior, pero a veces cae en filopartidismo perdiendo neutralidad y enfrentándose.

Acceso a recursos. Presentan graves problemas en el sostenimiento de sus actividades pues ni hay suficientes fondos públicos para poyar su trabajo, cada vez es menor el flujo de fondos internacionales para algunos temas y los fondos privados nacionales no financian sus actividades ni reconocen la importancia de las mismas. Muchas veces sus agendas tienen que seguir los temas que fijan las entidades financiadoras perdiendo conocimiento y experiencia y de algún modo su identidad temática. A veces surgen conflictos y competencia entre ellas por el acceso a recursos o por el reconocimiento de sus aportes que genera desconfianza.

Interlocución con los poderes del Estado. Con dificultadas y variaciones de acuerdo al origen partidario de los gobiernos y de los funcionarios públicos y legisladores, han logrado entrar al debate legislativo y de políticas públicas. Han adquirido expertise en el cabildeo. Permanentemente presentan innovación, nuevos temas de agenda, hacen pedagogía con los nuevos funcionarios y legisladoras aportando a la continuidad de los temas frente a los cambios de administraciones.

Liderazgos. Presentan dificultades en los cambios de liderazgos de las organizaciones y la trasmisión generacional. Les resulta difícil mantener a las personas formadas por malas condiciones laborales y la búsqueda de mejores sueldos y protección social. Acaban formando cuadros para las instituciones públicas. Eso dificulta la formación de líderes.

Profesionalización. Con dificultades pero buscan profesionalizar a sus miembros y trabajadores aprovechando oportunidades abiertas en las universidades en maestrías profesionalizantes, diplomados, cursos. Algunas nuevas organizaciones surgen con personas con maestrías y doctorados que más bien hacen consultoría desde la plataforma de asociaciones civiles pues también concursan por proyectos de las financiadoras que apoyan a este sector de la SC.

Retos

A pesar de los avances no se ha logrado generar un mejor ambiente en materia de políticas públicas en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y ello las lleva muchas veces a aceptar proyectos que pueden mermar su autonomía y su imagen.

Tienen una baja visibilidad frente a la población y con cada cambio de gobierno tiene que reposicionarse con los nuevos servidores públicos y legisladoras, muchos de los cuales nunca han tenido interacción con OSC. Cada vez hay que empezar de nuevo.

Tienen que encontrar caminos para institucionalizarse mediante la mejoría de las condiciones de trabajo de sus integrantes y la consolidación de sus estructuras y de sus planes de trabajo. Encontrar modalidades de financiamiento de mediano y largo plazo que les permita trascender de sostenerse a partir de proyectos con financiamientos anuales.

Es necesario que participen más en redes internacionales lo que les significa destinar recursos a ello.

Hay un reto de buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas.

Las universidades y centros de estudios superiores tendrían que interactuar más con las OSC en proyectos, en servicios social, en investigación, en generación de información sobre la sociedad civil.

La necesidad de sensibilizar al sector empresarial para apoyar a organizaciones que defienden la agenda de derechos, la democracia, el diálogo y la incidencia en políticas públicas en beneficio de la población.

Derechos humanos y violencia

Agradezco la invitación de Guadalupe Padierna para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Justicia y Derechos Humanos y quisiera referirme específicamente a la grave situación de vulneración de los derechos humanos y los riesgos para nuestra precaria democracia que derivan de la emergencia nacional en la que estamos viviendo.

Esta emergencia nacional la defino como una situación en la cual el Estado, las instituciones y los agentes estatales depositarios exclusivos de la responsabilidad por la seguridad de las personas de acuerdo a nuestro marco constitucional, han sido rebasados para garantizar la seguridad de quienes habitan y transitan por nuestro territorio frente a las amenazas y desafíos derivados de la violencia y el delito; que además actores del Estado contribuyen a la inseguridad e indefensión de las personas por omisión y por comisión en razón de la corrupción e impunidad que domina la vida del país y que esta situación ha conducido a un aumento en la violación de los derechos humanos de la población tanto civiles como políticos, sociales, económicos y culturales.

A pesar de los importantes avance logrados en la incorporación de los derechos humanos en nuestro marco constitucional, así como en el diseño de políticas y programas nacionales y locales, la posibilidad efectiva de continuar avanzando en la democracia no sólo como forma de organización de los gobiernos sino como “un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico social y cultural de los pueblos”, se encuentra amenazada por las violencias que aparecen en sus distintas expresiones y por las reacciones que generan.

Victor Giorg señala que “entre estas reacciones se encuentra el miedo, la percepción de inseguridad que tiende a sobredimensionar el riesgo real, los reclamos de endurecimiento represivo y la discriminación que se potencializan al adjudicar a los grupos sociales más vulnerables la responsabilidad de la violencia presente en las sociedades”. Señala que estos comportamientos colectivos comprometen la construcción de estilos de vida democráticos basados en la convivencia armónica entre diferentes.

La emergencia nacional no sólo incluye el aumento del número de homicidios dolosos[1] que de acuerdo a datos de la OEA alcanzaron la cifra total de 71 mil entre 2006 by 2010, pasando de 11, 775 en el 2006 a 19, 769 en el 2010.

Comprende también el incremento de violaciones graves a derechos humanos que venían mostrando una tendencia a la baja en años anteriores como son las desapariciones forzadas y la tortura. De acuerdo al Informe sobre las desapariciones forzadas en México presentado por las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada ante el Grupo de trabajo sobre desaparición forzada de la ONU “En el año 2000, con el cambio del partido gobernante, la cifra sobre desapariciones forzadas decrece hasta 2006, cuando bajo el contexto de la llamada “guerra contra la llamada delincuencia organizada” sostenida por el Gobierno Federal, la cifra sobre desapariciones forzadas se incrementa de manera alarmante” De acuerdo a Amnistía Internacional citada en el informe mencionado, como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares.

Entre las desapariciones hay muchas de adolescentes y jóvenes que son “víctimas de levantones” y que por lo general no son sujetas de investigación policial para determinar a los autores de tales desapariciones.

Las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos por militares se incremento en un 1000% entre 2006 y 2009 y el 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 correspondió a la SEDENA de cuyo total 13% se refería a desapariciones forzadas. En 2009 las quejas y violaciones de derechos humanos cometidas por militares fueron por privación ilegal de la libertad, tortura, desaparición forzada, violación sexual, ejecución extrajudicial, robo, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y desaparición forzada de personas (La Jornada, Victor Ballinas, 10 de enero del 2010)

Lamentablemente en este contexto de desorden y violencia observamos la aparición de una serie de conductas inéditas en nuestro país que producen la muerte de miles de personas en condiciones absolutamente carentes de toda humanidad; del secuestro, desaparición y sometimiento a sistemas de esclavitud de miles de personas tanto nacionales como extranjeras que transitan por el territorio; del secuestro y la leva de niños, adolescentes y jóvenes para integrarlos al servicio de los ejércitos del crimen organizados; del aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual, violencias todas ellas que atentan contra la vida y la integridad de las personas, pero que además ocurren de manera impune. La ausencia de denuncias se suma a la incapacidad, desinterés y corrupción de las policías, ministerios públicos y jueces para investigar a los autores materiales e intelectuales de tales delitos.

[1] Número de delitos registrados por la policía. Por homicidio doloso se entiende el acto de ocasionar deliberadamente la muerte de otra persona, incluido el infanticidio.. Alertamerica.org.

El colapso de la economía del cuidado en Ciudad Juárez

Bajar presentación: El colapso de la economía del cuidado

La ausencia de valor de mercado y por lo tanto, de reconocimiento al aporte que realiza la economía del cuidado en la construcción social de los seres humanos, determina que en las economías de mercado sea relegada como una actividad secundaria.

Entendida como el tiempo y los recursos que los grupos familiares destinan a la crianza, atención, desarrollo y protección de sus integrantes, de todas las edades y de ambos sexos, “el término economía del cuidado se ha difundido recientemente para referirse a un espacio bastante indefinido de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes para la existencia y reproducción de las personas en las sociedades en que viven” (Rodríguez, 2005). La ausencia de valoración sobre su trascendencia en la construcción de los seres humanos, contribuye a que las familias utilicen los recursos destinados a ella, esencialmente el tiempo de trabajo de sus miembros, como medios de ajuste ante las prioridades del sostenimiento material del grupo. Es decir, los grupos familiares trasladan tiempo de trabajo doméstico al trabajo extradoméstico.

