Bajar presentación: diplomado ibero 2013

Coloquio Internacional: Demandas ciudadanas: dilemas y desafíos para la política.

Panel: Movimientos contra la inseguridad: un desafío para los partidos y gobiernos

Los movimientos contra la inseguridad en México

Seguramente la invitación de la Fundación Ebert para participar en este panel tiene relación con mi colaboración en el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad que surgió en abril pasado, a raíz del asesinato del hijo de Javier Sicilia en manos de la delincuencia organizada.

Personalmente, y en el marco de INCIDE Social A.C. hemos venido reflexionando e investigando el tema de las violencias como construcciones económicas, sociales, culturales y políticas y consideramos que como tales pueden revertirse, aminorarse o contenerse.

En el 2003 entramos en el tema de las violencias con una investigación sobre la situación social en Ciudad Juárez, en colaboración con el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de esa ciudad, constituido por cerca de 40 organizaciones civiles[1].

Para nosotros el interés radicaba en tratar de encontrar un explicación más estructural a los feminicidios ocurridos en esa Ciudad, que en ese momento ocupaban las principales columnas de los medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros.

Partíamos de la hipótesis de que los feminicidios eran la punta de un iceberg cuya masa está conformada por capas de abusos, omisiones, exclusiones, discriminación, corrupción e impunidad a las que contribuyen numerosos actores sociales: funcionarios corruptos y omisos, partidos políticos en lucha por el poder y los recursos que lo acompañan, especuladores de la tierra y de los recursos naturales, mafias criminales con presencia histórica en la ciudad, sindicatos blancos, jerarquías eclesiásticas coludidas con las élites económicas y con la delincuencia, etc. es decir, algo que podríamos llamar una burguesía que se había enriquecido a partir de la explotación y el abuso del poder político, de los recursos y de las personas en paralelo con una enorme ausencia de Estado.

La ciudad como todas las de la frontera sufría de una desatención histórica por parte del Gobierno Federal, cuyas políticas nunca se compadecieron de las circunstancias particulares que viven las ciudades de frontera; además fue sistemáticamente relegada por los gobiernos estatales radicados en la Ciudad de Chihuahua, y sufrió de gobiernos municipales sin capacidad de gestión, y como todos los gobiernos municipios en México, carecen de presupuesto, herramientas, recursos humanos capacitados y de arquitectura institucional para enfrentar los retos que les planteaba una ciudad que crecía a velocidades extremas por el desarrollo de la industria maquiladora y que estaba viviendo transformaciones y problemáticas inéditas en el país.

La ausencia de Estado en Ciudad Juárez alentó la creación de un número importante de organizaciones civiles que iniciaron luchando por servicios urbanos (agua, drenaje, luz, etc.) para las colonias formadas por viviendas de trabajadores, que fueron construidas con deshechos de la maquila y asentadas en terrenos inhóspitos. Esas organizaciones evolucionaron para ofrecer servicios de atención a los jóvenes, a la infancia, a las mujeres, a los migrantes, a la población indígena. En distintos momentos se han articulado en redes con el fin de promover políticas públicas sociales para superar las graves situaciones de riesgo en que viven varios de los grupos poblacionales señalados.

Desde mi óptica el primer movimiento contra la inseguridad en México fue constituido en la década de los noventas, por mujeres y sus organizaciones que en Ciudad Juárez iniciaron haciendo visibles las múltiples muertes de mujeres jóvenes y demandando justicia. Colocaron el tema en la agenda política del país y a nivel internacional. Lograron concitar el apoyo de los movimientos feminista y de derechos humanos en todo el país, así como de muchos movimientos y organizaciones del resto del mundo, incluyendo a comunicadores y artistas. Casa Amiga, Nuestras hijas de regreso a casa, el movimiento Ni una Más, las Mujeres de Negro son algunas expresiones de este gran movimiento de protesta contra la violencia de género y las muertes de mujeres y que se sostiene hasta la fecha.

Como todo movimiento ha tenido etapas de gran actividad y visibilidad, ha utilizado estrategias muy creativas para mantener el tema en el imaginario colectivo y también ha sido objeto del embate de los políticos y los partidos políticos en el poder. Durante varios años el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU) fue utilizado para debilitar la fuerza del Movimiento mediante la compra o cooptación de algunas de las familias de las mujeres asesinadas para evitar que continuaran participando en actividades de denuncia y movilización.

El Gobierno Federal durante la administración de Vicente Fox, se vio obligado a crear varias instancias para atender a las familias afectadas y para localizar e identificar los cadáveres. Sin embargo, por el origen social de las víctimas, fundamentalmente mujeres jóvenes de familias de bajos ingresos, el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición les han sido sistemáticamente denegados.

El acompañamiento de abogados especialistas en derechos humanos les ha permitido llevar algunos casos a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de haber agotado las instancias nacionales de justicia. La sentencia de esa Corte en relación con tres de ocho de las mujeres asesinadas y enterradas en el Campo Algodonero es un caso emblemático de la incapacidad del Estado Mexicano y posiblemente del desinterés mostrado por los gobiernos de los tres niveles, para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En la actualidad el tema de los feminicidios ha sido opacado por los elevados niveles de violencia de la guerra que se está librando en las calles de Ciudad Juárez entre los cárteles de la droga, así como por los múltiples otros delitos que han florecido en la ciudad como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de armas.

Las mujeres del Movimiento de las muertas de Ciudad Juárez no ceja en su lucha, sigue elevando su voz, participando con otros movimientos y clamando por justicia. Tampoco, lamentablemente los feminicidios se han terminado, siguen apareciendo mujeres jóvenes asesinadas, ahora sumadas a las decenas de personas que diariamente mueren en Ciudad Juárez.

La incapacidad del PRI y del PAN y de sus gobiernos para enfrentar y acabar con el problema e instaurar el Estado de Derecho en Chihuahua, tiene mucha relación con los graves niveles de corrupción y de impunidad de las élites empresariales y políticas que gobiernan el Estado y la Ciudad y que participan de los beneficios económicos que genera el crimen organizado, del cual forman parte o son cómplices.

Un segundo movimiento de víctimas del crimen organizado se relaciona con familiares de personas secuestradas, desaparecidas y en algunos casos, asesinadas, pertenecientes a los estratos de población de altos ingresos y con influencia y redes políticas. Su presencia pública se inicia a finales de la última década del siglo pasado a la luz del incremento de los secuestros de empresarios y de familiares de estos.

Aunque más que un movimiento se trata de personas que en lo individual o con su grupo familiar empezaron con la búsqueda y el rescate de sus familiares victimizadas. Algunos incluso, han realizado directamente las investigaciones para atrapar a los delincuentes. A partir de su experiencia personal, se han convertido en un grupo de presión con gran poder para modificar legislación, procedimientos, remover funcionarios; es un grupo de exigibilidad para el Estado Federal y mantienen un muy buen nivel de interlocución con las instituciones de seguridad nacionales.

Es el grupo de víctimas que acompaña y participa en los diálogos sobre seguridad que promueve el Gobierno Federal; integra varios consejos consultivos o de política y realizan proyectos apoyados con recursos públicos.

Varios de sus integrantes se han convertido en voceros funcionales a la estrategia de seguridad militar y policial adoptada por el Gobierno Federal. Tienen amplia presencia en los medios de comunicación, comparten una visión conservadora, punitiva y autoritaria de la estrategia de seguridad. Aprueban la presencia del Ejército en funciones de seguridad pública, pugnan por el aumento de penas a los delincuentes y muchos consideran a los defensores de derechos humanos como defensores de estos.

Más que un movimiento se trata de un conjunto de personalidades que a veces colaboran generando iniciativas compartidas. Han logrado convocar a varias marchas contra la inseguridad a las que ha asistido una pluralidad social, con un importante componente de sectores medios y altos.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que como señalábamos surge en abril de este año, es el primero que coloca la paz como su objetivo a partir de un reconocimiento de que el país está en guerra.

Si bien en años recientes se ha ido creando una red de organizaciones que promueven la cultura de paz (RECUPAZ) en el país, el Movimiento es el primero que alcanza una gran visibilidad pública postulando la paz como su centro de acción. Se asume como un movimiento de víctimas donde las organizaciones sociales y civiles y los académicos y expertos que participan contribuyen a la búsqueda del fin de la guerra, del acceso a la justicia y a la verdad para las victimas y a la reconstrucción del tejido social, con énfasis en la atención de los jóvenes.

Privilegia el diálogo por sobre la confrontación, pero práctica un diálogo sin limites de lo que se asume como “políticamente correcto”. Utiliza un lenguaje claro y directo, sin rodeos, denuncia cara a cara con los representantes del poder estatal, sus omisiones, equívocos, ineficacia, simulaciones y complicidades pero también aporta propuestas concretas de aquello que se deben hacer para modificar el estado de cosas y terminar con la guerra.

Exige un cambio a la estrategia de seguridad seguida por el Ejecutivo Federal por una que permita ir retirando a las Fuerzas Armadas de las calles con un programa de restructuración de las autoridades civiles de seguridad y justicia para que retomen su responsabilidad de garantes de la seguridad pública; un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, incluyendo a servidores públicos, políticos, empresarios, organizaciones diversas, así como la reducción del poder económico alcanzado por los cárteles del crimen organizado y un esfuerzo participativo y democrático que permita recuperar el tejido social, con énfasis en la inclusión de los jóvenes en proyectos de vida digna. Postula a construcción desde lo local hacia lo nacional.

Se podría caracterizar dentro de los nuevos movimientos sociales definidos por Habermas. Es un tanto líquido, inasible y poco comparable con otras experiencias; es una especie de organismo vivo, evita las jerarquías y las estructuras; surgió sin intencionalidad como resultado de circunstancias graves. Tiene una clara separación respecto del Estado y sus instituciones; no busca el poder político, pero si el cambio de las instituciones. Tiene una composición social heterogénea, una organización basada en un liderazgo múltiple y una actitud eminentemente antiestatal.

Sin bien sus postulados básicos están contenidos en el documento leído en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo pasado, clasificados en seis ejes ordenadores, sus actividades desde las Caravanas, los diálogos con los poderes del Estado, los procesos de construcción democrática de sus propuestas, sus acercamientos a muy diversas organizaciones e instituciones y la centralidad de las víctimas y de sus experiencias han permitido una especie de fertilización cruzada entre sus miembros que ha ido afinando y concretando una agenda en torno al fin de la guerra y la construcción de la paz.

Desarrolla actividades para estar en constante movimiento y presencia; cuenta con expertos en resistencia civil y está procurando generar núcleos en varios territorios del país.

La cultura del Movimiento resulta extraña y desconcertante, incluso molesta para muchos, incluyendo a algunos de sus propios integrantes. Hay un respeto básico en las relaciones; el afecto y el reconocimiento de la humanidad del otro es evidenciada mediante abrazos y besos. Salvo raras excepciones no hay imposiciones, hay procesos democráticos y participativos.

Se transita sin mayores recursos económicos; los que se tienen, provienen de los propios integrantes, de campañas de boteo, de ventas de libros, de donaciones individuales, nada que genera lazos de dependencia. El gran aporte de sus integrantes es el tiempo personal y algunas instalaciones de organizaciones que participan.

Es un espacio que permite la imaginación, la creación de opciones a partir del reconocimiento de la complejidad y la constante transformación de la realidad. Esto es totalmente diferente de lo que ocurre en los partidos políticos y en los gobiernos, donde las libertades de creación e imaginación han sido canceladas. Donde prevalece la rigidez, la inflexibilidad y el dominio del sistema. Donde se prohíbe pensar.

El principal valor del Movimiento consiste en dar espacio, en visibilizar, en reconocer el dolor de las víctimas que no tienen ni los recursos económicos, ni las redes de poder para ser atendidas por el Estado y que son revictimizadas por las instancias públicas de seguridad y justicia.

Su mayor riesgo es el cansancio de sus miembros, el agotamiento de los recursos personales y de tiempo de éstos. Como organismo vivo tiene que ir renovando constantemente sus células y tejidos y tiene que mantenerse en permanente movimiento. Su eficacia para apoyar y orientar a las víctimas se convierte en uno de sus grandes retos.

Mantiene diferencias respecto del diagnóstico y de las propuestas con relación al grupo de víctimas de altos ingresos y del propio Gobierno Federal. Ve a los delincuentes como el producto de una sociedad profundamente injusta y desigual, considera a las víctimas no sólo de la delincuencia sino también las resultantes de intervenciones y omisiones del Estado a quienes el Gobierno Federal se niega a reconocer. Señala la existencia de una guerra que los mexicanos no quisimos iniciar y que el Gobierno de Felipe Calderón ahora niega. Reclama el desarrollo de una sistema integral de atención a víctimas en su acepción amplia; la creación de una fondo de atención a víctimas, la creación de una comisión de la verdad, de una legislación y un fondo para emergencias sociales; la creación de contralores ciudadanos para las instituciones de seguridad y justicia, entre varias otras propuestas.

El día de hoy se inició la Caravana al Sur del Movimiento. Caminará por territorio de los Zetas y dará cuenta de las múltiples violencias y violaciones de derechos humanos que el Estado Mexicano ha ejercido en las comunidades indígenas y en las zonas más pobres del país. Las comunidades victimizadas por gobiernos corruptos y abusivos seguramente ocuparán el centro de las denuncias y se incorporarán a la lista de las víctimas que no deja de crecer por la absurda guerra contra las bandas del crimen organizado, pero también por el despojo de bienes y recursos comunes que la economía globalizada está perpetrando en nuestro país con la complacencia de nuestros gobiernos y partidos políticos.

[1] La investigación fue publicada en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como La Realidad Social de Ciudad Juárez. Entre 2009 y 2010 INCIDE Social a petición de CONAVIM organizó, promovió y coordinó investigaciones sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en cuatro Zonas Metropolitanas: Guadalajara, Tijuana, Aguascalientes y una actualización de Ciudad Juárez. Las mismas se pueden consultar en www.incidesocial.org y en www.conavim.gob. Se analizan doce ámbitos de la realidad

En el interés por entender qué tipo de relaciones y condiciones sociales, culturales y económicas existían en Ciudad Juárez que permitían, propiciaban o toleraban los feminicidios, desde INCIDE Social en colaboración con el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de esa Ciudad emprendimos una investigación en 2003 que concluyó con la publicación La Realidad Social de Ciudad Juárez. Desde entonces se han realizado investigaciones similares con grupos de investigadores locales para las Aéreas Metropolitanas de Guadalajara, Tijuana y Aguascalientes en 2009 y 2010 y con recursos del SUBSEMUN entre 2011 y 2012 se han llevado a cabo diagnósticos sociales de las violencias en más de 150 municipios de los cuales hay por lo menos unos treinta rescatables.

Tres de los 16 capítulos de la propuesta metodológica guardan una estrecha relación con los temas de población y de políticas de población

• Ubicación y extensión territorial del núcleo o núcleos urbanos y de las localidades rurales en el municipio.
• Situación y evolución demográfica.
• La situación, evolución y composición de las familias

Mi intención en este breve comentario es resaltar los principales hallazgos en estos tres campos:

1. En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas han crecido en forma anárquica, expansiva, segmentada y dispersa en el territorio lo que determina crecientes presiones y tensiones en la vida de sus habitantes. Las ciudades se han extendido en forma horizontal siguiendo un modelo extensivo y disperso ampliándose muy rápidamente el territorio urbano con poca densidad de construcciones. La mayor presión demográfica la han experimentado las ciudades de frontera y las de desarrollo turístico.

La liberación del mercado de tierras en 1992, la descentralización de responsabilidades de control del uso del suelo a los municipios, la ausencia de planeación y regulación del desarrollo urbano, la práctica de especulación con terrenos urbanos y la corrupción en la gestión urbana han provocado:

• La instalación de viviendas precarias en terrenos de alto riesgo o de reserva ecológica y recarga de acuíferos;
• Numerosos desarrollos inmobiliarios en los últimos quince años con viviendas muy pequeñas, ausencia de espacios y servicios públicos y comerciales
• Sacrificio de la calidad y el tamaño de las viviendas y de los desarrollos mismos, por la cantidad de unidades construidas y el monto de créditos hipotecarios otorgados
• Desarrollos suburbanos aislados (formales e informales) y carentes de calidad urbanística; el transporte hacia ellos resulta costoso y riesgoso.
• Esa lejanía provoca que muchos compradores nunca ocupen sus casas, o que las abandonen, lo que conlleva a la creciente presencia de viviendas abandonadas y saqueadas en todo el país.
• Insuficiencia y rezagos sostenidos y crecientes en materia de redes de agua, de energía, drenaje, alumbrado, servicios comerciales y sociales y de seguridad, pavimentación y vialidades de acceso que deben ser provistos por los municipios.
• Lotes baldíos salpicados por diversas zonas del área urbana que obedecen a estrategias de especulación de sus dueños y generan serios riesgos para los pobladores
• La separación en las ciudades entre zonas de trabajo, zonas de servicios y zonas de vivienda que complican los traslados y afectan la seguridad
• La ausencia e insuficiencia de servicios sociales y la creciente deslocalización de los existentes respecto de los nuevos desarrollos de vivienda.
• Modelo de movilidad urbana que privilegia el uso del automóvil y genera aumento de accidentes y muerte de personas.
• La insuficiencia y saturación de vialidades y el desorden en el tráfico urbano
• La insuficiencia, mala calidad, alto costo y concentración en la propiedad del transporte público urbano. Modelo de gestión que promueve la irresponsabilidad de los operadores de los vehículos.
• Un abuso de los recursos hídricos disponibles en el territorio circundante
• Graves problemas en la calidad del agua, el aire y la energía eléctrica provocados por la distribución espacial de las empresas e industrias.

Las consecuencias son la inseguridad en la tenencia y respecto de los riesgos físicos de las viviendas; incertidumbre y falta de acceso a servicios fundamentales para la vida que generan enojo y conflicto; congestionamiento vial; aumento en el número y daño de los accidentes viales; riesgosos, costosos y prolongados traslados de la población con aumento del estrés, del cansancio, la conflictividad, la violencia y la reducción del tiempo disponible para la vida personal y familiar; la destrucción del medio ambiente y la distribución desigual de los costos en vidas y bienes de los desastres naturales.

2. Las ciudades se han segregado o “ghettizado” ampliándose cada día nuevas modalidades de encerramiento y protección amurallada de las viviendas de los habitantes de altos ingresos que en ocasiones están rodeadas de zonas de bajos ingresos.

A esta segregación “activa” de las poblaciones de altos ingresos se suma una segregación “pasiva” que deja a las poblaciones pobres y a los grupos étnicos confinados en amplias zonas, generalmente en las orillas de la mancha urbana, sin mezcla social y étnica y alejados de los servicios y equipamientos urbanos. Las mujeres pobres, migrantes, indígenas son las mayores víctimas de estos confinamientos.

A la segregación espacial se suma una segregación en el acceso, disponibilidad, calidad y pertinencia de diversos servicios públicos (alumbrado, recolección de basura, agua potable, vialidades, etc.), educación, salud, cultura, deporte, recreación, seguridad pública y acceso a la justicia) entre estratos sociales y zonas de las ciudades que podría sintetizarse como servicios públicos ausentes, insuficientes y de mala calidad para las poblaciones y colonias de bajos ingreso frente a servicios urbanos y públicos suficientes y de mejor calidad para las zonas de ingresos medios y altos.

3. La estructura y organización de las familias como construcciones que derivan de la realidad social, económica y cultural de los entornos, se están modificando de manera notable.

Se está reduciendo la presencia de familias nucleares, están creciendo aquellas con ausencia de alguno de los padres; o las familias recompuestas. Así mismo, se observa la mayor presencia de hogares de corresidentes –que no tiene parentesco- y de personas que viven solas. También se verifica la presencia de varias generaciones conviviendo en un mismo hogar. Se observa un aumento de las uniones libres. Lo anterior impacta las relaciones genéricas e intergeneracionales, los mecanismos de comunicación y de toma de decisiones, la transmisión de saberes para la vida y los hábitos y los tiempos destinados a la crianza y cuidado. Todo ello, sin el acompañamiento de políticas públicas de familias que entiendan y apoyen las transformaciones que se están dando en los roles de género y en las relaciones intergeneracionales.

Asimismo, la dinámica y estructura del mercado laboral y las diversas estrategias de obtención de ingresos han provocado cambios importantes en las relaciones familiares. Estas alteraciones del tiempo y la energía de la población trabajadora de las familias han dejado en un segundo plano las funciones de protección y atención a la infancia y la adolescencia, y la transmisión de saberes, valores y conductas. Se registra una precarización de la economía del cuidado con consecuencias negativas para la socialización primaria de los seres humanos.

4. Las mujeres urbanas de sectores medios y pobres asumen mayores cargas de trabajo y aparecen cada vez más, como el pilar de las familias. En un contexto de familias en transformación y de crecientes dificultades para acceder al empleo y al ingreso, las mujeres toman cada día más responsabilidades aún las de tipo económico y de sostenimiento de los grupos familiares, en comparación con los varones, Esta situación las coloca con tal nivel de demanda y presión que viven estresadas, cansadas y con frecuencia, deprimidas, enojadas y frustradas.
5. La velocidad del crecimiento demográfico de algunas ciudades (de frontera y turísticas) en periodos cortos de tiempo y en ausencia de políticas públicas, dificulta la absorción e integración de los nuevos pobladores y surgen actitudes discriminatorias de los pobladores locales, resentimiento y desconfianza. Se verifican fuertes cambios en la composición por sexos y edades de la población y se hace evidente una insuficiencia, inadecuación y deficiente localización de servicios sociales necesarios para atender a los nuevos pobladores.

Estos cambios en las ciudades receptoras se agudizan por la demanda diferenciada de trabajadores por sexo y edad de las plantas maquiladoras o de los desarrollos turísticos que modifican estructuras familiares, tasas de masculinidad y la estructura por sexo y edad de la población.

Algunas propuestas de orden general

Se requiere de una urgente reforma urbana que inicie reordenamiento territorial de las ciudades, bajo un esquema de planeación coordinada mediante consejos de planeación urbana participativa y mediante el fortalecimiento de los institutos municipales de planeación.

Es urgente una reforma municipal que aumente las capacidades institucionales de los gobiernos locales y el desarrollo de mecanismos de auditoría, transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. La debilidad y la desarticulación de los gobiernos locales en ciudades densamente pobladas y con dinámicas aceleradas de crecimiento y expansión, obligan a una reforma de la gestión e institucionalidad de los gobiernos de las ciudades. Exige una revisión profunda de los gobiernos municipales desde su duración, sus responsabilidades, sus atribuciones, su estructura y organización, sus presupuestos y la calidad de sus servidores públicos. Pasa necesariamente por revisar las formas de articulación y colaboración entre gobiernos municipales y estatales de zonas conurbadas y áreas metropolitanas.

En tanto se logran los cambios institucionales de fondo, es urgente definir e imponer una normatividad con perspectiva humana a los nuevos desarrollos inmobiliarios de vivienda y aplicar una política y programas de desarrollo y regulación del transporte público urbano. La movilidad urbana no puede estar centrada en el uso del automóvil. La redensificación en cuanto a infraestructura, la ocupación de los terrenos baldíos mediante sanciones a sus dueños, la recuperación de espacios públicos y la creación de reservas territoriales para el desarrollo de servicios sociales y ambientales es otro aspecto urgente para el futuro de las ciudades, en términos de reducción del estrés, el conflicto y la violencia y en una perspectiva de reconstrucción del sentido de identidad y del tejido social urbano.

La reforma urbana necesitaría ser acompañada del desarrollo de una política social urbana con participación comunitaria que establezca, desarrolle y sostenga en el largo plazo programas y servicios en materia psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud y educación. Es necesario lograr una mejor distribución de los servicios sociales en los territorios de las ciudades de acuerdo con las características   y problemáticas específicas de las poblaciones circundantes. Todo ello con miras a formar ciudadanía y generar cohesión social

Para algunas ciudades sería necesario hacer un replanteamiento de sus opciones de desarrollo económico, dada la volatilidad, inseguridad y comportamiento cíclico de la industria maquiladora, por ejemplo. Estas opciones deberían poner como un criterio central la posibilidad de conciliar la vida económica y de trabajo de las personas con su vida personal y familiar y revalorar el aporte que hace la economía del cuidado en la construcción de seres humanos.

La creciente carga de las mujeres en la vida de las familias debe ser apoyada con programas que ayuden a la economía del cuidado y redistribuyan las cargas entre géneros, generaciones e instituciones públicas y privadas.

El desarrollo de una política de familias que parta de reconocer la diversidad de estas, las constantes transformaciones que viven y la existencia de relaciones genéricas e intergeneracionales que deben fundamentarse en los derechos de cada uno de los integrantes del grupo, conduciría al desarrollo de servicios y productos que faciliten la vida en familia en relaciones democráticas y de respeto, y apoyen el papel fundamental que estas tienen en la socialización de los seres humanos.

Para la CEPAL cohesión social en América Latina debería entenderse como un diálogo constante entre los mecanismos de inclusión y exclusión sociales (políticas de empleo y bienestar, salud, educación, etc.) y las respuestas y percepciones de la ciudadanía frente a la forma en que actúan esos mecanismos y que se traducen en un sentido de pertenencia a la sociedad. Es ese espacio en el que las políticas sociales hacen que las personas sean y se sientan, parte de la sociedad.

¿Por qué es importante la cohesión social?

La cohesión social es importante porque reconoce los derechos de inclusión de todos los integrantes de una sociedad y procura los medios para su realización generando seguridades básicas a las personas ante eventualidades, así como mecanismos para cerrar las brechas de desigualdad y superar condiciones de pobreza. Cuando las personas reconocen que contarán con mecanismos de protección ante los riesgos sociales, económicos e incluso ambientales, se sienten parte del colectivo y desarrollan un sentido de pertenencia.