Esta situación afecta la cantidad y calidad de la atención que las familias dedican a la socialización de los seres humanos. Sin el apoyo suficiente, adecuado, de calidad y accesible física y económicamente de programas públicos o de servicios del mercado (educación y cuidado infantil, programas alimentarios y de acceso al agua potable, servicios de atención a adultos mayores o a personas con discapacidad, por ejemplo), provoca ausencias y deficiencias en la construcción social, física, sicológica y emocional de las personas.

Si bien se reconoce la aportación de la biología en el comportamiento humano pues la herencia genética da entre otras cosas, la capacidad de caminar, de hablar, de alimentarse, es el proceso de socialización de las personas el que abre su potencial como miembros de la sociedad humana y como individuos (Reverón, 2007) Mediante la socialización se adquiere un sentido de identidad personal y se aprende lo que las personas creen en la cultura circundante y cómo se espera que el individuo se comporte. (Musgrave, 1988).

Los individuos aprenden valores, normas, habilidades de su cultura, adquieren sentido de quiénes son y a dónde pertenecen. Las identidades, comprensiones y comportamiento se forman por el proceso de socialización de toda la vida (Reverón, 2007).

Charles Cooley y George Mead enfatizaron el papel de la interacción simbólica en el desarrollo de la personalidad. Su perspectiva se enfoca en la interacción social basada en símbolos (especialmente el lenguaje); el significado que se le atribuye a las situaciones. Se interesaron en la emergencia de la persona, del sentido de identidad del individuo o “quién soy yo”.[1]

Charles Cooley argumentó que la persona es definida y desarrollada mediante la interacción social. La imagen de uno mismo es un reflejo de cómo otras personas reaccionan hacia nosotros. Introdujo el concepto de verse a sí mismo como en un espejo. Sostuvo que el grupo primario, como la familia, tiene el mayor impacto en el sentido de la persona, por las opiniones de la familia respecto a nosotros.

George Mead vio a la persona como el producto de la interacción simbólica. Identificó la importancia de las comunicaciones simbólicas contenidas en una sonrisa, en un abrazo o una palmada y especialmente en el lenguaje.

Los agentes más poderosos de la socialización de los seres humanos en el mundo actual son la familia, los pares, la escuela y los medios de comunicación masiva. A la velocidad de su desarrollo, es posible que pronto se incorpore en este conjunto a las redes sociales por medios electrónicos mediante las cuales muchas personas están interactuando intensamente todos los días.

En este texto se trata de comprobar la hipótesis de que la acelerada transformación de la vida económica de Ciudad Juárez provocada por la adopción del modelo maquilador, tuvo un efecto devastador en la economía del cuidado que impacto la capacidad de las familias para realizar suficiente y adecuadamente, las tareas de socialización de la infancia, de los adolescentes y de los jóvenes.

Los efectos de la implantación del modelo maquilador, las transformaciones de los grupos familiares, el tipo de crecimiento urbano que se registró, las crisis recurrentes, la voracidad de las élites y la ausencia de intervenciones sociales públicas pertinentes y oportunas o de oferta privada suficiente (guarderías en las empresas), provocaron un colapso de la economía del cuidado que afectó la calidad de la socialización y de la construcción social de las personas al nivel de las familias. Las escuelas, los grupos de pares, principalmente las bandas y pandillas de jóvenes y los medios de comunicación no pudieron suplir los déficits de origen y en algunos casos, incluso contribuyeron a una socialización negativa poco solidaria, violenta, individualista y materialista.

El modelo maquilador centró su atención en el desarrollo de la economía “productiva” y desconsideró lo que se ha llamado también “economía reproductiva” responsable de la reproducción de la fuerza de trabajo en las economías capitalistas.

Economía del cuidado y economía del mercado

Si bien el tiempo total necesario de las familias para la crianza de la infancia disminuye a medida que se reduce la fecundidad y por lo tanto el tamaño de las familias, la necesidad de destinar cada vez un mayor tiempo y un mayor número de miembros de las familias para mantener un determinado nivel de vida, repercute negativamente en la economía del cuidado. Tal presión surge como consecuencia del deterioro de los salarios, la prevalencia de altas tasas de desempleo en ciertos grupos de edad, las transformaciones en la estructura y conformación de las familias, la incorporación de nuevos gastos (transporte, energía) en la vida urbana, el deterioro o la ausencia de servicios públicos sociales accesibles (salud, educación, agua, energía), y el aumento de expectativas de consumo (productos de nuevas tecnologías, por ejemplo) derivados de modelos aspiracionales impulsados por la publicidad y los contenidos en los medios de comunicación.

Es decir, la economía del cuidado se encuentra en desventaja frente a la economía de la producción de bienes y servicios para el mercado. La cultura del mercado requiere de los grupos familiares cada vez mayores esfuerzos y recursos tanto por el lado del tiempo del trabajo de sus integrantes y de los ingresos necesarios para participar en los mercados de bienes y servicios, como por el lado del consumo para alcanzar los estándares de vida impuestos por la publicidad.

En este contexto, los miembros de las familias que trabajan en la economía del mercado reciben un reconocimiento por lo que aportan, a manera de remuneración monetaria. En cambio aquellos que destinan tiempo a la economía del cuidado, que en su gran mayoría son las mujeres, no reciben retribución alguna, ni se les reconoce su aporte en la construcción y socialización de seres humanos, ni siquiera en ocasiones, se les agradece el trabajo que realizan.

Las familias por sus nuevas configuraciones enfrentan mayores limitaciones para atender la economía del cuidado, por ejemplo las de tipo monoparental, cuyos recursos de fuerza de trabajo son menores. Otras, como las familias jóvenes con hijos pequeños forman parte del contingente de familias pobres y muchas se ven en la necesidad de dejar solos a los pequeños por largas horas, mientras ambos progenitores trabajan. Son generalmente las familias en etapa de consolidación, con hijos adolescentes y adultos, las que se ubican en mejores estratos de ingreso por su mayor disponibilidad de trabajadores.

Cabe recordar que en 2010[2] la única fuente de ingresos de cerca del 45 % de los hogares en México es la venta de fuerza de trabajo y otro 23 % agrega al trabajo otras fuentes de ingreso. Es decir, 68 % de los hogares vende trabajo para tener ingresos. El porcentaje para el Municipio de Juárez[3] se eleva sustantivamente para los hogares que sólo dependen de la venta de trabajo que alcanzó al 66.3% de los hogares, otro 20.5% combina venta de fuerza de trabajo con otras fuentes, lo que arroja un total 86.8% de los hogares en ese municipio que viven de la venta de fuerza de trabajo[4]. Es decir, casi 20 puntos más que en el promedio nacional.

¿Cuál es el efecto de la competencia por los recursos de las familias entre economía del cuidado y la economía de la producción en el desempeño total de las sociedades?

Se puede afirmar que se provoca una pérdida en la calidad de las personas y de la fuerza de trabajo que genera la sociedad, pues se rompe, desatiende o afecta la transmisión de una serie de saberes para la vida y la construcción afectiva o psicológica y emocional de los seres humanos, tareas implícitamente asignadas a las familias y en particular, a las mujeres.

En la organización de las sociedades industriales se dejaba a los hombres el trabajo en las fábricas o en el ámbito público, y se asignaba a las mujeres la reproducción de la fuerza de trabajo, en el ámbito privado. Incluso se planteaba que los salarios de los hombres deberían ser suficientes para que las familias pudieran reproducir a la fuerza de trabajo.

El mantenimiento en el imaginario colectivo de esta distribución de tareas se ha ido transformado por el hecho de que el salario de un solo miembro de las familias, resulta insuficiente para sustentar las tareas de reproducción del grupo. A lo anterior se agrega la liberación de las mujeres de los roles asignados socialmente y su mayor participación en actividades de la economía de la producción para el mercado y el acceso a una remuneración por el trabajo que realizan.

¿Cuál es el efecto de la reducción de los recursos de las familias aplicados a la economía del cuidado?

Históricamente la organización de las sociedades modernas ha colocado un énfasis en la satisfacción de las necesidades básicas materiales de los seres humanos como alimentación, salud física, vivienda, vestido y calzado, agua, energía, así como en la educación como el mecanismo para la adquisición de conocimientos e información que permite a las personas integrarse a la vida social y al trabajo.

Hay dos aspectos del desarrollo humano que se han dejado como responsabilidad implícita y casi exclusiva de las familias. Se trata del desarrollo psicológico y emocional de los seres humanos y de la transmisión de una serie de saberes para la vida que no son incorporados entre los contenidos de los procesos de educación formal.

El desarrollo psicológico y emocional sano de las personas incluye entre otros aspectos, la recepción por parte de terceros de afecto, amor y amistad, el respeto a su libertad, autonomía y expresión y el reconocimiento de su identidad y de su valor como persona con su especificidad.

Las primeras relaciones sociales donde las personas reciben la formación de emociones y sentimientos son las familias, que las marcan profundamente. Incluso hay estudios de neurofisiología[5] que señalan su influencia en el desarrollo del cerebro y físico de los individuos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala: 

“La primera infancia es el período de desarrollo cerebral más intenso de toda la vida. Es fundamental proporcionar una estimulación y nutrición adecuadas para el desarrollo durante los tres primeros años de vida, ya que es en estos años cuando el cerebro de un niño es más sensible a las influencias del entorno exterior. Un rápido desarrollo cerebral afecta al desarrollo cognitivo, social y emocional, que ayuda a garantizar que cada niño o niña alcance su potencial y se integre como parte productiva en una sociedad mundial en rápido cambio. 

Cuanto más estimulante sea el entorno en la primera infancia, mayor será el desarrollo y el aprendizaje del niño. El desarrollo lingüístico y cognitivo es especialmente intenso desde los seis meses a los tres años de vida. Los niños que pasen su primera infancia en un entorno menos estimulante, o menos acogedor emocional y físicamente, verán afectados su desarrollo cerebral y sufrirán retrasos cognitivos, sociales y de comportamiento. Estos niños, en momentos posteriores de su vida, tendrán dificultades para enfrentarse a situaciones y entornos complejos. Los niveles altos de adversidad y estrés durante la primera infancia pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de problemas de aprendizaje hasta bien avanzada la edad adulta”.[6] 

A partir de la base emocional adquirida en el núcleo familiar, las personas se exponen a otras relaciones sociales en el barrio, en la escuela, con sus pares, en la comunidad de trabajo, en las comunidades religiosas, deportivas o recreativas. La interacción con otras personas les reforzará o les afectará los fundamentos psicológicos y emocionales desarrollados en casa.

En relación con el segundo aspecto, los saberes para la vida, es en el contexto familiar donde se aprende entre muchas otras cuestiones, la forma y el contenido de los hábitos de alimentación: por ejemplo, qué tipo de alimentos, cómo se combinan, a que hora se comen y cómo se comen. También se aprende a vestirse y asearse; a hablar y el idioma que se utilizará; a relacionarse con las otras personas, incluso con las parejas; a resolver conflictos; a relacionarnos con el medio ambiente; a utilizar una serie de instrumentos y tecnología; se absorben conceptos básico del mantenimiento de la salud y de cómo curarse y las formas de descansar y ocupar el tiempo libre. Se sientan los fundamentos de las actitudes, valores y comportamientos que la persona tendrá a lo largo de su vida. Muchos de estos aprendizajes se adquieren por imitación de conductas de los adultos de las familias y se reproducen y se transmiten a su vez cuando se es adulto, en la relación con otros. La socialización en otros espacios modera, mejora, adapta e introduce cambios en los aprendizajes en el mundo familiar, pero los fundamentos son construidos por la familia.

Algunos aspectos del desarrollo psicológico y emocional de las personas que no se dieron en la infancia, a veces pueden compensarse en las edades adultas de manera positiva en la relación con otras personas, pero también pueden inducir a conductas negativas en su búsqueda. Por ejemplo, conductas antisociales y violentas de jóvenes que anhelan una identidad y una imagen que nunca les fue reconocida en la infancia; adultos que buscan el afecto y las caricias que nunca recibieron en su desarrollo inicial; adultos que reproducen conductas violentas para resolver conflictos.

Al desconsiderar los requerimientos psico-afectivos que tienen las personas, muchas intervenciones de agentes públicos, sociales y privados para atender a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres o adultos mayores no sólo no logran suplir las omisiones que han vivido, sino con frecuencia recrudecen las carencias y dejan más vulnerables a las poblaciones atendidas. Adicionalmente, es muy difícil suplir adecuadamente el papel que las familias tienen en el desarrollo psicológico y emocional y en la transmisión de saberes para la vida.

Por ejemplo, la institucionalización de personas en orfanatorios, asilos, centros de reclusión y rehabilitación, correccionales, hospitales para enfermos mentales, etc. con frecuencia, adolece de modelos de atención que considere la psico-afectividad de las personas recluidas y muchas veces generan más daño que alivio a las carencias previas vividas por muchas de ellas.

Existen es cierto, contextos familiares altamente negativos, destructivos y violentos y que para muchas personas es mejor salirse de ellos. Eso no obsta para reconocer y valorar el aporte que las familias hacen a la construcción y a la socialización de los seres humanos y la dificultad para suplir aspectos importantes de ese aporte, mediante la participación de otros agentes sociales. En su caso, los modelos de atención instrumentados por terceros tendrían que reconocer las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de las personas que son atendidas o servidas.

La construcción social de las violencias

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones; así como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades.[7]

Las violencias son diversas según quien las ejerce (el Estado, los delincuentes, los padres, los grupos religiosos), el lugar donde se ejercen (doméstica, escolar, en el trabajo, comunitaria), a quién se afecta con ellas (de género, autoinflingida, juvenil, homofóbica) o por su naturaleza (psicológica, física, económica)

Las violencias son construcciones sociales, económicas, culturales y políticas. Las relaciones sociales y la convivencia conllevan la presencia de conflictos de distinta naturaleza, intensidad y efectos. En la evolución de las sociedades se generan confrontaciones, resentimientos, frustraciones, enojos y miedos que pueden desembocar en distintos tipos de violencias si no existen los mecanismos, las capacidades y las instituciones que permitan procesar y dirimir pacíficamente conflictos, impartir justicia y reparar daños. Es decir la existencia de un Estado de Derecho y de mecanismos de contención social integrados en el mismo tejido social.

Las familias juegan un papel importante en el aprendizaje de las formas de resolución de conflictos de la infancia y estas pueden ir desde modalidades violentas pasando por el silencio y el ocultamiento, así como por distintas estrategias de solución pacífica.

La socialización de las personas en Ciudad Juárez

Las estructuras e instituciones que permiten la construcción de seres humanos felices, seguros, responsables, solidarios, respetuosos y amorosos, se fueron colapsando o nunca llegaron a desarrollarse en Ciudad Juárez por las condiciones adversas para la construcción y recreación de tejido social, por omisiones graves del Estado y por la presencia de poderes fácticos locales que a lo largo de los años, definieron las normas que rigieron la vida de la ciudad. Estos elementos contribuyeron al contexto de violencias de distinto tipo que hoy agobia a la ciudad.

La recreación de un tejido social solidario, tolerante, respetuoso con mecanismos de contención y sanción a los muy diversos conflictos que se fueron suscitando en la Ciudad no se pudo desarrollar por diversas razones, entre las que se pueden incluir la forma misma como surgió, sobrevivió y evolucionó Ciudad Juárez como ciudad de frontera totalmente desatendida por los gobiernos federales y estatales.

Ni las estructuras sociales (familias, iglesias, escuelas, organizaciones sociales y civiles), ni las estructuras políticas (gobiernos, partidos, poderes legislativo y judicial) pudieron absorber y adaptarse con la velocidad necesaria, a las rápidas transformaciones impuestas por la evolución económica de la ciudad y su vertiginoso crecimiento demográfico. (Ver Cuadro 1)

 

Cuadro 1. Evolución de la población en el

Municipio de Juárez

1940-2010

Año Población total
1940 55,024
1950 131,308
1960 276,995
1970 424,135
1980 567,365
1990 798,499
1995 1´011,786
2000 1´218,817
2005 1´313,338
2010 1,332,131

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Censos y Conteos de Población y Vivienda.

 

En 70 años, la población se multiplicó por 24 veces y de 1940 a 1960 las tasas de crecimiento demográfico del Municipio de Juárez fueron de más del doble a las observadas en el promedio nacional y de 1980 al año 2000, también casi duplican a las nacionales. El 40 % de la población del Estado de Chihuahua se concentra en Juárez.

Las tasas de crecimiento anual del número de hogares en el Municipio de Juárez también muestran una mayor velocidad comparativamente con el estado de Chihuahua y el promedio nacional como puede verse en los siguientes cuadros 2 y 3. Se cuadruplicaron en 35 años y con ello la demanda de viviendas y de servicios urbanos básicos y sociales, sin que los gobiernos locales y federales se hubieran preocupado por proveerlos.