En un ambiente de cohesión social es posible alcanzar mejores niveles de desempeño económico, de calidad de vida y fortalecer factores de contención frente a las trasgresiones de las normas que regulan la vida social. Es decir, al sentirse toda la población incluida y con igualdad de derechos es más difícil que proliferen actitudes violentas y de conflicto.

CEPAL señala que la potencialidad del desarrollo se ve limitada en América Latina por la existencia de estructuras excluyentes: pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión social, que limitan tanto el desarrollo individual como el colectivo, entre otras cosas porque generan conflictos distributivos cada vez más difíciles de manejar.

¿Cuáles son los actores vinculados a la cohesión social?

Indudablemente los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado.

La sociedad civil organizada donde participan organizaciones de profesionales, de empresarios, de trabajadores, asociaciones civiles y movimientos sociales, organizaciones religiosas y políticas, entre otras.

La sociedad mercantil

Las personas que integran la sociedad

¿Cuál debería ser el papel de esos actores para fortalecerla?

Al Estado le corresponde cumplir sus obligaciones en materia de protección defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de todos y todas a fin de asegurar la operación universalizada de los mecanismos de inclusión como son las oportunidades de empleo e ingresos dignos, el acceso a salud y educación de calidad, a la alimentación adecuado, a la vivienda digna, a la cultura. Le correspondería respetar a todas las personas que acceden a la satisfacción de sus necesidades de vida por sus propios medios; proteger a aquellos cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados por terceros y satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de aquellos otros que no pueden por si mismos lograr los medios para cubrir las garantías de esos derechos por que no cuentan con los recursos para hacerlo y la sociedad tampoco se los brinda, por ejemplo, es el caso de las poblaciones en pobreza, desempleadas.

Le corresponde también convocar y alentar la participación y el diálogo social en la construcción de planes, políticas y programas a distintos niveles territoriales y crear espacios para construir una interacción positiva entre los actores que deben alcanzar una comunidad de principios de cooperación y comunicación para hacer realidad la cohesión social.

Emitir las leyes que regulen la vida social mediante convocatoria amplia y una representación auténtica de la sociedad.

Garantizar el imperio de la Ley y por lo tanto el acceso a la justicia y a la verdad con equidad e imparcialidad.

A la sociedad civil organizada le tocaría por una parte colocar en la mesa del diálogo social las agendas de derechos que corresponden a la diversidad social como son las mujeres, la infancia, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, los adultos mayores, los empresarios y contribuir a llegar a consenso en la pelea distributiva de los recursos públicos. Por otra parte, puede aportar sus experiencias y sus modelos de intervención para atender a esos grupos de población y ayudarlos a empoderarse para alcanzar una ciudadanía plena, activa y participativa. En el contexto de violencia de México puede aportar sus experiencias en modelos y educación para la paz.

A la sociedad mercantil correspondería reconocer que las personas son dignas y son sujetos de derechos y no meros insumos para la producción en su calidad de trabajadores, ni meros clientes y consumidores finales de sus productos y servicios. Por lo tanto su contribución a la cohesión social sería respetar los derechos de sus trabajadores y de los consumidores.

Finalmente, a la población en general le tocaría participar en los espacios de diálogo y encuentro, practicar valores de respeto y consideración de los otros evitando conductas discriminatorias y excluyentes y ejercer tareas de contraloría social de los otros actores.

Mención especial debe hacerse de los partidos políticos pues la sociedad mexicana reconoce a las diferencias en riqueza y a la presencia territorial de los partidos políticos como las dos fuentes principales de conflictos en familias y comunidades. La lucha por el poder está fracturando la cohesión social posiblemente de manera difícil de reparar y sería urgente un pacto de los partidos políticos para cambiar los términos de sus disputas.

 

¿Cuáles son las acciones ciudadanas que contribuyen a mejorar la cohesión social?

Pienso en tres a) la participación en el espacio público para impulsar los intereses colectivos e incidir en las políticas de gobierno, b) el apego a la ley y a las normas de convivencia dentro de los que destaco el respeto a los derechos de los otros y c) la no discriminación ni por diferencias socioeconómicos, ni ideológicas, ni de educación, religión, etnia, orientación sexual, origen nacional ni de sexo ni edad.

¿Cuáles contribuyen a debilitarla? El aislamiento y la no participación en el espacio público, el miedo, la violencia y el conflicto y la falta de respeto a la dignidad de los otros como personas y a la Ley.

¿Cuáles deberían ser los incentivos para que los actores dirijan sus esfuerzos a fortalecerla?

El vivir en una sociedad con justicia, paz y dignidad que elimina los riesgos de caer en situaciones de vulnerabilidad, subordinación y exclusión. En una sociedad donde el conflicto se tramita por medios pacíficos y las personas tienen seguridades básicas de inclusión y protección de sus derechos humanos.

¿De qué manera la buena gestión del espacio público urbano puede contribuir al impulso de la cohesión social? ¿Cuál debe ser su papel para la interacción fructífera de los diversos actores?

Mirar al espacio público como una obra arquitectónica o de ingeniería sea un campo de futbol, una escuela o una casa de cultura y construirla o recuperarla como una obra, limita enormemente el valor de los espacios público en su contribución a la cohesión social.

Muchas veces he sostenido que la política social es el trabajo de personas para personas: los maestros que enseñan, el personal médico que cura, el promotor que trabaja en un centro comunitario, la señora que prepara los alimentos en una cocina comunitaria, el facilitador cultural. Se pueden tener los espacios públicos más bellos, los mejores con la tecnología de más avanzada pero si no hay personas que los gestionen y les den vida con actividades relevantes para la población de su entorno, se vuelven espacios vacíos, sin sentido e incluso riesgosos.

Por ello estoy convencida que lo que encontraron en las evaluaciones que ayer nos explicaban y que decían que la apropiación de los espacios dependía de las actividades que se ofrecieran en ellos, es fundamental. Sin embargo, me parece que llenarlos de actividades por llenarlos de actividades, organizadas por quien quiera y pueda y pensar que será la organización de los vecinos o la responsabilidad de los empresarios la que las sostendrá en el mediano y largo plazo es una premisa que ha probado su falsedad.

Basta sólo ver los miles de espacios púbicos que existen regados en todo el país, muchos de los cuales se construyeron con la participación ciudadana, incluso de organizaciones ya existentes y seguramente nos encontraremos con tres situaciones: o bien están abandonados o han sido privatizados por los grupos y personas que los utilizan y que venden o acuden a las actividades que se llevan a cabo en ellos o se les ha cambiado el uso.

Cuando en el Gobierno del D.F. nos propusimos en 1998 rescatar los centros de desarrollo social, las casas de cultura y los deportivos que habían construidos varios gobiernos anteriores encontramos un centro convertido en tabledance, otro en una fábrica de frituras, varios apropiados por el grupo religioso de La Roca y los más estaban siendo usados por profesores que cobraban por dar clases de tai kwan do y taichi, de bailes folklóricos, de artesanías, de corte y confección, belleza, guitarra, inglés, producción de medicina tradicional, etc. Se habían transformado en espacios de educación informal que generaban ingresos a quienes facilitaban esas actividades. Los deportivos estaban muy abandonados y las zonas mejor conservadas eran las canchas de futbol y de futbol rápido controladas por las ligas que cobraban y organizaban su uso, restringiendo su libre utilización. Incluso encontramos familias viviendo dentro de las instalaciones. La operación del Centro Hípico de la Ciudad de México se había concesionado a una empresa que limitaba el acceso al mismo a la población de altos ingresos de la zona colindante a cambio de cuotas. El deportivo Plan Sexenal esta concesionado a un sindicato. No recuerdo un solo espacio gestionado por la comunidad.

Nos propusimos hacer una revolución de los usos y las actividades de esas instalaciones, empezamos por recuperarlas y actualizar su estado físico, las dotamos de nuevos equipamientos, por ejemplo los gimnasios tenían equipos de los años treinta y los actualizamos; se echaron a andar las albercas que estaban abandonadas.

Desarrollamos un programa llamado Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) en el cual sistematizamos modelos de intervención comunitaria en tres líneas de trabajo: deporte, cultura y salud mental comunitaria con la participación de la experticia de varias organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Los modelos tenía el propósito de construir ciudadanía es decir desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes que empoderaran a los participantes en las actividades que se ofrecían en los centros y generar capital social que alentara la organización vecinal y contribuyera a resolver problemáticas personales y colectivas, como el analfabetismo, la soledad, la depresión, la violencia familiar, la ausencia de espacios seguros para los niños y las niñas después de la escuela, la falta de ingresos, etc. Formamos a 1,500 facilitadores cuyos ingresos se cubrían con los llamados recursos autogenerados en la operación de los centros. Contábamos con una unidad en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D.F. responsable de localizar modelos de intervención, sistematizarlos, publicarlos, formar y actualizar a los facilitadores, vigilar y retroalimentar la operación de las actividades en los centros y dialogar con los responsables de desarrollo social de las delegaciones, pues estos eran los que controlaban los espacios públicos mencionados.

Se ofrecía un abanico de posibles actividades que deberían ser escogidas de en cada espacio público de acuerdo a los diálogos con la población circundante y con sus características etarias. Equipamos y montamos alrededor de 250 ludotecas y talleres de estimulación temprana, promovimos teatro comunitario en varias colonias y barrios, libro-clubs y pequeñas bibliotecas.

No teníamos recursos, el gobierno de la Ciudad por haberse tratado del primer gobierno de un partido de oposición, fue acosado y limitado en su acceso a recursos al depender estos de decisiones del Congreso Federal.

Un mecanismo muy importante del SECOI eran los grupos interinstitucionales de coordinación (GRICOS) ubicados en cada delegación donde se sentaban los operadores de servicios federales como el Instituto para la Educación de Adultos, los servicios delegacionales como las Comunas y las CEDEPECAS; los pertenecientes al gobierno de la ciudad como las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVIF), los Centros de Atención a la Mujer (CIAM), los servicios de salud y el DIF así como organizaciones civiles cuyas actividades se desarrollaban en el territorio de la delegación. En los GRICOS se hacían acuerdos de colaboración de acuerdo a los servicios y capacidades que cada unidad tenía.

Era un sistema con varios niveles de atención a partir de 2000 educadoras para la salud que recorrían las colonias marginadas de la ciudad, hablaban con la población, le proporcionaban orientación y levantaban diagnósticos. Estas educadoras orientaban a la población para acudir a los servicios de primer nivel cuando detectaban problemáticas de salud, desempleo, violencia, en los hogares.

En fin el sistema se estaba desarrollando pero como fue un gobierno de tres años y lo pusimos en marcha a mediados de la gestión no fue posible consolidarlo y el gobierno siguiente proveniente del mismo partido, decidió que prefería hacer transferencias monetarias directas desarrollar clientelas que trabajar en construcción de ciudadanía y de capital social.

En conclusión de acuerdo a mi experiencia son más importantes las actividades que se desarrollan en los espacios públicos que las instalaciones físicas de los mismos; que estas deben tener objetivos claros en una estrategia de intervención social claramente definida; que la mayor dificultad consiste en superar el terror desarrollado en los últimos años hacia servicios provistos por el gobierno y se requiere de personal debidamente capacitado y permanentemente actualizado para operar y gestionar los espacios públicos; que un problema central es cómo sustentar los servicios y actividades por tiempo suficiente como para que efectivamente se logre incidir en la comunidad y en las personas y lograr que estas participen y se apropien del espacio y lo defiendan ante cambios de administraciones y evitando su privatización.

La gestión de los espacios públicos por organizaciones de la comunidad es una construcción que toma varios años ante la ausencia o debilidad de las organizaciones, el conflicto entre las existentes en el territorio y la tradición clientelar que priva en las relaciones sociales entre políticos, organizaciones y la población.

Bajar presentación: TORREON FACTORES SEIS CIUDADES

Las investigaciones promovidas y apoyadas por INCIDE Social A.C. en varias ciudades y municipios se fundamenta en las siguientes hipótesis

1. Que los procesos de modernización e individuación afectan y son afectados por transformaciones que están ocurriendo en los agentes de socialización de los seres humanos, fundamentalmente las familias, las escuelas, los grupos de pares, (incluyendo los ámbitos del trabajo) y los medios de comunicación. Es decir, hay cambios en la forma de construcción y desarrollo de los seres humanos.
2. Que esos procesos también afectan y se ven afectados por las transformaciones en los procesos de construcción de identidades colectivas y solidaridades sociales. Es decir, hay cambios en la forma de construir comunidad.
3. Que en el caso mexicano esas transformaciones en las formas y procesos de construir seres humanos y comunidad han destruidos los mecanismos de contención individual y social que permitieron un cierto orden social.
4. Que la desigualdad, la impunidad generalizada, el estancamiento económico y el desmantelamiento del Estado han impedido la construcción de ese nuevo orden social que teniendo en cuenta la creciente complejidad y diferenciación social establezca normas de convivencia en donde las reglas del juego sean iguales para todos y todas.
5. Que por lo anterior las violencias son construcciones económicas, sociales, culturales e inclusive, políticas
6. Que existen factores precursores, de riesgo y detonadores que al ser reconocidos es posible actuar sobre ellos mediante intervenciones sociales y políticas públicas de prevención social oportunas, relevantes, pertinentes y articuladas.
7. Que asimismo existen en la sociedad factores de contención que operan para evitar que el conflicto devenga en violencia y daño y que impulsando, apoyando y extendiendo esos factores es posible prevenir, mitigar o revertir situaciones de violencia.