Cuadro 2

Número de hogares 1970, 1990, 2000 y 2005

1970 1990 2000 2005
Juárez 80,961 170,328 279,864 320,585
Edo. de Chihuahua 300,422 531,329 744,142 822,586
Nacional 9,816,633 16,202,846 22,268,196 24,803,625

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda INEGI; Conteo de Población y Vivienda, INEGI. En Almada, Lourdes (2009). “Las familias en Ciudad Juárez en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

Cuadro 3

Crecimiento medio anual de los hogares

1970-1980 1990-2000 2000-2005
Juárez 3.79 5.13 2.42
Edo. de Chihuahua 2.89 3.45 1.78
Nacional 2.54 3.25 1.92

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda INEGI; Conteo de Población y Vivienda, INEGI. En Almada, Lourdes (2009). “Las familias en Ciudad Juárez en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

 

Estudios recientes, indican que en los últimos años, Ciudad Juárez ha venido perdiendo población por la violencia y la crisis económica. Para 2010 se estimaba que 230,000 personas habían abandonado Ciudad Juárez, de los cuales el 24% se trasladaron a El Paso, Texas y el resto, retornó a sus lugares de origen.[8]

En los estudios realizados sobre las relaciones familiares en Ciudad Juárez se detecta una fragilidad más elevada con una mayor presencia relativa respecto de los promedios del estado de Chihuahua y nacional de uniones libres, de personas separadas y divorciadas y de familias recompuestas. Más recientemente se observa un aumento de familias formadas por población adolescente.[9] Es muy factible que las uniones a edades más jóvenes y las elevadas tasas de embarazo adolescente que se observan en todo el Estado de Chihuahua[10], tengan su origen en una necesidad afectiva de los jóvenes, mujeres y hombres, ante carencias o insuficiencias en el ámbito de sus familias.

La atracción que ejercía Ciudad Juárez para personas en busca de oportunidades de trabajo provocó que muchos jóvenes, hombres y mujeres, arribaran de diversas partes del territorio nacional. En la Figura 1 destaca la importancia de los grupos de edad entre 15 y 29 años para ambos sexos en la estructura de la población migrante de esa Ciudad. Lo anterior determinó que la pirámide de edades del Municipio de Juárez mostrara en 2005[11] una figura donde predominan las poblaciones en edades reproductivas y una amplia base de población menor de 15 años. (Figura 2)

 

Figura 1. Estructura por edad y sexo de los inmigrantes en Ciudad Juárez, 2005

a1

Fuente: Martínez Toyes, Wilebaldo (2009), “Situación y Evolución Demográfica en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

Figura 2. Ciudad Juárez: estructura poblacional por edad y sexo, 2005

a2

Fuente: Martínez Toyes, Wilebaldo (2009), “Situación y Evolución Demográfica en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

La Figura 3 muestra la distribución de los hogares por edad y sexo del jefe donde se observa la consecuencia de la gran presencia de hombres y mujeres jóvenes en la estructura demográfica de la Ciudad. La mayor proporción de hogares es encabezada por personas jóvenes y por lo tanto, se ubican en las etapas de formación del ciclo de vida de las familias, donde muchas de ellas tienen niños pequeños menores de 10 años.

 

Figura 3. Distribución de los hogares por edad y sexo del jefe (a), 2000

a3

Fuente: Principales resultados de dos investigaciones para la elaboración de una Agenda Social y Cultural para Ciudad Juárez. Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez. INCIDE Social A.C.

 

Figura 4. Distribución porcentual de los hogares por grupos de edad y sexo del jefe (a), 2010

a4

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

El contexto de la economía del cuidado en Ciudad Juárez.

Como se señala anteriormente, la implantación del modelo maquilador, el tipo de crecimiento urbano que se registró, las transformaciones de los grupos familiares, las crisis económicas recurrentes y la insuficiencia de programas sociales públicos o privados pertinentes y oportunos en apoyo a la economía familiar, provocaron un colapso de la economía del cuidado que afectó la calidad de la socialización de las personas desde los ámbitos familiares.

Una posible explicación de los elevados niveles de violencias en Ciudad Juárez se relaciona con la fractura y deterioro de la economía del cuidado debido a las demandas del mercado de fuerza de trabajo y la ausencia del Estado en apoyo a dicha economía.

La primera hipótesis consiste en que muchas personas crecieron en la Ciudad sin haber contado con un proceso de socialización adecuada de sus grupos familiares debido a las exigencias laborales del sector maquilador que entre 1950 y 1990 contrataba especialmente mujeres. También influyeron las precarias condiciones de trabajo que ofrecía, aceptadas por las autoridades laborales y alentadas por las políticas salariales nacionales de deterioro en los ingresos por trabajo.

Esto último puede observarse en las figuras 5, 6 y 7 que muestran el comportamiento a precios constantes de distintos tipos de salarios reales en el país. En la figura 5 se observa la espectacular caída del salario mínimo legal real desde 1976 hasta 1996 en donde de una valor de 39 pesos a precios del 1994 cayó a 11 pesos de 1994, cifra que se ha mantenido ligeramente por debajo, desde entonces hasta el 2008 para volver a presentar bajas en 2009 a 2011.

Figura 5. Salario mínimo real promedio (base 1994)

a5

Fuente: Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Incide Social A.C. con datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).

En la figura 5 los efectos de la política salarial se manifiestan en dos etapas: de 1976 a 1996 y de 1997 a 2008. En la primera etapa el ingreso obtenido por un trabajador contratado en 1976 a nivel de salario mínimo legal, requería para 1996 la participación de 3.5 trabajadores pagados a salario mínimo legal promedio nacional. Durante varios años esta política se acompañó promoviendo desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que las empresas compensaran la caída del salario real proporcionando prestaciones en especie en un equivalente porcentual predefinido, pues se sostenía que el impacto en las expectativas de inflación sería menor que si todo el aumento se aplicaba directamente al valor del salario mínimo legal. Fue la etapa de los Pactos de Estabilidad Económica operados para recuperar los equilibrios macroeconómicos en el país en la década de los ochenta.

La realidad fue que sólo las empresas con contratos colectivos adoptaron estas medidas. Incluso la Secretaría del Trabajo adoptó medidas coercitivas para evitar que las empresas se salieran del esquema enviando auditorías fiscales a las que intentaban violar, en beneficio o en perjuicio de los trabajadores, los acuerdos tácitos. Sin embargo, la gran masa de trabajadores de salario mínimo no se vio beneficiada por el incremento en prestaciones al estar mucha de ella ocupada en micro y pequeñas empresas de los distintos sectores de actividad económica y si en cambio, sufrieron la caída de su poder adquisitivo.

Con las crisis de las última década del siglo XX el margen del ingreso total pagado a los trabajadores por la vía de prestaciones se fue cerrando cada vez más dando lugar a lo que se ha denominado precarización de las condiciones laborales de los empleos formales.

En la segunda etapa observada en la figura 5 la política de salario mínimo seguida desde 1997 ha sido la de compensar al inicio de cada año, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo legal por la inflación del año previo. Es decir la relación de 3.5 a 1 al menos se ha conservado desde 1997. Se puede concluir que desde 1976En todo este período, se sustrajo a los trabajadores los incrementos que deberían haber recibir por su contribución a la mejoría en la productividad reflejada en la tasa de crecimiento medio anual de la economía.

Ahora bien, por lo que hace a los otros tipos de salarios en la figura 6 se observa la evolución de la remuneración media anual en la industria manufacturera. Si se compara el período usado respecto del salario mínimo legal, se observa que de un valor de 36.5 en 1976 a precios de 1994 bajó a la mitad en 2011, es decir a 18.2 pesos a precios de 1994. Es decir, la caída no fue tan dramática como en el caso del salario mínimo pero reflejo una mayor injusticia en la política salarial al ser el sector manufacturero y particularmente las industrias de exportación las que contribuyeron al incremento de la productividad y al crecimiento en el país en las últimas décadas.

Figura 6. Remuneración media anual al personal en la industria manufacturera (1972-2011)

(Miles de pesos de enero de 1994, por asalariado)

a6

* Cifras preliminares para 2011.

Fuente: Elaboración del Observatorio de Política Social y derechos Humanos, INCIDE Social A.C. con información de «Indicadores Macroeconómicos», CEFP y Banco de Información Económica, INEGI.

Ante la imposibilidad de obtener una serie actualizada de salario medios en la industria maquiladora en la Figura 7 se grafican cuatro series de salarios medios de cotización en el IMSS con base 1994. La línea continua que parte de 1984 se refiere al salario promedio de cotización al IMSS en la industria manufacturera, mismo que en un periodo de 27 años sólo aumentó en 8.3% de 44.30 pesos a   47.99 pesos en valores de 1994. Cabe recordar que 1984 es un año posterior a la crisis de 1982 donde el empleo y las remuneraciones cayeron fuertemente. Este bajo nivel en 1984 se corrobora en la figura 6 correspondiente a la industria manufacturera.

 

La línea con rombos muestra el salario promedio de cotización al IMSS del Municipio de Juárez. Se sitúa por debajo de la media de cotización nacional y en su trayectoria se va separando de ésta. En 1997 el diferencial era de 5.8 puntos porcentuales y para el 2012 ya estaba en 10.5 puntos porcentuales por debajo de la primera.

Figura 7. Salarios promedio de cotización en el IMSS general, para varias ramas y en el Municipio de Juárez

a7

* La información para 1997 corresponde al promedio julio-diciembre. De igual forma, los datos para el período 1997-2003 se refiere a los salarios de los cotizantes permanentes. A partir de 2004, las cifras corresponden a los cotizantes totales (permanentes más eventuales).

FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del IMSS y del INEGI.

 

Las otras dos líneas se refieren a salarios promedio nacionales de cotización al IMSS para dos ramas industriales que son muy representativas del tipo de industria maquiladora ubicadas en Ciudad Juárez. Llama la atención el comportamiento de los salarios promedio de cotización de la rama de construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus partes que inicia en la Figura para 1997 con 60 por ciento arriba del medio de cotización en el municipio de Juárez pero termina acercándose para ser sólo 38 por ciento superior en 2011. Por los bajos niveles de los salarios promedio de cotización observados para el Municipio de Juárez se podría colegir que la producción de arneses que son las autopartes cuya maquila se desarrolló ampliamente, no impactó mayormente el bajo nivel de los salarios en la Ciudad[12].

 

La dependencia de las familias de la venta de fuerza de trabajo

El modelo maquilador implantado en el país desde los años sesenta y profundizado en la década de los años ochenta determinó que varias ciudades de la frontera norte se especializaran en la provisión de mano de obra barata para atraer las inversiones. Una de las ciudades más emblemáticas de las implicaciones de esa estrategia en la vida de las personas y de las familias es Ciudad Juárez. La figura 8 muestra en números absolutos los empleos generados por la industria manufacturera de exportación de acuerdo a las cifras proporcionadas por la AMAC, destacan las dos fuertes caídas del 2003 y del 2009 con motivo de dos crisis económicas profundas en la economía de Estados Unidos.

 

Figura 8. Empleo generado por la IME en Ciudad Juárez 1994-2009

a8

Fuente: AMAC, citado por Ampudia Rueda, Lourdes (2009). “Empleo y estructura económica en el contexto de la crisis de Ciudad Juárez: las amenazas de la pobreza y la violencia” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM, p. 47.

Ciudad Juárez ha sido una Ciudad centrada en el trabajo productivo, sacrificando el reproductivo. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010 como se señaló anteriormente, seis de cada diez hogares tienen como fuente única de ingresos los derivados del trabajo frente a cuatro de cada diez en el nivel nacional y cinco de cada diez en el promedio de Chihuahua.

Los hogares que tienen ingresos adicionales al trabajo, que son dos de cada diez en Juárez, provienen principalmente de programas de gobierno, jubilaciones y pensiones y contribuciones de otras personas de dentro y fuera del país. Sin embargo, es interesante destacar la forma en que Ciudad Juárez ha sido históricamente relegada de la atención de los programas sociales de gobierno.

Mientras que al nivel nacional de acuerdo al último censo de población, el 17.2 por ciento de los hogares recibían apoyos de los programas sociales públicos y esta cifra para el Estado de Chihuahua fue de 11.8 por ciento, se reduce hasta 5.9 por ciento para el Municipio de Juárez.[13]

Los hogares juarenses han tenido que acudir a sus propios recursos, al trabajo y tiempo de sus miembros y a transferencias de familiares para sortear la vida. El gobierno federal y el estatal han sido históricamente omisos en sus obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población de esa ciudad. En el estudio sobre la Realidad Social de Ciudad Juárez esto se observó incluso respecto de los gastos del Seguro Social en Ciudad Juárez que no correspondían al nivel de aporte que hacían los juarenses a los fondos del IMSS y una baja inversión en el sector salud, así como en la distribución de recursos presupuestales hacia programas e inversiones en Ciudad Juárez, desde el gobierno estatal. [14].

El nivel de violencia en la Ciudad tuvo que alcanzar situaciones de gravedad como fue la matanza de jóvenes en Villas de Salvarcar en enero del 2010[15] como para que el Gobierno Federal instrumentara la estrategia Todos Somos Juárez que llevó decenas de programas sociales desarticulados y muchos de ellos poco pertinentes respecto de los efectos de la violencia generalizada que ya para entonces estaba viviendo la población de la Ciudad.

En entrevistas realizadas a informantes calificados en 2004[16] se informaba de la existencia de una proporción importante de personas que realizan dos y tres actividades económicas para completar sus ingresos. Por ejemplo, profesores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que para completar ingresos acudían como vendedores a un mercado nocturno de productos extranjeros que se instalaba en el centro de la Ciudad. Una importante proporción de personas que se dedican a la venta de “segundas” como ropa, zapatos, muebles y enceres domésticos usados y completan sus ingresos.

Además del bajo nivel de remuneración que reciben los trabajadores en Ciudad Juárez las condiciones de trabajo han sido crecientemente desfavorables. Aunque para los últimos años no se dispone de información para el Municipio de Juárez en la Encuesta de Empleo y Ocupación (ENOE) que lleva a cabo el INEGI, en la figura 9 y para el primer trimestre de cada año entre 2005 a 2011 se corrobora para el Estado de Chihuahua la disminución de la población remunerada que recibe prestaciones por su trabajo: aguinaldo, vacaciones pagadas, ayudas para renta, etc. Tan solo en este corto periodo de seis años el 12 por ciento de la población remunerada perdió su acceso a prestaciones laborales.

 

Figura 9. Porcentaje de población remunerada con y sin prestaciones laborales*, Chihuahua (2005-2011).

a9

* No considera el acceso a las instituciones de salud.

1/ La serie 2005-2010 fue elaborada con proyecciones demográficas de CONAPO que tiene como base los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005.

2/ Las cifras 2011 fueron ajustadas con los datos poblacionales definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Fuente: Elaboración del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social, A,C. con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI)

Para ese mismo periodo la figura 10 muestra para el Estado e Chihuahua el aumento de la proporción de la población ocupada que se encuentra en los tres estratos de menores ingresos que comprenden hasta tres salarios mínimos, que paso de representar el 51.5 por ciento en 2005 a incluir al 64.1 por ciento en 2011. Es decir la estructura de las remuneraciones al trabajo se comprimió hacia abajo de la escala.

 

Figura 10. Participación de la población ocupada por nivel de ingresos, Chihuahua (2005-2011).

(Porcentaje)

a10

1/ La serie 2005-2010 fue elaborada con proyecciones demográficas de CONAPO que tiene como base los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005.

2/ Las cifras 2011 fueron ajustadas con los datos poblacionales definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Fuente: Elaboración del Observatorio de Poítica Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C. con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI.

Este empobrecimiento del sector de la población ocupada y por ende, de los hogares que dependen de la venta de trabajo en Chihuahua también se muestra en el cálculo que realiza CONEVAL del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza entre 2005 y 2011 y que se presenta en la figura 11[17]. El índice para Chihuahua (ITPL) se dispara a partir del segundo trimestre de 2008 y en un año sobrepasa al nacional.

Figura 11. Índice de la tendencia laboral de la pobreza, primer trimestre del 2005 al segundo trimestre del 2011

a11

Fuente: Elaboración de CONEVAL con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI)

En diversos estudios realizados sobre las actividades económicas de la población en Ciudad Juárez[18] mediante entrevistas y grupos focales con trabajadores de las maquilas se encontró que muchos de los trabajos realizados eran rutinarios, poco diversificados y no requerían de calificación para ejecutarlos; que para alcanzar mejores retribuciones había temporadas donde los trabajadores podían permanecer horas extras y que sus horarios podían ser modificados de acuerdo a las necesidades de la producción o de la demanda de los productos.

El creciente número de miembros que las familias juarenses tenían que destinar al trabajo remunerado para al menos mantener un determinado nivel de vida, las prolongadas jornadas de trabajo y los tiempos de traslado por un crecimiento expansivo de la ciudad, así como la mala calidad del transporte público, afectan negativamente el tiempo dedicado al cuidado y reproducción del grupo familiar y también su calidad por el agotamiento y estrés de los trabajadores.