 

El propósito de los ejercicios diagnósticos que promueve INCIDE Social es prevenir, evitar, reducir, mitigar y revertir mediante herramientas sociales, económicas y culturales, los daños en vidas, integridad y bienestar humano que derivan de las violencias social y de género.

 

El estudio realiza una revisión de la relación que guardan las violencias con los procesos y situaciones que se observan en el territorio estudiado en los campos del desarrollo urbano, demográfico y de la vivienda; la evolución del capital social y las transformaciones de las familias; las oportunidades del empleo y los ingresos de las personas y las familias; la disponibilidad y acceso a diversos servicios sociales como educación, salud, recreación, cultura y deporte; los patrones y prácticas de discriminación, el papel que juegan los medios de comunicación, la cultura de la legalidad que prevalece y la disponibilidad y eficacia de las instituciones de seguridad y acceso a la justicia. Asimismo se alienta a investigar la forma como las violencias están afectando y se manifiestan en la evolución de los ámbitos estudiados. Por ejemplo: la violencia doméstica, el bullyng, los ataques a los medios de comunicación, entre otros.

 

INICIDE Social ha procurado y postulado que las investigaciones deben ser realizadas por equipos locales de investigadores, vinculados a centros académicos de investigación y docencia con miras a ir introduciendo la perspectiva de violencias en los trabajos de las distintas disciplinas.

 

Por la naturaleza de los fondos públicos que se han dispuesto para realizar estos ejercicios diagnósticos se ha contado con plazos muy cortos para su realización. Los equipos de investigación verifican en un periodo menor a un año, las hipótesis sobre la relación entre las violencias y los factores económicos, sociales y culturales subyacentes, mediante la revisión bibliográfica y hemerográfica y la realización de entrevistas a informantes clave y de grupos focales.

 

Algunos de los principales hallazgos se sintetizan a continuación.

 

1.- Por cuanto al crecimiento urbano y la desigualdad

1.1.- En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas han crecido en forma anárquica, expansiva, segmentada y dispersa en el territorio lo que determina crecientes presiones y tensiones en la vida de sus habitantes. Bajo la presión de migraciones campo-ciudad e interurbanas que se acentuaron a partir de 1980 en la búsqueda de oportunidades de ingreso y empleo de la población y frente a la liberación del mercado de tierras con las modificaciones al artículo 27 constitucional de 1992, las ciudades se han extendido en forma horizontal siguiendo un modelo extensivo y disperso ampliándose muy rápidamente el territorio urbano con poca densidad de construcciones. La mayor presión demográfica la han experimentado las ciudades de frontera y las de desarrollo turístico.

 

1.2.- La falta de planeación y regulación del desarrollo urbano, la práctica de especulación con terrenos urbanos y la corrupción en la gestión urbana han provocado

• Desarrollos suburbanos aislados (formales e informales) y carentes de calidad urbanística;
• Insuficiencia y rezagos sostenidos en materia de redes de agua, de energía, drenaje, alumbrado, servicios comerciales y sociales y de seguridad, pavimentación y vialidades de acceso
• La instalación de viviendas precarias en terrenos de alto riesgo o de reserva ecológica y recarga de acuíferos;
• Lotes baldíos salpicados por diversas zonas del área urbana que obedecen a estrategias de especulación de sus dueños y generan serios riesgos para los pobladores
• Alianzas entre empresas inmobiliarias y funcionarios públicos en donde la inversión del estado contribuye al desorden y a la especulación urbana.
• La separación en las ciudades entre zonas de trabajo, zonas de servicios y zonas de vivienda que complican los traslados y afectan la seguridad
• La ausencia e insuficiencia de servicios sociales y la creciente deslocalización de los existentes respecto de los nuevos desarrollos de vivienda.
• Modelo de movilidad urbana que privilegia el uso del automóvil y genera aumento de accidentes y muerte de personas.
• La insuficiencia y saturación de vialidades y el desorden en el tráfico urbano
• La insuficiencia, mala calidad, alto costo y concentración en la propiedad del transporte público urbano. Modelo de gestión que promueve la irresponsabilidad de los operadores de los vehículos.
• Un abuso de los recursos hídricos disponibles en el territorio circundante
• Serios problemas en la calidad del agua, el aire y la energía eléctrica provocados por la distribución espacial de las empresas e industrias.
• El aumento de fenómenos naturales como sismos, ciclones y tormentas tropicales que se convierten en desastres naturales de gran impacto por la aglomeración urbana y que afectan de manera desigual a los pobladores de bajos ingresos.

 

Las consecuencias son la inseguridad en la tenencia y respecto de los riesgos físicos de las viviendas; incertidumbre y falta de acceso a servicios fundamentales para la vida que generan enojo y conflicto; congestionamiento vial; riesgosos, costosos y prolongados traslados de la población con aumento del estrés, del cansancio, la conflictividad, la violencia y la reducción del tiempo disponible para la vida personal y familiar; la destrucción del medio ambiente, el aumento en la insuficiencia y desigual distribución del abasto de agua y la distribución desigual de los costos en vidas y bienes de los desastres naturales. Aumento en el número y daño de los accidentes viales.

 

1.3.- Numerosos desarrollos inmobiliarios en los últimos quince años con viviendas muy pequeñas, ausencia de espacios y servicios públicos y comerciales y alejados de la ciudad, que aumentan la conflictividad doméstica y comunitaria. El retiro del Estado como promotor y constructor de viviendas; la disminución de una política de construcción social de viviendas y la privatización de los desarrollos inmobiliarios con apoyos públicos, han determinado el sacrificio de la calidad y el tamaño de las viviendas y de los desarrollos mismos, por la cantidad de unidades construidas. Los recientes desarrollos inmobiliarios se han convertido en terrenos propicios para el cultivo de la violencia en todo el país. No es posible llevar una vida en familia armónica en viviendas tan pequeñas y sin espacios públicos suficientes. Los jóvenes tienden a buscar espacios para encontrarse y algunos toman las calles, los parques, los camellones, etc.

Además al estar muchos de los nuevos desarrollos inmobiliarios alejados de la ciudad y de los centros de trabajo, el transporte hacia ellos resulta costoso y riesgoso pues en varios casos las personas tienen que caminar por parajes deshabitados, con mayores riesgos para las mujeres. Esa lejanía provoca asimismo, que muchos compradores nunca ocupen sus casas, o que en su momento las abandonen, lo que conlleva a la creciente presencia de viviendas abandonadas y “canibalizadas” que con frecuencia sirven como guarida de delincuentes y de actividades ilícitas.

 

1.4.- La concentración de la desigualdad del ingreso y de la riqueza en territorios urbanos contiguos. Los pobladores de altos ingresos con los de bajos ingresos conviven y se encuentran cotidianamente en la ciudad, aún cuando sea sólo en las calles o como consumidores y trabajadores de diversos servicios. Lo mismo ocurre con los grupos proveniente de etnias distintas que viven en zonas específicas de las ciudades.

Las ciudades se han segregado o “ghettizado” ampliándose cada día nuevas modalidades de encerramiento y protección amurallada de las viviendas de los habitantes de altos ingresos que en ocasiones están rodeadas de zonas de bajos ingresos.

A esta segregación “activa” de las poblaciones de altos ingresos se suma una segregación “pasiva” que deja a las poblaciones pobres y a los grupos étnicos confinados en amplias zonas, generalmente en las orillas de la mancha urbana, sin mezcla social y étnica y alejadas de los servicios y equipamientos urbanos. Las mujeres pobres, migrantes, indígenas son las mayores víctimas de estos confinamientos.

 

La conducta violenta, prepotente y desconsiderada de muchas personas de altos ingresos y de sus trabajadores al circular por las calles o al acudir a servicios y comercios públicos que muestran patrones y prácticas discriminatorias, agudizan el conflicto.

 

Estas conductas y la segregación espacial generan resentimiento y malestar, debilitan la posibilidad de diálogo entre grupos diversos, impiden la convivencia y la creación de tejido y cohesión social. Se constituyen en un factor de riesgo de enfrentamiento social ante eventos detonadores como catástrofes naturales, actos delincuenciales o crisis de abasto.

 

1.5.- La segregación y desigualdad en el acceso a servicios urbanos (alumbrado, recolección de basura, agua potable, vialidades, etc.), educación, salud, cultura, deporte, recreación, seguridad pública y acceso a la justicia. A la segregación espacial se suma una segregación en el acceso, disponibilidad, calidad y pertinencia de diversos servicios públicos entre estratos sociales y zonas de las ciudades que podría sintetizarse como servicios públicos ausentes, insuficientes y de mala calidad para las poblaciones y colonias de bajos ingreso frente a servicios urbanos y públicos suficientes y de mejor calidad para las zonas de ingresos medios y altos. Los estratos populares obreros y de clase media baja, acuden a servicios proporcionados por el sector público como educación y salud, saturados y crecientemente deteriorados, en tanto que los estratos medios y altos utilizan servicios ofrecidos por el mercado, no necesariamente de mejor calidad, pero menos saturados. Incluso se constata la existencia de políticas que dan preferencia a las zonas de ingresos medios y altos en el despliegue de servicios públicos de protección y seguridad, abandonando la atención de las colonias marginadas, populares y de clases medias bajas.

 

2.- De la calidad y disponibilidad de servicios públicos

2.1.- La falta de actualización y pertinencia de los servicios públicos sociales, de seguridad y de acceso a la justicia, respecto de las necesidades y realidades de la diversidad de la población que se concentra en las ciudades. Hay un grave déficit en la disponibilidad de servicios públicos para la atención de la salud. En general, hay problemas de suficiencia de servicios y de calidad en la atención. En particular, el crecimiento de la infraestructura no es proporcional al aumento progresivo de la población no derechohabiente y la derechohabiente enfrenta servicios precarizados e ineficientes.

 

Son crecientes los requerimientos no atendidos de hombres y mujeres, de personas pertenecientes a diversos grupos sociales, de edad, de condición de discapacidad, de orientación sexual, de origen cultural y de condiciones de exclusión y discriminación lo que determina que aspectos fundamentales para la convivencia y el desarrollo armónico de las personas, las familias y las comunidades no se atiendan o recaigan fuertemente en las familias. Se trata a manera de ejemplos, de ausencia de suficientes espacios, infraestructura y servicios para la juventud, los adultos mayores y las personas con discapacidad; de servicios para la atención de problemáticas de salud mental comunitaria, de atención a la violencia familiar; de programas para la inserción de migrantes y poblaciones indígenas a la vida urbana, de orientación para el empleo y la capacitación, entre otros.

 

La reducida capacidad de las familias para enfrentar las nuevas problemáticas psico-afectivas y los nuevos riesgos derivados de la modernidad, las transformaciones demográficas y de la vida urbana, acrecientan las tensiones y hacen que se detonen conflictos que escalan en conductas violentas y destructivas. Pese a que parece reconocerse la creciente aparición de trastornos mentales en la población de las ciudades, los esfuerzos para dar servicios psiquiátricos y psicológicos son aislados y de difícil acceso para las poblaciones de ingresos medios y bajos. Ya no basta por ejemplo, contar con servicios de salud en general sino que se requiere de servicios de salud física y mental específicos para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos mayores o para las personas con discapacidad. Existe una escaza capacidad, estratégica y de infraestructura, para atender las necesidades de salud mental de la población, acrecentadas por el mayor temor y miedo de los habitantes frente a la violencia y por aumento de víctimas directas e indirectas de la violencia. Este es un tema que afecta a las mujeres y a los niños que sufren traumas diversos ante la pérdida por desaparición o muerte de sus compañeros, padres y hermanos.

 

Ya no es suficiente el desarrollo de estancias infantiles sino que es necesario crear también facilidades para la atención de adultos mayores y de personas con discapacidad, o para atender al número creciente de indigentes en las ciudades.

 

Los servicios de seguridad pública y de acceso a la justicia tienen que reconocer la existencia y desarrollar capacidades para la atención de nuevos delitos que no sólo afectan la propiedad de las personas sino su vida, su libertad y su salud como son la trata y el tráfico de personas, la extorsión , el secuestro, el lenocinio, la pornografía, la explotación y abuso infantil, etc.