Adicionalmente las constantes variaciones en los horarios de trabajo que experimentan los trabajadores, también constatada en el trabajo de campo de las investigaciones citadas, dificulta los arreglos para el cuidado de los hijos por terceros.

 

La importancia de la participación laboral de las mujeres en el municipio de Juárez

La demanda del sector maquilador en Ciudad Juárez, particularmente de fuerza de trabajo femenina, atrajo a un gran número de mujeres de todo el país hacia esa ciudad. Como puede observarse en la figura 12, desde 1950 y hasta 1990 las tasas de masculinidad del Municipio muestran un déficit en la presencia de varones, siendo mayor la proporción de mujeres en la estructura demográfica de la ciudad. Esta tasa sólo llega a equilibrarse en los registros del 2000, dado que a partir de los noventas se empezaron a instalar en la Ciudad maquiladoras para ensamblar arneses para la industria automotriz que requerían mano de obra masculina joven.

 

Figura 12. Índice de masculinidad del municipio de Juárez y  del estado de Chihuahua, 1950 a 2010.

(Varones por cada 100 mujeres)

a12

Fuente: Datos del INEGI, Censos y Conteos de Población.

 

Esto significa que al menos durante 40 años en Ciudad Juárez había más mujeres en edades reproductivas que hombres y que éstas eran las que ganaban dinero y tenían mayor autonomía y control sobre sus vidas personales. No existen datos que lo permitan corroborar pero es muy posible que en ese período la cantidad de familias monoparentales encabezadas por mujeres fuese alta comparativamente con respecto de los promedios nacionales.

La ausencia de programas públicos de apoyo a las mujeres trabajadoras en la maquila, que incluye la falta de construcción de estancias infantiles, que por ley están bajo la responsabilidad del Seguro Social y no de las empresas[19], seguramente condujo a formas muy precarias de cuidado de la infancia. Si bien eso pudo ser suplido por la presencia de familias ampliadas en una primera etapa cuando la oferta de mano de obra femenina provenía del entorno cercano a Ciudad Juárez, por ejemplo de los campos algodoneros que existían en el Valle, en etapas posteriores el flujo de mujeres solas de otros estados debió de agudizar la ausencia de servicios infantiles suficientes y las opciones de apoyo familiar. Las alternativas eran dejar a las y los pequeños largas horas solos en las viviendas precarias, organizarse entre las mujeres para compartir el cuidado infantil o acudir a organizaciones de la comunidad. La Red por la Infancia en Juárez señala que actualmente la cuarta parte de los y las trabajadoras dejan a sus hijos solos entre 3 y 4 horas durante el día y uno de cada cinco reporta que deja a sus hijos a cargo de sus hermanos mayores.[20]

Los datos para el 2000 y el 2010 muestran un aumento del número de hogares encabezados por mujeres en Ciudad Juárez al pasar de 22.1 a 24.8 por ciento. Comparado con el promedio para el Estado de Chihuahua que subió de 20.6 a 24.4 por ciento para los mismos años, el del Municipio de Juárez es ligeramente superior pero el aumento de la proporción en el Estado es mayor. Uno de cada cuatro hogares es encabezado por mujeres, muy cercano al promedio nacional de 24.6 por ciento para el 2010.[21]

El aporte de las mujeres al trabajo total

En Juárez para el año 2000 trabajaban por pago cuatro de cada diez mujeres de 12 años y más. A nivel nacional eran tres de cada diez. Entre los 20 y los 44 años trabajaban por pago una de cada dos mujeres (Ver Figura 13).

Figura 13.Tasa de participación activa de las mujeres. Juárez y nacional. 2000

 

 

a13

Fuente: Principales resultados de dos investigaciones para la elaboración de una Agenda Social y Cultural para Ciudad Juárez. Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez. INCIDE Social A.C.

Aunque no se dispone de información específica para Juárez sobre la participación diferenciada de hombres y mujeres en la distribución de la carga de trabajo total, los datos para el Estado de Chihuahua en el año 2000 indican que la proporción de las mujeres que realizaban trabajo productivo y reproductivo era mayor que en el promedio nacional: 56.6 contra 46.3 por ciento. En cambio la proporción de hombres que realizaban trabajo productivo y reproductivo es menor en Chihuahua 43.4 contra 53.7 por ciento del promedio nacional.[22] Estas cifras revelan una reducida participación de los hombres en Chihuahua en el trabajo en la economía del cuidado, consistente con una cultura machista más acendrada en esa entidad. Los hombres reclamaban su derecho a descansar después de su jornada laboral, en tanto que las mujeres continúaban trabajando en las cuestiones domésticas.

En términos de horas trabajadas los datos del 2000 indican que las mujeres trabajaban en promedio en Chihuahua 64.8 horas contra 62.7 al nivel nacional.[23] Esta relación entre los hombres es muy similar 55.9 contra 55.8. Es decir, se comprueba que en la economía del cuidado el mayor aporte continúa siendo de las mujeres.

En una investigación realizada sobre una muestra de mujeres con hijos de 15 años o menos en Ciudad Juárez, A. Stern (2006) encontró la distribución que se muestra en la figura 14 de las 24 horas del día.

Figura 14. Rutina de trabajo de mujeres en familias con hijos de 15 años o menos, 2005

a14

Fuente: Stern, Ana (2006). Relación entre trabajo y familia en Ciudad Juárez. En http://www.incidesocial.org/es/nuestras-publicaciones

Cerca de la mitad de las horas del día, las mujeres entrevistadas las destinan a trasladarse y a realizar trabajo por pago. De la otra mitad del día, seis horas las utilizan para dormir y distraerse o prepararse personalmente y otras seis horas al trabajo doméstico, donde tres son para el cuidado de los hijos. Algunas mujeres declararon estar cansadas, enojadas y con poca paciencia para con sus hijos.

En esta misma investigación Ana Stern encontró la siguiente distribución de los trabajadores por tipo de inserción laboral de acuerdo al tiempo que dejan solos a sus hijos y el promedio de horas que los dejan solos (Cuadro 4). Destaca el hecho de que para el grupo de hogares entrevistados para la investigación son las mujeres que trabajan en actividades formales no de maquila las que en mayor proporción y en un promedio mayor de horas dejan a sus hijos solos.

Cuadro 4. Proporción de trabajadores cuyos hijos se quedan solos y promedio de horas que se quedan solos, en familias del sector formal con hijos de 15 años o menos. 2005*

c4

*Para el estudio se levantaron 100 encuestas a trabajadores hombres y mujeres tanto de las maquilas como de otras empresas formales: 50% a hombres y 50% a mujeres, que tuvieran hijos de entre 0 hasta 15 años de edad. De los 100 cuestionarios, 70 fueron aplicados a trabajadores de la industria maquiladora y 30 a personal de otras industrias o servicios.

Fuente: Stern, Ana (2006). Relación entre trabajo y familia en Ciudad Juárez. En http://www.incidesocial.org/es/nuestras-publicaciones

Otro hallazgo detectado por las distintas investigaciones realizadas en Ciudad Juárez y citadas en el presente documento, se refiere al uso del tiempo de los adolescentes ante la ausencia de ambos progenitores en la vivienda por razones de trabajo. Al abandonar la escuela después de cursar la secundaria, durante cuatro años pasaban un período de “inactividad”, de los 12 a los 16, edad esta última en la que podían ingresar a las plantas maquiladoras a ganar como máximo dos salarios mínimos equivalentes a 3,000 pesos mensuales (Ver Figura 15).

Figura 15. Proporción elevada de niños y jóvenes que no estudian ni trabajan en los quehaceres del hogar, Juárez 2000

Hombres                                         Mujeres

a15

Fuente: Principales resultados de dos investigaciones para la elaboración de una Agenda Social y Cultural para Ciudad Juárez. Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez. INCIDE Social A.C. con datos del anexo de Clara Jusidman y Hugo Almada (2007), La realidad social de Juárez. Análisis social. Tomo I. UACJ, p. 74.

Teresa Almada, académica y experta en poblaciones juveniles en Juárez, en entrevista relata que estos jóvenes solían levantarse a la una de la tarde, salir a convivir con sus bandas o pandillas, una especie de familias alternativas, y regresaban a sus casas a la una de la madrugada.