 

2.2.- Desconfianza de los ciudadanos por ineficiencia y corrupción en los aparatos de seguridad en las ciudades. La ciudadanía no confía en los cuerpos policíacos. El porcentaje de delitos que no se castiga es muy alto. La mayoría de los delitos no llega al conocimiento de las autoridades porque no se denuncia y, no se denuncia, porque los cuerpos policíacos y los ministerios públicos no inspiran confianza. La otra parte de los delitos, los que sí se denuncian o se persiguen por oficio, tampoco se castigan porque la policía y los Ministerios Públicos son ineficientes y corruptos. El círculo de la impunidad refleja una situación de hecho provocada por la ineficiencia de las corporaciones policíacas que no captura a los delincuentes, el Ministerio Público no integra adecuadamente las averiguaciones previas pues su personal es insuficiente para atender la demanda social y deja libre a los delincuentes, en tanto que el sistema carcelario no readapta a los delincuentes y se encuentra saturado y ampliamente rebasado, principalmente con jóvenes de los sectores pobres, primodelincuentes y por delitos menores.

 

Los aparatos encargados de la seguridad fallan en su responsabilidad por ineficiencia atribuida a la corrupción, mala coordinación interinstitucional, problemas en su organización interna e incluso mal diseño constitucional que provoca confusión conceptual de sus funciones. A ello se suma, la falta de recursos materiales y personal poco calificado, desequilibrio en la tasa de cobertura, deficientes ingresos y prestaciones sociales, procesos de reclutamiento y selección inadecuados así como bajos niveles de profesionalización y formación. En síntesis, hay una ausencia de carrera policial real.

 

3. La crisis económica y el acceso a empleo e ingresos

3.1.- La crisis económica y de empleo y la violencia están determinando que en algunas ciudades en la frontera norte como Ciudad Juárez se esté experimentando una reducción de la población total y el abandono de viviendas. A raíz de la crisis económica en curso y de la violencia hacia las empresas de todo tamaño como la extorsión, el cobro de piso y el secuestro, ocurre una pérdida importante de empleos y de fuentes de ingreso legales lo que impulsa a las familias y a las personas a emigrar, a retornar a sus lugares de origen o a involucrarse en actividades ilegales para sobrevivir. En Ciudad Juárez se detecta empobrecimiento e incluso hambre entre las familias. Las familias de ingresos medios y altos que pueden hacerlo cambian su residencia a las ciudades colindantes de Estados Unidos (El Paso, Chulavista) La mayor parte de población que ha llegado a las ciudades de la frontera norte en los últimos años en busca de empleo o que esperan migrar hacia los Estados Unidos de América, se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, porque sus posibilidades de éxito se han reducido sustantivamente y son ahora sujetos de extorsiones y abuso para el cruce de la frontera.

3.2.- La violencia en las relaciones de trabajo. En las industrias maquiladoras y de exportación los criterios de competencia y reducción de costos rigen las relaciones entre los agentes que intervienen en la producción. Los trabajadores se convierten así en insumos para la producción y pierden su calidad de seres humanos que tienen vidas personales y familiares. Su régimen de contratación, horarios, remuneraciones, incentivos e intensidad del trabajo se rigen por las necesidades del mercado y poco consideran las regulaciones laborales.

 

Los trabajadores acaban siendo tratados como una mercancía que es buscada por los compradores de acuerdo a las necesidades de la producción: si son mejores las mujeres para cierto tipo de industrias, los enganchadores salen a la búsqueda de mujeres para su contratación; si son hombres jóvenes sólo contratan a este tipo de trabajadores y desechan a los hombres mayores de 40 años. Si hay una fuerte demanda de productos por el mercado, los enganchadores salen a diversas regiones en búsqueda de trabajadores que llevan a las ciudades a ser expuestos como mercancías para los posibles compradores. Si hay una reducción de la demanda de productos se procede a despedir trabajadores, se hacen paros técnicos, se modifican las jornadas y horarios de trabajo, etc. Se aprovecha para despedir a trabajadores con mayor antigüedad y derechos.

 

Las relaciones son sumamente flexibles de acuerdo a los requerimientos del mercado. Así, la vida de las personas y la organización de las familias pasa a tener una dependencia total de lo que ocurre en el mercado de productos; las personas pierden el control sobre sus tiempos y la posibilidad de decidir sobre su vida personal y familiar. Las bajas remuneraciones conllevan a la inserción de un mayor número de miembros de los grupos familiares en el trabajo y en actividades generadores de ingreso en detrimento de los tiempos destinados al cuidado y a la educación.

 

En algunas ramas de actividad económica, particularmente las de mayor capacidad exportadora, se facilita aún más el ejercicio de la violencia contra los trabajadores. En estas ramas se agudizan fenómenos como restricciones para impide una auténtica sindicalización, generación recurrente de contratos de 28 días de trabajo por dos de descanso con trabajadores de hasta nueve años de antigüedad, se concentran las contrataciones bajo esquemas de outsourcing y se generan procesos de discriminación laboral diversos, especialmente por motivos de edad y sexo. Prevalecen las pruebas de embarazo, no solo en la industria maquiladora, sino también en la administración pública municipal.

 

La flexibilidad, la inseguridad, la pérdida de libertad, la ausencia de conciliación entre trabajo y familia y condiciones precarias de trabajo en actividades formales de exportación, subyacen como un importante factor precursor de la violencia social en las ciudades maquiladoras.

 

3.3.- Desaparición del modelo familia-escuela-trabajo-seguridad social-familia que acompañó el desarrollo del país hasta los años ochenta. La evolución económica y social del país ha aumentado las dificultades para las poblaciones juveniles de seguir una trayectoria de vida que les asegure un nivel de bienestar y una vida decente por largos años, por lo que muchos optan por vivir bien, poco tiempo, aun cuando tengan que realizar actividades de alto riesgo. Los jóvenes optan por migrar, insertarse en actividades informales, muchas veces ilegales o a aceptar actividades dentro del crimen organizado. Para las nuevas generaciones ya no se concreta la trayectoria social de obtener un certificado educativo, para ingresar a trabajar en actividades formales, en trabajos permanentes y obtener con ello la protección de la seguridad social y formar una familia.

 

Desde hace varias décadas excepto en las ciudades fronterizas y turísticas antes de la crisis actual, la oferta de empleo en actividades formales no ha crecido en consonancia con la presión de los jóvenes que entran al mercado de trabajo. Incluso la precarización de las ocupaciones en el sector formal constituyen un elemento de desaliento para ocuparse en ellas.

 

En las ciudades de frontera la existencia de mercados de trabajos abiertos e inclusivos para el sector de baja calificación pero bastante limitados para el sector calificado, tienen repercusiones en las actividades de los jóvenes: proporcionalmente los jóvenes trabajan más y estudian menos que en las otras ciudades mexicanas. En este sentido, no existen incentivos fuertes para seguir estudiando, porque no se dan muchas oportunidades para los trabajadores más calificados y aún las retribuciones en ese mercado son insuficientes.

 

Paulatinamente la cultura del trabajo y de la educación en el imaginario juvenil se ha venido sustituyendo por la cultura del pasarla bien y de la obtención de dinero e identidad incorporándose a actividades delincuenciales. No se piensa en el futuro, la flexibilidad, la incertidumbre y la volatilidad rigen sus vidas. La cultura de consumo “narco” se vuelve una forma de pertenencia al colectivo: objetos de marca, relojes lujosos, cirugías plásticas, formas de tratar a las mujeres, etc.

 

4.- Las familias y los grupos de población

4.1.-La estructura y organización de las familias también como construcciones que derivan de la realidad social, económica y cultural de los entornos, se están modificando de manera notable.

Se está reduciendo la presencia de familias nucleares –padre, madre e hijos- están creciendo los hogares en los cuales está ausente alguno de los padres; o aquéllos conformados por la unión de parejas cada uno con su correspondiente prole. Así mismo, se observa la mayor presencia de hogares de corresidentes –que no tiene parentesco- y de personas que viven solas. También se verifica la presencia de varias generaciones conviviendo en un mismo hogar. Se observa un aumento de las uniones libres. Lo anterior impacta las relaciones genéricas e intergeneracionales, los mecanismos de comunicación y de toma de decisiones, la transmisión de saberes para la vida y los hábitos y los tiempos destinados a la crianza y cuidado. Todo ello, sin el acompañamiento de políticas públicas de familias que entiendan y apoyen las transformaciones que se están dando en los roles de género y en las relaciones intergeneracionales.

 

La dinámica y estructura del mercado laboral y las diversas estrategias de obtención de ingresos han provocado cambios importantes en las relaciones familiares. Estas alteraciones del tiempo y la energía de la población trabajadora de las familias han dejado en un segundo plano las funciones de protección y atención a los menores, y la transmisión de saberes, valores y conductas. Se registra una precarización de la economía del cuidado con consecuencias negativas para la formación de los seres humanos

 

4.2.- Las mujeres urbanas de sectores medios y pobres asumen mayores cargas de trabajo y aparecen cada vez más, como el pilar de las familias. En un contexto de familias en transformación y de crecientes dificultades para acceder al empleo y al ingreso, las mujeres toman cada día más responsabilidades aún las de tipo económico y de sostenimiento de los grupos familiares, en comparación con los varones, Esta situación las coloca con tal nivel de demanda y presión que viven estresadas, cansadas y con frecuencia, deprimidas, enojadas y frustradas.

 

4.3.- Vulnerabilidad, exclusión y criminalización de los jóvenes. Buena parte de la población joven que reside en las ciudades está viviendo una situación de desinterés por la vida y por la superación, como producto del abandono del que han sido objeto por parte de la población adulta: sus padres, que han tenido que laborar en condiciones poco ventajosas para las familias, otros adultos con funciones educadoras como son los maestros, los sacerdotes y pastores y los gobiernos, que han privilegiado el desarrollo económico y desatendido el social. Los jóvenes en general, y varios grupos de éstos en particular son discriminados, abusados, maltratados y criminalizados por las fuerzas de seguridad y sufren una persecución constante por sus propuestas diversas (skatos, cholos, emos, grafiteros, etc.). Enfrentan además la ausencia de políticas urbanas juveniles que los consideren y los escuchen y que les resulten relevantes ante sus realidades concretas..

4.4.- La pérdida de valor e interés por la educación formal

Existen mayores dificultades para que los jóvenes permanezcan en la escuela, pues la deserción crece conforme se desarrolla la trayectoria educativa. Hay un problema manifiesto de falta de pertinencia y relevancia de la educación en secundaria y el bachillerato respecto de la vida actual y futura de la juventud urbana. Los jóvenes parecen mostrar un desencanto con la escuela y han dejado de verla como un camino a seguir para encontrar oportunidades de trabajo e ingreso estables.

La creación de nueva infraestructura educativa no responde a procesos de presión como la transición demográfica y al aumento de los años promedio de escolaridad. La insuficiencia de disponibilidad de escuelas aumenta en las ciudades conforme crece el nivel educativo. Situación que se agudiza en el bachillerato.

 

Muchos maestros son poco considerados y tienen miedo, evaden una posible función de asesoría en asuntos en los que están involucradas actitudes y emociones de los estudiantes. Tampoco son asumidos como un ejemplo de moralidad, pues los jóvenes no consideran que su discurso, por ejemplo en la cuestión de la formación en valores, sea congruente con actitudes de presión, amenaza, chantaje o doble moral que ven y sufren de parte de ellos. Lo que pretenden enseñar no es congruente con sus conductas personales.

 

5.- La cultura en las relaciones sociales

5.1.- Existe un desarrollo precario y desigual en el territorio de capital social y de participación ciudadana y una presencia de capital social negativo vinculado al crimen organizado. Las autoridades federales, estatales y municipales no se han preocupado por incentivar la formación de organizaciones ciudadanas y por promover y convocar a la participación social. Se registra un número reducido relativamente de organizaciones civiles en las ciudades estudiadas, con excepción de algunas ciudades como Juárez y Tijuana. Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones sociales que trabajan a favor de la comunidad limitan sus tareas a propósitos específicos –religiosos, asistenciales, deportivos, etc.- y no hacen por coordinarse con otras en la construcción de un tejido social que pueda tener peso en la toma de decisiones. Es decir, las ciudades no cuentan con capital social suficiente como para revertir el deterioro de las relaciones sociales que se observa. Y en el caso de las que si lo tienen, no existe suficiente coordinación entre las organizaciones que permita acciones de mayor impacto.

 

Las redes del crimen organizado generan un capital social negativo ofreciendo protección, empleo e ingresos a las personas, familias y comunidades que colaboran con ellos en las colonias de las urbes.

 

5.2.- Imposición de visiones y valores conservadores, de cultura de la ilegalidad y de modelos aspiracionales de consumo por las élites económicas, religiosas y políticas. En varias de las ciudades estudiadas predomina la imposición de normas, valores y conductas conservadoras (macho, mocho y criollo en Guadalajara; la casta divina y blanca en Mérida) que determinan situaciones y prácticas de intolerancia, discriminación, exclusión e incluso criminalización, de todas aquellas personas y grupos de población que no se ajustan al modelo que pretenden imponer. Las instituciones y los cuerpos de seguridad asumen esos modelos y criminalizan a aquellas personas que no se apegan a los mismos. Es la utilización de la fuerza del Estado acorde a preconcepciones de tipo cultural y de moral privada impuestas por las élites urbanas.