La ausencia de opciones creativas de uso del tiempo libre mediante programas gubernamentales o sociales, sumada al costo que significaba continuar estudiando la escuela media superior, la ausencia de oferta suficiente de ese nivel de enseñanza y la falta de utilidad práctica de hacerlo, dadas las características del mercado de trabajo local, colocaron a miles de jóvenes juarenses en situación de ser reclutados por las bandas del crimen organizado. Si bien empezaron trabajando para esas bandas a cambio de dinero, especialmente después del cierre de la frontera norteamericana en 2001, con el tiempo empezaron a recibir droga como pago, lo que condujo a un aumento de la población joven consumidora de esta o interesada en ampliar el mercado local de consumidores.

Carlos Cruz, otro activista y experto en poblaciones juveniles, insiste por ello en hablar de víctimas-victimarios, situación en la que viven muchos jóvenes mexicanos que ante los déficits sociales para su desarrollo como personas dignas son víctima de las bandas del crimen organizado que los obligan, “entrenan” y utilizan para cometer delitos convirtiéndolos en victimarios.

Como conclusión de su investigación la Dra. Ana Stern elaboró el siguiente cuadro sobre la situación de las mujeres con hijos de 15 años o menos estudiadas en Ciudad Juárez en el año 2005. Inicia enlistando las problemáticas que sufren en su trabajo remunerado y las consecuencias que esto tiene en su ánimo, su salud y su relación con otros, así como en su trabajo de cuidado de la familia.

Figura 16. Focos rojos

a16

Fuente: Stern, Ana (2006). Relación entre trabajo y familia en Ciudad Juárez. En http://www.incidesocial.org/es/nuestras-publicaciones

Algunos hallazgos sobre la atención a la infancia por la familia detectados por Lourdes Almada en 2009[24] son:

  • Continúa el fuerte problema para la atención de las y los hijos: niños y niñas solos, niños cuidadores o separados de sus padres toda la semana.
  • Se detecta soledad y abandono de las nuevas generaciones.
  • Gran cantidad de niños huérfanos por la violencia que vive la ciudad. Se hablaba en ese año de 7000 niñas y niños huérfanos.
  • Las familias tienden a encerrarse frente a la violencia y se da un desdibujamiento de relaciones de apoyo y solidaridad en momentos importantes como bautizos, casamientos o muertes
  • Hay una salida de un número importante de familias y personas de la Ciudad que abandonan sus viviendas y sus redes familiares y sociales.

Es decir, la ruptura del tejido social y de las redes familiares por la violencia vulnera cada vez más los procesos de socialización de la infancia y adolescencia juarense. 

Los efectos de la expansión urbana

Como la mayoría de las ciudades mexicanas en Ciudad Juárez se consolidó un modelo de crecimiento expansivo del área urbana al liberarse el mercado de tierras con los cambios al Artículo 27 constitucional en 1992. Un grupo muy poderoso en la Ciudad ha sido el de los especuladores de la tierra de donde proviene la verdadera acumulación de riqueza en Juárez. Ellos han sido los promotores y beneficiarios principales del desarrollo de parques industriales y de los desarrollos inmobiliarios para vivienda de las últimas décadas, e incluso de las invasiones de terrenos promovidas por grupos políticos durante varios años.

Aun cuando en el territorio ocupado por la ciudad existe un 9.38 por ciento de terrenos baldíos (en 2005), algunos que alcanzan grandes extensiones, la elite político-económica ha desarrollado en los últimos lustros un esquema de alianzas que utiliza las inversiones en infraestructura física, como caminos, centros universitarios e infraestructura de servicios urbanos para parques industriales, para revalorar terrenos alejados del centro de la ciudad que son de su propiedad. Ejemplos relativamente recientes de este tipo de procesos son la construcción del Camino Real, el desarrollo de San Jerónimo en la frontera con Nuevo México con una superficie igual a la actual extensión de la Ciudad y la construcción de la Ciudad del Conocimiento a 25 kilómetros del centro de la Ciudad.[25]

De este modo, Ciudad Juárez es una enorme urbe extendida horizontalmente, con baja densidad demográfica territorial y que demanda de sus habitantes la utilización de un número elevado de tiempo para trasladarse de sus viviendas hacia sus trabajos, escuelas y centros de servicio y comerciales.

La situación descrita se acompaña de un deficiente desarrollo del transporte público urbano, controlado por otros poderes de hecho y tiene además un efecto negativo en la proporción del gasto que las familias tienen que destinar al pago de transporte.

La figura 17 muestra la zona urbanizada de Ciudad Juárez e indica las zonas de nueva urbanización a partir de 1990 y hasta 2005. Al sur de la Ciudad se han construido desarrollos inmobiliarios de vivienda hacia los que se trasladaron familias jóvenes del poniente de la Ciudad, pensando que sus niveles de vida mejorarían al tener su propia vivienda y salirse de sus hogares originales. Lourdes Almada[26] relata que lo que encontraron estas familias en los nuevos desarrollos fueron viviendas muy pequeñas, con materiales de baja calidad y sin servicios sociales donde pudieran dejar a sus hijos mientras trabajaban. Las nuevas viviendas son de 35 m2, sin instituciones de cuidado infantil, con una carencia grave de escuelas primarias y secundarias y sin servicios de salud.

La distancia entre la zona de origen y el nuevo lugar de residencia en las zonas de crecimiento, rompen con la lógica de la familia extensa y las relaciones de apoyo que ésta implica. Las familias jóvenes se alejaron de la familia extensa y de su red de origen.

Figura 17. Crecimiento de la mancha urbana en Juárez

a17

Fuente: Proyecto ZOET, 2008. En “El proceso de expansión urbana y su impacto en el uso de suelo y vegetación del municipio de Juárez, Chihuahua. Tesis presentada por Erika Julieta García Estarrón para obtener el grado de maestra en administración integral del ambiente. Tijuana, B. C., México. 2008.

Después de intentar diversos esquemas para el cuidado de sus hijos que iban desde trasladarlos diariamente a casa de sus familiares en el poniente lo que le tomaba cuatro horas; o bien, dejarlos durante toda la semana en casa de sus familiares y recogerlos los fines de semana, muchos optaron por retornar a sus hogares de origen y abandonar sus nuevas viviendas. Esto contribuye al aumento de viviendas abandonadas en la Ciudad y que han sido utilizada por bandas delincuenciales.

La Red por Infancia en Juárez ha realizado diversas estimaciones sobre las necesidades insatisfechas de cuidado infantil que existen en la Ciudad y señala que:

  • Solamente 6 de cada 100 niños menores de 4 años, tienen la posibilidad de ser cuidados en espacios de atención y educación infantil.
  • La maquiladora tiene, todavía en el 2011, 100 mil mujeres empleadas, derechohabientes del IMSS, la mayoría en edad reproductiva. Sin embargo, existe una cobertura para menos de 7 000 niños. Existen 32 guarderías, el mismo número que en la ciudad de Chihuahua, que cuenta con la mitad de la población que Juárez.
  • El costo del servicio del cuidado infantil en ciudad Juárez es muy elevado para las familias. (va de los 150 hasta 300 pesos semanales por niño), por lo cual la capacidad instalada está ocupada en un 70%.[27]

Otras cifras importantes sobre espacios de cuidado infantil al 2 de marzo de 2012[28] son:

  • Viven 227,594 niñas y niños de 0 a 5 años.
  • Existe una capacidad instalada para atender a 10 mil niños de 0 a 6 años.
  • 33 guarderías del IMSS con capacidad instalada para 7,000 niños y niñas.
  • 53 Centros de Bienestar del Municipio con capacidad instalada para 2,000.
  • 103 estancias infantiles de SEDESOL con capacidad para 3,000 niñas y niños.
  • Albergues en convenios con DIF Municipal para 2,000 niños y niñas.
  • 11 Casas de Cuidado Diario Infantiles de Ciudad Juárez con capacidad para 200 niños y niñas.

En uno sólo de los campos como son los servicios de estancias infantiles 4es posible concluir que el déficit de programas de apoyo a la economía del cuidado sigue siendo, muy profundo.

Conclusiones

Ciudad Juárez fue una ciudad emblemática de la estrategia de modernización de México de la segunda mitad del Siglo XX, fundada en el desarrollo de la maquila de exportación.

Experimentó un crecimiento demográfico muy rápido con un desarrollo urbano extensivo a partir de urbanizaciones irregulares y de la instalación de parques industriales y en los últimos años, mediante desarrollos inmobiliarios de baja calidad.

Ese crecimiento consecuencia de la atracción de pobladores de diversos estados del país y especialmente de mujeres durante más de dos décadas 1070-1990, no fue acompañado de políticas y programas sociales que se preocuparan por generar condiciones de vida dignas para los trabajadores que llegaron a la Ciudad. De algún modo, la idea dominante en las élites económicas es que bastante se hacía para que al menos tuvieran empleo, como para pensar que son personas con dignidad y tienen otras necesidades de vida. Deberían estar agradecidos con los inversionistas privados y los gobiernos por la creación de fuentes de trabajo mejores a las que podrían conseguir en sus lugares de origen.