 

Los grupos que sufren el autoritarismo, la rigidez y la violencia que conllevan las visiones culturales conservadoras son las mujeres, los jóvenes en sus diversas expresiones, los indígenas, las poblaciones LGBTTTI y los migrantes. La discriminación socioeconómica se manifiesta fuertemente en algunas zonas y territorios. Con ello se genera una fuerte tensión e incluso, confrontación y conflicto, entre la preservación de valores tradicionales y conservadores y las transformaciones que se experimentan en las sociedades urbanas abiertas y expuestas a los mercados mundiales de consumo de productos culturales.

 

Así mismo, la cultura de la legalidad en algunas ciudades estudiadas se ha venido construyendo a través de las trasgresiones históricas a la legalidad que se han ido aceptando y que no han mostrado consecuencias para quien las realizan por la ausencia del Estado de Derecho y el precario desarrollo de instituciones del Estado. Así, las ciudades de frontera fueron creciendo a través de la instalación de actividades y la oferta de servicios que estaban prohibidos o eran ilegales en Estados Unidos; en otros casos, ciertas actividades ilegales se contemplan y justifican como opciones de atracción turística y de generación de ingresos para los gobiernos municipales, como los juegos de azar y los casinos por ejemplo, en torno a la feria de San Marcos, en Aguascalientes. La riqueza de algunas familias de las élites urbanas provienen de ese tipo de actividades, o bien de la especulación con la tierra que es otra forma de trasgresión, de negocios donde se soslayan los marcos legales como el contrabando y la venta de mercancías y productos pirata o que se obtienen mediante la corrupción y el control de servidores públicos o de posiciones del sector gobierno como son las aduanas o las notarías. La práctica de la ilegalidad de integrantes de los sectores de altos ingresos y de la clase política, sin consecuencias y con evidente éxito y prosperidad personal y familiar, genera también un modelo de patrón de conducta para la población.

 

En el mismo sentido, los patrones de consumo de productos y servicios son impuestos por las élites urbanas vinculadas a los mercados internacionales, convirtiéndolos fundamentalmente mediante su exhibición en los medios de comunicación, en modelos aspiracionales para las poblaciones de ingresos medios y bajos y principalmente, para las poblaciones jóvenes. Lograr una cierta apariencia y poseer bienes lujosos o emblemáticos del poder, se convierten de este modo en factores precursores de conductas violentas.

 

La naturalización de la cultura de los narcotraficantes que encuentran semejanzas con la de las élites urbanas, contribuye también a la reproducción de este modelo cultural materialista y subordinador.

 

5.3.-Creciente utilización de la nota roja en los medios de comunicación para ampliar sus audiencias y sus ganancias. Los medios de comunicación han encontrado en la nota policíaca una forma de incrementar su audiencia, destinándole cada vez mayor espacio y haciéndola cada vez más sensacionalista y amarillista. El manejo de los medios de estas noticias si bien se corresponden con un aumento de la violencia criminal, trivializa otros tipos violencias como la de género. Además contribuye a naturalizar la violencia al asumirse ésta como parte de la vida cotidiana y a aumentar el miedo e inseguridad en la población.

La concentración de los medios de comunicación en pocas manos, aún al nivel de los estados y las ciudades frente a una institucionalidad del Estado debilitada, dificultad cualquier tipo de control sobre extensión, contenido y forma de presentación de la nota roja.

 

También es cierto que la comunidad de periodistas y comunicadores es una de las que más ha visto afectada su libertad de expresión por la vía de las amenazas, las desapariciones forzadas, el secuestro y los asesinatos, situación que también ha incidido en la forma y profundidad de la información sobre actos violentos y de corrupción..

 

Algunas propuestas de orden general

 

Se requiere de una urgente reforma urbana que inicie reordenamiento territorial de las ciudades, bajo un esquema de planeación coordinada mediante consejos de planeación urbana participativa. Es urgente una reforma municipal que aumente las capacidades institucionales de los gobiernos locales y el desarrollo de mecanismos de auditoría, transparencia, rendición de cuentas y contraloría social.

 

La debilidad y la desarticulación de los gobiernos locales en ciudades densamente pobladas y con dinámicas aceleradas de crecimiento y expansión, obligan a una reforma de la gestión e institucionalidad de los gobiernos de las ciudades. Exige una revisión profunda de los gobiernos municipales desde su duración, sus responsabilidades, sus atribuciones, su estructura y organización, sus presupuestos y la calidad de sus servidores públicos. Pasa necesariamente por revisar las formas de articulación y colaboración entre gobiernos municipales y estatales de zonas conurbadas y áreas metropolitanas. Resulta inviable continuar presuponiendo que gobiernos municipales débiles y desarticulados van a ser capaces de conducir la vida de urbes crecientemente complejas y diversificadas que superan el millón de personas.

 

En tanto se logran los cambios institucionales de fondo, es urgente definir e imponer una normatividad con perspectiva humana a los nuevos desarrollos inmobiliarios de vivienda y aplicar una política y programas de desarrollo y regulación del transporte público urbano. La movilidad urbana no puede estar centrada en el uso del automóvil. La redensificación en cuanto a infraestructura, la ocupación de los terrenos baldíos mediante sanciones a sus dueños, la recuperación de espacios públicos y la creación de reservas territoriales para el desarrollo de servicios sociales y ambientales es otro aspecto urgente para el futuro de las ciudades, en términos de reducción del estrés, el conflicto y la violencia y en una perspectiva de reconstrucción del sentido de identidad y del tejido social urbano.

 

La reforma urbana necesitaría ser acompañada del desarrollo de una política social urbana con participación comunitaria que establezca, desarrolle y sostenga en el largo plazo programas y servicios en materia psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud y educación. Es necesario lograr una mejor distribución de los servicios sociales en los territorios de las ciudades de acuerdo con las características   y problemáticas específicas de las poblaciones circundantes. Todo ello con miras a formar ciudadanía y generar cohesión social.

 

Para ello es necesario desarrollar y recuperar la infraestructura social, revisar y actualizar los modelos de atención en salud, educación, cultura, recreación y deporte; formar profesionistas y promotores capacitados en la gestión de nuevos y pertinentes servicios y fortalecer la institucionalidad que garantice la operación de los nuevos servicios con eficiencia, sustentabilidad y permanentemente actualización respecto de las transformaciones demográficas, familiares y comunitarias. Hay muy diversas y creativas opciones para la recuperación de espacios públicos y para la utilización de herramientas culturales, de recreación y deportivas con el propósito de recuperar tejido social, generar solidaridad y cohesión social y promover una cultura de paz, sobre todo entre los jóvenes y la infancia.

 

Dada la situación de crisis y de catástrofe humana en que se han convertido algunas ciudades, como es el caso emblemático de Ciudad Juárez, es necesario que se contemplen un fondo para programas de emergencia social que incluyan acciones de atención y mitigación de daños de carácter inmediato para enfrentar situaciones de empobrecimiento, hambre, desplazamientos, enfermedades, orfandad, discapacidades por armas de fuego y ausencia de empleo e ingresos. Son acciones como el establecimiento de comedores comunitarios, de cocinas populares, dispensarios y consultorios médicos, asignaciones familiares a las familias de víctimas de la violencia, atención psicológica a mujeres, infancia y juventud y de creación de empleos temporales.

 

Para algunas ciudades sería necesario hacer un replanteamiento de sus opciones de desarrollo económico, dada la volatilidad, inseguridad y comportamiento cíclico de la industria maquiladora, por ejemplo. Estas opciones deberían poner como un criterio central la posibilidad de conciliar la vida económica y de trabajo de las personas con su vida personal y familiar y revalorar el aporte que hace la economía del cuidado en la construcción de seres humanos.

 

La creciente carga de las mujeres en la vida de las familias debe ser apoyada con programas que ayuden a la economía del cuidado y redistribuyan las cargas entre géneros, generaciones e instituciones públicas y privadas. El desarrollo de empresas de proximidad destinadas a proporcionar servicios a seres humanos en condiciones de vulnerabilidad o discriminación como es el cuidado y atención de adultos mayores, de personas con discapacidad, a población migrante y a grupos indígenas; servicios de vigilancia y seguridad comunitaria o promoción de actividades culturales y recreativas, pueden constituirse en una opción de empleo y desarrollo para muchos jóvenes.

 

El desarrollo de una política de familias que parta de reconocer la diversidad de estas, las constantes transformaciones que viven y la existencia de relaciones genéricas e intergeneracionales que deben fundamentarse en los derechos de cada uno de los integrantes del grupo, conduciría al desarrollo de servicios y productos que faciliten la vida en familia en relaciones democráticas y de respeto, y apoyen el papel fundamental que estas tienen en la socialización de los seres humanos.

 

Parecería impostergable desarrollar una estrategia y programas para y con las poblaciones juveniles urbanas. No es posible aceptar y continuar con programas de limpieza social que criminalizan y destruyen a los jóvenes, ni con estructuras culturales, sociales y económicas que los empujan a la exclusión, a la marginación y a la delincuencia o al suicidio y la autodestrucción. La construcción de referentes positivos, de un sentido de futuro y de vida que se constituyan en opciones para los modelos aspiracionales actuales de muchos jóvenes basados en la inmediatez y la cultura delincuencial, es una tarea urgente para la viabilidad del país.

 

La reestructuración y depuración de los cuerpos de seguridad y de justicia es un requisito para recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública y para abatir los índices de criminalidad y delincuencia que agobian a las ciudades.

 

Finalmente, es tarea de todos los habitantes de las ciudades participar y desarrollar las organizaciones civiles y sociales y sus articulaciones que contribuyan a una participación más comprometida con el desarrollo saludable y democrático de los espacios urbanos. Las autoridades y los partidos políticos tienen la obligación de desarrollar políticas públicas para generar un ambiente más propicio para el desarrollo de la participación y organización ciudadana y la formación de redes.

 

Desde la mirada de las intervenciones de tipo social, cultural y económico para enfrentar las situaciones de violencia o la expansión de éstas se requieren tres tipos de programas: El desarrollo de programas de prevención social para las ciudades y municipios que aún no son afectadas gravemente por las violencias; programas de mitigación en territorios donde el surgimiento de las violencias es incipiente y programas de recuperación donde las violencias son extremas y las intervenciones sociales deben ser protegidas con la presencia de los cuerpos de seguridad.

 

Sin embargo, el problema más estructural que encuentra sus manifestaciones más conflictivas en las ciudades es la desigualdad económica y social que caracteriza a la sociedad mexicana. En el origen de muchos de los factores que son precursores y detonadores de violencia social urbana, la desigualdad juega un rol central y requiere ser enfrentada si se quiere tener una sociedad viable. Los países que han sido más exitosos para reducir las desigualdades son aquellos que han fundamentado su desarrollo en el reconocimiento de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de sus poblaciones. Logran generar identidades colectivas y solidaridades sociales y desarrollan relaciones de confianza y compromiso cívico. Los Estados organizados bajo regímenes que privilegia el respeto a los derechos humanos construyen ciudadanía social, política y económica y consolidan la cohesión social y la democracia y se encuentran en los niveles más altos de desarrollo humano.

 

Mientras las élites económicas, sociales y culturales no asuman que sus conductas displicentes, discriminadoras y excluyentes, así como la prevalencia de la desigualdad social que sustenta sus niveles de riqueza y la impunidad de la que gozan son causa eficiente de las violencias que vive la sociedad mexicana será muy difícil revertir la situación y evitar que esa violencia se convierta en una situación crónica.

[1] Este trabajo intenta sintetizar los principales hallazgos de cinco investigaciones apoyadas y promovidas por INCIDE Social A.C. y realizadas por equipos de investigadores locales en las áreas metropolitanas de Ciudad Juárez en 2003-05 y 2010 y en las de Aguascalientes, Tijuana y Guadalajara en 2010. La propuesta metodológica fue formulada por un equipo de INCIDE Social y ha sido utilizada como base para la realización en 2011-12 de diagnósticos sociales en varios municipios con recursos del SUBSEMUN por muy diversas empresas consultoras, equipos de investigadores y organizaciones civiles.

 

Se recomienda leer uno de los cuentos de Doris Lessing Premio nobel de Literatura en su libro Las abuelas. Cómo en forma sutil se puede pasar de una civilización floreciente respetuosa de las personas y la paz a una sociedad de guerra.

Expertos señalan que tardaremos dos generaciones en cambiar la cultura de la violencia; ello si las élites se percatan de la catástrofe humana que estamos viviendo y se deciden a tomar medidas para revertirla.

Estamos en un contexto de:

1. Corrupción, impunidad-ausencia de Estado de Derecho y de rendición de cuentas
2. Mercado internacional de drogas y armas
3. Presencia de poderes fácticos económicos, sociales y políticos
4. Creciente individualización moral
5. Ruptura de tejidos sociales que han sido resultado de una construcción lenta e histórica, su destrucción se ve acelerada por la elevada movilidad de las poblaciones consecuencia de la modernidad y de la economía global, de la pobreza y de la carencia de oportunidades en sus comunidades.

Agentes y procesos que influyen en la socialización de los seres humanos:

1. Las familias
2. Las escuelas
3. Pares y comunidades de trabajo
4. Medios de comunicación
5. Entorno y proceso urbano

Estos agentes y procesos desarrollan y/o consolidan en las personas valores, actitudes, comportamientos y creencias.

Socialización en la cultura de la violencia

Familia                     Escuela                       Pares y comunidades de trabajo                                       Medios de comunicación                           Contexto proceso urbano     Papel que juega: Aprendizaje de la forma de resolver conflictos y tomar decisiones Afectos primarios Construcción de la identidad Valores, creencias, actitudes y comportamientos. Violencia doméstica entre sexos y generaciones   Papel que juega: Aprendizaje de la convivencia con pares y adultos externos. Aprendizaje a partir de las conductas del maestro de valores, comportamientos Manejo de grupo por los maestros: participación vs silencio; autoritarismo, represión; sumisión, miedo Bulling   Papel que juegan: Aprendizaje de formas de relacionarse con otros del grupo y externos De formas de toma de decisiones: democráticas o autoritarias Amistades y afectos no de familia Depende del objetivo y el liderazgo del grupo si es una influencia positiva o negativa. (amigos-enemigos: parejas) Relaciones asimétricas de poder: jefe-subordinado; líder-miembro de pandilla o banda. Crueldad, maltrato, discriminación y destrucción de los ‘otros’ Acoso sexual   Influyen en: Formación de hábitos de consumo, de estereotipos y de referentes. Creencias, valores, actitudes y comportamientos Lenguaje Actitudes discriminatorias Alientan la individuación Violencia visual: guerra, conflictos domésticos y entre personas, maltrato, asesinatos, muertes, etc. Construyen y normalizan la cultura de la violencia     Contribuye a generar en las personas: Identidad Mecanismos de defensa y sobrevivencia Conciencia de clase o estrato socioeconómico Violencia urbana: barrial, vial, corrupción, impunidad, discriminación, desigualdad

 

La sociedad civil organizada en México es relativamente pequeña; sin recursos; diversa; desarticulada por la diversidad de agendas, de protagonismos y de liderazgos; de bajo impacto social.

Creativa, constructora de colectividad, comprometida, solidaria

Posibles intervenciones o campos de trabajo desde la sociedad civil organizada para la construcción de una cultura de paz.

Familias

1. Educación en resolución pacífica de conflictos
2. En modelos democráticos de toma de decisiones
3. En reconocimiento y respeto a derechos de sexos y generaciones
4. En establecimiento de límites, responsabilidades y penas a trasgresiones. Cultura de la legalidad
5. En modalidades de crianza para el afecto y el desarrollo de la infancia
6. Alentar la lactancia materna al menos por ocho meses

Escuela

1. Formación de maestros en:

• Técnicas de resolución de conflictos
• Democracia en el aula
• Acompañamiento a estudiantes con problemas y conflictos (psicólogos) o creación de servicios de apoyo psicoemocional en las escuelas.
• Sistema de límites, responsabilidades y sanciones (cultura de la legalidad)

1. Reinserción escolar de desertores
2. Becas escolares
3. Servicios de estancias y atención extraescolar
4. Extensión de horarios con actividades creativas y de recreación y formación de ciudadanía
5. Involucrar a los padres en actividades recreativas y deportivas con los hijos y en la vida de las escuelas.
6. Uso de los espacios educativos para el encuentro de familias y comunidad en los fines de semana

Pares y comunidades de trabajo

1. Trabajo comunitario con jóvenes y adolescentes (arte y cultura, educación sexual, solución pacífica de conflictos, adicciones y resiliencia)
2. Trabajo interbarrial de encuentros y construcción de solidaridades y tejido social
3. Opciones de educación, capacitación y empleo
4. Actividades de recreación y encuentro entre las familias de la comunidad de trabajo
5. Desarrollo de estructuras de participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa.

Medios de comunicación

1. Concertar revisión de contenidos violentos de la programación
2. Formación de conductores, artistas y deportistas como referentes positivos para los jóvenes.
3. Matizar su rol de jueces sin consecuencias
4. Sistema de premios y reconocimientos a labores contra la cultura de la violencia y en favor de una cultura de paz.
5. Fijación de estándares y difusión de buenas prácticas en medios de comunicación.

Entorno urbano

1. Recuperación del espacio público para asegurar la presencia de la diversidad y alentar el encuentro y el diálogo con promotores de diverso origen: público, social, empresarial, debidamente capacitados (SECOI)
2. Reordenamiento urbano para reconstrucción de tejido social (mezcla de usos, movilidad y accesibilidad, humanizar las ciudades)
3. Promover una agenda para cambiar y actualizar la institucionalidad municipal y asesoramiento y trabajo con presidencias municipales
4. Programas de cultura urbana (campañas de paz, de cultura urbana de respecto y paz, de acercamiento vecinal, de respeto a la ciudad, etc.)
5. Diálogo y sensibilización a los actores que influyen en la construcción del espacio urbano (empresas inmobiliarias, autoridades, empresarios, dueños de la tierra, etc.)
6. Utilización de los terrenos baldíos para ocuparse o para fines de la comunidad
7. Alentar y apoyar formas distintas al automóvil con un pasajero para moverse en la ciudad (organización de caminatas, calles sólo para peatones, ciclopistas, uso colectivo de los automóviles, cierre de ingreso de autos a determinadas zonas de las ciudades, mejoramiento en la calidad del transporte público)

Es necesario deconstruir el creciente individualismo, materialismo, la competencia destructiva y la cultura de la violencia.

Hay que trabajar en la reconstrucción de la solidaridad, el tejido social, la responsabilidad compartida y la identidad nacional y territorial y en posicionar una cultura de paz.

Bajar presentación: Procesos y situaciones económicas

Agradezco la invitación de Guadalupe Padierna para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Justicia y Derechos Humanos y quisiera referirme específicamente a la grave situación de vulneración de los derechos humanos y los riesgos para nuestra precaria democracia que derivan de la emergencia nacional en la que estamos viviendo.

Esta emergencia nacional la defino como una situación en la cual el Estado, las instituciones y los agentes estatales depositarios exclusivos de la responsabilidad por la seguridad de las personas de acuerdo a nuestro marco constitucional, han sido rebasados para garantizar la seguridad de quienes habitan y transitan por nuestro territorio frente a las amenazas y desafíos derivados de la violencia y el delito; que además actores del Estado contribuyen a la inseguridad e indefensión de las personas por omisión y por comisión en razón de la corrupción e impunidad que domina la vida del país y que esta situación ha conducido a un aumento en la violación de los derechos humanos de la población tanto civiles como políticos, sociales, económicos y culturales.

A pesar de los importantes avance logrados en la incorporación de los derechos humanos en nuestro marco constitucional, así como en el diseño de políticas y programas nacionales y locales, la posibilidad efectiva de continuar avanzando en la democracia no sólo como forma de organización de los gobiernos sino como “un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico social y cultural de los pueblos”, se encuentra amenazada por las violencias que aparecen en sus distintas expresiones y por las reacciones que generan.

Victor Giorg señala que “entre estas reacciones se encuentra el miedo, la percepción de inseguridad que tiende a sobredimensionar el riesgo real, los reclamos de endurecimiento represivo y la discriminación que se potencializan al adjudicar a los grupos sociales más vulnerables la responsabilidad de la violencia presente en las sociedades”. Señala que estos comportamientos colectivos comprometen la construcción de estilos de vida democráticos basados en la convivencia armónica entre diferentes.

La emergencia nacional no sólo incluye el aumento del número de homicidios dolosos[1] que de acuerdo a datos de la OEA alcanzaron la cifra total de 71 mil entre 2006 by 2010, pasando de 11, 775 en el 2006 a 19, 769 en el 2010.

Comprende también el incremento de violaciones graves a derechos humanos que venían mostrando una tendencia a la baja en años anteriores como son las desapariciones forzadas y la tortura. De acuerdo al Informe sobre las desapariciones forzadas en México presentado por las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada ante el Grupo de trabajo sobre desaparición forzada de la ONU “En el año 2000, con el cambio del partido gobernante, la cifra sobre desapariciones forzadas decrece hasta 2006, cuando bajo el contexto de la llamada “guerra contra la llamada delincuencia organizada” sostenida por el Gobierno Federal, la cifra sobre desapariciones forzadas se incrementa de manera alarmante” De acuerdo a Amnistía Internacional citada en el informe mencionado, como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares.

Entre las desapariciones hay muchas de adolescentes y jóvenes que son “víctimas de levantones” y que por lo general no son sujetas de investigación policial para determinar a los autores de tales desapariciones.

Las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos por militares se incremento en un 1000% entre 2006 y 2009 y el 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 correspondió a la SEDENA de cuyo total 13% se refería a desapariciones forzadas. En 2009 las quejas y violaciones de derechos humanos cometidas por militares fueron por privación ilegal de la libertad, tortura, desaparición forzada, violación sexual, ejecución extrajudicial, robo, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y desaparición forzada de personas (La Jornada, Victor Ballinas, 10 de enero del 2010)

Lamentablemente en este contexto de desorden y violencia observamos la aparición de una serie de conductas inéditas en nuestro país que producen la muerte de miles de personas en condiciones absolutamente carentes de toda humanidad; del secuestro, desaparición y sometimiento a sistemas de esclavitud de miles de personas tanto nacionales como extranjeras que transitan por el territorio; del secuestro y la leva de niños, adolescentes y jóvenes para integrarlos al servicio de los ejércitos del crimen organizados; del aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual, violencias todas ellas que atentan contra la vida y la integridad de las personas, pero que además ocurren de manera impune. La ausencia de denuncias se suma a la incapacidad, desinterés y corrupción de las policías, ministerios públicos y jueces para investigar a los autores materiales e intelectuales de tales delitos.

[1] Número de delitos registrados por la policía. Por homicidio doloso se entiende el acto de ocasionar deliberadamente la muerte de otra persona, incluido el infanticidio.. Alertamerica.org.

 

México está experimentando una violencia delincuencial inédita en su historia. Varios territorios del país son ahora controlados por las bandas del crimen organizado o por pandillas locales que cometen delitos con total impunidad. Se estima que 50,000 personas han sido abatidas en lo que va de la actual administración de gobierno.

Algunos expertos estiman que medio millón de personas están involucradas en las redes delincuenciales. Se habla de la comisión de 22 tipos de delitos y ya no sólo por la producción, trasiego y comercio de droga.

En el año de 2003 cuando la denuncia de los múltiples feminicidios que se estaban cometiendo en Ciudad Juárez  alcanzaba resonancia a nivel mundial, un grupo de organizaciones de la sociedad civil invitaron a Incide Social, a que elaborar conjuntamente un diagnóstico sobre la situación social de esa ciudad.

A partir información obtenida de observaciones del trabajo en comunidad de las organizaciones civiles, se localizaron investigaciones ya realizadas, se sistematizó información estadística y se realizaron entrevistas a profundidad con expertos en diversos temas, a fin de corroborar algunas hipótesis sobre las posibles causas económicas, sociales y culturales de las violencias en esa Ciudad.

El resultado hizo evidente que además de los factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y una vieja cultura de ilegalidad, había intervenciones u omisiones de diversos agentes sociales, que habían generado una ciudad donde la violencia contra las mujeres y la muerte de mujeres jóvenes era aceptada e incluso, acompañada por los cuerpos de seguridad y de justicia.

Las élites económicas sostenían que esas muertes derivaban de asuntos relacionados con la violencia doméstica, que constituía un asunto de la vida privada. Los cuerpos de seguridad y de justicia, simplemente compartían esa visión y no se preocupaban por investigar las desapariciones y muertes de mujeres, excepto cuando se trataba de aquellas pertenecientes a la propia élite.

De 1970 a 1990 las maquiladoras que se montaron en Ciudad Juárez como parte de la estrategia de desarrollo fronterizo, atrajeron fundamentalmente mujeres de muchas regiones del país, provocando cambios importantes en las relaciones entre sexos y en la tasa de masculinidad. Las mujeres venían de otras regiones del país a cumplir dos sueños: liberarse de la opresión de género en sus comunidades de origen y mejorar sus niveles de vida.

Los recursos para el desarrollo social se dedicaron a la construcción de parques para la instalación de maquiladoras y los partidos políticos promovieron invasiones de terrenos para la construcción de viviendas precarias para los trabajadores que llegaban a la Ciudad. Con ello desarrollaron clientelas políticas y revalorizaron predios inadecuados y riesgosos. A pesar de las evidencias que han convertido a Ciudad Juárez en una verdadera catástrofe humana, existen tres proyectos en marcha para ampliar la extensión de la Ciudad a más del doble de su tamaño actual.

En la crisis de 2008 Juárez una ciudad que alcanzó 1.5 millones de personas, perdió 75 mil empleos de la maquila; en 2009, 230 mil personas abandonaron la ciudad. Se estima que hay 10 mil huérfanos y alrededor de 7 mil personas presentan discapacidad por heridas de bala.