La mayor presencia de mujeres en edades reproductivas que de hombres durante varios lustros, determinó cambios en la conformación de las familias. Sin programas públicos y privados de apoyo a la economía del cuidado y sin un cambio en la distribución de la participación de hombres y mujeres en los trabajos implícitos en esa economía, el resultado condujo a deficientes procesos de socialización de la infancia y los adolescentes.

Estos procesos de socialización resultaron más problemáticos por una política laboral que permitió el deterioro de los ingresos y la precarización de las condiciones laborales, obligando a las familias a utilizar un mayor número de horas de sus miembros adultos en actividades de trabajo remunerado, en perjuicio del tiempo dedicado a la economía del cuidado. La precarización laboral necesariamente se traduce en una precarización de la vida familiar.

La intensidad del trabajo por pago y la ausencia de una oferta suficiente de servicios de cuidado y desarrollo infantil y de familias extensas que pudieran suplir la ausencia de los progenitores por razones de trabajo, determinó que muchos niños y niñas quedaran a cargo de sus hermanos o permanecieran solos por varias horas al día.

Al interior de los hogares la participación de los hombres en la economía del cuidado muestra niveles muy bajos comparativamente con los promedios nacionales, quedando la mayor responsabilidad sobre las espaldas de las mujeres. La naturaleza rutinaria de las actividades que estas realizan en sus trabajos remunerados, las largas jornadas laborales y los tiempos de traslado provocan que las mujeres lleguen cansadas, enojadas y muy agobiadas a continuar con el trabajo doméstico.

Las dificultades mismas para hacer la vida en muchos de los hogares de Ciudad Juárez seguramente conllevan una sensación de frustración, de desesperanza y de ausencia de perspectiva de mejora. Los espejismos colocados frente a las miradas de miles de migrantes que llegaron a Ciudad Juárez con la expectativa de lograr mejores condiciones de vida que las de sus lugares de origen, de tener trabajos industriales estables donde pudieran avanzar, de acceder a protecciones laborales y a escuelas para sus hijos o de adquirir casas de mejor calidad como símbolos de progreso se fueron esfumando sistemáticamente.

Miles de niños, niñas y adolescentes crecieron y se desarrollaron en esos contextos de frustración y de agobio de sus padres y seguramente eso los marcó y los lleva a buscar otro tipo de vida, en donde prefieren arriesgar la propia a cambio de obtener mayores placeres, aunque sean temporales y de poca duración.

Revertir las omisiones y el déficit histórico de una política pública de apoyo a la economía del cuidado es una asignatura que sigue pendiente en Ciudad Juárez donde la violencia criminal, se encuentra agudizada por la violencia de Estado mediante las fuerzas de seguridad pública y se desarrolla en un contexto de violencia estructural donde los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

El colapso de le economía del cuidado en Ciudad Juárez representa el colapso de un modelo económico que coloca lo material, la ganancia y los logros individuales por sobre el compromiso con lo humano, con la dignidad y la felicidad de las personas. Las violencias son fenómeno multifactoriales que se construyen social, económica, política y culturalmente.

 

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[1] Jorge Gilbert (1997). Introducción a la Sociología. LOM Ediciones, Santiago de Chile. En http://books.google.com.mx/books?id=fKHHZRqWK64C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

[2] Elaboración del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C. con base en el Censo de Población y Vivienda de 2010.

[4] 17.3 % declaró no tener ingresos y 14.5% los derivo de otras fuentes.

[5] Según John Ratey, profesor de siquiatría de la Universidad de Harvard, cuando el niño nace tiene millones de conexiones buenas en su cerebro que esperan una asignación concreta. Esto sucede a medida que el mundo y el entorno lo exige, así se va requiriendo conexiones neuronales para tareas concretas como ver, recordar, hablar, jugar, escribir, etc. Según sus investigaciones las conexiones que no se usan o estimulan en los primeros años de vida acaban por ser eliminadas (0 a 6 años). A falta de una estimulación adecuada una célula cerebral morirá, pero si se le estimula y alimenta con experiencias enriquecidas brotarán nuevas conexiones y ramas de conexiones neuronales. (John J Ratey (2003), El cerebro. Manual de instrucciones, Ed. Grijalbo Barcelona) en Nelson Ricardo Vergara Chaparro, Primera infancia, http://ayed.galeon.com/productos1492707.html

El premio Novel P. Edelman, Director del Instituto de Neurociencias de la Clínica Scripps de la Joya California, afirma que el entorno que nos rodea es determinante en los primeros años de vida para desarrollar una buena estructura neuronal y tener así unas circunstancias más eficaces para el desenvolvimiento y adaptación a necesidades concretas propuestas por el entorno. Nelson Ricardo Vergara Chaparro, Primera infancia, http://ayed.galeon.com/productos1492707.html

[6] OMS, Desarrollo en la primera infancia. Nota descriptiva N°332. Agosto de 2009. En http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs332/es/index.html

[7] OMS. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Sinopsis. Ginebra. En http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf

[8] Martínez Toyes, Wilebaldo (2009), “Situación y Evolución Demográfica en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM, p. 74.

[9] Pérez, Ivet (2007). “Relaciones de convivencia y familiares” en Clara Jusidman y Hugo Almada, La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis Social. Tomo I. UACJ, p. 47.

[10] En 2010, “el 17 por ciento de los embarazos entre derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) corresponde a adolescentes, entre la población abierta, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Chihuahua, alcanza hasta 40%. Véase http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=6590&ID_Seccion=165

El Seguro Social informó ayer que atiende a 12 mil mujeres embarazadas al año en Ciudad Juárez, de las cuales, 2 mil 40 son menores de 19 años incluyendo una gran cantidad de adolescentes.

[11] Con la expulsión de población observada en el último lustro por la crisis económica y por la violencia, podría considerarse que las estructuras de población observadas en 2005 son el resultado final de un largo período de atracción migratoria del Municipio de Juárez.

[12] Lamentablemente en la última década se ha perdido la escasa estadística comparable que existía sobre salarios en el país y sobre la aportación del trabajo al ingreso nacional.

[13] Calculado por el Observatorio de Política social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C.

[14] Pérez Laura Elisa (2007). “Salud” en Clara Jusidman y Hugo Almada, La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis Social. Tomo I. UACJ, p. 222.

[15] En enero de 2010, jóvenes fueron acribillados por un comando armado en una vivienda mientras estaban en una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez; las motivaciones todavía no quedan del todo claras. 15 personas murieron, más 10 lesiones. En http://www.proceso.com.mx/?p=295269

[16] Clara Jusidman y Hugo Almada, La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis Social. Tomo I. UACJ.

[17] La serie de este índice (ITLP) muestra la tendencia de la proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria, que es el valor monetario en un mes determinado de una canasta alimentaria básica, con el ingreso de su trabajo.

[18] Pérez, Ivet, “Empleo” y Stern, Ana, “Industria Maquiladora de Exportación” en Clara Jusidman y Hugo Almada (2007), La realidad social de Juárez. Análisis social. Tomo I. UACJ. Y Ampudia Rueda, Lourdes (2009). “Empleo y estructura económica en el contexto de la crisis de Ciudad Juárez: las amenazas de la pobreza y la violencia” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

[19] Art. 203 y 251, fracción VI de la Ley del Seguro Social, Diario Oficial de la Federación, 27 de mayo de 2011.

[20] Red por la Infancia en Juárez. Propuesta ciudadana por la primera infancia. Siete indicadores sobre la grave situación de la primera infancia en Juárez. Presentación 2011.

[21] INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

[22] Pérez, Ivet (2007). “Empleo” en Clara Jusidman y Hugo Almada (2007), La realidad social de Juárez. Análisis social. Tomo I. UACJ, p. 93.

[23] Ibidem.

[24] Almada, Lourdes, op. cit., p. 117 y 118.

[25] Acosta, Delia (2009). “Especulación del suelo, vivienda e infraestructura urbana en Ciudad Juárez” en

Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM, p. 124 y 137.

[26] Almada, Lourdes (2009). “Las familias en Ciudad Juárez” en Hugo Almada y Laurencio Barraza, Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM.

[27] Datos de la Red por la Infancia en Juárez. Propuesta ciudadana por la primera infancia. Siete indicadores sobre la grave situación de la primera infancia en Juárez. Datos a marzo de 2012.

[28] Ibidem.