Ahora bien, en el año 2009 la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el país (CONAVIM) solicitó a INCIDE Social coordinar una investigación semejante a la de Ciudad Juárez para seis ciudades: dos en la frontera norte (Tijuana y actualizar la investigación de Ciudad Juárez), dos en el centro del país (Aguascalientes y la ZM de Guadalajara) y dos en el sur (Mérida y Tapachula).

El trabajo fue realizado en un plazo de 10 meses, por grupos de investigadores locales bajo una coordinación también local. Participaron más de 60 especialistas de diversas disciplinas. Se propusieron 12 campos de la realidad económica, social y cultural para ser analizados a fin de detectar posibles factores precursores, detonadores y de riesgo de las violencias, así como localizar agentes, procesos o comportamientos que contribuyen a la contención y canalización pacífica de los conflictos y evitan que se traduzcan en violencia.

Las hipótesis básicas de las investigaciones son cuatro:

1. Las personas tienen requerimientos de tipo físico, sicoemocional, de seguridad y culturales para desarrollarse adecuadamente y bien vivir. Estos requerimientos varían con el ciclo vida, el sexo y a la ubicación cultural y territorial de las personas.
2. Los bienes y servicios para cubrir esos requerimientos son provistos por las personas mismas, las familias, el estado y el mercado en acuerdos sociales muchas veces implícitos, y que se traducen en distintos arreglos y responsabilidades.
3. A partir de los años 80 del siglo pasado, en México se produjeron cambios muy importantes en esos arreglos sociales que han tenido efectos en la forma en que la sociedad mexicana construye, atiende y protege a sus integrantes, registrándose un deterioro sistemático.
4. Un efecto de esos cambios ha sido la destrucción de mecanismos sociales de contención y protección de la seguridad de las personas, que surgían del tejido social comunitario. Se han perdido capacidades de tramitación pacífica de los conflictos.

A modo de ejemplo, me referiré a tres ámbitos donde se observan esos cambios a partir de los estudios realizados en las ciudades.

En tal sentido la educación, los profesores y las escuelas debiendo ser espacios y agentes de contención y tramitación pacífica de los conflictos, se han convertido en ámbitos de cultivo de las violencias por varios procesos. Un primero tiene que ver con la falta de pertinencia, sentido y utilidad que los contenidos y las modalidades escolares tienen actualmente para los adolescentes y jóvenes. Ello los mueve a abandonar las escuelas por aburrición o por falta de dinero, las dos causas más importantes de las tasas de deserción en las escuelas secundarias y de educación media superior, que se detectaron en las ciudades analizadas.

Muchos maestros e incluso directores, se declaran carentes de herramientas para acompañar los problemas emocionales que enfrentan sus alumnos o para solucionar pacíficamente los diversos conflictos que se suscitan en las escuelas, por lo que prefieren alejarse y no involucrarse. Esto lo perciben los jóvenes y convierten a las escuelas en territorios de abuso y violencia contra sus compañeros e incluso contra los profesores. Por su parte, los padres y las madres, agobiados por los tiempos que tienen que destinar a la obtención de ingresos para el sostenimiento de sus familias, prefieren no involucrarse en la comunidad educativa y asumen a las escuelas como espacios de guarda de sus hijos mientras ellos y ellas trabajan.

Esto se suma por una parte, a un rezago en la ampliación de la oferta de educación media superior y superior, compatible con el aumento de jóvenes en la estructura demográfica de las ciudades, así como a una deslocalización de la infraestructura social en el territorio urbano respecto de la población que la requiere.

Otro hallazgo que se comparte en las ciudades estudiadas y que contribuye a los niveles de violencia e inseguridad que se vive en las ciudades en México, se refiere a la naturaleza del crecimiento urbano de las últimas tres décadas. Varias medidas adoptadas por los gobiernos mexicanos en los últimos treinta años han convertido a las ciudades en zonas donde se propicia el surgimiento de frustración, conflicto, enojo y violencia, se genera inseguridad y se observa la comisión de diversos delitos mayores y menores.

Se trata entre otras decisiones de la disminución de las capacidades y atribuciones de los gobiernos federal y estatales para llevar a cabo planes urbanos y de desarrollo regional; el traslado, del control y las decisiones sobre los desarrollos de vivienda y usos del suelo a los gobiernos municipales, mismos que presentan una gran debilidad institucional; la liberación del mercado de tierras con los cambios constitucionales realizados en 1992; la transformación de las instituciones de vivienda del Estado en financiadoras y promotoras de proyectos privados altamente rentables, junto al abandono de programas de construcción social y mantenimiento de viviendas.

Este debilitamiento del control y vigilancia del Estado respecto del desarrollo urbano e inmobiliario, convirtió a las ciudades en territorios libres, dominados por las fuerzas del mercado, sujetos a la voluntad e intereses de las empresas inmobiliarias, de los especuladores de la tierra y de funcionarios municipales corruptos. A lo anterior se agrega la apropiación privada por los habitantes de plazas púbicas, calles y paraderos de autobuses para instalar comercios o en las unidades habitacionales para extender estacionamientos o patios privados y actividades económicas.

Las ciudades mexicanas han crecido de manera horizontal provocando un rezago en la provisión de servicios de infraestructura social y urbana para los nuevos desarrollos, como agua potable, drenaje, pavimentación, alcantarillado, alumbrado y energía, recolección de basura, protección de la salud, servicios de educación y culturales, entre otros. Hay colonias en las ciudades producto de invasiones ilegales o de desarrollos formales de vivienda popular, que no cuentan con alumbrado, servicios de vigilancia, transporte, calles y avenidas adecuadas y suficientes para entrar y transitar por ellas. Los traslados de sus habitantes hacia sus trabajos, a los centros escolares o a los servicios comerciales y públicos, provocan fuertes gastos de tiempo, energía y dinero, congestionamiento vial, y derivan en enojo, frustración y precariedad económica.

Esto se relaciona también con otro fenómeno que se observa en las ciudades mexicanas que es la segregación por usos del suelo y socioeconómica. Se crean así zonas especializadas en vivienda, otras en industria o en servicios comerciales. Los habitantes pobres son empujados a las periferias de las ciudades en terrenos de alto riesgo. Crecientemente surgen cotos cerrados como si fueran guetos. Los pobladores de los distintos estratos socioeconómicos no conviven, aunque se encuentran en relaciones subordinadas en diversos espacios de las ciudades.

Las consecuencias de esta segregación desde el enfoque de violencias, es la ruptura del tejido urbano y una creciente dificultad para transitar por calles y avenidas, obstáculos para el acceso de los servicios de seguridad y de emergencia a fin de atender denuncias, la ausencia de miradas que vigilen las calles y los edificios durante determinadas horas del día, y por lo tanto, calles solas durante el día o durante la noche; el encerramiento de las personas y las familias y la ausencia de mecanismos y espacios para la recreación del tejido social, de solidaridades y de acompañamiento (plazas, jardines, centros culturales y de desarrollo social, etc.)

Otros aspectos del desarrollo urbano y de vivienda que afectan fuertemente la convivencia y la seguridad de las personas son: la desigualdad en la inversión pública urbana y de los servicios e infraestructura, favoreciendo a las zonas de altos ingresos; el privilegio a la inversión para el automóvil cuando la mayoría de las personas se moviliza en transporte público, en bicicleta o a pie; la construcción de desarrollos inmobiliarios de gran tamaño, alejados de las ciudades, con viviendas muy pequeñas, de mala calidad constructiva, sin vías de acceso y vías alternativas, carentes de espacios públicos, servicios sociales y comerciales; el hacinamiento; la mala calidad y la insuficiente disponibilidad de transporte público; la presencia de una proporción elevada de terrenos baldíos y de una infraestructura urbana que nunca ha sido pensada en términos de los riesgos para la seguridad y el bienestar de las personas (bajo puentes, instalaciones solas y abandonadas, pasos peatonales subterráneos, vías rápidas, obras sin concluir o en construcción, etc.)

Veinte años al menos, de un crecimiento urbano caótico demandarían de una reforma urbana profunda para evitar que las ciudades continúen siendo territorios de construcción y ejercicio de distintos tipo de violencias.

Otro aspecto que se comprobó en las investigaciones como factor precursor de las violencias urbanas se refiere a la relación entre la economía de la producción y la economía del cuidado.

El país ha experimentado desde hace varias décadas, un crecimiento económico insuficiente en términos de la generación de puestos de trabajo y de oportunidades de ingreso para un importante contingente de población joven que forma el llamado bono demográfico. Este precario desempeño de la economía mexicana, se ha visto acompañado por una liberación y flexibilización del mercado de trabajo y una liberación del mercado de capitales y de mercancías con Estados Unidos. Sin embargo, se ha mantenido un rígido control salarial y del movimiento de mano de obra hacia el exterior.

La precarización de las condiciones laborales en los trabajos del sector formal de la economía también ha sido parte de lo ocurrido en las últimas décadas.

Es decir, las familias de trabajadores han tenido que desarrollar diversas estrategias para sobrevivir. Las más reconocidas son las migraciones indocumentadas que alcanzaron en los últimos años a más de medio millón de personas como saldo neto anual. La migración interna hacia las ciudades de frontera y turísticas es otra estrategia familiar y un fenómeno que presiona a las urbes. Otro camino seguido ha sido la incorporación de las mujeres, los jóvenes e incluso los niños, a actividades generadoras de ingreso entre las que se encuentran las actividades informales e incluso, las delincuenciales.

Pero lo que se ha analizado insuficientemente es el efecto que todo lo anterior tiene en la crianza, cuidado y desarrollo de la infancia, de la adolescencia y de la juventud en los sectores populares y de bajos ingresos.

Las investigaciones realizadas en materia de transformaciones en la organización y dinámica de las familias y en el desarrollo del empleo, el ingreso y el gasto de las personas y las familias, permiten concluir que la precarización del mundo laboral se ha traducido en una precarización de la economía de la reproducción; que los miembros adultos en promedio han tenido que destinar más tiempo de trabajo a la obtención de ingresos en desmedro de la atención a la vida personal y familiar.

La tensión, la fatiga y el enojo derivado de prolongadas jornadas de trabajo y de traslado entre trabajo y viviendas precarias, pequeñas y hacinadas; las bajas remuneraciones y periodos prolongados de desempleo para los adultos hombres, constituyen un factor de riesgo para la violencia doméstica y el abandono de los hogares.

Un número importante de niños, niñas y jóvenes pasan muchas horas solos y están enojados; hay un aumento de los que viven solos con sus hermanos, o con sus abuelos; sufren maltrato y violencia y experimentan grandes carencias no sólo materiales, sino fundamentalmente psicoafectivas. Ni los gobiernos, ni las empresas han desarrollado suficientes estrategias y programas para apoyar la conciliación entre vida laboral y vida familiar.

Si a lo anterior agregamos lo señalado respecto a la pérdida del sentido protector de las escuelas y los profesores y de la utilidad última de la educación para movilidad social, arribamos a la situación de muchos adolescentes y jóvenes que desertan de las escuelas y no estudian, ni trabajan y forman nuevas familias a través de las bandas y pandillas donde encuentran compañía, afecto, apoyo y solidaridad.

Las élites económicas y políticas no saben qué hacer con los jóvenes, les temen, los discriminan y criminalizan por jóvenes y pobres y los cuerpos de seguridad asumen esa discriminación y criminalización como tarea propia, escalando con ello el ambiente de violencia institucional hacia la juventud.

Algunos jóvenes asumen conductas de riesgo que los incorporan a una vida que los conduce a la autodestrucción por la vía de las adicciones, el suicidio, los accidentes, las peleas en el barrio, la participación en barras o en grupos diversos (punks, darketos,) o a la incorporación en bandas delincuenciales, incluso de tipo transnacional.

Los aspectos de la realidad social de las ciudades estudiadas hasta aquí descritos, son mostrados en las investigaciones a través de cifras y mapas y de los relatos de personas que desde diversas posiciones, hacen un seguimiento de la transformación social de las ciudades. Son sólo parte de otros aspectos estudiados como el papel de los medios de comunicación, la evolución demográfica de las urbes, las facilidades y los servicios de salud mental y física disponibles, así como culturales, de recreación y deportivos, el papel de las organizaciones sociales y civiles como factores de contención, el desarrollo y el estado de la cultura de la legalidad y la situación de los cuerpos de seguridad y justicia y la percepción que la población tiene sobre ellos.

Los resultados obtenidos muestran que la violencias de distinto tipo son construcciones sociales donde la exclusión. la discriminación y principalmente, la desigualdad contribuyen grandemente en su desarrollo.

La política de seguridad pública requiere incluir una política social integral preventiva y programas de mitigación ante las emergencias sociales que ya existen en varias ciudades del país. Sin una estrategia de recuperación del tejido y de contención social el combate a la delincuencia mediante el uso de las fuerzas armadas sólo conduce a una destrucción mayor de las bases económicas, sociales y culturales de la convivencia pacífica.